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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el fin de permitir la participación ciudadana en los procesos de calificación de las declaraciones de impacto ambiental, con informe de la Comisión de Medio Ambiente, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5483-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Sabag).
En primer trámite, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y B. Nacionales, sesión 88ª, en 4 de marzo de 2008.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los principales objetivos de la iniciativa son, por una parte, consagrar la participación ciudadana para el instrumento de evaluación ambiental denominado "Declaración de Impacto Ambiental", y por otra, eliminar el régimen de publicaciones mensuales que debe efectuar la autoridad, sustituyéndolo por la publicación de un extracto del proyecto sometido a evaluación, la cual sería de cargo del titular de dicho proyecto.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Ávila, Horvath y Navarro.
El texto del proyecto puede ser consultado por Sus Señorías en el informe respectivo.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Horvath, uno de los autores de la moción.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, como ha explicado el señor Secretario , el objetivo de esta iniciativa legal es justamente abrir un espacio, muy reducido en cuanto a cantidad de días, para que las organizaciones ciudadanas y las personas naturales que se sientan afectadas por determinado proyecto hagan presentaciones a la autoridad.
Esto resulta vital, porque, en la actualidad, la ciudadanía toma conocimiento de la aprobación de una gran cantidad de proyectos una vez publicados en un diario al que ella no accede fácilmente, no habiendo una etapa previa en la cual pueda participar para perfeccionarlos.
Asimismo, ha habido casos en los que necesariamente se requería un estudio de impacto ambiental, pero se ha seguido un camino no muy claro para obtener las declaraciones correspondientes. Ello ha generado problemas bastante sustantivos en ciertos proyectos que terminan afectando la salud de las personas y las condiciones del medio ambiente o la naturaleza.
En el entendido de que la participación ciudadana enriquecerá los proyectos, con la posibilidad de armonizarlos en los plazos fijados, estos beneficios se acotan -como establece el proyecto de ley- en los plazos que correspondan.
Normalmente, se cuenta con 60 días para hacer los estudios de impacto ambiental, y, en este caso, serán solo 20 días. Y si alguien encuentra inconvenientes o tiene fundamentos para un recurso de reclamación, el sistema da 15 días para presentarlo y 30 para resolverlo. Sin embargo, la ciudadanía contará con 5 días para hacer su presentación, y la autoridad tendrá 10 días para resolver.
Por otra parte, la iniciativa deroga el artículo 30 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el cual dispone la obligatoriedad de publicar las declaraciones de impacto ambiental, y las sustituye por la publicación de los extractos, a partir de la cual comienzan a correr los plazos que aquí se señalan.
La iniciativa señala en el numeral 2° que "Se deberá efectuar la referida indagación" cuando se reciba una denuncia fundada o se encuentre en la Declaración de Impacto Ambiental algún aspecto erróneo, incompleto o inexacto por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente o la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En el fondo, dicha indagación se refiere a la aclaración, rectificación o ampliación que establece la propia ley.
Los plazos no se alargan en términos excesivos, sino que, por el contrario, son mínimos. Y con ello se posibilita que las observaciones a los proyectos se presenten a tiempo y alcancen a rectificarse.
Esta es una iniciativa en que la suma beneficia a las partes.
Por eso, sugerimos a la Sala que apruebe el proyecto en general por unanimidad, tal como lo hizo la Comisión de Medio Ambiente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, al calor del debate sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente y, en particular, el perfeccionamiento de la legislación medioambiental, se abre un horizonte de reforma ¿espero, profunda- a la Ley N° 19.300, que actualmente regula un sistema normativo en esta materia. Sin embargo, es un proceso que puede demorar uno o más años.
Las estadísticas indican que el 97 por ciento de los proyectos que evalúa la CONAMA ingresan como declaraciones de impacto ambiental y solo el 3 por ciento corresponde a estudios de impacto ambiental. En dicha evaluación no hay participación ciudadana. Es decir, en términos crudos, concretos y reales -las cifras no mienten-, de cada 100 proyectos 97 se realizan sin que la comunidad, organizada o no, dé a conocer su opinión acerca del impacto que estos pueden significar para sus viviendas, sector, comuna o Región.
Por lo tanto, es preciso incorporar una mayor participación de la ciudadanía sobre el particular.
La iniciativa que nos ocupa ratifica que ningún proyecto que se ejecute en el país puede lesionar los derechos que la Constitución asegura a las personas, y estos incluyen lo relacionado con el medio ambiente.
Aparte del porcentaje antes mencionado, en muchos casos la autoridad ha otorgado a determinados proyectos el carácter de estudios de impacto ambiental, y a otros -de enorme envergadura-, el de declaraciones.
Por lo tanto, deberíamos aprobar la moción en discusión, con independencia de que el Gobierno en los meses sucesivos -espero que pronto- presente una iniciativa tendiente a reformar profundamente la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
En muchas ocasiones hemos señalado que el propio estudio de impacto ambiental es un mecanismo deficiente, que excluye la participación ciudadana.
Este proyecto es un paso pequeño, pero importante. El sistema de evaluación de impacto ambiental otorga plazos muy cortos y precisos. Es decir, hay participación ciudadana en la primera etapa, pero si existen observaciones o addendum ¿esto es, entrega de nueva información- aquella no interviene. Incluso en el 3 por ciento de los estudios que mencioné denantes existe una sesgada participación a la hora de debatir, no digo de decidir, porque aquella no es vinculante en esta materia. Y tampoco lo es en la iniciativa en discusión. No es que los ciudadanos vayan a decir: "Observamos, nos oponemos y determinamos que no se realice el proyecto"; pero por lo menos se establece el sagrado "derecho a pataleo", en cuanto a que las personas tengan la posibilidad de hacer oír su voz y exponer sus argumentos.
El sistema de declaración de impacto ambiental, como no contempla la participación ciudadana, no ha arrojado experiencia sobre el particular. En cambio, los estudios de impacto ambiental, sí.
Debo señalar que la batalla es desigual. Para los ciudadanos comunes y corrientes, que laboran y se ganan el pan de cada día, que nunca han cursado un magíster o una licenciatura en Harvard, enfrentarse a equipos compactos, organizados y de grandes recursos -como los que poseen las empresas tras cada proyecto-, o a los equipos jurídicos de la CONAMA y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -actualmente-, les genera una situación de desequilibrio. No es admisible pedirles que participen en un proceso para el cual no se hallan capacitados ni cuentan con recursos para acceder a él de manera informada y con conocimientos técnicos.
Por lo tanto, esa es una de las falencias del proyecto que espero remediar en su debate. Es preciso posibilitar la participación, pero, además, la normativa debe consagrar el beneficio de pobreza -existente en otros casos-, de manera que las personas puedan acceder a información calificada y a una asesoría técnica y jurídica -elegida por ellas, pero pagada por la propia empresa-, a fin de generar una participación regulada y acotada.
Lo anterior resultará beneficioso para la empresa, el proyecto y los propios ciudadanos.
En innumerables ocasiones he presenciado una participación carente de conocimientos técnicos, de asesoría jurídica y, particularmente, de información básica. Si bien la CONAMA publica un extracto del estudio de impacto ambiental de que se trate en un periódico de circulación regional o nacional, ello es insuficiente. Se debe garantizar siempre un acceso gratuito y expedito a todos los documentos, en cualquier minuto, durante ese proceso. Ello es esencial para asegurar una participación real.
Señor Presidente , como he señalado en otras oportunidades, nuestro ordenamiento constitucional se basa en un sistema presidencialista, que se cae a pedazos. Esta monarquía presidencial, que excluye a los ciudadanos de participar en la construcción del país, se agota. Y con la iniciativa en discusión estamos dando un pequeño paso, es decir, permitiendo un poco de participación: los ciudadanos no van a cambiar el curso del proyecto sujeto a evaluación, pero a lo menos serán escuchados.
Estimo que el Senado debería aprobar la iniciativa, al menos para abrir el debate en torno a la materia en comento. Ella tiene el mérito de poner el dedo sobre la llaga de un tema latente y urgente: la exigencia de mayor participación ciudadana en todos los procesos donde se involucren el Estado y el sector privado, a fin de garantizar accesibilidad e igualdad.
Por lo anterior, vamos a apoyar el proyecto iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, y a sumarnos a otras iniciativas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, la que sanciona a quien elabore una declaración o estudio de impacto ambiental fundado en antecedentes falsos. Lamentablemente, ello lo hemos observado en reiteradas ocasiones, y solo mediante un recurso judicial es posible aclarar y condenar dichos ilícitos. Por lo tanto, es necesario que la legislación actual contemple sanciones de oficio, tanto para los estudios como para las declaraciones, una vez constatada la falsificación. Hoy día, debe recurrirse a los tribunales de justicia y demostrarse la falsificación para que sea posible aplicar penas que, en todo caso, no afectan al proyecto sujeto a evaluación, dado que los procesos judiciales son de larga duración.
Como expuse anteriormente, este es un paso en la línea de ir perfeccionando la legislación ambiental. La Comisión de Medio Ambiente del Senado -que integro junto con los Senadores señores Longueira , Allamand , Ávila y Horvath - revisó la iniciativa, cuyo debate entendemos como una manera de ir conformando elementos a la espera de que el Ejecutivo presente un proyecto -en el más corto plazo-, que nos permita llevar a cabo una discusión general mucho más profunda.
Mientras tanto, negarse a debatir asuntos de tanta preocupación ciudadana como este, no parece procedente. Y, por ello, anuncio que voy a votar a favor del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, si existiere voluntad por parte de la Sala y la Mesa, podríamos despachar la iniciativa en general y en particular.
Y quiero argumentar por qué.
La verdad es que se trata de un proyecto bastante simple, y dado que está por ingresar uno que establece una nueva institucionalidad, lo único que cabe es apurar su trámite. De lo contrario, es evidente que la nueva institucionalidad recogerá la idea planteada por los Senadores que presentaron la moción, que apunta básicamente a permitir la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, lo cual hoy no ocurre.
Por lo tanto, se hace una equivalencia. El resto de los artículos del proyecto establecen los plazos y, de alguna manera, adecuan la idea de legislar, cuyo propósito no es otro que permitir la participación ciudadana no solamente en la fase de los estudios de impacto ambiental como se ha establecido, sino también en la de las declaraciones de impacto ambiental.
Entonces, ojalá evitemos el trámite de que vuelva a la Comisión, porque se trata de una iniciativa de fácil despacho, salvo que no exista tal voluntad.
En consecuencia, los Senadores de la UDI respaldaremos la moción, haciendo hincapié en que se tramite con la mayor brevedad posible para esperar la iniciativa sobre la nueva institucionalidad que, dadas la complejidad y la cantidad de modificaciones que se introducirían al ordenamiento que establece la ley Nº 19.300, va a ser de mayor complejidad y de larga discusión.
Por tales razones, anuncio que aprobaremos el proyecto en debate.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente la iniciativa, originada en moción de los Honorables señores Sabag y Horvath.
No obstante, sin perjuicio de impulsar una modificación mayor en asuntos ambientales que, a mi juicio, resulta del todo indispensable, estimo que la iniciativa es susceptible de ciertos mejoramientos, razón por la cual debiéramos darnos un breve plazo para presentar indicaciones, a fin de no dilatar excesivamente su tramitación. Por ello, es obligación del Senado perfeccionarla en la medida de nuestras posibilidades.
En virtud de ello, quiero indicar siete u ocho líneas de mejoramiento del proyecto, las cuales se traducirán en diversas indicaciones que -espero- puedan ser estudiadas y aprobadas, si los Senadores y Senadoras las estiman convenientes.
La iniciativa busca equilibrar la participación ciudadana establecida para los estudios de impacto ambiental a las declaraciones de impacto ambiental, reduciendo los plazos para estas últimas, en atención a la distinta entidad y naturaleza de los proyectos y de las actividades sometidos a ellas. Tal enmienda, en mi concepto, apunta en un sentido correcto.
Por otra parte, elimina el régimen de publicaciones mensuales con cargo a la autoridad, sustituyéndolo por la publicación de un extracto a costa del titular del proyecto o de la actividad respectiva.
Ambos objetivos son perfectamente razonables y mejoran el ordenamiento jurídico que rige hoy día.
De todas maneras, considero factible perfeccionar la iniciativa en debate en las siguientes direcciones.
En primer lugar, es posible fortalecer una mayor participación de la ciudadanía en los estudios de impacto ambiental, ya que la ley vigente permite a la Comisión, en ciertos casos, mantener en reserva los antecedentes técnicos o financieros de un proyecto (artículo 28 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente).
Sin embargo, sería adecuado que, en eventos de alto impacto ambiental, esa posibilidad de reserva no existiera. También implicaría un gran avance determinar las circunstancias en que no sea pertinente mantener dichos antecedentes ajenos al conocimiento de la población. Si queremos avanzar en transparencia debemos hacer un esfuerzo para que el mayor número de antecedentes estén a disposición de la comunidad.
Mi segunda observación dice relación a que, de acuerdo con el artículo 29 del citado cuerpo legal, los representantes de las organizaciones comunitarias y las personas naturales afectadas cuyas observaciones a un proyecto no hubieran sido consideradas por la autoridad ambiental en su resolución, podrán reclamar ante un superior jerárquico. Sin embargo, parece conveniente que tal recurso pueda ventilarse ante el tribunal correspondiente -la Corte de Apelaciones-, sustrayéndolo de la órbita netamente administrativa. Ello da a la comunidad mayores posibilidades de defenderse de proyectos que pueden ser ambientalmente muy negativos.
A propósito de este punto, más adelante daré a conocer mis impresiones acerca de un proyecto que hoy día es objeto de una evaluación de impacto ambiental.
En tercer lugar, debe incorporarse como requisito de las declaraciones de impacto ambiental un acta que dé cuenta de haber puesto el proyecto en conocimiento del concejo municipal de la comuna donde este se llevará a cabo.
Considero esta enmienda de la mayor importancia. Muchas veces se aprueban estudios o declaraciones de impacto ambiental sin siquiera consultar una opinión formal al concejo municipal correspondiente. Opino que eso no es correcto, pues finalmente será la comuna donde se radique un determinado proyecto la que va a experimentar los costos que este implique.
Por lo tanto, debiera ser de trámite absolutamente normal el hecho de que el concejo municipal sea notificado formalmente respecto de los alcances del proyecto.
En cuarto término, me parece atendible la posibilidad de flexibilizar los requisitos de procedencia del recurso de protección ambiental.
En otros ámbitos, resulta aconsejable -lamento que la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente no se halle presente en esta discusión para solicitárselo- otorgar mayores recursos a la Unidad de Educación Ambiental para orientarlos a la creación de políticas y programas de educación ambiental, a fin de que la comunidad no solo intervenga en los procesos, sino que alcance una participación informada y de calidad para hacer valer sus inquietudes de mejor manera.
Más que una modificación legal, el planteamiento anterior es una petición al Ejecutivo para que la participación ciudadana, consagrada en la legislación ambiental, no sea una cuestión puramente formal.
Asimismo, sería recomendable considerar la posibilidad de enmendar el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con la finalidad de agregar casos referidos a la instalación de plantas eléctricas y nucleares, por cuanto las primeras se están multiplicando en nuestro país en condiciones ambientales extremadamente precarias y discutibles.
Además, se hace necesario incorporar en los procesos de evaluación de los estudios o de declaraciones de impacto ambiental la participación de un representante de la comunidad afectada por el proyecto (léase dirigentes de juntas de vecinos, de corporaciones o del gobierno local), porque es una manera de hacer más efectiva la participación ciudadana que la moción busca mejorar.
Por otro lado, estimo pertinente crear un mecanismo para que la comunidad afectada pueda impugnar los estudios hechos por una empresa y que estos sean sometidos a la consideración de la autoridad ambiental en un plano de igualdad. La forma como se relaciona la población respecto de las empresas es completamente asimétrica, desigual. Y, desde ese punto de vista, la participación ciudadana tiene mucho de ficticio, de ilusorio.
Por último, debo plantear una última directriz que escapa al ámbito del proyecto en debate, pues no tenemos iniciativa para ello. No obstante, insistiré al respecto. Me refiero a modificar la constitución de la CONAMA y de las COREMAS. Me parece que su estructura es totalmente insostenible y el hecho de que sean instituciones compuestas por una abrumadora mayoría de funcionarios públicos les resta todo tipo de independencia.
En el tiempo que me queda, señor Presidente, quiero relatar una experiencia que viví el día de ayer.
Se pretende aprobar la instalación de una cuarta turbina de la empresa AES GENER en Puchuncaví. Si existe una zona que ha sido ambientalmente devastada en el país es la comuna de Puchuncaví. Muchos señores Senadores que probablemente han viajado a Maitencillo, Cachagua o a lugares aledaños, habrán podido constatar que el entorno donde ella se ubica es muy parecido a un paisaje lunar. Se trata de una zona que viene siendo devastada desde hace ya, por lo menos, cincuenta años.
Su destrucción partió con la instalación de la Fundición de la Empresa Nacional de Minería en los años 50. Luego, continuó -si no me equivoco fue en 1957- con la inauguración de la primera unidad de Chilectra; posteriormente se instaló la segunda unidad de dicha empresa en 1977, sin ningún tipo de participación ciudadana ni menos un estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. En 1977 las cosas en el país pasaban de un modo bastante distinto.
Fue así como esa zona terminó siendo ampliamente saturada.
La Empresa Nacional de Minería estuvo al borde de la quiebra porque tuvo que iniciar -aquí hay señores Senadores que conocen bien el tema- un proceso de descontaminación que costó más de cien millones de dólares, los cuales fueron cargados a sus pasivos financieros. Tanto es así que para salvarse de la quiebra, ENAMI debió desprenderse de su principal activo -la Refinería de Ventanas- que afortunadamente se mantuvo bajo control público, gracias a una ley que aprobamos en el Parlamento mediante la cual su propiedad pasó a manos de CODELCO.
Todo ello perseguía sustentar financieramente a la Empresa Nacional de Minería que quedó en condiciones de quiebra debido a la mala administración de su dueño que le retiró todas las utilidades, lo cual le impidió servir sus gigantescas deudas.
Sin embargo, en ese proceso también jugó un papel importantísimo el tema medioambiental.
Me dio mucho orgullo participar ayer, en conjunto con el concejo municipal de Puchuncaví -órgano encabezado por un alcalde del Partido Democratacristiano, pero ampliamente representativo de todos los sectores políticos-, en una sesión de la Comisión del Medio Ambiente de la Quinta Región. Y quiero decir que lo que allí ocurre constituye francamente una vergüenza. Uno puede llevar cualquier argumento, y los funcionarios -la mayoría de los integrantes de la COREMA- están obligados a votar tal cual se les indica. No tienen ninguna autonomía, no hay argumentación que pueda conmoverlos. Porque ellos se encuentran allí, simplemente, cumpliendo una función que es parte de su cargo, de su responsabilidad administrativa.
Yo hice presente que en una zona cercana a este Parlamento, muy pequeña, de no más de 50 a 60 kilómetros cuadrados, entre Quillota y Puchuncaví-Ventanas (para que los señores Senadores sepan: entre un sector y otro no hay más de 30 kilómetros de distancia), se está concentrando la producción de alrededor de 3 mil megavatios, lo que significa cerca de un tercio de la capacidad total de generación del Sistema Interconectado Central.
Es cierto que muchas veces las comunidades tienen alegatos egoístas: no quieren que en su territorio se instale una cárcel, una central eléctrica, en fin. Se trata de necesidades de la gente, pero nadie desea asumir las consecuencias de las instalaciones respectivas.
Debo subrayar que este no es el caso. Cuando se está llegando, con las centrales Nehuenco y San Isidro, en Quillota; con la planta de GNL, en Quintero, y con Ventanas I, II, III y IV, a cerca de 3 mil megavatios, que representan -como acabo de expresar- casi un tercio del total del Sistema Interconectado Central, no podemos hablar de una localidad egoísta.
Yo fui a plantear este punto, a pedir que se reconsiderara la situación.
Sin duda, para una empresa resulta mucho más fácil ir a enchufar una lámpara ahí donde hay un interruptor ya puesto; eso es cierto. Pero no me parece -y así lo hice presente en la discusión de ayer- que todos estos proyectos, que son tan indispensables para el país, tengan que concentrarse en una localidad. La autoridad debiera ser capaz de velar por una distribución más equitativa de los costos que implica la instalación de centrales de aquella índole.
Se dice que, con las nuevas tecnologías, el nivel de emisión se mantiene constante, porque la instalación de la nueva turbina incorpora procedimientos que permiten retirar contaminación de las anteriores.
Si eso es así, uno se pregunta por qué las empresas no lo hicieron antes, por qué tenían que esperar la instalación de una nueva turbina para hacer el cambio que les permitiera a esos habitantes, que llevan 50 años soportando los efectos de la contaminación, dejar de sufrirlos.
Yo no soy médico ni experto en la materia, pero hay bastante evidencia sobre la prevalencia dos a tres veces de distintos tipos de cáncer producto justamente de la situación descrita.
Entonces, quiero insistir en la urgencia de que demos una señal por la vía de este proyecto, que me parece positivo. Y creo que en unos pocos días podríamos mejorarlo en todo lo que esté a nuestro alcance, pero dejando claramente establecido que el fuerte déficit energético existente en el país no autoriza para que el Gobierno sea literalmente chantajeado por ese hecho, ni para que las autoridades medioambientales no tomen ninguna carta en este asunto y miren para el techo o para el lado.
Y eso es, por cierto, lo que explica el rompimiento -lo lamento- de todas las organizaciones ecologistas con la actual Administración, que, a mi entender, no ha sido capaz de sostener, ni siquiera en forma mínima, una política que apunte al desarrollo sustentable.
Señor Presidente , he querido poner estos antecedentes en conocimiento del Senado porque me parece muy injusto lo que está ocurriendo. Y pienso que cuanto tiene que ver con la actualización de la legislación medioambiental se ha vuelto extraordinariamente urgente, pues están pasando cosas, a título del déficit energético, por completo contraindicadas desde el punto de vista de un desarrollo mínimamente sustentable de las Regiones.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, conforme a lo que hice en la Comisión de Medio Ambiente, voy a concurrir a la aprobación de este proyecto.
Empero, el curso del debate y las intervenciones de los señores Senadores que me antecedieron van poniendo de relieve la importancia de tratar el tema ambiental con la urgencia, la profundidad y -yo diría- el conjunto de antecedentes indispensables, incluidos los legales y reglamentarios.
Tengo la impresión de que la aprobación de esta iniciativa constituye una señal política para que nos aboquemos de una vez por todas al tratamiento de este asunto.
Y la pregunta que cabe hacer aquí es si debemos ir mejorando la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente a partir de pequeños avances graduales, parciales, segmentados, o si, por el contrario, hemos de abocarnos a un análisis más comprensivo y global de dicha normativa, de la institucionalidad ambiental, de los reglamentos respectivos.
Yo no tengo ninguna duda, señor Presidente, de que el camino correcto es el segundo.
El Senador señor Ominami señaló hace unos instantes un problema cuya solución reviste extraordinaria significación.
Lo que ha estado en juego aquí desde hace mucho rato es, por ejemplo, la independencia de los organismos que tienen que decidir sobre las calificaciones ambientales.
La interrogante que surge -y en alguna oportunidad yo mismo la he planteado en esta Sala- es si la creación de un Ministerio del Medio Ambiente va a contribuir o no a la independencia política que supuestamente se requiere para adoptar decisiones en dicho ámbito.
Alguien, a primera vista, podría decir que el actual sistema, con todas sus imperfecciones, por lo menos garantiza cierta autonomía. Pero hasta ahora no sabemos exactamente cómo se van a configurar, en el esquema del Ministerio del Medio Ambiente, los organismos que deben otorgar las autorizaciones ambientales.
Simplemente, estoy planteando una cuestión conceptual.
Me explico.
El gran reclamo actual emana de que las COREMA no disponen de autonomía política suficiente para tomar sus determinaciones. Huelga consultar, entonces: si encajamos esos entes al interior de un Ministerio del Medio Ambiente, ¿la situación va a mejorar o a empeorar?
Obviamente, tenemos que tratar de que mejore. La consulta es cómo lo vamos a hacer.
A primera vista, un observador podría pensar que, conceptualmente hablando, dejar dichas organizaciones bajo la tutela de un Ministerio perjudicaría en vez de beneficiar.
Entonces, aquí claramente hay un aspecto de gran envergadura que se encuentra pendiente y que debiéramos abordar con la rapidez del caso.
Existe de alguna forma un compromiso, que debiera empezar a sacarse adelante durante este semestre, vinculado tanto a la creación del Ministerio del Medio Ambiente propiamente tal, a la institucionalidad respectiva, como a una modificación integral de la Ley de Bases.
En consecuencia, me parece que, sin perjuicio de aprobar este proyecto y generar el impulso en esa dirección, en el caso presente se requiere una enmienda más bien orgánica que parcial.
De otro lado, señor Presidente , aunque coincido con el Senador señor Ominami en que este proyecto precisa ciertos perfeccionamientos legislativos que se pueden concretar en forma rápida y sin mayores dilaciones, debo señalar que aquí hay pendiente, aparte lo relativo a la participación ciudadana, un problema de falta de uniformidad en la manera de aplicar la legislación.
Me explico.
En algunas partes, para determinados proyectos la autoridad exige estudios de impacto ambiental, y en otras, para los mismos proyectos, simplemente declaraciones de impacto ambiental.
Entonces, ¿cuando corresponde un estudio, con las mayores formalidades, y cuándo una declaración?
La ley establece criterios bastante amplios sobre esta materia; pero, a lo menos, uno podría esperar que la autoridad ambiental tuviera una interpretación uniforme sobre tales conceptos.
¡Cómo va a ser razonable, por ejemplo, que para un relleno sanitario en una Región exija estudio de impacto ambiental, y en la Región vecina, solo declaración de impacto ambiental!
Lo lógico sería que hubiera cierta uniformidad a ese respecto.
Por otra parte, considero muy importante encontrar equilibrio -y por eso pienso que hay espacio para el perfeccionamiento legislativo de esta iniciativa en particular- entre dos (por denominarlos de algún modo) principios.
¿Debemos incentivar la participación ciudadana en estas materias? Indudablemente que sí. Pero los mecanismos existentes a este respecto no son tan efectivos como todos quisiéramos.
Pero, al mismo tiempo, se ha de tener cuidado para que, en definitiva, dicha participación no se traduzca en entorpecimiento u obstaculización artificial ante determinados proyectos.
Y para eso está precisamente el equilibrio legislativo.
Hoy no parece razonable, por ejemplo, que un proyecto de evidente impacto ambiental se tramite vía declaración y, en último término, no haya espacio para la participación ciudadana.
Pienso que a ese respecto todos en esta Sala estaremos plenamente de acuerdo.
Pero también debemos cuidar de, a la hora de legislar en forma específica, no irnos al extremo opuesto y establecer que proyectos que objetivamente tienen bajo impacto ambiental sean artificialmente obstaculizados so pretexto de una participación ciudadana que todos queremos alentar.
En resumen, considero fundamental abordar de modo integral y de una vez por todas lo concerniente a la institucionalidad ambiental en Chile.
Tengo la impresión de que el camino de la modificación orgánica es más coherente, eficaz y potente que el que podríamos llamar "mejoramiento parcial", y asimismo, de que a través de indicaciones podremos hallar el equilibrio adecuado entre incentivar la participación ciudadana y no generar una obstaculización artificial de los proyectos sobre la materia.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Antes de ofrecer la palabra al Honorable señor Girardi, hago presente que con la intervención de Su Señoría completaremos los 15 minutos que restan para el término del Orden del Día.
En consecuencia, quedarán inscritos para la próxima sesión en que se trate el proyecto los Senadores señores Núñez, Orpis y Horvath.
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, quiero referirme el proyecto del Senador Horvath porque pienso que constituye un avance que posibilitará resolver situaciones que han sido dramáticas e injustas en cuanto a que existe un instrumento institucional -la declaración de impacto ambiental- que se usa como atajo para eludir el cumplimiento de requisitos.
Lo que señala el Senador señor Allamand constituye una situación permanente, no aleatoria: cada vez que una autoridad desea empujar más allá de lo que corresponde un proyecto que debiera cumplir con la exigencia de estudio de impacto ambiental, precisamente para no tener que desarrollar el conjunto de requisitos, y en particular el de la participación ciudadana, se lo somete a declaración de impacto ambiental.
Y existen numerosos casos como ese.
Entonces, me parece que la iniciativa en debate representa un avance en tal sentido.
Sin embargo, el problema de fondo no radica en si es más importante aprobar el proyecto vía declaración o vía estudio de impacto ambiental. Y tampoco estriba en la eventualidad de que tengamos una participación ciudadana abusiva.
Estoy de acuerdo en que debe existir equilibrio en la participación ciudadana, pues muchas veces ella puede ser fomentada en función de intereses que no son los de la ciudadanía, sino corporativos u otros.
Creo que el nudo del problema de la actual legislación ambiental (no podemos seguir siendo cómplices de él) y su principal instrumento, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde a mi entender debemos efectuar una profunda reforma -y estoy de acuerdo en hablar de "autoridad ambiental", pero sin casarse con el carácter de ella: ministerio u otro ente-, se halla en la dimensión fraudulenta de aquel mecanismo cada vez que las decisiones técnicas no son vinculantes con las decisiones políticas.
Para mí, el factor corrector, el elemento de ecuanimidad que equilibraría por sí mismo la participación ciudadana con los proyectos, o con los distintos actores en juego, o con las diversas visiones existentes sobre la materia tiene que ver con la existencia de un instrumento imparcial. El vigente es absolutamente parcial. Y aquello pasa por la necesidad de que las decisiones técnicas sean vinculantes con las políticas. Es decir, un proyecto no se puede aprobar hasta que cumpla todos los requisitos técnicos.
Hoy, sobre las declaraciones o los estudios de impacto ambiental, los servicios especializados pueden hacer evaluaciones negativas y señalar que los proyectos pertinentes no cumplen los requisitos técnicos. Y es ahí donde entra a jugar este cuerpo colegiado, de decisión política, de seremis, intendentes y gobernadores, que, no obstante tener a la vista informes técnicos que establecen que tales proyectos no deben ser aprobados, los aprueban, desvirtuando absolutamente el sistema de evaluación de impacto ambiental.
En mi opinión, un proyecto debe ser aprobado cuando reúne los requisitos técnicos. Si los cumple, pasa a la segunda fase, donde puede aplicarse un criterio político, pero sobre un proyecto que ya pasó la etapa de las exigencias técnicas. Y en ese caso una comuna, una región, un país podrá decir: "Este proyecto, aun cuando cuenta con todos los requisitos técnicos, no puede ser aprobado porque, desde el punto de vista político, al país, a la región o a la comuna no le interesa".
Pero lo que no se puede hacer es permitir que proyectos que no cumplen las exigencias técnicas sean aprobados. Aprobarlos equivaldría a que a una persona que deseara obtener licencia de conducir se la dieran, pese a no haber rendido satisfactoriamente el examen psicotécnico ni reunido los requisitos técnicos básicos, diciéndole: "Cumpla las exigencias en el futuro.
¡Eso es lo que se hace con el sistema de evaluación de impacto ambiental!
Por cierto, una persona que cumpliera todos los requisitos técnicos y rindiera las pruebas de rigor podría posteriormente estar impedida de conducir por razones de salud mental -por sufrir de epilepsia, por ejemplo- o por otros motivos.
Entonces, en la materia que nos ocupa hay una profunda aberración, una gran alteración. Y ello implica que la gran mayoría de los estudios de impacto ambiental que no cumplen los requisitos técnicos y que Chile ha aprobado en el último tiempo podrían ser cuestionados internacionalmente porque a nivel mundial no resulta factible que un proyecto sea aceptado sin sujeción a normas técnicas.
Por lo tanto, se trata de sellos ambientales falsos, que yo llamaría "claramente fraudulentos".
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de aquello?
Las estamos viendo.
Por ejemplo, hoy el país vive una crisis dramática en el ámbito de la salmonicultura justamente porque la gran mayoría de los proyectos fueron aprobados con estudios de impacto ambiental que no reunían los requisitos técnicos.
Dicha actividad está agonizando a raíz de fenómenos de contaminación medioambiental. Los productores han visto cómo, debido al deterioro ambiental, se ha dañado el crecimiento y la inmunidad de los salmones, generándose una mayor carga de enfermedades y un conjunto de virus endémicos.
¿Qué han tenido que hacer los productores de salmones, quienes desarrollan una actividad de punta, fundamental para el país? Trasladarse a otros ecosistemas. Así, hoy están poblando la Undécima Región, y algunos se están yendo a la Duodécima.
Si no enfrentamos el problema de fondo, vamos a liquidar un área esencial para Chile precisamente por haber tenido una visión permisiva, complaciente, que al final ha sido negativa incluso para la propia salmonicultura.
Creo que dicha industria estaría agradecida si en el momento oportuno se hubiesen tomado las medidas, formulado las observaciones y hecho las fiscalizaciones indispensables para que eso nunca hubiera pasado.
En mi opinión, producto de malas prácticas, hemos hipotecado una industria fundamental, de punta, absolutamente innovadora para Chile. O sea, precisamente por no habernos preocupado de los aspectos medioambientales, estamos viviendo la situación actual.
Y lo mismo va a suceder con la aplicación de antibióticos. Si continuamos haciendo vista gorda al respecto, sufriremos una sanción internacional muy fuerte debido a la aplicación inadecuada, anómala e indiscriminada de tales sustancias, e incluso de antibióticos de última generación, como el ciprofloxacino, que es de los que se usan en la lucha contra el ántrax. Cuando ello ocurra, todos vamos a ser resistentes a esa sustancia a raíz de su empleo sin discriminación en la salmonicultura.
Entonces, hay situaciones que nuestro país debe tratar y focalizar, en vez de esconderlas y dejar de hablar de ellas.
En el caso de CELCO-Valdivia, ¡cuánto querría esta empresa que el proyecto que se aprobó en forma ilegal, con todos los informes técnicos negativos y, además, en un santuario de la naturaleza, se pudiese empezar de nuevo! Estoy seguro de que haría las cosas de manera distinta. Porque los costos económicos y de imagen que ha debido pagar son brutales.
Y lo mismo está sucediendo con CELCO-Itata.
El hecho de tener una visión permisiva, hiperpolitizada y no técnica finalmente atenta contra la propia industria, que sufre las consecuencias de actuar haciendo vista gorda y sin tomar en cuenta ningún criterio medioambiental.
Lamentablemente, en la actualidad tenemos una autoridad ambiental que no es tal, que no existe. Hoy, el juego de los conflictos está entregado a una situación hiperpolitizada, donde ni la comunidad ni la industria salen gananciosas.
Por lo tanto, resulta fundamental efectuar una reforma profunda al sistema ambiental. Y estoy por tomar ese camino, por definir cuál es el mejor tipo de institucionalidad. No "compro" per se lo del Ministerio, porque un Ministerio del Medio Ambiente, con las mismas dificultades, con las mismas comisiones regionales del Medio Ambiente, significaría cambiar todo para que nada cambiara.
Aun cuando el proyecto representa un avance muy importante, señor Presidente , máxime si se le incorporan algunos aspectos nuevos mencionados por varios señores Senadores, todo va a quedar en palabras que se llevará el viento y el esfuerzo que se está haciendo no servirá de nada si no se resuelve la cuestión de fondo, que es la no vinculación de la decisión técnica con la decisión política. Así que le pido a esta Corporación que se aboque con seriedad y rigor al asunto, y al Ejecutivo , que se haga cargo del problema.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Por hallarse próximo a su término el tiempo destinado al Orden del Día, los Honorables señores Orpis y Núñez intervendrán en la sesión de mañana.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores García, Ruiz-Esquide, Horvath, Larraín, Espina, Prokurica, Sabag, Allamand y Zaldívar, mediante el cual se propone solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que otorgue "suma" urgencia al proyecto que regula la instalación de antenas de emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, a la moción relativa a la prevención de la contaminación electromagnética y a la atinente a la obligación de informar sobre los niveles de radiación electromagnética que emiten los artefactos e instalaciones que señala (boletín Nº S 1058-12)
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor HORVATH.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Pido que el proyecto de acuerdo sea enviado a la Comisión de Medio Ambiente, porque, justamente, se trata de la evaluación de impacto ambiental y de los efectos de la radiación electromagnética -ello no dice relación a telecomunicaciones-, considerándose las consecuencias que algunos aparatos de telecomunicaciones producen en la salud y el medio ambiente.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Entonces, si le parece a la Sala, el proyecto de acuerdo será enviado a la Comisión de Medio Ambiente.
Acordado.
Terminado el Orden del Día.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/5483-12