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El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG .-
Señor Presidente , el país es depositario de un sistema de enjuiciamiento criminal que se ha transformado en modelo para América Latina. Fue concebido bajo la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y liderado por la entonces ministra de Justicia , señora Soledad Alvear .
Hoy, muchos países del continente vuelven sus ojos hacia Chile para copiar este modelo que, como ningún otro, ha fortalecido los derechos de las víctimas y de los imputados, materializando el estado de derecho democrático que pone a la persona humana como centro de todos sus desvelos.
Voy a dar mi voto afirmativo al proyecto, porque protege el trabajo cotidiano de los defensores públicos y de los fiscales. Con ello, pretendo rendir homenaje a quienes, en forma anónima y abnegada, día a día solucionan cientos de conflictos penales mediante juicios orales y a través de salidas alternativas, como acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del procedimiento, que se han convertido en la mejor herramienta para restaurar la paz social, especialmente en aquellos casos en que el infractor no posee antecedentes penales y en que se antepone el interés de las víctimas por sobre el interés punitivo del Estado.
Creo que el proyecto hace justicia a ese trabajo, porque a través de la discusión propia de la norma penal, pone en conocimiento de todos los habitantes del territorio nacional que el trabajo de los fiscales y de los defensores debe ser protegido y, por ende, castigadas aquellas conductas que atenten en contra de quienes tienen en sus manos la delicada tarea de colaborar con los jueces en el sistema adversarial, oral y público, que busca dar a cada uno lo suyo.
Pero, al mismo tiempo, considero que la iniciativa debe ser una invitación a que el Ejecutivo , como lo han dicho muy bien los diputados Montes y Eluchans , en coordinación con el Poder Legislativo y escuchando a los interesados, busque otras formas de solución para los peligros que presupone la persecución penal y la defensa de los imputados, por ejemplo, mediante el establecimiento de ciertos requisitos para la construcción de inmuebles destinados a los tribunales, tales como entradas y servicios de los fiscales y defensores públicos separados de los del público, incremento de la dotación de gendarmes que cumplen labores de seguridad en los recintos judiciales e inversión en vehículos institucionales para trasladar a los intervinientes hasta las audiencias que puedan revestir peligro para ellos.
Considero que la sanción legal no es el único camino para solucionar problemas sociales propios de una sociedad de riesgo, y el castigo no puede ser la única respuesta para prevenir conductas lesivas. Un estado moderno demanda soluciones pragmáticas y creativas a quienes, como depositarios de la soberanía, estamos llamados a responder a las demandas de una sociedad que debe preferir la prevención al castigo, como manifestación perfecta de la democracia como forma de gobierno.
He dicho.
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