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- rdf:value = " ENMIENDAS A LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath y Prokurica y del entonces Senador señor Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente .
Enmiendas a Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
--Los antecedentes sobre el proyecto (3286-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Prokurica y del ex Senador señor Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 10ª, en 9 de julio de 2003.
Informes de Comisión:
Medio Ambiente y B. Nacionales, sesión 55ª, en 3 de enero de 2005.
Medio Ambiente y B. Nacionales (segundo), sesión 88ª, en 4 de marzo de 2008.
Discusión:
Sesión 56ª, en 4 de enero de 2006 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 4 de enero de 2006 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que consigna, en su primera página, las pertinentes constancias reglamentarias.
La modificación efectuada por aquella al texto de la iniciativa aprobada en general consiste en agregar una nueva materia que deberán tener en cuenta los estudios de impacto ambiental, cual es una descripción circunstanciada de la forma en que el proyecto o actividad considerados para su calificación, se compatibiliza con las políticas o estrategias de planificación territorial, incluyendo las de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero dictadas o sancionadas por los órganos de la Administración del Estado competentes.
Tal enmienda fue acordada por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador objete lo aprobado por la Comisión o haya una indicación renovada.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben los artículos pertinentes de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el proyecto aprobado en general; la modificación efectuada en el segundo informe, y el texto final que resultaría de aprobarse dicha enmienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión reglamentaria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , solicito que respecto del numeral 2) -que figura en la última columna de la página 5 del boletín comparado- la última frase sea objeto de discusión y votación separada.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿A qué frase se refiere Su Señoría?
El señor ALLAMAND.-
A la final que dice: "quedando prohibido a sus superiores impartirles órdenes de votación.".
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la enmienda acogida por unanimidad en la Comisión, con excepción de la frase final del artículo 15, respecto de la cual el Senador señor Allamand ha pedido debate y pronunciamiento separado.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
La Comisión propone en el número 2 agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 15 -ya estaba aprobado así en general-, que dice: "Los funcionarios integrantes de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, deben fundar sus actuaciones y votos como miembros de dichas comisiones exclusivamente en los antecedentes y procedimientos establecidos en la presente ley, quedando prohibido a sus superiores impartirles órdenes de votación.".
Respecto de esta frase final, el Honorable señor Allamand ha solicitado votación separada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor LETELIER.-
Pido la palabra para referirme a un punto anterior.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , hay una serie de casos en los que es evidente que la autoridad jerárquica superior influye o pretende influir en la resolución que tome un integrante de la Comisión Regional del Medio Ambiente sobre un proyecto sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Por ejemplo, en la Quinta Región, un Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales se opuso a un proyecto en que se iba a utilizar petcoke, neumáticos usados, por el grado de contaminación que produciría en una planta. Y ese voto en contra, sencillamente, significó que el Ministro del ramo le pidiera la renuncia.
A nuestro juicio, al igual que en el Poder Judicial , aquí hay una instancia regional y otra nacional. Un Ministro de Estado , como miembro titular de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través del Consejo Directivo, tiene la posibilidad de fundamentar su posición en esta instancia, pero sin interferir con la del nivel regional.
Ahora bien, esto se entiende al margen de que los cargos regionales son de confianza de los Ministros y de que debe existir una buena relación entre ambos. Sin embargo, cada ente regional tiene que actuar dentro de los ámbitos de su competencia, sobre todo cuando se refiere a un tema medioambiental. Tanto es así, que si Sus Señorías revisan el informe pertinente, verán que la señora Ministra emitió un instructivo el 14 de marzo 2007, indicando justamente que los integrantes de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente deben fundamentar sus votos y regirse por las atribuciones que les son propias. Por lo tanto, se entiende que no pueden ser objeto de presiones o de órdenes de sus superiores jerárquicos al respecto.
Sin embargo, pienso que ello no tiene que quedar solo en una instrucción de carácter administrativo, sino que ha de estar reflejado en la ley.
Por eso, respaldo la frase que se ha pedido votar separadamente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , este tema es extremadamente complejo, y me tocó discutirlo en su momento, cuando fui miembro de la Comisión.
La verdad es que ahora el Gobierno está preparando un nuevo proyecto sobre la institucionalidad medioambiental, el que esperamos enviar al Parlamento en junio próximo.
Cuando se dictó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no se logró consagrar una forma imparcial y completamente técnica de evaluación de los estudios de impacto ambiental. En todo caso, los problemas surgidos durante estos años han sido menores. Si nos atenemos a la cifra entregada en su minuto y que está en el informe -al parecer se dice que son 70 millones de dólares-, solo respecto del 3 por ciento ha habido inconvenientes o discrepancias. Y esos inconvenientes han sido, a veces, de gran trascendencia pública.
Dentro del actual sistema, es bastante difícil que el Seremi, quien debe decidir a nivel local, lo haga con plena y total autonomía de su superior jerárquico. Porque si se coloca la frase "quedando prohibido a sus superiores impartirles órdenes de votación", no cabe la menor duda de que por ser un funcionario de confianza, la autoridad superior tendrá la legítima atribución para destituirlo si estima que el criterio empleado por aquel en determinadas circunstancias no es el adecuado.
Es muy difícil establecer legalmente un ámbito de autonomía, cuando en el Estatuto Administrativo y en la norma del Estado el funcionario es de la absoluta confianza del superior. O sea, el propósito es loable, pero dentro del actual sistema es muy difícil de alcanzar, aun cuando se incluya la citada frase.
Es probable que el Ministro respectivo, quien está muy convencido de la importancia de aprobar una obra, tal vez por un interés de bien público, no dé una instrucción de voto, sino que haga presente la relevancia del proyecto, haciendo presente algún requerimiento urgente.
Distinguir entre orden de voto y el hecho de decir al funcionario de rango inferior cuál es la necesidad del país, es muy difícil de precisar. Por tanto, esta norma puede llegar a ser completamente inaplicable.
De ahí que planteamos un cambio completo del sistema de estudio de impacto ambiental. La idea en el nuevo diseño es crear el Ministerio del Medio Ambiente con un carácter normativo. Asimismo, se establecen dos servicios ejecutivos: uno, que se va a ocupar única y exclusivamente del estudio del impacto ambiental y, otro, encargado de la administración de las áreas silvestres protegidas. También habrá una Superintendencia que tendrá facultades fiscalizadoras, especialmente del cumplimiento de las normas que dicte el Ministerio. Esa arquitectura se someterá a discusión del Congreso, y estoy seguro de que se formulará más de alguna observación. Porque lo lógico sería que en la decisión final sobre los estudios de impacto ambiental no interviniera la autoridad política, sino otra, que podría ser un tribunal contencioso administrativo, o una distinta, independiente del Gobierno.
Deseo repetir algo que sostuve cuando era Diputado y se discutió la ley en cuestión, impulsada por el entonces Ministro Boeninger : si el Gobierno decide hacer una obra portuaria o una autopista o una represa, es absurdo que sea el propio Gobierno quien decida al final el estudio de impacto ambiental.
Para quienes no sepan lo que pasó en la República Popular China con la famosa represa Las Tres Gargantas, les recuerdo que, cuando las autoridades de ese país optaron por construirla y trasladaron a 3 millones de personas, simplemente tomaron la decisión.
No es una nación a la cual queremos imitar en los procedimientos, pero no cabe la menor duda de que si un Gobierno determina ejecutar una obra, es muy difícil que después se autolimite en su decisión so pretexto de un estudio técnico. Por lo tanto, quien tenga que decidir al final ha de ser una autoridad independiente de la gubernamental.
Ahora bien, esa será la gran discusión que se llevará a cabo en su momento cuando llegue aquí -así lo espero- el proyecto de creación del citado Ministerio y la nueva institucionalidad, tal como lo ha pedido la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Por eso, el hecho de que esa frase esté o no en el proyecto es, en definitiva, algo que no reviste mayor implicancia práctica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , el proyecto en debate es muy importante. Y aunque estamos en el segundo punto, deseo referirme al primero. Por eso había pedido la palabra con antelación.
Simplemente, quiero hacer la siguiente reflexión.
¿De qué sirve establecer la obligación de que haya una descripción detallada de la forma en que el proyecto o actividad considerado para su calificación se compatibiliza con las políticas o estrategias de planificación territorial, incluyendo las de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero, si en la gran mayoría de las Regiones no existe un ordenamiento territorial ni una zonificación? ¿Qué tipo de actividades económicas se pueden realizar en un lugar o en otro?
Me parece buena la intención. Pero con el Senador señor Chadwick -está presente también en la Sala el Diputado señor Bauer - sabemos que en nuestra Región ha habido constantes conflictos entre distintas actividades económicas.
Cuando se quieren desarrollar ciertos proyectos que atentan contra la actividad exportadora, especialmente en zonas frutícolas, como la construcción de centrales termoeléctricas, nos encontramos con que no existe ordenamiento territorial, no se cuenta con dichos instrumentos. Los gobiernos regionales no tienen obligación al respecto. Estimo que el proyecto, en el papel, es bien intencionado, pero en términos reales no afecta mayormente las cosas que se hacen.
En todo caso, deseo referirme al inciso final nuevo del artículo 15, que también constituye una buena intención.
Lo que ocurrió en la Quinta Región -situación a la que aludió el Senador señor Horvath - es un juego de niños comparado con lo que aconteció con el proyecto "La Candelaria" en la Sexta Región, donde se torció la ley y se obligó a una Seremi a votar en cierto sentido. Y después se mintió al organismo regional y se le impuso un proceso de toma de decisiones para autorizar una central termoeléctrica, la cual -según se dijo- iba a utilizar determinado combustible, que no se usó porque estaba fuera de norma al tratarse de una zona de latencia, y se aplicó otra norma.
El proyecto está bien intencionado y representa un avance; pero soy partidario de modificar la institucionalidad. Siento que deberíamos esperar antes de progresar en su estudio y que el Ejecutivo se comprometa a entregar la propuesta en el plazo -según entiendo- de un mes como máximo.
Por ello, no tiene mucho sentido proseguir con el análisis de la iniciativa si existe el compromiso de cambiar la institucionalidad en determinada fecha. Porque, en verdad, un Seremi tiene dos almas: depende del Ministro y posee una opinión técnica debido a que conoce la Región. Por lo tanto, si se va a mantener la actual institucionalidad, aunque aprobemos el proyecto no se resolverá el problema.
No me gusta que desde Santiago o desde un Ministerio se ordene a un Seremi cómo votar. Si hubiera una materia que revistiera mucho interés, existen otros mecanismos para resolver en contra de lo que se piensa en la Región. Sin embargo, -reitero-, lo principal es modificar la institucionalidad.
Señor Presidente , si no hay una opinión en contrario, propongo suspender el tratamiento de la iniciativa hasta que el Ejecutivo ...
El señor HORVATH .-
Está aprobada.
El señor BIANCHI .-
Efectivamente.
El señor LETELIER .-
Así es, pero aquí vamos a aprobar algo que no tiene ningún sentido si no se cambia la institucionalidad, que es la cuestión de fondo.
Considero un error proseguir con el análisis del proyecto. Si se desea enviar una señal, lo comparto, pero debemos innovar en materia de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Hemos realizado un gran avance en los últimos 15 años: se partió desde cero y hoy tenemos un sistema. Pero soy partidario de avanzar hacia uno de segunda generación, en vez de estar haciendo arreglos de parche.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Antes de continuar otorgando la palabra, debo hacer presente que el proyecto está aprobado en general, cuenta con un segundo informe, y en la discusión particular solamente se debe votar una frase de un inciso, nada más.
Por lo tanto, lo único que cabe es aplicar el Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , resulta extraordinariamente difícil legislar en materia medioambiental. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente comenzó a debatirse en 1993 y entró en vigencia en 1997. Por lo tanto, han transcurrido once años y, al igual que otras normativas que hemos aprobado y que le hemos introducido modificaciones, obviamente presenta dificultades. La institucionalidad en materia medioambiental que hoy rige en Chile sirvió en su momento: reguló, compiló más de mil leyes, pero actualmente resulta insuficiente.
Cuando discutimos acerca de la forma de avanzar en algunos aspectos de la institucionalidad en la Comisión de Medio Ambiente, junto con el Senador señor Horvath manifestamos que a lo menos es necesario dar señales respecto de las modificaciones que el Gobierno va a presentar en junio. Desearía equivocarme, pero tengo la certeza de que dicha propuesta no saldrá durante la actual Administración.
Porque, si de verdad queremos hacer un debate profundo, los aspectos a cambiar dicen relación a que el 97 por ciento de los proyectos que hoy se realizan en Chile y que requieren consulta a la CONAMA corresponden a declaraciones de impacto ambiental.
O sea, no se le pregunta a la ciudadanía nada, cero. El 3 por ciento tiene estudios de impacto ambiental. ¿Hay participación ciudadana?
Cuando incluimos lo relacionado con los planes de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero se señaló que las decisiones que hoy están tomando las salmoneras en la Región de Los Lagos o en la de Aisén deben contemplar que la localización de sus plantas estará afecta a la legislación. Porque están trasladándolas ante las dificultades experimentadas con el virus que las ha invadido, el cual está provocando serios estragos en la producción.
La Región del Biobío, cuya zona costera represento, cuenta con un plan de ordenamiento territorial, con una Comisión que trabaja firmemente con la Armada y otras instituciones internacionales y nacionales. Lo que debemos hacer es avanzar, si no, se repetirá lo ocurrido con el Código de Aguas, la Ley Indígena, la Ley de Pesca, y el Convenio 169: transcurrirán doce, catorce o dieciocho años.
Estimo que el debate por la institucionalidad será largo, duro, tedioso, porque existe una profunda contradicción de intereses. Por lo tanto, si en algo podemos avanzar, ello será bienvenido, porque lo que hacemos es orientar un proceso que hoy es tremendamente disperso y perjudicial.
Reparar un error producto de que no hemos dado señales -como se acostumbra decir- al sector privado acerca de cuáles serán las reglas del juego es lo peor que nos puede suceder.
Yo estoy por un país que tenga reglas del juego claras en materia de legislación ambiental y donde, en consecuencia, los inversionistas nacionales e internacionales sepan exactamente qué terrenos pisan al momento de decidir emprender determinada actividad. Por ello, el proyecto señala que, efectivamente, cuando haya un plan de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero en todo el país -que posee cerca de 4 mil 500 kilómetros de costa-, lo cual no se va a realizar ni en un mes, ni en un año, ni en cinco, deberá considerarse que puede haber una normativa que afecte sus intereses.
En tal sentido, la iniciativa avanza decididamente a incorporar un elemento que tendrá que ser ratificado con la nueva institucionalidad que esperamos que el Gobierno proponga en junio.
Al respecto, quiero hacer presente al Ministro señor Viera-Gallo que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales -que presido-, concordó con la Ministra señora Ana Lya Uriarte la presentación de indicaciones respecto de cuatro o cinco proyectos, las que van a estar a fines de marzo. Sin embargo, dicho Secretario de Estado dio la fecha de junio para lo relativo a la institucionalidad y, por cierto, vamos a tener que conversar con la señora Ministra , con quien estamos trabajando en materia de modificaciones a la ley, particularmente en lo que respecta a estudios de impacto ambiental, que es lo más urgente, y donde efectivamente se registra el mayor número de disputas y contradicciones.
Tenemos un Ministerio. ¡En buena hora! Pero no va a estar operando ni el 2008 ni el 2009. Se trata de un largo proceso como el que han vivido Noruega , Finlandia, Dinamarca . Todos los países desarrollados que han logrado crear Ministerios en esta área han generado un proceso de transición y lo mismo ocurrirá en nuestro caso.
Es decir, para que pueda ponerse en funcionamiento una nueva institucionalidad, esta debe contener la advertencia necesaria de manera de no entorpecer el crecimiento productivo. En tal sentido, las indicaciones, y particularmente los artículos que modifican la ley vigente, que incorporen los planes de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero, contienen conceptos esenciales que van a estar definidos y respaldados por la nueva institucionalidad que esperamos aprobar cuanto antes. La iniciativa en comento recién se enviará en junio y, por cierto, nos demoraremos algún tiempo en estudiarla. Por eso, pido a Sus Señorías que aprueben la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , aparentemente la discusión que ha generado el proyecto servirá como ejercicio previo al debate que suscitará lo relacionado con la nueva institucionalidad. Sin embargo, pese a ello, la iniciativa va a pasar las diversas instancias y al final se convertirá en ley.
En esa misma medida, resulta útil consignar que se agrega un nuevo inciso al artículo 15 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Me refiero a la prohibición que se impone a los superiores del ámbito respectivo de impartir órdenes de votación a los funcionarios de las Comisiones Regionales.
Eso permitirá, al menos en lo formal, dotar de una mínima autonomía a las instancias regionales, y que sus integrantes sientan que por ley no pueden recibir orientaciones acerca de cómo votar. Estos deben decidir conforme al mérito de los antecedentes que les son presentados. Por lo tanto, tienen que poner todo su esfuerzo en sancionar los asuntos de acuerdo con el interés regional que están llamados a cautelar.
El Ministro Viera-Gallo, con ese maravilloso pragmatismo que lo caracteriza, decía que a veces es útil que un Ministro de Estado, por ejemplo, le recuerde al Seremi el interés nacional.
Entonces, la reflexión que cabe es la de que en los nombramientos hay que tener particular cuidado de que los funcionarios de ese nivel también lleven puesta la camiseta de todos y no solo se dediquen a la práctica irrestricta del interés regional; es decir, que posean asimismo una visión del interés de Chile. Y quizás se pueda dictar un curso al respecto.
En todo caso, sigue siendo válido el hecho de que se consigne en este proyecto la disposición que nos ocupa, porque a lo menos servirá como una especie de placebo para el funcionario en cuanto a que sentirá una autonomía difícil de conseguir en rigor estricto pero que, a los efectos de analizar un caso específico, significará un mínimo resguardo legal.
En tal sentido, y dado que la iniciativa se halla en su fase final e inexorablemente se convertirá en ley, sumaré mi voto positivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Recuerdo que el proyecto está en primer trámite constitucional.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, haré dos aclaraciones antes de entrar al fondo de la materia.
En primer lugar, como señaló el Ministro Viera-Gallo , no estamos frente a un asunto que revista gran premura, ya que de alguna manera la disposición en debate y los demás temas involucrados en esta iniciativa debieran subsumirse, durante el presente año, en una proposición de ley modificatoria de la institucionalidad ambiental, donde tendrán que resolverse precisamente los márgenes -llamémoslos así- de autonomía respecto del poder político conforme a los cuales habrán de aprobarse, desde el punto de vista técnico, los proyectos que entren al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tal proposición deberá resolver un asunto que ya hemos planteado en otras oportunidades, porque alguien podría considerar que la idea de que exista un Ministerio del Medio Ambiente es conceptualmente contradictoria con el hecho de que las decisiones se adopten al margen de los criterios políticos.
Pero ese será un debate que realizaremos más adelante, señor Presidente.
Ahora bien, considero que debemos hacer transparencia en torno a la norma en discusión y no seguir presentándola, tal cual lo han hecho algunos colegas, como una suerte de intervención forzada, errónea, equívoca respecto de la materia.
Mis preguntas son muy simples: ¿qué de malo tiene, por ejemplo, que el Ministro de Obras Públicas le haga presente a un Seremi del ramo la opinión de la Cartera a su cargo acerca de un proyecto que requiere estudio de impacto ambiental?, ¿dónde está lo oculto?, ¿dónde la presión indebida?
Lo que ocurre hoy día es que aquello no se transparenta.
Entonces, parece razonable que, cuando los proyectos son de poca envergadura, el Ministro del ramo no esté al tanto de su detalle. Pero si tienen gran relevancia, es perfectamente legítimo que dicho personero le dé a conocer al subordinado el criterio que sustenta la autoridad sobre la materia pertinente.
El Ministro Viera-Gallo fue suficientemente elocuente al elaborar su hipótesis acerca de lo que ocurriría si el funcionario subalterno no se atuviera a dicho criterio. Muy simple: sería despedido de su cargo antes o después de que adoptara su resolución.
Por lo tanto, con un mínimo de sentido común, debemos caminar en dirección inversa a la que señala la disposición en comento. Hay que exigirles a los Seremis que expresen -así lo dispone la primera parte del inciso final que se propone agregar al artículo 15 de la ley que se modifica- cuáles son los fundamentos de su resolución, que deben basarse -como diría un abogado- "en el mérito del proceso". Pero no se puede impedir al superior jerárquico que dé a conocer la opinión del Ejecutivo desde un punto de vista técnico o desde la perspectiva de las políticas públicas generales. No veo ningún problema para que lo haga. Más aún, me parece aconsejable transparentar al respecto, porque hoy día -digamos las cosas como son- existe una maraña de llamados telefónicos mediante los cuales se presiona a algunos funcionarios.
Si surge una controversia entre un Seremi y la autoridad superior, me parece mucho más transparente que ella se resuelva a través de un documento, de una instrucción, de un fundamento donde la autoridad ministerial exprese claramente su punto de vista.
¿Qué es más transparente: que se siga operando mediante telefonazos, de mensajes o -como sucede hoy día- de instrucciones (por denominarlas de algún modo) subrepticias impartidas a través de los gobernadores o los intendentes, o que, por el contrario, los Ministros despejen por la otra vía aquel tipo de controversias con sus subordinados?
En consecuencia, pienso que corresponde eliminar -y por eso solicité votación separada- la última frase del inciso final propuesto para el artículo 15 de la ley N° 19.300, pues genera un conjunto de problemas.
¿Qué ocurrirá -vuelvo a plantear el punto- cuando un Seremi entre en controversia completa con el Ministro del ramo? ¿Por dónde se va a cortar el hilo? Obviamente, va a cortarse a posteriori del proceso de calificación ambiental, y eventualmente en el Consejo de Ministros, por donde corresponde.
Por tanto, se trata de algo que no contribuye a la transparencia y que, desde el punto de vista de la gestión de los proyectos ambientales, lejos de favorecerlos, va a terminar perjudicando su clara y expedita tramitación.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, el tema que nos ocupa es muy interesante.
Lamentablemente, estamos llegando al ocaso de una era bastante dramática para el medio ambiente.
Considero bastante razonable la similitud que quiso hacer el Ministro Viera-Gallo entre Chile y China.
No obstante, creo que nuestra situación es bastante peor que la de ese país asiático, porque allí violan el medio ambiente de manera abierta, sin ninguna contemplación; hacen tabla rasa de toda norma ética ambiental y de las disposiciones en materia de salud. Pero, por desgracia, en Chile eso se esconde detrás de una verdadera farsa: la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que es una vergüenza. Y por eso hay que cambiarla, pues ya no da para más.
Cuando fui Director del SESMA , antes de que se dictara dicho cuerpo legal, había bastantes más impedimentos y regulaciones que en la actualidad.
La referida Ley ha significado un verdadero retroceso en materia ambiental.
Pongo un solo ejemplo: bastaba que un ente técnico expresara rechazo por razones de esta índole -me refiero particularmente al Servicio Agrícola y Ganadero y al Ministerio de Salud- para que no se pudiera llevar a cabo el proyecto presentado.
Hoy día, con esta invención, con esta verdadera entelequia que es la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se ha retrocedido.
Antes de ella, los rechazos de ciertos organismos significaban un impedimento y obligaban a las empresas a modificar sus proyectos para cumplir las exigencias técnicas.
Por eso, Senador Allamand , lo que se plantea es muy importante.
En la actualidad el nivel de desprotección en materia ambiental es enorme. Y lo quiero ilustrar con un solo ejemplo.
Se acaba de aprobar un proyecto de ampliación de la mina Cerro Colorado. Salud sostiene que se viola una norma (es como si respecto de una carretera el proyecto dijera que se debe transitar a 200 kilómetros por hora, en circunstancias de que el máximo permitido en Chile es de 120). El Ministerio del ramo -los criterios de Salud son objetivos; los de otros organismos, a lo mejor no- sostiene que se sobrepasa el nivel PM-10, máximo tolerable para trabajadores. Tal fue la evaluación hecha por el Seremi de Salud en función del informe de impacto ambiental. Y el propio estudio dice que se va a sobrepasar el nivel PM-10 o el límite de cianuro en el río, cuyas aguas después riegan.
Entonces, ¿qué hace la COREMA?
Antiguamente, el informe de Salud era dirimente: si el proyecto era negativo, no se podía llevar a cabo. En la actualidad, el asunto llega a un cuerpo político.
La COREMA es un tribunal de primera instancia. Recuerden Sus Señorías que el Consejo de Ministros es un tribunal de segunda instancia.
Ya es malo, entonces, que el ente revisor pueda incidir sobre la primera instancia, que debe resolver -se supone- sobre la base de los méritos del proyecto. Pero además se halla la posibilidad de que esa primera instancia, teniendo a la vista el informe del Ministerio de Salud -este no es subjetivo, sino objetivo, porque se hace en función de normas-, vote a favor del proyecto a pesar de la recomendación en contrario de aquella Secretaría de Estado.
Es como si se expresara: "No tome esa agua porque, según el Ministerio de Salud, produce cáncer", pero luego una instancia colegiada, en conocimiento de esa advertencia, pudiera decir: "No, tómela no más; obvie lo señalado en el informe de Salud".
Entonces, ¿qué ocurre acá?
Muchas veces ha habido seremis -pocos, pero han existido- decentes, correctos, que han hecho caso a los informes técnicos.
En la Quinta Región , por ejemplo, en una cementera se quería utilizar neumáticos como combustible (estos, al ser quemados, producen dioxina, la sustancia más cancerígena que el ser humano ha creado). ¿Qué hizo el Seremi del ramo? Dijo: "Yo voy a acoger el informe técnico". ¿Qué señalaba este? "Salud rechaza la quema de neumáticos en esa cementera". Pues bien, el Ministro lo llamó para decirle: "Su juicio es el que corresponde. Y es el que se debieran haber formado todos los demás seremis".
Yo pregunto: ¿Qué argumento pudieron tener el de Economía y el de Obras Públicas, por ejemplo, quienes resolvieron que sí se podía quemar neumáticos? ¿Cuál era la información con que contaban? ¿Sobre qué base científica hicieron caso omiso de ese informe, lo que hoy día no conlleva ninguna responsabilidad ni sanción alguna?
En ningún país del mundo se aprueban los proyectos de esa manera. En todas partes se deben cumplir las exigencias técnicas.
Y no hay incidencia política por aquel concepto, señor Presidente. Esta es ex post. Cuando el proyecto cumple tales exigencias puede producirse, evidentemente, un efecto político. Pero primero tiene que mediar el cumplimiento de aquellas.
Acá se permite eso. Y por ello es tan importante que no exista intervención, pues esta se ejerce sobre los pocos seremis que se atreven a tomar en serio los informes técnicos.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , lamento que no podamos abordar en este debate cuestiones más de fondo que dicen relación al medioambiente. De modo que solo quiero hacer un comentario en cuanto al tipo de influencias que se ejercen sobre quienes tienen la responsabilidad de tomar en sus Regiones o en el país decisiones a veces extraordinariamente trascendentes respecto de esta materia.
No es admisible seguir aceptando, por ejemplo, situaciones como la ocurrida hace poco en Atacama, donde, a raíz de un estudio de impacto ambiental, una empresa térmica tenía la obligación de implementar una tecnología altamente compatible con el medioambiente en una zona que ya está saturada desde este punto de vista y, por una suerte de resolución, en virtud de una declaración de impacto ambiental radicada en la COREMA correspondiente, cambió esa tecnología y, sencillamente, impuso una distinta, más atrasada, que no tiene nada que ver con la que había comprometido. En definitiva, los únicos afectados serán los ciudadanos, quienes, producto de tal decisión, deberán respirar un aire malsano.
Aquí hay algo absolutamente absurdo. Y espero que la iniciativa de ley que nos prometió el señor Ministro llegue pronto. Porque sucede que el estudio de impacto ambiental fue hecho por los Ministros -ellos, supuestamente, tienen la responsabilidad de velar por el conjunto de la política medioambiental-, mientras los seremis pueden adoptar la decisión de afectar a determinada Región.
Por consiguiente, me preocupa el punto.
En segundo término, convengo en que sobre esta materia no puede haber instrucción política ninguna. Me parecería francamente lamentable que generáramos las condiciones para que los superiores -entre comillas- obligaran a sus subordinados a adoptar cierta conducta.
En esta materia deben primar criterios estrictamente técnicos, pero que no solo obliguen a la autoridad, sino también a las empresas, que normalmente son las que afectan el medioambiente.
Eso es lo que ocurre en minería, donde, dado el precio del cobre en el mercado internacional, hoy no existe nadie que se oponga a la posibilidad de implementar proyectos, porque imponer algún criterio distinto desde el punto de vista medioambiental significa lisa y llanamente decirle a una Región que no va a tener inversiones en uno de los factores más importantes para su desarrollo económico.
Por tanto, hemos de ser extraordinariamente consecuentes y equilibrados para los efectos de que no suceda lo uno ni lo otro: ni que un funcionario público imponga determinado criterio, ni que tengan vía libre aquellos que pretenden que cualquier actividad en sí misma, por el solo hecho de generar riqueza, deba ser aceptada desde el punto de vista medioambiental.
Eso no ha estado presente en la discusión planteada aquí, y creo que tenemos que analizarlo, aunque sea muy brevemente.
Por tales razones, sin perjuicio de votar a favor de la eliminación de la frase cuestionada, creo que estamos dando un paso muy pequeño en relación con el desafío que enfrentamos en esta materia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , cuando estudié el artículo pertinente, me pareció que la frase era rara y casi ofendía al proyecto -por así decirlo- al prohibir al superior darle órdenes al subalterno para que resuelva de determinada manera. Lo encuentro extraordinariamente agresivo.
Distinto sería que en una conversación natural uno le planteara al otro su visión, sus espacios, en fin.
Yo concuerdo con todos los que aquí han defendido la posición de que la decisión final tiene que contar con un respaldo técnico muy nítido, muy claro. No se puede, por razones políticas, vulnerar una norma técnica que recomienda proceder de cierta manera. Y eso -lo sabemos- conlleva un costo.
Cuando leí el proyecto -reitero-, me pareció extraño que existiera la frase cuestionada. Y mi primera reacción fue participar en su eliminación. Sin embargo, creo que es una señal que se está dando. Y, pese a que ello no me gusta, quiero profundizar al respecto.
La prohibición de la orden del superior es brutal. Va en la línea del concepto que tengo de que no debieran existir ni la orden de partido ni ninguna indicación de ese tipo, porque la libertad de criterio de la persona llamada a resolver sobre una materia porque la normativa así lo establece debiera ser sacrosanta.
Así lo pienso, y soy consecuente con eso aquí, allá y más allá, dondequiera que me pongan el tema.
Por consiguiente, subrayando que la frase es brutal y que casi ofende al proyecto, la considero una buena señal política en la línea de decir: "Las órdenes están prohibidas, sean de partidos, sean de autoridades, en fin. Dejemos que los criterios de la persona que ha de resolver sean los que primen, sobre la base de consideraciones técnicas".
En tal sentido, estoy de acuerdo con el Senador señor Girardi.
He dicho.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Corresponde pronunciarse respecto de la frase que el Honorable señor Allamand pidió votar separadamente, contenida al final del número 2) del último inciso que se propone para el artículo 15 de la ley N° 19.300.
En votación.
El señor ALLAMAND.-
¿Cómo se vota?
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Votar que sí equivale a mantener la frase tal como la propone la Comisión; votar que no, a eliminarla.
El señor ALLAMAND.-
Gracias.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la última frase del inciso final, nuevo, del artículo 15 (19 votos contra 6).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Gazmuri, Girardi, Horvath, Larraín, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Vásquez.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores señores Allamand, Espina, García, Novoa y Romero.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
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