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I. ANTECEDENTES.
Mucho se ha hablado acerca de la participación ciudadana en votaciones populares. Se ha discutido con mayor o menor éxito en los acuerdos sobre el sistema electoral, la participación de los partidos políticos, la afiliación voluntaria u obligatoria a los Registros Electorales, etc. Sin embargo hay aspectos que tienen que con actuaciones concretas al ser llevadas a cabo por los candidatos a cargos de elección popular pueden contribuir al reencantamiento por la parte de la ciudadanía con el mundo de la política, ambiente este último que percibe con distancia, prejuicio y recelo. En virtud de lo anterior, se hace imprescindible, a juicio nuestro, el trasparentar al máximo los antecedentes de los candidatos a cargos de elección popular, informando para tales efectos, no sólo la posición política que representan sino también sus antecedentes personales, profesionales y patrimoniales, con el objeto de que la ciudadanía al momento de sufragar conozca a cabalidad a la o las personas a quien elegirá.
Creemos que los candidatos a cargos de elección popular deben efectuar sus campañas con estricto apego a los principios de probidad y transparencia. Esta convicción ha inspirado diversos proyectos de ley en materia de presentación de candidaturas. Entre ellos destaca el proyecto de ley que obliga a presentar declaración de intereses al momento de inscribir una candidatura. (Boletín N° 4656 07) y el proyecto que establece la obligatoriedad de presentar un programa político o valórico enunciar proyectos de trabajo por parte de los candidatos a elección popular al momento de inscribir su candidatura. (Boletín 4843 06)
Ante la inminente discusión del proyecto de ley que regula el fideicomiso ciego, estimamos que la iniciativa de establecer como obligación de los candidatos el presentar declaración de patrimonio al momento de inscribir su candidatura, ayudará sin duda al mejor funcionamiento de este sistema, permitiendo un mejor escrutinio público al candidato, antes de la elección como después de ella atendido el sistema de financiamiento de las campañas incorpora recursos de origen privado y fiscal, por lo que resulta prudente cotejar posibles cambios en la situación patrimonial del candidato. Debemos recordar que la alta investidura y responsabilidad de los cargos a los cuales postulan hace procedente exigirle a los candidatos a elecciones populares a que se refiere la ley N° 18.700 una muestra de adhesión al principio de transparencia, como es la presentación de una declaración jurada de patrimonio al momento de presentar la declaración de la candidatura respectiva, con lo que se complementa y perfecciona la moción consignada anteriormente. Con el objeto de darle imperio a la norma debemos hacer presente que el incumplimiento de esta obligación traerá como consecuencia el rechazo por parte del Director del Servicio Electoral de la inscripción de la candidatura afectada.
A su turno, los datos falsos e incompletos de dicha declaración a la data de su presentación, harán incurrir al candidato en el delito de falsificación de instrumento privado establecido en el artículo 197 del Código Penal. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO:
Agrégase el siguiente artículo 7 bis a la ley N° 18.700, ley orgánica constitucional sobre Votaciones y Escrutinios. “Deberá adjuntarse a las declaraciones que previene el artículo anterior una declaración jurada extendida ante Notario Público, en la que el candidato señale en forma completa y ordenada la totalidad de los bienes que conforman su patrimonio a la data de presentación de la declaración de candidatura correspondiente. La falsificación de los datos que contenga la declaración jurada que establece el artículo anterior, incurrirá en el delito de falsificación de instrumento privado en conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Código Penal. La declaración jurada de patrimonio no sustituye en caso alguno a la declaración de patrimonial que deben prestar los candidatos que resulten electos en conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.”
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