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El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en este debate hemos hablado mucho de la situación que se da en los nuevos procedimientos orales, a los cuales no estábamos acostumbrados.
En los antiguos procedimientos, la mayor relación que tenían los imputados, las víctimas y los testigos de un hecho delictivo con los tribunales era usualmente con el actuario que llevaba la causa. El juez muchas veces revisaba y firmaba resoluciones, pero debido a la falta de recursos humanos y de tribunales del crimen, se mantenía bastante alejado de su función jurisdiccional.
Hoy, eso ha cambiado radicalmente y nos encontramos frente a procedimientos muy distintos, donde los diferentes actores literalmente se ven las caras, debido al diseño de los tribunales o de los lugares donde están emplazados.
En Puerto Montt, ciudad a la que represento, los tribunales orales y de garantía están en un mall y para acceder a ellos suben juntos en los mismos ascensores la víctima, los fiscales, los victimarios cuando están en libertad durante la investigación, los defensores, etcétera, lo que ocasiona los problemas que aquí se han señalado.
Me parece tremendamente importante dar una señal mediante esta legislación, no sólo al Ministerio Público o a los defensores, de que estamos preocupados como legisladores por su situación, sino también a quienes agreden, a los familiares de los imputados, para que aprendan a controlarse, a respetar a la autoridad y valorar lo que significa estar en un tribunal.
De alguna manera, en el último tiempo siento que nuestra sociedad ha ido perdiendo el respeto por la autoridad en términos generales y eso se refleja en insultos a carabineros, a fiscales o a la forma en que se refieren a los parlamentarios. Muchas veces siento que no se nos respeta como merecemos por la importante labor que realizamos.
En este contexto, quiero hacer presente que hoy nos preocupamos por el Ministerio Público y los defensores, pero hay otro actor que en los procedimientos penales está desprotegido y que es la víctima de los delitos.
Estamos participando en el presupuesto de la Nación, dentro del cual viene una partida del Ministerio Público para la oficina que se encarga de la protección de víctimas y de testigos, pero su presupuesto es bastante menor para la función que cumple, que va desde caracterizar en algunos casos hasta preparar sicológicamente a las víctimas y a los testigos para enfrentar un juicio oral, como también buscar un lugar donde acoger a las víctimas. A veces se trata de una mujer con niños pequeños y es necesario resguardarla, pero eso alcanza a un tiempo y hasta ahí no más llegamos. No se puede hacer milagros con ese presupuesto.
La función del Ministerio Público no es sólo representar a la víctima, sino darle protección.
Quiero hacer presente que los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, a lo largo de todo Chile, están en paro. En mi región, éste es el tercer paro en un mes, justamente porque quieren hacer un planteamiento que es lejos lo más generoso que he visto en el último tiempo: mejorar el acceso a la justicia en nuestro país. Hay una parte que está cubierta, la de los victimarios, lo que me parece bien y no lo cuestiono, pero no me parece bien que sigamos adoptando soluciones de parche para temas puntuales, o sea, para apagar incendios.
Me refiero a los tribunales de familia, que tienen presupuesto para dar algún grado de protección, pero insuficiente. En materia laboral, el presupuesto es similar al de la Corporación de Asistencia Judicial en todo Chile, para la asistencia jurídica de los trabajadores. Pero esto ocurrirá sólo en los juicios en las ciudades más grandes, donde habrá tribunales laborales, pero las víctimas de los delitos nuevamente están quedando olvidadas y relegadas a un segundo plano.
Me parece que estamos avanzando y tomando conciencia de cuál ha sido el costo y los beneficios y ello no está en discusión, pero el costo del nuevo procedimiento penal ha sido grande para los fiscales del Ministerio Público, en algunos casos para los defensores en menor medida, pero sin duda quienes pagan el mayor costo son las víctimas de los delitos.
Se hablaba de los atentados contra las mujeres, en los temas de violencia intrafamiliar. Quiero recordar en esta Sala que los victimarios tienen un abogado que los representa; sin embargo, las mujeres, cuando son víctimas de estos delitos, no lo tienen.
Ratifico nuestro voto a favor del proyecto, pero no puedo dejar pasar la ocasión para recordar una vez más que la reforma y la modernización del acceso a la justicia sigue pendiente en nuestro país.
He dicho.
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