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- rdf:value = " El señor COLOMA.-
No tengo problemas en sacrificar el tiempo. Pero no me digan que las reglas del juego funcionan para cortar el micrófono y para cambiar el Reglamento.
Señor Presidente, esta es una materia de fondo, importante para quienes nos gustan las cuestiones constitucionales, que es de las más apasionantes. No cabe duda de que es así.
Desde mi perspectiva, creo que hay a lo menos tres razones por las cuales el proyecto de reforma constitucional en debate, más allá de la voluntad de sus autores, no reúne los requisitos para ser aprobado.
En primer lugar, por el sentido del voto. En esto soy tremendamente republicano. Aquí debemos evaluar si él es un derecho político o un deber ciudadano. Y tenemos que resolverlo. Estas no son cosas de discurso, sino de sentido, del tipo de país que vamos construyendo.
Al respecto, estoy con Marañón, conforme al cual "uno de los principales problemas de nuestro tiempo consiste en que padecemos una crisis del deber y una hipertrofia del derecho.".
O con Aznar, quien hablaba de que "es propio de pueblos fuertes aceptar la crítica, pero sobre todo es propio de pueblos inteligentes asimilarla, cumpliendo con los deberes para ayudar a construir una verdadera conciencia pública.".
O con Garretón -para que vean que no hay un asunto de carácter ideológico, pues su posición no tiene nada que ver con lo que yo pueda pensar, pero me parece lúcido cuando habla de la ciudadanía- en cuanto a que "el derecho y acto de votar son parte consustancial, fundante y necesaria aunque no suficiente; no es pura suma de derechos individuales e irrenunciables, por lo que no se puede hacer de su ejercicio una cuestión de estado de ánimo o mero interés personal.".
Por ahí está el quid del asunto, señor Presidente . Y siento que los países necesitan de deberes y de tener requerimientos sociales en los cuales uno pueda concurrir. Esto no es pura suma de derechos que dependan del estado de ánimo. Y, honestamente, más allá de esto, siempre he pensado que votar es un deber.
Respecto del voto voluntario, tengo un contrapunto. Porque, obviamente, algunos pueden argumentar que hay una tentación de los dueños del dinero para movilizar a las personas a votar. También está la tentación de los dueños del Gobierno para hacer algo equivalente, o la de los dueños de las comunicaciones, quienes, en un determinado momento y frente a un hecho circunstancial, con su mera voluntad pueden transformar profundamente las sociedades.
Por eso, desde la perspectiva del voto y del significado del ejercicio de los derechos y deberes, estoy convencido de que aquel es un deber, y que, por lo tanto, nos corresponde mantenerlo como tal.
En segundo término, por la naturaleza de la inscripción. Creo que esta depende de la voluntad. Asimilo que hay un momento en la vida de las personas en que pueden decidir si quieren ser partícipes o no de la toma de decisiones. Para eso hacen el acto solemne de inscribirse, de expresar su voluntad. Es un acto de responsabilidad y de seguridad.
Lo que nos propone el proyecto es una cosa distinta. Es legítima, pero no hace que ella sea obligatoria o automática. Para estos efectos es lo mismo.
Y manteniendo el concepto del deber del voto, acepto el derecho de querer ser ciudadano con derecho a sufragio.
Alguien planteó -me parece que el Presidente de la Comisión- el derecho a desincribirse en determinado momento. No lo descartaría. Me parece que apunta en un sentido correcto, como fórmula para fortalecer el derecho original y ese deber consustancial.
Por último, en la lógica de los principios, resulta fundamental resguardar la naturaleza del Servicio Electoral. Es muy importante entender esto.
Más allá de la idea de cambiar -expliqué a sus autores-, lo que desaparece al final es la actual composición del Servicio Electoral, el que, desde mi perspectiva, ha entregado garantías suficientes a Chile sobre la identidad del votante y la naturaleza de la acción. Y eso no necesariamente se garantiza con un registro civil que, obviamente, no tendrá ni la firma del sufragante ni su huella dactilar, ya que ambos serán una referencia a lo que en su momento puede resolver un servicio en manos del Estado.
Esto -¡atención!- adicionalmente es muy importante desde una perspectiva legal. Porque la modificación del Servicio Electoral tiene un quórum distinto de una reforma constitucional. Entonces, no entiendo que alguien pueda sacrificar este último en aras de disminuir la exigencia legal para concurrir al ejercicio ciudadano.
Comprendo que hay que hacer cosas para mejorar la calidad de la política. Debe perfeccionarse el sistema de la participación. Pero, a mi juicio, eso no se arregla con la obligatoriedad de la inscripción ni tampoco con la voluntariedad del voto. Ello tiene que ver más con las conciencias, con hacer útil la actividad política, con tornarla razonable, apasionante, inteligente, atractiva, capaz de movilizar y modificar estados sociales.
Hay que aumentar las opciones. Y esto no tiene que ver simplemente con generar obligaciones o influencia de automaticidad.
¡Se pueden hacer muchas cosas!
Tiempo atrás, se rechazó un proyecto del Gobierno tendiente a acortar el horario de atención de las Juntas Inscriptoras del Servicio Electoral. ¡Grave error!
En mi opinión, lo que debemos efectuar va en sentido exactamente inverso. Hoy día, el trámite de inscripción electoral dura dos minutos. Me consta, porque como tal medida suscitaba debate, pregunté adónde tenía que dirigirme y concurrí al Servicio. ¡El trámite tarda dos minutos!
Ciertamente, si queremos avanzar y producir un aumento en la inscripción tenemos que empezar por cambiar las conductas propias; ser capaces de generar partidos modernos.
Pero eso no se impone por ley; no se impone por decreto ni se impone a gritos. Se logra modificando y automodificando las conductas propias de las colectividades a las que pertenecemos.
¡Por ahí va mucho más el encantamiento de la participación -no el atemorizamiento de ella-: sentir que se es útil a una sociedad; que el voto importa; que el voto cuenta; que el voto es decisivo para concretar esos cambios sociales!
Por eso, desde mi perspectiva, necesitamos realizar un trabajo, pero en un sentido distinto.
Y tampoco tenemos que renegar de lo que hemos hecho.
Escuché con atención al Ministro señor Viera-Gallo decir que Chile y Colombia son los únicos países donde el voto es obligatorio. No podrá desconocer -estoy leyendo el informe de la Comisión- que el propio Manuel Antonio Garretón señala que en Latinoamérica hay dieciocho -no dos, ¡dieciocho!- naciones que usan un sistema de esa naturaleza. Y creo que nosotros no tenemos que avergonzarnos de cómo estamos procediendo a nivel internacional en materia de inscripción electoral.
Muchas cosas pueden haber fallado y están fallando en Chile. Nadie puede ser autocomplaciente con la democracia. Pero no ha fallado lo relativo a la garantía de la inscripción y de la autenticidad electoral. Y no nos reprochamos mutuamente, más allá de una excepción, la validez de las elecciones -¡a cuántos países les gustaría tener esa certeza!-, porque cuando el Servicio Electoral informa que alguien ganó por un voto, ello es corroborado por el Tribunal Electoral y queda resuelto de esa manera.
Entonces, yo no soy trágico en el sentido de que hay una situación de "bote en llamas" que es preciso cambiar. Soy profundamente consciente de que es propio de los pueblos inteligentes asumir las críticas a los sistemas y ser capaces, a través de la conciencia social, de modificar las instituciones.
Invito a los Honorables colegas a trabajar en esa línea.
Además, creo en la absoluta buena fe de quienes hemos discutido durante muchos años acerca de la naturaleza de estos planteamientos. Pero siento que, al final, estamos alterando o violando principios que, desde mi perspectiva, son muy importantes y que, según la lógica, corresponde plantear de modo diferente.
Señor Presidente, yo no voy a aprobar la reforma constitucional en análisis por cuanto tengo la convicción de que a Chile le conviene enfrentar el asunto en forma muy distinta.
"
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