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Señor Presidente , pocas materias pueden ser más importantes que la que estamos revisando hoy. Por eso, en pocas palabras, quiero tratar de situar el contexto en que, desde mi punto de vista, tiene lugar esta discusión.
En general, el contexto macro -por decirlo de algún modo- de este proyecto es la grave situación -no sé si habrá que hablar de crisis o no- de nuestra educación, que uno podría caracterizar con tres conceptos: es mala, desde la perspectiva de la calidad; se halla estancada, desde el ángulo de su mejoramiento, y es especialmente desigual.
Ese es el diagnóstico con que enfrentamos en la actualidad el estado de la educación chilena. Podrá discutirse si es o no mejor que hace 50 años, en términos comparativos. Por cierto, ese es un debate absolutamente abierto.
Ahora, en concreto, también parece significativo referirse a cuál es el contexto particular de este proyecto. Porque la verdad es que él no llegó al Senado sin cuestiones previas que importaba poner arriba de la mesa y resolver.
En general, creo importante consignar en la historia fidedigna de la ley que hay a lo menos ocho hitos fundamentales previos a esta iniciativa.
El primero -aquí se ha mencionado- es la llamada "revolución pingüina", de mayo de 2006.
El segundo hito, de junio de ese año, es la formación por parte de la Presidenta de la República de un Consejo Asesor de 90 miembros, que sesiona durante seis meses.
En abril de 2007 -tercer hito- el Ejecutivo envía al Parlamento un proyecto de Ley General de Educación.
El cuarto hito es la presentación por la Alianza de una iniciativa alternativa.
El quinto -y aquí quiero detenerme- es la firma del Acuerdo por la Calidad de la Educación, de 13 de noviembre de 2007, que, como señaló acá el Senador señor Chadwick , fue traducido cabalmente en un texto legislativo: el que discutimos ahora.
El 29 de enero de 2008, el acuerdo alcanzado se traduce en una indicación sustitutiva. Ese es el sexto hito.
El séptimo es la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, luego de una tramitación que yo calificaría de bastante tormentosa, por lo que voy a explicar.
Y, por último, nos encontramos aquí en lo que constituye el octavo hito, cuando, luego de más de seis meses de estudio en la Comisión, estamos viendo la iniciativa en esta Sala.
En consecuencia, este proyecto es el resultado de un proceso legislativo largo, de un proceso político decantado y de un proceso técnico elaborado. Porque aquí ha participado mucha gente.
Ahora bien, uno podría señalar que la normativa que nos ocupa recoge y refuerza a lo menos seis principios fundamentales:
1.- El de la libertad de enseñanza.
2.- El de la calidad de la educación.
3.- El de la identidad o autonomía de los colegios, que se expresa -yo diría- en la vigorización que se da al concepto de "proyecto educativo".
4.- El de la responsabilidad, que en definitiva se acentúa a lo largo del articulado.
5.- El de la flexibilidad -ya se ha mencionado aquí-, expresado en distintos aspectos, pero particularmente en el ámbito curricular. Tal como otros señores Senadores han manifestado, hoy día estamos en una situación kafkiana, donde supuestos objetivos mínimos se transforman en objetivos máximos que simplemente los colegios no son capaces de abordar en forma adecuada.
6.- El de la igualdad de trato o de la provisión mixta de la educación pública y la educación particular subvencionada.
Esos son los seis principios que hoy día podemos encontrar reforzados y, de alguna manera, vigorizados en este proyecto de ley.
Entonces, señor Presidente , habría que preguntarse -y creo que es importante ponerlo arriba de la mesa- dónde han estado los problemas, cuáles han sido los obstáculos, qué nudos ha sido necesario desatar para llegar a esta instancia.
En concreto, son tres.
El primero, todo lo relativo a los procesos de admisión. Y aquí hay que señalar exactamente cuál fue el punto de partida y cuál el que finalmente se expresó en el acuerdo.
El artículo 11 del proyecto original del Ejecutivo , en materia de procesos de admisión, que algunos llaman "de selección", establecía, en síntesis, que un colegio con más postulantes que cupos debía asignar estos "por prioridad familiar" -estoy leyendo textualmente- o "por sorteo".
Esa era -reitero- la manera de proceder cuando un colegio tenía más postulantes que vacantes.
De más está decir que con dicha fórmula, por ejemplo, el Instituto Nacional simplemente desaparecía. Ello, porque, no obstante ser un colegio extraordinario, público, gratuito, verdadero modelo para la educación chilena, tenía, en la lógica de los autores del proyecto primitivo, una suerte de pecado original: seleccionaba por mérito a contar de séptimo grado.
El referido punto se zanjó en el acuerdo político y en el acuerdo legislativo. Y, tal como algunos señores Senadores han señalado, ello se hizo sobre la base de establecer que los procesos de admisión no pueden contener ninguna forma de discriminación arbitraria, pero sí basarse en el proyecto educativo y, también, en el rendimiento académico, aunque, como es obvio, después del primer ciclo, es decir, arriba de sexto básico.
Eso entrampó gran parte de la discusión. Y se despejó de la manera que indiqué.
El segundo problema tiene que ver con lo que algunos llaman "lucro" y que yo prefiero llamar "emprendimiento": ¿hay espacio o no para el emprendimiento privado en la educación chilena?
Ciertamente, el debate daría para muchas horas. En blanco y negro, uno casi podría ponerlo de la siguiente manera: ¿queremos volver a alguna modalidad de Estado docente, en el sentido de que al final es este el que termina capitalizando, monopolizando las posibilidades educativas, o, al revés, nos abrimos al máximo de oportunidades y a un concepto de "sociedad docente"? ¿Qué queremos? ¿Queremos que las iglesias, corporaciones de profesores, instituciones privadas participen o no participen en el proceso educativo?
Unos dicen preferir al Estado. Otros sostenemos que mientras mayor incorporación haya de la sociedad al proceso educativo el resultado será mejor.
Señor Presidente , esta discusión -legítima, por cierto- también se zanjó. ¿Cómo? De una manera muy clarita: se determinó que sí había en el sistema educacional chileno espacio para los emprendimientos privados, estableciéndose mayores posibilidades de fiscalización y exigiéndose a las sociedades dedicadas a ellos tener giro único.
Ese fue el segundo gran nudo que fue necesario desatar.
Y el tercero surgió con posterioridad al envío de este proyecto al Parlamento. Básicamente, se planteó porque, en forma intempestiva e inconsulta, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados una indicación que modificaba el texto convenido y que, en resumen, establecía una preferencia en materia de financiamiento para la educación pública.
Eso generó el debate habido en la Cámara Baja.
La referida indicación, que significaba un inciso nuevo para la letra a) del artículo 46, finalmente fue retirada por el Ejecutivo .
Y era lo que correspondía, señor Presidente . Porque, sin duda, todo acuerdo se puede modificar, pero no en forma unilateral. ¿Es posible perfeccionar un acuerdo? Por cierto que sí. Pero, obviamente, deben hacerlo las mismas partes que lo suscribieron. Una de ellas no puede atribuirse unilateralmente la facultad de modificar un acuerdo por su mera voluntad.
Por lo tanto, aquel concepto, que podríamos denominar "no discriminación en materia de provisión de recursos para el financiamiento de la educación", es el tercer nudo que se desató cabalmente durante la discusión en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, aquí ha habido un acuerdo meditado, decantado, y hoy día le corresponde al Senado -si vamos a cumplirlo, por supuesto- darle curso.
En tal sentido, quisiera expresar lo siguiente.
Ayer se destacó la importancia de los acuerdos en materias de Estado. En el ámbito educacional, el problema no radica en la inexistencia de acuerdo -porque lo hay-, sino en que algunos no se hallan dispuestos a cumplir lo que se convino.
El acuerdo está. No existen vaguedades ni indefiniciones. Pero hay una cuestión de confianza.
¿Quiénes concurrieron al acuerdo? La Presidenta de la República y los presidentes de todos los partidos políticos, quienes, a nuestro entender, comprometieron la voluntad de sus colectividades.
En la mañana leí algunas declaraciones que el Senador señor Gómez hizo en un periódico. Su Señoría dijo (y me referiré al punto en seguida): "Voy a revisar el proyecto de ley sobre reforzamiento de la educación pública que se ha enviado y voy a votar en conciencia".
No me cabe ninguna duda de que el Senador señor Gómez votará en conciencia; siempre lo ha hecho (por lo menos esa es mi impresión). Pero tampoco tengo duda alguna de que, habiendo concurrido personalmente a firmar el referido acuerdo, Su Señoría deberá validar su palabra. De lo contrario, habría que suponer que lo suscribió en estado de inconsciencia, lo que, ciertamente, no puede haber ocurrido.
Ahora, la educación pública, tal como dijeron diversos Senadores, es una cuestión distinta de la que aquí se ha descrito.
Nosotros, en Renovación Nacional y en la Alianza, estamos más que preparados y abiertos para tener una discusión de fondo sobre la materia.
La caricatura de aquellos que dicen que algunos quieren estatizar todo y otros privatizar todo no tiene ningún sentido.
Chile posee un sistema de educación y de provisión mixta.
Por lo tanto, en su oportunidad estudiaremos el proyecto con la misma buena disposición con que analizamos los anteriores.
Ahora, me sorprenden algunas reflexiones que surgen sobre el punto.
Por ejemplo, he escuchado atentamente todas las exposiciones de los Senadores de la Concertación que han abogado en favor de la educación pública. Nadie, hasta ahora, ha mencionado que es fundamental modificar el Estatuto Docente. ¿Omisión? ¿Olvido? ¿Inadvertencia? Porque si existe hoy un lastre para los resultados de la educación pública, está precisamente en el Estatuto Docente. Pero, simplemente, no se menciona.
Una segunda cosa.
Aquí se dice: "La municipalización fracasó". Y el proyecto sobre fortalecimiento de la educación pública que se acaba de enviar al Parlamento, al parecer -porque no conocemos exactamente su contenido-, termina con la municipalización de la educación.
Yo quiero decir, en representación de Renovación Nacional, que no estamos de acuerdo con ese concepto. Nos parece un gravísimo error. La forma de resolver los problemas de la educación pública no pasa por revertir el proceso de municipalización, sino todo lo contrario: pasa por acentuarlo. Y aquí se mencionó.
¿Cuál es el déficit que registran hoy día los establecimientos educacionales municipales? ¿Tienen los alcaldes recursos para salir adelante en forma adecuada a ese respecto?
Y permítanme un pequeño detalle, señores Senadores.
Se le preguntó a un destacadísimo alcalde si tenía o no facultades para llevar adelante un buen proceso educativo en su comuna. Y contestó:
"Voy a hacer una analogía futbolística.
"La situación del alcalde es como si al presidente de un club de fútbol se le encomendara llevar a un equipo de segunda división a primera, pero junto con el mandato se le establecieran las siguientes restricciones:
"1.- En principio, usted no puede despedir al actual entrenador. Si quiere hacerlo, debe realizar un concurso público; pero si el actual entrenador llega a perder, no puede despedirlo ni bajarle el sueldo. Es decir, tendrá que manejar el equipo con dos entrenadores: uno en la banca y otro en la cancha.
"2.- Usted tampoco puede elegir qué futbolistas juegan. La nómina ya está definida con anterioridad.
"3.- Usted no puede despedir a ningún jugador, independientemente de su desempeño o comportamiento.
"4.- Puede contratar nuevos y mejores jugadores, pero con el mismo presupuesto y, por cierto, sin despedir a nadie.
"5.- La evaluación, los planes de entrenamiento y los sueldos se los fijará la ANFP en una negociación central con el sindicato de trabajadores.".
¿A quién corresponden esas palabras? ¿Serán acaso de alguno de los exitosos alcaldes de la Alianza? ¿De Manuel José Ossandón , Alcalde de Puente Alto, o de Jacqueline Van Rysselberghe, Alcaldesa de Concepción?
Tales palabras son de don Claudio Orrego , de la comuna de Peñalolén, uno de los más destacados alcaldes de la propia Concertación.
Señor Presidente , cuando aquí se expresa que la municipalización ha fracasado y se pretende montar una estructura como la que hoy día se está anunciando en el proyecto antes individualizado, uno desde ya puede anticipar que, lejos de mejorar la educación pública, simplemente conducirá a una reiteración del fracaso ya experimentado.
En seguida, a través de usted, señor Presidente , quiero hacer un último comentario, de sentido común, a la señora Ministra .
Este Gobierno lleva más de treinta meses en el poder. Y, según como uno lo cuente, le quedan trece a catorce meses para terminar su mandato. Nos hemos pasado tres años en esta discusión. La "revolución de los pingüinos" se produjo dos meses después de que la Presidenta Bachelet asumiera el poder.
¿Qué queda por delante? Despachar esta iniciativa, poner en práctica la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad. Y ahora se supone que, arriba de este tremendo esfuerzo legislativo, político, organizativo, hay que realizar una transformación completa de todo el sistema de gestión en educación pública. ¡En trece meses!
La verdad de las cosas es que aquello no hace sentido.
Señor Presidente , creo que, como aquí se ha dicho, finalmente van a prevalecer las ventajas de este proyecto, que sin duda constituyen una mejoría sustantiva con respecto a la actual situación.
Además, pienso que los señores Senadores, en particular los que suscribieron el acuerdo en representación de sus partidos, van a honrar su palabra. Y tendremos buena disposición para avanzar en esta iniciativa legal.
Podremos discutir, por cierto, el otro asunto, que -como señaló el Senador señor Letelier - es distinto. Y habrá que hacer el mayor esfuerzo.
El único punto estriba en que este debate no se puede eternizar ni transformarse en un ejercicio intelectual que, simplemente, no prospera. Cada día que pasa y no se promulga la ley en proyecto es un día en que seguimos condenando a los jóvenes, en especial a los de menos recursos, a una educación de mala calidad.
En consecuencia, no abordar este debate con el sentido de urgencia que las circunstancias aconsejan sería, en mi concepto, un grave error de esta Corporación.
He dicho.
"
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