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El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, la ley en proyecto se denominará, sin lugar a dudas, "de derecho al olvido", pero también quedará registro de que su impulsor fundamental fue el Senador señor Harboe . Me consta, además, que Su Señoría lideró, cuando estuvimos en la Cámara de Diputados, la normativa para borrar los registros de DICOM.
Resulta indiscutible que la iniciativa, más allá de la teoría financiera o del registro de datos, les hará sentido a miles -y por qué no decir millones- de deudores, a gente que en su época de estudiante y en sus primeros años de vida laboral, principalmente, se ha visto enfrentada a procesos por deudas con bancos, instituciones comerciales, compañías de seguros retailers, cooperativas o cajas de compensación. Y esa situación, producto de una incertidumbre o a veces de la inmadurez o de distintas situaciones familiares, termina persiguiendo por el resto de la vida.
Más que considerar el articulado sobre la base del análisis de las instituciones financieras o del registro propiamente tal de datos y del historial financiero de deudas, es preciso hacerlo en relación con el usuario, con quien va a poder hacer uso del derecho al olvido, en definitiva. Pasados cinco años, simplemente no se podrán usar los datos de manera comercial para impedir el acceso a un crédito o en casos de esta naturaleza.
Como se ha explicado en la Sala, no es posible que se pueda pedir la eliminación de antecedentes por la comisión de delitos, incluso muy graves, luego de transcurrido un plazo desde el cumplimiento de la condena, pero que ello quede excluido en el caso de antecedentes comerciales.
Y lo que resulta aún peor es que esto último persigue al deudor durante toda su vida y le impide reemprender, reiniciar actividades productivas.
Las personas son doblemente sancionadas por las instituciones que se aproximan a la situación -y es algo que también es preciso consignar- a partir del abuso de información, para, en definitiva, generar un mal empleo de datos caducos, lo que termina impidiendo el pleno desarrollo del ciudadano que quiere acceder a un crédito y borrar su historial financiero.
Conversábamos sobre el particular con varios Senadores. Para que el proyecto tenga "carne", para que su aplicación adquiera sentido y para que efectivamente se pueda fiscalizar y no limitarse el titular del derecho solo a reclamar por verse expuesto a una dificultad de esta naturaleza, es imprescindible contar con la Agencia de Protección de Datos, de carácter gubernamental.
Debiera existir un compromiso en el sentido de que, en paralelo a la tramitación de la iniciativa, que pasará a la discusión en particular, el Gobierno creará dicha entidad, a fin de que, sobre la base de las sanciones que se están estableciendo, persiga y sancione, en forma drástica, con multas, con el seguimiento de los operadores. Muchas veces, estos son los ejecutivos de cada una de las instituciones o quienes están a cargo de la informática o de otra responsabilidad.
No creo que simplemente tengamos que dejar que cada ciudadano afectado recurra, a través de la justicia ordinaria, al cumplimiento de la normativa en examen, que no cabe duda que vamos a aprobar por una amplia mayoría, sino que es fundamental que el Estado tenga un organismo que vele por el cumplimiento de la protección de datos comerciales y de otros que, sin lugar a dudas, son utilizados a menudo de manera mañosa o contraria a los intereses ciudadanos.
Felicito por la iniciativa. Ojalá este tipo de instancias permita disminuir los abusos que muchas instituciones cometen en contra de los chilenos.
Voto a favor.
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