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- rdf:value = " El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , resulta extraordinariamente difícil legislar en materia medioambiental. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente comenzó a debatirse en 1993 y entró en vigencia en 1997. Por lo tanto, han transcurrido once años y, al igual que otras normativas que hemos aprobado y que le hemos introducido modificaciones, obviamente presenta dificultades. La institucionalidad en materia medioambiental que hoy rige en Chile sirvió en su momento: reguló, compiló más de mil leyes, pero actualmente resulta insuficiente.
Cuando discutimos acerca de la forma de avanzar en algunos aspectos de la institucionalidad en la Comisión de Medio Ambiente, junto con el Senador señor Horvath manifestamos que a lo menos es necesario dar señales respecto de las modificaciones que el Gobierno va a presentar en junio. Desearía equivocarme, pero tengo la certeza de que dicha propuesta no saldrá durante la actual Administración.
Porque, si de verdad queremos hacer un debate profundo, los aspectos a cambiar dicen relación a que el 97 por ciento de los proyectos que hoy se realizan en Chile y que requieren consulta a la CONAMA corresponden a declaraciones de impacto ambiental.
O sea, no se le pregunta a la ciudadanía nada, cero. El 3 por ciento tiene estudios de impacto ambiental. ¿Hay participación ciudadana?
Cuando incluimos lo relacionado con los planes de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero se señaló que las decisiones que hoy están tomando las salmoneras en la Región de Los Lagos o en la de Aisén deben contemplar que la localización de sus plantas estará afecta a la legislación. Porque están trasladándolas ante las dificultades experimentadas con el virus que las ha invadido, el cual está provocando serios estragos en la producción.
La Región del Biobío, cuya zona costera represento, cuenta con un plan de ordenamiento territorial, con una Comisión que trabaja firmemente con la Armada y otras instituciones internacionales y nacionales. Lo que debemos hacer es avanzar, si no, se repetirá lo ocurrido con el Código de Aguas, la Ley Indígena, la Ley de Pesca, y el Convenio 169: transcurrirán doce, catorce o dieciocho años.
Estimo que el debate por la institucionalidad será largo, duro, tedioso, porque existe una profunda contradicción de intereses. Por lo tanto, si en algo podemos avanzar, ello será bienvenido, porque lo que hacemos es orientar un proceso que hoy es tremendamente disperso y perjudicial.
Reparar un error producto de que no hemos dado señales -como se acostumbra decir- al sector privado acerca de cuáles serán las reglas del juego es lo peor que nos puede suceder.
Yo estoy por un país que tenga reglas del juego claras en materia de legislación ambiental y donde, en consecuencia, los inversionistas nacionales e internacionales sepan exactamente qué terrenos pisan al momento de decidir emprender determinada actividad. Por ello, el proyecto señala que, efectivamente, cuando haya un plan de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero en todo el país -que posee cerca de 4 mil 500 kilómetros de costa-, lo cual no se va a realizar ni en un mes, ni en un año, ni en cinco, deberá considerarse que puede haber una normativa que afecte sus intereses.
En tal sentido, la iniciativa avanza decididamente a incorporar un elemento que tendrá que ser ratificado con la nueva institucionalidad que esperamos que el Gobierno proponga en junio.
Al respecto, quiero hacer presente al Ministro señor Viera-Gallo que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales -que presido-, concordó con la Ministra señora Ana Lya Uriarte la presentación de indicaciones respecto de cuatro o cinco proyectos, las que van a estar a fines de marzo. Sin embargo, dicho Secretario de Estado dio la fecha de junio para lo relativo a la institucionalidad y, por cierto, vamos a tener que conversar con la señora Ministra , con quien estamos trabajando en materia de modificaciones a la ley, particularmente en lo que respecta a estudios de impacto ambiental, que es lo más urgente, y donde efectivamente se registra el mayor número de disputas y contradicciones.
Tenemos un Ministerio. ¡En buena hora! Pero no va a estar operando ni el 2008 ni el 2009. Se trata de un largo proceso como el que han vivido Noruega , Finlandia, Dinamarca . Todos los países desarrollados que han logrado crear Ministerios en esta área han generado un proceso de transición y lo mismo ocurrirá en nuestro caso.
Es decir, para que pueda ponerse en funcionamiento una nueva institucionalidad, esta debe contener la advertencia necesaria de manera de no entorpecer el crecimiento productivo. En tal sentido, las indicaciones, y particularmente los artículos que modifican la ley vigente, que incorporen los planes de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero, contienen conceptos esenciales que van a estar definidos y respaldados por la nueva institucionalidad que esperamos aprobar cuanto antes. La iniciativa en comento recién se enviará en junio y, por cierto, nos demoraremos algún tiempo en estudiarla. Por eso, pido a Sus Señorías que aprueben la iniciativa.
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