REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 48ª, en martes 8 de julio de 2008 (Ordinaria, de 11.06 a 14.15 horas) Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 V.Orden del Día. -Postergación de vigencia de requisito para ser candidato a alcalde. Modificación de disposición transitoria de la ley Nº 19.958. Primer trámite constitucional11 -Modernización del Estado y calidad de la política. Primer trámite constitucional22 VI.Proyectos de acuerdo. -Otorgamiento de beneficios de Fonasa a dirigentes deportivos. (Votación)40 -Rebaja de impuesto específico a los combustibles a favor de Bomberos. (Preferencia)41 -Incorporación de enseñanza del lenguaje audiovisual a planes y programas de estudio41 VII.Incidentes. -Participación ciudadana en proyecto de mejoramiento de carretera Melipilla-Rapel. Oficio43 -Apoyo económico a joven lesionada en atropello en comuna de Llanquihue. Oficios44 -Ampliación de edificios de servicios públicos de comuna de Los Ángeles. Oficios45 -Antecedentes sobre construcción de nueva tenencia de carreteras en Los Ángeles. Oficios45 -Pavimentación de caminos rurales de San Vicente de Tagua Tagua. Oficio46 -Revisión de contrato, diseño y ejecución de camino que une Chimbarongo y Chépica. Oficio46 -Implementación de sede de Universidad de Valparaíso en Rengo. Oficio46 -Reiteración de oficio sobre irregularidades en radio comunitaria Integración, de Puerto Varas. Oficios47 -Pavimentación de camino que une Ninhue con santuario cuna de Arturo Prat y establecimiento de fecha para homenajear a ese héroe nacional. Oficios49 -Cumplimiento de plan de descontaminación de Santiago. Oficios50 Pág. VIII.Documentos de la Cuenta. -1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral”. (boletín N° 5945-06) 2.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “introduce modificaciones al Código Penal en la regulación de ciertos delitos contra la Administración Pública”. (boletín N° 5725-07) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República mediante los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 3.“Establece normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva”. (boletín N° 5934-01) 4.“Reforma constitucional en materia de asociacionismo municipal”. (boletín N° 5224-07) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 5.“Crea el Ministerio de Energía estableciendo modificaciones al D.L. N° 2224, de 1978, y a otros cuerpos legales”. (boletín N° 5766-08) 6.“Crea la Superintendencia de Obras Públicas”. (boletín N° 5304-09) 7.“Modifica la ley N° 19-067, y establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz”. (boletín N° 5068-10) 8.“Establece impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo”. (boletín N° 4186-07) 9.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “adecua la legislación interna a las observaciones y sugerencias efectuadas a Chile por la Ocde para implementar la “Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”. (boletín N° 5782-07) 10.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “establece una excepción a la inhabilidad establecida en el artículo 54, letra b) de la ley de bases de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al servicio exterior”. (boletín N° 4313-06) 11.Segundo informe de las Comisiones de la Pequeña y Mediana Empresa y de Hacienda recaídos en el proyecto que “incrementa transitoriamente un incentivo tributario a la inversión en activo fijo de la micro, pequeña y mediana empresa”. (boletín N° 5734-26) Pág. 12.Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en los proyectos que “modifican el decreto con fuerza de ley N° 382, ley general de Servicios Sanitarios, para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado para facilitar la construcción de viviendas sociales, simplificando el procedimiento de ampliación de territorios operacionales de servicios sanitarios”. (boletín N° 5502-14 y 5571-14) -Mociones de los diputados señores Espinosa, don Marcos y Sule, recaídos en las siguientes materias: 13.“Crea un fondo especial para la difusión y promoción de la búsqueda de personas desaparecidas”. (boletín N° 5954-18) 14.“Crea el Día Nacional de la Prevención del Extravío de Personas y Niños”. (boletín N° 5955-18) 15.Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; De Urresti, Espinoza, don Fidel; Girardi y Jiménez, que “modifica el artículo 305 del Código del Trabajo, sobre negociación colectiva”. (boletín N° 5956-13) 16.Moción de los diputados señores Accorsi, Ceroni, Girardi, Leal, Núñez, Palma, Quintana, Rossi, Tuma, y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta, que “deroga el artículo 38 ter, de la ley N° 18.933, de Isapres, para evitar el alza de los planes de salud y la discriminación de las personas en razón del sexo y la edad. (boletín N° 5957-11) 17.Moción del diputado señor Insunza y de la diputada señora Tohá, doña Carolina, sobre “fiscalización de la Corporaciones y Fundaciones que imparten Educación Superior”. (boletín N° 5958-04) IX.Otros documentos de la Cuenta. Contraloría General de la República: -Diputado Delmastro, irregularidades cometidas en municipalidades de la Región de los Lagos. Ministerio de Relaciones Exteriores: -Diputada Cristi, traspaso de los límites fronterizos por parte de soldados peruanos y bolivianos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputada Isasi, Programa Capital Semilla. -Proyecto de Acuerdo 570, Fondo de Desarrollo para las ferias libres. Ministerio de Hacienda: -Proyecto de Acuerdo 571, emergencia en Provincia de Palena por erupción de volcán Chaitén. Ministerio de Defensa Nacional: -Proyecto de Acuerdo 558, desarrollo de la aeronáutica en Chile y mejoramiento de condiciones de piloto, profesionales y técnicos. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Jaramillo, puente Collileufu, en comuna de Los Lagos. -Diputado Urrutia, postación telefónica de propiedad de empresa Cemet en comuna Longaví. -Diputado Uriarte, camino alternativo a Ruta G-60, Melipilla-San Pedro. Ministerio de Minería: -Diputado De Urresti, nuevas concesiones mineras por parte de la empresa Celulosa Arauco. -Diputado Errázuriz, contrato gasífero celebrado entre Chile y la República Argentina. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado Delmastro, legislación sobre bicicletas con motor. -Diputada Valcarce, decreto del Ministerio referido a taxis colectivos Arica-Tacna. -Diputado Chahúan, financiamiento de plan habitacional para ex obreros de la Empresa Portuaria de Chile, establecido en artículo 7° de la ley N° 16.250. -Diputado Espinosa don Marcos, problema que afecta a transportistas escolares de Calama. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: -Diputado Von Mühlenbrock, medidas a implementar en la ciudad de Tocopilla a causa del terremoto. Consejo de Defensa del Estado: -Diputado Rojas, desastre ecológico con motivo de derrame de petróleo del barco “Eider”, en Antofagasta. Corte Suprema: -Diputado De Urresti, infraestructura judicial en Valdivia. Tribunal Electoral Regional IIª Región Antofagasta: -Diputado Palma, acaldes que han cesado en sus funciones desde 1992 a la fecha. Policía de Investigaciones de Chile: -Diputado Ojeda, recursos para la ubicación de personas que indica. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Alvarado Andrade, Claudio -Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, RamónUDI -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Burgos Varela, Jorge -Bustos Ramírez, Juan -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime6 -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Sule Fernando, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Asistieron, además, los ministros del Interior (S), doña Claudia Serrano, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo. -En misión oficial estuvo ausente el diputado señor Iván Norambuena. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.06 horas. El señor BUSTOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor BUSTOS (Presidente).- El acta de la sesión 43ª se declara aprobada. El acta de la sesión 44ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. -o- El señor BUSTOS (Presidente).- Señores diputados, informo que, debido a que no podía asistir el señor contralor general de la República, la sesión pedida para hoy martes, a las 18.00 horas, ha sido postergada para el martes 15 de julio del año en curso, a las 15.30 horas. V. ORDEN DEL DÍA POSTERGACIÓN DE VIGENCIA DE REQUISITO PARA SER CANDIDATO A ALCALDE. Modificación de disposición transitoria de ley Nº 19.958. Primer trámite constitucional. El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la disposición transitoria de la ley Nº 19.958, que precisa o corrige normas sobre el proceso electoral. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Gonzalo Duarte. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 5945-06, sesión 46ª, en 2 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, sesión 47ª, en 3 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 3. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor DUARTE.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la disposición transitoria de la ley Nº 19.958, que reformó la ley orgánica constitucional de municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral, aprobado por la Comisión en forma unánime. Antes de la elección municipal de 2004, se promulgó la ley Nº 19.958, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral. Sin embargo, no todas las modificaciones acordadas en esa oportunidad tuvieron por finalidad hacer esas precisiones o correcciones. En efecto, también la referida ley modificó los requisitos que deben cumplir los candidatos a alcaldes al declarar sus candidaturas, introduciendo una obligación de escolaridad similar a aquellas que la Constitución Política exige a los parlamentarios. En la ocasión, el legislador no estimó conveniente extender el cumplimiento de ese requisito a los concejales, sin perjuicio de exigirlo a aquel que, por encontrarse vacante el cargo de alcalde, fuere elegido por el concejo para desempeñarlo. En todo caso, el legislador no previó la forma de proceder la elección del alcalde en el evento de que ninguno de los concejales cumpliera con el nuevo requisito. La modificación a que se ha hecho referencia no ha entrado aún en vigor y, por lo tanto, ningún alcalde en ejercicio del país se ha visto en la obligación de acreditar el cumplimiento de ese requisito. No obstante, los distintos partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición, han hecho presente que algunos jefes comunales se verían impedidos de presentar sus candidaturas porque la acreditación de requisitos no es coincidente con la interpretación que de él ha hecho el Servicio Electoral. Los partidos o jefes comunales han señalado que los requisitos no estarían siendo asumidos como corresponde, porque la forma como algunos interpretaron que debía acreditarse, especialmente en lo relativo a la equivalencia de la educación media, no fue la correcta. Por ello, sin perjuicio de considerar que la idea que sustentó la aprobación de esta norma sigue siendo valiosa y es, por lo mismo, deseable su mantención en nuestro ordenamiento legislativo, el Ejecutivo ha estimado pertinente hacerse eco de la solicitud de los partidos políticos y someter a la consideración del Congreso Nacional el presente proyecto de ley, que no pretende la derogación del requisito de escolaridad, sino exclusivamente la postergación de su entrada en vigencia para las elecciones municipales que deberán verificarse en 2012. A fin de aclarar las confusiones suscitadas y ampliar la accesibilidad al cargo de alcalde, con el propósito de permitir postular no sólo a quienes hayan cursado efectivamente la enseñanza media, sino que también a aquellos que hayan rendido el examen de equivalencia para fines laborales, se hace presente que se encuentra en tramitación en sede legislativa una moción presentada por los honorables senadores señores Carlos Bianchi, José García Ruminot, Antonio Horvath, Roberto Muñoz y Ricardo Nuñez, que modifica en dicho sentido el artículo 57 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades. El proyecto en comento considera un artículo único, mediante el cual se reemplaza en el artículo transitorio de la ley Nº 19.958, la expresión “2008” por “2012”. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, en los últimos años hemos sido testigos de movilizaciones y de una gran preocupación de la comunidad nacional en torno a la calidad de la educación. Es cierto que se han hecho esfuerzos en relación con la cobertura educacional, pero seguimos en deuda con el país respecto de lo primero, motivo central del reclamo que en su momento originó el movimiento de los pingüinos. Transcurrido tres o cuatro años de esa movilización, el Congreso Nacional aprobó una modificación a la Loce, pues ese cuerpo legal permitía que los sostenedores dirigieran establecimientos sin haber cursado siquiera la educación básica. Desde ese punto de vista, resultan coherentes las modificaciones introducidas a la ley orgánica de Municipalidades orientadas a exigir que los alcaldes que administrarán los municipios y asumirán el rol de sostenedores de la educación posean un mínimo nivel educacional a fin de que mejoren la gestión y la calidad de la política y procuren los niveles de calidad educacional que el país reclama. La modificación introducida a la Loce todavía genera resistencia en profesores, estudiantes y otros sectores, lo que se ha traducido en críticas y movilizaciones en atención a que no se ha garantizado debidamente el mejoramiento de la calidad de la educación. Hace cuatro años, la diputada señora Eliana Caraball y los diputados señores Jaime Quintana y Germán Becker presentaron una indicación que apuntaba en la dirección correcta, esto es, exigir estudios equivalentes a cuarto año de enseñanza media, es decir, un nivel mínimo de conocimientos y preparación a quienes dirigirán las comunas, pues de ellos depende gran parte de la administración de la educación pública. Además, es bueno recordar que se aprobó una reforma constitucional que garantiza doce años de escolaridad gratuita y obligatoria para todos los chilenos. A pocos días de vencer la inscripción de los candidatos a alcaldes y concejales que participarán en las elecciones municipales a llevarse a cabo durante el próximo mes de octubre, nos abocamos al estudio de un proyecto de ley con urgencia calificada de “discusión inmediata”. Del análisis de su contenido, estimo que la iniciativa no apunta en la dirección correcta; sino, por el contrario, va en el sentido opuesto a lo que desean el país y la política que queremos prestigiar. Ayer, concordamos con el diputado señor Maximiano Errázuriz y hoy con el diputado señor René Manuel García y otros en cuanto a que estamos sorprendidos con esta iniciativa, pues no muestra ninguna coherencia con lo que hemos estado haciendo en política al interior del Congreso y con los temas que queremos priorizar, en particular, el mejoramiento de la transparencia y la calidad de la educación. No concordamos con el proyecto, pues la modificación que se pretende introducir posterga la vigencia de una disposición que fue aprobada en forma unánime, cual es que las personas que postulen al cargo de alcalde deben haber aprobado cuarto año de enseñanza media. El proyecto de ley general de Educación, que ya fue votado en la Cámara y que en la actualidad se encuentra radicado en el Senado, exige a los sostenedores giro único y un nivel mínimo de capacidad, ¿por qué no hacer lo propio con los alcaldes y exigirles que mejoren la calidad de la educación? El peor rendimiento educacional se verifica entre hijos de campesinos pertenecientes a familias de escasos recursos que viven en las comunas más pequeñas y pobres del país. ¿Con esta postergación le vamos a decir a esas comunas que pueden tener alcaldes que no hayan cursado cuarto medio? Con este proyecto contrariamos la voluntad nacional en cuanto a elevar el nivel de la educación. Para mejorar la calidad de la política, debemos optimizar la gestión pública, lo que se logra con quienes tienen mayor capacidad, mayor preparación, mayores estudios. Por las razones señaladas, la bancada del PPD va a rechazar este proyecto, porque cree que va en la dirección contraria a la que el país desea. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, me sumo a las expresiones del diputado Eugenio Tuma, en el sentido de que considero increíble que, por una cuestión de oportunidad, se postergue en cuatro años la entrada en vigencia de la ley que establece que para ser candidato a alcalde se requiere tener cuarto año medio rendido. Digo esto porque hoy los alcaldes son verdaderos empresarios. Las municipalidades administran la educación, la salud y la atención de menores. La mayor cantidad de irregularidades -y nos lo dijo hace algunos años el contralor, cuando un grupo de diputados de Renovación Nacional fuimos a hablar con él-, por falta de control, tienen lugar en las municipios. Ahora, si se incurre en ellas con alcaldes que tienen estudios y a los que se podría atribuir mala fe, con mayor razón se pueden producir si los alcaldes no tienen la debida preparación. Sé que el argumento que va a esgrimir el Gobierno es qué pasa si un alcalde deja el cargo y ninguno de los concejales que debería reemplazarlo tiene cuarto año medio. Para obviar esa situación puntual, voy a presentar una indicación a este proyecto de ley que establezca que, en el evento de que un alcalde cese en su cargo y ninguno de los concejales en ejercicio tiene cuarto año medio, la exigencia no regirá, situación que se extenderá hasta el año 2012. Es decir, ésa sería la excepción. No me parece adecuado buscar una justificación basada en una cuestión teórica para postergar la entrada en vigencia de la norma. Si estamos de acuerdo con la disposición de que el alcalde debe haber rendido cuarto año medio, apliquémosla de inmediato; ahora tenemos la posibilidad de hacerlo y no tiene ningún sentido postergar cuatro años esa exigencia. Si no estamos convencidos de que el alcalde deba tener cuarto año medio, entonces, sencillamente, eliminemos la exigencia. Pero, repito, no tiene lógica postergar la entrada en vigencia de la norma so pretexto de que, en caso de que el alcalde deje el cargo y ninguno de los concejales en ejercicio, en ese momento, puedan asumir la alcaldía por no cumplir el requisito. Como digo, esto se puede obviar con una disposición transitoria en cuanto a que, si se produce esa circunstancia, no se exigirá cuarto año medio al concejal que reemplace al alcalde, y ya veremos, entonces, cómo resolvemos el tema a partir del año 2012. En la actualidad las municipalidades están a cargo de cuantiosos recursos económicos y hay denuncias por todos lados respecto de su manejo. ¿En cuánto errores se va a incurrir en comunas pequeñas -no de mala fe, sino, simplemente, por falta de preparación- porque el organismo de control con que cuenta la propia municipalidad no está en condiciones de fiscalizar adecuadamente? Si hasta hoy no hay control en las grandes comunas, menos va a existir en las pequeñas. Por eso, ojalá la postergación de entrada en vigencia que propone el Ejecutivo no cuente con mayoría. Se dice que hay un estudio sobre la disociación que se ha producido entre el Congreso y la ciudadanía, sobre el desprestigio de diputados y senadores. Eso ocurre, precisamente porque no se advierte en los parlamentarios preocupación por los problemas reales y, evidentemente, el tema municipal adquiere especial relevancia. Lo veo en mi distrito, en las comunas de Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, donde, como en la mayoría de las 343 comunas, la gente gira en torno a la municipalidad. Probablemente, en algunas esto no suceda; pero, si queremos prestigiar nuestra labor, debemos dar señales claras a la ciudadanía de que estamos preocupados de sus problemas y no de buscar estrategias electorales para salvar la situación de dos o tres candidatos que no tienen cuarto año medio, lo que por lo demás afecta a todos los partidos. Por razones electorales no se puede postergar la entrada en vigencia de una norma. Por el contrario, su postergación significará un costo político que deberá asumir el Gobierno por haber enviado este proyecto que posterga en cuatro años la entrada en vigencia de una disposición que establece que, en las elecciones de 2008, los candidatos a alcalde deberán acreditar haber cursado enseñanza media. Si esa norma estaba vigente, me pregunto por qué a última hora vienen algunos a sostener que no han podido resolver el tema. Anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, se han dado a conocer argumentos que difieren del verdadero sentido de este proyecto de ley. La postergación hasta el año 2012 de la vigencia del requisito de tener cuarto medio para quienes sean candidatos a alcalde, no desmerece, por ningún motivo, la calidad de la educación y no tiene ninguna relación con ese tema. No se está desconociendo esa exigencia, sino que se plantea su postergación por todos los inconvenientes que pueden suscitarse. A veces, la aplicación de algunas leyes resulta contradictoria, conforme a sus verdaderos objetivos, y esta ley Nº 19.958, al establecer condiciones, es problemática, imperfecta y acarrearía problemas. Otras leyes, sencillamente, son oscuras y hay que interpretarlas. Esta iniciativa también contiene los problemas que señalamos. La calidad de la política no dice relación con la buena o mala enseñanza o con los alcaldes inescrupulosos que incurren en irregularidades, que no necesariamente son aquellos que no tienen enseñanza media. Ésa es una afirmación incorrecta. Además, las exigencias en materia de sufragio universal han ido evolucionando, de manera que no se está desconociendo el requisito. El gobierno estima importante esta exigencia, pero, por todos los problemas que existen, se solicita solamente su postergación y no su derogación. Entendemos que el requisito de enseñanza media o su equivalencia va de la mano con las grandes responsabilidades que deben afrontar los jefes comunales, dada su jerarquía y las materias que deben resolver. El problema se extiende también para el evento de subrogar al alcalde, toda vez que para ser candidato a concejal no se requiere acreditar la enseñanza media o su equivalente. Por eso, repito, el proyecto no pretende la derogación del requisito de escolaridad, sino exclusivamente la postergación de su entrada en vigencia para las elecciones municipales de 2012. En este mismo sentido, a fin de aclarar las confusiones que se han suscitado y ampliar la accesibilidad al cargo de alcalde, se encuentra en trámite una moción que permitirá postular no sólo a quienes hayan cursado efectivamente la enseñanza media, sino también a aquellos que hayan rendido el examen de equivalencia para fines laborales. De esa forma, al modificar la ley Nº 19.958 cumplimos con nuestra responsabilidad de legislar en forma clara y precisa. Por eso, votaré favorablemente el proyecto. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro señor Antonio Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, es importante considerar que el principio democrático no supone estudios, sino que todo ciudadano, solo por el hecho de serlo, puede aspirar a cualquier cargo de representación popular. Tal es así, que en el pensamiento clásico se hablaba de sorteo. En el caso chileno, se puede ser Presidente de la República sin haber cursado cuarto medio; sólo basta ser ciudadano. Es cierto que hemos alcanzado altos índices de escolaridad -la obligatoriedad es de 12 años-, por lo que el requisito de cuarto medio no es discriminatorio; pero eso se irá exigiendo progresivamente. En consecuencia, si no modificamos la disposición transitoria de la ley Nº 19.958, el Congreso estará condenando a esos buenos alcaldes y a esos buenos concejales, quienes por el solo hecho de su condición social no cursaron cuarto medio, a no poder postular a un cargo de elección popular. Eso sería -perdónenme que así lo exprese- un principio de discriminación. Está bien hacer exigencias, para cargos que necesiten especialidad, pero para un cargo que requiere sobre todo conducción política, representación popular, la mejor escuela puede ser la vida y no necesariamente el cuarto medio. Por eso, llamo a la Sala a reflexionar sobre ese punto, porque no es por afán de conveniencia que el Gobierno ha presentado el proyecto, sino porque muchos partidos políticos han manifestado que en sus filas tienen buenos concejales y buenos alcaldes y que si no se adapta la norma, van a ser discriminados por un problema de la oportunidad que tuvieron en la vida. Por eso se propone postergar en cuatro años la entrada en vigencia del requisito de acreditar enseñanza media completa, de manera que cuando la formación de media sea universal, ya no sea discriminatorio. Hoy día lo es y por ello llamamos a la reflexión a la Cámara de Diputados para que apruebe el proyecto. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, en la misma línea de lo expresado por el ministro Viera-Gallo, una vieja máxima dice que el director del coro no tiene por qué saber cantar. Más que ser profesional, educado o autodidacta, en un cargo de representación popular importa el juicio, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, según dicen. ¿Cuántos buenos alcaldes hoy día no tienen cuarto medio, y cuántos buenos alcaldes son profesionales? Ser profesional, exhibir un certificado de estudio o tener cuarto medio no es garantía de buena gestión. Creo que hoy por hoy no es garantía de nada. Un país que quiere progresar va a propender a que sus autoridades sean fiel reflejo de esa sociedad. Hoy, el reflejo de la nuestra es este proyecto, porque tenemos alcaldes que no tiene cuarto medio, pero que lo han hecho bien y que son parte de esta sociedad. La gracia de un cargo de elección popular es que cualquier persona pueda ser elegida, por tratarse de un fiel exponente de ese pueblo que va a representar. En la medida en que nuestro país avance y que el ciento por ciento de los alumnos alcance la escolaridad completa, todos nuestros representantes populares podrán exhibir ese certificado de enseñanza media completa; pero mientras tanto, mientras seamos lo que somos y no nos vistamos con ropaje de una nación que no somos, tendremos que aceptar que algunos de nuestros representantes no cuentan con ese certificado de estudios. Con todo, la educación actual no es garante de que la persona que egresa de cuarto medio está educada. Quizás, por allí, un autodidacta dedicado a la lectura y a cultivar el espíritu, puede que lo haga bastante mejor que alguno de nuestros ilustres egresados de enseñanza media. Se ha dicho que para ser Presidente de la República sólo se necesita ser ciudadano. Entonces ¿por qué para la dirección del gobierno comunal le vamos a exigir un requisito distinto? En esto hay mucha historia. Hace poco más de dos mil años, el pueblo eligió a Barrabás. Quizás se equivocaron; no lo sé. Pero la historia nos señala que hoy somos un mundo cristiano precisamente por esa elección que hizo que perseverara nuestro cristianismo. Soy un profesional con un postgrado, y me atrevo a señalar que un título determinado no es garantía de buen juicio. Tenemos que respetar la sociedad que somos; aún no alcanzamos altos índices de escolaridad y, por ende, a nuestras autoridades, que son reflejo fiel de la sociedad que representan, tampoco les debe ser exigible por el momento el requisito en cuestión. Cuando avancemos, cuando seamos otro tipo de país, cuando logremos ciento por ciento de escolaridad para los alumnos, esa exigencia no será necesaria puesto que todos cumplirán con el requisito del cuarto medio. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, las intervenciones que he escuchado reflejan consenso para rechazar el proyecto, en circunstancias de que la Comisión de Gobierno Interior lo aprobó por unanimidad. Quiero justificar esa actuación. Se señala que hubo un acuerdo de los partidos políticos para, a pesar de que cada uno de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior expresó su rechazo al proyecto, lograr la unanimidad sobre la base de lo que allí se decía informalmente. Por eso solicito que se deje de lado la responsabilidad de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior en la votación final de la iniciativa. Quiero señalar que ésta es una muestra más de nuestra incapacidad para implementar adecuadamente iniciativas o artículos transitorios. Con el proyecto se está modificando el artículo transitorio de la ley Nº 19.958, la que, a su vez, contiene diversas modificaciones a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Ese artículo transitorio, que tiene cinco años y que obliga a los candidatos a alcaldes a acreditar haber cursado la enseñanza media, no se aplicó en la elección de alcaldes y concejales de 2004, ya que se consideró adecuado aplicarla a partir de la elección de autoridades municipales de 2008, con el fin de que las personas que quisieran postular a esos cargos tuvieran el tiempo suficiente para tomar las precauciones y medidas que les permitieran estar habilitados para participar en esta elección, lo que demuestra que se legisló con prudencia y capacidad en ese momento. La norma que se intenta modificar sólo obliga a los candidatos a alcaldes y concejalas a acreditar haber cursado la enseñanza media completa, lo que no es nada de otro mundo, ya que hemos logrado altos índices de escolaridad a inicios del siglo XXI el 90 por ciento de los alumnos cursa la educación media, gracias a que se ha establecido por ley la obligatoriedad de 12 años de escolaridad. No obstante, el proyecto posterga la entrada en vigencia de esta norma tan simple y de buen sentido común -que tal como dijo el colega Lobos no es el más común de los sentidos- por cuatro años, vale decir, empezaría a regir en 2012, por la simple razón de que algunos alcaldes encuentran dificultades para acreditar el requisito y porque al no exigirse lo mismo para los concejales, no queda claro lo que pasaría si el alcalde debiera ser remplazado por un concejal que no cumpliese el requisito o no existiese en esa comuna uno que lo cumpliera, lo que resulta muy improbable. Sin embargo, considero que los alcaldes y concejales tuvieron cuatro años para solucionar el problema y poder repostular al cargo. Lo mismo digo a los nuevos postulantes, ya que la norma era conocida por todos desde hace años. Por tanto, si sólo se trataba de solucionar la situación del caso de vacancia del cargo de alcalde, el proyecto debió contener una norma en ese sentido, y no prorrogar la entrada en vigencia de la exigencia para los alcaldes. Al respecto, se han cometido errores enormes. Me viene a la mente el caso de Chilecalifica, que otorga certificados que acreditan a las personas haber cursado la enseñanza media, pero que no son aceptados por el Ministerio de Educación. En el fondo, se ha engañado a quienes creyeron en Chilecalifica y en el Ministerio de Educación, que es la cartera que entrega autoridad a ese programa, ya que puede haber algunos candidatos a alcaldes que hicieron la enseñanza media completa de acuerdo con lo indicado por Chilecalifica, esfuerzo que no les será reconocido. La mayoría no está en esta situación, pero es uno de los fundamentos que hizo que se planteara esta modificación. Además, considero impresentable que para acceder a cargos de funcionarios municipales se exija el requisito de escolaridad, pero se exima de él al principal directivo de las comunas, por el solo hecho de ser elegido por votación popular. En este caso, no estamos nivelando hacia arriba, sino que hacia abajo, lo que atenta contra todo lo que hemos venido proponiendo y proyectando como país en lo que se refiere a modernización de las instituciones del Estado. Por eso, la confusión que se ha producido en la Comisión de Gobierno Interior me llama a reflexionar sobre el proyecto. El estudio más profundo que he hecho de él me lleva a pensar de otra forma e, incluso, no está clara mi decisión para votar a favor de él. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, recuerdo que la discusión que se efectuó en esta Sala de la disposición transitoria de la ley Nº 19.958 tenía que ver un poco con el debate que realizábamos para elevar la calidad académica de los alcaldes y de los concejales para enfrentar las distintas complicaciones y exigencias que se les presentaban en sus comunas. No puedo quedar indiferente frente a las sorprendentes palabras del diputado Jaramillo, por lo que quiero preguntar, por intermedio del señor Presidente, a la subsecretaria, ya que no está presente el ministro, si son efectivas sus afirmaciones ya que en esa oportunidad planteamos en este hemiciclo que se facilitara a los concejales y a los alcaldes los instrumentos y los programas para nivelar sus estudios. De acuerdo con mi experiencia, tengo la impresión de que el programa Chilecalifica no llegó a las comunas rurales con la misma intensidad que a las comunas urbanas. Reitero mi pregunta a la subsecretaria, por intermedio del señor Presidente, para saber si es efectivo lo que ha planteado el diputado Jaramillo, en el sentido de que los certificados de Chilecalifica no son reconocidos por Ministerio de Educación, a pesar de que el primero forma parte del segundo. De ser así, estamos ante un hecho gravísimo, porque esos programas están financiados con recursos dispuestos en la la ley de Presupuestos, sobre todo si se considera que se postergó la entrada en vigencia de la norma que exige este requisito a los candidatos a alcaldes y concejales. Todos estamos por nivelar hacia arriba, pero también debemos estar seguros de que existen las condiciones para hacerlo. La propuesta del Congreso, si es que estamos dispuestos a postergar hasta 2012 el plazo para exigir este requisito, debería ir acompañada de un compromiso del Gobierno, a través de la subsecretaría o del ministerio que corresponda, de elaborar un programa especial de nivelación de estudios para los alcaldes, que están dedicados a tiempo completo a ejercer su labor, incluso, los sábados. De no ser así, cuándo se van a dedicar a nivelar sus estudios, en qué momento el alcalde de La Estrella se va a juntar con el de Graneros y el de Curicó para recibir la nivelación. Debe haber disposición y flexibilidad del ministerio para que los alcaldes puedan nivelar sus estudios y cumplir los requisitos exigidos. Lo mismo debería suceder con los concejales, para seguir nivelando hacia arriba. Estoy dispuesta a votar a favor, al igual que la bancada independiente, pero me parece necesario que el Gobierno dé a conocer qué programa especial va a aplicar para que alcaldes y concejales se perfeccionen y cumplan con los requisitos, habida consideración de las dificultades que enfrentan para acceder a un plan de nivelación de estudios. La iniciativa es importante. Al respecto, es natural que la opinión pública, sobre todo los jóvenes que cursan enseñanza media, se pregunte por qué hay alcaldes que sólo tienen octavo año básico rendido. En ese sentido, es necesario que a quienes ejercen cargos políticos se les exijan requisitos intelectuales y se propenda a su perfeccionamiento personal permanente. Como dije, vamos a votar favorablemente, pero quiero conocer una propuesta interesante de parte del Ejecutivo sobre lo planteado. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la señora Claudia Serrano, ministra del Interior subrogante. La señora SERRANO (ministra del Interior subrogante).- Señor Presidente, en primer lugar, respecto de las inquietudes de la diputada Alejandra Sepúlveda, efectivamente Chilecalifica entrega conocimientos de cultura general, correspondientes a cuarto medio, que no habilitan para postular a cargos. Éste es un tema pendiente, no resuelto. Conforme con el anuncio de la Presidenta de la República el 21 de mayo de 2007, tenemos un sistema nacional de capacitación que incluye nivelación de estudios para funcionarios municipales y para alcaldes y concejales. Efectivamente, este programa no considera una línea específica orientada a solucionar el problema de aquellos alcaldes y candidatos a alcaldes que requieren acreditar cuarto medio. Sin embargo, vamos a estudiar la viabilidad de incorporar esta situación dentro de las actividades de este sistema, por cuanto, como bien dijo la diputada, con las responsabilidades que tienen los alcaldes, no es fácil que puedan someterse al training que se necesita para lograr el certificado correspondiente. En segundo lugar, respecto del sentido de la indicación enviada por su excelencia la Presidenta de la República a la consideración de la Cámara, tal como señaló el ministro José Antonio Viera-Gallo, para ser funcionario municipal se requiere cuarto medio, pero, en este momento, no le estamos pidiendo lo mismo a los alcaldes. ¿Por qué? Entendemos que ser elegido conductor de una comuna, conlleva un mandato que es político, de representación popular, que no se condice ni requiere de las cualidades técnicas o educacionales requeridas para determinados desempeños. No obstante, ese alcalde sí tiene la responsabilidad de acompañarse de los equipos profesionales y de los cargos directivos que le permitan actuar adecuadamente. Digo esto, porque pronto va a ser materia de discusión de la Cámara de Diputados el proyecto que faculta a a los alcaldes, a las municipalidades, para dotarse de una organización moderna, con los directivos, profesionales y técnicos que requieran, porque hoy el precepto sobre la planta municipal data de 1994 y se norma de manera centralizada. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, lamento no haber estado durante la discusión de la iniciativa que se convirtió en la ley Nº 19.958, que exige que los alcaldes deben tener cuarto medio, como mínimo. Lo lamento, porque, una vez más, una ley demuestra que en Chile se sigue discriminando. Lo digo, porque creo que para ser representante popular no es necesaria la exigencia de tener cuarto medio. Son necesarios otros valores. Indudablemente, entre más preparación tenga un representante popular, en este caso un alcalde, bienvenido sea. Pero la historia de estos últimos años ha demostrado que la gestión de la gente muy educada, de alcaldes con muchos títulos, que incluso han estudiado en el extranjero, deja mucho que desear. Por eso, deberíamos hacer una ley que obligue a los alcaldes y representantes populares a tener valores intransables, como honestidad, transparencia, espíritu de servicio público, conciencia social. Haber cursado cuarto medio no significa que se tienen esos valores. La Región de Aisén, a la cual pertenece el distrito que represento, creo que es la única en Chile en la que no existen universidades. Por eso, para que nuestros jóvenes estudien tienen que salir de la región, lo cual implica un alto costo económico. En consecuencia, este requisito debería exigirse siempre y cuando en Chile existan las facilidades reales, efectivas y objetivas para que nuestros estudiantes tengan acceso a la educación. Está demostrado que en Chile -y es por eso que los profesores hoy día están en movilización- no existe igualdad de oportunidades para acceder a la educación, y menos a una educación de calidad. El año pasado aprobamos en este hemiciclo una iniciativa que autorizaba lo que yo denomino explotación infantil en niños desde los 14 años. O sea, se legalizaba la explotación infantil en Chile. Por eso, me pregunto: un joven, un niño, que tiene que trabajar ocho horas diarias ¿tendrá la fuerza y el tiempo necesarios para estudiar y terminar cuarto medio? ¿Podrá llegar a ser candidato a alcalde, conforme con las actuales exigencias de la ley? Creo que nos estamos contradiciendo. Lamentablemente, hoy día pesan más los títulos académicos que las capacidades de los seres humanos. Reitero, lamento no haber estado cuando se trató el proyecto que dio origen a la Nº 19.958, porque habría votado en contra. Y como lo habría hecho antes, hoy voy a votar en consecuencia. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, el proyecto que discutimos coincide con el interés y el espíritu de la gran mayoría de los ciudadanos: cómo tener en los municipios mejor representación, administración y gestión. En su momento, en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social lo voté favorablemente, consciente de la existencia de una situación que podríamos calificar, a lo menos, de anómala o injusta. La ley estableció una definición de enseñanza media rendida que, por las interpretaciones posteriores realizadas por el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República, resulta evidentemente discriminatoria en relación con otros programas existentes, reconocidos y validados por el sector público para rendir la enseñanza media, situación que también han destacado otros honorables colegas. La interpretación inadecuada de ese requisito llevaría, en algunos casos, por ejemplo, al absurdo de que una persona, aunque tuviera título profesional reconocido por una universidad del Estado, no podría ser candidato a alcalde por no tener rendida la enseñanza media. Precisamente, ese absurdo me induce a votar favorablemente el proyecto, que, sin embargo, debo clarificar previamente que enseñanza media significa haber cursado el cuarto medio a través de cualquiera de los instrumentos que el Estado chileno ha desarrollado para alcanzar esa meta de educación y no continuar con la interpretación restrictiva, que resulta discriminatoria y afecta a un número limitado de alcaldes. Incluso, aunque afectara a uno solo, el argumento también es válido. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por principio, no creo en las discriminaciones ni en las exclusiones. No es lógico que en la Cámara de Diputados se destaque como un gran tema -algunos distinguidos diputados así lo han planteado- que haber cursado o no la enseñanza media, la gestión de un alcalde o concejal va a ser mejor o peor que la de algún connotado profesional o intelectual. Mi afirmación se fundamenta en las siguientes consideraciones. No nos hemos detenido a pensar en que hay generaciones que, motivadas por las circunstancias que les tocó vivir, se vieron en la obligación de ingresar al mundo del trabajo a temprana edad. ¿O acaso no es una realidad que en ciertos sectores del país algunos compatriotas han debido ser dueños de casa, por tener que cuidar a su madre que quedó viuda o a sus hermanos menores, a los 12, 13 ó 14 años? En esta Corporación he escuchado grandes discusiones respecto del trabajo de los menores de 14 ó 15 años, pero nos olvidamos de que esas situaciones son motivadas por las circunstancias concretas. Es cierto que el trabajo de los menores ha disminuido, pero hasta hoy existe. Creo de verdad en las personas autodidactas. Más aun, considero que algunas de ellas son brillantes en ciertos temas. En la vida, algunos seres humanos tienen condiciones innatas y naturales de liderazgo, de conducción, de sentido común, de perseverancia, de seriedad y de responsabilidad en las tareas que asumen. Estoy convencido de que el hecho de haber cursado la enseñanza media o de tener un título profesional no siempre es señal de que se tienen esas cualidades. Además, me interesa recordar algunas discriminaciones que aún subsisten. Por ejemplo, es inconcebible que no puedan ser candidatos a parlamentarios los dirigentes sindicales. Realmente, esa exclusión no tiene ningún fundamento ni argumentación razonable y, por consiguiente, no puede continuar. Quienes han demostrado saber representar a sus pares son, justamente, los dirigentes sindicales. A lo mejor, muchos de los presentes nunca asumieron esa función, pero quienes la ejercimos en algún momento de nuestras vidas -fui dirigente sindical con poco más de 21 años-, sabemos lo que eso significa: representar efectivamente a otras personas, sus representados, y no actuar en función de sí mismo, sino de la comunidad. En mi ciudad de Concepción contamos con distinguidos hombres públicos que nunca tuvieron un título profesional y no alcanzaron a cursar, en esos años, el sexto año de humanidades -actual cuarto medio-, pero han desempeñado sus funciones en forma brillante. En consecuencia, anuncio que votaré favorablemente el proyecto que modifica la disposición transitoria de la ley Nº 19.958. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica la disposición transitoria de la ley Nº 19.958, que precisa o corrige normas sobre el proceso electoral, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 8 abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena. -Se abstuvieron los diputados señores: Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Jaramillo Becker Enrique; Leal Labrín Antonio; Montes Cisternas Carlos; Pascal Allende Denise; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA. Primer trámite constitucional. El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Edmundo Eluchans. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 4716-07, sesión 40ª, en 17 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 19. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, seré muy breve, porque aun cuando se trata de un proyecto de reforma constitucional de la mayor importancia, que tiene consecuencias jurídicas y políticas trascendentales, lo que me corresponde informar es muy sencillo. Como se recordará, esta iniciativa ya se discutió en la sesión de 3 de junio pasado, pero, con motivo de algunas indicaciones que se presentaron, debió volver a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, me referiré exclusivamente a la discusión que se desarrolló en la Comisión en relación con tales indicaciones. En definitiva, fueron rechazadas cuatro indicaciones. La primera, para reemplazar, en la parte final del nuevo inciso tercero que se agrega en el artículo 8º de la Constitución Política, la conjunción copulativa “y” por la conjunción disyuntiva “o”. La segunda, para intercalar un nuevo inciso primero en el artículo 60, mediante el cual se pretendía que los cargos de senadores y diputados fueran de dedicación exclusiva. La tercera, para mantener en el inciso segundo del artículo 60, la expresión “contra el Fisco”, que se suprimía en el proyecto. Explicaré brevemente en qué consiste esta modificación. El texto constitucional vigente dispone: “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco,…”. La idea del Ejecutivo, que algunos diputados respaldamos, es que esta restricción sea amplia, en el sentido de que los parlamentarios no puedan actuar como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o entre particulares. La pretensión de quienes presentaron la indicación fue mantener la actual situación, esto es, dejar la expresión “contra el Fisco” y, por tanto, que sólo fuese causal de cesación en el cargo el que actuare como abogado o mandatario en juicios contra el Fisco. La cuarta y última indicación, que fue rechazada por la Comisión, pretendía mantener el actual inciso tercero del artículo 60 de la Constitución Política de la República, que establece: “La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.”. Quienes aprobamos la propuesta del Ejecutivo en cuanto a suprimir la expresión “contra el Fisco”, entendimos -y así lo hizo también el Ejecutivo- que era razonable suprimir el inciso tercero del artículo 60 de la Constitución Política, puesto que impedía que cualquier parlamentario pudiera tener una oficina de abogados; sobre todo, porque, incluso, también estaría impedido el comunero con quien la comparte para tener cualquier clase de juicio. En definitiva, esta indicación también fue rechazada. Luego, se suprimió la disposición que modificaba el inciso cuarto del artículo 60 de la Constitución. En definitiva, la Comisión de Constitución acordó mantener su actual texto. Por último, se agrega una disposición transitoria que establece: “La modificación introducida en el inciso segundo del artículo 60 de la Constitución Política entrará en vigencia transcurridos ciento ochenta días a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.”. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, en este segundo informe el diputado informante ha dado a conocer la suerte que corrieron las indicaciones. Sólo quiero agregar que no me parece una buena noticia el que se haya rechazado, por triple empate, la indicación al proyecto original del Ejecutivo que establecía que los parlamentarios deben dedicarse exclusivamente al cargo, teniendo presente para ello una serie de consideraciones que hicimos al momento de discutir en general el proyecto. Estas cosas nunca son perfectas, pero sigo creyendo que es mucho mejor establecer la exclusividad. En tal sentido, pienso que fue un buen camino el que inició el Ejecutivo al sustituir una indicación anterior -cuyo texto original tenía que ver más bien con los abogados- por esta indicación al artículo 60, estableciendo que era un cargo exclusivo. En esa lógica, me pareció mucho más omnicomprensiva que las primeras indicaciones y, por tanto, una buena noticia, aunque probablemente no perfecta. No obstante, hay buenos argumentos para señalar que puede ser relativamente compleja la obligación constitucional de la exclusividad. Pero creo que hay más argumentos a favor que en contra para señalar que eso es mejor. Desgraciadamente, en la Comisión se rechazó la indicación del Ejecutivo como consecuencia de no haberse quebrado el empate tras tres votaciones sucesivas y, en virtud del Reglamento interno, ello significó su rechazo. Por intermedio de la Mesa, quiero pedir al ministro secretario general de la Presidencia que, como ellos son autores de la indicación sustitutiva presentada a la reforma, pudieran insistir en el Senado con el ánimo de que el proyecto avance y no se siga retrasando en la Cámara. Creo que vale la pena insistir en la exclusividad. Me voy a referir al tema central, en el cual probablemente se va a centrar la discusión en esta Sala. En la norma relativa a lo que en un momento se denominó fideicomiso, que es más bien un mandato ciego, se agrega a la Constitución Política una norma que señala: “El Presidente de la República y demás autoridades que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar intereses y patrimonio en forma pública,…” Con eso, despejamos una discusión que se creó con un fallo del Tribunal Constitucional que establece que la declaración de patrimonio no necesariamente debe ser pública, porque se afecta el derecho a la privacidad. Hay un fallo de mayoría del Tribunal Constitucional que ha permitido que algunos órganos y algunas personas dilaten la publicidad de dicha declaración. Hoy, la mayor parte de la gente lo hace público en forma voluntaria, pero me parece bueno despejar esa discusión. Después, agrega: “…encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros…” Eso es lo que originalmente se denominó fideicomiso. Pero no es propiamente un fideicomiso, sino un mandato civil de entrega en administración por un período determinado y de manera ciega, sin que pueda incorporarse el mandante al mandatario en decisiones esenciales. Se envió un proyecto de ley para esos efectos. Continúa: “…y transferir la propiedad de todo o parte de ellos cuando aquella ley así lo exija y en las condiciones y plazos que señale.”. Son dos situaciones distintas: una, la entrega de la administración y, otra, la posibilidad de que tenga que transferir. ¿Qué va a decir el constituyente cuando abra la primera llave de esto? Sobre todo, porque falta la llave de la ley orgánica, que va a requerir un quórum altísimo, muy parecido al de la reforma. En consecuencia, si no hay un acuerdo político respecto de la ley orgánica esta reforma no va a prosperar, porque no es posible aprobar ese proyecto de ley por mayoría. Tiene que existir un acuerdo político. O sea, hay un cerrojo que aún no está abierto y para lograr abrirlo es necesario establecer bien la norma constitucional. Aquí me están señalando -no me consta- que se va a pedir votación separada para la última frase. Lo que pasa es que hubo diputados de la Alianza que en el número 1), en el nuevo inciso tercero propuesto para el artículo 8º, pretendieron cambiar la conjunción copulativa “y” por la conjunción disyuntiva “o” para que la persona voluntariamente pueda decir: doy en mandato a terceros o enajeno. Es decir, que sea una facultad de la quien se encuentra en esa condición. En verdad, ha habido un cambio de criterio en esta materia. La otra vez nos echaron algunas tallas porque cambiamos de criterio respecto del lobby, a lo cual no contesté, molesto, porque creo que las personas tienen derecho a cambiar de idea. Pero, ¡seamos francos! La discusión se ha basado principalmente en que esto no sea facultativo; incluso, se presentaron algunas indicaciones al respecto que fueron aprobadas por unanimidad. Lo que se quiere es que el constituyente determine cuándo debe proceder el mandato y cuándo la transferencia de bienes, producto de ciertas situaciones relativas a posiciones relevantes que la propia ley señalará. Creo que es muy bueno que sea así, porque algo tan delicado no puede quedar en la mera facultad de la persona. Alguien me dice aquí que eso significa una limitación al dominio. Por cierto, puede llegar a serlo, pero la Constitución establece que una ley -como en otras oportunidades- puede fijar esa limitación. Eso es muy importante, porque en Chile puede ser candidato y Presidente de la República el propietario de un banco, de una cadena de radios y de un club de básquetbol. En ese caso, el constituyente tiene derecho a decir que sí, pero estableciendo las condiciones. Queremos fijar en forma definitiva una muralla china infranqueable entre la política y los intereses. Eso es lo que se busca en esta primera fase de la reforma constitucional; después vendrá la fase legislativa. Pero para que tenga sentido la muralla china tiene que ser el constituyente, el legislador, el que establezca cuándo procede la entrega de la administración de los bienes y desde cuándo la necesidad de enajenarlos, ya que en ese caso no basta el mandato. Un mandato de administración de un dueño de un banco que controle el 7 ó el 8 por ciento del mercado de capitales no es suficiente y la persona podría tener derecho a decir que quiere quedarse con el banco. Ante esa condición, se tendrá que dedicar a los negocios y no a la política. Entonces, para que la reforma constitucional y el acuerdo político a que arribamos tuvieran sentido -según los medios de comunicación, se trató más bien de un requerimiento al ministro Viera-Gallo, porque el envío del proyecto sobre fideicomiso iba muy lento; se decía que, al parecer, se quería retrasar para que el tema no estuviera resuelto antes de las próximas elecciones presidenciales-, el Gobierno envió este proyecto, y después del trabajo conjunto de todos los diputados y de escuchar a diversos profesores de derecho constitucional, llegamos al texto en discusión. Hoy, aparentemente, se quiere cambiar “y” por “o”, lo que sería una muy mala noticia. Yo no digo que con ello se romperá el acuerdo, pero sería una pésima noticia. Por eso, vale la pena aprobar el proyecto tal como está redactado. El Gobierno ya envió al Congreso Nacional, para su tramitación, un proyecto de ley, que se tratará a continuación de esta reforma constitucional, relacionado con administración de terceros y eventuales enajenaciones. Creo que éste es un buen proyecto, pero falta agregar algunos aspectos. Si le vamos a entregar a la Superintendencia de Valores la facultad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de los mandatos a terceros que deberán entregar ciertas autoridades por disposición de la ley, deberíamos entregarle al superintendente mucha más autonomía de la que tiene en la actualidad; si se va a dedicar a esto, no puede seguir siendo un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, entre otras cosas, porque podría ser quien fiscalice el fideicomiso o el mandato de administración de bienes de la persona que lo nombró. En consecuencia, hay que buscar una fórmula jurídica -no sé si en este proyecto o en otro que modifique la ley de valores- que le dé mayor autonomía al superintendente en el ejercicio de su cargo. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia. El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, esta reforma constitucional es de vital importancia para separar los negocios de la política. Celebro que se haya llegado a un acuerdo sustancial sobre el artículo más importante, a fin de establecer lo que se ha llamado fideicomiso ciego o mandato civil de administración de bienes de personas de gran fortuna que van a ejercer cargos de autoridad. Tal como lo dijo el diputado Burgos, el Gobierno envió otro proyecto que recoge estas ideas para que queden plasmadas en una ley. Sin embargo, lamentablemente, algunos diputados de Oposición que habían concurrido a dicho acuerdo han solicitado dividir la votación, de manera que la exigencia de que ciertas empresas no sólo deberán ser entregadas en mandato a un tercero, sino que salir del patrimonio de la persona que ejercerá la autoridad, no alcance el quórum calificado que requiere para ser aprobada. Sin duda, esto sería negativo. En primer lugar, quiero señalar que el hecho de que exista esta manifestación de voluntad en la Constitución no es condición esencial para que quede establecida en el proyecto de ley. Es decir, nadie podría deducir que por el hecho de que, probablemente, la exigencia de enajenar no quede establecida en el proyecto de reforma constitucional, tampoco lo hará el proyecto de ley. Éste es un punto muy importante para su tramitación. En segundo lugar, ¿por qué se estableció esta idea que fue fruto de un entendimiento especialmente entre el diputado Jorge Burgos y parlamentarios de la Oposición, en particular, los diputados Eluchans y Cardemil? Por una razón muy simple: porque cuando en un país con un mercado relativamente pequeño como el nuestro hay personas que controlan empresas, es decir, que actúan de manera que no pueden disimular su participación en ellas, es obvio que quien vaya a ocupar el cargo de ministro, de parlamentario, de miembro del Banco Central o de Presidente de la República, aun cuando entregue a un tercero la administración de su participación accionaria decisiva en el control de una empresa, va a saber perfectamente el impacto que sus decisiones pueden tener en el futuro de ella. Si el día de mañana -espero que no sea así- hay un Presidente de la República que tiene participación decisiva en una línea aérea, es evidente que cuando tenga que negociar tratados de libre acceso a los espacios aéreos, aunque su participación accionaria haya sido entregada a un tercero, va a saber cuál será el impacto de sus decisiones. Lo mismo en el caso de un banco, como lo señaló el diputado Burgos. En nuestro proyecto hay tres casos en los cuales sostenemos que una empresa debe ser enajenada. Primero, cuando preste servicios al Estado en un volumen tal que haya una vinculación decisiva entre este y la empresa. Segundo, cuando participe en una concesión o tenga tarifas reguladas por sus servicios. Si mañana cualquier ministro tuviera participación decisiva, por ejemplo, en una empresa eléctrica o de agua potable, es evidente que sus decisiones podrían influir en el manejo de las mismas. Tercero, cuando por la naturaleza de sus funciones una empresa requiera un permiso especial y tenga un rol relevante en la sociedad. Son los tres casos en que, a juicio del Gobierno, una empresa debiera dejar de formar parte del patrimonio de una persona. Y esto no es algo negativo porque el fruto de su patrimonio accionario va a seguir, en el caso del fideicomiso, bajo el mandato de administración y, eventualmente, a futuro, cuando la persona deje su mandato y pase un tiempo razonable, podría volver a invertir. Por eso, nos parece malo que se haya pedido votación separada de esa parte. Cualquiera sea la suerte que corra esta disposición constitucional, la discusión se planteará nuevamente al momento de tratar el proyecto de ley ya mencionado. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional va en la línea de lo que el Gobierno de la Presidenta Bachelet planteó al país, en relación con algunos elementos que son consustanciales a la política. Como lo dijo el diputado Bustos, el número 1) del artículo único es fundamental porque establece una fórmula para separar la política de los negocios. En un país como el nuestro es evidente que una persona que posea una gran fortuna, como es el caso del señor Piñera u otro que, a futuro, aspire a ser Presidente de la República, necesariamente debe decidir si se dedicará a la política o a los negocios. En nuestro país, resulta complicado mantener esta dualidad, es decir, que una persona muy rica se encarame a posiciones políticas relevantes y que, a la vez, mantenga su preeminencia en el mundo de los negocios. Esto, incluso, afecta el desarrollo económico del país. Por lo tanto, considero absolutamente razonable el planteamiento del Gobierno, en cuanto a que es necesario buscar una fórmula que permita separar los negocios de la política. Pero también considero importante destacar dos temas, a mi juicio, trascendentes. Lo que hace la Presidenta de la República con este proyecto de reforma constitucional es cumplir algunos compromisos que contrajo con la Derecha. Esperamos que ésta también honre los suyos y apoye las iniciativas del Gobierno. Este proyecto de reforma constitucional establece que el Presidente de la República no podrá hacer presente la urgencia de suma o de discusión inmediata en el despacho de un proyecto durante los treinta días anteriores a una elección presidencial. La Oposición ha planteado que el Gobierno ha hecho uso de esta facultad cada vez que hay elecciones, con el objeto de poner en evidencia la posición de la Derecha en estos casos. Por eso, el proyecto establece que el Presidente de la República no podrá hacer uso de este derecho durante los treinta días anteriores a una elección presidencial. Asimismo, intercala un inciso tercero del siguiente tenor: “No podrán presentarse ni tramitarse proyectos de reformas constitucionales dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial.” Lo anterior, con el objeto de transparentar nuestros actos. También dispone que se establecerá un sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular y que una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Esto es fundamental para el desarrollo de la política. Es evidente que debemos legislar sobre el financiamiento de los partidos políticos, cómo se realiza el gasto electoral y cómo se controla, para que no exista la posibilidad de generar una tremenda diferencia de difusión masiva entre los candidatos que tienen más recursos y los que disponen de menos. Me parece de extraordinaria importancia no sólo que se defina y diferencie la política de los negocios, sino que también se establezcan disposiciones a favor de la transparencia. De aprobarse, tendremos que pedirle a la Derecha que nos dé sus votos en el Senado y en la Cámara de Diputados, cuando sea necesario, para permitir el voto de los chilenos en el exterior. En su oportunidad, Renovación Nacional se opuso a que los chilenos votaran en el extranjero. Hoy, la Presidenta lo está planteando y entregando las herramientas para cumplir con los compromisos adquiridos. Ojalá que la Derecha cumpla su compromiso de permitir que los chilenos que viven en el exterior voten en nuestras elecciones, como también que se consagre definitivamente la inscripción automática de todos los ciudadanos en el Registro Electoral. El hecho de contar con un sistema tecnológico de información como el del Servicio de Registro Civil, permitirá en forma eficiente que cada chileno, al cumplir 18 años de edad, adquiera la calidad de ciudadano que le otorga la Constitución y ejerza su derecho a voto. Por lo tanto, la inscripción automática me parece muy necesaria y creo que la Derecha debe darnos los votos para concretarla, como también, de una vez por todas, reformar el sistema binominal. Estamos dando pasos para avanzar en transparencia en los actos del Estado, a fin de que los elementos que perturbaban a la Derecha sean regulados, pero también queremos avanzar en las reformas que la ciudadanía requiere. El sistema binominal excluye a mucha gente de la posibilidad de alzar su voz en materias que los parlamentarios no necesariamente hemos planteado. Votaremos a favor el proyecto, pero reclamamos de la Derecha consecuencia y apoyo a los proyectos que ha enviado la Presidenta, con el objeto de que nuestra estructura electoral y los cargos de representación popular sean efectivamente representativos de toda la ciudadanía. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, mucho se ha dicho sobre esta reforma constitucional, por lo que sólo me referiré al inciso tercero del artículo 8º, básicamente porque la Constitución no se reforma todos los días. Cada reforma requiere un análisis serio y profundo, no sólo de la realidad chilena, sino también en relación con el derecho comparado. Las reformas constitucionales por ningún motivo deben estar afectas o sujetas a intereses electorales de corto plazo. Sin embargo, a todas luces, parte de la reforma constitucional que analizamos, en particular la del artículo 8º, tiene nombre y apellido. Claramente, el proyecto apunta a fines electorales y se elaboró pensando en Sebastián Piñera y quien, con o sin ley, ha expresado muy claramente lo que hará con sus empresas. Hace casi tres años se habló del fideicomiso ciego. El Gobierno lo anunció en la última campaña electoral, pero pasó la elección y, al parecer, se le olvidó la prioridad del proyecto. Ahora, que nuevamente enfrentaremos campañas electorales, se vuelve a plantear el fideicomiso ciego. Pero como los votos de la Alianza están asegurados y no hay controversia respecto del tema, hay que agregarle algo más: la obligación de vender el patrimonio. No quiero entrar en la jugarreta política, porque no lo amerita, pero debo dejar constancia de ciertos argumentos que, a mi juicio, son fundamentales de tener presentes. En ningún país del mundo existe la obligación de que los ministros ni los presidentes ni las autoridades deban vender su patrimonio antes de asumir el cargo. No existe, porque es algo completamente irracional. Primero, porque con ello se da un mensaje clarito, que dice: mire, vamos a omitir, a prescindir de los emprendedores de nuestro país, pequeños, medianos o grandes, o de las personas que, honestamente y en forma exitosa, han dado muchos empleos. Segundo, se habla con mucha facilidad de la reforma constitucional, pero nadie se hace cargo de los mil y un problemas que genera. ¿Qué pasa con un ministro al que nombran el 1 de enero, como ha ocurrido, y a los cinco meses le piden que deje el cargo? De acuerdo con esta reforma constitucional, ese ministro, para asumir el cargo, debió vender todo su patrimonio. ¿Lo va a vender en cinco días, en una semana? ¿Y qué pasa si seis meses después pierde el cargo? ¿Quién estará dispuesto a aceptar un cargo si para asumirlo tiene la exigencia de vender sus activos? En ningún país del mundo ocurre eso. El caso más conocido es el de Canadá, donde se faculta a las personas que asumen un cargo a transferir sus activos, pero ¡atención! se le dan todas las facilidades del caso. Se le dice que el Congreso Nacional lo ayudará a vender bien, en el tiempo adecuado, porque lo que se busca es beneficiarlo, no imponerle un castigo. Cuando se le impone un castigo, se le está diciendo: mire, sólo algunos pueden entrar al servicio público. ¿Quiénes? Los que no saben nada de emprendimiento, de desarrollo personal. Tercero, ¿cuántas personas tienen hoy sociedades de responsabilidad limitada? ¿Acaso esas personas pueden vender su participación así, sin más? No, pues, si se le obliga a vender, se acaba la sociedad. Entonces, llamo a un debate serio. Dejemos la demagogia electoral de último minuto y hagamos las cosas como se hacen en los países desarrollados. Cuando se da el caso de una persona que asume un cargo -llámese ministro, diputado, senador o presidente- y tiene un patrimonio, es evidente que se debe generar una transparencia total y las sanciones que se adopten por conflictos de intereses deberán ser drásticas. Expone su cargo a cualquier uso de información privilegiada o conflicto de intereses. A tal punto, que si efectivamente existe un conflicto de intereses, les aseguro que será la primera persona dispuesta a transferir sus activos. Por el contrario, aducir que toda persona que tiene patrimonio hará mal uso de su cargo y, por tanto, tiene que vender, es francamente la peor señal que podemos dar. Termino invocando, una vez más, lo que el mundo nos enseña: no hay un país en el mundo -así lo ratificó la Biblioteca- cuyo ordenamiento jurídico obligue a vender sus bienes a una persona antes de asumir un cargo. No es razonable y no creo que en nuestro país, sólo porque hoy, coyunturalmente, el candidato presidencial que encabeza las encuestas sea un empresario, debemos tramitar un proyecto inédito que, a nuestro juicio, sólo perjudicará al país, porque no permitirá que los mejores lleguen a la política. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, es importante hacer algunas precisiones sobre lo expresado en el debate del proyecto y recordar que la cuestión trascendental que estamos discutiendo, acerca del inciso tercero del artículo 8º de la Constitución Política de la República, que se agrega en virtud del proyecto, cubre tres situaciones enteramente distintas. La primera parte establece la obligación de que las declaraciones de intereses y de patrimonio del Presidente de la República y demás autoridades que una ley orgánica constitucional señale, sean públicas. La segunda, obliga a ciertas autoridades a entregar a terceros la administración de sus bienes antes de asumir el cargo. La tercera parte es distinta a las dos anteriores. Se ha pensado establecer que el Presidente de la República, ministros de Estado y parlamentarios transfieran la propiedad de todo o parte de sus bienes. Esto no está definido en la Constitución, porque se entrega a una ley orgánica constitucional. Es importante que se sepa que en el proyecto del Ejecutivo sólo venía la primera parte. Esto es, la obligación de que la declaración de patrimonio e intereses sea siempre pública. Los dos agregados siguientes son consecuencia de indicaciones parlamentarias. Por eso, no debe pensarse que estamos torpedeando un proyecto del Ejecutivo. Es bueno dejar en claro que la Oposición concurre con su voto favorable a más del 80 ó 90 por ciento de las iniciativas que envía el Gobierno. Es conveniente separar los negocios de la política, pero sin estigmatizar al empresario, al emprendedor, porque eso no le hace bien al país. Por ello, recogimos una indicación del diputado Alberto Cardemil y de otros diputados de Renovación Nacional para introducir en nuestra legislación el fideicomiso ciego. Esta figura legal es más bien la administración civil de bienes por parte de terceros, sin que el propietario tenga conocimiento de la forma cómo se hace. Es efectivo que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia discutimos una indicación del diputado Burgos. Eso implicó agregar la última parte al tercer inciso del artículo 8º, cual es la obligación de que ciertas autoridades transfieran sus bienes antes de asumir el cargo, cuando tienen relación con un área estratégica. Quiero hacer presente que cambié de opinión en el lapso de la discusión que se dio en la Comisión de Constitución y el día de hoy. Me he dado cuenta de que los términos en que se aprobaría esta reforma pueden tener consecuencias negativas impredecibles de todo tipo. El diputado Burgos expresó que algunos sostienen que esto podría significar una limitación al dominio, a lo que agregó que puede ser. A mi juicio, puede ser más que eso, incluso expropiatorio, porque estamos poniéndonos en la situación de que el Presidente de la República, ministros de Estado y parlamentarios se vean en la obligación de transferir sus bienes antes de asumir sus cargos. En algunos casos, eso puede ser pocas horas antes, y si estamos hablando de inversiones cuantiosas e importantes, esa autoridad puede vender en condiciones comerciales muy perjudiciales. Más aún, puede tener consecuencias tributarias, porque cuando se efectúa una negociación de venta de una empresa importante es lícito realizar cierta planificación de la operación, de manera que tenga un impacto tributario distinto si se sigue uno u otro camino. En este caso, eso casi no es posible, porque quien vende está obligado a hacerlo en el lapso de pocas horas. Por eso, pido que no se nos malinterprete. Ahora, que llegó el ministro, reitero que cambiamos de opinión, porque creemos que la última parte del inciso tercero del artículo 8º, que preceptúa la obligación de transferir la propiedad de todo o parte de ella, puede tener consecuencias muy perjudiciales e injustas para el afectado. Es bueno separar los negocios de la política, pero no queremos estigmatizar al empresario, al emprendedor. Es perfectamente legítimo que una persona que tiene negocios pueda llegar al poder, pueda ser Presidente de la República, parlamentario o ministro de Estado. Eso se soluciona a través de una buena norma de administración por parte de terceros, lo que se ha dado en llamar fideicomiso ciego. Tratemos que la gente tenga el mayor acceso a esa figura para lograr una información acabada de ella, de manera tal que no puedan esconderse situaciones inconvenientes, injustas o que puedan afectar el patrimonio del Estado o beneficiar el particular. Se trata de que no se produzca ninguna de las dos situaciones. En consecuencia, solicitamos a la Mesa votación separada. No deseamos reemplazar la conjunción copulativa “y” por la disyuntiva “o”. Sencillamente, proponemos suprimir la tercera parte del inciso. Con ello, recogemos la única indicación que venía en el proyecto, la cual establece que la declaración de intereses y patrimonio sea pública y el fideicomiso ciego. No nos negamos a explorar el tema por otro camino jurídico. Pero es inconveniente que la obligación de transferir la propiedad de todo o parte de los bienes quede consignada en el artículo 8º de la Constitución y delegada en una ley orgánica constitucional, de la manera como se propone en el proyecto en discusión. Es complejo, pero estamos dispuestos a analizar el tema y consignarlo como inhabilidad o incompatibilidad en las normas comunes para diputados y senadores que figuran en la Constitución; es decir, en una norma de rango constitucional y no en una delegación a través de una ley orgánica constitucional. Hay dos diferencias fundamentales. En primer lugar, por el rango de la norma. En segundo lugar, porque es muy distinto establecer la inhabilidad o incompatibilidad y consignar la obligación de transferir la propiedad antes de asumir el cargo. Por lo tanto, anuncio el voto favorable de la bancada de la UDI a todo el proyecto de reforma constitucional en los términos planteados, con la votación separada del inciso tercero del artículo 8º. Votaremos a favor las dos situaciones que se contemplan en su primera parte y en contra la tercera. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en general, el debate público se ha centrado en la transparencia que debe acompañar los actos de las autoridades públicas, en particular respecto de las materias que aborda el proyecto en debate. Cuando se materializan iniciativas relacionadas con la transparencia, de inmediato da la impresión de que se tocan determinados intereses. El proyecto apunta a fortalecer la transparencia, la modernización del Estado y la buena calidad de la política. En esa dirección estamos enfocados todos, sin diferencia alguna. La ley, así lo hemos entendido siempre, tiene carácter general, no particular. Las leyes -al que le venga el sayo, que se lo ponga- no están diseñadas para determinados grupos o personas. Repito, aquí no se está tocando a nadie en particular, sino que se responde a la inquietud ciudadana de transparentar los procesos electorales y abordar las incompatibilidades entre los negocios y los intereses particulares. Cuando estos últimos abundan, surgen incompatibilidades, lo que resta transparencia y rectitud a los actos políticos. No abundaré sobre el particular, puesto que el diputado señor Jorge Burgos ya lo hizo en su oportunidad. Quiero destacar otros aspectos del proyecto, referidos a materias de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral, así como la obligación de los partidos políticos de hacer pública la nómina de sus militantes. Sin embargo, a mi juicio una de las materias más importantes -me alegro que comience a formar parte de la estructura jurídica de nuestro país- es la consignada en la letra b) del numeral 3) del artículo único del proyecto: me refiero al sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular. Se trata de un elemento importante y novedoso que comienza a introducirse en nuestra legislación. La Carta Fundamental establece que “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”. Es decir, senadores, diputados, alcaldes, concejales, etcétera. En tal sentido, es posible señalar que el mecanismo de las elecciones primarias cada día muestra una mayor masificación. La Concertación, conglomerado consustancialmente democrático, ha utilizado ese mecanismo desde 1990. Quien habla ha participado en muchas de ellas. Se trata de un proceso de expresión democrática al interior de los partidos. El sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular será regulada por la ley orgánica constitucional respectiva y sus resultados serán vinculantes para los partidos políticos. Se trata de un mecanismo importante dentro del juego político, pues regula las definiciones internas de los partidos y una serie de otras materias. En la actualidad, por ejemplo, las elecciones primarias se llevan a cabo sin contar con padrón definido y sin reglamentación adecuada. Es cierto que quien pierde este tipo de elecciones queda muy resentido y no son raros los casos en que se denuncian irregularidades, como el cohecho, los “acarreos” y las presiones a las autoridades. Se trata de una tierra de nadie. Por ello, es necesario establecer una normativa que regule las elecciones primarias, sancione el cohecho y las presiones directas o indirectas, tanto respecto de los agentes internos como de las directivas. Por otra parte, el proyecto persigue desalentar el clientelismo, establecer normas de control y transparencia del gasto electoral, sistemas de incentivos y acceso al financiamiento público si se tratare de primarias abiertas como mecanismo de selección de candidatos, porque ello concita una mayor cantidad de postulantes y es más democrático. Se ha dicho que quienes llevan a cabo primarias descalifican a los que no utilizan ese sistema tildándolos de no democráticos. A mi juicio, la democracia está presente cuando se participa en las elecciones para elegir senadores, diputados, alcaldes o concejales. El hecho de no utilizar el mecanismo de las elecciones primarias no hace más o menos demócrata a un determinado partido político. El proyecto constituye un gran avance dentro de la estructura jurídico-política. Es necesario complementar el sistema electoral, a fin de dar mayor participación a la gente y legitimidad a los actos y decisiones de los partidos políticos. Sin embargo, a mi juicio, este paso adelante debe integrase en el contexto de una participación ciudadana efectivamente universal. A pesar de que se ha avanzado en el camino de entregar más participación a la gente, todavía quedan tareas pendientes, como permitir que los chilenos residentes en el extranjero tengan la posibilidad de votar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Álvaro Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2006. En el debate se han destacado y rescatado los grandes avances que esta reforma representa en distintos aspectos. Sin embargo, quiero hacer un símil. Si a uno le dicen que Chile empató de visita con Brasil, el resultado parece bueno, pero si luego se entera de que Brasil jugó con siete jugadores y que en determinado momento ganábamos tres goles a cero, el empate no parece tan bueno. ¿Por qué hago la comparación? Porque este proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2006, traía disposiciones que exigían a los parlamentarios en ejercicio dar muestras de que estábamos dispuestos a cumplir con las normas de probidad, transparencia y calidad de la política. Por ejemplo, una de las disposiciones que no prosperó, y que es fundamental, dice relación directa con nuestra obligación de desempeñar fiel y lealmente el cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular. La definición de probidad que da el diccionario jurídico Espasa Calpe, indica que es la obligación que tenemos de cumplir estrictamente los deberes con respecto a los demás; no respecto de nuestros intereses personales. Esto se cayó, no obstante la disposición que señalaba lo siguiente: Cesará en su cargo el diputado o el senador que promueva o vote asuntos que interesen directa o personalmente a él o a sus parientes más cercanos. La idea del mensaje era llevar a rango constitucional la norma del artículo 5º B de la ley orgánica del Congreso Nacional que en la actualidad no tiene sanción. El mensaje nos recuerda que existen disposiciones similares para los jueces, como las causales de implicancia y recusación. Incluso, hasta en la ley de sociedades anónimas se obliga a un director a recusarse o inhibirse de votar o de promover asuntos en los que tenga interés. Sin embargo, nosotros, parlamentarios en ejercicio, tan empeñados en mejorar la probidad, la transparencia y la calidad de la política, no estuvimos de acuerdo en que hubiese una sanción, planteada en el mensaje en el evento de que votáramos asuntos que nos interesen personalmente o a nuestros parientes. A lo mejor, dicha sanción es excesiva, severa; pero, obviamente, por algún interés, no por falta de él, es que se cae una disposición como ésa. En aras del tiempo, voy a ir a otro botón de muestra en virtud del cual subrayo que los diputados en ejercicio han dejado pasar la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que estamos llanos a cumplir con normas de probidad, de transparencia y a mejorar la calidad de la política. El mensaje planteaba con toda claridad, a propósito de la ley de gasto electoral, que podrá establecer como sanción, por la comisión de delitos, la cesación en el cargo público para el cual hubiese sido electo el infractor en una votación popular, o bien causales de inhabilidad por condena penal previa. Es decir, se establecía la posibilidad de que la ley de transparencia y límite del gasto electoral dispusiera, como sanción, el hecho de que el infractor, condenado mediante un justo y debido proceso, perdiera el cargo para el cual fue electo. Eso no se acogió. Tampoco pasó el cedazo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta honorable Cámara. Todo el tema de la regulación, en materia de transparencia, control y límite del gasto electoral, estaba recogido en la ley. Reitero: la propuesta del Ejecutivo no hacía más que constitucionalizar una regulación legal, innovando en dos aspectos relevantes, que son avanzar en materia de probidad, transparencia y calidad de la política, y, en este caso particular, en lo que a infracción de la ley de gasto electoral respecta. Recuerdo a esta honorable Cámara que las infracciones a la ley de transparencia, control y límite del gasto electoral fueron las razones que tuvo en la mente el Ejecutivo al momento de dar pie a esta agenda legislativa. ¿Será necesario recordarle las avalanchas de denuncias por facturas falsas, irregularidades en la rendición de cuentas y otro tipo de problemas profusamente difundidos a través de los medios de comunicación que provocaron justamente que se mandara este proyecto de ley y que se inaugurara la agenda de probidad, transparencia y calidad de la política? Entonces, que no prospere una disposición de esta naturaleza, donde ni siquiera se puede establecer la sanción de la pérdida del cargo para quien infrinja la ley de gasto electoral, me parece vergonzoso. (Hablan varios señores diputados a la vez) Espero que la gente que está viendo este canal de la Cámara de Diputados sepa que en este momento hay tal bullicio en esta Sala que, realmente, hace muy difícil concentrarse. Pero, ¡señoras y señores televidentes, vamos a mejorar la imagen de esta Cámara para que ustedes crean que aquí se hace un trabajo en el más absoluto silencio! No voy a pedir nada. ¿Qué más puedo pedir si un poco de silencio acá es mucho? ¡Pido un minuto de silencio por la política chilena! (Aplausos) Señor Presidente, lo que quiero decir, al final de cuentas, después de diez segundos de semisilencio por la política chilena, es que, el 30 de agosto de 2007, este diputado presentó un proyecto de reforma constitucional que decía relación con la publicidad del padrón de registro electoral de los militantes de partidos políticos. Y lo firmé solito, porque, después de medir la temperatura en Sala, me dio un poco de vergüenza presentarlo. Pero, ocurre que el Ejecutivo tuvo la brillante idea de recogerlo en una indicación que, me imagino, fue una coincidencia, que no ha habido ningún tipo de usurpación de propiedad intelectual en ello. No quiero suponer intenciones, no me corresponde, pero me parece una tremenda casualidad que no se haya dejado constancia de la presentación de dicha iniciativa ni se mencione al autor de la idea. Sí celebro, porque no estoy aquí por mí, sino por todos mis compañeros, que se haya tenido a bien incorporarla en este proyecto de reforma constitucional. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, ha sido amplia la discusión sobre este proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Un proyecto cuya idea matriz justamente consiste en mejorar y modernizar el Estado y establecer parámetros de transparencia en el país. Quiero destacar algunos aspectos esenciales, al menos cuatro, que me parecen importantes y que forman parte de esta iniciativa de ley, y también manifestar mis reparos, en particular respecto de uno de sus puntos. En cuanto a la publicidad y el fideicomiso ciego, consideramos que este mecanismo, si bien determina montos exacerbadamente elevados, constituye un avance para el país, porque la publicidad, las declaraciones de intereses y de patrimonio que establece la ley obligará, además, a los candidatos y candidatas a encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros, y a transferir la propiedad de todo o parte de ellos, cuando la ley así lo exija y en las condiciones y plazos que se señalen. Todos estamos convencidos de que es necesario y relevante abordar este punto con fuerza, tal como lo es establecer un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Nos gustaría tener un modelo distinto. Lo he dicho en otras ocasiones. Si bien hemos avanzado en hacer más transparente el gasto electoral, todavía quedan limitaciones profundas. En países más modernos, cualquier ciudadano, apretando una tecla de su computador, sabe qué empresario o qué entidad está financiando determinada campaña política. Eso quisiéramos para Chile. Si bien la ley establece un techo máximo para el gasto electoral, aún no es posible lograr que el ciudadano común y corriente sepa qué empresarios ponen las platas para los candidatos. Para superar este mal, la ciudadanía requiere un sistema mucho más transparente y explícito, y por una razón muy sencilla. Empresarios que han apoyado a candidatos al Congreso, después cobran esos aportes cuando se tramitan leyes que favorecen sus intereses. Y esto se da, lamentablemente, en el diario quehacer del devenir político. Repito: los socialistas queremos un sistema distinto, para que cualquier ciudadano sepa qué empresarios son los que ponen las platas de esas millonarias y escandalosas campañas que se hacen en algunos distritos. Encontramos positivo el establecimiento de un sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular. Son un avance las incompatibilidades que se aplican a los ministros de Estado; pero encuentro absurda la causal de cesación del cargo en caso de que un parlamentario actué como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio. Recordemos que la limitación era sólo a cualquier clase de juicio pero contra el Fisco. ¿Y qué pasa si un parlamentario quiere defender un caso de derechos humanos u optar por la autodefensa? Con este proyecto, queda impedido de hacerlo. Se suprime la causal de cesación del cargo referida a participar en actividades estudiantiles, pero mantiene la inhabilidad para participar en negociaciones o conflictos laborales, lo que es lamentable y constituye un retroceso para el país. Con todo, vamos a votar favorablemente el proyecto, porque un avance en nuestra democracia. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, voy a referirme a la indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 60 de la Constitución agregándole un inciso primero que declara que los cargos de senador y de diputado son de dedicación exclusiva, la cual fue rechazada en la Comisión de Constitución luego de tres votaciones sucesivas, porque las primeras resultaron empatadas. Deseo subrayar la importancia de esa indicación, de manera de votarla nuevamente y, ojalá, si la Sala lo estima, aprobarla. A fines del siglo antepasado, era usual que el Congreso estuviera compuesto principalmente por gente de recursos, dueños de haciendas, de fundos y gerentes de salitreras. La justificación de tener varias otras actividades radicaba en que el servicio parlamentario sería “sin más sueldo que la gratificación de la Patria” (Constitución de 1814). Sólo en 1823 se concede la primera dieta parlamentaria, que era bastante exigua. Uno de los objetivos de la dieta consiste en asegurar la completa independencia de los parlamentarios para realizar sus tareas sin influencias externas. Otro objetivo es que los parlamentarios desempeñemos nuestro cargo con dedicación exclusiva. Perdonen que sea tan claro: no es cierto que ganamos lo que la prensa señala y que la gente cree, pero tampoco ganamos una miseria, porque la dieta nos permite vivir dignamente. En consecuencia, es perfectamente posible aprobar la indicación al artículo 60 de la Constitución para establecer que los cargos de senadores y diputados sean de dedicación exclusiva. Los diputados de la Concertación votamos favorablemente la indicación en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Lamentablemente, el resto de los diputados no la apoyaron, probablemente porque no alcanzaron a estudiarla lo suficiente o, tal vez, porque tuvieron razones de fondo contrarias a la norma. No quiero prejuzgar, pero sí hago un llamado a todos los diputados para que mediten la norma y la aprobemos. Con el respaldo de 30 firmas vamos a renovar la indicación y nos encantaría que fuera aprobada en forma unánime. Si estamos haciendo esfuerzos en materia de transparencia, con la declaración de patrimonio, de intereses, con el listado de secretarios y asesores, etcétera, me pregunto por qué no damos un paso adicional hacia la transparencia y nos autoimponemos la exclusividad, en virtud de recibir una dieta que nos permite dedicarnos en forma exclusiva al cargo para el cual fuimos elegidos. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde votar en particular el proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Para la aprobación de los números 3) y 7) del artículo único se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los diputados en ejercicio, esto es, 78 votos, y para la aprobación de los números 2), 4), 5) y 6) del artículo único se necesita el voto afirmativo de los tres quintos de los diputados en ejercicio, es decir, 71 votos. Hago presente a los señores diputados que se excluye de esta votación particular el número 1) del artículo único, porque se pidió votación separada de la frase “y transferir la propiedad de todo o parte de ellos”, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los diputados en ejercicio, esto es, 78 votos. En votación particular el proyecto, en la forma señalada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor BUSTOS (Presidente).- En votación la frase “y transferir la propiedad de todo o parte de ellos”, en la forma señalada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención. El señor BUSTOS (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón. El señor BUSTOS (Presidente).- En votación el resto de la proposición contenida en el número 1) del artículo único, para cuya aprobación se requiere el voto de los dos tercios de los diputados en ejercicio, es decir, 78 votos. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a una indicación renovada. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación renovada con las firmas reglamentarias respectivas es para interlacar en el artículo 60 de la Constitución, el siguiente inciso primero: “El cargo de senador y de diputado es de dedicación exclusiva”. El señor BUSTOS (Presidente).- Hago presente que para su aprobación se requiere el voto afirmativo de 71 diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Farías Ponce Ramón; Paya Mira Darío; Rossi Ciocca Fulvio. El señor BUSTOS (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE FONASA A DIRIGENTES DEPORTIVOS. (Votación). El señor ULLOA (Vicepresidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 594. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Moreira Barros Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Silber Romo Gabriel; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. REBAJA DE IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES A FAVOR DE BOMBEROS. (Preferencia). El señor CERONI (Vicepresidente).- Los Comités acordaron tratar sobre tabla el proyecto de acuerdo Nº 605, al cual va a dar lectura el señor Prosecretario. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 605, de los diputados señores Ulloa, Ortiz, Ojeda, Encina, Egaña, de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Quintana, Duarte, Moreira y Espinoza, don Fidel, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que ordene las medidas pertinentes para que los Cuerpos de Bomberos de Chile puedan acceder a las rebajas al impuesto específico a los combustibles que el Gobierno de Chile ha dispuesto en favor de las empresas y operadores privados del transporte nacional”. El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a algún señor diputado para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. INCORPORACIÓN DE ENSEÑANZA DE LENGUAJE AUDIOVISUAL A PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 595, de las diputadas señoras Vidal, doña Ximena, y Pacheco, doña Clemira; y de los diputados señores Farías, Leal, Montes, Meza, Venegas, don Samuel; Silber, Ortiz y Rojas, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar a la ministra de Educación, con el objeto de que se modifiquen los decretos Nº 40, de 1996, y Nº 220, de 1998, del Ministerio de Educación, que establecen los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la enseñanza básica y media, respectivamente, a fin de que se incorpore en ellos la enseñanza del lenguaje audiovisual en la enseñanza formal de nuestros niños y jóvenes.” El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo propone modificar los decretos Nº 40, 1996, y Nº 220, de 1998, del Ministerio de Educación, para incorporar la enseñanza del lenguaje audiovisual a la enseñanza formal. Estamos en pleno siglo XXI y en un mundo globalizado. Por lo tanto, debemos conocer sus formas de codificación e interpretación. La iniciativa se asimila al proyecto “Chile contigo desde la cuna”, propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet. De alguna manera, tiene que ver con la forma cómo, desde pequeños, integrar a niños, jóvenes y a toda la sociedad a la utilización de ese lenguaje, que tiene un sentido pedagógico amplio y cumple con una función educativa en tanto nos remite a las memorias e historias y a los valores desde los cuales se construye la cultura. El valor de esta propuesta es pensar en nosotros y en los otros, a través de historias, narraciones e imágenes, como algo fundamental para el desarrollo humano integral, tal como ocurre con la adecuada comprensión del lenguaje hablado y escrito. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, lamento profundamente oponerme a un proyecto de acuerdo de esta naturaleza, y más aún por su autora la diputada señora Ximena Vidal. Sin embargo, por honestidad intelectual, debo hacerlo porque a mi juicio apunta en contra de aquello a lo que aspiramos. En relación con la forma como deben producirse los saberes culturales que se transmiten en los establecimientos educacionales, la idea es que existe un proyecto educativo resuelto por la comunidad. En suma, la idea es no imponer cuestiones que no necesariamente tienen pertinencia cultural. En ese sentido, cada establecimiento tiene la facultad de considerar oportuna la enseñanza de ese lenguaje. Incluso más, muchas veces la discusión ha girado en torno del espacio de libertad con que cuentan los establecimientos educacionales, los profesores y la comunidad para resolver sobre ese tipo de materias. En consecuencia, no me parece bien que, a través de iniciativas como la que conocemos hoy, se pretenda determinar qué tipo de conocimientos deben entregar las distintas unidades educativas, más aún dada la diversidad existente a lo largo y ancho del país. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Nuevamente no hay quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Por lo tanto, su votación queda pendiente para la próxima sesión ordinaria. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VII. INCIDENTES PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA MELIPILLA-RAPEL. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista. Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, hace más de un mes, a través de este mismo medio, pedí oficiar al ministro de Obras Públicas para que informara sobre la situación en que se encuentra el mejoramiento de la carretera Melipilla-Rapel. Se ha planteado que dicha obra será licitada y que tendrá una tarificación. Sin embargo, ese camino une muchas comunas, como Alhué, San Pedro y Melipilla, cuyos habitantes cotidianamente deben realizar trámites en la capital provincial, Melipilla, razón por la cual es absolutamente inusual que ocurra una situación como la que describo sin haberse consultado a los vecinos. Se ha señalado que el peaje costará 600 pesos, lo que constituye un fuerte golpe al bolsillo de los habitantes de esas comunas. Es necesario que esa situación se corrija y se consulte a los vecinos y a los respectivos alcaldes sobre la resolución que debería tomarse respecto del mejoramiento de esta carretera, obra que, por lo demás, está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, no vemos la necesidad de hacer esa licitación, que afectará en forma directa a las personas y familias del mundo campesino que se trasladan por razones de trabajo y a los niños que asisten al colegio. En consecuencia, pido reiterar el oficio al ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar, a fin de que informe de manera formal si se consultó a los vecinos respecto de esa obra y qué medidas se adoptarán en relación con las inquietudes que he planteado. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. APOYO ECONÓMICO A JOVEN LESIONADA EN ATROPELLO EN COMUNA DE LLANQUIHUE. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, el pasado 14 de junio se produjo un hecho bastante grave en la comuna de Llanquihue. En efecto, ese día, una joven de veinte años llamada Nayadeth Haros Kaiser, sufrió un grave accidente de tránsito: fue atropellada por un vehículo particular conducido por el sargento de Carabineros de Llanquihue Sergio Marcelino Cárcamo Medina. Como consecuencia de ese accidente, la joven, estudiante del instituto profesional La Araucana, de Puerto Montt, sufrió graves lesiones, algunas bastante complejas desde el punto de vista médico, como un TEC cerrado que, a casi un mes de sucedido aquel hecho, le ha provocado importantes consecuencias en su vida cotidiana, tanto físicas como psicológicas. Así, por ejemplo, no puede salir sola de su casa a causa de sus delicadas lesiones. Además, sufrió severos daños maxilares y deberá ser objeto de la reconstrucción ósea de la parte superior de su boca. ¿Qué es lo paradójico de ese trágico acontecimiento? Sin duda, cualquiera puede verse involucrado en algún accidente, sea carabinero, bombero, presidente de la junta de vecinos, diputado o ministro de Estado. Pero, en este caso, ese sargento, conocido en Llanquihue por ser la encarnación misma de la rigurosidad de la ley, por ser implacable y prepotente y tener actitudes hasta majaderas contra las vecinas y vecinos de la comuna, ¡conducía un automóvil que no tenía su revisión técnica al día! Ese sargento aplica con rigor la ley a todo el mundo y cursa partes hasta a los más humildes habitantes de la comuna como, por ejemplo, a los que tienen una camioneta y trabajan en la venta de leña, por llevar un leño de más. ¡Pero él atropelló a una joven con un vehículo sin su revisión técnica! En la comuna y la región se está tratando de tapar el caso. No me cabe duda alguna de que una institución tan noble y responsable como Carabineros de Chile jamás permitirá una situación de esa naturaleza. Nayadeth pertenece a una familia humilde, de clase media, que no cuenta con los recursos necesarios para financiar su recuperación. Para mayor desgracia, debido a que el vehículo no contaba con su revisión técnica, no rige el seguro obligatorio. Obviamente, ninguna institución aseguradora responde si el vehículo no tiene su revisión técnica al día. Hoy, el carabinero involucrado, don Sergio Marcelino Cárcamo Medina, personificación de la aplicación del rigor de la ley, no está asumiendo su responsabilidad y no quiere ayudar a esa familia, hecho que causa mucho daño a una institución tan importante y noble como Carabineros de Chile. ¡No es posible que situaciones como la descrita ocurran en Llanquihue o en cualquier otro lugar del país! En los próximos días, la familia de la joven entablará una demanda de carácter civil por los hechos acontecidos. Sin embargo, más allá de ese acto y de que estoy seguro de que ganarán en los tribunales, porque cuentan con todos los elementos probatorios para demostrar que tienen la razón de su parte, ya que la joven sufrió lesiones graves, me molesta que una persona que viste uniforme, lo que debiera ser motivo de orgullo, pero también de respeto, cometa ese tipo de actos. Reitero, el sargento Cárcamo atropelló a esa joven con un vehículo que no contaba con revisión técnica al día y, lo que es más grave e inhumano, ahora no quiere apoyar a esa familia, que clama por ayuda para financiar los gastos que implicará el tratamiento, de manera que esa muchacha de veinte años, Nayadeth, se recupere y vuelva a la normalidad desde los puntos de vista físico y psicológico, profundamente dañados debido a ese infortunado accidente. Finalmente, pido remitir copias de mi intervención al subsecretario del Interior, señor Felipe Harboe, y al general director de Carabineros de Chile. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COMUNA DE LOS ÁNGELES. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, en primer lugar, pido oficiar a la intendenta de la Región del Biobío y al ministro de Obras Públicas, a fin de que estudien la posibilidad de ampliar los edificios en que funcionan los servicios públicos con que cuenta la ciudad de Los Ángeles, en especial aquellos en que funcionan el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio de Impuestos Internos, la Empresa de Correos de Chile y otras reparticiones públicas, que se encuentran completamente colapsadas. Al respecto, existen terrenos suficientes y espacios adecuados para efectuar la ampliación de esos edificios. Además, pido que la señora intendenta visite algún día hábil esas oficinas para que advierta la cantidad de gente que ingresa en ellas y la dificultad existente para subir las escaleras que conducen al segundo y tercer piso de los edificios que mencioné. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TENENCIA DE CARRETERA EN LOS ÁNGELES. Oficios. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar al ministro de Obras Públicas y al director nacional de Vialidad para que informen a la Cámara en qué etapa se encuentra la reconstrucción de la tenencia de carreteras que se ubicaba al sur de Los Ángeles, a la altura del río Duqueco, que colapsó hace dos años con motivo de los temporales. Lamentablemente, no existe indicio alguno que se esté construyendo en otro lugar, no obstante que en ella se deben cobijar los carabineros que operan en el plan cuadrante. Además, en su momento, el fallecido general Bernales se comprometió a establecer en Los Ángeles una unidad de la Siat para evitar que los cuerpos de las personas que pierden la vida en la vía pública permanezcan allí dos, tres, cuatro y hasta cinco horas, mientras llega el personal de dicho servicio desde la ciudad de Chillán. Es indispensable que exista un poco más de preocupación para avanzar en la construcción de la nueva tenencia de carreteras, que deberá quedar en un lugar distinto. Lamentablemente, reitero, después de dos años, no existe indicio alguno de que comenzará su construcción. En consecuencia pido que el director nacional de Vialidad y el ministro de Obras Públicas nos informen en qué etapa se encuentra la construcción de la nueva tenencia antes mencionada. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, el programa de caminos básicos rurales tuvo un éxito importante en el pasado gobierno. Por lo tanto, lamento que ahora no exista la misma agilidad ni el mismo nivel presupuestario para mejorar la calidad de vida en los sectores rurales. En el sector Orilla de Pencahue, ruta H840, comuna de San Vicente de Tagua Tagua, quedó sin pavimentar un tramo de doscientos cincuenta metros que, se suponía, se terminaría con los recursos disponibles de 2007 y con parte de las de 2008. Por eso, ya que existen caminos que se pavimentarán en la comuna, pido que el ministro vea la posibilidad de estudiar una ampliación de contrato para pavimentar esos doscientos cincuenta metros. De la misma forma, en la calle El Molino, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua -donde estuve en reunión con parte de la junta de vecinos y con los dirigentes del club del adulto mayor-, hace dos años se pavimentaron 3,5 kilómetros, con el compromiso de que en 2007 ó 2008 se pavimentaría un kilómetro que quedó pendiente. Al parecer, existen los diseños de los proyectos de Orilla de Pencahue y de El Molino. Por tanto, no debería haber complicaciones para su ejecución y sólo se trataría de su continuación. En consecuencia, pido oficiar al ministro de Obras Públicas en relación con los caminos rurales de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua en la Sexta Región. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. REVISIÓN DE CONTRATO, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CAMINO QUE UNE CHIMBARONGO Y CHÉPICA. Oficio. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, existe un camino estructurante que comunica las comunas de Chimbarongo y Chépica, específicamente en el sector Los Parrones y San José de Toro. No obstante, han existido muchas complicaciones en relación con la empresa encargada de la obra. A modo de ejemplo, las matrices de agua potable quedaron ubicadas diez metros sobre el camino. En innumerables ocasiones, los encargados del proyecto de agua potable rural del sector Los Parrones han pedido explicaciones al respecto, sobre todo en lo que dice relación con el diseño y la ejecución de dicho camino. Incluso, en San José de Toro hubo un accidente por la falta de bandereros. Por tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que se realice una revisión del contrato, el diseño y la ejecución de dicho camino y envíe a la Cámara a la brevedad la información al respecto. He dicho. El señor ULLOA.- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. IMPLEMENTACIÓN DE SEDE DE UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO EN RENGO. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado don Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, desde hace muchos años, ha sido un sueño para la comuna de Rengo contar con una universidad. Así, hace algún tiempo, se firmó un convenio con la Universidad de Valparaíso y hace tres años se instaló dicha universidad en la comuna, lo cual se logró, también, gracias al aporte de recursos realizado por muchos empresarios de la comuna, incluso de un terreno para construir el edificio que finalmente la albergaría. Hace algún tiempo, se construyó un precioso edificio en la localidad El Chapetón, muy cerca de Rengo. Luego de un tremendo esfuerzo, se mejoraron sus accesos. Sin embargo, hoy, el precioso edificio aún está esperando que la universidad pueda empezar a funcionar. El gobierno regional, que puso la mitad de los recursos, cumplió su compromiso, pero lamentablemente no ocurrió así con la universidad, que ha tenido algunas falencias económicas y no ha podido aportar los dineros a los que se había comprometido. Así, pasan los días y, actualmente, esa universidad debe al gobierno regional dos cuotas -de mayo y junio-, lo que tiene trabada la posibilidad de ocupar el inmueble. Días atrás, la ministra de Educación señaló enfáticamente que su cartera no iba a cooperar para sacar adelante esa sede universitaria en Rengo, lo que produjo una tremenda confusión en la comunidad estudiantil. No obstante, hoy parece que la ministra dio un paso atrás y, luego de juntarse con los alumnos, anunció estar dispuesta a aportar los recursos para pagar las cuotas impagas y así poder tomar el control del edificio. Por ello, pido oficiar a la ministra de Educación para que informe a la Cámara si dicho ministerio hará los aportes suficientes para hacer andar la sede Rengo de la Universidad de Valparaíso en su nuevo edificio en la localidad El Chapetón. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE IRREGULARIDADES EN RADIO COMUNITARIA INTEGRACIÓN DE PUERTO VARAS. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, quiero reiterar una denuncia que hiciera hace un tiempo en Incidentes, oportunidad en que pedí información y requerí del subsecretario de Telecomunicaciones una investigación respecto de una radioemisora, que se encuentra entre las denominadas de baja potencia o comunitarias, de la comuna de Puerto Varas. Se trata de radio Integración, que pertenece, según los antecedentes que nos ha proporcionado la intendencia regional, al concesionario denominado Centro Cultural, Turístico, Social y Habitacional Carlos Lorca Tobar, cuyo representante legal es el señor Héctor Jacob Riquelme. De acuerdo con la legislación vigente, las radios comunitarias no pueden actuar como emisoras comerciales y, por lo tanto, tampoco pueden hacer publicidad comercial. Sin embargo, dicha radioemisora hace caso omiso de lo que establece la ley. Sus representantes legales son militantes del Partido Socialista y activos dirigentes políticos que han utilizado la radioemisora con fines comerciales, desvirtuando absolutamente su finalidad. Por eso, en su oportunidad, solicité al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello, investigar la situación denunciada. Fue así como me contestó, mediante oficio Nº 35.563, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de fecha 11 de junio del año en curso, en el cual señala algo que, en mi opinión, es completamente insuficiente atendida mi solicitud de investigación del hecho que denuncié en la Cámara. Su respuesta es que fueron a confirmar si la sociedad propietaria de la radio comunitaria Integración, de Puerto Varas, cumplía efectivamente con la legislación vigente o si estaba emitiendo publicidad comercial. Me informaron que habían escuchado parcialmente la radio durante tres días, que durante ese período no habían detectado publicidad comercial y que, por lo tanto, no estaría infringiendo la legislación existente sobre la materia. Pues bien, señor Presidente, por su intermedio quiero comunicar al subsecretario que lo que consta en mi poder es un oficio del intendente de la Décima Región de Los Lagos, en el que se adjunta copia de otro, remitido por la directora regional de Turismo de esa región, en el cual señala que el Servicio Nacional de Turismo de esa región contrató publicidad en radio Integración, específicamente durante 2007, pagando la suma de 2 millones 499 mil pesos por ese concepto. Cuando existe una declaración clara y concreta de un órgano público que informa que contrató publicidad comercial por esa suma en radio Integración, el subsecretario no puede contestar que dicha radio no es utilizada con fines comerciales. De manera que estamos ante una declaración concreta de autoridades públicas, como el intendente, en que se reconoce no sólo haber contratado publicidad comercial, sino, además, haber pagado a radio Integración, en 2006, de acuerdo con información entregada por dicha autoridad regional, 846 mil pesos, por concepto de traspaso de fondos para el fomento de medios. Es decir, una radio, que fue autorizada para que funcionara con fines comunitarios, es utilizada como instrumento de acción política y financiada con recursos de todos los chilenos, a través de distintos órganos públicos de la Región de Los Lagos. Sin embargo, el subsecretario contestó que no hay constancia alguna del hecho denunciado. Por eso, pido que estos antecedentes se remitan al contralor general de la República para que ordene investigar si la administración de esa frecuencia de la radio comunitaria ya mencionada es legal y si cumple efectivamente con los requisitos que establece la ley para funcionar como tal. De lo contrario, que aplique las sanciones que corresponda. Asimismo, pido oficiar nuevamente al subsecretario de Telecomunicaciones, con el objeto de hacerle presente que el informe que remitió a la Cámara es complemente insatisfactorio e insuficiente. Pido que en dicho oficio se incluyan las constancias que tengo en mi poder, que prueban que esa radio comunitaria hace publicidad comercial de organismos públicos que son, por cierto, financiados con recursos del Estado. Para terminar, debo decir que, aparte de que esa radio es utilizada como instrumento político, uno de los representantes legales que actúa casi como su propietario es la misma persona que fue candidata a alcalde en Puerto Varas. Pues bien, en las próximas elecciones, nuevamente será el candidato de la Concertación y recibe financiamiento no sólo por esta vía, sino a través de otros organismos del Estado. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando los documentos que ha señalado que posee y copia íntegra de su intervención. En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO QUE UNE NINHUE CON SANTUARIO CUNA DE ARTURO PRAT Y ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA HOMENAJEAR A ESE HÉROE NACIONAL. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero pedir que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de solicitar la pavimentación del camino que une la comuna de Ninhue con el santuario Cuna de Prat, ubicado a cuatro kilómetros del radio urbano de esa comuna, que se encuentra en la provincia de Ñuble, Octava Región, a 48 kilómetros de Chillán, capital provincial. Como es sabido, nuestro gran héroe nacional, Arturo Prat Chacón, nació en la hacienda San Agustín de Puñual, el 3 de abril de 1848, que hoy abarca ocho hectáreas y que fue declarada monumento nacional en 1969, después de que un ciudadano de origen alemán instara para la recuperación de ese monumento histórico, que comprende una casa que data de la época del nacimiento de Arturo Prat y que tiene la arquitectura colonial de la época. Me pregunto, ¿cuánto le debe Chile a Arturo Prat? ¿Acaso no seremos capaces de pavimentar esos cuatro kilómetros que unen el radio urbano de Ninhue con el santuario y con la ruta N-50, que comunica la ruta 5 Sur con la costa de la provincia de Ñuble? La pavimentación de dicho camino generaría una afluencia más importante de turistas, sobre todo de las futuras generaciones de chilenos y chilenas, que podrían conocer la cuna de uno de nuestros más grandes héroes nacionales. Los pueblos no pueden olvidar su historia, no pueden olvidar a sus grandes hombres. Creo que no estoy pidiendo gran cosa, sino, por cierto, lo mínimo que podemos hacer por nuestro héroe nacional. Son sólo cuatro kilómetros de pavimentación, además de la iluminación de ese tramo que le dé una connotación turística y cultural a ese lugar, que ha sido declarado monumento nacional y santuario o cuna de Prat. Asimismo, quiero llamar la atención por el hecho de que todos los años, el 20 de agosto, el Presidente de la República de turno se traslada a la capital provincial, es decir, Chillán, para celebrar el natalicio de otro gran héroe nacional: don Bernardo O’Higgins. Hay un desfile, presidido por el alto mando del Ejército, y los miembros de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, junto al Presidente de la República, todos los años cumplen con esa solemnidad. Me pregunto por qué no existe en el protocolo de nuestra nación un día que el Presidente o la Presidenta de la República, según el caso, dedique al héroe Arturo Prat Chacón y concurra a Ninhue, al santuario cuna de Prat, donde nació uno de los más grandes héroes nacionales. Solicito que se oficie al ministro del Interior, para que, dentro del protocolo nacional, considere alguna fecha -idealmente sería el 21 de mayo, pero sabemos que ése es el día en que el Jefe de Estado rinde cuenta a la nación- para que una vez al año el Presidente de la República, junto con el alto mando de la Armada, se dirijan a Ninhue, cuna de Arturo Prat, uno de nuestros más grandes héroes, para dedicarle el homenaje solemne que corresponde. Esto tiene un significado cultural y un hondo sentido de pertenencia a nuestra nación. En el presente momento histórico, en que reivindicaciones marítimas de nuestros vecinos forman parte de nuestra agenda política internacional, es muy pertinente que recordemos a quien le debemos lo que tenemos. Así como el 20 de agosto está dedicado a recordar a otro gran héroe, don Bernardo O’Higgins, me parece muy oportuno que, dentro del protocolo de la nación, también se consagre un día a Arturo Prat, héroe cuya vida, cuyos valores y cuya ética hoy debemos reivindicar para las nuevas generaciones de chilenos. Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que estudie la posibilidad de pavimentar el tramo de cuatro kilómetros entre el radio urbano de Ninhue y el santuario cuna de Prat. Asimismo, que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República y al ministro del Interior para que, dentro del protocolo de la nación chilena, consideren dedicar un día a nuestro héroe nacional, Arturo Prat Chacón, nacido en Ninhue, junto al cerro Coiquén, en la provincia de Ñuble, Octava Región. Finalmente, pido remitir copia de mi intervención al comandante en jefe de la Armada, a la alcaldesa de Ninhue y a los integrantes del concejo de esa comuna. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan. CUMPLIMIENTO DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SANTIAGO. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, no ha escapado al conocimiento de los habitantes de Chile la grave situación provocada por la contaminación de la Región Metropolitana, que pone en riesgo vital la salud de millones de personas. Pido oficiar al ministro de Transportes, a la ministra del Medio Ambiente, al ministro de Energía, a la ministra de Salud y al ministro del Interior para que entreguen los antecedentes respectivos y expliquen por qué no se han aplicado las normas sobre el uso de filtros en buses y camiones que circulan por la Región Metropolitana. Existe una resolución de la subsecretaría de Transportes que indica que, a la fecha, todos los buses y camiones que circulan por la Región Metropolitana debieran haber incorporado esos elementos, por formar parte del plan de descontaminación de la Región Metropolitana. Incluso los buses nuevos del Transantiago y muchos camiones nuevos que circulan por la Región Metropolitana incumplen la norma. Por lo tanto, pido que las autoridades mencionadas expliquen por qué no se está aplicando la ley. Igualmente, pido que, a la brevedad, se dé cumplimiento a las normas del plan de descontaminación de la Región Metropolitana. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.15 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado.