El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 265, de los diputados señores González, Accorsi, Paredes, Sule,Quintana, Verdugo, Rojas, Ortiz; de la diputada señora Pascal, doña Denise, y del diputado señor Silber. “Considerando: Que el avance de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) ha alterado profundamente el desarrollo social, cultural y económico del mundo, transformándose en uno de los principales motores del actual proceso de globalización. Dichas tecnologías no solamente permiten comunicaciones más rápidas, seguras y universales, geográficamente, sino, también, han abaratado sensiblemente sus costos y ampliado progresivamente su potencial de accesibilidad; Que, mientras países como Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malasia e Indonesia invertían una cifra cercana al 3% de su producto geográfico bruto (PGB) en investigación y desarrollo científico, en 2001 -en los países subdesarrollados, las tasas de inversión en investigación científica no alcanzaban el 1%-, según antecedentes de la Sociedad Chilena de la Ciencia y la Computación. En 2003, el Ministerio de Ciencia y Tecnología coreano precisó que la inversión en ciencia y tecnología alcanzó el 6% del PGB (US$ 47 billones). En Chile, en cambio, la inversión en investigación científica y desarrollo, actualmente, no alcanza el 0,6% del producto interno bruto (PIB), lo cual es extremadamente bajo, pues, incluso en algunos países en vías de desarrollo, ésta alcanza el 1,3%; Que, desde la perspectiva del desarrollo interno del país y de la distribución de la riqueza, el acceso restringido de los sectores socioeconómicos más vulnerables a las redes digitales de información y comunicaciones ha profundizado las desigualdades, incrementando la llamada ‘brecha digital’ y, con ello, la diferencia de oportunidades entre quienes acceden a las redes y los que no tienen acceso a ellas y se ven privados del bienestar social y calidad de vida que éstas proporcionan. En Chile, según el informe del Grupo de Acción Digital, basado en la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), de 2003, el 46,3% de los mayores de cinco años de edad -equivalente a seis millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro personas- accede a un computador. De esta cifra, en 2006, el 88,2% de los hogares ubicado en el sector ABC1 tiene acceso a un PC conectado a Internet, mientras que en los hogares de los sectores D y C, sólo el 16,2% y el 35%, respectivamente, lo que significa que menos del 30% de la clase media y baja tienen esta posibilidad. Según el índice de generación digital del Mineduc-Adimark 2006, los establecimientos educacionales se revelan como la principal fuente de acceso a computadores para los jóvenes; no obstante, sólo el 42,9% (menos de la mitad) de este grupo etario accede con facilidad a un computador en su establecimiento educacional, debido a los horarios, los días y las condiciones limitadas de uso impuestas. Más aun, esta encuesta señala que sólo el 25% de los niños de colegios municipales tiene acceso a Internet en el hogar, mientras que este índice es del 37% en colegios subvencionados y del 67% en los particulares; Que, de acuerdo con el texto ‘Desarrollo Humano en Chile. Las nuevas tecnologías: ¿un salto al futuro?’, de 2006, sólo el 35% de los jóvenes del quintil de menores ingresos tiene acceso a Internet, mientras que en los jóvenes del quintil más rico ese porcentaje alcanza el 80%. De la población menor de veintiún años de edad que accede a Internet en el quintil más pobre, sólo el 1% lo hace desde su hogar, mientras que en el más rico, este porcentaje llega al 54%. Finalmente, la desigual distribución del ingreso determina que la ‘canasta completa’ de acceso a las TIC (telefonía fija y móvil, TV cable e Internet con banda ancha) a los precios e ingresos actuales sólo lo adquiere el quintil de mayores ingresos. Se tiene un acceso cada vez más incompleto, a medida que se reduce el ingreso de los hogares, disminuye el tamaño de la empresa y aumenta la distancia respecto de los grandes centros urbanos; Que, en la actual sociedad del conocimiento, el acceso a Internet debe llegar a definirse como una necesidad básica, tal como en el siglo XX lo fue la alfabetización y como lo son los servicios básicos de agua potable, luz y gas, bienes todos que las personas requieren para desarrollarse, tener una mejor calidad de vida y progresar; Que, debido a que en la sociedad se generan exclusiones de modo constante, incluyendo la digital, es deber del Estado adoptar todas las medidas tendentes a ponerles freno y, en lo posible, eliminarlas a través de políticas públicas consistentes. Por ende, se hace indispensable la ayuda del Estado para que los sectores de escasos recursos tengan un acceso crecientemente igualitario a las tecnologías de la información. En lo que se refiere a la conectividad, las áreas y barrios en los que viven mayoritariamente los quintiles de más bajos ingresos son comercialmente menos atractivos para las empresas de telecomunicaciones, habida cuenta de la alta inversión que requiere la instalación de Internet y los consumos previsibles de sus habitantes. Por ello, amplios sectores de las nuevas poblaciones y complejos de viviendas sociales carecen de la infraestructura facilitante para el acceso a las TIC en el hogar. Los altos costos que cobran por la conectividad las grandes empresas proveedoras -sin duda excesivo e incluso abusivo en comparación con los de otros países-, hace prever que en esos territorios densamente poblados, al igual que en las áreas rurales, puede pasar mucho tiempo aún sin que la población pueda beneficiarse de este servicio indispensable, de no mediar una activa intervención estatal; Que, en Chile, existe un alto costo de conectividad en comparación con otros países del mundo y América Latina. Según cifras de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) -red internacional de organizaciones cívicas creada en 1990-, de 2005, el costo mensual del acceso a Internet es mucho menor en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el costo de acceso a Internet en Singapur (US$ 10,56) es mucho menor que en Perú (US$ 25), Argentina (US$ 24), Colombia (US$28) y México (US$ 18). Sin embargo, estos costos son relativamente bajos respecto de los que las compañías de telecomunicaciones cobran en Chile (US$ 50 o superior); Que, el punto 27 de la Declaración de Túnez -efectuada por la Sociedad Internacional de la Información, de 28 de junio de 2006- recomienda: a) Proporcionar un acceso asequible a las TIC, aplicando para ello las siguientes medidas: Reducir los costos de interconexión internacional a Internet, que imponen los proveedores de redes troncales (backbone), y Apoyar, entre otras cosas, la creación y el desarrollo de puntos de intercambio de Internet y redes troncales regionales de las TIC, al objeto de reducir los costos de interconexión y ampliar el acceso a la red; b) Contribuir a acelerar el desarrollo de instrumentos financieros nacionales, favoreciendo en especial los sistemas de microfinanciación locales, las incubadoras de empresas de las TIC, los instrumentos de crédito público, los mecanismos de adjudicación inversa, las iniciativas de interconexión basadas en comunidades locales, la solidaridad digital y otras innovaciones; c) Mejorar el acceso a los medios de financiación para acelerar el ritmo de financiamiento de la infraestructura y los servicios de las TIC, incluyendo por igual el estímulo de flujos Norte-Sur y la cooperación Sur-Sur, y d) Dar a los países en desarrollo la posibilidad de generar cada vez más capital para las TIC y crear instrumentos de financiación, incluidos los fondos fiduciarios y el capital seminal adaptados a sus economías; Que, el 12 de octubre de 2006, se presentó en esta Cámara de Diputados un proyecto de Reforma Constitucional que incorpora como un derecho esencial el de acceso a conectividad de información digital (boletín N° 4612-07); Que, en otras áreas sociales, el Estado ha intervenido a través de la creación de subsidios para superar las desigualdades. Entre los ejemplos a citar, está la ley N° 18.778, que establece el Subsidio al pago de consumo de agua potable y el servicio de alcantarillado de aguas servidas; el Subsidio Habitacional, que consiste en una ayuda directa del Estado a las personas para acceder a la vivienda, beneficio que se entrega sólo una vez y está dirigido a todo el grupo familiar. Su objetivo es ser un complemento al ahorro que los grupos familiares puedan hacer para financiar total o parcialmente sus casas; Que estos ejemplos permiten proponer, con la misma lógica, principios y procedimientos, la creación de un ‘subsidio tecnológico’ que, en el área de las TIC, facilite el acceso de los sectores de más bajos ingresos a Internet y a las redes digitales de información. Tal subsidio deberá permitir el acceso a las TIC a través del cofinanciamiento estatal a quienes, reuniendo los requisitos para ello, postulen o hayan postulado a viviendas sociales; Que, en este contexto, la creación del ‘subsidio tecnológico’ debería contemplar, en las futuras licitaciones de viviendas sociales, los procedimientos para que los postulantes puedan optar a la ayuda del Estado, para financiar, total o parcialmente, los costos de la infraestructura necesaria para asegurar la conectividad a Internet en los complejos habitacionales, sobre la base de que este aporte es un complemento al esfuerzo propio. La aplicación de esta política pública, además de romper uno de los factores más determinantes de la ‘brecha digital’, permitirá universalizar el uso de las TIC en la educación, la recreación, los trámites administrativos y el emprendimiento, y hacerlas de verdad accesibles a todos los sectores sociales, y Que existen precedentes que indican que es posible masificar Internet en viviendas sociales a costos accesibles y razonables. Un caso de ello es la reciente instalación de Internet en doscientas cuarenta viviendas de la población ‘San Expedito’, en el sector de Forestal Alto, de Viña del Mar, donde, en noviembre de 2006, el Servicio de Viviendas y Urbanización (Serviu) desarrolló una experiencia piloto, susceptible de ser aplicada a nivel nacional. Con la ayuda de una corporación sin fines de lucro, se estableció allí un infocentro, con telefonía, y se dio acceso a Internet a todas las viviendas de la primera población social ‘iluminada’ de Chile. Aparte de la novedad de la experiencia, lo más notable es el costo de la conectividad por familia, que sólo alcanza los dos mil pesos mensuales. La Cámara de diputados acuerda solicita: 1. A S.E. la Presidenta de la República que cree un subsidio tecnológico complementario al subsidio de la vivienda, que permita incorporar en la construcción de las viviendas sociales la infraestructura necesaria para la conectividad a Internet y 2. A la ministra de Vivienda y Urbanismo, y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de que instruya a la Subsecretaría de Telecomunicaciones; Al ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción y al ministro del Interior , al objeto de que instruya a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que, en forma separada o conjunta, realicen los estudios necesarios para hacer viable este subsidio tecnológico, aplicando la misma lógica, principios y procedimientos que rigen los subsidios de la vivienda y otros beneficios sociales, permitiendo que, en el más breve plazo, las licitaciones públicas de viviendas, complejos habitacionales y nuevos asentamientos urbanos, incorporen este beneficio, haciéndolo también extensivo a la vivienda rural.”
CREACIÓN DE SUBSIDIO TECNOLÓGICO COMPLEMENTARIO AL DE VIVIENDA.