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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado don Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , luego de escuchar a la diputada informante y las opiniones de distintos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, no cabe más que apoyar el proyecto, pues su contenido es consistente y sólido.
Pero hay un punto que me preocupa, que es la inseguridad a la cual hoy están enfrentadas las personas que componen la fiscalía. Podemos crear una serie de normas legales sobre la materia, establecer muchas sanciones, pero eso no va a cambiar el alto nivel de riesgo al cual están enfrentadas permanentemente.
Conozco el Centro de Justicia, y lo que más me llama la atención es la falta de estacionamientos en el edificio, razón por la cual los fiscales deben estacionar sus vehículos en la calle. Además, circulan por los mismos lugares por donde lo hacen los imputados y sus familiares; incluso, salen por las mismas puertas. En verdad, no ocurren más casos por factores como el autocontrol de las personas.
En el caso de la Fiscalía de La Florida, donde trabaja una gran cantidad de personas, porque se trata de una zona extensa, lo único que cabe preguntarse es si existen normas básicas de seguridad para quienes cumplen la función de fiscal o de defensor penal público. Creo que es una función de alto riesgo. No sé quién diseñó los espacios, o quien implantó la medida de que por los ascensores sólo pueden circular los jueces y no los fiscales, lo que considero insólito.
Junto con aprobar el proyecto, debemos hacer ver a las autoridades del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que este tema debe ser analizado en forma global, sancionando los distintos tipos de agresión contra los fiscales y los defensores, pero también reduciendo al mínimo el riesgo de que ello ocurra, ya que incluso, almuerzan prácticamente en los mismos lugares, pues deben salir a los boliches que se encuentran alrededor de los centros de justicia, etcétera.
Aquí hay algo que se ha hecho sin pensar y de una vez por todas debemos enfrentarlo en aras de la protección de los fiscales y de los defensores penales públicos, sobre todo, cuando deben imputar a personas y buscar la manera de que sean sancionadas, lo cual los pone frente a un riesgo efectivo. Por ello, creo que aquí no sólo debemos considerar los hechos respecto de las sanciones, sino también de los diseños operativos de los sistemas.
He dicho.
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