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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , al leer el informe de este proyecto de ley, y en particular la opinión del Fiscal Nacional Económico, uno no deja de sorprenderse de lo que dice esta autoridad respecto a las capacidades de la Fiscalía Nacional Económica.
El propio Fiscal expresa que se trata de un organismo pequeño, con escasos recursos, que carece de capacidad jurídica. Añade que cada vez que el Senado o la Cámara de Diputados le piden participación debe desplegar a sus pocos abogados para que vengan al Parlamento a informar sobre los proyectos de ley. Y nos pide que canalicemos por un solo cauce tantas mociones, porque de lo contrario termina con sus abogados preocupados de atender la legislación y no de perseguir a los delincuentes de cuello y corbata.
El informe señala que el Fiscal Nacional Económico "expresó que la repartición que dirige es una agencia pequeña, con una cantidad acotada de recursos y que no cuenta con un departamento de asesoría legislativa".
Además, en cuanto al meollo del asunto, que es lo vinculado con la sanción de cárcel, dice: "la penalización como solución a la colusión es un asunto altamente debatible". Manifestó que "King College ha emitido hace poco tiempo atrás un estudio comparativo sobre la eficacia de distintos modelos legislativos para perseguir carteles, y los resultados de las herramientas penales dejan mucho que desear a la hora de generar desincentivos reales, tal como lo demuestra el exiguo número de condenas en lugares como el Reino Unido, Grecia y Canadá .". Añadió que "el único lugar que muestra un mayor número de encarcelados es Estados Unidos, pero si se revisan mejor las cifras se observa que la mayor parte de los condenados por esta causa son ejecutivos de mediano o menor rango y extranjeros.". Expresó que "como contrapartida el sistema continental europeo de persecución, que se basa en la responsabilidad administrativa y en penas pecuniarias, genera 1.500 millones de euros en promedio al año, lo que por sí mismo parece ser una formidable barrera de entrada.".
Si establecemos la penalidad en Chile, yo espero que haya cárcel de verdad para los ejecutivos, e incluso para los propietarios. Porque si aquí vamos a establecer la penalidad para los gerentes generales, o para el capataz, o para el director menor, esto no va a resultar.
Yo he dicho "penalidad para los ejecutivos".
¿Y el dueño de la empresa, sus propietarios?
Cuando hay un accidente de automóvil no responde el conductor, sino el dueño del vehículo.
Cuando existe un daño provocado por un edificio a una casa del lado, no responde el administrador del edificio, sino su propietario.
Es decir, el propietario debe tener responsabilidad. Si no, esta se diluye echándoles la culpa a los ejecutivos.
Tal como dice el informe, quienes van a la cárcel son funcionarios menores o extranjeros. ¡Nunca los gerentes generales, nunca los CEO, nunca los propietarios!
¿Vamos a tener capacidad para establecer en este proyecto de ley que el Fiscal Nacional Económico sea nominado por el Senado, al igual que el Contralor General de la República o que el Fiscal Nacional del Ministerio Público? ¿O seguiremos utilizando la Alta Dirección Pública, que, como lo he dicho varias veces, elige al mejor, ¡pero al mejor de los nuestros, al mejor de turno!? Por tanto, la autonomía siempre está cuestionada.
Yo quiero un Fiscal Nacional Económico con ocho años de duración en el cargo; independiente del gobierno de turno, y que tenga capacidad y autonomía para investigar sin ningún temor.
Eso no estaba contenido en el proyecto. No sé si se halla en el presentado por el Ejecutivo, que viene de la Cámara de Diputados.
Hemos de establecer -reitero- un equilibrio mínimo entre el daño causado y la utilidad obtenida.
Quiero señalar lo siguiente, señor Presidente.
Para diez años de colusión en el Confort, ¿cuál va a ser la sanción? ¿Un año de regulación del precio? ¿Un año de compensación no sabemos a quién?
Igual número de años, igual número de compensaciones.
En tal sentido, debe haber no solo un equilibrio monetario, sino también una compensación real y directa a los consumidores.
La cárcel -reitero- no tiene que ser solo para los ejecutivos: debe existir una relación con la propiedad.
Señor Presidente -el tiempo ha sido muy corto-, hay que prohibir los contratos con el Estado; hay que revisar la indemnización para los consumidores.
Ahora, no es admisible que se requiera querella de la Fiscalía Nacional para que se inicie una investigación penal. Aquí debe existir capacidad del Ministerio Público para investigar. No vaya a pasar lo mismo que con Impuestos Internos: si no se querella este Servicio no puede haber investigación del Ministerio Público.
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias.
Señor Presidente , yo voy a votar a favor de todos los proyectos. Tengo un conjunto importante de indicaciones. Este parece ser el más acabado, el que se trabajó con mayor tiempo y con más dedicación. Y eso es saludable, por tratarse de una moción, aunque sus autores sean parlamentarios de Oposición. Eso no presenta ningún problema: es positivo que así sea.
Como digo, estoy disponible para aprobar este proyecto de ley. Vamos a tener que hacer un esfuerzo cuando llegue el del Ejecutivo. Y también, con las otras mociones. Solo pido que tengamos la mejor de las disposiciones, porque está en juego el prestigio del Parlamento.
Ojala que ahora sí logremos tener una legislación eficaz y no pirotécnica para evitar que exista colusión, evitar que se dañe a los consumidores y evitar el desprestigio total del sistema financiero y de la política.
Voto que sí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
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