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El señor ESPINA.-
Señor Presidente , quiero comenzar por resolver una polémica que se ha presentado en el último tiempo en cuanto a si en nuestro país existe una sensación de miedo, de inseguridad en el delito provocada por los medios de comunicación. He escuchado a distinguidos comentaristas señalar que esto es fruto de que los medios de comunicación difunden los delitos y, por lo tanto, generan un miedo que no se condice con el nivel de delitos existente en Chile.
Esa afirmación no tiene ningún sustento.
Y para estos efectos quiero entregar, simplemente, algunos datos oficiales acerca de qué ocurre en nuestro país respecto de los delitos de robo.
El año pasado, según información oficial del Ministerio Público, el 93 por ciento de los robos violentos que se investigaron y concluyeron terminó sin ningún resultado. Se trata de 336 mil 327 delitos.
Probablemente, esta cifra debe de ser de las más altas en materia de robos entre países de características como las de Chile. Y nadie puede sostener que esta sensación de temor es producto de que algunos medios de comunicación difunden materias vinculadas a la delincuencia. Y tampoco se puede afirmar que ello no se condice con las cifras reales, porque dice relación con los números reales. Se trata de datos oficiales, del boletín del Ministerio Público.
En segundo lugar, la Corte Suprema nos informa que en nuestro país hay 66 mil prófugos de la justicia. ¡Un Estadio Nacional y medio lleno! ¡Por delitos graves! Porque corresponden a órdenes de detención emanadas de jueces de garantía o de tribunales orales; no estamos hablando de juzgados de familia o de conductas de otro tipo.
¿Alguien considera normal que en un país existan 66 mil prófugos de la justicia por robos, asaltos, tráfico de drogas, homicidios, lesiones graves?
Y hay una tercera cifra que resulta más alarmante. Y dejaré constancia de ella en esta sesión porque muchas veces se olvida.
Según información oficial entregada al Senado por la PDI, el año 2007 había 402 puntos de venta de tráfico de drogas en villas, sectores o poblaciones. Esa cifra aumentó a mil 660 el año 2013.
Entonces, los datos duros señalan que en particular en materia de robos y tráfico de drogas estamos perdiendo la batalla absolutamente.
Y ello no es solo un problema solo de este Gobierno, sino de las Administraciones de los últimos años.
Si reviso la encuesta Adimark, citada recientemente, y veo qué ocurrió en nuestro país entre 2000 y 2015, constato que la victimización aumentó desde un 30 por ciento (o sea, uno de cada tres chilenos había sido víctima de un robo en su casa en los seis meses previos a la aplicación del instrumento) a un 38,9 por ciento. Eso significa un incremento de 26 por ciento.
Entonces, lo peor que puede hacer un país es intentar esconder una realidad.
Un derecho ciudadano, humano básico es que las personas estén protegidas en su seguridad personal y en materia de seguridad ciudadana.
¿Cómo se hace?
Avanzando paralelamente en tres frentes. Pero en los tres estamos avanzando mal.
En primer lugar, en prevención.
Señalé en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos que hoy día en Chile había 18 mil jóvenes que cometen delitos, y que respecto de ellos no se hace prácticamente nada, y lo que se lleva adelante son programas absolutamente ineficientes.
Y tenemos una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que funciona pésimo. Esta es la verdad.
Entonces, si queremos combatir la delincuencia, debemos avanzar en la prevención.
El otro frente es la rehabilitación. En esta materia, los programas de reinserción social y de rehabilitación para el trabajo son mínimos: 800, 900 condenados, en circunstancias de que deberían estar en esos programas 20 mil a 25 mil.
Y después se encuentra el área relacionada con el proyecto en análisis, que no se refiere a prevención ni a rehabilitación, que son importantísimas. Hablo de la persecución penal.
¿Cuáles son, a mi juicio, los cambios sustantivos de esta iniciativa?
En primer lugar, en nuestro país hay una verdadera confusión en la ciudadanía respecto de lo siguiente: las penas que establecen los códigos no son las que en verdad se aplican. Y el cambio más relevante introducido por este Parlamento radica en que cuando la ley disponga una pena el juez no podrá salirse del rango de la pena.
Me explico.
El robo calificado, en que hay violación, homicidio, lesiones graves, tiene una penalidad que va de 15 años y un día a presidio perpetuo. Se trata de un delito deleznable, porque se mató a una persona, se violó a alguien, se le dejó con lesiones graves gravísimas. Pero, de acuerdo al sistema actual, los jueces pueden bajar hasta tres grados en virtud de las atenuantes.
Y la modificación que realizamos consiste en que el juez debe mantenerse en el mismo rango de la pena, o sea, no le es posible bajarse del rango que establece el legislador. Lo mismo ocurre en el caso de los robos con fuerza o intimidación en las personas.
¡Y ese ya es un cambio radical! Porque un delincuente de esa naturaleza, que comete robos con violencia o intimidación en las personas, sea en lugar público, en una casa habitación o en un local comercial, debe sufrir una dura sanción. Y eso pasa en cualquier país democrático sin ningún tipo de complejos.
Y lo digo con la misma fuerza con que señalo que hay que trabajar con los 18 mil niños que están hoy día abandonados y que, según el informe oficial del SENAME, entre enero y septiembre no tienen planes ni programas eficientes que les permitan reinsertarse, como la terapia multisistémica, que se aplica en forma muy leve y sin la profundidad necesaria.
El segundo cambio sustancial del proyecto dice relación con los controles preventivos e investigativos de identidad.
Quiero aclarar este tema de fondo, desde mi modesta opinión.
En Chile contamos con un control investigativo. ¿Qué significa eso? Que la policía puede pedirle a una persona su carné de identidad o su identificación cuando tiene indicios de que ha cometido un delito. Esto significa que posee antecedentes, pruebas de que va a cometer, ha cometido o cometerá un delito. Pero yo he recorrido las calles y no he encontrado a nadie todavía en Chile con "cara de indicio". Y hay 66 mil delincuentes prófugos de la justicia. Y ese control investigativo existe.
¿Vamos a tener un control preventivo? Hay 66 mil prófugos de la justicia. Adoptando las medidas para que no se produzcan abusos, ¿tendremos un sistema mediante el cual la policía podrá pedir a una persona, en el lugar donde se encuentre, su identificación, facilitándole que lo haga?
Estoy convencido de que eso es fundamental para avanzar en la lucha contra la delincuencia.
¿Seríamos el único país que lo tendríamos? No. Existe en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en múltiples países. Y a ninguno de ellos se les considera Estados de Derecho no democráticos, en que se violen los derechos de los ciudadanos.
Las normas están puestas en el informe del proyecto de control y prevención que se presentó durante el Gobierno del Presidente Piñera y que, lamentablemente, se rechazó. Y me parece muy bien que hoy estemos tratando de dictar una norma similar a esa.
Pero si nosotros no avanzamos en forma decidida en esa materia, no lograremos algo que resulta razonable: que en nuestro país la delincuencia dura, los traficantes, quienes roban con violencia o intimidación en las personas queden detenidos.
Y si alguien dice que no queremos que ello ocurra respecto de los delitos de cuello y corbata, les recuerdo que los Senadores de Renovación Nacional junto a todos ustedes aprobamos un proyecto durísimo en esa materia, con penas que van desde los tres años y un día a diez años de cárcel, y en que se aplica la misma norma que hace imposible que el juez rebaje del mínimo de la pena.
Pido que no haya un doble estándar para esto. Porque en esos casos, que son delitos que por supuesto merecen el mayor reproche social por lo que significa el daño que se produce en la colusión, en que se engaña a millones de chilenos, se establece que sus autores no pueden acceder al beneficio de la pena alternativa si no han cumplido a lo menos un año de cárcel. Es lo mismo que sucede con la Ley Emilia o con la Ley de Control de Armas.
Y cómo no va a ser lógico que tratándose de un robo con violencia o intimidación en las personas, que habitualmente va acompañado de aberraciones sexuales cuando se comenten en las casas -pero nadie las denuncia-, el delincuente, por la vía de las penas alternativas, no pase un día en la cárcel.
Entonces, señor Presidente, siento que este proyecto significa un profundo avance.
Por supuesto, hay aspectos de la iniciativa que mejoraremos. No es tiempo de hablarlas.
Simplemente quiero contar lo ridículo que es que en nuestro país, si un delincuente aparece en un video y se le ve la cara, pero han pasado más de doce horas desde que apareció en ese video, no se puede detener. Porque el policía tiene que llamar al fiscal, si es que lo encuentra; y si lo hace, debe llamar al juez, si es que lo encuentra, porque ya no es delito flagrante.
Estamos llenos de normas que en las democracias modernas están absolutamente superadas.
Y una última consideración. No voy a entrar en los detalles, porque no estamos en la discusión en particular; en dicha instancia presentaremos con un conjunto de Senadores varias indicaciones, que espero discutamos con el mismo criterio de política de Estado con el que lo hemos hecho en esta materia. Quiero referirme también a la necesidad de aumentar fuertemente las sanciones para quienes atacan a los carabineros.
Hoy en nuestro país los carabineros no cuentan con la adecuada protección que tienen en cualquier democracia cuando son víctimas de agresiones. Estas, en la práctica, quedan en total impunidad.
En un país que quiere respetar el derecho humano básico de una sociedad, que es la seguridad y la libertad individual para poder desplazarse tranquilo junto a su familia, aquello no se respeta si no avanzamos en esta agenda, profundizándola sin complejos y contando con normas a la altura de cualquier democracia.
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