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El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre establecimiento de una Ley General de Educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4970-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 69ª, en 18 de noviembre de 2008.
Discusión:
Sesión 33ª, en 2 de julio de 2008 (se rechaza el envío a Comisiones unidas).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es la instauración de un nuevo marco institucional que permita ofrecer a todos los chilenos el acceso a una educación de calidad, independiente de su condición socioeconómica, consignando definiciones básicas para el sistema escolar; asignando roles al Estado; estableciendo los requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional, y creando el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibió en audiencia a diversas autoridades, especialistas y académicos universitarios que expusieron sus puntos de vista acerca de este proyecto. Sus nombres figuran en la parte expositiva del primer informe.
Puesta en votación la idea de legislar, la Comisión la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chadwick, Letelier, Núñez y Ruiz-Esquide), en los mismos términos del texto que despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe destacar que los artículos 1º a 8º, 10 a 14, 16 a 24, 25 (inciso primero), 26 a 35, 37 a 40, 42 a 58, 59 (incisos primero y tercero), 60 a 68 y 70 permanentes, y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º y 10 transitorios tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren los votos conformes de 22 señores Senadores.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que consigna, en su primera columna, la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y en la segunda, el proyecto que será sometido a discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra en primer término la señora Ministra , y en seguida, el Honorable señor Núñez.
La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-
Ante todo, quiero saludar al señor Presidente de la Cámara Alta; al señor Vicepresidente ; al señor Presidente de la Comisión de Educación , y a la señora Senadora y a los señores Senadores presentes.
Hoy he venido a presentar ante ustedes un proyecto de ley cuya aprobación significa:
-Sentar las bases para un cambio determinante del sistema educacional;
-Poner la piedra basal de una nueva arquitectura del sistema;
-Dar el paso natural que corresponde al sector para seguir avanzando una vez alcanzada la maduración de las leyes promulgadas con anterioridad por esta Honorable Corporación.
Sus logros han creado nuevos y grandes desafíos.
En el Hemiciclo del Senado, Arturo Alessandri , entre 1919 y 1920, se jugó por un acuerdo que concretó un debate social y político sobre la enseñanza. En dicho acuerdo -ley Nº 3.653, de 25 de agosto de 1920- se consagraron el acceso y la obligatoriedad a cuatro años de educación primaria y la gratuidad de esta.
Ochenta y tres años más tarde, la reforma constitucional de 2003 garantizó 12 años de escolaridad obligatoria.
Gracias a la visión de ustedes, nuestros legisladores, hemos sido pioneros en la región en alcanzar la universalización de las enseñanzas básica y media. Esa visión marcó una impronta que ha significado una verdadera revolución de la educación. En el Ministerio la llamamos "la revolución oculta".
Ustedes son los depositarios de una responsabilidad histórica; a ustedes les corresponde decidir sobre un significativo cambio en el sistema de enseñanza.
I. ¿Cuáles son los resultados de esta revolución oculta que nos exige nuevos pasos en la educación?
En primer lugar, se ha puesto fin a la exclusión educacional. A la universalización de las enseñanzas básica y media se agrega hoy la garantía al acceso a una educación de prekínder y kínder. Se completa así un total de 14 años formalmente garantizados.
La enseñanza superior ha avanzado en esa misma dirección abriendo oportunidades a estudiantes provenientes de sectores sociales que nunca habían tenido acceso a ella. Los alumnos matriculados en la educación superior aumentaron tres veces entre 1990 y hoy día: de 250 mil, pasaron a 750 mil.
La enseñanza superior dejó de ser el privilegio de una ínfima minoría y se abrió como posibilidad a la mayoría de la población. Prueba de este cambio es que, actualmente, 7.5 de cada 10 alumnos que cursan estudios superiores son los primeros de sus familias que alcanzan este nivel.
En segundo término, contamos con condiciones para enseñar y aprender de acuerdo a los estándares que exige la modernidad.
Hoy día el sistema educacional ofrece condiciones para aprender -tiempo, espacio, equipamiento, tecnologías y currículo- a la altura de los nuevos requerimientos y estándares que la vida contemporánea plantea.
-En 1990 la jornada escolar completa era un privilegio al que accedía solo el 10 por ciento de la matrícula, levantando una barrera infranqueable respecto del 90 por ciento restante. Hemos realizado inversiones fuertes y constantes para contar con jornada escolar completa en la mayoría de los establecimientos educacionales.
-En la actualidad, toda la matrícula tiene acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. En el año 2000, el 50 por ciento de las escuelas y el 100 por ciento de los liceos contaban con acceso a dichas tecnologías. Hoy disponen de ella todos los establecimientos. La escuela se ha convertido en la puerta de acceso al mundo para todos los estudiantes. Este ha sido un gran paso en términos de equidad.
-La experiencia educativa, desde parvularia hasta cuarto medio, se basa en un currículo nuevo y más relevante, que organiza y secuencia conocimientos y valores de acuerdo con los requerimientos que la sociedad, su economía y su cultura formulan a las personas del siglo XXI.
-Se ha establecido un sistema de evaluación del desempeño de los docentes, esencial tanto para su mejora permanente como para resguardar los niveles mínimos de calidad.
-Más recientemente, se han mejorado los estipendios asociados a la asignación de excelencia pedagógica y al Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, y se ha trabajado en una mesa, con participación del Colegio de Profesores, en torno a elementos de base para un nuevo diseño de la carrera profesional docente (esperamos someter el proyecto respectivo a consideración de ustedes durante el próximo año).
En tercer lugar, se han alcanzado importantes logros en los resultados de aprendizaje medidos por la prueba SIMCE y por las pruebas internacionales TIMSS y PISA, que, si bien no son suficientemente buenos, no desmerecen al compararlos con los que se logran en otros países de la región.
La información preparada por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio señala que:
-Los estudiantes chilenos formados completamente en el currículo reformado han alcanzado, en general, mejores resultados que sus pares latinoamericanos y que los estudiantes chilenos de hace 5 años.
-Entre 2001 y 2006 se ha producido un mejoramiento en los logros de Lectura en los educandos chilenos -el más alto observado entre todos los países participantes en la prueba PISA 2006-, acortándose así la brecha con los países de la OCDE.
-En la escala general de Ciencias, al igual que en Lectura, el rendimiento de los estudiantes chilenos sobrepasa el obtenido por todos los otros países latinoamericanos que participaron en esa prueba internacional.
-Los alumnos chilenos rinden mejor que sus pares latinoamericanos en las tres dimensiones de la alfabetización: competencias, conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia. -Al comparar estudiantes de similares características socioeconómicas y culturales entre los latinoamericanos, los chilenos obtienen mejores rendimientos en Ciencias y Lectura.
Pero, al mismo tiempo, PISA nos ha mostrado que estamos lejos de poder declararnos satisfechos. En comparación con los países desarrollados, nuestros promedios resultan extremadamente bajos y tenemos un gran conjunto de educandos que no alcanzan los niveles mínimos de competencias que les permitirían participar e incorporarse a la sociedad como ciudadanos útiles y productivos.
En suma, tales resultados solo demuestran que tenemos que dar un gran salto en la calidad de los aprendizajes.
Significado de estos logros y nuevos desafíos
En el país no hemos sabido aquilatar tales avances. Por ello, hemos calificado a esta etapa como "una revolución oculta y silenciosa".
En esa falta de valoración incide, en gran parte, nuestra nostalgia por un pasado que no reviste la significación que se le atribuye. Cuando se dice que antaño el sistema escolar era más homogéneo y de mejor calidad, se hace referencia a una leyenda. Se olvida, en efecto, que se dejaba fuera a la mayoría de los jóvenes de familias de menores ingresos, ya que los más pobres no influían en los promedios nacionales. Para el sistema y sus evaluaciones, simplemente no existían.
En las últimas décadas hemos quebrado esa brutal segregación. Ahora, todos los niños, niñas y jóvenes están incluidos en el sistema escolar. Pero eso mismo hace que en la educación se expresen las desigualdades que aún persisten en la sociedad. Hemos creado un sistema inclusivo, pero todavía desigual.
Esta realidad marca la agenda futura del sistema de educación. Hemos ganado la batalla contra la exclusión del sistema escolar. Ahora debemos ganar la batalla contra la desigualdad en el sistema escolar. Nuestra tarea es transformar las nuevas oportunidades de acceso a este último en oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes.
El desafío de pasar de la equidad en el acceso a la equidad en la calidad de la educación se encuentra en el centro del debate desde hace dos años y ha remecido al sistema educacional y al político.
II. Con estos antecedentes, miremos hacia adelante
Para superar los obstáculos que impiden que nuestro sistema educacional alcance las metas de calidad que necesita, se requiere abordar la tarea de crear una nueva arquitectura para el siglo XXI. Nos enfrentamos a una reforma de segunda generación.
Me referiré de modo breve a cada uno de los componentes de esta nueva arquitectura, para que los señores Senadores puedan hacerse una idea cabal de su diseño y de hacia dónde marchamos. Ello mostrará, a la vez, la centralidad de la Ley General en proyecto en la nueva visión del sistema educacional.
Empecemos por señalar los principios que orientan el diseño.
El sistema educacional se organiza en torno a la equidad y calidad. Por ello, plantea el establecimiento y consolidación de garantías para todos los ciudadanos: acceso, permanencia y egreso en una educación de calidad. Dicha meta se debe lograr con un sano equilibrio entre el principio de libertad de enseñanza y el derecho a una educación de calidad para todos.
La arquitectura del sistema considera:
-Una plataforma institucional, dada por la Ley General de Educación, cuyo proyecto se debate hoy.
-Un nuevo enfoque para la educación pública. La Presidenta de la República anunció esta mañana la iniciativa que lo consolida, la cual será enviada al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, el jueves próximo.
-Subvenciones para asegurar la permanencia de los estudiantes vulnerables en el sistema.
-Planes de mejoramiento educativo a fin de elevar la calidad del aprendizaje. La entrega del beneficio de la Subvención Escolar Preferencial exige elevar la calidad de la enseñanza en los establecimientos que atienden a estudiantes vulnerables. Como Sus Señorías recordarán, el proyecto que creó la Subvención Escolar Preferencial fue aprobado en febrero del año en curso, y ya se encuentra en plena ejecución.
-La formación y la carrera docentes. El Programa de Formación Inicial Docente ya ha sido conversado con las universidades, y la acreditación de las carreras de pedagogía y la evaluación de los maestros están en aplicación. En el diseño de la carrera trabaja el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio con el Colegio de Profesores.
-Finalmente, se considera una Política de Educación Superior, en elaboración. Es posible que dé origen a iniciativas que el próximo año se remitirán al Parlamento.
Como los señores Senadores pueden observar, el diseño es ambicioso. Nada se ha descuidado. Hay acciones ya en ejecución, como las subvenciones generales, la subvención preferencial, la Política de Formación Inicial. La carrera docente y la Política de Educación Superior están en preparación.
En cuanto a la futura Ley de Educación Pública, se implementará un conjunto de acciones mientras se aprueba, para:
-Mejorar las condiciones en que opera la educación pública;
-Revertir, o al menos detener, la disminución persistente de la matrícula y
-Permitir y facilitar que los sostenedores asuman mayores niveles de responsabilidad respecto a la gestión educativa.
Así, por ejemplo, existe una preocupación especial por los establecimientos tradicionales. Más de cien liceos de todo el país podrán postular a la renovación de infraestructura y la adquisición de equipamiento, por un monto que en 2008 contempla más de diez mil millones de pesos y que se extenderá por cuatro años.
Asimismo, más de 690 proyectos de inversión en establecimientos municipales ya han sido adjudicados para obras que se desarrollarán en 2009, por un monto de 43 mil millones de pesos.
En materia de capacitación y actualización de directivos y profesores, el presupuesto 2009 contempla más de mil 800 millones de pesos destinados a desarrollar las capacidades de liderazgo, gestión y evaluación de los equipos directivos. En esta área se espera capacitar a más de 2 mil 550 docentes directivos del sector público y a más de 300 sostenedores.
En cuanto a la propia iniciativa que nos ocupa, en primer lugar es preciso tener presente que el cuadro que plantea el Sistema de Aseguramiento implica exigencias de calidad y responsabilidad por parte de los distintos actores del sistema: sostenedores, profesores, directivos.
Se busca dotar a los establecimientos públicos de las condiciones que exigirá la Ley General de Educación en proyecto que Sus Señorías votarán, aspectos que serán complementados con el diseño de una nueva carrera docente.
Además, quiero subrayar que el foco central de la iniciativa es proveer recursos y generar condiciones institucionales para mejorar las gestiones administrativa y, sobre todo, técnico-pedagógica de los sostenedores de la educación pública.
El articulado propone la conformación de equipos técnicos encabezados por un director ejecutivo responsable de supervisar a los establecimientos educacionales a su cargo. Deseamos que todas las escuelas públicas del país estén en un marco similar al de aquellas ubicadas en áreas de mayor matrícula y, por lo tanto, con mayores recursos. No queremos que la calidad del aprendizaje dependa solo de la iniciativa de las autoridades locales, y tampoco de los montos de la subvención, determinada por la matrícula.
Uno de los propósitos de la futura Ley General de Educación es contar con un piso mínimo de recursos para las gestiones técnico-pedagógica y administrativa. Por ello, sin duda resulta necesario resolver las desventajas de escala que presentan los municipios pequeños. En determinados casos, se proponen agrupaciones de municipios al objeto de facilitar su gestión educativa. Ello permitirá generar redes entre los directores, profesores, y contar con un equipo técnico para supervisar al conjunto.
Nuestro propósito es implementar dicha normativa en forma progresiva y gradual.
Estoy convencida de que con estas medidas podremos mejorar los resultados de aprendizaje de los niños más vulnerables de nuestro país.
La propuesta que se formula respecto de la educación pública se encuentra en estrecha relación con la Subvención Escolar Preferencial, herramienta maestra para mejorar la calidad de los establecimientos que reciben alumnos vulnerables gracias a los planes de mejoramiento educativo. Quiero destacar que actualmente cerca de 7 mil escuelas reciben dicha subvención -cifra equivalente a 76 por ciento de las que pueden acceder a ella-, las que cubren 98 por ciento de los alumnos considerados prioritarios en el año en curso.
Vamos por la buena senda. Ahora requerimos consolidar los avances y darles la institucionalidad que asegurará su permanencia en el tiempo y su incremento. En otras palabras, es necesario dotar al sistema escolar de una organización que haga posible garantizar la calidad de la educación. Ello significa poner término a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y aprobar la propuesta contenida en la iniciativa en examen.
III. Ley General de Educación
Para lograr esa plataforma institucional que apunta a asegurar la calidad, la Ley General de Educación contempla cinco grandes temas.
En primer lugar, establece el marco institucional que permitirá que la calidad se convierta en realidad. A dicho marco lo hemos llamado "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad".
Luego contiene las precisiones necesarias para organizar al sistema educacional:
-Definiciones básicas del sistema escolar.
-Rol que le compete al Estado.
-Avances que se requieren para alcanzar la equidad y calidad.
-Requisitos que deben exigirse a los administradores del sistema educacional; vale decir, a los sostenedores privados.
Invito a los señores Senadores a analizar las grandes líneas de cada uno de estos puntos.
El marco institucional
La Ley General de Educación en proyecto crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el cual considera tres nuevas instituciones:
1.- Consejo Nacional de Educación.
En la actualidad existe un Consejo cuya composición deseamos cambiar. Se halla integrado solo por representantes de la educación superior y de organizaciones ajenas al sistema, como la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas, y cuenta con atribuciones para aprobar el marco curricular sin estándares y plan de evaluación.
La normativa en estudio modifica esa conformación y considera solo a los actores del sistema escolar. Además, se le otorgan al organismo nuevas atribuciones, que incluyen su participación en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. De esta manera, tiene injerencia en los estándares de aprendizaje y de desempeño de profesores y establecimientos.
Deseamos contar con una entidad independiente que se encargue de fijar el currículo y los estándares de aprendizaje que deberán alcanzar todos los alumnos.
2.- Agencia de Aseguramiento de la Calidad.
Se encargará de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluar el desempeño de los colegios, identificar a aquellos que necesiten planes de mejoramiento o cambios drásticos de gestión e informar a la familia y la sociedad.
3.- Superintendencia de Educación.
Velará por el uso correcto de los recursos invertidos en la educación y por el cumplimiento de las normas que regulan la relación de los sostenedores con las familias, la sociedad y el Estado.
Definiciones básicas del sistema escolar
La ley en proyecto pone el tema de la equidad y calidad en el nivel de los principios y derechos, planteando que la equidad supone calidad para todos.
¿Qué dice sobre principios la actual normativa reguladora del sistema escolar? Nada. Aquí hay un vacío cuya razón es difícil de explicar.
La iniciativa contempla un nuevo sistema, coherente y con objetivos claros, inspirado en los siguientes principios:
-Universalidad
-Educación permanente
-Equidad y calidad, las cuales van de la mano. No existe equidad sin calidad para todos.
-Autonomía
-Responsabilidad
-Transparencia.
Asimismo, nada se dice en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza sobre la existencia de una comunidad educativa, sobre sus miembros, y tampoco, por la misma razón, se definen derechos y deberes. El proyecto precisa el concepto de comunidad educativa y los miembros que la constituyen, así como sus derechos y obligaciones.
El rol del Estado
El nuevo texto se traduce en más y mejor Estado:
-Financia un sistema de 14 años de escolaridad gratuita.
-Resguarda la igualdad de oportunidades y la inclusión en el sistema de enseñanza, para lo cual promueve la reducción de las desigualdades.
-Vela por la calidad de la educación.
-Mantiene y provee de información a los actores del sistema educacional, para lo cual propende a la transparencia.
Avances para alcanzar calidad con equidad
Este campo dice relación a la esencia del nuevo sistema. Sobre el particular, deseo señalar tres cambios determinantes que propone la iniciativa:
-Se eliminan barreras discriminatorias y se exige equidad.
Hoy, las escuelas subvencionadas, con sostenedores privados, pueden seleccionar a sus alumnos. Ahí se registra un principio de discriminación que deseamos suprimir. El articulado en análisis no permite seleccionar alumnos por razones socioeconómicas y académicas hasta 6º año básico. Hasta ese nivel, nunca más a un padre se le rechazará un hijo por no poder pagar o no saber lo suficiente.
Asimismo, ningún establecimiento, sea pagado o subvencionado, podrá cancelar la matrícula a un estudiante por razones académicas o económicas.
Y los alumnos tendrán derecho a repetir una vez cada ciclo en un mismo establecimiento.
-Calidad para todos es condición de equidad.
La garantía de calidad se afianza con la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que ya he comentado. En este aspecto se inscribe la futura ley que establece la Superintendencia, así como un segundo cuerpo legal, relativo a la Agencia de Calidad.
-Se pone el currículo al servicio de la equidad.
El currículo sufre un importante cambio. Se modifican sus bases, su estructura y la disponibilidad de planes y programas.
Los actuales objetivos fundamentales y contenidos mínimos son reemplazados por objetivos de aprendizaje exigentes y que constituyen referentes de calidad elaborados por el Estado para los tres niveles del sistema: párvulos, básica y media.
La estructura curricular vigente, de ocho años de educación básica y cuatro años de media, se sustituye por una de dos ciclos, de seis años cada uno. A su vez, la educación media se desagrega en dos ciclos: uno de cuatro años, de formación general, y otro de dos años, de formación diferenciada.
La incorporación de los actuales 7º y 8º años a la enseñanza media ofrece grandes ventajas. Esta última exige profesores de una sola asignatura y mejor preparación. Con solo ese cambio los alumnos ganan en calidad.
En cuanto a los planes y programas, a las dos opciones existentes para los establecimientos se agrega una tercera, que consiste en un banco de Planes y Programas, a cargo del MINEDUC, lo que permitirá impulsar mayor innovación y acceder a programas que han demostrado un alto rendimiento en otros liceos y escuelas.
Requisitos para los sostenedores privados
La Ley General en proyecto permite asegurar que los recursos que entrega el Estado se invertirán en educación y exige dedicación y compromiso por parte de quienes administran esta última.
En esta materia, nuevamente, se efectúan grandes cambios.
Los sostenedores deberán ser personas jurídicas y exhibir giro único y exclusivo en educación. La calidad de tales será intransferible, vale decir, no se podrá enajenar, a diferencia de lo que sucede actualmente. Sus representantes legales y los encargados administrativos deberán contar a lo menos con ocho semestres de formación superior.
Los establecimientos deberán cumplir normas referidas a infraestructura y equipamiento; poseer personal docente y codocente idóneo, y comprometerse a cumplir con los objetivos curriculares y los estándares de calidad del sistema.
Los sostenedores que reciban recursos públicos deberán rendir cuenta anual de su uso. Deberán acreditar solvencia económica.
En esta tradición, y a partir de este aprendizaje histórico, el Honorable Senado ha sido y es depositario de una responsabilidad que para el país constituye una señal única y determinante. Conscientes de tal legado, debemos hoy debatir y aprobar -al menos, así lo espero- una nueva Ley General de Educación.
Honorables señoras y señores Senadores de la República , en esta presentación de la iniciativa ustedes han podido obtener una visión del diseño que hemos elaborado para el sistema educativo. Se ha considerado cuidadosamente cada una de las partes de este último -ninguna puede ser evaluada al margen de las otras-, las cuales, en conjunto, permiten un avance substancial hacia metas que tenemos instaladas en nuestro ideario y que estamos concretando con acciones potentes, fortalecedoras de nuestra confianza en la capacidad de tomar decisiones en consonancia con el interés nacional.
Este es el momento de marcar un nuevo hito en nuestra historia de avances en el sistema de educación. Este es el momento para dar señales claras y decididas de que nos estamos jugando por el país, por sus niños y niñas y por todos sus jóvenes.
Honorables señoras y señores Senadores, todo el país tiene depositada su esperanza en los avances de la educación. Todo el país tiene puesta su mirada en los debates que se realicen y las decisiones que aquí se tomen. Este Hemiciclo ha sido el espacio de articulación de los más significativos consensos logrados respecto de la educación.
La normativa en análisis es el inicio de un proceso que cambiará radicalmente el sistema escolar. Son muchos los que esperan confiados en que en este instante nuevos aires entrarán al Ministerio, en que el sistema de educación emprenderá un nuevo vuelo y en que este sentará las bases definitivas para un cambio de importancia crucial en los aprendizajes de todos nuestros estudiantes.
Hoy nos encontramos a punto de dar un paso trascendental para cambiar la faz de nuestro sistema de educación. La decisión está en vuestras manos, señoras y señores Senadores. Ustedes tienen, en unión con la Cámara de Diputados, la función de aprobar las leyes. La iniciativa que debatirán ya fue aprobada por la otra rama del Congreso. Hoy le corresponde a esta Corporación sancionarla.
Es cierto que en nuestra sociedad ha habido y hay visiones e intereses contrastantes sobre el proceso educativo. A veces, estos intereses han emergido con fuerza en posiciones extremas de uno u otro color. Es legítimo que estas se expongan públicamente. Cada quien busca hacer realidad sus sueños o aspiraciones en educación. Todos tenemos derecho a reivindicar nuestros problemas y requerimientos en este ámbito. Pero, como sociedad, no debemos olvidar que en educación son mucho más fructíferos y necesarios los consensos. A la larga, gracias a ellos hemos avanzado como país y se ha avanzado en el sistema educacional.
Junto con agradecerles, señores Senadores, les pido que hoy debatan y aprueben el proyecto de Ley General de Educación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , creo que la señora Ministra lo ha reflejado bien en sus palabras: no ha sido fácil en la historia de nuestro país avanzar y lograr reformas educacionales de carácter sustantivo. Cuando así ha ocurrido, ello ha exigido grandes acuerdos políticos del Congreso Nacional. Así aconteció el año 20, con la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que fue una normativa fundamental dentro del proceso de enseñanza de nuestro país; y también en los años sesenta, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , cuando se aprobó extender la cobertura educacional a la mayor cantidad de jóvenes de nuestra patria.
Hoy día, el Senado se enfrenta a un gran desafío: consolidar el acuerdo nacional sobre calidad de la educación, celebrado hace un año, en este proyecto de Ley General de Educación y, de este modo, avanzar en la solución del problema que en la actualidad presenta el sistema educacional chileno, que es, precisamente, la calidad de la enseñanza que se entrega a los jóvenes.
Ese es el problema de hoy: un problema profundo, absolutamente real y ético. Porque, sin duda alguna, la mala calidad de la enseñanza ha incidido fuerte y determinantemente en la construcción de una sociedad como la del Chile actual, que presenta grandes desigualdades sociales.
Voy a dar un solo ejemplo.
Si comparamos los resultados de la prueba SIMCE, que se toma a los cuartos años básicos, se puede apreciar que en 1996, en el área de lenguaje y comunicación, el sector municipal obtuvo 241 puntos, y diez años después, luego de casi triplicarse el presupuesto del Ministerio de Educación, logró el mismo puntaje. Es decir, hay un total estancamiento. En el área de las matemáticas, por su parte, consiguió 239 puntos en 1996, contra 234, una década después.
Si lo anterior, que solo son cifras para demostrar el estancamiento o el empeoramiento de nuestro sistema educacional, se lleva a contenidos, significa que durante 10 años los niños de cuarto básico del sector municipalizado, en materia de lenguaje y comunicación, no alcanzaban a comprender lo que leían y, en el área de las matemáticas, no conseguían realizar con fluidez las cuatro operaciones básicas.
O sea, hubiésemos reprobado el curso en materia de calidad de la educación, no obstante haberse triplicado en diez años el presupuesto del sector.
Por eso, señor Presidente, el acuerdo que se celebró hace un año resulta tremendamente importante.
Obviamente -y creo que no vale la pena detenerse o perder mucho tiempo en ello-, este proyecto de Ley General de Educación, que refleja dicho acuerdo, no es suficiente por sí mismo, ni constituye el único instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza en Chile. Sin duda, debe ir acompañado de muchos otros factores. Pero, no siendo suficiente, resulta del todo indispensable.
El académico José Joaquín Brunner ilustró muy bien ese aspecto en la Comisión de Educación cuando, al citar estudios internacionales, señaló que lo que más incide, lo más preponderante en la calidad de la enseñanza es, en primer lugar y por lejos, la familia y su condición sociocultural; segundo, la calidad de la gestión de la escuela a la cual se envía a los niños, y tercero, a bastante distancia, los sistemas o diseños institucionales.
Pues bien, este proyecto de Ley General de Educación se refiere, precisamente, a los sistemas o diseños institucionales. Pero, sin duda alguna -y así lo afirmó José Joaquín Brunner -, tener un buen diseño institucional resulta tremendamente importante en la generación de incentivos para que las escuelas puedan mejorar su capacidad de enseñanza.
Tampoco creo que valga la pena, señor Presidente , detenerse a detallar aquello que la normativa no incorporó, o que incorporó de manera distinta o matizada de lo que uno piensa. Porque todo acuerdo -es bueno recordarlo- exige generosidad, comprensión y renuncias mutuas, para lograr ir avanzando.
La pregunta no es qué faltó o de qué discrepo, sino si la iniciativa, examinada en su conjunto, significa o no un paso adelante. En ese sentido, estoy convencido de que estamos dando un paso importante para mejorar la calidad de la educación.
Y precisamente, valorando el mencionado acuerdo, haré el análisis del contenido de la ley en sus aspectos fundamentales teniendo como pauta los elementos consignados en él para demostrar la fidelidad que existe entre lo acordado y lo que recoge el proyecto en estudio.
El primer punto es la existencia de "Una institucionalidad pública más sólida que permita dotar a nuestra educación de un sistema de aseguramiento de la calidad". El acuerdo señala que "La educación y sus políticas públicas no deben estar sometidas a los vaivenes políticos de corto plazo y tampoco responder a la visión de un solo sector político". Y agrega: "Los países exitosos son aquellos que poseen una institucionalidad que persiste a lo largo del tiempo en la búsqueda de mejorar la cobertura y la calidad educativa".
Así, la institucionalidad que recoge el proyecto de Ley General de Educación y que es parte del acuerdo tiene cuatro ejes fundamentales.
Uno, el Ministerio de Educación, que cumplirá un rol preponderante en la fijación de las políticas educativas del país.
Dos, la Superintendencia de Educación -órgano aún inexistente-, que deberá velar por la observancia de los requisitos establecidos en la ley y, especialmente, ejercer el control de los recursos públicos destinados a la enseñanza.
Tres, la Agencia para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación -también inexistente-, con un rol fundamental en esta materia, por cuanto deberá efectuar los diagnósticos y la evaluación de las escuelas en cuanto al cumplimiento de los estándares educativos; apoyar la gestión educativa donde existan dificultades o deficiencias en el cumplimiento de dichos estándares, y sugerir sanciones, las que incluso podrán llegar al término de la condición de sostenedor, si no se cumplen, bajo determinadas circunstancias, los estándares de calidad de la educación que se establezcan.
Y cuatro, el Consejo Nacional de Educación, el que, ni más ni menos, tendrá la atribución de fijar los contenidos, ya sea a través de los currículos, de los proyectos educativos, de los planes y programas y de los estándares de educación; es decir, el "qué se enseña en nuestro país".
El segundo punto contenido en el acuerdo dice relación a la necesidad de contar con una "Definición clara de los roles de cada uno de los actores de la comunidad educativa".
El proyecto de ley, en su artículo 10, consagra con precisión cuáles son los actores de la comunidad educativa, con sus respectivos derechos y deberes.
Como seguramente los señores Senadores van a referirse a los derechos, yo quiero especificar un deber que me parece muy importante: el de los alumnos, de tener un trato respetuoso hacia sus profesores y de respetar el reglamento interno de cada establecimiento.
Y ello, porque una de las demandas más relevantes de los padres y apoderados apunta a la ausencia, falta o debilidad en la disciplina interna de las escuelas o liceos, tan necesaria para lograr una mejor calidad en la educación de nuestro país.
En esta materia, el acuerdo señala que, "Asimismo, se determinan los objetivos de aprendizaje de los distintos niveles educativos, incorporándose el nivel parvulario". El nivel parvulario, que ya se incluyó a través de una reforma constitucional cuyo autor fue el Senador Mariano Ruiz-Esquide , ahora se incorpora dentro del sistema educativo como un nivel más. El acuerdo agrega que, "De esta manera, se precisan las responsabilidades y los objetivos de aprendizaje que los niños y niñas deben alcanzar, permitiendo con ello una adecuada rendición de cuentas para asegurar el objetivo principal: la calidad de la educación". Es decir, qué se enseña, cómo se enseña, quién se hace responsable de esa enseñanza y cómo se evalúa a quien está educando.
Todo ello se encuentra comprendido en los Títulos I y II de la iniciativa.
El tercer aspecto es "Una nueva estructura curricular para elevar la calidad de la educación". ¿Qué significa esto? Que se establecen nuevos ciclos educacionales: de primero a sexto básico, y de séptimo básico a cuarto medio, siguiendo la nomenclatura actual.
¿Qué se busca con este cambio en el ciclo curricular -idea que viene planteada incluso desde el Consejo Asesor Presidencial-? Aprovechar de mejor manera y en forma más extensa a los profesores de enseñanza media. ¿Por qué? Porque son especialistas en una sola asignatura y, por lo tanto, se hallan más aptos para entregar una mejor calidad en la disciplina que imparten.
El cuarto punto del acuerdo se vincula con la necesidad de "Garantizar la eficiencia y la transparencia de todo el sistema educacional".
Aquí hoy tenemos un problema.
El sistema educacional funciona con poca transparencia, tanto en el sector particular subvencionado como en el municipal. Las dificultades en este ámbito han sido tan serias, que el Congreso incluso debió adoptar una sanción constitucional.
Por eso, el proyecto obliga a la mayor transparencia en el uso de los recursos públicos involucrados en el proceso educativo y a la mayor calificación para quienes sean sostenedores.
El artículo 46 exige que estos sean personas jurídicas y posean como giro único la educación. La calidad de sostenedor será intransferible a los que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Además, deberán acreditar solvencia económica.
Del mismo modo, el representante legal y el administrador de entidades sostenedoras tendrán que estar en posesión de un título profesional o una licenciatura de al menos 8 semestres.
El quinto punto es esencial. La calidad de la educación requiere libertad, requiere espacios para poder innovar en materia de proyectos educativos. Por eso, el acuerdo es "Asegurar y desarrollar la autonomía" educativa, la cual se expresa en dos aspectos muy concretos.
En primer lugar, en la creación de un banco de planes y programas complementarios. Todos sabemos que muchas veces una escuela municipalizada o una particular subvencionada enfrenta enormes dificultades para desarrollar un proyecto educativo. Por consiguiente, no tiene otra alternativa que recurrir al programa oficial que le entrega el Ministerio de Educación. El mencionado banco, que recogerá los proyectos educativos más exitosos del sistema educacional, quedará a disposición de los colegios para su implementación en todos los lugares que así lo deseen.
Y, además -lo dice el acuerdo-, "se contempla un tiempo de libre disposición en las bases curriculares y en los planes de estudios elaborados por el Ministerio de Educación".
Un gran inconveniente de nuestro sistema educacional es que los contenidos mínimos fijados en la LOCE terminan asfixiando a las escuelas, ya que estas ni siquiera tienen tiempo suficiente para pasar esos contenidos mínimos. Por lo tanto, no queda ningún espacio para innovar o introducir una particularidad o un sello propio en el proyecto educativo.
La iniciativa señala que solo el 70 por ciento del tiempo deberá destinarse al cumplimiento de tales objetivos, y que el 30 por ciento restante será de libre disposición, lo cual garantiza la autonomía.
El sexto punto fue, quizás, uno de los que provocaron mayor debate: las "Normas de no discriminación arbitraria y selección".
Aquí había un problema complejo, como era armonizar la capacidad de selección de alumnos con la libertad de enseñanza, evitando discriminaciones de carácter arbitrario.
Se estableció expresamente en el acuerdo que la Ley General de Educación debía contemplar "normas para asegurar que los procesos de admisión de cada establecimiento escolar sean transparentes, objetivos y no discriminen arbitrariamente".
Asimismo, hubo coincidencia en cuanto a que los establecimientos subvencionados que reciben aportes públicos no pueden seleccionar, entre prekínder y sexto año básico, en razón del mérito académico, ni tampoco solicitar antecedentes sobre las condiciones socioeconómicas de la familia del postulante.
¿Qué quiere decir eso? Que en ningún evento se puede discriminar arbitrariamente en la selección de un alumno y que la ley entiende que hay discriminación arbitraria en las escuelas que reciben subvención estatal cuando, entre prekínder y sexto básico, seleccionan por criterios académicos.
¿Se podrá seleccionar en virtud de un proyecto educativo autorizado que no implique ningún tipo de discriminación? Sí. Lo que no se podrá hacer es seleccionar, entre prekínder y sexto básico, en razón del mérito académico de un alumno.
El séptimo punto trataba el tema del "Financiamiento".
Se valoran los avances en materia de incremento de la subvención escolar, pero este sigue siendo un asunto pendiente.
A nosotros nos gustaría -y esperamos que finalmente se logre- que, una vez aprobada la Ley General de Educación, la cual sirve de base institucional para el avance en materia de calidad de la educación, nos propusiéramos como objetivo duplicar el presupuesto del sector y duplicar la subvención educacional.
No nos podemos engañar: educar con calidad no es gratis; requiere recursos. Y los que hasta hoy se han destinado, si bien reconocemos que se han incrementado, mantienen una subvención que, comparada con los medios con que cuenta el sistema educacional particular, está a años luz de otorgar o garantizar un aprendizaje de calidad.
El octavo punto es la creación de "Un nuevo Consejo Nacional de Educación".
El proyecto original del Ejecutivo establecía más bien un organismo del Gobierno de turno. La mayoría de sus miembros eran elegidos por el Presidente de la República . Se ha cambiado completamente ese criterio, para llegar, no a una entidad de Gobierno, sino a un Consejo Nacional compuesto por 10 integrantes que durarán 8 años en sus cargos -más allá de cualquier plazo electoral- y que permite una participación amplia en la designación o ratificación de muchos de sus integrantes tanto del Consejo de Alta Dirección Pública como del propio Senado.
El Acuerdo se refiere al rol del Estado. Y agrega un nuevo punto que me parece especialmente importante: es deber del Estado velar por la calidad de la enseñanza. Dice: "Mantener y desarrollar un sistema educacional de provisión mixta. Históricamente la educación en Chile ha sido provista de manera mixta. Es responsabilidad del Estado mantener y desarrollar un sistema de educación gratuita y de excelencia. Junto con ello debe velar por la eficaz realización de la libertad de enseñanza y del derecho a una educación de calidad a través del apoyo a todas las escuelas, sean públicas o privadas.".
Ello está recogido en el TÍTULO PRELIMINAR del proyecto de ley, donde todo el Párrafo 1° tiene relación con los Principios y Fines de la Educación.
Concluye: "Estamos seguros de que este acuerdo permitirá al país avanzar en forma clara y decidida hacia una educación de calidad para todos.".
Señor Presidente , lo convenido está fielmente reflejado en el proyecto de Ley General de Educación que estamos conociendo. Y el análisis lo he hecho a través de él -mostrando su fidelidad con la iniciativa-, porque está suscrito por todos los presidentes de los partidos con representación parlamentaria -varios de ellos presentes en la Sala- Honorables señora Alvear y señores Escalona , Gómez y Larraín , y además por el Ministro señor Viera-Gallo y por la ex Secretaria de Estado en Educación señora Yasna Provoste .
¡Todo lo que he señalado lo dijeron los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria que suscribieron el Acuerdo!
Quiero terminar mi intervención, señor Presidente , no con mis palabras, sino con otras que pueden tener mucha más significación.
Hace un año, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por la Reforma de la Educación se expresó: "A mí me parece que este es un gran día para Chile, un gran día para todos, porque hemos asumido un compromiso con Chile todas las fuerzas políticas". Y se agregaba: "El compromiso que adoptáramos de producir cambios significativos en la educación chilena, y en especial derogar la LOCE, para poder contar con una nueva Ley General de Educación, democrática, moderna y republicana, y que asegurara, lo más importante de todo, que creo que está en el espíritu del protocolo que acaba de ser firmado, muy centralmente es el poder garantizar una educación de calidad para todos.".
Más adelante, se señala, luego de un detenido detalle de los aspectos del Acuerdo recogidos en el proyecto de ley en debate: "Todas ellas" -las materias anteriormente descritas-, sin embargo, reafirman lo más importante, que es nuestra vocación, nuestra convicción, nuestra certeza y nuestro compromiso con una educación de calidad para todos.". Y se agregaba: "Y espero que lo que hemos convenido se traduzca pronto en legislación soberana.".
Se manifestaba: "Tenemos la capacidad de superar nuestras diferencias y convenir sólidos acuerdos nacionales en beneficio de todos.
"Por eso que he dicho que hoy día es un gran día, y por eso que he dicho que hemos dado un gran salto para reencontrarnos con nuestra historia.".
Obviamente, todos habrán advertido que son expresiones de la Presidenta de la República al firmarse el Acuerdo por la Calidad de la Educación, hace un año, con palabras y espíritu que comparten estas bancadas, porque tal Acuerdo lo impulsamos, trabajamos y suscribimos. Y vemos plasmados sus aspectos sustanciales en este proyecto de Ley General de Educación.
Señor Presidente , vamos a votar favorablemente la iniciativa todos los Senadores de la Alianza, no solo por cumplir la palabra empeñada -de por sí ya sería muy importante y relevante-, sino además por nuestras convicciones y esperanzas en que el camino que se empieza a abrir para mejorar la calidad de nuestra educación puede contribuir a la mayor equidad y justicia social que la sociedad actual nos exige y reclama.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , estimadas señoras Senadoras y colegas, hubiese querido dar a conocer a la Sala los debates habidos en la Comisión de Educación, que tengo la honra de presidir, sobre este importante proyecto de ley que ahora estamos discutiendo.
Para conocimiento de Sus Señorías, debo informar que durante la presidencia de aquella del Senador señor Navarro tuvimos la oportunidad de escuchar a no menos de 81 organizaciones de distinta naturaleza, que fueron convocadas para que expusieran sus opiniones no solo respecto a la iniciativa, sino también a cómo ven el proceso educativo que vive el país.
Dificulto, por lo tanto, que otro proyecto de ley contara con la participación de organizaciones de tan diversa índole y con orientaciones ideológicas, políticas y religiosas muy diferentes, que tuvieron el interés de concurrir a nuestra Comisión -por tratarse, como todos tenemos conciencia, de una materia trascendente- para plantear sus puntos de vista.
Sin embargo, el actual proceso no es sino el reflejo de otras reformas que ha vivido la República. En la historia de las modificaciones a la educación chilena, no se conoce ninguna que se haya implementado sin grandes traumas políticos, ideológicos e, incluso, religiosos.
Durante los siglos XIX y XX, prácticamente todas las modificaciones que intentaron realizar las fuerzas políticas al funcionamiento o a la estructura educacional del país generaron grandes controversias.
No hay que olvidar que la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se discutió durante 40 años en el país y que las fuerzas liberales y conservadoras se encontraron durante todo ese período, porque había algunos que sostenían que la educación no era para un sector importante de la población, el cual tenía que vivir en su feliz marginalidad.
Después de tantos años, no es de extrañar que hoy todos consideremos que es básico que un chileno o chilena, cualquiera sea su condición social y su origen ideológico, político, religioso, tenga a lo menos ya no 6, sino 12 ó 14 años de enseñanza elemental, para los efectos de enfrentar las complicaciones de la vida moderna.
Todas las modificaciones incorporadas no han sido solo producto de procesos políticos en donde han participado las fuerzas determinantes de nuestra vida institucional, sino también lecturas que el país ha sido capaz de hacer de la realidad mundial -cultural y política- que nos rodea.
En consecuencia, las enmiendas hechas son también producto de grandes influencias o de procesos políticos e ideológicos que se viven, incluso, más allá de nuestras fronteras.
Por eso, creo que debemos contextualizar de manera adecuada lo que ocurrió en la nación hace menos de dos años, cuando se movilizaron, como nunca antes, 700 mil jóvenes a través de todo Chile. Solo recuerdo que en los años 1952 a 1953 hubo un movimiento similar de los estudiantes de educación media, aunque por otros motivos. En el caso actual, los alumnos se movilizaron, fundamentalmente, para exigir un cambio en la vida institucional y en la orientación de la educación chilena, particularmente la municipalizada, en cuanto a calidad y equidad.
Nunca habíamos conocido una movilización de esa naturaleza. Pocas veces se había visto en el país. Y nadie a esta altura puede decir que ella fue orquestada desde un partido político, desde una alianza o coalición de partidos ni tampoco desde algunas entidades extrañas a la vida política nacional.
Se trató de un movimiento espontáneo, y los jóvenes -más allá de lo que pensáramos nosotros- fueron capaces de ponernos frente a una dolorosa realidad: que la educación chilena no está dando cuenta de los enormes cambios producidos no solo en nuestro país, sino en la humanidad.
Por eso, creo que ahora todos estamos contestes -y hay gran consenso al respecto- en que las modificaciones incorporadas básicamente durante el Régimen militar quedaron por completo obsoletas. No tienen posibilidad de éxito.
Tales enmiendas, incluyendo por cierto la municipalización, no podrán en ningún sentido generar una educación de calidad, con gran sentido republicano, que traiga equidad e igualdad al país.
Sin embargo, hay un gran acuerdo, que es el primero que se produce sobre esta materia entre las fuerzas de Oposición y de Gobierno. Y creo que es bueno entender, por lo tanto, que ya no se puede continuar aceptando en el país tanta desigualdad, segregación y falta de calidad en el sistema educacional.
No digo que ello ocurra en todo el sistema educativo, porque cuando hablo de segregación me refiero a esa franja de la sociedad chilena a la que hoy se entregan los mejores niveles de educación, de acuerdo a lo que se puede exigir a un país que pretende el desarrollo. Pero hay una gran mayoría de chilenos y chilenas, de jóvenes, que no tienen posibilidad alguna ya no solo de competir -término que no me gusta mucho, pero se puede utilizar para estos efectos-, sino que de vivir las transformaciones profundas que en el campo intelectual, científico y tecnológico se están desarrollando en nuestro entorno. ¡No tienen posibilidad!
Eso lo vamos a ver, con seguridad, en los resultados de la PSU que se está rindiendo en estos momentos, donde los puntajes más altos los obtienen jóvenes provenientes de cierto estrato socioeconómico y de determinados colegios.
Esa segregación, por cierto, nos duele a todos, porque es parte de nuestro propio fracaso. Y no me basta señalar que esas modificaciones introducidas por el Régimen militar fueron negativas. No tiene sentido si no asumimos la responsabilidad de no haber sido capaces durante 20 años de introducir mejores enmiendas, pues durante ese lapso hemos sido nosotros los que hemos gobernado y no las fuerzas que acompañaron a dicho Régimen.
Además, se debe considerar la instalación entre nosotros -incluyendo los partidarios del Gobierno- de una suerte de lucha ideológica larvada, donde la desconfianza hacia nosotros fue el factor fundamental por querer una educación radicada exclusivamente en el ente estatal, muy laica, por completo prescindente de cualquier orientación ideológica, política o religiosa; y también nuestra desconfianza en quienes piensan distinto por desear una educación solo privada y la destrucción del rol educativo del Estado, como lo fue siempre en la historia republicana del país o, prácticamente, durante los últimos 500 años en Europa Occidental.
Esa desconfianza fue fatal. Por eso, considero bueno el acuerdo al cual se arribó hace poco tiempo. Yo no lo discuto. Me parece muy importante, porque es el primero al que se llega en el país después de 1920 entre Oposición y Gobierno, cuando durante la Administración de don Arturo Alessandri Palma las fuerzas liberales y las conservadoras, con el Partido Radical, básicamente, lograron cierto consenso sobre la necesidad de dar fortaleza al sistema educacional público, particularmente al liceo.
Ahora, después de transcurridos más de 80 años, las fuerzas políticas que tenemos la responsabilidad de conducir los asuntos públicos nos ponemos de acuerdo en algo.
Por eso, es muy importante lo dicho aquí por la señora Ministra de Educación , y lo discutido también en la Comisión, en el sentido de que el proyecto de ley en debate no se puede entender si no es al tenor de otras normativas que se encuentran en estudio en el Senado, así como las que prontamente entrarán a tramitación en la Cámara de Diputados. Vale decir, la Ley General de Educación tiene sentido y se puede entender adecuadamente su orientación si estudiamos en forma conjunta lo relativo a la Superintendencia de Educación y a la Agencia de Calidad, y, al mismo tiempo, la ley -acaba de ser anunciado el envío del proyecto al Parlamento- sobre fortalecimiento en la educación pública.
El otro consenso al cual hemos llegado se refiere a que no es posible destruir la educación pública. Resulta absurdo pretenderlo no solo desde el punto de vista ideológico, sino también histórico. No hay país en el mundo que no tenga la responsabilidad de fortalecer su educación pública. Quienes pretendieron hacer lo contrario han debido volver sobre sus pasos.
En consecuencia, existe otro consenso sobre la necesidad de fortalecer la educación pública. Y cuando llegue al Senado la iniciativa correspondiente, con seguridad encontraremos caminos de entendimiento que van a ser bastante más sólidos de lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque también venimos de vuelta en materia educacional -al igual como en economía, después de la catástrofe que está viviendo el mundo-, donde nos encontramos revalorando la importancia de la educación pública, particularmente aquella entregada por el Estado.
En Chile, a diferencia de otros países, siempre ha sido buena la educación estatal. No es cierto que se haya entregado una educación de mala calidad. Con seguridad, en el último tiempo, el Estado ha perdido injerencia y, por eso, se han producido desastres en dicho ámbito, particularmente a nivel municipal.
La educación municipalizada fue un gravísimo error. Y nos costará muy caro reparar los daños. Será un proceso bastante difícil y largo. Pero fortalecer la educación pública es un deber histórico de todos los que estamos en esta Sala. Porque es la única posibilidad de tener una sociedad más inclusiva, menos discriminatoria, y que no explote por las contradicciones que la hacen incapaz de gobernarse a sí misma.
En cuanto a la educación pública -que siempre fue buena, yo por lo menos soy hijo de ella, desde la primaria hasta la universitaria-, estoy convencido de que la podemos dotar de las mismas definiciones que tuvo en el pasado. No es necesario inventar nuevas.
En nuestro país, nunca hubo Estado docente, que es una de las cosas que más preocupa a algunos sectores. No es cierto que solo aquel imparti�� educación. Siempre se dio un sistema mixto, que este proyecto de ley garantiza. De manera permanente, ha habido colegios privados. La mayor parte de los creados durante los siglos XIX y XX fueron de origen religioso, particularmente católico.
Por lo tanto, el cuento o la idea de que el Estado docente nuevamente puede venir como una suerte de fantasma a instalarse en la discusión no tiene sentido, por carecer de raigambre histórica. Pero eso no significa que podemos continuar destruyendo la enseñanza pública, pues estaríamos manteniendo la segregación, la falta de inclusividad y de calidad en ella.
La Ley General de Educación -cuya iniciativa votaré a favor- no debería incluir la expresión "general", porque no considera adecuadamente a dos sectores de la vida educativa del país: la superior -queda al arbitrio de la LOCE, por dejar vigente el capítulo pertinente- y la técnico-profesional.
Si nuestro país fue capaz de progresar -algunos podrán discutir sobre si fue o no progreso efectivo-, ello se debió a que durante la década del 30, 40 y parte del 50 tuvimos un sistema de educación técnico-profesional dentro de la secundaria. Tanto es así que la Dirección General de Educación Técnica estaba en el Ministerio del ramo, y a través de todo el país había un sistema de formación técnica.
Hoy se produce una paradoja absurda: por cada 10 ingenieros hay un técnico. En Francia, por cada 10 técnicos hay un ingeniero. Esa es la diferencia. Y resulta que esta iniciativa no se refiere a la educación técnica.
En todo caso, esto no lo hago presente porque sí -fui Secretario General de la Universidad Técnica del Estado-, sino fundamentalmente porque estoy convencido de que en esta nueva etapa de desarrollo industrial que el país puede experimentar -lo está haciendo en este momento a pesar de nosotros-, lo más seguro es que se producirá no una carencia de ingenieros, sino que de técnicos capacitados, de ingenieros de ejecución, que hoy día más encima se están formando mal. Y el Estado no está teniendo ninguna responsabilidad en aquello.
En un área tan particularmente competitiva del país como la minería -algo conozco al respecto- no faltan ingenieros metalúrgicos o en minas, sino técnicos de alta calidad capaces de manejar los enormes avances tecnológicos que se han desarrollado para explotar nuestros recursos.
Por lo tanto -insisto-, debiéramos cambiarle el nombre a esta "Ley General", porque no es general, dado que carece de esos dos aspectos fundamentales.
Con todo, estimo que este es un buen proyecto, por cuanto resalta -ya lo dije anteriormente- el rol del Estado, un Estado capaz de omnicomprender adecuadamente lo que es el proceso educativo; de entender que la educación constituye la base fundamental no solo del ascenso o la movilidad social sino también del progreso de todo el país.
En tal sentido, radicar nuevamente en el Estado -no en el Gobierno- una responsabilidad histórica (ya la tuvo en el siglo XIX y ahora debe recobrarla) es un gran logro.
En esta materia no había un consenso como el que tenemos hoy. Creo que existe acuerdo suficiente al respecto. Podemos pensar en más o menos participación del aparato estatal, pero esos son detalles que resolveremos en el debate.
Cuando se dio a conocer el Informe Brunner, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, yo estuve en contra - José Joaquín Brunner lo supo perfectamente-, pues estimé que era un error que en él no se considerara de forma adecuada la visión de algunos sectores de la vida del país con experiencia educativa. No hablo solo del mundo laico como algunos podrían pensar, sino de gente proveniente de otras esferas de la vida cultural y política del país que no fue tomada en cuenta.
Por eso el Informe Brunner fue aplaudido por un sector y no por otro donde estábamos personas que creímos que tal labor no constituía un avance, aunque pudo haberlo sido.
Tuvimos un debate respecto de los alcances de ese Informe aquí, en el Senado. Y recuerdo haber discutido con varios señores Senadores de la época que dicho documento iba a provocar un grave problema por estar concebido sobre la base de principios que no necesariamente todos compartíamos.
Ahora, en cambio, sí estamos compartiendo, por ejemplo, el principio de la universalidad en la educación; el principio de una educación permanente; el principio de la educación laica, no en el sentido antirreligioso como algunos piensan, sino en el sentido de la libertad de espíritu que debe reinar en cualquier proceso educativo, en el sentido de entender la educación como un proceso y no solo como etapas a través de las cuales se mide el conocimiento que se entrega. No: esa es una parte menor de la educación. La educación debe ser concebida como un proceso que comienza desde el momento en que nace el niño.
Debemos estar todos de acuerdo si queremos avanzar en una educación de calidad, sobre todo para enfrentar los enormes desafíos que tenemos como país, en un mundo donde el cambio climático está generando transformaciones de tal magnitud que todavía no somos capaces de entenderlas; en un mundo donde Estados Unidos entra en crisis y nos afecta a todos; en un mundo donde se agotarán los medios energéticos que actualmente conocemos -como el petróleo-; en un mundo donde nuestros hijos y nietos van a vivir cambios que ni siquiera nosotros imaginamos.
Por ello, hablar de calidad es una tarea fundamental.
No es posible aceptar, como lo señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que haya profesores que no sean capaces de transmitir conocimientos adecuados; que muchos de nuestros jóvenes no aprendan; que un número importante de estudiantes de cuarto medio, si se les entrega un texto elemental de filosofía -el más elemental-, no estén en condiciones de comprenderlo porque carecen de la formación básica suficiente para horadar el pensamiento de tal o cual autor.
Dicho problema se vive de manera dramática en todo el sistema educativo, particularmente en el municipalizado.
Señor Presidente , por último -y agradezco que me haya dado más tiempo para concluir mi intervención-, hago presente que estamos ante un buen proyecto. No es perfecto. Nunca ha existido una ley perfecta. Y, de hecho, va a haber muchos descontentos.
Yo estoy en desacuerdo con ciertos acápites; incluso, con algunos de los factores que motivaron el consenso nacional en torno a la iniciativa.
Por ello, me permitiré, como Senador -todos tenemos este derecho-, presentar indicaciones para mejorar su articulado, por cierto sin romper el sentido fundamental de los acuerdos.
Esa es la labor fundamental del Senado de la República: perfeccionar los acuerdos, hacer posible que logren el objetivo propuesto.
Por lo tanto, anuncio que voy a formular indicaciones.
Espero que ello no signifique una escandalera entre nosotros por pensarse que estamos rompiendo acuerdos. He sido partidario de ellos. Sigo pensando que son fundamentales en materias tan sensibles como esta. Pero voy a presentar indicaciones, aunque, seguramente, no todas serán bien aceptadas y formarán parte de los asuntos en los que no hay consenso.
Sin embargo, todo ello enriquecerá el acuerdo, el cual, por lo demás, se formuló hace un año, cuando teníamos un país y un mundo distintos. Ahora debemos ser capaces de generar las condiciones para enfrentar el Chile diferente que se está desarrollando ante nuestras narices, el mismo que una iniciativa de esta naturaleza tiene la obligación de reflejar.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-
La Mesa ha permitido hacer una exposición con toda tranquilidad no solo a la señora Ministra de Educación , como es natural, sino también a los dos señores Senadores que ya intervinieron, dada la trascendencia del proyecto de ley que nos ocupa. Y ese será el criterio por seguir en esta ocasión, a fin de que Sus Señorías dispongan del tiempo necesario para expresar sus puntos de vista.
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR .-
Señor Presidente , estimados colegas, tal como aquí se ha señalado, hace solo dos años el país se vio remecido por las movilizaciones de los estudiantes de enseñanza media.
La masiva convocatoria nos hizo mirar profundamente el Chile que hemos construido y el Chile que queremos ver mañana.
Permítame, señor Presidente , recordar algo que se expresó en aquellos días y que quizá no tuvo la resonancia requerida. Nuestros obispos, a través de la Conferencia Episcopal, durante esos momentos de confusión, señalaron: "Lo que está sucediendo manifiesta un profundo y sentido malestar, que hunde sus raíces en la escandalosa brecha social que afecta nuestra convivencia.".
Comparto profundamente esa visión: la fuente de aquel conflicto estaba mucho más allá del petitorio de una organización de estudiantes.
En el centro de esto se halla el mayor desafío que hoy Chile enfrenta: superar las severas inequidades sociales que dañan nuestra convivencia e hipotecan nuestro futuro.
Esas desigualdades se expresan en la educación: ¡El promedio de los resultados del SIMCE en Providencia es 50 puntos mayor que el de La Pintana! Ambas comunas forman parte de la circunscripción que represento.
Los jóvenes secundarios le mostraron al país lo que muchos no querían ver: la desesperanza de quien sabe que sus años de estudios no se traducen en un mejor futuro y que haber pasado por la educación pública o, incluso, por la subvencionada no asegura un mañana.
Esas fueron las razones que permitieron un amplio acuerdo en torno a que la educación de nuestro país debe caminar desde una etapa en que el acceso a las oportunidades educativas y la cobertura de las instituciones dejaban de ser los principales requerimientos a otra donde la calidad de los aprendizajes y su distribución social constituyen una exigencia capital.
A mi juicio, este es el gran mérito de la iniciativa; es el gran paso que damos como país al superar la LOCE y entrar en un nuevo modelo educacional nacional, el cual se plasma en este proyecto de Ley General de Educación.
Quiero expresar, señor Presidente, los motivos por los cuales apoyo esta iniciativa legal, que votaré favorablemente.
El primero dice relación con el establecimiento de un adecuado equilibrio entre el derecho a una educación de calidad y la libertad de enseñanza. Por una parte, se amplía el concepto desde el "derecho a la educación" al "derecho a una educación de calidad", y por la otra, se cambia el énfasis de la LOCE, que claramente ha privilegiado la libertad de enseñanza -entendida como la defensa de la provisión privada de educación sin restricciones- por sobre el derecho a la educación, lo cual ha permitido exclusiones y abusos que afectan especialmente a los estudiantes más vulnerables.
El proyecto de Ley General de Educación (LGE), sin limitar la garantía de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, no solo establece sanciones para los abusos, sino que declara como un deber del Estado el aseguramiento de una educación inclusiva, impidiendo, entre otros elementos, la selección de estudiantes hasta sexto básico y limitando la expulsión de estos por motivos académicos, como la repitencia.
En segundo lugar, la iniciativa resguarda adecuadamente la existencia de una oferta diferenciada en la educación subvencionada; es decir, una oferta pública y otra privada (oferta mixta), lo cual hace posible la existencia de proyectos educativos distintos. Esto significa que se permite la participación en el sistema de diferentes proveedores y, por lo tanto, de variadas opciones para las familias (colegios grandes, pequeños, religiosos, laicos, con enseñanza personalizada o de otro tipo).
La Democracia Cristiana tiene una tradición de respeto al rol del Estado como garante del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, y como garante del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos.
Valoramos, entonces, un sistema mixto con participación de los sectores público y privado, lo cual es coherente con nuestro sentido comunitario y la importancia que asignamos a las organizaciones intermedias que actúan entre el Estado y las personas.
En tercer término, creemos que es un avance fundamental el establecimiento de mayores requisitos para ser sostenedor, exigiendo un giro único y rendición de cuentas acerca del uso de los recursos públicos. Resulta difícil no estar de acuerdo con la afirmación de que la educación no puede ser un negocio. Lucrar a costa de la calidad de la educación es un abuso que no puede permitirse. Y en ello, la legislación debe ser clara.
El Estado debe tener atribuciones para resguardar la calidad de servicio que está pagando con recursos de todos los chilenos y para sacar del sistema a los malos sostenedores educacionales, facultad que actualmente no existe y que el proyecto incorpora.
Por eso, me parece indispensable conciliar las normas que eviten los abusos con un sistema que promueva la generación de confianzas en el propio sistema. Hoy día uno de los problemas que tenemos es que las relaciones entre el Estado y los sostenedores, públicos y privados, están marcadas por una recíproca desconfianza. Digámoslo tal cual: ¡recíproca desconfianza!
Necesitamos, entonces, una Superintendencia de Educación. Y lograrla es una conquista relevante. Pero no queremos una Superintendencia cuyo énfasis esté puesto en la sospecha, pues tal enfoque es contrario al espíritu que se requiere para crear una cultura de responsabilización de los actores del sistema.
El cuarto aspecto que deseo destacar es la referencia explícita a la autonomía de gestión de los establecimientos escolares. Sin una autonomía real, los actores del sistema (sostenedores, directores, docentes, etcétera) no se hacen responsables de los resultados que obtienen sus estudiantes. Este es un aspecto indispensable para impulsar la calidad. Por eso resulta tan importante que las modificaciones que se hagan al sistema consideren los efectos que provocarán sobre las escuelas, que son las unidades donde se da la gestión educacional. Ello significa analizar cada propuesta en el impacto que puede tener su aplicación en los establecimientos escolares, y garantizar que ellos puedan funcionar asumiendo la responsabilidad por la calidad del aprendizaje de sus estudiantes.
Permítame señalar, señor Presidente , que durante los últimos meses he visitado muchos planteles educacionales (municipales, privados, de fundaciones sin fines de lucro), los cuales, atendiendo a un mismo tipo de alumnos -niños vulnerables-, muestran claras diferencias en cuanto a los resultados logrados con ellos. Y la gran diferencia radica en el compromiso del director o la directora, de los profesores y de los padres y apoderados en el proyecto educativo y la evaluación de la gestión.
Hace dos semanas visité en Lampa, comuna pobrísima, una escuela perteneciente a una fundación que no cobra ni un peso. Le va tan bien que postulan a ella muchos más niños que los que puede recibir. Y el sistema de selección es el sorteo; vale decir, no existe ninguna otra calificación que no sea la buena suerte del estudiante para ingresar.
El compromiso de su directora y de los miembros del directorio de la fundación, que funciona semanalmente en el establecimiento educacional; las metas que se exigen a cada profesor; el plan semanal que se elabora y su evaluación son claves para el logro de un gran resultado.
Insisto: esto ocurre en un establecimiento educacional que recibe a alumnos vulnerables, cuyos padres se encuentran en recintos penitenciarios y que viven en las condiciones más difíciles que un niño puede enfrentar.
Entonces, señor Presidente, ¡se puede!
Por eso es tan importante poner el acento en el compromiso que debe existir en las metas de gestión y la evaluación.
Por último, valoro el impacto que la Ley General de Educación debiera tener en la necesaria modernización del Ministerio de Educación para asumir la etapa de la calidad. La iniciativa establece la obligación de dicha Cartera de fijar estándares de calidad que serán el referente para guiar y, a la vez, evaluar a los establecimientos educacionales.
También dispone un sistema de aseguramiento de la calidad y la creación de una Agencia que se preocupará por el seguimiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, de la gestión escolar, de los docentes.
Por su parte, la Superintendencia de Educación velará por el cumplimiento de la normativa y el buen uso de los recursos públicos.
Pero, por sobre todo, será la sociedad la que deberá ejercer un nuevo rol como un actor con mayor información (resultados para los padres de las pruebas del SIMCE, sistemas de información en línea, entre otros).
En fin, en la discusión en particular tendremos la oportunidad de hacer planteamientos específicos.
Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a aquello que el proyecto de Ley General de Educación no contiene y que debemos ser capaces de ir impulsando en el próximo tiempo con la mayor urgencia posible.
1. El necesario apoyo a los docentes.
La masificación de la educación chilena en las últimas décadas ha traído consigo la rápida expansión de un recurso humano con que el país no contaba y se expresa en una débil formación profesional de algunos docentes. Entre 1997 y 2003, los alumnos matriculados en carreras de pedagogía aumentaron de 25 mil a 75 mil. Chile no cuenta con los profesores que necesita para enseñar a los estudiantes del siglo XXI. Y ello no es culpa de los profesores, sino, muchas veces, de la enseñanza que recibieron.
Agréguese a lo anterior el déficit de docentes en disciplinas tan importantes como matemáticas, ciencias e inglés. Siendo los profesores el principal factor para lograr buenos aprendizajes, su formación y apoyo representan el desafío más importante que enfrenta el país para mejorar la calidad de su educación.
Por eso, nos alegramos del Programa Inicia planteado por la Ministra de Educación, que significa la instauración de una prueba de acreditación de los docentes al egreso de su carrera, lo que viene a complementar la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía. Pero no solo aquello va a resolver el problema: debemos tener el coraje de emprender una nueva carrera docente que, garantizando la estabilidad laboral, sea capaz de incentivar y premiar el mérito. No puede dar lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Hoy pareciera que así fuera.
2. El mejoramiento de la educación pública. Sabemos -así lo ha expresado la señora Ministra de Educación - que la Presidenta ha presentado un proyecto en esa dirección. Tenemos conciencia de que la educación pública requiere de reformas complejas que es necesario afrontar con esmero. El 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables asiste al sistema municipal. Hay problemas de institucionalidad y de recursos que deben ser abordados.
Señor Presidente , me eduqué en un liceo público -el Nº 1- y me siento hija de la tradición de una educación integradora en la que el mérito y el esfuerzo eran lo fundamental, donde no veíamos las diferencias sociales que apreciamos hoy. Con todo, no puedo dejar de reconocer que, cuando yo estaba en el liceo, la mayoría de los jóvenes de mi edad aún no tenía acceso a la enseñanza media. En 1970, 49,7 por ciento de ellos ingresaba a la educación secundaria y solo 9 por ciento a la educación superior.
Por eso, para lograr una educación pública de calidad, debemos ser capaces de enfrentar la diversidad de estudiantes que hay hoy día y de responder a las distintas realidades y a la complejidad que presenta la sociedad actual. Será en otro momento cuando habremos de discutir acerca de este difícil e importante desafío. Estamos firmemente comprometidos con ello.
Para terminar, señor Presidente , una reflexión.
Chile avanza con cambios posibles, no con voluntarismos. Estamos conscientes de que llegamos a un acuerdo. Cuando ello ocurre, como es natural, todos tenemos algo que ceder y eso se hace en función de un bien mayor. La Ley General de Educación representa un avance significativo. Vendrán además las otras iniciativas legales que se están tramitando en la Cámara de Diputados. ¿Vamos a mantener la LOCE por aquello que le falta a la Ley General de Educación? El país no entendería que echáramos por la borda el acuerdo logrado en torno a este proyecto. Seamos claros: los que quieren todo ahora nos están arriesgando a que nos quedemos sin nada, por mucho tiempo. Nuestros niños y jóvenes no se lo merecen.
He dicho.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , la lógica que se ha impuesto a este proyecto es la de avanzar a toda costa y rápido, adonde sea. La prisa, "pasión de necios", como decía Gracián , suele inducir a errores irreparables. En este caso, es el de legislar a espaldas de las mayorías, tal como se hizo cuando se impusieron la LOCE y la Constitución de 1980.
Se sigue pensando que las personas no saben lo que quieren y, por lo tanto, necesitan ayuda para tomar decisiones. Por eso se ha hecho oídos sordos a la opinión de los estudiantes, principales "clientes" de la educación, según el modelo de mercado. Los profesores tampoco son considerados. Lo mismo sucede con el 70 por ciento de la población, que desea ver erradicadas las escuelas de los municipios.
La diversidad se logra, según ciertos académicos, teniendo escuelas diferentes pero con el mismo nivel de recursos. El argumento luce razonable, pero es idéntico al que empleaban los racistas en Estados Unidos. En efecto, blancos y negros, al ser supuestamente "iguales", acceden a escuelas con similar apoyo económico. Pero, ese no es motivo suficiente para que estén juntos; es mejor mantenerlos separados.
Las escuelas particulares subvencionadas, dejando fuera a los estudiantes más desfavorecidos, generan una imagen de éxito, pero ficticia, artificial. Gracias a que "descreman" socialmente obtienen mejores resultados en el SIMCE. Con la discriminación, fomentan el mito de ser los mejores lugares de aprendizaje. En realidad lo que hacen es concentrar los niños con mayores ventajas socioeconómicas. Es como si la camiseta albiceleste, por sí misma, explicara los logros de un equipo formado por Messi , Riquelme , Mascherano , el Kun Agüero y la constelación de estrellas que integra la selección argentina. De ser así, nuestro histórico Magallanes sería campeón permanente, solo por vestir esa casaquilla.
Los establecimientos municipales, definidamente, quedaron para servir a los más pobres, a los desheredados.
Se dice que el proyecto tiene "avances". Pero si estos se hacen en una dirección equivocada, resultan más graves que permanecer donde se está.
Es el momento de parar esta carrera desenfrenada, sin rumbo. Hay que echar marcha atrás y buscar un mejor camino. Debemos retomar con firmeza la educación pública. Cuando no se escucha a los actores sociales, es preciso volver a empezar, siempre.
Los protagonistas de la "revolución pingüina" fueron capaces de articular el diagnóstico más crudo y realista de la educación chilena: postularon que los bajos resultados de aprendizaje y las inmensas desigualdades educativas en Chile se debían en gran medida a la municipalización, al escaso financiamiento, a la selección de los estudiantes, a la sangría de recursos generada por el lucro y al total descontrol de los dineros públicos que se entregan a privados.
Con la propuesta de la LGE, la municipalización ha quedado incólume; la selección persiste en los grados claves para la movilidad social; no se toca el financiamiento compartido y solo se enmascara el afán de lucro.
En síntesis, tenemos frente a nosotros un proyecto que propone avanzar en un camino erróneo. Ha ignorado las demandas sociales; ha desilusionado a distinguidos miembros del Consejo Asesor Presidencial y, lo más inquietante, no fortalece la educación pública.
Como Senador radical, siento el peso de la historia y de los principios con singular fuerza. El ideario de mi Partido expresa que la educación es la gran herramienta para el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones. La concibe como pública, gratuita, laica y pluralista. El profesor Pedro Aguirre Cerda afirmó: "la educación es el primer deber del Estado y el más alto derecho de los ciudadanos". El gran Valentín Letelier , profesor, rector de la Casa de Bello, uno de los intelectuales más insignes de su época e ideólogo de primera línea del radicalismo, dijo: "el Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza". Y agregó: "Es digno de un pueblo culto que el Estado mantenga una educación propia, donde el personal docente se forme bajo su mano, inspirado por el espíritu nacional, influenciado por las tradiciones populares.".
Definitivamente, estoy por un proyecto que termine con la municipalización del sistema escolar; que fortalezca de modo efectivo la educación pública; que tome en consideración las demandas de la sociedad; que defina a la educación como un derecho y no como una mercancía; que cohesione la sociedad; que en su vocación pluralista valore la diversidad y prohíba la selección de estudiantes en todos los establecimientos que reciben recursos públicos, desde la educación parvularia hasta la media.
Por desgracia, no es ese el proyecto que tenemos frente a nosotros.
Si esta iniciativa se aprueba, es porque satisface a quienes rechazan lo que define a una educación pública de calidad y al rol del Estado en ella. A eso no se le podría llamar "consenso" y mucho menos un logro "histórico". En realidad, con la LGE estamos perdiendo una gran oportunidad, quizás la más propicia que ha tenido Chile para mejorar la educación en los últimos cien años.
Viene en camino -según anuncian- un proyecto específico, que apunta al fortalecimiento de la educación pública. ¡Pero es un lubricante extemporáneo, porque no llega a la entrada, sino a la salida de la LGE!
Lo lamento, Presidenta. Yo la quiero mucho, quizás demasiado. ¡Pero no puedo inmolarme ante un proyecto que contraría principios esenciales e inclaudicables en uno de los campos más sensibles para el desarrollo del país!
Voto en contra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Ruego guardar silencio a quienes se hallan en las tribunas.
Corresponde usar de la palabra al Honorable señor Horvath.
Quedan dos minutos para terminar el Orden del Día.
Están inscritos los Senadores señores Letelier, Allamand, Ruiz-Esquide, Larraín, Gómez, Orpis, Girardi, Muñoz Barra, Gazmuri, Navarro, Sabag, Flores, Ominami, Escalona, Naranjo, Vásquez y Cantero.
Consulto al Honorable señor Horvath si desea intervenir ahora, o prefiere hacerlo en la sesión ordinaria de mañana.
El señor HORVATH.-
Mañana, señor Presidente.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/4970-04