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El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, la Ley de Presupuestos es, año a año, la norma más importante del país, de manera que debemos tomarla con la responsabilidad y seriedad que demanda, atendiendo el interés del país y no el de una coalición política en particular.
En este proyecto de ley podemos apreciar la intención o el foco que el gobierno quiere dar al gasto público en las distintas carteras, hacer una estimación financiera de ingresos y gastos para el próximo año, y compatibilizar los recursos disponibles con el logro de metas.
Cuando se presentó este proyecto de ley, se nos dijo que era un presupuesto cuyo foco sería la austeridad, debido al difícil momento económico.
Sin embargo, una vez que hemos analizado bien el presupuesto, podemos ver que efectivamente es austero, en cuanto a que disminuye en forma importante la inversión, pero no el gasto corriente ni burocrático, pues constatamos que los servicios incrementan personal, bienes y servicios de consumo, además de otros gastos en sistemas informáticos.
El aumento en honorarios alcanza el 39 por ciento y aún no hay claridad respecto de qué solución se les dará a todos esos funcionarios con precariedad en sus condiciones laborales. Esto no cuadra con el anuncio de traspaso de funcionarios a contrata en los servicios.
Junto con lo anterior, existe un gasto total que asciende a 2.836.496.000 pesos destinados a Estudios para una Nueva Constitución en los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia de la República. Sin embargo, vemos que no hay recursos para la construcción de hospitales ya comprometidos. Eso nos da cuenta de lo desenfocado que se encuentra el gobierno, en que la prioridad no está en mejorar la calidad de vida de las personas.
Además, me preocupa lo que sucede en nuestras regiones, pues el presupuesto para 2016 nos ha pegado una fuerte bofetada en la cara, incluso a nosotros que creímos en ese grandilocuente anuncio de descentralización. Hasta este minuto, para descentralización simplemente hay cero peso en este presupuesto.
Una de las regiones más afectadas en este proyecto de Ley de Presupuestos es la de Valparaíso, donde no solo hay un nulo crecimiento del FNDR, sino también en las partidas de inversión que destina la Subdere. Más aún, el presupuesto para el Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo fue recortado indiscriminadamente.
Los campamentos existentes en la región nos recuerdan a cada segundo que la postergación ha sido el criterio habitual en materia de vivienda. No se ha resuelto nada en ese ámbito, pero, aun sabiéndolo, siguen los recortes. En verdad, me impresiona el criterio o, más bien, el descriterio aplicado.
Vamos a los números, porque con ellos en la mano no se puede mentir.
Las transferencias al Programa Inversión Regional para la Región de Valparaíso, correspondiente a la Subdere, baja de 18.000 millones a 791 millones de pesos.
La asignación para municipalidades (Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal), de la misma Subsecretaría, baja de 61.000 millones a 45.000 millones de pesos. En tanto, los montos destinados al Serviu disminuyeron en 25.000 millones de pesos.
Y en la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, programa Inversión del Gobierno de Valparaíso, los recursos bajan de de 64.000 millones a 63.000 millones de pesos.
Y la estocada final: nos bajaron cuatro hospitales en la región.
Si alguien dice que con este presupuesto avanzamos como región, simplemente nos quiere mentir descaradamente. Nadie puede pretender conseguir autonomía para la región y, al mismo tiempo, disminuir de forma importante los presupuestos para que ello suceda. Simplemente, aquí no hay intención de descentralizar ni de avanzar; no se tiene como objetivo último el progreso de la regiones.
En cuanto a lo que sucede en materia hospitalaria, me parece inconcebible que inicialmente se haya presentado una propuesta que considere 497.000 millones de pesos para su plan de construcción de infraestructura, en comparación a los 528.000 millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto para este año. Son 31.000 millones de pesos menos, lo que provocará que once hospitales queden sin financiamiento para 2016. Esos recintos fueron prometidos por una candidata a Presidenta de la República que hoy no ha dado la cara para decirnos por qué no se cumplió esa palabra, que está quebrantada desde hace tiempo. Aún guardo el documento firmado por varios parlamentarios junto con la otrora ministra de la cartera a principios de 2014. En él, la entonces ministra Helia Molina se comprometía, en nombre de este gobierno y de la Presidenta Michelle Bachelet , a iniciar la construcción de los hospitales biprovinciales de Marga Marga y de Quillota-Petorca a fines de 2015. Esperamos esperanzados que corriera luego el tiempo para ver materializado ese anhelado sueño, pero meses más tarde nos encontramos con un elaborado discurso de la mandataria en que señaló que el inicio de la construcción se postergaría para el 2016/2017.
En la actualidad, de acuerdo a lo que se nos ha señalado, la construcción del hospital Quillota-Petorca ni siquiera se iniciaría en el actual gobierno. Por ende, cabe advertir que los dineros comprometidos para su construcción, supuestamente proyectada para estos años, estarían sujetos a revisión de un gobierno nuevo que no sabemos si respetará dicho proyecto.
Este gobierno comprometió 105.716 millones de pesos para la construcción del hospital de Quillota-Petorca, un edificio con capacidad para 282 camas y 9 pabellones, que vendría a beneficiar a 320.000 habitantes de la zona que represento. Esas personas llevan años de espera por una salud digna y que cada día ven expuesta su integridad por una mala atención que reciben en los recintos hospitalarios de su sector.
El hospital San Martín de Quillota y el hospital de Calera, entre otros, no dan abasto. No solo falta capacidad de atención a los pacientes, sino que las personas que allí trabajan se ven superadas por la falta de personal, de insumos y la ausencia de una buena infraestructura.
Este gobierno debe asumir que está jugando con la vida de las personas cada vez que posterga la construcción de los hospitales a lo largo del país, ya que, lamentablemente, la salud no espera. Muchos pierden la vida en esa espera.
A lo anterior se suma el incumplimiento de la ministra de Salud, señora Carmen Castillo , quien en abril de este año se comprometió con representantes de la agrupación de enfermos de Creutzfeldt-Jakob, a quienes aseguró que su enfermedad estaría cubierta por el fondo de la “ley Ricarte Soto”. De hecho, tengo las grabaciones en que la ministra asegura que esa enfermedad estaría cubierta por dicho fondo, pero, lamentablemente, nos encontramos con que esa enfermedad no estaba incluida en ese listado. Los enfermos y familias que han llamado al ministerio para pedir alguna explicación siguen esperando una respuesta. Pero no hay respuestas ni explicaciones; solo promesas incumplidas.
También me referiré a lo que sucede en materia de medio ambiente. Me preocupa el importante retraso que existe respecto de la ejecución en los planes de descontaminación, lo que amerita una explicación de la autoridad y una revisión objetiva del cronograma propuesto.
Además, no se destinan recursos a iniciativas de inversión en el presupuesto para 2016. Les recuerdo que en el presupuesto para 2015 se aprobaron 536 millones de pesos para proyectos cuyo objetivo fuera el desarrollo de acciones de recuperación en el territorio de Quintero-Puchuncaví o Puchuncaví-Ventanas, zona que represento. A agosto de este año, la ejecución era de cero por ciento, lo cual me parece gravísimo, ya que se trata de una zona muy afectada que necesita que este gobierno cumpla con sus promesas.
En lo que respecta a la Dirección General de Aguas, agradezco que se hayan aprobado nuestras glosas referentes a entregar información respecto a los estudios e informes encomendados por la direcciónque, por lo demás, viene con un aumento-, ya que no me parece correcto lo que ha ocurrido en la discusión de la reforma al Código de Aguas, sobre la que no hemos podido, hasta hoy, tener acceso a los informes de constitucionalidad que fueron encomendados y que no nos han querido entregar desde la propia DGA, en circunstancias de que tenemos derecho a conocer en qué estudios se están invirtiendo los recursos y los resultados de los mismos.
Es cuanto voy a señalar por ahora, pero hago presente que intervendré respecto de otros aspectos relacionados con el proyecto de Ley de Presupuestos sometido a nuestra consideración.
He dicho.
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