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El señor LETELIER .-
Señora Presidenta , estimados colegas, esta es una discusión en general, en la cual aprobamos la intención de avanzar en un conjunto de materias.
Ya varios de quienes han usado de la palabra se han adelantado a emitir juicios. Deseo partir con una mirada distinta. Lo que está en juego son los derechos humanos de ciudadanos víctimas del abuso de una fuerza superior, que violenta su derecho a vivir en un medio seguro y sano.
En nuestro país enfrentamos un problema dramático con el crimen organizado y la delincuencia -hay estimaciones en cuanto al número, a lo cual quisiera referirme después-, determinante de que, por la violencia, muchas familias se encierren en sus casas, anden en la vía pública en forma insegura y hasta tengan que recurrir a la privatización de medidas de protección.
Por mi parte, saludo a esta mal llamada "ley corta", que se comenzó a discutir ya varios meses atrás -el Ministro Peñailillo incluso todavía se hallaba en el ejercicio de sus funciones- y fue planteando la necesidad de subir los estándares para asegurar que un conjunto de delincuentes no volviera constantemente a la calle.
Se calcula que más de 20 mil personas deberían entrar a las cárceles con esta normativa. Espero que adquiramos conciencia de la proporción del esfuerzo que se requiere.
Se ha dicho que el Gobierno anterior, de buena fe, tomó decisiones que permitieron que numerosas personas, a través de un indulto, recuperaran la libertad. Muchos de los beneficiarios han seguido abusando de vacíos o de interpretaciones legales que la iniciativa apunta a corregir.
Observo que se abordan varios temas. Pero me gustaría consultarles, entre otros, a los Senadores señores Espina y De Urresti , miembros de la Comisión, por qué el proyecto obvia materias y enfatiza otras.
No digo que no sea legítimo. Mas parto con la presunción de que aquello que está en juego es la defensa de los derechos humanos de los chilenos, quienes están siendo violentados, no por el Estado, sino por una fuerza excesiva que violenta el ejercicio de una vida segura.
Curiosamente, no se incluye como una agravante todo lo que dice relación con la droga y la pasta base, que están destruyendo la convivencia en cientos y cientos de villas, poblaciones y otros sectores.
Pido que el Subsecretario de Prevención del Delito pueda explicarnos por qué solo se contemplan los delitos contra la propiedad y no se toma en cuenta quizás lo más violento que se está viviendo en muchas poblaciones, que es lo relativo a la droga. Y no cualquiera de ellas: se trata de la pasta base.
Respecto a mi intención de votación, deseo escuchar por qué se obvia algo tan evidente y se pone énfasis en otras materias.
Por cierto, se puede plantear que la receptación resulta preocupante -y se necesita controlarla, pero se tiene que ver cómo-, que es algo que el Honorable señor Espina ha expuesto en múltiples ocasiones. Su Señoría ha destacado que es preciso atacarla también. Pero mi preocupación es la prioridad contemplada en el proyecto.
La droga no se toca -involucra quizás la mayor violencia que se manifiesta hoy en día, cotidiana, y destruye a miles de personas-, porque se pone el énfasis en la propiedad.
Y no tengo problemas -quiero decirlo- con que se limite la facultad de un juez de variar, a través de atenuantes, la pena efectiva; con que la sanción se mantenga dentro de los rangos que se consideran; con que los reincidentes sean fuertemente limitados. Comparto varios de los aspectos planteados aquí.
Cuando se trata del concepto de receptación, quisiera saber dónde vamos a poner el énfasis y dónde esperamos centrar el accionar en esta etapa: en los que venden o en los que compran.
Es una vieja discusión, desde luego.
Por mi parte, me preocuparía más de los primeros, no porque los compradores lo hagan bien, sino porque el vendedor sabe más que el que adquiere un objeto robado en un anticuario, en Franklin o en una feria persa.
Pero, nuevamente, mi inquietud es dónde queremos fijar la prioridad en esta normativa.
Yo creo que ella tiene que ver con los delitos violentos, con la reincidencia. ¡Hasta cuándo aceptamos leer en los diarios y escuchar en las noticias que se detiene otra vez a NN, que es buscado por robo, por robo con violencia, por asalto! Y uno se queda con la sensación de que ese NN a las dos semanas va a estar libre.
Entiendo que todo eso queremos controlarlo en esta iniciativa de ley. Y en buena hora.
Tengamos conciencia, sí, de cuánta gente va a entrar a la cárcel a causa de estas normas. Y, por cierto, tengamos conciencia de que eso no será suficiente. Como todos sabemos, se requiere rehabilitación y prevención.
Pero, porque soy partidario de una legislación que efectivamente cambie comportamientos, tengo una duda también sobre ciertas disposiciones que se plantean aquí, en particular aquellas que dicen relación con la facultad de determinados funcionarios públicos, de policías de hacer registro en un domicilio y levantar evidencia en ciertas condiciones, en caso de delitos no flagrantes.
A mi juicio, es muy importante establecer cuál es la sanción para quienes abusan de esta facultad. Lo echo de menos. No porque no quiera dar la facultad, sino porque me gustaría tener cierta garantía de que aquellos uniformados que, por desgracia, se hacen cómplices del crimen organizado, o de prácticas no deseables, serán igualmente sancionados.
Señora Presidenta , voy a apoyar esta iniciativa, ya que forma parte de los ejes de trabajo en la política criminal; constituye una muestra de preocupación de todos, incluido el Gobierno, por la seguridad pública; contempla ajustes legales que se enmarcan en las bases fundamentales de nuestro sistema procesal penal; entrega más y mejores herramientas a las policías en los ámbitos de su competencia, lo que es muy importante, y modifica normas con el objeto de aplicar penas efectivas en estos tipos penales.
Me gustaría que se ampliara y que incluyera el tema de la droga, ya que es un delito tanto o más grave, por sus consecuencias, que el robo con fuerza de las cosas, de la propiedad. Y me parece que, por lo menos por lo que he visto del texto -puedo estar equivocado-, esa materia no se incluye.
A mi modo de ver, es extraordinariamente importante la distinción entre primerizos y reincidentes. Se cambia el concepto de reincidencia. De esa manera, se cumple una demanda ciudadana que todos los sectores políticos queremos abordar.
Señora Presidenta, voy a votar a favor del proyecto, pidiendo que se estudie la posibilidad de ampliar su alcance por lo menos al tema de las drogas, aunque sea al microtráfico.
Porque siempre se dice: "Para qué vamos a tocar el microtráfico si es un problema de oportunidad. Centremos los esfuerzos en el gran crimen organizado". Yo soy enemigo de esa aproximación. Yo creo que el atacar a los traficantes, el meterlos presos a todos, y que se sepa que no van a recuperar la libertad, es la única forma de cambiar conductas en nuestra sociedad.
Porque el mayor flagelo que vive el mundo popular hoy en día, el que ataca en forma más profunda...
La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
Tiene un minuto más, señor Senador.
El señor LETELIER .-
Señora Presidenta , termino expresando mi convicción de que una de las mayores violaciones de derechos humanos, uno de los delitos de mayor impacto social en nuestras poblaciones -no me refiero solo a aquellos delitos de más connotación social, que es el concepto que se usa- es el narcotráfico.
Por eso, creo que esto tenemos que elevarlo a tema de Estado.
Saludo este esfuerzo. Entiendo que, a pesar de lo que dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que no le gusta el costo de las cárceles, estas van a tener sentido si la gente que entra efectivamente se queda adentro y no la sueltan, como ocurre con ese grupo de 20 mil personas que constituye una población flotante que entra y sale. Tenemos que sacarlas de la calle de una vez y señalarles a las futuras generaciones que en esta sociedad vamos a subir los estándares.
Está bien tener garantías, pero también es necesario que exista sanción efectiva.
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