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El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta , hemos visto con qué energía, fuerza y rapidez nuestro Congreso -todos hemos concurrido con nuestros votos favorables- ha legislado en materias de probidad y transparencia, regulando las conductas que debemos observar en el mundo político. Se trata de leyes que hemos de respetar con mucha rigurosidad; de normas que, fundamentalmente, debieran cambiar la imagen de la política chilena, en la que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades.
Pero hoy estamos analizando la iniciativa que sanciona penalmente la colusión.
Para quienes creemos que la libre competencia constituye el pilar esencial sobre el cual descansa el sistema de libre mercado, la colusión se configura como su atentado más dañino.
La actitud de concertar precios y asignarse cuotas de mercado es claramente reprochable, pues, además de impedir que el mercado se desarrolle de manera eficiente ofreciendo a los consumidores productos de mejor calidad a un menor precio, atenta contra la fe pública y contra la libertad de las personas.
El libre mercado no solo consiste en asignar eficientemente los recursos, sino que también es indisociable de la democracia, toda vez que ambos se fundamentan en la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones.
Debido a lo anterior, resulta sumamente necesario establecer mecanismos de disuasión con la finalidad de disminuir las prácticas anticompetitivas -y, por consiguiente, evitar la destrucción del mercado-, en especial la colusión, la cual permite que las empresas ejerzan un poder de mercado que no podrían conseguir de otra manera, restringiendo la competencia de manera artificial, lo que posibilita un alza de precios y la adquisición de productos de menor calidad.
La principal arma de disuasión es la existencia de un delito penal que sancione tales conductas.
Este proyecto de ley, que ha sido liderado por el Senador señor Espina , junto con el Honorable señor Larraín y otros parlamentarios, y aprobado en particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, incorpora en nuestro ordenamiento legal la posibilidad de criminalizar en ciertos casos a quienes participen en colusiones que vayan dirigidas a distorsionar el mercado en perjuicio de los consumidores.
Dicha iniciativa se originó en una moción presentada el año 2009, con anterioridad a los hechos públicos que hemos conocido en los últimos años -y en los últimos días-, lo que implica que ha sido trabajada con la mesura con la que se deben elaborar las leyes que regulan materias tan complejas como esta.
Esta propuesta legislativa ha abordado de manera íntegra la regulación penal de la colusión, considerando aspectos tales como: el cumplimiento de las penas sustitutivas; la legitimación activa para presentar querella; la compatibilidad de la acción penal con los procedimientos que se llevan ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; las reglas de competencia que aplicará el tribunal que conocerá de estos delitos; la prescripción de la acción; el aumento de los topes para las multas a beneficio fiscal para los infractores; la acción de indemnización que persigue la reparación de los perjuicios, y la exención de responsabilidad para quienes aporten antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica.
Por último, resuelve apropiadamente la aplicación de esta futura ley con relación a los delitos contemplados en los artículos 285 y 286 del Código Penal, que son las disposiciones que han servido para suplir el vacío penal que existía sobre el particular. Se propone que solo los delitos por hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley que aprobaremos podrán ser juzgados sobre la base de las mencionadas normas del Código Penal. Para los hechos posteriores se aplicará únicamente las disposiciones del presente proyecto de ley una vez en vigor, lo que da suficiente garantía para quienes pretendan acogerse a la delación compensada.
Sin embargo, no hay que desconocer que la actual iniciativa incorpora de manera más sistemática y completa todos los aspectos propios de un delito. Pese a ello, debemos mantenernos disponibles para obtener lo mejor de cada uno de los proyectos que se están discutiendo en el Congreso sobre la materia.
Por último, señora Presidenta , cabe señalar que el Gobierno ingresó el año 2012 una propuesta legislativa que perfecciona nuestro sistema de defensa de la libre competencia. Tal proyecto fue recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, y esperamos que luego lo estemos votando en el Senado, con las mejoras que le introduzca la Comisión de Constitución con relación a las conductas que serán constitutivas de delito.
Señora Presidenta, todos los aportes en este ámbito siempre serán bienvenidos.
Aunque a veces las comparaciones resultan odiosas, es un hecho que algunos proyectos son mejores que otros. Con todo, me parece que el que ahora nos ocupa puede conciliar intereses con la iniciativa del Gobierno, precisamente para defender a la comunidad de los actos de colusión, los cuales han generado no solo polémica, sino también un gran impacto social.
Por esas razones, voto que sí.
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