REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 46ª, en miércoles 2 de julio de 2008 (Ordinaria, de 10.40 a 14.43 horas) Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge. Presidencia accidental del señor Álvarez Zenteno, don Rodrigo. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 -Prórroga de plazo a Comisión11 -Envío de proyecto a Comisión11 V.Orden del Día. -Modernización del Ministerio de Defensa Nacional. Primer trámite constitucional. (Continuación)12 VI.Proyectos de acuerdo. -Rebaja de valor de licencia de pesca recreativa y ampliación de edad para exención de dicho pago. (Votación)39 -Establecimiento de plazo para pago de licencia médica40 -Regulación de radioemisoras por el Consejo Nacional de Televisión42 VII.Incidentes. -Dictación de reglamento para aplicación de beneficios de ley N° 19.992. Oficios44 -Participación de comunidades indígenas en proyecto de central hidroeléctrica. Oficios45 -Fiscalización de Programa Chile Califica. Oficios46 -Implementación de obras básicas para enfrentar emergencias. Oficios47 -Recursos destinados a proyectos de riego individuales. Oficios48 -Causa por homicidios del ex general Carlos Prats y de su señora. Oficios48 -Regularización de títulos de dominio en Curque Alto, Andacollo. Oficios49 -Homenaje a capitán de la Segunda Compañía de Bomberos de Valdivia. Oficios50 -Antecedentes sobre actuación de Junta de Vigilancia del río Huasco. Oficio51 -Estación del Metro en plaza Simón Bolívar de Quinta Normal. Oficios52 -Aclaración y precisión de antecedentes sobre becados en el extranjero. Oficio52 -Información sobre ingesta de medicamentos por menores en centro de rehabilitación de la comuna de Graneros. Oficios54 -Definición de proyecto de comunicación vial entre Chile y Argentina. Oficio54 -Antecedentes sobre construcción de emisario submarino en comuna de lago Ranco. Oficios54 -Incumplimiento de normas legales en municipalidad de Copiapó. Oficio56 Pág. -Creación del cargo de Director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en Aisén. Oficio56 -Antecedentes sobre demolición de departamentos en villa El Volcán San José, en Puente Alto. Oficios57 VIII.Documentos de la Cuenta. -Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1.“Establece el Estatuto Especial de Gobierno y Administración para el territorio de la Isla de Pascua”. (boletín N° 5940-06) 2.“Modifica la disposición transitoria de la ley N° 19.958, que modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral”. (boletín N° 5945-06) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 3.“Modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra el intervención electoral”. (boletín N° 4724-06) 4.“Crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos”. (boletín N° 3878-17) 5.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que modifica la disposición transitoria de la ley N° 19.958, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral. (boletín N° 5945-06) 6.Oficio de S.E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que reorganiza el ministerio de defensa nacional. (boletín N° 3994-02) -Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos: 7.“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo Facultativo”, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas”. Boletín N° 5738-10. 8. “establece una excepción a la inhabilidad contemplada en el artículo 54, letra b) de la ley de bases de la Administración del Estado, con el objeto de permitir el ingreso de parientes y familiares al Servicio Exterior”. (boletín N° 4313-06) 9.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que “crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos”. (boletín N° 3878-17) 10.Moción de los diputados señores Cardemil, Ascencio, Burgos, Bustos, Eluchans, Leal, Palma, Vargas, Walker, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, “sobre reforma constitucional que establece nuevos requisitos para la promulgación de leyes”. (boletín N° 5941-07) Pág. 11.Moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, De Urresti, Jiménez, Lorenzini, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “modifica la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, incorporando a las parejas que mantienen una relación de convivencia estable como sujetos aptos para solicitar en forma conjunta la adopción de un menor”. (boletín N° 5942-18) 12.Moción de los diputados señores Accorsi, Farías, Girardi, Hales, Insunza, Jiménez, Quintana, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena, que “modifica la ley N° 18.290, de tránsito, estableciendo la prohibición absoluta de conducir vehículos bajo la influencia del alcohol, disponiendo las sanciones que señala”. (boletín N° 5943-15) 13.Moción de los diputados señores Vargas, Accorsi, Becker, Cardemil y Godoy, que “rebaja a un año la exigencia de residencia para inscribirse en el Registro de Pescadores Artesanales”. (boletín N° 5944-21) -Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de las siguientes sentencias: 14.Recaída en el proyecto de ley que “introduce modificaciones en la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, en el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y en otros cuerpos legales”. (boletín N° 4813-06) 15.Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 174 del Código Sanitario. Rol N° 1033-08-INA. (Oficio N° 2011) 16.Del inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales. Rol N° 1505-2008. (Oficio N° 2023) 17.De los artículos 6° letra b) N° 3 y 6, 107y 161 del Código Tributario. Rol N° 772-07-INA. (Oficio N° 2036) 18.Del artículo 38 ter de la ley N° 18.933, ley de Isapre. Rol N° 976-07-INA. (Oficio N° 2053) 19.De los artículos 6°, letra b) N° 3 y 6, 107 y 161 del Código Tributario. Rol N° 766-07-INA. (Oficio N° 2058) 20.Del artículo 2.331, del Código Civil. Rol N° 943-07-INA. (Oficio N° 2006) 21.Del artículo 61 de la ley N° 20.000 sobre tráfico de estupefacientes. Rol N° 1133-08-INA. (Oficio N° 2001) IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios -De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita a la Sala de la Corporación se sirva concederle un plazo de 60 días para emitir los informes correspondientes a los proyectos “sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección”, y el que “crea el Defensor del Ciudadano”, debido a que existen muchos proyectos con urgencia en la Tabla de la Comisión. Boletines N°s 2809-07 y 3429-07. Contraloría General de la República: -Diputado Bertolino, situación de funcionarios que indica de la Dirección Regional de Genedarmería de Coquimbo. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputado De Urresti, transmisión eléctrica del sector Quilo Quilo-Cuyinhue, comuna de San José de la Mariquina. Ministerio de Bienes Nacionales: -Diputado Von Mühlenbrock, actos de enajenación de islas fiscales, ubicadas en lago Ranco. Ministerio de Salud: -Diputado Sepúlveda don Roberto, atención a señora que indica. Comisión Nacional de Energía: -Diputado Errázuriz, contrato gasífero celebrado entre Chile y la República Argentina. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado Monckeberg don Cristián, "Estudio de Calidad de Servicio Transantiago", evacuados por el Coordinador. Ministerio de Planificación y Cooperación: -Diputada Isasi y Diputado Paredes, proyectos adjudicados por Conadi en la Región Tarapacá. Municipalidad de Río Ibáñez: -Diputado Galilea, textos escolares. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Burgos Varela, Jorge -Bustos Ramírez, Juan -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Isasi Barbieri, Marta -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Martínez Labbé, Rosauro -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Asistieron, además, los ministros de Defensa Nacional, don José Goñi; de la Secretaría General de Gobierno, don Francisco Vidal, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera Gallo. -Concurrieron, también, los senadores Alejandro Navarro, Hosain Sabag y Víctor Pérez. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.40 horas. El señor BUSTOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor BUSTOS (Presidente).- El acta de la sesión 41ª se declara aprobada. El acta de la sesión 42ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN. El señor BUSTOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se ampliaría de treinta a sesenta días el plazo fijado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para informar los proyectos sobre “acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección” y el que “crea el defensor del ciudadano”, en consideración a la identidad de su contenido y a la conveniencia de ilustrarse adecuadamente. El señor OJEDA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor OJEDA.- Señor Presidente, se está haciendo costumbre que los proyectos que se radican y aprueban en la Comisión de Derechos Humanos sean enviados a la de Constitución, Legislación y Justicia, donde prácticamente se paraliza su tramitación. Ya habíamos dado un plazo de treinta días para el proyecto sobre el Ombudsman, pero ahora se están pidiendo sesenta. Llamo la atención sobre el punto, porque nosotros tratamos los proyectos con mucha seriedad y premura, aun cuando después quedan prácticamente congelados. Entonces, pido que se les dé la mitad del plazo o, por lo menos, para el proyecto sobre Ombudsman, al cual -como dije- le habíamos otorgado un plazo de treinta días. Incluso, en la Comisión de Derechos Humanos señalamos que no aceptaríamos que fuera enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, en la sesión de ayer se acordó dar un plazo de treinta días para ambos proyectos y que el proyecto sobre discriminación fuera enviado directamente a la Sala. Entonces, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha solicitado que, en vez de treinta días, se le otorgue un plazo de sesenta. ¿Habría acuerdo? Acordado. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que el proyecto que presenté conjuntamente con los diputados señores Alvarado y Álvarez respecto de la Zona Franca de Iquique, que se envió a la Comisión de Economía, sea ingresado a la Comisión Especial de Zonas Extremas, en la cual se debió haber radicado desde un comienzo. En dicha Comisión está la mayoría de los autores del proyecto, el cual, además, cuenta con la firma de parlamentarios de todos los sectores políticos. El señor BUSTOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley iniciado en Mensaje, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional. Hago presente que los informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda fueron rendidos en la sesión celebrada en 19 de marzo pasado, ocasión en que, por acuerdo de los jefes de Comités, quedó pendiente la discusión del proyecto. El señor ULLOA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités, en atención a que el proyecto tiene urgencia calificada de “suma”, lo que significaría su rechazo. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, no es necesario convocar a reunión de Comités. Se ha concordado con el ministro quitar la suma urgencia al proyecto y aprobarlo en general, de modo que los señores diputados y señoras diputadas presenten las indicaciones que les parezcan pertinentes y ocuparse de ellas en la comisión respectiva en el más breve plazo posible. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, hemos sido convocados para estudiar el proyecto de ley que moderniza el ministerio de Defensa Nacional. A mi juicio, sería más acertado señalar que la iniciativa “crea” esa repartición, por cuanto estamos frente a una cartera que fue diseñada no con una visión sistémica, sino de parche. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Defensa responde a una estructura muy poco eficiente. A fin de subsanar esa situación, el Gobierno envió un proyecto de ley para modernizar dicho Ministerio. Sin embargo, la iniciativa era pésima y el Gobierno comprendió la necesidad de modificarla. La ministra de la época, señora Vivianne Blanlot así lo entendió, por lo que optó por retirarla, reestudiarla y reevaluarla. Debo señalar que en esa etapa el Ejecutivo recogió muchos planteamientos efectuados por la Oposición. Ahora bien, el hecho de haber calificado el proyecto con suma urgencia, sin haber consultado el parecer del presidente de la Comisión de Defensa, ni de su presidente accidental, ni de la Oposición, claramente marcó un punto de quiebre y de distanciamiento, por cuanto ello impedía que la Sala formulara observaciones, lo que a todas luces es antidemocrático. Por eso, fuimos claros respecto de esta materia: de no quitarse la urgencia, como coalición votaríamos en contra de la iniciativa. El ministro de Defensa entendió la situación y accedió a calificar el proyecto con simple urgencia, lo que no sólo permite formular indicaciones, sino que hace posible remitir el proyecto a la Comisión de Defensa para su estudio. No todo el proyecto presenta dificultades. Desde mi perspectiva, fue mejorado y en general se trata de una buena iniciativa. Con todo, quiero centrar mi intervención en sus falencias. En primer lugar, es necesario subrayar que la conductora estratégica de la defensa nacional es, por disposición constitucional, la Presidenta de la República, quien ejerce esa función a través del ministro de Defensa. Sin embargo, el proyecto refiere la expresión “conductor estratégico” al nuevo cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. Una de nuestras indicaciones apunta a eliminar esa expresión en todos los casos en que se asocia al mencionado cargo. Con todo, es necesario señalar que quien no logra entender que la defensa nacional apunta al trabajo en conjunto, no comprende el funcionamiento de los mecanismos de defensa de un Estado. Así las cosas, es necesario cambiar la expresión referida al jefe del Estado Mayor Conjunto. Repito, quien ejerza ese cargo no puede cumplir la función de conductor estratégico, pues por definición corresponde a la jefa de Estado, través del ministro de Defensa Nacional. En segundo lugar, el proyecto crea el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto, que será la figura operativa en acciones de defensa y en casos de traslado de tropas en virtud de tratados internacionales. En la actualidad, el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional puede ser ejercido por un general de Aviación, un general de división o un vicealmirante. El proyecto propone que quien ocupe el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto pasará a ostentar un rango similar al de un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, única forma de procurar un trabajo en conjunto con las ramas de la Defensa Nacional. Es necesario subrayar que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas son los responsables de sus instituciones y de preparar la fuerza operativa que será entregada al mando del jefe del Estado Mayor Conjunto. Se trata de un cambio significativo y positivo. Algunos diputados tienen dudas acerca de si la creación de este nuevo cargo trastoca las disposiciones de la Constitución Política. A mi juicio, nada de eso ocurre. Lo único que sucede es que se eleva en un grado el rango de quien ocupe dicho cargo, cuya creación podría corresponder a una ley de quórum calificado, pero de ninguna manera afecta el texto constitucional. Ahora bien, el proyecto también busca transformar las cinco subsecretarías del Ministerio de Defensa -Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones- en sólo dos: la Subsecretaría de Defensa Nacional y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. De ese modo, más el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, vamos a tener un Ministerio bastante más moderno. En líneas gruesas, quiero señalar que estamos dispuestos a aprobar en general el proyecto. No obstante, quiero manifestar mi posición que, creo, es la de todos los diputados de la UDI y me parece que también la de mis colegas de Renovación Nacional. Tenemos la facultad de establecer las plantas, las cuales se consagran por ley. La propuesta del Ejecutivo, legítima por cierto, es que le deleguemos esa facultad, pero yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, con todas sus letras, que no estoy dispuesto a hacerlo y pido que el Ejecutivo nos traiga una propuesta de plantas; de lo contrario, por lo menos en esa materia, no vamos a tener acuerdo. Deseo hacer notar también que hoy, quien debió haber comenzado esta discusión es la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la diputada señora Cristi, pero por razones familiares no puede estar presente hoy en la Sala. Inclusive, tenía la idea de que el proyecto se vería la próxima semana. Lamento que no sea así. Claramente, aquí hay diputados de todas las tendencias que se han preocupado de una materia tan propia del Estado como la defensa nacional. Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirles a todos mis colegas que si existen funciones que son propias, absolutas, que no pueden ser entregadas a privados o a alguien, por parte del Estado, porque en ello va su existencia misma, son las de la defensa nacional y de relaciones exteriores. Estas dos funciones debieran ser de interés para todos y cada uno de nosotros. Vamos a apoyar en general el proyecto, sin perjuicio de que en particular tenemos una serie de observaciones respecto de la planta y de cómo se harán las divisiones de las subsecretarías. Al respecto, hay inquietudes por parte de los señores y de las señoras diputadas, razón por la cual hemos decidido presentar indicaciones para que la iniciativa vuelva a tratarse en la Comisión. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, estamos en presencia de una reforma trascendental en el sector de la defensa, la cual nunca se había llevado a cabo en nuestros regímenes constitucional y jurídico ni antes ni después del gobierno militar. El Ministerio de Defensa, dentro de los órganos que componen el Estado, es una de las instituciones más antiguas y, sin embargo, nunca había sido objeto de una modernización tan profunda como la que discutimos. Es importante destacar que esta reforma se ha materializado gracias a la contribución de parlamentarios durante el estudio del proyecto de ley. Como presidente de la Comisión de Defensa, deseo dejar constancia de que todos y cada uno de los parlamentarios que la integran hicieron aportes responsables, fruto del estudio, de escuchar a académicos, a profesores, a representantes de institutos, de organismos especializados, etcétera, que se plasmaron, en definitiva, en indicaciones que mejoraron el proyecto original enviado por el Ejecutivo, y que el colega Jorge Ulloa calificó como malo. De manera que el texto en estudio es fruto de la contribución de los distintos sectores representados en la Comisión de Defensa, tanto de Gobierno como de Oposición, que tuvieron solamente como horizonte hacer una reforma que modernizara al sector de la defensa y, al mismo tiempo, lo dotara de los instrumentos necesarios para resguardar en debida forma nuestra seguridad. Esto se ha manifestado también en que hoy se perfila con mucha más propiedad el liderazgo civil en el sector de la defensa. Ha habido diversos avances en esta materia que, durante los gobiernos democráticos de la Concertación, se han traducido en la participación de la ciudadanía, de parlamentarios, de organismos académicos, de institutos técnicos, etcétera, en la concreción de diversas iniciativas. Así, hemos tenido ya dos versiones del Libro de la Defensa y esperamos tener próximamente la tercera versión. Hemos discutido la adquisición y compras militares con transparencia, de cara a la ciudadanía, con el fin de dotarnos de una capacidad disuasiva. Hemos llevado a proyectos de ley tan importantes como la reforma del servicio militar obligatorio, que ha significado recoger las diversas visiones de nuestra ciudadanía y organizaciones funcionales, pero nunca se había abordado el sector de la defensa en forma tan radical y profunda como ha ocurrido con ocasión de esta reforma. ¿En qué se perfile un liderazgo civil? En que se dota al ministro de Defensa de capacidades y funciones que antes no estaban institucionalizadas, formalizadas, como aprobar la doctrina y reglamentación conjuntas; es una autoridad que está por sobre las subsecretarías, a la cual estas deben someter sus decisiones y las materias de sus respectivas áreas. Se fortalece al ministro como autoridad superior del sector de la defensa al integrarlo en plenitud a la Junta de Comandantes en Jefe, la que presidirá en todo momento y a la que convocará cuando lo estime conveniente. Aún más, el ministro pasa a estar en posición de resolver cualquier disparidad de criterio que eventualmente pueda surgir entre las autoridades militares. Por cierto, es la transformación más importante en la historia legislativa del país y el inicio de un proceso de modernización definitivo, histórico, del sistema de defensa nacional, que era muy necesario llevar a cabo. No es una simple reforma. A continuación me referiré a algunas cuestiones que no son menores. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, excepto en lo respecta a la delegación para la fijación de las plantas a que aludió el colega Ulloa. Reitero que, en todo lo demás, hubo unanimidad, en su tramitación, estudio y aprobación. Las observaciones relativas a cuestiones que no dicen relación con el fondo del asunto, sino que son más bien formales, pueden ameritar una segunda revisión en la Comisión de Defensa. Con todo, la estructura que se está dando con este proyecto al sector de la defensa es extraordinariamente positiva. Respecto de la delegación de facultades al Ejecutivo para la designación de autoridades y la fijación de las plantas, habíamos propuesto que el Ejecutivo presentara a las Comisiones de Defensa y de Hacienda un memorando señalándonos los parámetros que utilizará para esos efectos. El asunto se conversó con nuestros colegas de la Oposición. En principio, hubo cierta disposición a considerar ese memorando. Por desgracia, el documento no llegó a la Comisión de Defensa -no se si habrá llegado a la de Hacienda-, por lo que espero que el ministro de Defensa, en su exposición de hoy, se refiera latamente al tema. Es imposible exigir al Ministerio de Defensa que tenga definida la planta de una estructura que todavía tiene que pasar por diversos trámites legislativos. Por lo tanto, esa pretensión sólo busca obstaculizar la tramitación del proyecto; pero como creo que ese no es el espíritu de la Oposición, debemos consensuar con el Ejecutivo un documento que establezca esos parámetros, algunas definiciones que satisfagan a los diputados de Oposición y de Gobierno. De otra manera, escudarnos en la falta de ese memorando sería un subterfugio -repito, no creo que esa sea la intención- para frenar la tramitación de esta trascendental reforma al Ministerio de Defensa. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Defensa Nacional, señor José Goñi. El señor GOÑI (ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, dado que el proyecto fue informado hace algún tiempo, el 19 de marzo, y considerando su trascendencia, me ha parecido oportuno hacer una presentación, que coincide con el ánimo y el espíritu de los diputados que ya han entregado sus opiniones. El proyecto aborda un tema central en la reorganización del Estado, por cuanto constituye uno de los pilares fundamentales en nuestro sistema de Defensa. La defensa nacional, como claramente lo ha consensuado nuestra sociedad en el Libro de la Defensa Nacional de 2002, debe ser considerada “como un bien público en un sentido integral. Cumple una función social básica para la existencia de la sociedad y no puede ser provista sino por el Estado. Como parte de la seguridad que requiere el país, la defensa concurre a hacer posible el desarrollo de la sociedad”. Por ello, es importante destacar que las normas que se proponen en el proyecto de ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, más allá de buscar la actualización de la estructura de trabajo de una secretaría de Estado establecida en 1947, hoy claramente obsoleta e insuficiente como ya se ha destacado, se dirigen a la organización de un sistema moderno, capaz de responder a las exigencias de la función pública de defensa, dentro de un escenario donde los desafíos para lograr sus objetivos son sustancialmente distintos a los de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Nuestra defensa nacional, a diferencia de las de la mayoría de los países occidentales, presenta carencias y vulnerabilidades que no aseguran, por lo tanto, una expresión eficiente para lograr el propósito de la función primaria de proteger a la población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad del Estado para el ejercicio de la soberanía frente a amenazas externas, carencias y vulnerabilidades que describiré más adelante. En este contexto, la defensa nacional, en su expresión político-estratégica, entendida ésta como el ambiente en que se integran las decisiones políticas con las decisiones estratégicas derivadas del empleo de la fuerza militar como medio para la solución de un conflicto externo, tiene una organización para tiempo de paz y otra para tiempo de conflicto o de guerra. Así, durante la paz, los esfuerzos del Estado de Chile, en materia de seguridad externa, se materializan en función de su estructura político-administrativa permanente. A través de esa organización y mediante planes de diverso orden, el país debe prepararse para enfrentar potenciales situaciones de crisis internacional o de guerra externa. Es aquí donde encontramos la primera limitación práctica para abordar con eficiencia esa tarea, puesto que las funciones para proponer las decisiones políticas y lograr la integración de los diversos actores, las responsabilidades para dar curso a esos planes son difusas, ya que las normas nacionales dejan esta misión al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), al Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena) y al Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), cuyas operatorias no son permanentes. Frente a esa realidad, el Estado Mayor de la Defensa Nacional ha debido asumir tareas que no le competen, con el objeto de mantener actualizado los planes para enfrentar las posibles contingencias externas. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, principal colaborador del Ejecutivo en el campo de la seguridad externa, no se encuentra dotado de atribuciones para lograr unidad de doctrina estatal durante la paz, a fin de preparar adecuadamente al país para enfrentar este tipo de situaciones, condición que en nada cambia al expresarse efectivamente una crisis internacional o de guerra externa. En efecto, activada la planificación de carácter primario… El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, algunas de las láminas que estamos viendo en las pantallas de nuestros computadores tienen el rótulo de secreto. En tal virtud, si alguno de los temas que estamos conociendo tiene ese carácter, debe declararse secreta la sesión. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo es declarar secreta la sesión en el momento preciso. Continúa con la palabra el ministro de Defensa Nacional. El señor GOÑI (ministro de Defensa Nacional).- En efecto, activada la planificación de carácter primario, es decir, la planificación político-estratégica y de acuerdo con las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley Nº 181, de 1960, el país debe organizarse en los campos de acción que se exponen. Basado en esa estructura, el Presidente o la Presidenta de la República conduce, política y estratégicamente, los esfuerzos para superar la crisis internacional o ganar la guerra externa. Evidentemente, mediante la ejecución de los planes respectivos y las decisiones que vaya adoptando de acuerdo con sus atribuciones, el Jefe de Estado podrá materializar la conducción política en el nivel superior de las decisiones. Sin embargo, desde la perspectiva del eficiente empleo del poder integral del Estado para superar situaciones complejas, como es una crisis internacional o extrema, como la guerra, el nivel de los campos de acción en beneficio de la función de defensa nacional, los esfuerzos se diluyen dada la ausencia de una autoridad que, al menos, coordine sus esfuerzos, puesto que quien debería cumplir esa función, el ministro de Defensa Nacional, tiene a su cargo sólo uno de los campos de acción y, no obstante su calidad de primus inter pares con los demás, no ha participado directamente en la preparación de estos para enfrentar tales contingencias. Por lo tanto, no existe un sistema de defensa articulado para hacer frente a situaciones de crisis internacional o guerra externa. Las enseñanzas de las tensiones externas de la década de los 70 dieron clara cuenta de esa vulnerabilidad. Lo propio ocurre con la conducción estratégica de las fuerzas militares que participan en las operaciones. Ello, por cuanto las normas actuales no establecen con claridad quién es la autoridad responsable para preparar o mandar esas fuerzas, realidad que se ha intentado salvar mediante disposiciones incorporadas al decreto supremo Nº 272, de 1985, el que no obstante su intención de superar esta carencia, no la resuelve en toda su expresión, ya que se limita a establecer la posibilidad de que el Presidente o la Presidenta de la República, al asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas en tiempo de conflicto, pueda disponer que la Junta de Comandantes en Jefe u otra autoridad militar cumpla esa responsabilidad. Cualquiera sea la opción que se elija, es decir, el mando colegiado de la Junta de Comandantes en Jefe o el mando unipersonal de la autoridad militar que se disponga, la designación sólo se produce al momento de asumir el Presidente o la Presidenta de la República la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas en caso de guerra. Luego, se trata de una instancia de conducción militar que no participa como tal en una eventual crisis internacional, y de concretarse la guerra, asume el mando de todas las Fuerzas Armadas, manteniéndose la carencia de un mando específico que conduzca las fuerzas asignadas a las operaciones consideradas en la planificación secundaria de la defensa nacional. La historia nos señala claramente que las situaciones descritas, como consecuencia de la ausencia de una doctrina orgánica acorde con las exigencias de la defensa de nuestro país, junto a otras insuficiencias que la afectan y que forman parte del mensaje del proyecto de ley, constituyen una seria deficiencia en la organización del Estado, que necesariamente debe ser superada, con el objeto de enfrentar con éxito situaciones de crisis internacional o de guerra externa. Frente a esa realidad, el proyecto de ley, junto con constituir una propuesta orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, permitirá establecer por primera vez un sistema de defensa para Chile, concordante con las demandas de la seguridad externa y las exigencias orgánicas de esos tiempos y del futuro. Los cambios indicados permitirán, en su conjunto, la existencia de una organización que no sólo superará las deficiencias de la actual, sino que dará lugar a formas de conducción de la defensa nacional en que las facultades de las distintas autoridades que la conforman y las responsabilidades de cada uno de los organismos obedecerán efectivamente a los requerimientos de un enfoque sistémico, situación que actualmente, por no existir un sistema, obliga a la adopción de fórmulas alternativas que, en suma, impiden una articulación concreta de actores y de responsabilidades; incluso, algunas de las últimas deben ser asumidas en la práctica supletoriamente por órganos que no las tienen dentro de sus obligaciones. Puesta en vigencia la nueva organización, el nivel superior de la defensa conducido por el Presidente o la Presidenta de la República, asesorado por el Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, y el gabinete ministerial, podrá establecer las políticas y lineamientos correspondientes para ser cumplidas por una estructura única, bajo la responsabilidad del ministro de Defensa Nacional, afianzada con la contribución de los demás organismos del Estado, a los que este ministro podrá requerir formalmente su participación técnica con el objeto de preparar al país para enfrentar las amenazas de su seguridad externa, centralizando además las proposiciones al Jefe o a la Jefa de Estado para que decida, política y estratégicamente, las formas de acción correspondientes. Ante las realidades que he señalado, el proyecto de ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, cuyos alcances de detalle ya fueron expuestos favorablemente por los honorables diputados informantes de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, señores Renán Fuentealba Vildósola y José Miguel Ortiz Novoa, respectivamente, contiene las normas indispensables para configurar el sistema de defensa que el país requiere para responder eficientemente a las exigencias de la seguridad externa. En efecto, la moderna estructura de la defensa, que mediante la promulgación de la ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional aspiramos a poner en ejercicio, tiene una dimensión que sobrepasa los límites de la sola responsabilidad política o gubernamental, al disponer de una organización capaz de fortalecer la seguridad externa de nuestro país, puesto que una defensa eficiente demanda y compromete la adhesión patriótica y moral de todos quienes conformamos la sociedad chilena. Puesto en vigencia este sistema, el Presidente o la Presidenta de la República dispondrá de una organización precisa y definida para cumplir con sus funciones en el nivel político-estratégico, organización que, bajo la responsabilidad del ministro de Defensa Nacional, asesorado fundamentalmente por la Subsecretaría de Defensa y la Junta de Comandantes en Jefe, materializará en forma centralizada los proceso de la función de defensa, con el objeto de permitir que las decisiones y acciones que estos demanden en lo político-estratégico sean propuestas al Jefe o a la Jefa de Estado a través de una autoridad responsable de articular efectivamente a los actores públicos y privados que se vinculan con esa función primaria. En lo estratégico, permitirá suplir la actual ausencia de un mando militar que, durante los períodos de paz, coordine la preparación, entrenamiento y alistamiento de las fuerzas asignadas a las operaciones previstas en la planificación secundaria de la defensa, y participe además en las resoluciones sobre equipamiento de éstas, con su integración plena a la Junta de Comandantes en Jefe. Me refiero al jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad que dispondrá de las atribuciones y las jerarquías suficientes no sólo para ejercer esa responsabilidad en tiempo de paz, para lo cual será nombrado por el Presidente o la Presidenta de la República y permanecerá hasta cuatro años en el cargo, sino que, tan importante como lo anterior, asumirá la conducción estratégica de las fuerzas asignadas a las operaciones, al activarse la planificación de la defensa, lo que provocará mínimos costos de ajuste en el empleo de la fuerza militar desde la estructura de paz a la prevista para enfrentar situaciones de crisis internacional, a diferencia de la actual situación que exige una serie de cambios sustantivos en materia de dependencia y subordinación de medios, lo que en la práctica constituye una seria debilidad para el sistema de defensa en su conjunto. Con ello, por primera vez en la historia contemporánea de nuestro país, se dispondrá, a nivel estratégico, de un mando unipersonal, responsable no sólo de conducir las fuerzas militares consideradas en la planificación secundaria, sino, además, de participar en la gestación de los planes para el empleo de los medios. Se satisface, así, el principio de unidad de mando, esencial para la conducción efectiva en la crisis y en la guerra, y se simplifica la cadena de mando en la línea del empleo de los medios, según las expresiones del diputado Renán Fuentealba, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, al presentar el informe del proyecto de ley a esta Sala, que reflejan nítidamente el propósito de la innovación orgánica. Señor Presidente, pido que a partir de este momento la sesión se declare secreta. El señor BUSTOS (Presidente).- Se declara secreta la sesión. -Se constituyó la Sala en sesión pública. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, coincido plenamente con lo señalado por los diputados informantes y, principalmente, por el señor ministro, en el sentido de que éste es un proyecto que trasciende la gestión de cualquier gobierno, porque moderniza una instancia importantísima de nuestra vida política ciudadana. Pero no tan solo moderniza el Ministerio de Defensa, uno de los que tenía mayor retraso en este aspecto, sino que también la defensa nacional. Eso es lo fundamental y crucial que trata de solucionar la iniciativa. Estamos en los tiempos adecuados para iniciar una reforma de esta envergadura, que se ha debatido durante tres años en la Comisión de Defensa Nacional y hoy la discute la Sala. Me imagino que pronto estará en el Senado para su siguiente trámite, con las adecuaciones necesarias, pero no se puede demorar más su despacho. Por tanto, comparto el criterio de que debe ser despachado al Senado, porque hoy están las condiciones políticas para hacer esta reforma, lo que hace una década no era posible. Modernizar nuestra defensa no sólo implica la protección de nuestra frontera, sino, además, un conjunto de temas que hay que tratar respecto del rol que juegan hoy la defensa y las Fuerzas Armadas en los países más modernos. Al margen de contar con una estructura trazada, hoy dotamos de nuevas perspectivas y facultades al Ministerio de Defensa Nacional. Uno de estos aspectos es que se dota a la defensa de una organización acorde con las necesidades y desafíos de la demanda del nuevo ambiente de seguridad regional e internacional -ese es un punto claro y todos los seminarios así lo indican-; crea una institucionalidad eficaz y eficiente para la gestión del ciclo completo de las políticas del sector y de los procesos gubernativos y administrativos que le son propios; homologa la gestión del sector defensa con la modernización de la gestión en el resto de la administración del Estado; otorga expresión legal a los avances en la relación institucional entre las autoridades políticas y militares. Lo anterior es un aspecto muy importante, porque se dota a la autoridad civil, que es la que dirige a los ciudadanos, de facultades fundamentales en el sector defensa, lo que me parece un cambio relevante. Esto se manifiesta en la modificación de la estructura superior de la defensa, un reordenamiento del esquema de Subsecretarías -como lo ha planteado el ministro-; reorganización política estratégica de la defensa, fortalecimiento del tratamiento de lo conjunto dentro de la defensa nacional, definición y precisión de las normas y disposiciones relativas a la conducción estratégica de la fuerza en tiempos de crisis y de guerra -éste es un aspecto fundamental-; consolidación de la Junta de Comandantes en Jefe en su papel estrictamente asesor, y reordenamiento de los organismos que dependen o se relacionan con el Ministerio de Defensa. Por tanto, el proyecto constituye quizás el elemento fundamental de la organización y funcionamiento del sistema de defensa de nuestro país. Por eso, su importancia y trascendencia. En ello está el trabajo consensuado que hemos logrado en la Comisión, junto con el Ejecutivo. Debo reconocer que se le han introducido una serie de indicaciones que la Comisión determinó que eran importantes y que el Ejecutivo asumió como propias. Uno de los ámbitos más debatido en la Comisión de Defensa se refiere a las mejoras en la propuesta original en materia de conducción estratégica y del Estado Mayor Conjunto, orientada fundamentalmente a perfeccionar el diseño de un modelo conjunto para Chile, con el nuevo, más armónico y coherente rol de la Junta de Comandantes en Jefe en el esquema del sistema de defensa propuesto en esta iniciativa legal. En efecto, el esquema de la conducción estratégica de la defensa actual es confuso, pues la legislación vigente, el decreto con fuerza de ley Nº 181, de 1960, establece que esa función sea desempeñada por la Junta de Comandantes en Jefe en tiempos de guerra, organismo que colegiadamente adopta acuerdos respecto de la fuerza, cualquiera sea su naturaleza, esto es, sean fuerzas conjuntas o no. Así, tratándose de fuerzas conjuntas, le corresponde al presidente de la Junta poner tales acuerdos en ejecución. En cambio, cuando se trata de fuerzas no conjuntas, le corresponde a cada uno de los comandantes en jefe darles cumplimiento. Eso significa, en la práctica, la coordinación del mando en el más alto nivel de conducción militar, más la existencia de cuatro líneas de mando hacia los órganos de maniobra: terrestre, naval, aérea y conjunta. Creo oportuno recordar la histórica frase de Napoleón: “prefiero un mal general a dos generales buenos en el campo de batalla”. En ese sentido, esta situación queda subsanada: hay una función conductora, con una sola autoridad que ejerce el mando de los medios de la fuerza asignados a las operaciones, reservando a la referida Junta de Comandantes en Jefe un papel exclusivamente asesor del ministro de Defensa, que la conducirá y convocará en forma exclusiva. Éste es, tal vez, uno de los aspectos centrales del proyecto, porque satisface a cabalidad el principio de la unidad de mando, esencial para una efectiva conducción de las crisis y la guerra, así como para simplificar la cadena de mando en el empleo de los medios, dada la supremacía del poder civil que, a través del Presidente de la República y del Ministerio de Defensa, consagra y expresa adecuadamente el proyecto. Esto es taxativo al señalarse que el Presidente de la República mantendrá en todo momento, a través del Ministerio de Defensa, una relación directa de las autoridades con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Asimismo, se facilita la organización y el funcionamiento de los distintos órganos de maniobra, de sus relaciones de cooperación y se promueve una concepción conjunta del mando y del control. En efecto, el sistema de defensa tiene dos grandes líneas: una, la conducción de una parte del desarrollo de la fuerza y, otra, el empleo de la fuerza. Ambas líneas de conducción emanan de la autoridad política del Ministerio de Defensa y es a través de ellas que el Presidente de la República materializa el ejercicio del gobierno y la administración del sector, tanto en situaciones de paz como en conflictos o crisis externas. Creo que estos aspectos se relacionan también con el empleo de la fuerza; por tanto, está a cargo de la autoridad militar propuesta el ejercicio de la conducción estratégica de los órganos de maniobra. Esa autoridad militar es el jefe del Estado Mayor Conjunto y a él le corresponderá el mando sobre los medios asignados a las operaciones independientes de la institución y a las que éstos pertenezcan. Asimismo, le corresponderá el cumplimiento de los objetivos estratégicos planificados y dispuestos por la respectiva autoridad política. Además, el proyecto establece que el Estado Mayor Conjunto, antiguo Estado Mayor de la Defensa Nacional, será el órgano asesor y de trabajo del jefe del Estado Mayor Conjunto para la ejecución de sus funciones. Esto es muy importante porque evitará eventuales confusiones entre el Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes en Jefe, puesto que ésta asesorará al Ministerio de Defensa y aquél, al jefe del Estado Mayor Conjunto. Debemos tener presente que la opción por el jefe del Estado Mayor Conjunto como conductor estratégico tiene importantes fundamentos que la avalan. En primer lugar, la naturaleza del cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto sitúa a quien lo desempeña en una posición inmejorable en el sistema de defensa para ejercer la función de conductor estratégico, toda vez que al dirigir el Estado Mayor Conjunto, que es el organismo encargado de preparar la conducción estratégica, en tiempos de paz tendrá una visión conjunta del empleo de los medios y será el responsable de fijar las normas para el empleo de los mismos y de su planificación y entrenamiento conjunto, velando por que las instituciones cumplan su cometido. En efecto, por sus particulares funciones y responsabilidades, estará en permanente contacto con los comandantes en jefe, lo que le permitirá tener una visión de la totalidad de las fuerzas y de su potencial. Además, tendrá un contacto permanente con el ministro de Defensa Nacional, lo que lo pondrá en proximidad con el nivel político de la conducción y con una agenda directamente relacionada con la conducción estratégica que, eventualmente, desempeñará. En segundo lugar, podrá diferenciar la conducción de los medios asignados a las operaciones de la conducción de la línea de desarrollo y la asignación de los mismos, toda vez que el empleo de los medios exige absoluta dedicación e independencia para quien la conduce. En cambio, el comandante en jefe designado para ejercer la conducción de la línea de empleo de los medios estaría obligado a efectuar un mayor esfuerzo de adaptación a la estructura en tiempos de conflicto. Ello, por cuanto un comandante en jefe debe velar en todo momento por que la concepción del empleo de su arma específica sea adecuadamente considerada en las decisiones de los distintos niveles de conducción, particularmente, en los casos de conflicto externo. En realidad, sería muy compleja la tarea de ejercer la conducción estratégica conjunta. Pensamos que lo anterior incrementaría al máximo lo que se denomina costos de ajuste, ya que no sólo sería necesario que ese comandante en jefe conductor estratégico asumiera una función para cuya preparación no se ha dedicado en forma exclusiva, sino porque debería ser reemplazado en sus restantes funciones institucionales, aunque no dejaría de ser el máximo responsable de ellas. Es más, se produciría una dicotomía, en cuanto a que su subalterno en el mando institucional integraría en igualdad de condiciones la Junta de Comandantes en Jefe, incrementando aún más las contradicciones existentes en el sistema de defensa. Creo que la claridad existente en el proyecto y la tratativa de estos importantes temas deberían contar con nuestro apoyo. Además, es una iniciativa que moderniza nuestras Fuerzas Armadas y releva el poder y la decisión de las autoridades democráticamente elegidas, como es el caso del Presidente de la República, a quien le corresponde designar al ministro de Defensa. Por las razones expuestas, considero que el proyecto debería ser aprobado por la Sala. Es posible que el Senado le introduzca modificaciones, pero lo fundamental es que estamos modernizando, de acuerdo a las necesidades del mundo actual, nuestra defensa nacional, lo que me parece un hito muy importante, Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido Socialista aprobará el proyecto, porque moderniza la estructura que normalmente tienen los países en materia de defensa. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en la línea de lo que planteó el diputado Jorge Ulloa, quiero empezar diciendo que, obviamente, estamos resolviendo un problema real, con un proyecto que, en palabras del ministro, está bien planteado. De alguna manera, hoy prácticamente no existe una estructura de Ministerio de Defensa. La defensa del país, que en líneas generales y con el correr de los siglos ha demostrado ser eficaz, se ha llevado a cabo sobre la base de las tareas que les corresponden a las Fuerzas Armadas. Primero, el Ejército, anclado en nuestra historia, incluso, desde antes de la independencia. Después, la Armada y la Fuerza Aérea, y en algún período de la historia, Carabineros de Chile, que nació del Ejército y que es la policía armada. Allí, en la actividad eficaz, loable y prestigiada de las Fuerzas Armadas, se ha ido construyendo la doctrina y la práctica de la defensa del país. Pero el Ministerio de Defensa ha ido a la zaga: se han ido creando reparticiones administrativas que traten de operar de acuerdo con la realidad de unas Fuerzas Armadas extraordinariamente activas, potentes, con identidad y fisonomía propias. Este problema, que sí existe, hay que resolverlo con criterios del Siglo XXI, de acuerdo con la nueva realidad geopolítica, con los nuevos lineamientos de un Chile adscrito a la globalización y con un interés chileno que se juega, tanto en el territorio nacional como -por dar algunos ejemplos- en el Canal de Panamá o en países en los cuales tenemos misiones de paz, como Haití y Bosnia. En esta materia, la Alianza por Chile tiene claro el tema y ha colaborado y va a seguir colaborando para contribuir al esfuerzo del Gobierno de dotar a nuestra institucionalidad de un Ministerio de Defensa con las reparticiones que corresponda, que pueda llamarse como tal y ejercer con eficacia las importantes tareas a que debe estar llamado en los años que vienen. En esta línea, el proyecto del Gobierno está bien planteado y, por eso, lo vamos a votar a favor en general. Sin embargo, como consecuencia de su debate en la Comisión de Defensa y de conversaciones y análisis posteriores, tenemos legítimas aprensiones y dudas, porque nos hemos dado cuenta de que existen insuficiencias y errores que es necesario corregir. Por las mismas razones que se han dado, en cuanto a que es una cuestión urgente e importante, deben tener una solución adecuada. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos presentado algunas indicaciones y planteado algunas inquietudes, pero no me cabe duda de que llegaremos a buen puerto. Ahora, para conocimiento de los señores diputados, me referiré a cuatro de las indicaciones que hemos presentado, El artículo 16 del proyecto señala: “La Subsecretaría de Defensa contará a lo menos con tres divisiones para el desempeño de las funciones a las que se refiere el artículo anterior.” La indicación pretende eliminar la expresión “a lo menos”, porque, obviamente, se trata de una materia de ley; por lo tanto, debe tener expresiones terminantes, categóricas y establecer la cantidad específica de divisiones que operarán y no emplear la expresión “a lo menos” para referirse a las reparticiones que debe tener la Subsecretaría. Ése es el sentido de la indicación. Similar indicación elimina otro “a lo menos” del artículo 23, porque tratándose de una estructura tan importante como la de las Fuerzas Armadas, debe requerirse con nitidez, con precisión, el organigrama, la cantidad específica de divisiones que operarán dentro de la Subsecretaría, la que debe ser conocida por la Cámara de Diputados antes de votar el proyecto. Por otra parte, el artículo 2º dispone: “Un Reglamento, que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año desde la publicación de la presente ley, fijará las normas relativas a la organización y funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional, referidas a la ejecución de la misma.” Hemos presentado una indicación a este artículo, porque, a nuestro juicio, el instrumento que fija las normas relativas a la organización es claramente materia de ley y no de un reglamento, por lo cual debe estar contenido en un decreto con fuerza de ley, dictado en un plazo no superior a un año. El artículo 6º transitorio, como bien señaló el diputado Renán Fuentealba, que ha seguido con acuciosidad y talento el proyecto, es el que ha generado más problemas. Por eso, corresponde consensuar una definición mejor que la actual. Dice: “Facúltese al Presidente de la República para fijar las plantas y escalafones de personal de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto dentro del plazo de un año,…” Ésta es siempre materia de ley, y por eso la indicación propone eliminar ese texto. Aspiramos a que las plantas del Ministerio, en definitiva, se fijen mediante una ley, discutida en el Congreso Nacional, de manera que todos los diputados sepan cuántos funcionarios tendrá, de qué características, si serán de confianza o de carrera, puesto que se trata del Ministerio de Defensa Nacional. No borremos con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Así como aprobaremos un proyecto que establecerá las funciones y estructuras de esta Secretaría de Estado, a lo menos conservemos la facultad del Poder Legislativo de definir con precisión su estructura, nombre a nombre, persona a persona, y su organización que, hasta ese momento, va a ser virtual. Ése es el sentido de la indicación. Finalmente, nos asisten algunas aprensiones de constitucionalidad que deberemos discutir en la Sala. En primer lugar, tenemos una duda de constitucionalidad sobre si la ley no limita las facultades del Presidente de la República. Los incisos quinto y sexto del artículo 1º, a nuestro juicio, pueden estar en conflicto con los artículos 32, 17 y 18 de la Constitución Política. Las facultades del Presidente de la República, en casos de guerra exterior, son terminantes en la Constitución: asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponer las fuerzas de aire, mar y tierra; normas muy precisas, que no admiten interpretación. Queremos asegurarnos de que el proyecto no entra en terrenos vedados ni ha pasado alguna línea roja. Otra norma que nos preocupa es el rango y facultades del jefe del Estado Mayor Conjunto, que se determinan en los artículos 1º, 26 y 27 del proyecto. Dichas normas, a juicio de varios constitucionalistas consultados, pueden estar en conflicto con las de los artículos 32, 101 y 104 de la Constitución Política. Estos temas deberemos analizarlos con más detalle en la Comisión de Defensa Nacional, que generalmente hace un buen trabajo, con criterio de Estado y en forma transversal. Por último, se omite el artículo 16 de las normas de quórum. Pues bien, el artículo 16 es idéntico al 23, y si ambos corresponden a materias de ley orgánica constitucional, también debiera serlo el 2º transitorio, que entrega a un reglamento la atribución de fijar las normas relativas a la organización y funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional. Luego, plantearemos también en la Comisión y en la discusión particular en la Sala las razones para que tanto el artículo 16 como el 23 y el 2º transitorio del proyecto sean votados como normas de quórum. Materias como las descritas serán las que discutiremos en la Comisión de Defensa y las pondremos en conocimiento de la Sala cuando el proyecto vuelva de la Comisión, con la intención de que salga un buen texto, contundente, que solucione problemas y dé estructura para los tiempos venideros, como también para que se haga cargo de resolver los problemas existentes, pero con eficacia, contundencia, apoyo transversal y pleno y prolijo análisis de todos los elementos, disposiciones y normas que contiene. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, empezamos a ver el proyecto en la Sala el 19 de marzo pasado. En esta oportunidad, hemos escuchado a varios miembros de la Comisión de Defensa que lo conocen en más detalle, lo que nos ahorra palabras en cuanto a sostener que estamos en presencia de una reforma importante y buena. Mucho se habla de la modernización del Estado. En este caso, se moderniza sustancialmente un área importante y delicada como es la defensa nacional. El proyecto es el resultado de un trabajo extenso, de muchos años. Cuando fui subsecretario de Guerra me tocó participar muy tangencialmente en sus orígenes. También está el primer Libro de la Defensa; con posterioridad, los primeros borradores -un recuerdo al ministro Ravinet, que elaboró el primer anteproyecto junto con el subsecretario Mackenney- que sirvieron de base en las conversaciones. También agradezco al ministro Goñi que nos acompaña, al subsecretario Gonzalo García, el importante trabajo que han realizado desde el punto de vista del derecho comparado, de conocer experiencias y de dar un paso sustancial en la modernización del Estado en el área de la defensa nacional. Hasta ahí mis sinceros comentarios laudatorios, porque estamos en presencia de un muy buen proyecto. Por ello, felicito al ministro y al Gobierno en su conjunto. Sé lo que cuesta aprobar algún cambio en el Ministerio de Defensa. Se lo comentaba recién a mi colega y amigo Renán Fuentealba. Claro que eran otros tiempos, pero, por ejemplo, a comienzos de los 90 se intentó cambiar el nombre de la Subsecretaría de Guerra. No sus funciones, ni atribuciones ni nada que se le parezca. Se propuso ponerle Subsecretaría de Ejército, pero el proyecto fue rechazado en el Senado. Más adelante, también se rechazó que el subsecretario subrogara. Siempre fue muy difícil introducir modificaciones. Sin embargo, más allá de presentar indicaciones y algún nuevo trámite que vaya a realizar esta Cámara, en lo sustancial, con esta iniciativa se ha logrado un gran acuerdo transversal sobre la necesidad de este paso de modernización, lo que debemos saludar muy fundamentalmente. Ahora, quiero señalar algunas cuestiones específicas que, a mi juicio, no hacen al fondo del proyecto. Desde ya anuncio que pediré votación separada para los artículos 18 y 35. Brevemente, explicaré por qué. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, ahora estamos en la discusión general. Esa explicación podría quedar para la discusión en particular. El señor BURGOS.- Sí, señor Presidente, lo sé. Pero como tengo tiempo, quiero hacer hincapié en el asunto. El artículo 18 establece lo siguiente: “Sin perjuicio de las dependencias orgánicas establecidas por ley, los siguientes organismos se relacionarán con el Ministro de Defensa Nacional por medio de la Subsecretaría de Defensa: a) Fábricas y Maestranzas del Ejército. b) Astilleros y Maestranzas de la Armada. c) Empresa Nacional de Aeronáutica.”. A mi juicio, este tema necesita un tratamiento mucho más profundo que un simple artículo en la ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional. Eso tiene que ver con gobiernos corporativos. Por lo tanto, una buena oportunidad puede ser el proyecto de gobierno corporativo de empresas del Estado o una ley especial sobre industrias de la defensa. No me gustaría dar un paso tan nimio como éste y creer que con ello profundizamos sobre un tema que también necesita una modernización urgente. En consecuencia, este artículo no hace al fondo y está de más en esta iniciativa tan importante. El artículo 35 se refiere a los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas. Con todo respeto, por su intermedio señor Presidente, le digo al señor ministro que una vez más estamos dando un paso poco transparente en esta materia. En la discusión de la ley de Presupuestos ya tratamos este tema. Por primera vez, en muchos años, se rechazó el artículo 14 de la ley de Presupuestos, que hace una destinación distinta a la del resto de la distribución de los bienes inmuebles fiscales, cuestión que habría que explicitar mucho mejor. Se trata de una norma que requiere un tratamiento mucho más profundo. Existe acuerdo en que se debe poner al día la legislación sobre esta materia, pues hay seis o siete leyes de distinta aplicación relacionadas con el tema. Me parece que en esta materia también deberíamos avanzar por un carril distinto y no incorporarla en las disposiciones finales de esta iniciativa. A una buena ley de modernización del Ministerio de Defensa Nacional no le pasaría nada -todo lo contrario, quedaría mejor- si no viniera con estos aditamentos que no tienen directa relación con la idea matriz. Si la tuvieran, deberíamos tratarla en la lógica de la modernización, de la transparencia, no con la de estos pequeños artículos. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, comparto lo que se ha dicho esta mañana en la Sala, en el sentido de que estamos en presencia de un proyecto muy importante que apunta a la modernización y el buen funcionamiento del Ministerio de Defensa y de la defensa del país. Debieron transcurrir muchos años para lograr este gran acuerdo transversal que permitió abordar una materia de tanta significación y magnitud. Si hay algo que produce satisfacción una vez recuperada la democracia es el reencuentro del mundo civil con el militar. La modernización que se introduce no se limita a aspectos como la eficiencia o eficacia en el uso de los recursos, las coordinaciones y otras materias. En efecto, uno de los objetivos del proyecto es establecer que la conducción de la defensa corresponde al Presidente de la República -en este caso, a la Presidenta- y que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración de la Primera Mandataria en las funciones de gobierno y administración de la defensa. Asimismo, la iniciativa fija los organismos principales que componen esa secretaría de Estado. Quiero subrayar ese aspecto, porque debieron transcurrir muchísimos años y una transición democrática bastante prolongada para que, recién el 2005, gracias a la aprobación de las reformas constitucionales, fuese posible dar pasos sustantivos, entre otras cosas, para poner término al rol garante de la democracia que se asignó a las Fuerzas Armadas y devolver su antiguo rol al Presidente de la República, por tratarse la máxima autoridad del país. Al respecto, cabe recordar lo que establece la Constitución Política de la República en los incisos primero y segundo del artículo 24: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. “Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Tras la aprobación de las reformas constitucionales de 2005 se puso término al innecesario rol garante que se atribuía al Consejo de Seguridad Nacional, que contaba con la facultad de autoconvocarse, y se devolvió al Presidente de la República una atribución básica, como la posibilidad de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario por el bien del país. Todo eso implica un paso más en la recuperación de la democracia, en el sentido de normalizar las relaciones del mundo civil con el militar, de conformidad con lo que debe ocurrir en una democracia y en un estado de derecho. En suma, sin discusión, el Presidente o Presidenta de la República debe ejercer la conducción de la defensa. Ésa es la esencia del proyecto, más allá de las diferentes disposiciones que establece. Otro avance importante dice relación con la conducción estratégica. En ese sentido, el proyecto establece que, en caso de guerra externa, el Presidente de la República activará una organización de mando de naturaleza operativa que, planeada, prevista y entrenada en tiempos de paz, se hará cargo de las fuerzas chilenas que se asignen para operaciones militares, sean éstas conjuntas o no. La Presidenta o el Presidente de la República, según sea el caso, designará al jefe del Estado Mayor Conjunto para que asuma la conducción estratégica. Asimismo, la iniciativa establece que la junta de comandantes en jefe será presidida por el ministro de Defensa Nacional y prestará asesoría permanente en tiempos de paz o de guerra, lo que significa dar otro paso muy sustantivo. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra, como el diputado informante, se refirieron a la modificación relativa a la creación de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y de la Subsecretaría de Defensa. A mi juicio, con ello se avanza en un organigrama mucho más funcional y eficiente. Es importante recalcar que el Estado Mayor Conjunto de la Defensa que se crea, que reemplaza al actual Estado Mayor de la Defensa Nacional, es un organismo de trabajo y asesoría permanente del jefe de Estado Mayor Conjunto en materias que tengan relación con la preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. Es otro paso sustantivo en la línea de lo que aquí se ha expresado. El diputado Encina, miembro de la Comisión de Defensa, anunció el apoyo de la bancada Socialista al proyecto, que reitero. Incluso más, espero que se despache a la brevedad. El diputado Burgos mencionó un tema no menor, que quizás se podría profundizar en la Comisión de Defensa, relativo a las propiedades, materia que fue objeto de discusión durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos. Se trata de un aspecto que, de una vez por todas, debiera contar con el tratamiento correspondiente. Asimismo, el colega se refirió a una materia que no se ha destacado mucho en esta sesión, que dice relación con las industrias de la Defensa. Como ambos asuntos son muy relevantes, talvez se les podría dar un tratamiento aparte, en otra iniciativa, o bien profundizar sobre ellos ahora. En ese sentido, anuncio que soy partidaria de hacer una revisión más profunda sobre esas materias Hago presente que ambos temas responden a una nueva cultura y a una democracia asentada, que hoy nos permiten avanzar en el proyecto. No quiero dejar de mencionar que, a futuro, la agenda legislativa en materia de defensa deberá abordar otros aspectos, respecto de los cuales el ministro del ramo ha conversado con las diferentes bancadas. En ese sentido, ojalá muy pronto se cuente con una nueva carrera militar. Todos estamos de acuerdo en que no es posible que su duración sea de veinte años. Para el erario nacional significa un enorme costo formar a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es posible que, al cumplir cuarenta años de edad, se acojan a retiro y pasen a desempeñar otras funciones, aprovechando todo el bagaje de la formación técnica y la experiencia adquirida. Al respecto existe consenso. Por lo tanto, la nueva carrera militar deberá prolongarse. Alguna vez será necesario abordar a fondo el aspecto previsional, que, por cierto, no se incluyó en la actual reforma previsional y, por lo tanto, constituye un asunto pendiente. Hoy, el gasto previsional de las Fuerzas Armadas significa un costo muy elevado para el erario nacional. Por lo tanto, se trata de un aspecto insoslayable que deberemos revisar. Todos estamos conscientes de que se debe terminar con el aporte del 10 por ciento de las ventas del cobre destinado al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Eso no corresponde. Lo correcto sería incluir su financiamiento en la ley de Presupuestos de la Nación. Además, todos estamos de acuerdo en que no se debe seguir manteniendo el actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a las adquisiciones. Es un aspecto cuya solución no puede seguir esperando más. Otra materia pendiente que será necesario abordar en la futura agenda legislativa dice relación con la reforma a la justicia militar. En suma, reitero, los miembros de la bancada del Partido Socialista apoyamos el proyecto, por cuanto es un avance sustantivo en relación con la mirada democrática del país en aspectos como la capacidad de modernizar sus políticas de defensa y el ministerio del ramo, y en el sentido de que la conducción de la defensa corresponde a la Presidenta de la República. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, valoro que el ministro de Defensa retire la suma urgencia al proyecto, lo que nos permitió presentar algunas indicaciones respecto de artículos en los cuales tenemos dudas y que, legítimamente, se pueden perfeccionar. De lo contrario, nos habría obligado a votarlo en contra, lo que no estaba en nuestro ánimo. Algunos diputados manifestaron que es necesario despachar el proyecto lo más rápido posible. Incluso, el diputado Ortiz señaló que la Comisión de Defensa y la Sala, debería analizarlo el próximo martes, y votarlo el miércoles. En ese sentido, hice un compromiso con el ministro de Defensa, respaldado por los parlamentarios de la UDI, en cuanto a despachar el proyecto lo más pronto posible. De paso, aclaro que nunca ha estado en nuestra intención presentar indicaciones para buscar el rechazo del proyecto. Pero tampoco consideramos que sea bueno estudiarlo “a tontas y a locas”, sino analizar las cosas en su mérito. Sería muy bueno tratarlo en una sesión o, a lo más, en dos. Lo único que pido es que no nos apremien, porque se trata de una iniciativa sumamente importante. Queremos que de la Cámara salga un proyecto bien hecho, de manera que si el Senado introduce algunas modificaciones, sean menores. Si despachamos un proyecto mal hecho, el Senado introducirá tantas modificaciones que, al final, lo más probable es que se termine su tramitación en una comisión mixta, lo que significará demorar mucho más tiempo. Por lo tanto, es necesario hacer bien nuestra tarea. Por eso, como miembro de la Comisión de Defensa, pido paciencia. Haremos todos los esfuerzos posibles para que salga un buen proyecto y lo antes posible. Deseaba referirme a una serie de aspectos del proyecto. Sin embargo, diputados que me antecedieron en el uso de la palabra explicaron bien en qué consiste su articulado, y el diputado señor Cardemil dio a conocer el tenor de algunas indicaciones que presentamos. Por lo tanto, me abstengo de hacer mayores comentarios, a fin de dar más tiempo a otros diputados que deseen intervenir. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, no soy integrante de la Comisión de Defensa, pero, en mi calidad de diputado, tengo claridad sobre mi responsabilidad de aportar al desarrollo integral del país, a la profundización de la democracia, a la creación de instituciones fuertes y modernas que respondan al estado de derecho que queremos construir y buscamos consolidar. El proyecto, originado en mensaje, apunta a otorgar al Ministerio de Defensa Nacional una organización y un funcionamiento eficientes y democráticos, acorde a los tiempos que vivimos. En la discusión de los diferentes proyectos que conoce la Sala se ponen en juego nuestras visiones de la realidad, algunas más democráticas que otras. A mi juicio, es precipitado, por decir lo menos, plantear que el proyecto es malo, por ejemplo, debido a la inclusión del concepto de “conducción estratégica”. Tengo mis aprensiones respecto de las indicaciones presentadas por diputados de la UDI. A veces, hace mal tanta creatividad no basada en la fuente verdadera de la belleza para crear, sino en el miedo a la democracia real que si se necesita construir. Al final, eso no es creatividad, sino un intento por entorpecer el proceso modernizador. En el debate llevado a cabo queda claro que, aunque se diga lo contrario, las razones para oponerse a la urgencia del proyecto responden a no querer avanzar en la sistematización adecuada de nuestra defensa nacional. En esta materia existe una contradicción entre el discurso y la acción parlamentaria. Antes de que el Ejecutivo califique con determinada urgencia un proyecto, éste se discute y se toma en cuenta el parecer de todos los actores que inciden en forma relevante en la materia. Es más, todos los proyectos de origen en mensaje se presentan con una alta calidad técnica y política. Sin embargo, la intolerancia de un grupo político que representa legítimamente sus intereses -me refiero a la UDI, pero también a otros partidos- lleva a que la mayoría de las veces utilice las indicaciones para testimoniar su desacuerdo más que para mejorar algún aspecto formal del proyecto. Quiero llamar la atención sobre el concepto de política testimonial, en boga en los medios de comunicación y en la opinión pública en general. El testimonio se desvincula de su sentido más valioso y se convierte en oposición a algo, aquí o a través de los medios de comunicación. Éste no cuenta con reconocimiento social, pues estamos en crisis. Desde esa perspectiva, el tema es preocupante. En nuestra condición de políticos, debemos testimoniar y actuar en forma integral. Eso no sucede y por eso nos desencantamos. Para reencantarme -vuelvo al proyecto en discusión-, voy a dar testimonio de mi mirada. Las modificaciones planteadas apuntan a mejorar la institucionalidad del Ministerio de Defensa Nacional. Por eso, anuncio que votaré a favor el proyecto. Asimismo, anticipo que entregaré mi apoyo a todas las políticas públicas que actualicen la legislación para permitir que en los funcionarios que trabajan en la defensa nacional cuenten con una estructura adecuada para capacitarse y adaptarse a las exigencias de nuestros tiempos en esa materia. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini El señor LORENZINI.- Señor Presidente, ¡qué suerte tiene el ministro Goñi! ¡Ojalá consiga convertir este proyecto en ley de la República! Como me enteré de que quiere ser parlamentario, tiene tiempo hasta noviembre para lograrlo. Las grandes reformas de la Concertación siempre han requerido de la participación de, al menos, dos ministros. En el Auge, Artaza y García; en la reforma previsional, estrenada ayer, Andrade y Velasco; pero en ésta, que es más que una reforma, sólo ha estado el ministro Goñi. ¡Le pertenece a usted solito! Me encanta que el ministro quitara la suma urgencia al proyecto. En algún momento pensé que lo calificaría de discusión inmediata. ¡El Gobierno coloca urgencia a proyectos que no interesan a la ciudadanía, y dilata los que son importantes para la gente, como éste, que democratiza las Fuerzas Armadas! Eso es un error. Está bien transar, pero no respecto de proyectos básicos. ¿Quién garantiza la soberanía, la paz, la defensa, la integridad territorial? El Estado. Y si es así, entonces no estamos hablando de política sectorial, sino de política pública. En ese contexto, el ministro requiere liderar una cartera con una necesaria cantidad de recursos, infraestructura e institucionalidad, además de toda la regulación que la potencie. Nos acompaña el general Fabri. ¡Las Fuerzas Armadas están de acuerdo con esto! Es decir, como nunca estamos integrando al país en un tema que no es exactamente una reforma. Según el diccionario, reformar es sinónimo de modificar y perfeccionar. ¡Aquí el ministro no está modificando ni cambiando nada! ¡Aquí no hay perfeccionamientos ni mejoras! Lo que se está haciendo es transformar la institucionalidad militar, que es distinto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que transformar es “crear algo diferente”. Eso es lo que estamos haciendo: instaurar algo nunca hecho en la historia del país. Algo similar sucede con la reforma tributaria, pendiente hace treinta años. Repito, esta transformación está encabezada por el ministro Goñi, a quien no le puede temblar la mano. Es evidente que esta política pública necesita concretarse en el más breve tiempo posible. Muchos ministros, por dejar contentos a todos, buscan caminos sinuosos. Porque no es esto lo que importa, sino lo que vendrá después, es decir, el proyecto que pone término a la ley reservada del cobre, que anunció Vivianne Blanlot hace dos años durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. Dicha iniciativa nunca se presentó a tramitación, de lo cual en su oportunidad dejé constancia en el boletín de Sesiones. Lo mismo prometió Jaime Ravinet y tampoco llegó. El año pasado recordé esta situación al ministro en la Comisión de Defensa. Incluso más, dije que esperaba que en octubre o noviembre, durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, se hubiera presentado, a fin de terminar con esa legislación que involucra la plata de todos los chilenos. Las instituciones militares, como muchas otras, dependen del Estado. Éste deja en manos del Congreso Nacional, órgano soberano y representativo de la gente, el estudio del presupuesto, la distribución de recursos y las inversiones. No puede volver a ocurrir que algún determinado presupuesto no sea discutido por los parlamentarios. Sin embargo, para que ello ocurra -lo señaló la diputada señora Allende- es necesario aprobar primero este proyecto. Por eso, es necesario sancionar esta iniciativa lo más rápido posible. De otro modo, otra vez llegaremos a octubre y noviembre con la ley reservada del cobre vigente, y unos cuantos iluminados, no el Congreso Nacional, que representa a la ciudadanía, decidirán lo que se hace con los 7 mil, 8 mil o 10 mil millones de dólares que provienen de esa ley. No me gustó que se declarara secreta la sesión. Puedo entender que una parte pequeña de ella se desarrolle de esa forma. Pero, ¿cuándo vamos a discutir los temas militares de cara a la gente? ¡Hubo que sacar a las personas de las tribunas! ¡Pero si es un tema como cualquier otro! ¡Si hasta los gastos reservados hoy los conoce el contralor y, de alguna manera, la ciudadanía! No obstante, el proyecto constituye un gran avance y el ministro tiene las cosas claras. El diputado señor Ulloa -lo digo con mucho respeto- señaló que debemos estudiar las plantas funcionarias. Así las cosas, quien habla podría sugerir a algún chofer o el diputado señor Ortiz, a algún determinado administrativo. ¡Qué tiene que ver el Congreso Nacional con la determinación de las plantas! Se trata de un asunto administrativo que debe fijarse donde corresponde, con los requisitos normales de la administración del Estado y militar. Ello no puede ser excusa -lo digo con mucho respeto- para atrasar la tramitación de la iniciativa. Debemos concluir el estudio de este proyecto macro y avanzar en los temas que nos interesan, en particular en la derogación de la ley reservada del cobre. ¡Empecemos a ver la minería de otra manera! ¿Por qué debemos traspasar automáticamente esas platas? Alguien podría preguntar qué seguridad existe de que el Gobierno, a través de su presentación presupuestaria, y el Congreso Nacional, aprobarán los recursos necesarios para financiar a las Fuerzas Armadas. ¡Por favor! ¿Acaso los parlamentarios somos tontos o irresponsables? ¡Es evidente que estamos preocupados de la soberanía nacional, que llevaremos a cabo las discusiones presupuestarias que correspondan y que entregaremos los recursos necesarios a las Fuerzas Armadas en los plazos señalados! Sin embargo, para ello es necesario debatir, cuestión que nunca se ha hecho respecto de esa materia. Señor Presidente, por su intermedio, pido al ministro Goñi que se tome las cosas con calma, pero no con demasiada calma. Usted quiere pasar a la historia con este proyecto y tiene la oportunidad de hacerlo solito. Algún día se hablará del ministro que cambió la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Suena fuerte, pero usted sabrá hacerlo. Ha demostrado su capacidad como embajador en Italia, país difícil, y en México, país complicado, y ahora llevando adelante este proyecto. Sé que al ministro -por eso es necesario despachar luego este proyecto- le gustaría en el futuro ser miembro del Congreso Nacional. Sin duda, sería un gran parlamentario. ¡Pruebe como le va en el camino y converse con la Presidenta! Ella me ha dicho que espera que durante su Gobierno se hagan realidad este proyecto y el que deroga la ley reservada del cobre. Eso depende del señor ministro. Tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Una prueba es que se encuentra presente el general Fabri. Integré la subcomisión mixta de Presupuestos encargada de estudiar el presupuesto del Ministerio de Defensa. Todos entienden que hay que llevar adelante este cambio. Por eso, no comprendo las dilaciones que imponen ciertos parlamentarios sobre una materia consensuada con sus principales interesados. ¿Y a la ciudadanía? Claridad, pues. Así como estamos llegando a la conscripción militar voluntaria, al aumento del sueldo de los conscriptos y al otorgamiento de posibilidades para estudiar, hay que abrirse a la ciudadanía. ¡Miren el cariño demostrado al general Bernales! ¿Por qué? Porque fue un general en terreno, un general de la gente. Las Fuerzas Armadas son parte del país, pero deben estar sometidas a los mismos procesos de control presupuestario y de fiscalización. En el país no existen áreas a las cuales el Congreso Nacional, que es soberano, no llegue. Muchas veces, los parlamentarios dejan de lado sus atribuciones porque se asustan. No los entiendo porque para eso nos elige la gente. Si no fiscalizamos nosotros, ¿quién lo hará? He votado muchas veces junto con la UDI actos de fiscalización. Ahora, a dicha colectividad política le ha tocado vivir esa situación. Al respecto, escuché al diputado Álvarez decir que hay que fiscalizar, aunque los investigados sean del mismo sector. ¡Cuando hay errores, se fiscalizan! Eso hace la Cámara. Entonces, conversen. El diputado Urrutia -me quedo con su palabra, porque es serio- dijo que no quieren demorar. Pidió un poquito más de tiempo para formular las indicaciones. Espero que no ocurra que para el 18 de septiembre estemos celebrando los desfiles de las Fuerzas Armadas, pero este proyecto se encuentra caminando un tránsito quizá a donde. Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro que el Senado no es lo mismo que la Cámara. Allá tendrá más problemas. Los diputados somos más francos, como el colega René Manuel García, por ejemplo, que habla claro y dice lo que siente. En el Senado no es así. Allí, la tramitación de la iniciativa demorará. Con todo respeto, vamos a plantear un desafío a la Presidenta de la República. Si el proyecto se convierte en ley antes de noviembre y antes de esa fecha se presenta a tramitación el proyecto que deroga la ley reservada del cobre para avanzar en el financiamiento de las Fuerzas Armadas, ella podrá decir: “Ministro, usted puede ser un gran parlamentario”. Pero, si no ocurre así, lo más probable que siga en su cargo. Ahí nos hace más falta. Con eso libero a algunos camaradas que se estaban poniendo nerviosos ante la eventualidad de que el señor ministro se presente como candidato. Deseo felicitar al señor ministro, porque lo que no pudieron otros ministros de Defensa, pese a contar con mucha capacidad y fortaleza, él lo está consiguiendo con un estilo diferente. Asimismo, lo llamo a no dejarse intimidar. Este cambio institucional es un prerrequisito, un paso. Pero el verdadero se logrará con una distribución que, desde el punto de vista financiero, sea razonable, serio y responsable para nuestras Fuerzas Armadas. Podríamos, entonces, entrar a atacar a las mineras, desde Codelco hacia abajo, empresas que son verdaderas cajas negras. En la medida en que las liberemos de esta obligación, podremos entrar a conversar con ellas. Entiendo que no pagan impuestos específicos a los combustibles. Los chilenos, sí. ¿Acaso las mineras tienen un estatuto especial? Si hoy nos atrevemos con las Fuerzas Armadas -ellas están de acuerdo-, mañana también lo haremos con las mineras, que son las empresas más poderosas del país. ¡Suerte, ministro! Espero que antes de diciembre se despache este proyecto y se presente a tramitación la otra iniciativa a que me referí. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sólo hablaré brevemente sobre algunas materias del proyecto, respecto de las cuales espero tener oportunidad de hacer más comentarios cuando nos aboquemos a la discusión en particular. En primer lugar, hay que insistir en que el texto de este proyecto ha sido largamente discutido. De hecho, en sus aspectos esenciales, cambió radicalmente en relación al primer texto que se conoció en la Comisión de Defensa. En el debate han tenido una activa participación el ministro José Goñi, los diputados Fuentealba y Hales -ambos ex presidentes de la Comisión-, y los colegas Encina, Cardemil, Pérez, la diputada Cristi, los diputados Urrutia, Norambuena, Bauer y Ulloa. Insisto en que la iniciativa ha sido largamente debatida y que su texto cambió esencialmente en relación con el presentado hace casi dos años por la ministra Blanlot. Nos parece que, en líneas generales, es un muy buen proyecto porque, al fin dota a un ministerio tan relevante desde el punto de vista histórico para el país, de una institucionalidad completa, seria, responsable y nueva, y con un sistema de subsecretarías propio que será bastante complejo. Cada vez más, esa institucionalidad deberá enfrentarse a nuevos desafíos y a cualquier texto normativo posterior. Incluso, entre las experiencias que dieron a conocer algunos diputados, no se mencionó, por ejemplo, la activa participación de Chile en misiones internacionales. Eso volverá a plantearse en el futuro. No me cabe la menor duda de que el Congreso Nacional deberá debatir un sistema de autorizaciones para la presencia de nuestras fuerzas en el extranjero, porque el modelo que sirvió de base para la dictación de la Constitución es totalmente diferente. Reitero una vez más que es un buen proyecto de ley y merece nuestro apoyo en la votación general. Al respecto, se conversó ampliamente. La conducción del diputado Fuentealba, entonces presidente de la Comisión, dio amplios espacios para su completa discusión y para la presentación de sugerencias, ideas e indicaciones. Por consiguiente, me parece que es un gran avance desde el punto de vista de la institucionalidad de nuestra defensa. Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro que, sin duda, hay materias particulares por debatir. Siguen pendientes algunas situaciones relacionadas con la planta, algún grado un poco mayor de preocupación sobre definiciones constitucionales o, al menos, sobre quórum de votación, y, finalmente, sobre algunos conceptos que delinea el proyecto de ley, como el relacionado con el conductor estratégico. Más que la función en sí, más que las atribuciones que le estamos entregando, preocupa la existencia o no de ese concepto en nuestra legislación. Por eso, sin perjuicio de que quede pendiente la discusión en particular -entiendo que las indicaciones se discutirán la próxima semana en la Comisión de Defensa, y ojalá con prontitud en la Sala-, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, durante los últimos días de marzo de este año se dio inicio a la discusión de este proyecto de ley en la Sala. El diputado Renán Fuentealba rindió el informe de la Comisión de Defensa y, quien habla, el de la de Hacienda. En forma especial, deseo dar a conocer mi posición respecto de dos artículos que llevaron a algunos distinguidos colegas parlamentarios a solicitar que hoy se vote sólo en general el proyecto, de manera que vuelva a la Comisión de Defensa. Se trata, en primer lugar, del artículo 6º transitorio, que faculta “a la Presidenta de la República para fijar las plantas y escalafones de personal de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley suscritos por el ministro de Defensa Nacional y el ministro de Hacienda. Por esta delegación de facultades no podrá alterarse las normas de personal de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones”. El diputado Enrique Jaramillo, integrante de la Comisión de Hacienda, me recordó que, en marzo, cuando sostuvimos esa discusión en dicha Comisión, se estudiaron los eventuales costos. Eso también lo expresó el diputado Carlos Montes. En esa oportunidad, Julio Valladares, subdirector de Presupuestos, manifestó que no existe aumento de costos. Por eso, no hay informe financiero de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en esa discusión quedó absolutamente claro que la facultad que se entrega a la Presidenta de la República, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, es primordial. De lo contrario, la mesa tendrá una pata coja, porque, en la práctica, no existirá posibilidad alguna de concretar este gran proyecto. En ese debate se explicitó claramente que esa facultad se va a sujetar a las siguientes disposiciones: a) No podrá significar un incremento de la suma del gasto en personal consultado por la ley de Presupuestos del año de entrada en vigencia de esta ley para las subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación y la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional. b) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerada como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado o encasillado, y c) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado o encasillado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Los funcionarios traspasados o encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Lo anterior se consagra en el artículo 6º transitorio. Por lo tanto, los 16 diputados democratacristianos, tal como lo señalaron los señores Fuentealba, Burgos y Lorenzini, anunciamos nuestro voto favorable en general y particular al proyecto. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, para el Comité del Partido Radical Social Demócrata es muy interesante la nueva institucionalidad que se propone para el Ministerio de Defensa Nacional, sobre todo por la visión de Estado con que se aborda el área de la defensa. Sin embargo, algunos aspectos merecen algunos comentarios. En primer lugar, el nuevo Estado Mayor Conjunto, que sucede al actual Estado Mayor de la Defensa Nacional, importa un elemento de poder bastante interesante en nuestra organización de Estado. Por lo tanto, los lineamientos y criterios que conformen esa jefatura deben necesariamente estar muy acotados, sobre todo por lo delicado de las funciones que se traspasan a esa nueva figura, toda vez que en el Estado Mayor Conjunto recaerá lo que doctrinariamente ha sido denominado como lo político-estratégico, que antes caía dentro de la esfera de competencias del Estado Mayor de la Defensa Nacional. La discusión deberá darse en ese sentido, de manera de definir y delimitar claramente las atribuciones del jefe del estado mayor conjunto. Lo mismo respecto de la potestad del Presidente de la República, aspecto que considero vital, ya que puede nombrar al jefe del estado mayor conjunto. Sin embargo, el proyecto nada dice respecto de su posibilidad de removerlo durante los cuatro años que durará en el cargo. Llama la atención que el Presidente de la República no tenga la facultad -espero que me corrijan si es que estoy equivocado- de remover a quien ejercerá durante cuatro años un cargo tan vital para el desarrollo de la política y la estrategia nacional, sobre todo en tiempos de conflictos y crisis. Por lo tanto, será necesario analizar esa materia durante el segundo trámite reglamentario del proyecto. En segundo lugar, está el tema del financiamiento. En reiteradas oportunidades, hemos dicho que el financiamiento de la defensa nacional no puede seguir sustentándose en una ley anacrónica y que nos está provocando problemas. En mi opinión, no es democrático que el 10 por ciento de los recursos del cobre se destine a financiar a las Fuerzas Armadas sin la discusión previa que debe tener lugar en la instancia democrática que, por definición, es el Congreso Nacional. En un Estado democrático debe terminarse con esa prédica. Este es el momento de hacerlo. En efecto, cuando analizamos cambios fundamentales al interior del Ministerio de Defensa, es la oportunidad propicia para hincarle el diente a ese asunto y buscar algún sistema que asegure el financiamiento de las Fuerzas Armadas, como corresponde a un país desarrollado y democrático. El país no puede estar ajeno al financiamiento de la defensa nacional y para ello debe modernizar a sus Fuerzas Armadas. Pero tampoco puede vivir atado de manos sin poder destinar recursos que provienen de las ventas de cobre para resolver la falta de presupuesto que afecta a otros sectores que requieren desarrollo. Por eso, deseo que esta materia se incorpore en la discusión particular del proyecto. En tercer lugar, deseo despejar una inquietud de política nacional. El Ministerio de Bienes Nacionales cautela, en general, todos los bienes de la estructura del Estado. Tal es así que tiene el control superior sobre los bienes del Congreso Nacional. El recinto donde los legisladores desarrollamos nuestra labor no es patrimonio de este Poder del Estado. Por eso, no entiendo por qué dicho ministerio traspasa al de Defensa todos los bienes inmuebles que éste hoy ocupa. Creo que la razón es muy sencilla: porque el Ejército, la Marina y la Aviación utilizan los bienes inmuebles para su propio financiamiento. Las distintas ramas de las Fuerzas Armadas venden sus terrenos, porque no son propiedad del Estado. Me llama la atención que la Armada, el Ejército y la Aviación utilicen recursos, en este caso bienes físicos de todos los chilenos, para incrementar sus patrimonios y sus acciones. Es otro tema importante que deberá contar con una mirada distinta. Por último, pienso que es la oportunidad para que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones pasen a depender del Ministerio de Interior y no sigan al amparo del de Defensa, como lo consigna el artículo 1º transitorio. Diría que es un anhelo de la mayoría de los parlamentarios. Con todo, vamos a votar favorablemente la idea de legislar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Defensa Nacional, señor José Goñi. El señor GOÑI (ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, deseo cerrar este debate con algunos breves comentarios a las opiniones vertidas en la Sala. Una serie de temas vinculados a materias de defensa se están trabajando en otros escenarios para complementar el proceso de modernización de la defensa nacional. Pero hoy estamos concentrados en la modernización de la estructura fundamental del Ministerio de Defensa. Respecto de otras materias, como la ley reservada del cobre, la reforma de la justicia militar, el nuevo concepto de carrera militar, oportunamente haremos llegar al Congreso Nacional los correspondientes proyectos de ley. En cuanto al traspaso de Carabineros y de la Policía de Investigaciones al Ministerio del Interior, el proyecto se encuentra en el Senado y esperamos que avance en su tramitación. En relación con el proyecto en estudio, compartimos la preocupación del diputado Cardemil sobre las dudas en materia constitucional. Por lo tanto, con muchos gusto estamos dispuestos a sentarnos a trabajar de inmediato sobre ellas al término de la sesión, ya sea con él o con los diputados que se designen, con el objeto de salvar cualquier duda que pueda existir respecto de las facultades que se otorgarán al Presidente de la República. En ese sentido, estamos absolutamente de acuerdo en que no puede quedar ninguna duda por error u omisión del texto. Respecto de las observaciones del diputado Burgos en relación con el artículo 18, referente a las industrias de la defensa, aclaro que dicha norma se refiere a la vinculación que el ministro de Defensa tendrá con dichas industrias. No se mete para nada en lo dispuesto en otra iniciativa que, según entiendo, ingresó a tramitación a la Cámara referente a los gobiernos corporativos, en la que corresponde tratar ese tema. Al respecto, anuncio que participamos absolutamente de la idea de incorporar y profesionalizar los consejos de esas empresas, materia en la que, estimo, también existe coincidencia. También se mencionó el artículo 35, que preceptúa que el Ministerio de Bienes Nacionales destinará al Ministerio de Defensa Nacional los bienes inmuebles asignados a las subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación; al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional. Es decir, se refiere sólo a los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa y no a bienes inmuebles que no sean de ese ministerio o de las instituciones de la Defensa Nacional. Es una materia que se puede aclarar de manera muy fácil a los diputados que tienen esa inquietud. Respecto de la planta, materia a la que se refirió el diputado Ulloa, quiero que quede claro que se desea una planta que esté en sintonía con el concepto de modernidad que se plantea en la nueva estructura del ministerio o con la creación de este nuevo ministerio, como señaló el señor diputado. En efecto, se busca una planta que no nos amarre, sino que permita hacer converger las capacidades que necesariamente tenemos que utilizar y saber aprovechar del mundo de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro, y de los civiles que trabajan o se incorporarán en el futuro a la planta de profesionales o, en general, a la defensa. Esos tres orígenes son fundamentales para aprovechar las capacidades nacionales en esas materias. Reitero, no existe la posibilidad de desaprovechar los mejores recursos humanos, estén donde estuvieren. Por lo tanto, no nos autoimpongamos limitaciones para constituir esa planta. Tendremos oportunidad de profundizar sobre la materia con los diputados miembros de la comisión técnica durante el segundo trámite reglamentario. Deseo aclarar al diputado Robles que el artículo 27 plantea expresamente la facultad del Presidente de la República para llamar a retiro al jefe del estado mayor conjunto, de acuerdo con los mismos criterios aprobados en la reforma constitucional de 2005 en relación con los comandantes en jefe de las instituciones de la defensa. Finalmente, quiero hacer mío el planteamiento del diputado Ortiz sobre la necesidad de resolver lo antes posible las dudas que puedan existir en la fase final de la discusión del proyecto. La iniciativa se ha debatido largamente, y en su texto se incorporó gran parte de los muy buenos aportes de los diputados, particularmente en estos últimos meses. Reitero que es necesario despachar la iniciativa a la brevedad. En ese sentido y sabiendo que el ánimo de los diputados no es postergar en forma indefinida su discusión, sino buscar su perfeccionamiento, hago un llamado a acercar las posiciones en los próximos días. El ministerio sigue abierto a salvar las dudas que puedan existir en relación con el proyecto, de manera que, ojalá, como expresó el diputado Ortiz, la Comisión pueda despacharlo en su sesión ordinaria del próximo martes, y la Sala, el próximo miércoles. Ojalá la iniciativa cuente con la aprobación unánime de esta Corporación de acuerdo con el espíritu que prevaleció para retirar hoy la calificación de “suma” urgencia y el hecho de que se trata de un tema de Estado. Con mucho optimismo, enfrentamos la siguiente fase para despachar el proyecto, lo que, reitero, esperamos se produzca durante la próxima semana. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto, con excepción de los artículos 4º, 6º, 7º, 10, 11, 16, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 permanentes, para cuya aprobación se requiere quórum de ley orgánica constitucional, y del inciso segundo del artículo 3º transitorio, que versa sobre materias propias de ley de quórum calificado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor BUSTOS (Presidente).- En votación general los artículos 4º, 6º, 7º, 10, 11, 16, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 permanentes, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados, y el inciso segundo del artículo 3º transitorio, que necesita el voto afirmativo de 60 diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor BUSTOS (Presidente).- Por lo tanto, el proyecto vuelve a la comisión respectiva para segundo informe. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo 1º 1.- Del Diputado señor Arenas, para eliminar para la frase final del inciso quinto y los incisos sexto y séptimo. 2.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas, para eliminar la frase final del inciso quinto y el sexto. 3.- De los Diputados señores Arenas y Cardemil para eliminar el inciso séptimo. 4.- De los Diputados señores Arenas y Cardemil para reemplazar en el inciso séptimo la expresión “Conductor Estratégico” por la de “Jefe de teatro de operaciones”. Artículo 5º 5.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazar en sus letras a), e) y g), la palabra “Elevar” por la siguiente: “Proponer”. 6.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazar en su letra a), la expresión “primaria” por “estratégica”. 7.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazar en su letra b), la voz “secundaria” por la expresión “del uso de las Fuerzas Armadas”. Artículo 9º 8.- Del Diputado señor Arenas para eliminar la frase “y con el Jefe del Estado Mayor Conjunto”. Artículo 10 9.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazar en su letra a) la expresión “primaria y secundaria” por “estratégica y del uso de las fuerzas”. Artículo 11 10.- Del Diputado señor Arenas para eliminar la frase “y por el Jefe del Estado Mayor Conjunto” y reemplazar la palabra “Subjefe” por “Jefe”. Artículo 16 11.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para eliminar la expresión “a lo menos”. Y otra del Diputado señor Arenas con el mismo fin. Artículo 18 12.- De los Diputados señores Burgos y Montes para suprimir el artículo. Artículo 23 13.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para eliminar la expresión “a lo menos”. Artículo 26 14.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazar en su letra b) la expresión “secundaria” por “del uso de las Fuerzas Armadas”. Artículo 27 15.- Del Diputado señor Arenas para reemplazar su inciso segundo por el siguiente: “El cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto lo desempeñará un Oficial General de las Fuerzas Armadas, especialista en Estado Mayor, designado por el Presidente de la República entre el conjunto de los que tengan el grado de General de División, Vicealmirante o General de Aviación. El Jefe del Estado Mayor Conjunto dependerá directamente del Ministro, será su asesor directo en el desarrollo y empleo conjunto de la fuerza, durará cuatro años en el cargo y no podrá ser nombrado para un nuevo período.”. Artículo 32 16.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazarlo por el siguiente: “Artículo 32.- Las jefaturas de las Divisiones en el Ministerio serán proveídas mediante el sistema de Alta Dirección Pública.”. Artículo 34 17.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazar en su inciso segundo la fase “se entenderán también transferidas a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas” por “se entenderán transferidas a la Subsecretaría de Pesca”. Artículo 35 18.- De los Diputados señores Burgos y Montes para suprimir el artículo. Artículo 2º transitorio 19.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para reemplazarlo por el siguiente: “Artículo 2º.- Mediante decreto con fuerza de ley, que deberá ser dictado en un plazo no superior a un año desde la publicación de la presente ley, el Presidente de la República fijará las normas administrativas necesarias para el funcionamiento del Ministerio y para la adecuada ejecución de las funciones que les son encomendadas en esta.”. Artículo 6º transitorio 20.- De los Diputados señores Cardemil, Bauer, Ulloa, Urrutia y Vargas para eliminarlo”. VI. PROYECTOS DE ACUERDO REBAJA DE VALOR DE LICENCIA DE PESCA RECREATIVA Y AMPLIACIÓN DE EDAD PARA EXENCIÓN DE DICHO PAGO. (Votación). El señor CERONI (Vicepresidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 589. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Bertolino Rendic Mario; Egaña Respaldiza Andrés; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Girardi Briere Guido; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Díaz Nicolás; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Latorre Carmona Juan Carlos; Melero Abaroa Patricio; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. -Se abstuvieron los diputados señores: Lobos Krause Juan; Rojas Molina Manuel. ESTABLECIMIENTO DE PLAZO PARA PAGO DE LICENCIA MÉDICA. El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 590. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 590, de los diputados señores Robles, Lobos, Monsalve, Girardi, Jarpa, Aedo, Palma, Masferrer y Rojas, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de las facultades privativas que le reconocen la Constitución Política de la República y las leyes, considere la posibilidad de agregar al artículo 28, del decreto supremo Nº 3, del Ministerio de Salud -publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 1984-, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por los servicios de salud e instituciones de salud previsional, el siguiente inciso final: “En todo caso, y de manera indistinta, el pago de subsidios o remuneraciones a que dé origen la autorización de una licencia médica deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los quince días siguientes a la procedencia de ésta, devengándose un interés equivalente al 3 por ciento del sueldo mínimo anual, por cada día de atraso en el pago. Dicho interés será de cargo del empleador o cualesquiera de las instituciones mencionadas en los incisos anteriores, según corresponda al caso”. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, la licencia médica es parte del tratamiento médico. Su objetivo es que la persona tenga el reposo suficiente para recuperar su salud. En cualquier acto médico, los remedios y el reposo son parte del tratamiento. La ley estipula que la persona que recibe una licencia médica tiene un plazo de dos días para presentarla ante su empleador, en el caso de estar afiliado a una isapre, y de tres días, si pertenece al Fonasa. A su vez, el empleador tiene un plazo de tres días para remitirla a la isapre respectiva o, en el caso de los afiliados al Fonasa, a la Compín. Posteriormente, la licencia es evaluada por la contraoloría médica de la isapre o por la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez del servicio de salud correspondiente, según sea el caso. Terminados esos trámites, la licencia puede ser autorizada, rechazada, reducida o ampliada. Sin embargo, el problema es que la ley no establece un plazo fijo para el pago de la licencia cuando es autorizada. Eso se traduce en que personas deban esperar meses para que la Compin o la isapre paguen sus licencias médicas. En el caso de personas de escasos recursos que viven de su sueldo y hacen uso de reposo para recuperar su salud, el retraso en dicho pago significa no poder hacerse cargo de costear deudas y el pago de servicios básicos, como la luz y el agua potable, en general, de desarrollar su vida en forma normal. Por lo tanto, el proyecto busca que, de una vez por todas, el Estado regule esa situación, de manera que a esas personas se les pague la licencia dentro de un plazo que no puede exceder los 15 días. Por lo tanto, pido a mis colegas votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, sólo para llamar a mis colegas a votar favorablemente el proyecto, pues es de toda justicia. Quienes somos médicos, conocemos el problema desde adentro. Sabemos que existen enfermos que, en su legítimo derecho, hacen uso de la licencia médica, pero muchas veces ven retrasado su pago incluso por más de dos o tres meses, situación que se agrava cuando sus gastos aumentan a causa de su dolencia. A eso se añade el dolor de no contar con ingresos económicos para mantener a su familia. No debemos olvidar que la mayoría de las personas que hace uso de una licencia médica son asalariadas, por lo cual dependen en forma exclusiva de sus ingresos mensuales para vivir. Es gente que, por lo general, no tiene ahorros, pero sí deudas. Por eso, el retraso del pago les dificulta, en una serie de ámbitos, la vida diaria. Por lo tanto, reitero mi llamado a los colegas a votar a favor el proyecto. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Escobar Rufatt Alvaro; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monsalve Benavides Manuel; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. REGULACIÓN DE RADIOEMISORAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN. El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 593. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 593, de los diputados Robles, Meza, Espinosa, don Marcos; Jiménez, Sule y Accorsi, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de las facultades privativas que le reconocen la Constitución Política de la República y las leyes, estime la posibilidad de hacer extensiva a las radioemisoras la regulación referente al Consejo Nacional de Televisión”. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, la Constitución Política reconoce en el Consejo Nacional de Televisión un servicio público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya composición asegura, por su configuración, la existencia del debido pluralismo y representatividad de todos los sectores de la sociedad. Dentro de las funciones del Consejo Nacional de Televisión están otorgar, renovar, modificar y poner término a las concesiones de radiodifusión televisiva, y velar por el correcto funcionamiento de ese medio de comunicación social, lo que se debe entender como la constante afirmación, a través de la respectiva programación, de la dignidad de la persona y de la familia, de los valores morales, culturales, nacionales y educacionales, y en forma especial, de la formación intelectual y espiritual de la niñez y la juventud. El Consejo Nacional de Televisión regula el derecho que tenemos todos los chilenos de ver televisión. La radiodifusión, en cambio, no es objeto de ningún tipo de regulación. En la actualidad, la radio es uno de los medios más empleados por la gente de regiones y del Gran Santiago para informar. El problema estriba en que se han constituido ciertos monopolios que empiezan a concentrar canales de radiodifusión, lo que significa que gran cantidad del espectro radial del país se encuentre en pocas manos. Por lo tanto, nos parece inadecuado mantener dicho medio al margen de la regulación del Estado, a través de un organismo plural como ese Consejo, que vele por una adecuada programación y busque su correcto funcionamiento. En consecuencia, por medio del proyecto de acuerdo se pide a la Presidenta de la República que, en uso de las facultades que le reconocen la Constitución Política y las leyes, estudie la posibilidad de hacer extensiva a las radioemisoras la regulación referente al Consejo Nacional de Televisión. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, me parece muy atendible el proyecto de acuerdo, que propone la extensión de la regulación referente al Consejo Nacional de Televisión a las radioemisoras del país. Como todos sabemos, una de las funciones que otorga al Consejo la ley que lo creó es “velar por el correcto funcionamiento” de la televisión. Sin embargo, no existe un órgano equivalente que supervigile la radiodifusión. Por otro lado, a propósito del “correcto funcionamiento”, lamento que en la Cámara -que no tiene nada que ver con las “cámaras” de televisión- se me marginara como patrocinador del proyecto de acuerdo, del cual me siento uno de sus autores, puesto que en privado sugerí la idea de presentarlo. Me alegro de que esa sugerencia se concretara en el presente proyecto de acuerdo, pero deploro la actitud de sus autores, que se tradujo en que quien habla no apareciera como uno de ellos. Lo digo con mucho cariño y fraternidad, pero también con fuerza: ¡Eso no se hace; es una falta a la ética! Apoyo el proyecto -¡cómo no hacerlo!- y felicito al diputado Robles por “su brillante idea”, por lo que invito a los colegas a votarlo favorablemente. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, al margen de las peleas personales que puedan sostener algunos colegas respecto de la autoría del proyecto de acuerdo, por diferentes razones me parece absolutamente inadecuada una iniciativa de estas características. No soy experto constitucionalista, pero me parece que es inconstitucional. Independientemente de que la radiodifusión esté agrupada en cadenas, ella es un verdadero ejemplo por la forma en que se ha desarrollado y extendido esta actividad, y por el papel que cumple en el país. Así como existen radios pequeñas en regiones, también hay cadenas muy grandes que cubren todo el país. Considero absolutamente inadecuado e inapropiado que el Estado controle el funcionamiento de las radios, como sugiere el diputado Robles en su proyecto de acuerdo, y que a un órgano tan específico como el Consejo Nacional de Televisión, que fue creado por ley para cumplir funciones muy específicas, se pretenda ahora agregar el control de la radiodifusión chilena. Finalmente, es importante considerar que la asignación de las frecuencias de las radios está a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por lo tanto, para poner al aire alguna emisora es necesario contar con las correspondientes autorizaciones legales y técnicas. En consecuencia, expreso mi rechazo al proyecto de acuerdo y llamo a mi bancada a votarlo en contra. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención. El señor CERONI (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor CERONI (Vicepresidente).- Nuevamente no se ha reunido el quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VII. INCIDENTES DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA APLICACIÓN DE BENEFICIOS DE LEY Nº 19.992. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado don Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, la ley Nº 19.992, publicada 24 de diciembre de 2004, que se conoce como “ley Valech”, establece pensiones de reparación y otorga otros beneficios a las víctimas más directamente afectadas por las violaciones a los derechos humanos y, concretamente, a los prisioneros políticos y torturados. Esta iniciativa fue dictada como consecuencia del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, y otorga, entre otros, beneficios educacionales. Al respecto, el Estado garantiza “la continuidad gratuita de los estudios sean de nivel básico, medio o superior” y, además, establece que se hará de acuerdo con las normas de enseñanza al adulto, pudiendo el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, autorizar modalidades especiales para estos casos. Para la continuación de estudios superiores en instituciones estatales o privadas reconocidas por el Estado, “tendrán derecho al pago de la matrícula y del arancel mensual”. El costo de este beneficio será de cargo del Fondo de Becas de Educación Superior del Ministerio de Educación. Estos beneficios serán traspasados a la descendencia, pero sólo si se trata de hijos o hijas. Pese a lo anterior, estos beneficios no se están otorgando como corresponde. El artículo 14 de dicha disposición legal señala: “Un reglamento expedido a través del Ministerio de Educación y que además debería ser suscrito por el ministro de Hacienda, establecerá las normas necesarias para el uso eficaz de estos beneficios, su extinción, el procedimiento de solicitud y pago de los mismos, el procedimiento para renovarlos o extenderlos en casos calificados, las condiciones de financiamiento de la continuidad de los estudios y toda otra norma necesaria para la debida aplicación de la disposición legal”. Dicho reglamento debió haberse evacuado el 2007, pero todavía no se ha dictado, aun cuando los fondos para cubrir efectivamente las necesidades de pago de estos beneficios educacionales fueron considerados en el presupuesto de 2008. En definitiva, si no hay reglamento, no hay beneficios. Por eso, es urgente que sea dictado a fin de que se puedan concretar. En todo caso, hemos tenido conocimiento de que las sumas destinadas a cada uno de los hijos son insuficientes para cubrir las verdaderas necesidades de los gastos de enseñanza, lo que confunde y perjudica a los beneficiarios de esta iniciativa legal. En consecuencia, pido que se oficie a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda con el objeto de pedirles que despachen a la brevedad posible el reglamento correspondiente para el pago de dichos beneficios y, además, se aumente la cantidad por una más razonable, ya que, en la actualidad, asciende a la suma de 1 millón 150 mil pesos para cada beneficiario. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN PROYECTO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA. Oficios. El señor OJEDA.- Señor Presidente, la ley es la ley y las prioridades que establece hay que cumplirlas. En el caso que voy a relatar es deber del Gobierno escuchar a los representantes de las comunidades indígenas respecto de una materia que ha surgido como un verdadero problema que ha causado gran polémica en mi zona. Se trata de la construcción de una central hidroeléctrica. Antes de decidir la concesión definitiva para ello, se debe oír a las comunidades indígenas. El artículo 34 de la ley Nº19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de las comunidades indígenas, establece que es obligación escuchar a las comunidades indígenas cuando se trata de materias que tienen injerencia o están relacionadas con cuestiones indígenas. Más aún, se deberá escuchar y considerar las opiniones de las organizaciones indígenas, las que deberán estar representadas en las correspondientes instancias de participación. El 30 de octubre de 2007 di a conocer en este hemiciclo la construcción de una central hidroeléctrica en el río Pilmaiquén y solicité mayor información al respecto. En la oportunidad señalé que esta represa contempla un embalse de, aproximadamente, 12,5 kilómetros de largo, que se extenderá entre el estero Mencahue y el este del puente Trafún, con un ancho de 71,4 metros, cuyas aguas centralizadas tendrán una represa de 28 metros de altura. Señalé que una gran cantidad de terrenos quedarían bajo el agua, lo que afectaría parcialmente a 44 predios pertenecientes a 37 propietarios. Está de más señalar el evidente daño al patrimonio indígena, como lo han planteado algunos dirigentes de las respectivas comunidades, quienes han hecho oír sus voces. Las aguas inundarán espacios territoriales con una significación ritual. Aun cuando no hay templos ni monumentos, su importancia no es material, sino como mapu, es decir, tierra, espacio, como agente religioso. Son tierras indígenas de dominio ancestral, verdaderos paños con significación y contenido inmemorial. Por eso, pido que las comunidades indígenas sean escuchadas como lo exige la ley. El proyecto, que está en etapa de evaluación y estudio, tiene una concesión provisoria; es decir, aún no se ha otorgado la autorización definitiva para construir la represa, por lo que todavía estamos a tiempo. Por ello, pido que se oficie al ministro de Economía, al director de la Conadi y a la ministra presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, con copia a las autoridades de todos los organismos públicos que tengan que ver con la construcción de esta represa para que se cumpla la ley. El progreso no puede sacrificar valores ni bienes superiores, como el medio ambiente, el patrimonio ancestral de los indígenas o la misma producción agrícola. Tiene que generarse un equilibrio entre una cosa y otra para que pueda existir verdadera justicia. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. FISCALIZACIÓN DE PROGRAMA CHILE CALIFICA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, Chile Califica fue uno de los programas que más importancia tuvo en materia educacional durante el gobierno del Presidente Lagos. Chile Califica es un programa absolutamente gratuito, ya que no exige el pago de mensualidades, matrícula ni exámenes y apunta -como su nombre lo indica- a preparar y capacitar a los trabajadores para lograr una producción de calidad; en definitiva, a que cuenten con los conocimientos necesarios suficientes para enfrentar los desafíos de hoy. Por ello, el Programa Chile Califica constituye un avance sustancial que, con subsidios, posibilita la inclusión del sector privado a través de las entidades ejecutoras en materias que antes no contaban con el apoyo del Estado. Sin embargo, hemos recibido algunas quejas de operadores del sistema, las que, básicamente, pueden sintetizarse en tres: los problemas en el llamado a licitación y adjudicación de cupos por el desfase que se produce para los operadores y beneficiarios del programa; la falta de fiscalización del sistema, ya que no se sabe cuáles son las herramientas de supervisión y fiscalización que posee el Ministerio respecto del programa, y un alto nivel de deserción, 55 por ciento de los alumnos, en circunstancias de que los estudios tienen una duración menor. No hay eliminación por inasistencia ni repitencia y, a mayor abundamiento, es totalmente gratuito. Creemos que este tipo de políticas públicas no deben ser dejadas de lado. Por el contrario, deben ser alentadas y potenciadas, porque van en la dirección correcta, y fiscalizadas para su buen funcionamiento y utilización por todos los actores del sistema. Detectar las fallas de ejecución en los procesos de Chile Califica permitirá afirmar que los trabajadores y trabajadoras que acudieron a dicho programa y terminaron sus estudios lo hicieron en forma satisfactoria, con un servicio de calidad que justifica el esfuerzo económico que hace el Estado. Prevenir es mejor que curar; por eso pensamos que en la medida en que nuestra mirada se dirija en forma permanente a la marcha de las iniciativas relacionadas con educación, mejor será nuestra comprensión de los problemas que las afectan y, también, mejor será la ejecución de las políticas públicas que el Gobierno ha implementado para ese segmento de chilenos que lo necesitan. Ejercer el control y la gestión eficaz de estos programas es una acción fundamental y obligatoria del Gobierno. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación y a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que informen a la Cámara sobre los mecanismos de llamado a licitación y de adjudicación de cupos, procesos de fiscalización que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y antecedentes que existen relacionados con el nivel de deserción del programa Chile Califica. Por cierto, deben ser datos actualizados, porque tenemos otros antecedentes que solicitamos en ocasiones anteriores. He dicho. IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS BÁSICAS PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, vecinos de tres de las comunas de Caracautín, Vilcún y Melipeuco, de la Región de La Araucanía, están viviendo momentos de gran preocupación a raíz del nuevo ciclo eruptivo del volcán Llaima. En esta ocasión, quiero plantear, más bien, una reflexión sobre las lecciones que nos debe dejar el manejo de estas emergencias. El ciclo eruptivo anticipatorio del volcán Llaima y la erupción bastante intensa ocurrida en Chaitén deben generar formas de reacción distintas. Es evidente que los sistemas operativos, los comités comunales de emergencia, tanto de Curacautín como de Melipeuco y Vilcún, están mucho mejor preparados que antes para enfrentar este tipo de emergencias. No se puede desconocer el esfuerzo que han hecho organismos como la Subsecretaría de Desarrollo Regional para, en el caso de Melipeuco, dotarlo de tres albergues transitorios, uno de ellos con capacidad para cerca de mil personas. El Ministerio de Obras Públicas también hizo lo suyo: asfaltó el camino Huallirupe, que permitiría una eventual evacuación hacia Cunco. Pero, de acuerdo con lo informado por los medios y por la propia Onemi, esta emergencia está orientada, más bien, a la zona occidental, es decir, a la comuna de Vilcún y, en particular, a Cherquenco, donde hay algunos puntos que presentan gran vulnerabilidad. Me refiero al río Calbuco, donde empiezan a aparecer aspectos básicos que no están resueltos y con los que se debe contar en emergencias de esta naturaleza. Por ejemplo, no existen sistemas de alerta temprana que permitan anticiparse a eventuales crecidas de ese río, que es lo que hoy más preocupa a los poblados ribereños. Esta emergencia tiene lugar en momentos en que hay más nieve, de manera que el tiempo que tardan los aluviones en llegar a los poblados es mucho más corto que en enero. No se han adoptado medidas básicas, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. Ayer, el alcalde Patricio Villanueva, de Vilcún, me decía que existen radios para salud, bomberos, municipio y carabineros. Sin embargo, no hay un canal en el cual se puedan concentrar las transmisiones de todas esas instituciones. Por ejemplo, bomberos carece de una linterna cintillo; faltan vehículos cuatro por cuatro para carabineros y, en el caso de la comuna de Vilcún, para Bomberos. Considero que, a pesar de que se ha avanzado bastante, hay necesidades básicas, como las que he señalado, que no están cubiertas: vehículos, una ambulancia en Melipeuco y un camino asfaltado, cuya construcción fue comprometida hace varios meses, durante la erupción de enero, para evacuar a los habitantes del Escorial, del cual ni siquiera existe el diseño. La comunidad está preparada, pero es necesario que los organismos del Estado -me parece bien lo que acaba de señalar públicamente la directora de la Onemi, en cuanto a que se trata de una erupción débil- deben dar tranquilidad a la población. Debemos sacar una lección de estos procesos previos, como el de enero que acabo de mencionar, porque el temor puede invadir más fácilmente a la población, dado el episodio de Chaitén. Por eso, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de darle a conocer esta reflexión e informarle sobre estas necesidades básicas que hoy no están implementadas para enfrentar de mejor forma el problema y dar tranquilidad a la población. Es necesario considerar que los caminos interiores del parque nacional Conguillío, que permiten una evacuación rápida, están intransitables, ya que ese parque permaneció cerrado durante todo el verano, a mi juicio, en virtud de decisiones equivocadas de la Corporación Nacional Forestal. Es necesario mantenerlos. Para terminar, pido que se oficie también al ministro de Obras Públicas, a la directora nacional de la Onemi, al subsecretario de Desarrollo Regional, al intendente y a los alcaldes de las comunas afectadas por esta emergencia, Melipeuco, Vilcún y Caracautín. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan a la Mesa. RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS DE RIEGO INDIVIDUALES. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, sólo para pedir que se oficie a la ministra de Agricultura, al director nacional de la Comisión Nacional de Riego y al director nacional del Indap, con el objeto de que me informen sobre el monto de los recursos destinados a proyectos de riego, a través del programa de la Comisión Nacional de Riego; no a proyectos de embalses, sino a los individuales. Asimismo, las sumas entregadas a los pequeños agricultores, la mayoría de los cuales son clientes del Indap. En ambos casos, que me indiquen en forma separada los otorgados en 2007 y en lo que va corrido del presente año. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor De Urresti. CAUSA POR HOMICIDIOS DEL EX GENERAL CARLOS PRATS Y DE SU SEÑORA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme a lo que considero un fallo histórico. El lunes 30 de junio se dio a conocer la sentencia dictada por el ministro en visita Alejandro Solís en el juicio por los homicidios de quien fuera comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos, como se sabe, en el barrio de Palermo, Argentina, en 1974. Se condenó a cadena perpetua a varios de los involucrados, como ocurre con Manuel Contreras, por asociación ilícita para perpetrar esos asesinatos, de los más alevosos cometidos en la historia de nuestro país. Después de 35 años, el país ha podido conocer una sentencia y la voz de la justicia. Esta mañana, levanto mi voz para expresar nuestra satisfacción, puesto que por fin se ha dictado sentencia. Al mismo tiempo, quiero señalar, una vez más, que éste ha sido uno de los actos de terrorismo de mayor magnitud ejecutado en territorio extranjero y en el cual participaron, como establece la sentencia, siete militares en servicio activo y también agentes del Estado. También quiero expresar que si no hubiera sido por la persistencia de las hijas del matrimonio Prats Cuthbert, Cecilia, Angélica y Sofía; si no hubiera sido por la conducta del gobierno y la justicia argentinos, que nombró una jueza especial, jamás habríamos llegado al fallo al que me refiero. Las declaraciones de las hijas del general Prats me parecen dignas de destacar. Cecilia dijo: Creo que el país ya conoce la verdad, estamos tranquilas después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad respecto de los participantes: siete militares en servicio activo y agentes del Estado claramente determinados. También el país tiene claridad y la tenemos nosotros. Reconoció, además, que debió haber sido condenado el ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet. Al respecto, dice: lamentablemente, no fue posible debido a su muerte. “Desgraciadamente no se dio, pero el país tiene claro también que Pinochet fue parte del grupo de personas que atentaron contra nuestros padres.” A su vez, Angélica Prats elogió el trabajo realizado por el ministro Solís. También recordó el importante aporte de la justicia argentina y el de la destacada abogada de derechos humanos, Pamela Pereira. En esta oportunidad, no sólo quiero señalar la relevancia del fallo para nuestra democracia, para el estado de derecho, para la justicia y para nuestro prestigio internacional. Solicito que se envíe un reconocimiento a las hijas del general Prats y a la abogada Pamela Pereira, por su perseverante trabajo en búsqueda de la verdad. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se procederá de acuerdo con lo solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten. REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN CURQUE ALTO, ANDACOLLO. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, durante la semana pasada visité la junta de vecinos de Curque Alto, en Andacollo, con quienes ya me había reunido en varias otras ocasiones, debido a que desde los tiempos del ex presidente Lagos están solicitando regularizar los títulos de dominio respecto de propiedades de 19 familias del sector, para acceder a los beneficios que así lo requieren, entre otros, el derecho a postular a una vivienda social. Hace 18 meses sostuvimos una reunión en la misma junta de vecinos con la seremi de Bienes Nacionales y con el alcalde de esa comuna, oportunidad en que se asumió una serie de compromisos con los vecinos del sector, incluida una fecha para que los títulos de dominio estuvieran plenamente regularizados. La semana pasada pude constatar que no ha habido absolutamente ningún avance. Este problema se arrastra desde hace más de veinte años. Se trata de personas de origen modesto, de escasos recursos, que necesitan con urgencia regularizar sus títulos de dominio. Lo más grave es que aquí se refleja un total desconocimiento de los bienes nacionales de uso público disponibles en la comuna de Andacollo. En el Ministerio de Bienes Nacionales no tienen la más mínima idea de qué bienes fiscales son los bienes nacionales de uso público que están bajo su administración. No se sabe qué ocurre con los terrenos que hoy aparecen en los planos como fiscales. Es absolutamente impropio e inaceptable que un ministerio que tiene a su cargo, en nombre de todos los chilenos precisamente el resguardo de los bienes nacionales, no tenga la menor idea respecto de cuáles son los que pertenecen al Estado. Esta situación es generalizada en la comuna de Andacollo y es especialmente grave en el caso de Curque Alto, porque, insisto, afecta a vecinos que esperan una solución hace más de treinta años. Se había planteado la posibilidad de llegar a una permuta con la Minera Carmen que, eventualmente, podría ser dueña de una parte de esos terrenos; sin embargo, no se ha hecho nada al respecto. Solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, para que ordene un sumario interno y nos informe cómo es posible que Bienes Nacionales no sepa qué terrenos le pertenecen al Estado en la comuna de Andacollo y para que se determinen responsabilidades por el hecho de haberle mentido a los habitantes y vecinos del sector de Curque Alto, a quienes se les ofreció títulos de dominio regularizados en diciembre de 2007, pero eso no ha ocurrido y el plazo está vencido. Asimismo, que se oficie al contralor general de la República para que, si procede, se inicien las investigaciones y los sumarios administrativos, para que Bienes Nacionales asuma su responsabilidad, en nombre de todos los chilenos, de cautelar los bienes nacionales, y en primer lugar, determine cuáles son los que debe cuidar, ya que hoy no podría señalar con certeza cuáles son en relación con el conjunto de la comuna de Andacollo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. HOMENAJE A CAPITÁN DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALDIVIA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el 16 de junio recién pasado, en el marco de las movilizaciones de la Universidad Austral de Chile, la alumna Carolina Angulo, joven de 21 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras participaba en una marcha desde el campus Miraflores de la Universidad Austral de Chile hacia el centro de la ciudad. El paro cardiorrespiratorio la dejó tendida en el suelo, ante la impotencia y conmoción de gran parte de los estudiantes que participaban en dicha actividad. Gracias a la oportuna labor y gestión de un capitán de bomberos de la Segunda Compañía de Bomberos de Valdivia, el señor Marco Caniuñir Martínez, pudo ser reanimada, recibir los primeros auxilios y, como dijo su padre, don Francisco Angulo, salvar su vida. Se han hecho innumerables esfuerzos para que Carolina recupere la salud y hacemos votos para que continúe su recuperación. Ahora, a través de la Corporación, quiero rendir un sentido homenaje a ese voluntario de bomberos, quien, encarnando el lema de los bomberos de salvar vidas, de salvar bienes, no dudó en socorrer a esa alumna, a esa transeúnte que estaba requiriendo atención médica. Me tocó compartir con él el sábado recién pasado en la Segunda Compañía de Bomberos de Valdivia, donde se le rindió un homenaje. En esa oportunidad, le señalé que desde la Cámara de Diputados, cuya testera preside en este momento otro voluntario de bomberos, le haríamos un sentido homenaje. Marco es un bombero que estudia cuarto año de ingeniería mecánica en la Universidad Austral de Chile, que el 16 de junio pasado, como he señalado, puso su atención y su cuidado para salvar a Carolina. Nació el 16 de enero de 1980, tiene 28 años. Hijo de don Leandro Caniuñir y de doña Juana Martínez, tiene cuatro hermanos. Estudiante de ingeniería de la Universidad Austral de Chile, excelente bombero -hace más de diez años es voluntario- de la Segunda Compañía de Bomberos de Valdivia, donde se ha destacado por su gran responsabilidad, su entrega apasionada y su solidaridad con el resto de los bomberos. Por eso, desde la Cámara de Diputados quiero rendirle un sentido homenaje por su destacada actuación de auxiliar a Carolina y salvarle la vida. Asimismo, envió los saludos correspondientes, con copia de esta intervención, al propio Marco Caniuñir, al comandante de Bomberos de Valdivia, don Víctor Werskowsky Müller y al director de la Segunda Compañía, don Héctor Tito Cabezas, reiterando el homenaje y el reconocimiento a un voluntario que deja muy en alto la labor de los bomberos y, particularmente, de la gloriosa Segunda Compañía de Bomberos de Valdivia. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo soliciten. ANTECEDENTES SOBRE ACTUACIÓN DE JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO HUASCO. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Radical Social Demócrata. Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en el norte de Chile las instituciones más importantes para su desarrollo son aquellas que se relacionan con el agua. En el Valle del Huasco, esa tarea le corresponde a la Junta de Vigilancia del río Huasco. Hace pocos meses, se le entregó la administración de todos los recursos hídricos del tranque Santa Juana. Sin embargo, me llama la atención que hasta la fecha algunos temas que se conversaron en su oportunidad no se reflejen en acciones. Por ejemplo, sobre la posibilidad real de construir una central eléctrica de pasada en la bocatoma de esa importante represa. Ello significaría no sólo electricidad para la población de la provincia y de la región, sino también recursos económicos para la misma Junta de Vigilancia y las acciones que debe llevar adelante. También me preocupa cómo se están concretando proyectos muy relevantes que la Junta informó con anterioridad, en cuanto se establecerían pequeños tranques en las cabeceras de los ríos con el objeto de asegurar el agua para el valle alto, en Alto del Carmen, tanto para los sectores de San Félix como para El Tránsito. Asimismo, la posibilidad de recubrir canales y desarrollar obras de ingeniería para mejorarlos. Por ello, es muy importante que esta Junta de Vigilancia tenga la capacidad operativa y la transparencia para el desarrollo de sus acciones. Ojalá que sea el punto de reunión de pequeños y medianos agricultores, a fin de mejorar las posibilidades económicas del Valle del Huasco. Por lo expuesto, y dada la necesidad de transparencia, el retraso de algunas acciones y para saber por qué se han sucedido algunos problemas en la Junta con los directivos anteriores y los actuales, pido oficiar al ministro de Obras Públicas para que instruya al director de la Dirección General de Aguas recabar, a la mayor brevedad, un informe completo de la situación y el envío de las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, desde 2005 a la fecha. Ellas deben reflejar lo que está ocurriendo en esa Junta y entre sus directivos. Quiero saber qué está pasando al interior de la junta. En la provincia hay señales de que no hay un acuerdo unánime entre sus directores sobre la política para el desarrollo del Huasco. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ESTACIÓN DEL METRO EN PLAZA SIMÓN BOLÍVAR DE QUINTA NORMAL. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares. El señor OLIVARES.- Señor Presidente, he solicitado la palabra para pedir que se envíen oficios a la Presidenta de la República y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de poner en su conocimiento una situación que afecta a miles de vecinos de la comuna de Quinta Normal, en particular a quienes viven en las poblaciones Polígono y Simón Bolívar y en sus inmediaciones. El Metro está construyendo la Línea 5, cuyo trazado comprende desde la comuna de Maipú hasta la de Santiago. En su trayecto pasa en forma subterránea por la comuna de Quinta Normal. En su límite con la comuna de Lo Prado se planificó una estación. A continuación, la próxima se ubicará cerca de la Autopista Central. Entre una y otra estación hay una distancia aproximada de 1.600 metros, y se ha dejado sin posibilidad de un acceso próximo, cómodo y seguro a miles de personas que viven en ese perímetro. Cabe hacer notar que en ese sector hay muchos colegios y comercio establecido, entre los que se cuentan un supermercado y muchos pequeños y medianos empresarios. Todos se verán perjudicados por esta suerte de discriminación que sufrirán por la no instalación de la estación del Metro en la plaza Simón Bolívar. Como representante de la comuna de Quinta Normal, me preocupa que muchos vecinos que han sufrido con la implementación del sistema de transporte Transantiago, no tengan la posibilidad de mejorar de manera sustancial su forma y calidad de movilización. Además, de ver que el progreso pasa por la puerta de su casa y su acceso les es negado. Por lo expuesto, solicito a la Primera Mandataria y al ministro de Transportes la implementación de las medidas necesarias conducentes a reparar esa situación y disponer la instalación en la plaza Simón Bolívar de la anhelada estación, para decir junto con los vecinos: ¡Metro aquí y ahora! He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Eduardo Díaz. ACLARACIÓN Y PRECISIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE BECADOS EN EL EXTRANJERO. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, hace más de 16 meses, con el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, iniciamos una serie de fiscalizaciones. Solicitamos información sobre el cumplimiento de los distintos programas de doctorados y becas en educación superior en el extranjero. A partir de las peticiones del diputado Monckeberg, solicité al Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan, la información completa, entre 1990 y 2006, sobre todas las personas que hubiesen hecho estudios de doctorado en universidades extranjeras y los recursos que habían obtenido. Paralelamente, varias autoridades académicas, como el destacado cientista político Patricio Navia, escribían en la época sobre la necesidad de contar con ese tipo de información y saber qué estaba ocurriendo con los doctorados en el extranjero. Tenemos dudas sobre la calidad de los centros a los cuales viajan a preparar sus doctorados muchos estudiantes, programas que podrían haberse efectuado en Chile a un menor costo. Mideplan demoró más de quince meses en contestarme. Reiteré en tres ocasiones la solicitud para obtener respuesta a las inquietudes planteadas por el diputado Monckeberg, a las mías y a las de la comunidad académica, en general, entre ellas la de don Patricio Navia. La información llegó hace algunos días. La respuesta habla bien del estudiante de doctorado chileno. La inmensa mayoría obtuvo su título de doctor, después de tres, cuatro o cinco años de formación. Sólo una minoría no completó los estudios para los cuales todos los chilenos le entregamos una gran cantidad de recursos. Por otra parte, muchas personas tuvieron que posponer sus deseos de estudiar en el extranjero o buscar otra fórmula de financiamiento, por la cantidad de gente a la que se le otorgó beca para estudiar afuera. En términos generales, el balance es positivo para el país. Pero existen algunos casos que nos merecen reparo. La información enviada por Mideplan se clasifica en cuatro grupos: completó el doctorado, está estudiando, devolvió el dinero porque no cumplió con Chile o los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado. Quedaba por definir un quinto grupo, respecto del cual no había información. Curiosamente, de los 944 estudiantes, 943 aparecen en las categorías antes mencionadas, salvo uno. Su nombre: Ricardo Lagos Weber, ex ministro de este Gobierno. ¡Qué curioso! Mideplán para ese caso inventa una categoría, al decir que no obtuvo el título. No dice si devolvió el dinero. Si así hubiera sido, no aclara cuándo, o si sus antecedentes fueron pasados al Consejo de Defensa del Estado. Los estudios debieron ser completados en los primeros años de la década de los 90, cuando su padre era ministro de gobierno. Conozco gente muy preparada de las Universidades Católica y de Chile que no obtuvo beca durante esos años. Por lo tanto, pido enviar un oficio a la ministra de Mideplán para que me aclare por qué inventó esta categoría. En su respuesta dice cómo se van a clasificar a los 944 estudiantes. Sin embargo, además de esas cuatro categorías, hay una quinta, sin información. Para ese caso curioso, Mideplan informa a la Cámara de Diputados que ha inventado una categoría. Segundo, quiero saber si el señor Ricardo Lagos Weber devolvió el dinero. Aquí no vale haber trabajado en el Estado de Chile, a menos que lo hubiera hecho gratuitamente y su sueldo haya sido pagado como fianza. Todos supimos donde trabajaba, pues tenía domicilio conocido. Asimismo, me gustaría saber si se enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y cuándo se hizo aquello para exigirle que devolviera lo recibido. Tercero, en cuanto a esta rara categoría, nos dijeron que había diez personas sobre las cuales no había información. O sea, a ellas se les entregó una enorme cantidad de recursos, pero no hay información. ¿Cómo es posible? Por eso, necesito mayor claridad de Mideplan. De hecho, bastó un excelente artículo de prensa del diario La Tercera, escrito por don Patricio Navia, para que una de ellas, don Cristián Tolosa, se comunicara con nosotros para demostrar que obtuvo un destacado doctorado. Lo felicito no sólo por haber realizado estudios en psicología social, sino, además, por haber tenido la precaución y la amabilidad de enviarnos la información para demostrar que él cumplió. Pero nada sabemos del señor Lagos Weber ni por qué Mideplan cambió las características. Espero que la respuesta de la ministra de Planificación no demore quince meses o deba reiterar la petición tres veces. Lo solicitado es bastante sencillo de contestar, sobre todo ahora que el aludido quiere iniciar su candidatura senatorial por la Quinta Región. Recuerden que por todas esas personas que no cumplieron sus estudios hubo gente en Chile que, teniendo las capacidades, no pudo lograr su sueño o tuvo que posponer sus estudios. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE INGESTA DE MEDICAMENTOS POR MENORES EN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LA COMUNA DE GRANEROS. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, el 23 de junio pasado, once adolescentes del Centro de Rehabilitación Conductual, Cereco, de la comuna de Graneros, se intoxicaron con la ingesta de distintos medicamentos antidepresivos, siete de los cuales fueron llevados al Hospital de Graneros y cuatro derivados al Hospital de Rancagua en estado grave. Esa situación es tremendamente preocupante, porque no se puede entender que jóvenes que están detenidos y con problemas con la justicia tengan acceso a ese tipo de fármacos. Sin duda, los fármacos eran manejados por el Conace. Hasta hoy, no hemos podido saber si ellos robaron la llave o quedó abierta una puerta. Por lo tanto, solicito que se oficie, primero, al director del Sename para que informe sobre lo sucedido y, segundo, a la directora del Conace, para que indique cómo llegaron los medicamentos a manos de esos niños. El señor ÁLVAREZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. DEFINICIÓN DE PROYECTO DE COMUNICACIÓN VIAL ENTRE CHILE Y ARGENTINA. Oficio. El señor BAUER.- Señor Presidente, por otra parte, el miércoles 18 de junio el ministro de Obras Públicas, don Sergio Bitar, informó respecto de la “intención” de impulsar la construcción de una vía férrea subterránea entre Los Andes y Mendoza. Asimismo, indicó que tendría una longitud de 23 kilómetros, que estaría a 2.500 metros sobre el nivel del mar y que representaría una inversión aproximada de 2.500 millones de dólares. En la Sexta Región, desde 1990 hemos venido batallando y tratando de avanzar en el proyecto del corredor bioceánico Las Leñas. Siempre se manifestó que su construcción se haría más adelante y que después se realizarían las obras del ferrocarril de Los Andes. Pero, hoy el ministro aparece con una carta bajo la manga, diciendo que se construirá un túnel entre Los Andes y Mendoza. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe qué proyecto se va a construir entre Argentina y Chile: el Paso Las Leñas, como tanto se ha indicado, o este túnel subterráneo entre ambas ciudades. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO SUBMARINO EN COMUNA DE LAGO RANCO. Oficios. El señor ÁLVAREZ (Presidente accidental).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, quiero hacer presente una situación bastante preocupante que está ocurriendo en la comuna de Lago Ranco. Me refiero a la construcción de un emisario de aguas servidas no tratadas por parte de la empresa Essal, en abril de 2008. Al respecto, me hago eco de lo señalado por los representantes del Comité de Defensa de Lago Ranco y del Medio Ambiente, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Lago Ranco y del Consejo Ciudadano. Con la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas hemos tenido muy malas experiencias en nuestros lagos, particularmente en Lago Ranco. Incluso, en más de una oportunidad la subsecretaria de Marina mandó a demoler una planta elevadora de aguas servidas construida en la playa, ya que en el invierno quedaba bajo el nivel de las aguas, lo que constituía un serio riesgo para la salud de la población y el futuro turístico de la zona. Respecto del nuevo proyecto, que es un ducto de emergencia, llama la atención que, aparentemente, la empresa Essal se ampare en que el límite obligatorio de la legislación ambiental para esos proyectos es de 2.500 personas, aun cuando, como en este caso, podría afectar a 2.433. O sea, por las 67 personas faltantes no existiría la obligación de someterlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso parece realmente un chiste de mal gusto o una aberración, porque obviamente uno se podría preguntar quién determina la cantidad de población, sobre todo en comunas como Lago Ranco, donde el INE ha hecho estimaciones o proyecciones, pero no una medición certera al respecto. También habría que preguntarse qué pasa con la población flotante, la cual se triplica en verano, o con el patrimonio turístico de la zona. Existe preocupación sobre la materia, porque hasta la fecha nadie, ni la municipalidad ni los comités que he mencionados, tienen el proyecto que permitió la construcción del emisario submarino en Lago Ranco. Queremos desarrollo para dicha comuna a través de la construcción de una red de alcantarillado, pero no hipotecando el patrimonio turístico de la cuenca del Ranco. Lamentablemente, hemos tenido muy malas experiencias. Por eso, solicito que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, al superintendente de Servicios Sanitarios y a la subsecretaria de Marina, a fin de que hagan llegar los antecedentes de todas las etapas del proyecto y construcción del ducto submarino en la comuna de Lago Ranco, y se informe cuál fue el pronunciamiento de la autoridad regional respecto de la posible contaminación en esa zona; las personas que los autorizaron, las fechas de aprobación y los límites fijados por la Comisión Nacional de Medio Ambiente en las evaluaciones de impacto ambiental de este tipo de proyectos. Aunque un proyecto afecte a diez personas, es necesario tomar las medidas necesarias a fin de cautelar el patrimonio ambiental para las futuras generaciones, sobre todo en el sur del país, donde el turismo es una de las fuentes de trabajo más importantes. Agradezco la carta que me enviaran la señora Sofía Díaz Campos, presidenta del Comité de Defensa del Lago Ranco; la señora Dorama Hidalgo Alarcón, presidenta del Consejo Ciudadano, y el señor Ismael Ovando Ávila, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Lago Ranco. Se trata de organizaciones que cautelan y cuidan ese patrimonio ambiental. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES EN MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, la Municipalidad de Copiapó ha incurrido en nuevas y reiteradas irregularidades, las que han sido representadas por la Contraloría General de la República a través de oficio Nº 28.933, de 24 de junio recién pasado. En esta oportunidad, la autoridad edilicia ha involucrado en sus actos anómalos a la intendenta de la Región de Atacama, señora Viviana Ireland. En efecto, en 2007, una vez que la mencionada autoridad regional asumió funciones como intendenta de Atacama, el alcalde Marcos López dictó un decreto mediante el cual le conservaba el cargo de secretaria municipal que servía, basándose en antiguas disposiciones de la ley orgánica del Servicio de Gobierno Interior, fijada por el decreto con fuerza de ley Nº 22, de 1959. Sin embargo, tales disposiciones se encuentran derogadas tácitamente por las normas contenidas en la ley Nº 19.175, sobre Gobernación y Administración Regional, y en la ley Nº 18.883, que establece el Estatuto de Funcionarios Municipales. Ambas hacen incompatibles los cargos que se desempeñan en una municipalidad con los de gobernador e intendente, situación que el alcalde López debiera conocer perfectamente en consideración al tiempo que lleva desempeñando el cargo y a las asesorías jurídicas de que dispone. Por otra parte, cuando la señora Viviana Ireland ejercía aún como secretaria municipal de dicha corporación edilicia, cursó un magíster que habría sido financiado por la referida municipalidad, lo que también resulta improcedente, ya que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales no permite que los municipios financien este tipo de estudios, sino sólo los relacionados con capacitación y perfeccionamiento de funcionarios. Entre ellos, no se encuentran los cursos de posgrado, según lo establecido por la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 3.901, de 2007. Por lo tanto, se hace necesario que la autoridad política de quien depende la actual intendenta de la Región de Atacama analice su actuación a la luz de estas anomalías, absolutamente contrarias a las normas de probidad y transparencia, no dables de esperar de la máxima autoridad de Gobierno de la región, por lo que solicito que evalúe su desempeño en dicho cargo. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro del Interior, para los efectos señalados, con copia de esta intervención. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, con copia de su intervención. CREACIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES EN AISÉN Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, ayer di cuenta a esta Corporación de las graves irregularidades y deficiencias en el suministro de energía eléctrica en toda la región de Aisén. Por lo mismo, resulta incomprensible que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no esté a la altura de las circunstancias. La SEC, en su página web, señala que la misión de ese servicio es vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustibles en términos de seguridad, calidad y precios. Consecuentemente, su objetivo es fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad. Por ello, no puedo entender las razones por las cuales Aisén no cuenta con un director regional radicado en la zona, pues, como se sabe, este ejerce sus funciones desde Puerto Montt. Ello es incomprensible, sobre todo considerando las condiciones de aislamiento, las graves deficiencias en el suministro de energía eléctrica en toda la región y el hecho de que todo el país está conteste en que la solución al déficit energético se concretará a través de inversiones en mega centrales ubicadas en la Región de Aisén, proyecto que está en plena ejecución y que, por lo tanto, debería ser fiscalizado. Atendido lo anterior, solicito que se oficie a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que informe las razones por las cuales Aisén no cuenta con un director regional radicado en la zona, sino que en la Región de Los Lagos. No tengo nada personal en contra del señor Manuel Cartagena. Sin embargo, solicito que se nos informe respecto de si las remuneraciones del director regional contemplan asignación de zona, situación que se justificaría sólo en caso de que viviera en Aisén. De ser cierto, se trataría de una situación grave, pues las visitas del señor director regional a la zona son absolutamente esporádicas. La región reclama la necesidad de contar con un director regional que fiscalice a los distintos servicios que no son del todo eficientes, tal como lo señalé ayer respecto de la Empresa Eléctrica de Aisén. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, con copia de su intervención. ANTECEDENTES SOBRE DEMOLICIÓN DE DEPARTAMENTOS EN VILLA EL VOLCÁN SAN JOSÉ, EN PUENTE ALTO. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, como es sabido, en Puente Alto se construyeron algunas de las famosas casas Copeva, que tantos dolores de cabeza han causado no sólo a los puentealtinos, sino que también a todo el país, pues el propio Serviu y el Gobierno se han visto involucrados en numerosos problemas a raíz de la mala calidad de su construcción. El Serviu invirtió mucho dinero en reparar esos departamentos; sin embargo, la ministra de Vivienda, señora Patricia Poblete, finalmente ha señalado que deberán ser demolidos. No se sabe cuántos departamentos de la Villa El Volcán San José, de Puente Alto, correrán esa suerte. Entre paréntesis, lamento que las villas, estaciones ferroviarias y otras construcciones, que pertenecen a los programas especiales para trabajadores, llamados PET, queden excluidos del beneficio que se va a otorgar a aquellos que adquirieron sus viviendas directamente del Serviu. Digo esto porque, al final, tanto los que ocupan una vivienda obtenida mediante los programas PET como aquellos que la adquirieron a través del Serviu, han contado con dineros del Estado entregados a través de un subsidio. Si bien en los programas PET las compraron directamente de la empresa constructora y en el caso del Serviu, el contrato respectivo fue suscrito por los vecinos y ese servicio, en ambos casos hubo recursos del Estado. El problema de la villa “Volcán San José” -donde, por lo demás, el intendente de la región Metropolitana, señor Álvaro Erazo, ha ido varias veces- es que no se sabe a ciencia cierta cuántos son los departamentos que se van a demoler. Nadie tiene claro a quiénes se les va a comprar su departamento, a quiénes van a trasladar y a qué lugar. Ha habido algunas reuniones de los funcionarios del Serviu y de la ministra de Vivienda con los pobladores, pero no hay información oficial del Ministerio de Vivienda y del Serviu Metropolitano acerca de esta situación. Son miles las familias que viven allí. Además, muchas de ellas recibieron sus departamentos en determinadas condiciones y han invertido mucho dinero en hermosearlos, arreglarlos, hasta que se dieron cuenta de que, sencillamente, no era cuestión de remodelarlos, de que el Serviu invirtiera dinero -como lo hizo en su oportunidad cuando era ministro el señor Jaime Ravinet-, sino que, simplemente, había que destruirlos, botarlos, para construir otros. Por eso, solicito que se envíe un oficio, con copia de esta intervención, al director del Serviu y a la ministra de Vivienda, con el objeto de que informen pormenorizadamente a la Cámara de Diputados sobre lo siguiente: 1º Cuántos departamentos de la villa Volcán San José, de Puente Alto, van a ser demolidos; 2º Cuándo se va a efectuar esa demolición, y 3º En qué situación van a quedar esos vecinos y los demás, cuyos departamentos no se van a demoler. Ojalá las respuestas sean lo más precisas posibles para evitar falsas expectativas a gente de esfuerzo y trabajo de Puente Alto, que ha sufrido durante muchos años la ineficiencia de sus autoridades y que, con toda razón, hoy no quieren hacerse ilusiones, aunque todos tenemos mucha fe y confianza, más que en el gobierno, en la ministra Patricia Poblete. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.43 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado.