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- rdf:value = " El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo) .-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco al diputado Gonzalo Arenas por la invitación que formuló a varios colegas a suscribir esta moción, de la cual es autor. Asimismo, agradezco su pronta discusión en la Sala. Ojalá se despache a la brevedad, de manera que en el transcurso de este año, si el Senado lo tiene a bien, pueda ser ley de la República.
A mi juicio, estamos ante un debate que tiene que ver con cuestiones de futuro.
Hoy por hoy, el acceso a Internet supone, también, el acceso al conocimiento y a la posibilidad de alcanzar con igualdad ciertas informaciones que antes estaban reservadas sólo a algunos.
En consecuencia, al legislar sobre el papel, las obligaciones y los deberes de quienes suministran o proveen ese tipo de servicios, apuntamos, también, a establecer un piso que garantice a ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de disfrutar de esa herramienta, cuya finalidad no es sólo el esparcimiento, dado que también permite acceder a la información y al conocimiento y, por tanto, es generadora de oportunidades.
Desde esa perspectiva, el Estado y, de manera especial, el Congreso Nacional no pueden dejar de asumir el rol que les corresponde respecto de la necesidad de regular las conductas y los papeles que desempeñan quienes proveen o suministran servicios de acceso a Internet.
Por tratarse de una materia nueva y de creciente expansión, en particular respecto de sus usuarios, pero también de emergencia en el mercado de las telecomunicaciones, probablemente se ha producido una enorme mutación de fenómenos que, a veces, hacen difícil establecer regulaciones apropiadas, y se han posibilitado prácticas abusivas o lesivas de los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Dada la complejidad de esas materias de carácter científico-tecnológicas, dichas prácticas hacen imposible que, a la hora de hacer valer sus derechos, los usuarios puedan enfrentar en igualdad de condiciones a quienes proveen o suministran esos servicios.
En consecuencia, corresponde a los organismos públicos la labor de defensa y protección de los derechos de los consumidores. Hoy, el Congreso Nacional la lleva a cabo mediante su tarea legislativa. Mañana, corresponderá el turno a la Subsecretaría de Telecomunicaciones mediante el ejercicio de las atribuciones que entrega este proyecto de ley.
La iniciativa permitirá que proveedores o suministradores de acceso a Internet se limiten básicamente a eso, y no a determinar las condiciones en que los ciudadanos pueden acceder, discriminar en favor de algunos respecto de otros y excusarse en razones de seguridad para favorecer o direccionar el acceso de las personas a determinados contenidos.
Sin duda, existen elementos de seguridad que se deben tener presente. Sin embargo, el principio básico de la iniciativa en discusión, que, por cierto, debemos compartir y respaldar, se orienta a que el usuario o consumidor contrata el acceso a Internet de manera libre para navegar, también de manera libre, por el denominado ciberespacio, y no para que algún gran proveedor o suministrador lo oriente explícita o implícitamente respecto de determinados contenidos.
Reitero, cuando alguien contrata Internet, lo hace para navegar en forma libre, no para que alguien le diga qué puede ver.
El proyecto establece herramientas efectivas para la Subsecretaría de Telecomunicaciones y obligaciones para los entes proveedores o suministradores respecto de cómo cautelar y garantizar -tanto lo relativo a entrega de información, a las conductas de los proveedores, como al papel de la autoridad pública- el principio de neutralidad en la red se cumpla de manera efectiva.
Espero que este proyecto de ley, junto con otros que hemos discutido durante el transcurso de este año, generen un acervo jurídico, legal, que garantice el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en condiciones satisfactorias, objetivas, sin abuso; que el uso de estas herramientas tan fundamentales, que nos permiten acceder a información antes no disponible para la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas -en general, para los ciudadanos de cualquier lugar del mundo-, sea cada vez más amplio, más democrático y estén disponibles para todos.
Estos son los debates que garantizan que la sociedad del conocimiento también tenga lugar en el país y disminuyamos la brecha digital, el analfabetismo informático que, en el futuro, puede convertirse en la principal fuente de desigualdad entre quienes acceden a dichas tecnología, las manejan y dominan, y quienes, simplemente, están al margen de esta revolución mundial en materia de información.
Anuncio mi voto favorable a la iniciativa en discusión.
He dicho.
"
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