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El señor TUMA.-
Señora Presidenta , debo confesar que esta no es mi área ni mi especialidad, pero sí, como Senador, un motivo de preocupación. Entre las prioridades que un parlamentario debe tener para interpretar cuáles son las inquietudes de los ciudadanos, ¡qué duda cabe de que la seguridad es uno de los aspectos que se hallan en un primerísimo lugar!
Debemos reconocer que hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia y las drogas. Desde hace varios años vengo observando de qué manera van creciendo los éxitos en la captura de traficantes y la requisición de estas sustancias. Recuerdo que hace diez años, participando en la Subcomisión de Presupuestos que precisamente estudiaba los recursos para las policías, se pedía aumentarlos al haberse obtenido muy buenos resultados por tal concepto. Entonces, pregunté por la valoración de la forma en que estábamos ganando la batalla: si era porque se incrementaban las capturas o porque los drogadictos eran más numerosos y mucho mayor la cadena o la red de narcotraficantes.
Y lo dije en esa oportunidad: mi impresión es que el narcotráfico se ha acrecentado mucho más que nuestra capacidad, como sociedad, de prevenir o de perseguir estos ilícitos.
Lo mismo nos está ocurriendo con la violencia y el robo.
Saludo al Subsecretario de Prevención del Delito y al Subsecretario de Justicia, representantes de los dos Ministerios -el del Interior y el de Justicia- que han trabajado arduamente en relación con el problema.
Estoy asombrado de verdad. Siempre pensamos que la "ley corta" iba a contener cuatro o cinco articulitos. El proyecto ingresó en enero recién pasado y durante casi un año se ha estado trabajando en más de trescientas disposiciones, con un nivel de detalle y una variedad de materias de verdad excepcional.
Felicito a ambas Carteras, porque han estado siguiendo una línea en que no esperábamos el resultado de considerar cada aspecto, y no solo elevarse las penalidades, sino también rayarse la cancha de los tribunales. Porque muchas veces decimos: "Se cometió tal delito y los delincuentes, sin existir una explicación, han quedado libres a pesar de haber sido detenidos infraganti". Solo se da un plazo para investigar.
Una de las conclusiones es que la ley es muy laxa y le deja muchas libertades al organismo jurisdiccional.
A mi juicio, la iniciativa en debate va "intencionando" el modo en que los tribunales deben aplicar la justa medida para evitar tal holgura.
Mas también existe, en la cadena del delito, la responsabilidad del denunciante, que a veces no reitera la denuncia; la de las fiscalías, que no necesariamente apuntan a investigar todas las causas -ya veíamos que una gran cantidad de ellas se archivan, porque no se abre la posibilidad ni siquiera de identificar al delincuente-, y la de las policías, las cuales, o por falta de pericia o de prueba, no pueden acreditar la comisión del delito por personas ni siquiera nominadas. Y los tribunales se ven en un aprieto cuando no se entregan los medios de verificación para poder condenar efectivamente a quienes delinquen.
Pero igualmente se plantea una responsabilidad muy importante en la evaluación de los resultados de la rehabilitación. A pesar de que registramos un "debe" en casi todas las áreas, existe uno muy notorio en esa materia, porque si examinamos lo que está ocurriendo en nuestras cárceles, observaremos hacinamiento y escasez de recursos humanos, especialmente en el caso de Gendarmería, cuyo personal es absolutamente insuficiente para atender la cantidad de establecimientos y de reos.
Normalmente, la labor de los gendarmes es admirable, porque, sin haber sido condenados, cumplen un encierro de la misma manera que los delincuentes. Entonces, también es preciso darles un tratamiento bastante más holgado en cuanto a relaciones laborales, remuneraciones, traslados y calidad de vida, así como contemplar el número de funcionarios que se requiere para cumplir la finalidad de la rehabilitación, batalla que asimismo tenemos perdida.
Había escuchado que el texto iba a sancionar -y me parece muy bien- a quienes lesionen, agredan o asesinen a policías uniformados. Me preocupé de revisarlo, porque juzgué lógica la medida. Pero pensé que la misma precaución es necesaria respecto de los gendarmes. Y veo que ello se ha contemplado.
Por lo tanto, se ha considerado un conjunto muy grande de materias, lo que de verdad apunta en la dirección correcta. Porque en nuestra sociedad enfrentamos un problema serio: se ha instalado la idea de la impunidad.
Ello no se refiere al caso de los de cuello y corbata. En efecto, lo que en el Congreso hemos realizado en los últimos días en materia de colusión es garantizar que quienes cometan ilícitos de esta índole, que son los más graves en contra de los consumidores, cumplan su pena efectiva en la cárcel.
Por eso es que creo que el reclamo del Senador que me antecedió en el uso de la palabra no se justifica mucho si esta misma Corporación ha aprobado normativas que en las Comisiones ya se están trabajando para endurecer las penas y terminar con la impunidad, especialmente en relación con los delitos de cuello y corbata.
Sin embargo, no se trata solo de estos ilícitos. Lo que la sociedad quiere es seguridad, protección y que realmente se sancione a los delincuentes, lo que solo se puede hacer con el conjunto de medidas incluidas en la iniciativa en discusión.
Espero que el proyecto, en segundo trámite y estudiado en general y en particular con un asombroso nivel de detalle, nos deje espacio para seguir trabajando y formular indicaciones, para perfeccionarlo y para de verdad satisfacer la demanda de la ciudadanía, que nos mira con indignación. Porque el Congreso Nacional, la autoridad policial, los jueces, los fiscales, el Gobierno, somos los responsables de la seguridad y no estamos proporcionando una solución precisamente por la falta de un conjunto de regulaciones corregidas, como las del texto.
No digo que con este último terminaremos con la delincuencia, pero sí que vamos a entregarles herramientas a las policías, a quienes tienen que abocarse a la labor de rehabilitación y a quienes cumplen la labor de perseguir a los delincuentes, para dar una batalla que ojalá podamos ganar.
Opino que no vamos a resolver la cuestión de la droga si no tomamos una decisión, como Congreso Nacional, en orden a cambiar la legislación que penaliza el microtráfico. Creo que ahí tenemos una tarea y una responsabilidad.
En los aspectos de que se trata, sin embargo, estimo que vamos en la dirección correcta. Por eso, reitero mi felicitación y mi adhesión a la iniciativa, que votaré a favor en general, y me preocuparé también de contribuir con algunas indicaciones que permitan garantizar que efectivamente vamos a disminuir la delincuencia y ganar la batalla, como tanto lo desea todo Chile.
Gracias.
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