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El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta , efectivamente, la agenda corta antidelincuencia se viene gestando desde hace bastante tiempo. De hecho, junto con el Senador Espina y un grupo de Senadores de Renovación Nacional (entre ellos, los colegas Prokurica y García) presentamos un proyecto de ley que buscaba atender lo que, sin lugar a dudas, es la mayor preocupación de nuestra sociedad.
Hoy han aumentado sustantivamente los índices de victimización. Y esto dice relación con una situación que nos parece compleja, y de la que entendemos que el Gobierno no se ha hecho cargo. Existe una desconexión entre las urgencias sociales y las del Ejecutivo.
Mientras el Gobierno intenta establecer como una prioridad los cambios constitucionales, nosotros creemos necesario enfrentar el tema de la seguridad ciudadana.
Hace un par de meses el Gobierno decidió restablecer la autoridad de las Policías; consignar efectivamente la agenda corta, que comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados. Lamento que los proyectos de ley que se iniciaron en el Senado no hayan sido contemplados.
En ese mismo sentido, quiero señalar que existen una serie de materias que debieran ser abordadas.
En primer lugar, aquellas que dicen relación con restablecer la autoridad de las Policías. No es posible que en nuestro país escupir a un carabinero o el maltrato de obra que no deje señales físicas queden prácticamente en la impunidad.
Por eso, junto con los Senadores que acabo de indicar presentamos una iniciativa para sancionar el maltrato de obra a carabineros. Tuvimos reuniones, en su oportunidad, con el General Director de la policía uniformada. Y pedimos también que el Gobierno le pusiera urgencia. Pero nunca ocurrió.
Del mismo modo, hemos insistido en la necesidad de restablecer la facultad de control preventivo, como un instrumento para que las Policías puedan hacer su labor.
Claramente, nos parecía una inconsistencia que hoy Carabineros pueda ejercer el control de identidad respecto del conductor de un vehículo motorizado, pero no de un transeúnte. Esto no significa restablecer la detención por sospecha en nuestro país, sino consagrar los mínimos instrumentos necesarios para que las Policías realicen su trabajo.
En ese mismo sentido, desde el Senado propusimos cuestiones que fueron recogidas, en parte, por el Ejecutivo: fijar normas que permitan efectivamente hacer una reforma a la reforma procesal penal, por ejemplo, y permitir la acumulación de causas.
Hoy, con la lógica del nuevo sistema procesal penal, no es factible -incluso respecto de ciertos delitos con el mismo mmodus operandi- realizar una acumulación de causas que permita determinar si la persona que cometió un delito, que está siendo investigada por su RUT, fue la que operó en otro. Ello, porque no existen posibilidades de acumular las causas.
Ese tema también lo hemos planteado con mucha fuerza. Y la acumulación de causas, para efectos de facilitar la investigación, es un hecho que debe ser puesto sobre la mesa.
También propusimos asuntos relacionados con el otorgamiento de beneficios, particularmente a las personas reincidentes.
Eso se ha planteado, y junto con el Senador Alberto Espina, que justamente ha liderado los temas de seguridad pública a través de una campaña ciudadana difundida en distintas comunas de nuestra Región, "Juntos contra la Delincuencia", asociada a un grupo importante de alcaldes y de parlamentarios de diferentes partidos, hemos vuelto a señalar la urgencia de fijar en la agenda pública los asuntos de seguridad ciudadana.
En ese mismo sentido, aprovechando que está el Subsecretario de Seguridad Pública en la Sala, quiero insistir en la necesidad de la existencia de mayores dotaciones de Carabineros e Investigaciones.
Ciertamente, acá se ha hablado de la incorporación de cerca de 10 mil nuevos efectivos, en lo que ha habido un esfuerzo importante del anterior Gobierno y del actual.
Sin embargo, en esos aumentos de dotaciones no se consideran, primero, la gran cantidad de licencias médicas y el número de personas que se van a retiro. Así, esos aumentos son números en un proyecto, más que posibilidades de concretar una mayor cantidad de efectivos.
La preparación de aquellos demora años. Y, por tanto, nos parece importante focalizarnos en la factibilidad de recontratar personal en retiro para hacer, por ejemplo, labores de tipo administrativo a fin de liberar a los carabineros, que hoy se encuentran realizando este tipo de labores en nuestros cuarteles o comisarías.
Lo mismo podemos observar en cuanto al personal de la PDI. Por eso nosotros hemos pedido mayor dotación para la Policía de Investigaciones. Y, también, la posibilidad de recontratar personal en retiro puede ser una buena alternativa.
Ahora, quiero poner sobre la mesa que acá es necesario abordar dos puntos relevantes.
El primero dice relación con una evaluación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. A más de 10 años de su entrada en vigencia creemos necesario hacer ajustes importantes. Y estos se refieren fundamentalmente a entender que, respecto de los menores infractores de ley que se encuentran en recintos cerrados o semicerrados es preciso generar una oferta de rehabilitación para que puedan tener alguna alternativa sobre el particular.
Y para qué hablar de las condiciones en que se encuentran hoy los menores infractores de ley en nuestros recintos, por ejemplo, en el Lihuén, en Limache, donde hay que hacer un esfuerzo mucho mayor desde el punto de vista de los programas y de la oferta de rehabilitación.
Hay que hacerse cargo de esos temas.
Claramente, la ocurrencia de delitos en los que están asociados menores de edad y también el consumo de alcohol y drogas es una tendencia que va en incremento.
Otro punto que nos parece relevante es la realización de la reforma a la reforma procesal penal. Países como Costa Rica, que iniciaron un proceso también garantista como el nuestro, finalmente se percataron de que había que avanzar en tal sentido. De hecho, en Costa Rica ya están en la reforma a la reforma procesal penal.
Ello, para efectos de buscar un efectivo contrapeso entre el derecho a un debido proceso del imputado y la defensa de las víctimas.
El punto es quién se hace cargo de esa defensa, lo que también forma parte de un proyecto de reforma constitucional que, junto con el Senador Espina logramos finalmente aprobar en el Parlamento.
Claramente, hoy las víctimas se encuentran en una completa indefensión. Mientras al victimario le asiste la posibilidad de tener una asistencia garantizada del Estado, la víctima se encuentra en la total indefensión.
Y eso pasa, fundamentalmente, por la ausencia de recursos para una Defensoría que se haga cargo de aquello.
En el mismo sentido, debemos acabar con la sensación de impunidad existente.
El Senador Alberto Espina se refería en sus primeras intervenciones a la gran cantidad de delitos que quedan prácticamente en la impunidad. Estamos hablando de los delitos contra la propiedad, donde cerca del 95 por ciento -¡el 95 por ciento!- de las causas quedan en último término sin responsable. Este tema nos parece complejo.
Y para qué hablar de los delitos de bagatela, de aquellos que las propias fiscalías deciden archivar. Por ejemplo, se ha hecho una constante que los ciudadanos reciban las famosas notificaciones de la Fiscalía en las cuales se indica que, por falta de antecedentes, finalmente se archivó la causa.
Este tema es dramático.
En la actualidad, los vecinos están construyendo verdaderas cárceles con el objeto de protegerse de los delincuentes en sus viviendas. Y se debe enfrentar este problema.
Pienso que el Gobierno ha entendido que tiene que ponerle urgencia a estos proyectos. Esperamos que podamos darle prontitud a su despacho.
Yo señalo mi satisfacción respecto al tratamiento de esta iniciativa.
Y quiero felicitar -por su intermedio, señora Presidenta - al Ministerio del Interior y al Subsecretario, porque efectivamente su texto viene con una redacción mucho mejor, después de un trámite legislativo bastante riguroso en la Cámara de Diputados.
Tenemos, finalmente, una iniciativa que le puede cambiar la cara al combate contra la delincuencia, de lo cual hay que hacerse cargo.
En ese mismo sentido, esperamos que esta aprobación en general sea también un signo para que el Congreso aborde la inquietud ciudadana.
Ojalá que el Ejecutivo mantenga su urgencia legislativa a fin de sacar prontamente este proyecto de ley.
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