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Señora Presidenta , ya lo han mencionado varios colegas: bastante revuelo ha causado en la opinión pública el más reciente caso de colusión, denominado "el del papel " tissue.
Y digo revuelo por no decir indignación, condena e impotencia por parte de la ciudadanía.
Sin embargo, este no es el primer caso que se presenta. Y todo parece indicar que se trata de conductas mucho más frecuentes de lo que creemos: lo vemos en el rubro de la salud, en productos alimenticios, en la banca y ahora en productos de primera necesidad.
Hoy, pese a que hemos creado instituciones como la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el SERNAC, que buscan, dentro de sus competencias, la protección de la ciudadanía más desvalida frente a los abusos que se generan en el mercado y en el consumo, se siguen produciendo hechos tan reprochables, sobre todo cuando vienen de grandes empresas.
¿Cuáles son las causas de estas situaciones?
Uno podría mencionar la falta de incentivos para que las empresas actúen correctamente; la concentración del mercado chileno; las bajas sanciones jurídicas y, sobre todo, la dificultad que se presenta muchas veces para esclarecer estos hechos.
Todo lo anterior se puede ver reflejado en que pese a haber reconocido su participación en el último caso de colusión, que hemos conocido como el del "papel confort", los ejecutivos que participaron en él, pese a la condena y al reproche social que ha habido por parte de la ciudadanía, fueron premiados con indemnizaciones por los dueños de la empresa.
¡Cómo no va a causar indignación esta situación, en que los propios pares de la empresa no son capaces de reprochar a esos ejecutivos lo que han hecho en perjuicio de miles y miles de chilenos!
En la Comisión de Constitución solemos discutir distintos proyectos en materia de seguridad pública. No por nada acabamos de aprobar en la mañana la agenda corta de seguridad ciudadana. Y fundamentalmente debatimos diversas iniciativas que buscan aumentar penas para delitos contra la propiedad o contra las personas, pero escasamente hemos analizado proyectos que persigan sancionar los delitos denominados "de cuello y corbata".
Por ello, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la iniciativa que nos ocupa por la unanimidad de sus miembros, reconociendo el trabajo que lideró el Senador Espina . Porque justamente buscaba dar una solución adecuada para sancionar de forma más grave a quienes atentan contra la libre competencia.
Sin duda, uno de los temas que se puso en discusión mientras trabajábamos en este proyecto, y que ha salido a colación en estos días, apuntaba a la razón por la cual el Congreso en su minuto optó por no sancionar con pena de cárcel los atentados contra la libre competencia como la colusión o la entrega de cuotas de mercado. Ello respondió a que en la época del Presidente Lagos se pensaba que era mejor contar con algún mecanismo que permitiera desbaratar los carteles, dado que a la fecha de modificación de la ley no habían existido sanciones ni condenas por infracción a la libre competencia en esta materia. Se hizo creyendo que podía ser un incentivo correcto eliminar las penas de cárcel y avanzar con las multas.
El tiempo ha demostrado que no fue la mejor solución, porque si bien se ha logrado desbaratar carteles importantes, como ocurrió hace unos años con las farmacias o como ocurre hoy con el papel confort, pareciera que estas prácticas son más habituales de lo que conoce la ciudadanía.
Por esa razón, el proyecto de ley que hoy sometemos a consideración de la Sala se enfoca en cinco aspectos centrales que buscan terminar con estas malas prácticas en el mercado, que atentan contra la libre competencia.
En primer lugar, volver a sancionar como delito, con pena de cárcel, la colusión. Esto se había eliminado.
Un segundo aspecto, que también constituye un muy buen desincentivo para que sigan ocurriendo estas prácticas, apunta a la creación de una inhabilidad asociada al delito, de forma tal de sacar del mercado a aquellos gerentes y directores que hayan participado en casos de colusión.
La actual legislación solo establecía una inhabilidad para trabajar en la administración pública. De aprobarse esta norma, extendemos esa inhabilidad también hacia el sector privado. En mi concepto, ello constituirá un muy buen desincentivo para que se sigan generando carteles para fijar precios, por ejemplo.
Un tercer elemento dice relación con la determinación de la pena. Y en esto se sigue una línea que este Congreso ha tomado con ocasión de otros proyectos de ley, como la Ley Emilia y la Ley de Control de Armas, donde se establecen penas efectivas de cárcel y los parámetros según los cuales el juez podrá moverse al momento de aplicarlas.
Un cuarto aspecto se refiere a las multas. Estas ya no se establecen en montos fijos, porque muchas veces las empresas internalizaban el costo de la multa como parte de la operación de la colusión. El proyecto propone fijar más bien un porcentaje de las ventas que se hayan obtenido, por lo que las empresas no podrán hacer un cálculo a priori de cuánto será la multa impuesta y, como consecuencia de ello, no les será factible internalizarla como un costo de la colusión.
En quinto lugar, se establece la posibilidad de acciones individuales, plurales o colectivas a fin de conseguir las indemnizaciones para las personas que hayan sido perjudicadas con los actos de colusión.
Señor Presidente , en la actualidad se tramitan diversos proyectos de ley sobre la materia. No por nada esta Sala, a continuación de esta iniciativa, verá dos más en la misma dirección.
La moción en análisis se presentó en 2009. Y tiene una virtud con relación a las que se tratarán a continuación y a la que el Gobierno impulsa en la Cámara de Diputados: ha sido discutida largamente con especialistas. En la Comisión de Constitución logramos sentar a la mesa al Fiscal Nacional Económico, al Fiscal Nacional del Ministerio Público y a destacados expertos en el tema.
Así, tuvimos la particularidad de establecer una mesa de trabajo para resolver aquellos nudos del proyecto que eran centrales. Por ejemplo, cómo se traspasaba a los juicios penales la prueba que obtenía la Fiscalía Nacional Económica cuando estaba investigando estos carteles.
Independientemente de cuál sea el o los proyectos que en definitiva se transformen en ley, lo importante es que el Senado en forma unánime, como ya lo hizo la Comisión de Constitución, proceda a condenar las conductas colusorias, de forma tal que tengamos un estándar mucho más drástico en nuestra legislación penal a fin de desincentivar este tipo de prácticas.
El mensaje que queremos dar es que coludirse para modificar precios o repartir cuotas de mercado ya no será gratis para las empresas que lo quieran hacer.
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