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- rdf:value = " El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , he escuchado interesantes y muy esclarecedoras intervenciones, las que agradezco, sobre todo por lo que significa la posibilidad de una discusión acerca de lo que debiera ser la educación en el siglo XXI.
Mas la verdad es que estamos abocados al conocimiento de un proyecto de ley determinado, el cual, como bien señalaron algunos señores Senadores que intervinieron, corresponde a un acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias. Y respecto a ello voy a referirme.
En lo demás, por supuesto, estoy absolutamente abierto a escuchar todo aquello que tienda a mejorar la calidad de la educación.
Creo sinceramente en lo que dijo Pedro Aguirre Cerda : "Gobernar es educar". Y lo estimo así porque, de no haber ocurrido el proceso nacido en 1938, quizás el país no sería el de hoy.
Recuerdo haber escuchado decir a Joaquín Lavín , en una charla relativa a su libro "Chile Revolución Silenciosa", publicado en los años ochenta, que en el texto había cometido un solo gran error.
Pienso que incurrió en varios, pero, en fin...
Reconoció que nada de lo ocurrido para el crecimiento y desarrollo económico del país habría tenido lugar de no mediar los profesionales y el capital humano con que se contaba. Y este último no se formó en virtud de una educación con la cobertura actual, pero sí con colegios de una calidad que permitía en su momento asegurar que los egresados podían entrar a la universidad y salir de ella para servir a Chile.
Seamos francos, señor Presidente . Creo que el gran problema de la educación -y así, además, lo ha señalado mi Partido- nace con la concepción de la municipalización.
Y el proceso ha sido muy curioso. Gran parte de los alcaldes han denostado la medida; han reclamado que no cuentan con financiamiento; han sostenido que no pueden cumplir con los objetivos de la educación.
Pero seamos sinceros: en el momento en que se plantea que se "desalcaldice" la municipalización, entran a defenderla. ¿Los motiva una preocupación por la educación? Pienso que no. Me parece que ello obedece a que el proceso educativo, el control sobre los profesores y establecimientos educacionales, permite ejercer un poder electoral. Y hoy día estamos amarrados al proceso en función de intereses particulares de 345 personas.
Entiendo que esa ha sido la causa del gran drama que vive la educación chilena, fundamentalmente la destinada a las clases más desposeídas.
La preocupación de los Gobiernos democráticos por la educación ha sido importante. Inicialmente, con relación al daño que produjo la dictadura, se centraron los bríos en potentes inversiones en obras de infraestructura y se dedicaron ingentes esfuerzos a la modernización del sistema, la recuperación de la dignidad de los docentes, la expansión de las matrículas y beneficios para los estudiantes. Pero reconozcamos que todo lo anterior obtuvo magros resultados finales, que incluso llevaron a la rebelión de estudiantes secundarios denominada "revolución de los pingüinos".
La falla radica en el modelo educacional impuesto, que asignó al Estado un rol subsidiario y condujo a que la educación, en un segmento importante, formara parte de la política de mercado.
El Estado, por el contrario, debe jugar tres papeles, al menos: el normativo y regulador, estableciendo y haciendo respetar el recto espíritu de la legislación, que tiende a fomentar la educación; el de compensador de las diferencias, a fin de asegurar una educación de calidad para todos, y el de evaluador y supervisor del proceso educacional en sus diversas instancias, niveles y unidades.
Por ello, resultaba imprescindible asumir cambios sustantivos tanto en el sistema como en su operación, de modo de reforzar la cualidad rectora del Estado como cautelador de equilibrios sociales, ante las graves asimetrías que hoy padece nuestra sociedad, y como propulsor de una formación que entregue valores. Para tal efecto se requiere formar y perfeccionar permanentemente y con excelencia al profesorado e incentivar el diseño de mejoramiento educativo para adecuarlo a las nuevas exigencias educacionales.
El artículo 1° de la ley en proyecto declara que esta regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; que es deber del Estado velar por el cumplimiento de las condiciones mínimas de los niveles de educación, y que determina los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel -salvo el universitario o postsecundario- con el objetivo de contar con un sistema educativo de calidad.
Agrega, en el artículo 3°, que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución. Y, dentro de ello, especifica que la calidad de la educación es un derecho de todas las personas, puntualizando que la educación debe propender a que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.
Asimismo, indica que el sistema propenderá a que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad que les ofrezca alternativas para su formación y desarrollo integral; a que no sean discriminados arbitrariamente; a que se respeten su integridad física y moral, su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, todo ello con especial atención en aquellas personas o colectivos que requieran apoyo especial.
Dispone, en el artículo 4° -siguiendo a la Constitución Política-, que "La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.". En tal sentido, el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte de la institución educacional.
Establece un Consejo Nacional de Educación -al cual ya se han referido otros señores Senadores-, que fijará las bases curriculares para la educación parvularia, básica y media.
Instaura la Agencia de Calidad de la Educación , a la que corresponderá diseñar e implementar el sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, según estándares referidos a las bases curriculares nacionales de educación básica y media y mediante instrumentos que se aplicarán en forma periódica en esos niveles de enseñanza, así como informar a los padres los resultados obtenidos.
En el mismo sentido, los establecimientos de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo a un procedimiento de carácter objetivo y transparente, basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Dichas normas deberán propender a elevar la calidad de la educación y serán establecidas mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del ramo.
La autoridad conferirá a los establecimientos de educación parvularia, básica y media la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular y de ejercer los demás derechos que les concede la ley, mediante el reconocimiento oficial a los sostenedores particulares cuyo objeto social único sea la educación y a las personas jurídicas de Derecho Público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley.
Todos los sostenedores que reciban recursos estatales deberán rendir cuenta pública respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de recursos que realizará la Superintendencia de Educación. Esta entidad será la encargada de fiscalizar la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado a todos los sostenedores, con sanciones que llegan, en el caso de los privados, a la pérdida de su calidad si no cumplen con las obligaciones que les señala la ley.
No hay duda de que el espíritu del proyecto es laudable, pero no cuenta con los grados de aceptación necesarios.
La Carta Fundamental obliga al Estado a otorgar una educación pública de carácter gratuito. Sin embargo, la iniciativa nada dice respecto de la constitucionalidad del cobro del financiamiento compartido por parte de los sostenedores particulares. Si bien se ha publicitado que la ley en estudio defiende la exclusión del lucro en la educación, en el hecho y de la lectura de sus disposiciones queda claro que se mantiene el financiamiento compartido y que, por tanto, no cumple con la norma constitucional.
En mi opinión, quienes deseen tener educación pagada deberán recurrir a ella, pero la educación pública ha de ser gratuita.
Mucho se ha dicho sobre la calidad educacional, pero gravar a los profesores con el deber de actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, investigar, exponer y enseñar en debida forma los contenidos curriculares y cumplir largas jornadas, así como la escasez de material de perfeccionamiento adecuado y las remuneraciones que se perciben en el sector educacional privado no sujeto al Estatuto Docente, hacen imposible cumplir con esa obligación. Es necesario contemplar mecanismos que permitan que tal declaración se concrete en la realidad.
Los sostenedores subvencionados han de respetar la libertad personal y de conciencia de los educandos, lo mismo que sus convicciones religiosas o ideológicas, conforme al reglamento interno del establecimiento y a su programa educativo.
Un Estado laico debe permitir y exigir que los alumnos permanezcan en el establecimiento respectivo, aun cuando no se sometan a las exigencias de carácter valórico que les puedan imponer sus fundadores o directivos, si el plantel percibe financiamiento público.
Es evidente que la iniciativa constituye un avance, pero a la vez presenta falencias, algunas de las cuales me he permitido expresar. La votaré favorablemente, anunciando desde ya que presentaré indicaciones que hagan del proceso educativo un proyecto integrador, libertario, pluralista y democrático.
He dicho.
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