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El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta , en primer lugar, agradezco la informada exposición que ha hecho el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre este proyecto que sanciona penalmente la colusión.
En realidad, lo que esta iniciativa hace es subir de manera muy muy significativa las penas a los actos que impiden la libre competencia, a los actos que buscan alterar el buen funcionamiento de los mercados.
El buen funcionamiento de los mercados es la gran herramienta que permite el beneficio de los consumidores. Por eso, en toda economía se requieren mercados profundos, libres, competitivos.
Toda conducta que busque alterar el buen funcionamiento de los mercados ocasiona graves daños a la competencia; por supuesto graves daños a los consumidores, con mayor razón cuando se trata de productos de primera necesidad como los medicamentos, como los alimentos, en que evidentemente las personas de menores ingresos, las personas más vulnerables de nuestro país son las que se ven más afectadas porque terminan pagando un precio que no corresponde a la verdad, que no corresponde a la realidad; un precio mucho más alto no como como consecuencia del funcionamiento del mercado, sino como consecuencia de su alteración, como consecuencia de una colusión, como consecuencia de un delito.
Señora Presidenta , este proyecto establece no solo la pena de cárcel para quien "celebre o ejecute acuerdos con uno o más de sus competidores para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, y órganos públicos"; sino además, por ejemplo, la inhabilitación absoluta temporal para ejercer el cargo de director, gerente o administrador de una sociedad mercantil.
Hoy, en general, la colusión y la adulteración de los mercados tienen por penalidad básicamente una multa. Esta es a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a 20 mil unidades tributarias anuales y podría llegar, dependiendo de la tipificación del delito, hasta la suma equivalente a 30 mil unidades tributarias anuales.
Esas multas suben significativamente y guardan relación con el beneficio que haya obtenido la empresa que se colude o la empresa o las empresas que alteran el funcionamiento de los mercados.
Así, la multa será "de hasta dos veces el beneficio económico obtenido por el infractor, cuando aquel puede ser determinado por el Tribunal. En caso contrario, ella corresponderá al treinta por ciento de las ventas del infractor en el período durante el cual haya perdurado su conducta ilícita".
En pocas palabras, señora Presidenta , lo que se hace es dar una señal muy fuerte, muy potente a los actores de la economía, a los actores del mercado, en el sentido de que lo que necesitamos -como ya lo mencioné- son mercados libres, mercados competitivos, mercados profundos. Y quien busque por la vía de subterfugios, por la vía de delitos, alterar el buen funcionamiento del mercado, va a tener sanciones económicas, penales y también civiles.
La idea es que nunca más a alguien le queden ganas de alterar el buen funcionamiento de los mercados. Que nunca a alguien le queden ganas de cobrarle a la gente más de lo que corresponde.
Desde tal perspectiva, este Senado da hoy -repito- una señal muy muy potente.
Voto que sí.
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