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- rdf:value = " El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, comparto plenamente lo planteado por el Senador señor Ávila respecto de la situación de los pescadores artesanales.
La llamada "Ley Corta" comenzó a regir en 2001 en el sector y en ella se estableció un límite máximo de captura por armador. Fue anunciada como una normativa que permitiría conservar y sustentar los recursos en ese ámbito, porque se asignaron cuotas individuales al sector industrial, y, además, se estableció cómo se dividirían o repartirían en los sectores industrial y artesanal las cuotas de captura anuales de las especies declaradas en plena explotación.
Asimismo, se anunciaba el término de la "carrera olímpica", lo que implicaba que la gente no compitiera, pues de lo contrario se acababa rápidamente el pescado.
Durante su tratamiento legislativo, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACh), organizaciones no gubernamentales y quien habla no estuvimos de acuerdo con la aprobación de la iniciativa. Voté en contra de ella en la Cámara de Diputados, porque generaría la caída de los recursos y las prácticas ilegales que conlleva la aplicación de cuotas individuales, denominadas "límites máximos de captura por armador".
Las organizaciones expusieron que, como consecuencia de la aplicación de la Ley Corta y del límite máximo de captura, se iban a falsear los datos; se iba a utilizar el descarte de especies comerciales y de otras; se iba a establecer una confusión en la alta selección de calibres, y, por efecto de la presión continua, se aumentarían las cuotas, a todo lo cual se agregaría el agotamiento de las reservas por la alta explotación.
El sector artesanal, representado por Cosme Caracciolo, entonces presidente de la CONAPACh, denunció una y cien veces que ese cuerpo legal no debía fijar la división de cuotas de pesca entre industriales y artesanales, debido a que el procedimiento determinaba altos porcentajes al sector industrial, en claro desmedro de los artesanales.
El criterio adoptado en la Ley Corta, vigente hasta 2012, fue pura y nítidamente economicista. A casi ocho años de su aplicación, el tiempo les ha dado la razón a los grupos sociales que la rechazaron, a los pescadores artesanales y a los parlamentarios que en su oportunidad votamos en contra y fuimos severamente cuestionados .
¿Cuál es el diagnóstico actual producto de la aplicación de esa normativa y del establecimiento del límite máximo de captura por armador?
La situación de los recursos declarados en plena explotación, sobre todo de las especies cuyas cuotas globales de captura se hallan asignadas, en su mayoría o en su totalidad, al sector industrial, es de un empeoramiento de las biomasas poblacionales y las condiciones biológicas, con relación al estado de dichos recursos al inicio de la Ley Corta.
¡Esta es la paradoja! Hicimos una ley para proteger a los peces, pero ha venido ocurriendo al revés. Ya he dicho que, como no votan, tienen pocos defensores. Sin embargo, los pescadores artesanales presentan una vida laboral y debieran ser defendidos por el Estado.
La variación de los recursos entre 2004 y 2007, con Ley Corta y límite máximo de captura, es la siguiente, lo que debiera llamar a horror, a una profunda reflexión y acción:
Jurel, en 2004: sobreexplotación; situación 2007: sobrepesca. Merluza común, en 2004: nivel de colapso; situación 2007: colapso (desapareció). Merluza de cola, en 2004: con signos de sobrepesca; situación 2007: sobrepesca. Merluza de tres aletas, en 2004: alejada de sobreexplotación; situación 2007: sobrepesca. Congrio dorado, mantiene en 2007 su condición de sobrepesca. Merluza del sur, en 2004: sobrepesca, con incierto tránsito a recuperación; situación 2007: sobrepesca. Besugo, en 2004: con signos de sobrepesca; situación 2007: sobrepesca. Alfonsino , raya volantín, bacalao de profundidad, langostino amarillo, langostino colorado y camarón nailon, todos presentan en 2007 situación de sobrepesca. Orange Roughy , que es un pescado exquisito, en 2004: sobrepesca; situación en 2007: colapso.
Con respecto a la división de cuota por ley, se obtienen los siguientes datos:
Jurel: 5 por ciento de cuota artesanal y 95 por ciento industrial. Merluza común (la colapsada): 35 por ciento artesanal y 65 por ciento industrial. Y así, se manifiesta una clara preferencia por el sector industrial.
La aplicación del límite máximo de captura incentivó y acrecentó la práctica del descarte de las especies respectivas, sumado al falseamiento de la información de captura, con el objeto de declarar como tal solo el desembarque que ingresa a producción (en planta o a bordo), llegándose incluso solo a seleccionar y descargar únicamente los calibres que generan una alta rentabilidad en la operación de pesca, con lo que se estableció una situación perversa.
De esta manera, el armador emplea el desembarque o materia prima para producción como captura para el consumo de la cuota asignada, dejando fuera el descarte. Es decir, cuando la talla de la especie es inferior a la mínima, se efectúa una eliminación en alta mar o se falsean los datos para realizar una exclusión al momento de la descarga.
El descarte es una práctica reconocida por todos los sectores, incluso por la autoridad. Y aquí no estoy haciendo ninguna denuncia que hayan desconocido el Subsecretario de Pesca, señor Jorge Chocair , o Felipe Sandoval , uno de sus antecesores, pues todos saben que los informes mienten.
Con la aplicación de la Ley Corta se pensaba eliminar ese sistema, pero, en los hechos, se ha tendido un velo. No se trata de que hoy día no exista, sino de que es más difícil conocerlo. Se evita que fluya información, con la anuencia de la misma autoridad normativa -lo digo responsablemente-, porque reconocer dicha práctica, junto con informarse las grandes cantidades que involucra, evidenciaría que la aplicación de ese cuerpo legal y el límite máximo de captura no conservan ni sustentan los recursos.
Además, con ello se contradice la posición que la autoridad normativa mantuvo durante la tramitación del proyecto de ley respectivo, en el sentido de que el límite máximo de captura no generaría descarte, desestimando lo planteado por las organizaciones de pesca artesanales.
Es decir, nos mintieron.
¡Si siempre lo supimos! ¡Nunca creímos lo que se señalaba! ¡Les dijimos lo que iba a suceder!
Como se señaló, prácticamente no se conocen datos oficiales de descarte. La información está cerrada y, cualquiera que sea, se halla estrictamente controlada por la autoridad normativa.
Sin embargo, según antecedentes trascendidos de estudios del IFOP, se ha llegado a reportar que el descarte en las pesquerías de red de arrastre con límite máximo va de 30 a 100 por ciento, es decir, puede llegar a la totalidad de la captura.
Señor Presidente , por lo anteriormente expuesto, solicito enviar oficios a SERNAPESCA y al IFOP. No nos pueden seguir mintiendo.
Los funcionarios del IFOP tienen miedo. Los que son profesionales estudiaron años en la Universidad y registran períodos de permanencia en el extranjero, y no puede ser que sus informes no sean dados a conocer o se falseen.
Precisamente, tal como lo señalé en su oportunidad, el Senado recibió un informe falseado que elaboró Felipe Sandoval , sin pie de página y que recogía solo aquellos aspectos que demostraban las bondades de la ley. Por tal motivo, el entonces Senador señor Ruiz renunció a la Presidencia de la Comisión de Pesca -yo era Diputado - cuando descubrió que lo habían engañado. En esa ocasión, el Subsecretario de Pesca adjuntó un informe falso a esta Corporación, se debatió el proyecto de ley respectivo y, cuando lo descubrieron, José Ruiz de Giorgio -creo que fue una mala decisión- tomó la determinación mencionada, en circunstancias de que debería haber pedido la destitución del funcionario.
Con estos antecedentes, más lo observado por los propios actores -o sea, los pescadores-, prácticamente constituye una verdad a voces en todas partes y al interior de SERNAPESCA y del IFOP que las capturas declaradas por el sector industrial durante la vigencia de la Ley Corta son razonablemente superiores en más de 50 por ciento de lo declarado, por efecto del descarte.
Tal práctica es homologable a la proporción de personas que no registran su presencia en un bus del Transantiago. ¿Cuántos pasajeros lleva este sistema de transporte? Nunca lo sabremos, pues de 40 a 50 por ciento de ellos elude el pago. Por tanto, se burla el principio de autoridad.
Hoy nuevamente estamos ante la situación de que la Ley Corta no cumple su principal objetivo: conservar y sustentar los recursos con límite máximo de captura por armador.
A lo anterior se suma el falseamiento de los datos de desembarque que declara la industria como captura. Existen evidencias, manejadas por la propia Subsecretaría de Pesca, demostrativas de que durante la vigencia de la Ley Corta se ha declarado una especie cuando en realidad se trata de otra. Se ha cambiado el nombre. Existen innumerables ejemplos. Pero nada se hace contra esta situación, aun siendo conocida por las autoridades normativas y fiscalizadoras.
Con respecto a los inspectores a bordo -y lo he dicho varias veces-, son jóvenes que necesitan pega (ganan 300 "luquitas", aproximadamente), pero que no saben nada de pesca. Los llevan para controlar pesaje, se marean, se duermen y no cumplen ninguna función.
Nuevamente, en cuanto a la información que se entrega, cabe concluir que se nos está mintiendo.
El sistema de control de desembarque descrito en la Ley Corta no se cumple debido a que la principal falla que contiene dicha normativa es que traspasa un rol del Estado -que debe cumplir un organismo fiscalizador, el SERNAPESCA- a entes privados. Y se da la curiosa y distorsionada situación de que un organismo particular -autorizado por la Subsecretaría de Pesca y el SERNAPESCA- presta el servicio de dar fe de que lo mencionado como especie y cantidad declarada como desembarque por el barco industrial corresponde a lo que el armador informa, y este (dueño del barco y del desembarque) luego cancela dicho servicio al propio fiscalizador. De esa forma se obtiene la certificación del desembarque, que es un documento que reviste carácter oficial.
Tal documento es remitido al SERNAPESCA, que lo emplea para llevar las estadísticas de desembarque -es decir, estadísticas mentirosas-, como también, en los casos en que corresponda y según la especie, para imputar los desembarques a las cuotas asignadas como límite máximo de captura.
En definitiva, se paga al fiscalizador, lo cual, por cierto, representa un síntoma de corrupción inaceptable. Pero así se procede.
Yo estuve en desacuerdo con la ley, y lo seguiré estando.
Existen otras innumerables prácticas de falseo de datos en cuanto a cuotas de captura y operaciones de naves con límite máximo de captura. Estas prácticas de falseo y de descarte en las especies sujetas a límite máximo de captura inciden negativamente en el deterioro de la biomasa de esos recursos.
La presión continúa hacia el aumento sobre especies que hoy podríamos salvar si actuáramos a tiempo.
Para ilustrar lo mencionado, un botón.
En 2001, cuando entró en vigencia la Ley Corta, la flota de cerco capturaba grandes cantidades de juveniles de merluza de cola frente a las costas de la Octava Región. Ese año se fijó una cuota de captura de 176 mil toneladas, repartida en 146 mil toneladas entre las Regiones Quinta y Décima, con el objeto de favorecer a la flota de cerco, y en 30 mil toneladas entre las Regiones Undécima y Duodécima.
Los mismos estudios técnicos emanados del IFOP y de la SUBPESCA afirman que la acción de grandes capturas de cerco ha sido una de las principales causas del deterioro de la situación del recurso. Producto de ello, en los últimos cinco años la flota de cerco no ha logrado efectuar las grandes capturas que registraba en sus inicios.
Sin embargo, la Subsecretaría, por efectos de la Ley Corta, otorga cuotas de captura que duplican las recomendadas por los científicos, lo cual genera un grave problema.
Si diera lectura a las indicaciones formuladas por los científicos al Consejo Nacional de Pesca y a lo que este Consejo finalmente resuelve, quedaría en evidencia el drama que se vive. Por ejemplo, cuando los expertos proponen fijar una cuota de 75 mil toneladas -porque eso es lo que se podría pescar sin dañar la biomasa-, el Consejo determina 180 mil toneladas. Así se procede y los científicos lo saben. Por eso, preguntan para qué se les paga, pues, aunque señalen que se puede pescar hasta 75 mil toneladas, se fijan 180 mil y se termina pescando 154 mil.
Lo que está ocurriendo con la pesca, señor Presidente , es un escándalo, es un agravio, es un ilícito que no podemos soportar.
En consecuencia, pido al Servicio Nacional de Pesca y al señor Ministro de Economía que recojan estos planteamientos. Se trata de una denuncia formal. La hace un Senador de la República que lleva más de 20 años conectado a la actividad pesquera.
La situación requiere abordar una ley de pesca artesanal; anticipar la discusión sobre la Ley de Pesca, cuya vigencia termina el año 2012; redefinir las técnicas de pesca, la relación entre industriales y artesanales, y la fiscalización; crear el Ministerio del Mar o el Ministerio de Pesca y Acuicultura, independiente del Ministerio de Economía.
La verdad es que resulta urgente tomar medidas sobre el particular. El actual deterioro de los recursos pesqueros está llevando al colapso a la pesca artesanal.
En dicha actividad no existe seguro de vida. Por eso, solicito al SERNAPESCA y al Subsecretario de Pesca activar el proyecto de ley respectivo, porque los pescadores artesanales siguen muriendo sin posibilidad de dejar algo a sus familias. No tienen una regulación, ni como trabajadores independientes ni como trabajadores contratados. Por lo tanto, al tener un contrato precario, si mueren en alta mar, sus parientes quedan en el más completo abandono.
Pido y exijo el seguro de vida para la pesca artesanal, comprometido por el Subsecretario y por este Gobierno, mi Gobierno. Creo que debemos comenzar a discutirlo ahora.
Por último, señor Presidente , deseo una respuesta clara y precisa sobre lo que he planteado. He formulado denuncias por todos conocidas en la Región del Biobío, y he señalado que se está violando abiertamente la ley. Quiero una respuesta del Subsecretario . Me he reunido con él en innumerables oportunidades. Le he dedicado dos, tres horas. He planteado fórmulas. Ya he esperado suficiente. ¡He perdido la paciencia! ¡Ya me aburrí, señor Presidente!
Es evidente que no existe voluntad alguna para iniciar un proceso de cambio. Tal parece que únicamente se desea terminar lo que queda de Gobierno -un año y medio- e irse para la casa tranquilo, sin abordar el problema. O sea, administrar, regalar cuotas de pesca; cada vez que hay un problema, dar cuotas a los pescadores. Pero ese círculo perverso va a terminar destruyendo la pesca artesanal.
En el caso de la merluza, se entregaron 5 millones de dólares a los pescadores de mi Región. ¡Bien por ellos! ¡Dos mil setecientos millones de pesos! Sin embargo, en 3 meses esos recursos se agotaron y se acabó el trabajo.
¡Esa no es la fórmula!
Aquí se requiere preservar los recursos pesqueros; se requiere un Ministerio de Pesca; se requiere tomar el toro por las astas, abordar la situación de la pesca y no seguir eludiendo la responsabilidad que hoy día el Estado y el Ministerio de Economía tienen sobre el deterioro de la actividad. Aquí la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho.
En definitiva, es el Estado el que debe regular.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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