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Señor Presidente , el radicalismo rescata y exalta con orgullo lo que fuera su lucha permanente y exitosa por una educación pública, estatal, laica y gratuita, cuyo progreso en el pasado lo exhibe con fuerza para sostener la necesidad de su actual vigencia.
1.- La política educacional de la Concertación
La atención brindada a la educación por los Gobiernos democráticos ha sido importante. Inicialmente se centró en esfuerzos destinados a atender el deterioro que sufriera durante la dictadura y más adelante apuntó a la modernización del sistema.
Se avanzó en recuperar la dignidad de la profesión docente y se expandieron las matrículas universitarias y los beneficios otorgados a los estudiantes. Todo ello, más las obras de infraestructura, significó inversiones cuantiosas.
Sin embargo, los resultados no reflejan la magnitud del esfuerzo y de los recursos invertidos.
La raíz de dicha situación se encuentra en el modelo educacional. Este otorgó al Estado un rol subsidiario y la libertad de enseñanza se tradujo, simplemente, en una política de mercado. La oferta educativa limitó en forma severa el derecho a la educación y ayudó a profundizar odiosas disparidades sociales que es preciso erradicar.
Asimismo, se implantó un esquema descentralizador, teniendo al municipio como sostenedor de la educación pública. Ello, con un menguado sistema de financiamiento y con una conducción técnica errática.
Por otra parte, las reformas incorporadas no atendieron a aspectos vitales para su éxito. Faltó la activa presencia, en su diseño y operación, de directivos y docentes, a quienes correspondía no solo participar, sino también perfeccionarse para asumir los nuevos roles que debían desempeñar. Se ignoró que cualquier reforma se concreta en la escuela y, especialmente, en el aula.
En la misma línea, la formación inicial del profesorado no fue objeto, con la celeridad necesaria, de los profundos cambios que requería para superar las debilidades heredadas.
Este verticalismo impuso una visión tecnocrática de los problemas, desestimando las peculiaridades del fenómeno educativo. Las "soluciones" no fueron reconocidas por sus actores.
2.- Nuevas perspectivas en educación
En la actualidad, el Partido Radical sostiene que corresponde interpretar los cambios experimentados por nuestra sociedad como una realidad a partir de la cual se debe actuar.
El rol del Estado en la educación. El derecho a una educación de calidad
El rol que los radicales asignamos al Estado en lo educacional corresponde al vigente en la actualidad en naciones modernas y democráticas. Básicamente, comprende tres funciones: la normativa y reguladora, encargada de establecer y hacer respetar el recto espíritu de la legislación vigente; la compensadora de diferencias, responsable de hacer efectivo el derecho a una educación de calidad para todos, y la evaluadora, a cargo de supervisar, controlar, juzgar e informar a la comunidad los resultados del proceso educacional en sus diversas instancias, niveles y unidades.
Todo ello se expresa en una administración descentralizada que involucra a múltiples proveedores del servicio educativo, reconociendo la libertad de enseñanza, pero siempre que garantice en plenitud el derecho a la educación.
Estas funciones requieren un Estado fuerte en sus capacidades, moderado en su tamaño y respaldado en una legislación coherente.
La libertad de enseñanza
Según algunos, la presencia de sostenedores privados en nuestro sistema constituye la expresión de la libertad de enseñanza. Para nosotros, ello es así en tanto no limite el derecho a la educación que al Estado corresponde cumplir. El uso de los recursos públicos debe ser objeto de estricto control, para evitar el lucro desmedido, ya sea producto de una débil fiscalización o de resquicios administrativos.
La calidad de la educación
Concebimos la calidad de la educación como un concepto amplio, que incluye la relevancia, expresada en objetivos que promueven valores deseables por la sociedad; la eficacia, entendida como el logro de los objetivos programáticos propuestos; la pertinencia, que se alcanza si sus contenidos son congruentes con las aspiraciones de la sociedad a la cual se dirige; la equidad, que implica la posibilidad de recibirla y beneficiarse igualitariamente de sus resultados, y la eficiencia, si se logra una óptima relación entre los recursos invertidos y los beneficios alcanzados.
3.- Propuestas de cambios
Ante la situación descrita, el radicalismo estima imprescindible incorporar con urgencia cambios sustantivos que consideramos necesarios.
En primer lugar, fortalecer la ineludible presencia rectora del Estado, por su condición de garante del bien común y cautelador de equilibrios sociales. Ella se torna imperiosa en una sociedad que presenta severas asimetrías en la distribución del ingreso, deficiente seguridad social, abusos laborales y problemas de desempleo que constituyen causas latentes de trastornos sociales. En tal sentido, rechaza el rol subsidiario que le otorga la actual legislación. Este reafirma odiosas diferencias sociales y termina convirtiendo en letra muerta los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, la necesaria inserción del país en la sociedad del conocimiento requiere una conducción nacional que favorezca un desarrollo educacional y científico acorde con los exigentes requerimientos de la sociedad del futuro. Tales demandas no pueden dejarse al arbitrio de la voluntad privada. Deben formar parte de una política de Estado que cuente con el apoyo gubernamental y de todos los entes involucrados.
Del mismo modo, se requiere la presencia del Estado para lograr el necesario balance entre la preparación eficiente de las nuevas generaciones y una formación que entregue valores, fomente la integración social, rechace cualquier tipo de discriminación, valore la democracia como forma de gobierno y favorezca un enfoque ético que privilegie la condición de persona sobre la de "recurso humano".
Consideramos que hay que reformular la descentralización municipalizada del servicio educativo, de modo que permita reconocer, respetar y hacer realidad las diferencias regionales del país. En consecuencia, es preciso radicarla en un nuevo sistema de administración que sea parte del sistema educativo nacional, de manera que este preserve su coherencia interna.
La nueva gestión ha de responder a las peculiaridades del entorno, a la vez que enmarcarse en las prioridades nacionales, impidiendo diferencias educacionales según los recursos que cada municipalidad pueda destinar en su comuna.
Este enfoque permitirá transferir la responsabilidad que hoy ejercen los municipios a nuevos organismos diseñados y regulados por una nueva ley. Estos nuevos órganos tendrán como función esencial la planificación, gestión y administración del proceso educativo en el área geográfica correspondiente, disponiendo de la necesaria autonomía para su buen ejercicio. Su dirección radicará en una instancia calificada para asumir las responsabilidades que implica este cometido. Se han de vincular con el Ministerio de Educación, el que les proporcionará los recursos para su operación y les asignará las directrices a las que deban adscribirse.
Nosotros, por supuesto, consideramos necesario derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Se trata de un punto esencial.
En la nueva ley que se origine se deben adecuar las funciones del Consejo Superior de Educación; incorporar entre sus consejeros a representantes de organizaciones educacionales, y establecer disposiciones para el reconocimiento oficial de entidades educacionales, incorporando requisitos que garanticen la plena adscripción de estas al espíritu y letra de la facultad concedida.
Creemos necesario fortalecer el rol directivo del Ministerio de Educación; optimizar la formación inicial y el perfeccionamiento permanente del profesorado; revisar los currículos de los distintos niveles educativos, y establecer criterios según los cuales la norma no sea solo la enseñanza humanista, sino que haya también un currículo técnico-profesional.
Desde el punto de vista de los ingresos, creemos indispensable incrementar el producto interno bruto con un aporte sustancial para la educación estatal, como parte de la formación y desarrollo de un sistema formativo.
Estamos y estaremos siempre en contra de la fórmula que ha implicado hasta el día de hoy llevar a cabo el proceso educativo con un sistema de subvenciones que hace competir a los más pobres en la obtención de recursos, en circunstancias de que el Estado debe necesariamente proveer los dineros necesarios para que todas las escuelas del país entreguen una buena enseñanza.
Este es un problema de planificación, algo que se tiene que hacer pero no entregando recursos en competencia o subvenciones no ligadas directamente al desarrollo educativo en las distintas comunas del país y en los diferentes colegios a lo largo de Chile.
Queremos que se cumpla lo dispuesto en el Nº 10 del artículo 19 de la Constitución, inserto en el Capítulo De los Derechos y Deberes Constitucionales, que dice:
"10º.- El derecho a la educación."
"La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".
Creemos que ese es un asunto central que debe atenderse. Está claramente establecido que el Estado tiene la obligación de proveer la educación gratuita y de calidad en la enseñanza básica y media. Hace algún tiempo, propusimos con el Senador señor Ruiz-Esquide una reforma en que se estableció con nitidez que en la educación parvularia también estaban garantizados su acceso y financiamiento.
Ese elemento para nosotros es central.
Señor Presidente, si bien no hemos logrado todo lo que el Partido Radical aspira en materia educacional, queremos reivindicar aquí, con toda nuestra fuerza, el rol del Estado, en una política estatista o no estatista.
Nosotros sostenemos que en un sistema como el nuestro las desigualdades se van acentuando día tras día. ¿Por qué? Porque mientras el ente estatal no ponga los dineros necesarios para una educación pública gratuita y de calidad, habrá diferencias. En efecto, hay libertad de educación para quienes podemos definir dónde poner a nuestros hijos, pero no para aquellos que carecen de recursos, los cuales están obligados a llevar a los suyos a colegios municipalizados, que son los peores en Chile.
Por eso, hemos dicho claramente que los radicales valoramos la discusión parlamentaria sobre el proyecto presentado por la Presidenta de la República para fortalecer la educación pública. En él se inserta el compromiso de ella de que al respecto va a haber especial preocupación. Pero creemos necesaria también una iniciativa legal clara y precisa que entregue recursos adicionales directamente a los estamentos fiscales que igualen los que reciben los sectores subvencionados y particulares, muy superiores a los menguados fondos que aquellos obtienen del Estado.
Si eso se logra en definitiva y se toma la decisión real, directa, de potenciar la educación pública, podremos igualar de verdad y tener una educación pública de calidad. Porque vamos a disponer de recursos y a contar con adecuados profesores. Nos vamos a preocupar de sus remuneraciones, del Estatuto Docente, de los directores, de los ingresos, de lo que corresponde desarrollar, de lo que pasa en el aula, de la infraestructura de los establecimientos, de que los niños chilenos sean bilingües y puedan enfrentar los desafíos de un mundo globalizado. Todo ello siempre y cuando el Estado asuma su responsabilidad y no simplemente entregue muchos recursos a los privados y algunos pocos a los públicos, y que estos últimos no sean a través de subvenciones, que solo hacen competir a los más pobres con los más pobres, sino a través de criterios de planificación educacional.
En nuestro concepto y en nuestra forma de pensar, lo que hoy se está discutiendo corresponde al compromiso del Ejecutivo, que yo suscribí como presidente del Partido.
No está presente el Senador señor Allamand , a quien deseo manifestar que mi palabra la voy a cumplir siempre. Y si anuncio que voy a votar en conciencia, así lo haré porque para mí es muy importante que la Presidenta de la República haya presentado un proyecto de fortalecimiento de la educación pública que nos permita el debate, como dijo el Honorable colega.
Así como nosotros hoy día en la Concertación discutimos y tenemos diferencias de opinión frente a este tema, esperamos que la Alianza por Chile tenga la apertura necesaria para reconocer el cambio sustancial que significa la desmunicipalización de la educación. No hay duda ni parecer distinto en cuanto a que la municipalizada es la peor educación en Chile. Así como los alcaldes Orrego , Sabat o cualesquiera de los de la Región Metropolitana pueden decir cosas contrarias, porque disponen de recursos -los del Estado y los generados en sus municipios- hay comunas en Regiones -en la mía y en la de otros Senadores- que no tienen esa posibilidad. Y es obligación del Estado establecer una educación igualitaria, gratuita y de calidad en todo el país.
Por eso, sin perjuicio de lo establecido en el proyecto de ley en debate y a pesar de la discusión en la Concertación y en distintas instancias, acepto el siguiente criterio conceptual: la educación debe ser pública. No hay otra distinta, pues ni la privada ni la subvencionada lo son.
El cumplimiento del objetivo de la educación es público. Claro que es necesario que haya buenos alumnos y adecuados establecimientos para educar; pero, desde el punto de vista de lo que significa educación pública -entendido en la forma que nosotros señalamos-, ella es la que el Estado provee.
No es lo mismo la educación pública subvencionada, la cual recibe recursos del Estado. Y en esa materia nosotros creemos que el proyecto contiene elementos importantes que debemos valorar.
Aquí algunos han dicho que este es un proyecto que no tiene absolutamente nada nuevo y que en definitiva estamos aprobando una LOCE remozada. Eso no es correcto ni es bueno decirlo de esa manera.
La iniciativa de ley en análisis deroga la LOCE, primer elemento central. Habla de principios democráticos y reguladores, de aquellos que deben tener en mente los estudiantes en definitiva al momento de producir, cuando hayan terminado su proceso educativo.
También establece criterios de control de recursos del Estado; Agencias de Calidad, Superintendencia y diversos cambios muy relevantes desde el punto de vista de lo que es la educación actual.
¿Qué deberíamos hacer? Según algunos -como he escuchado- esta especie de LOCE remozada la deberíamos votar en contra y quedarnos con lo que tenemos: una educación de pésima calidad; o buscar fórmulas de avance que no son las que los radicales queremos.
Me he referido con anterioridad a ellas, pero vamos a votar favorablemente, porque en definitiva nos parece que significa un paso adelante en el fortalecimiento de la educación pública, cuyo debate se hará próximamente en el Congreso. Y en él quiero escuchar a todos los Senadores, tanto de la Alianza por Chile como de la Concertación, decir que nos interesa de verdad una educación pública gratuita y de calidad.
¿Y eso qué significa? Que se den los recursos necesarios; que haya buenos profesores, tecnología, y una buena relación en la formación familiar, todo lo cual permitirá mejorar el nivel social en Chile, única manera de romper las desigualdades. Lo demás es demagogia; hablar para la galería y anunciar un voto contrario al proyecto; preferir lo antiguo.
Señor Presidente , reitero que voy a cumplir siempre mis compromisos y mi palabra.
La Presidenta ha hecho un esfuerzo considerable, no el suficiente y necesario, en nuestra opinión, pero lo vamos a apoyar para realizar los cambios que el país necesita y, de una vez por todas, tener -lo que todos esperamos- una educación pública gratuita y de calidad. Eso significa para los radicales un avance y un gran triunfo para Chile, porque no puede ser que el destino de cada uno de nuestros niños dependa del barrio en que nace. Eso es inaceptable. Y la única manera de romper esa circunstancia es que el Estado, de una vez por todas, se "ponga las pilas" y determine claramente que la educación pública requiere financiamiento directo, propio y suficiente.
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