REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 7ª, en miércoles 19 de marzo de 2008
(Ordinaria, de 10.38 a 13.59 horas)
Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan;Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE
I.-ASISTENCIA
II.-APERTURA DE LA SESIÓN
III.-ACTAS
IV.-CUENTA
V.-ORDEN DEL DÍA
VI.-PROYECTOS DE ACUERDO
VII.-INCIDENTES
VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA


ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Orden del Día. 
-Modernización del Ministerio de Defensa Nacional. Primer trámite constitucional9
-Creación de tropa profesional en las Fuerzas Armadas. Primer trámite constitucional22
VI.Proyectos de acuerdo. 
-Declaración de zona típica o pintoresca a feria fluvial de Valdivia35
-Mayores beneficios económicos a bomberos36
-Igualdad de requisitos entre beca indígena y beca Presidente de la República38
VII.Incidentes. 
-Medidas para controlar proliferación de moscas en Leyda. Oficio39
-Instalación de agua potable rural en Leyda. Oficio39
-Implementación de programas de agua potable rural. Oficio40
-Reiteración de oficio por situación de abandono de estación de Empresa de Ferrocarriles del Estado de Rengo. Oficio41
-Reiteración de oficios por falta de respuesta. Oficios41
-Saludo a su hijo en su cumpleaños42
-Discriminación en entrega de pase escolar en la región del Biobío. Oficios42
-Pronunciamiento del Contralor General de la República acerca de la viabilidad de acuerdo extrajudicial por deudas en comuna de Constitución. Oficio43
-Precisión acerca del Estado de obras del Paso Pehuenche. Oficio43
-Incumplimiento de empresa Saesa en proyectos de electrificación rural en la comuna de Chonchi. Oficio44
-Creación de establecimiento de educación media en comuna de Palena. Oficio44
-Antecedentes de contratación y despido de funcionarios en la Región de Los Lagos. Oficios44
-Carencia de especialidades médicas en hospital de Victoria. Oficio45
-Implementación de servicio de atención primaria de urgencia en localidad de Cajón, Novena Región. Oficio46
-Cobertura de transporte público en sector Pedro de Valdivia, Novena 
Región. Oficios46
-Declaración de zona típica o pintoresca a Feria Fluvial de Valdivia. Oficios48
Pág.
-Acuerdo con intervención de diputado Gabriel Ascencio. Oficio48
-Error en identificación de joven de Puerto Montt. Oficios49
-Carencia de antígeno para detectar enfermedad en caballos fina sangre de 
carrera. Oficio50
VIII.Documentos de la Cuenta. 
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “transforma la Casa de Moneda de Chile en sociedad anónima”. (boletín N° 2949-05)
2.Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto que “garantiza los derechos de los pasajeros de transporte aéreo”. (boletín N° 5158-03)
3.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en requerimiento de inaplicabilidad respecto del Decreto Ley N° 2186, de 1978 y de la ley N° 18.755, de 1989. (Oficio N° 1844)


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

1. Comunicaciones.
-Comunicación del jefe de bancada de diputados del Partido Socialista por la cual informa que, a contar del 18 de marzo en curso, el diputado señor Paredes reemplazará, en forma permanente, a la diputada señora Pascal, doña Denise, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. 
-Comunicación del jefe de bancada de diputados del Partido por la Democracia por la cual informa que, a partir del 19 del mes en curso, asume como jefa del segundo comité, en calidad de subjefe de bancada, la diputada señora Saa, doña María Antonieta, y en calidad de suplente el diputado señor Accorsi. 
Contraloría General de la República:
-Diputado Delmastro, agua potable en el sector de Huellelhue. 
-Diputado González, construcción colegios Reñaca Alto. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-Diputada Cristi, planta de gas propano en comuna de Peñalolén. 
-Diputada Goic, traspaso de Enap al Sep. 
-Diputado Aedo, supervisión y fiscalización del SEP. 
-Diputado Latorre, recursos provenientes del denominado royalty minero. 
Ministerio de Obras Públicas:
-Diputado Monckeberg, don Nicolás, proyecto Emergencias en Sistema de Agua Rural Coyanco. 
-Diputado Kast, ruta alternativa al telepeaje ubicado en Buin para llegar a San Bernardo. 
Ministerio de Bienes Nacionales:
-Diputado Vargas, Población El Trigal de La Calera. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-Diputado Farías, bono a exonerados políticos contemplado en la ley 
N° 20.134. 
Ministerio de Salud:
-Diputado Lorenzini, especialistas en Hospitales de la Región del Maule. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
-Diputado Urrutia, Planta de Revisión Técnica de Parral. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, gas natural comprimido usado por taxis colectivos de la Región Metropolitana. 
-Diputado Silber, seguridad en autopistas. 
-Diputado Uriarte, paradero de línea de colectivos N° 1, de Peñaflor. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
-Proyecto de Acuerdo 461, consignación del destino de excedentes de una obra como requisito previo para la recepción final de la misma. 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos:
-Proyecto de Acuerdo 495, inclusión de la Biblia en el "maletín literario.


I. ASISTENCIA

-Asistieron los siguientes señores diputados: 

-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René 
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René 
-Allende Bussi, Isabel
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo 
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Herrera Silva, Amelia
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta 
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián 
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel 
-Sule Fernando, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio 
-Ward Edwards, Felipe

-Asistió, además, el ministro de Defensa, señor José Goñi, y el subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García.

-Concurrió, también, el senador Juan Antonio Coloma.-



II. APERTURA DE LA SESIÓN

-Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor CERONI (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor CERONI (Vicepresidente).- El acta de la sesión 2ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 3ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.


V. ORDEN DEL DÍA


MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Primer trámite constitucional.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, de origen en mensaje, que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional.
Diputados informantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda son los señores Renán Fuentealba y Carlos Montes, respectivamente.

Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3994-02, sesión 45ª, 14 de septiembre de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primeros informes de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, sesión 4ª, en 18 de marzo de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 7 y 8, respectivamente.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda estar presente en la sesión el subsecretario de Guerra.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional.

El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero salirme un poco del ritual de este tipo de informes y concentrar mi exposición fundamentalmente en la sustancia misma del proyecto, de manera tal de poder ilustrar a los colegas sobre cuáles son, en resumen, las principales iniciativas que se adoptan en materia de modernización del Ministerio de Defensa Nacional.
A nadie escapa la importancia que tiene esta Secretaría de Estado, las complejidades que se dan en su seno, la cuantiosidad de los recursos que maneja; pero, curiosamente, es una de las instituciones del sector público que sólo ha sido objeto de reformas muy menores y que, a lo largo de su historia, que se remonta a comienzos del Siglo XIX, no ha contado nunca con una ley que estructure su organización.
De manera que voy a dividir mi exposición en lo que señala el mensaje original del proyecto, una breve reseña sobre la estructura actual del Ministerio de Defensa Nacional, el porqué de la necesidad de dictar una ley orgánica, observaciones al mensaje original que hicieron los diputados durante el estudio de la iniciativa; y, posteriormente, me concentraré en la parte final del informe, para explicar cuáles fueron los aspectos que involucró la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo.
El mensaje original fue presentado a tramitación a esta Cámara de Diputados con fecha 14 de septiembre de 2005, y en él se establecían los siguientes objetivos:
En primer lugar, que la conducción de la defensa corresponde al Presidente de la República y que el Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración del Primer Mandatario en las funciones de gobierno y administración de la defensa. Se fijaban los organismos que componen esta Secretaría de Estado; se establecía el rol del ministro de Defensa Nacional y se consagraban normas de subrogación; se eliminaban organismos de la Defensa, como el Consejo Superior de la Defensa Nacional, el Consejo de Seguridad de la Defensa Nacional, la Dirección Administrativa y se mantenían las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones hasta la creación del Ministerio de Seguridad Pública o de la Subsecretaría correspondiente.
En segundo lugar, se regulaba la conducción estratégica de las fuerzas en caso de crisis, en virtud de la cual, en una situación de guerra externa, el Presidente de la República activaba una organización operativa del mando, encabezada por uno de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, para hacerse cargo de las fuerzas chilenas que se asignen a las operaciones militares, sean o no conjuntas.
En tercer lugar, se regulaba el funcionamiento de la Junta de Comandantes en Jefe, que es el más alto organismo asesor del ministro de Defensa Nacional en asuntos que son del interés del conjunto de las Fuerzas Armadas. Se le asignaba el carácter de organización permanente de asesoría y debía ser presidida por el ministro de Defensa.
En cuarto lugar, se rediseñaba el esquema de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de modo que se extinguían las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, y la Dirección Administrativa del Ministerio -como señalé anteriormente- y, en su reemplazo, se creaban la Subsecretaría de Defensa y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, estableciéndose claramente las funciones de ambas.
En quinto lugar, se contemplaba la organización de un nuevo Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional para suceder al actual Estado Mayor de la Defensa Nacional. Se concebía como un organismo de trabajo y asesoría permanente del ministro en las materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas y se definía su estructura.
En sexto lugar, se establecía el régimen aplicable al personal del Ministerio, que estaba compuesto por funcionarios de planta, a contrata y funcionarios destinados por las Fuerzas Armadas a desempeñarse en el Ministerio.
En séptimo lugar, se contemplaba el establecimiento de una Ayudantía Militar, encargada de las funciones de enlace permanente entre el ministro y las Fuerzas Armadas.
Además, se resolvían los aspectos de sucesión legal, reglamentaria y contractual; se contemplaban normas transitorias con el propósito de disponer de un régimen legal provisorio para la dependencia y funcionamiento de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones y de la Dirección de Previsión de Carabineros; se facultaba al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley con la finalidad de introducir modificaciones adecuatorias en los textos legales vigentes y fijar las plantas de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional; y se garantizaba a los funcionarios de las plantas de los organismos que desaparecen la posibilidad de permanecer en el régimen remuneracional y previsional en el que se encuentren en el momento de la entrada en vigencia de la ley o de regirse por el que se establece en esta última.
¿Cuál es la estructura actual del Ministerio de Defensa Nacional?
El Ministerio está regulado por la ley Nº 5.077, del 5 de marzo del año 1932, que estableció tres subsecretarías: la de Guerra, la de Marina y la de Aviación.
Existió una reforma que dividió el Ministerio de Defensa en dos Secretarías de Estado. Por una parte, se encontraban el Ministerio de Guerra y Aviación y, por otra, el Ministerio de Marina. El decreto ley Nº 366, del 3 de agosto de 1932, dispone que el Ministerio de Guerra y Aviación estará constituido por dos subsecretarías.
La organización del Ministerio comienza a tomar una forma muy parecida a la actual con una reforma del año 1947.
El ministro de Defensa constituye el eje del Ministerio. También figura el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Además, aparecen algunos organismos asesores del Ministerio que permanecen hasta el día de hoy, como el Consudena, el Comité de Auditores de las Fuerzas Armadas y el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas.
En 1976 se produce otra reforma del Ministerio, cuyos principales elementos son: 
Por efectos de la integración de las policías, se agregan a la dependencia del Ministerio de Defensa a Carabineros e Investigaciones;
Se establecen como órganos asesores del ministro de Defensa el Comité de Directores del Personal y el Comité de Directores de Sanidad;
Se especifican algunos organismos dependientes nuevos como Asmar, Enaer, Dipreca. Se especifica el vínculo de la Subsecretaría de Guerra con la Digeder, con el Cuerpo de Veteranos del 79, con el Obispado Castrense y con el Ministerio Público Militar. Lo mismo ocurre en el caso del Estado Mayor de la Defensa Nacional respecto de la Anepe, la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Comité y Consejo de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y del Consejo de Coordinación de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, así como de la Cruz Roja de Chile.
En 1994, la estructura del Ministerio de defensa Nacional sufre una nueva modificación, siendo sus principales las que dicen relación con la inclusión explícita de los comandantes en jefe, en el marco de la asesoría militar al ministro de Defensa y del Comité Asesor del ministro.
Además, se debe hacer presente la creación autónoma dependiente del ministro de Defensa de la Región Militar Austral.
En consecuencia, el Ministerio de Defensa Nacional queda organizado de la siguiente forma:
Una Subsecretaría de Guerra, que tiene por objeto proveer servicios generales, asuntos clasificados, asuntos generales y administración de fondos, tramitación de pensiones, permisos del personal militar, etcétera.
Una Subsecretaría de Marina, con similares funciones a la anterior.
Una Subsecretaría de Aviación, que también tiene funciones similares a las dos antes mencionadas.
Una Subsecretaría de Carabineros, más pequeña que las anteriores, porque en ella no se tramitan pensiones ni cuestiones relacionadas con el personal.
Una Subsecretaría de Investigaciones, también pequeña porque en ella tampoco se tramitan lo relativo a pensiones, puesto que caen dentro de la Dirección de Previsión de Carabineros.
Aparte de las subsecretarías, está el Estado Mayor de la Defensa Nacional, con un jefe de Estado Mayor, del cual depende toda la unidad del cuartel general de la Compañía de Guardia del propio Ministerio. La jefatura del Estado Mayor está a cargo de un general o de un almirante de tres estrellas; tiene un subjefe militar, con un general de dos estrellas. Estos cargos son rotativos y las instituciones tienen presencia paritaria y permanente en su estructura.
El jefe del Estado Mayor participa en múltiples consejos y comités de diversa naturaleza. A vía de ejemplo, es miembro pleno del Consejo Superior de Educación; es el Presidente del Consejo de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, y secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Su tarea más esencial es hacer presente la perspectiva de conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, es asesor esencial del ministro de Defensa en temas militares.
No quiero entrar en detalle sobre la forma en que está conformada dentro del Estado Mayor la estructura administrativa, con el objeto de avanzar en lo sustantivo del informe.
Tenemos también el Gabinete del Ministro, que es un comité asesor, conformado por profesionales capacitados en el área de la Defensa, que están contratados bajo la modalidad a contrata o a honorarios, según las funciones que vayan a desempeñar y la duración de éstas. Dependen única y exclusivamente del Ministro de Defensa.
Dicho la anterior, cabe preguntarse por qué la necesidad de dictar una ley orgánica constitucional del Ministerio de Defensa Nacional. 
El proyecto de ley en informe pretende introducir innovaciones en la institucionalidad política de la defensa, que sean sustentables conforme a la forma en que ha evolucionado la cultura del sector y que, en particular, consagre un conjunto de nuevas y buenas prácticas que se han desarrollado eficientemente en el sector de la defensa, a partir de 1990. Se destaca la importancia de eliminar las tareas que la normativa actual entrega a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa Nacional en el ámbito de la seguridad y de suprimir el Consejo Superior de Seguridad Nacional, Consusena, en atención a las reformas constitucionales recién promulgadas, que le otorgan sólo un rol asesor en materia de seguridad nacional.
Se hace hincapié en la relevancia que tiene el hecho de fortalecer la autoridad presidencial y ministerial en la gestión de los procesos de gobierno, lo que se basa en lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 24 de la Carta Fundamental. Se indica que se establece con claridad la cadena de mando en el desarrollo de las operaciones militares, la cual, al igual que en otros países, es corta y eficaz y comienza en el Presidente de la República, quien se relaciona con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a través del ministro de Defensa Nacional.
El proyecto destaca que el Ministerio de Defensa Nacional tiene algunas funciones específicas que lo distinguen del resto de la administración pública, por cuanto cumple tareas exclusivas y excluyentes relacionadas con el uso de la fuerza militar del Estado, motivo por el cual se pretende distinguir entre de los procesos políticos o gubernativos y los procesos administrativos. 
Los primeros apuntan a la toma de decisiones que orientan de modo general la conducción de un determinado sector de la administración del estado hacia la consecución de sus objetivos, mientras que los administrativos se dirigen al cumplimiento de las actividades de satisfacción de necesidades que competen a un determinado órgano de la administración o que se refieran a la aplicación de una norma o de una política a un caso determinado. 
El proyecto incrementa sustancialmente la eficacia y eficiencia de la gestión de los procesos administrativos, a fin de que las mismas funciones realizadas por distintos órganos puedan ser efectuadas por un órgano único con las consiguientes economías procesales y de escala. Se establece que dicho proceso debe realizarse integrando las prácticas administrativas del Ministerio de Defensa a los estándares de gestión y administración del sector público y de las actuales políticas de modernización del Estado. 
Se fortalece de manera significativa la institucionalidad conjunta, tanto en el ámbito de la asesoría y planificación estratégica, como en las operaciones, con el objeto de obtener una visión global y conjunta de la defensa, a la que se supediten las decisiones de cada rama, precisándose las funciones que se asignarán a cada órgano.
El proyecto produce una adecuada integración de los mundos civil y militar en las tareas de la defensa nacional y, en particular, en la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, lo que implica sentar las bases institucionales sobre las cuales podrá desarrollarse en el futuro, así como también regular, mediante un decreto con fuerza de ley que fije las plantas y escalafones del Ministerio de Defensa Nacional, una carrera funcionaria civil actualmente inexistente.
Finalmente, cabe hacer presente que, en la actualidad, no existe ningún texto legal que regule orgánicamente al Ministerio de Defensa Nacional, no obstante el número de modificaciones y reformas que han sufrido diversos cuerpos legales que han ido regulando su funcionamiento, a los cuales me referí al comienzo de mi intervención.
En esta parte de mi informe, quiero señalar que durante la discusión general del proyecto los diputados integrantes de la Comisión formularon diversos planteamientos, observaciones y objeciones al proyecto original.
En ese sentido, en la sesión 16ª, de 5 de septiembre de 2006, la Comisión aprobó el proyecto por unanimidad, con la condición de que las observaciones formuladas durante la discusión general fueran recogidas por el Ejecutivo en una indicación sustitutiva.
¿Cuáles fueron las principales observaciones formuladas por diversos diputados en dicha ocasión?
En primer lugar, se planteó que el proyecto original producía una duplicidad de funciones entre la Subsecretaría de Defensa y el Consudena. La Subsecretaría de Defensa que se proponía tendría una División de Presupuesto y Finanzas y una División de Evaluación de Proyectos, Tecnologías e Industria de Defensa, las que tendrían funciones vinculadas a los proyectos de inversión y financiamiento de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, se mantenía la actual estructura del Consudena, cuya principal función dice relación, precisamente, con las inversiones y adquisiciones necesarias para la defensa. Por tanto, era necesario efectuar una revisión respecto del modo en que ambos órganos coordinarán su trabajo, evitando la duplicación o ineficiencia. Al término de la discusión del proyecto, como ya se ha señalado, se resolvió eliminar el Consudena.
Una segunda observación dice relación con la distinta estructura que se planteaba en el proyecto para situaciones de paz y de guerra o crisis, lo cual podía generar ineficiencia. El quehacer y entrenamiento de las Fuerzas Armadas en una orgánica y escenario lo más similar a aquél donde deberán desempeñarse en una situación de crisis o guerra otorga una indudable ventaja estratégica. 
La división de la estructura organizacional en dos estados es una de las más severas desventajas que tiene el proyecto. La experiencia internacional indica que las estructuras tienden a ser permanentes y que sufren muy pocas variaciones al pasar de un estado a otro. El sistema de defensa -opinaron los parlamentarios- debe estar operando con una estructura orgánica que le permita, sin mayores adecuaciones, enfrentar las demandas decisionales que caracterizan los estados por los que pase la situación nacional y que pueden alterarse con relativa rapidez.
Desde el punto de vista político, la puesta en marcha de una estructura para conflicto es de difícil implementación, tanto por las reacciones locales que pueda generar como por la interpretación que pueden asignar otros países a la decisión unilateral de pasar de una estructura de paz a una de crisis. Esa decisión, por sí misma, puede provocar un conflicto. Aun cuando el paso a la orgánica de crisis puede pensarse también como una forma de dar una señal clara hacia los eventuales adversarios y, por lo tanto, como parte de una acción de disuasión, parece más probable que prime el primer escenario. La autoridad nacional sólo la implementará cuando ya no exista ninguna opción, lo cual tiene un evidente impacto negativo sobre la capacidad de las fuerzas para enfrentar un conflicto.
La tercera observación u objeción decía relación con el conductor estratégico. A este respecto, se debe considerar que al tener esa estructura, inevitablemente se enfrentará el problema de cuándo es el momento adecuado para hacer tal nombramiento, ya que la sola determinación de un conductor estratégico puede ser considerada una agresión por otros estados.
El proyecto planteaba que no sólo podía ser designado frente a una situación de guerra externa, sino que también consideraba casos graves de daños o peligro para la seguridad nacional de origen interno, conceptos que no están muy claros y, por tanto, se prestaban para ser interpretados de manera ambigua.
Respecto de la estructura del conductor estratégico, poseía tres inconvenientes centrales: primero, generaba una estructura diferenciada para tiempos de paz y para tiempos de crisis o guerra, lo que es ineficiente para propósitos de planificación y preparación.
En segundo lugar, no se le asignaba un sistema de apoyo claro en la realización de sus tareas, como podía haber sido vincularlo al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional o a los comandos operativos de las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, la elección del cargo quedaba limitada a la figura de uno de los tres comandantes en jefe, quien por formación y experiencia no necesariamente es el militar más idóneo para cumplir una función específica.
Respecto de las funciones, se estimó que debía precisarse que dependerán de éste todos los medios aéreos, navales y terrestres considerados en la planificación de guerra o crisis, según corresponda. Esta figura presentaba complejidades en el evento de que existieran medios considerados en la operación de guerra que no están bajo su mando desde el primer momento.
En cuanto a la coordinación de las fuerzas, se estimó que la solución propuesta no llega a resolver adecuadamente el problema de una eficiente coordinación entre las Fuerzas Armadas. Ello, básicamente, porque si bien es positivo suprimir la conducción colegiada y entregarla a un organismo a cargo de las fuerzas, la forma ideada, es decir, la del conductor estratégico, que sólo toma control de las fuerzas cuando se decreta la crisis, es inadecuada.
Además, que el conductor estratégico sea un comandante en jefe es inapropiado, al menos por dos razones: primero, invalida a la junta de comandantes en jefe como órgano asesor del ministro de Defensa al decretarse la crisis. La existencia de esta instancia asesora del ministro de Defensa es de la mayor relevancia, ya que en el sistema diseñado no existe ningún contrapeso efectivo a la figura del conductor estratégico de las fuerzas. Y, segundo, se rompe la cadena de mando en las Fuerzas Armadas y mantiene una potencial desnaturalización del rol que en el nuevo esquema tendría posiblemente el comandante en jefe institucional.
Una cuarta observación hecha por los diputados al proyecto original radicaba en que la noción de crisis propuesta en los fundamentos del proyecto y la que se supone sirve para activar una estructura de mando y operación conjunta era vaga, dado que el texto del proyecto hablaba no de crisis, sino que de estado de guerra externa y de circunstancias que ocasionen “grave daño a la seguridad nacional por causas de origen externo”.
Al no existir una definición de crisis ni en la Constitución ni en la ley orgánica constitucional de los estados de excepción, el proyecto establece definiciones que no se encuadran con la legislación vigente.
En el artículo 9º del proyecto se indicaba que se activaría el conductor estratégico no sólo para casos de guerra externa, sino también para aquellos casos de grave daño a la seguridad nacional por causas de origen externo, lo que suficientemente extendido, puede abarcar cualquier tipo de riesgo o problema.
De esta forma, la noción de crisis establecida en los fundamentos del proyecto requería una especificación constitucional que en el mismo no se daba.
Asimismo, se objetaba la falta de especificación del concepto de seguridad nacional, ya que mientras en el texto se fundamenta correctamente el término guerra externa, la definición de seguridad nacional quedaba expresada en forma ambigua.
Se mencionó la necesidad de fortalecer el rol y funciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Pese al énfasis en lo conjunto del proyecto, reemplazar el actual Estado Mayor de la Defensa Nacional por un Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional no implicaba que se fortaleciera la autoridad ni su institucionalidad o capacidad para cumplir con los objetivos establecidos.
Por ejemplo, el jefe del nuevo Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional seguía siendo un oficial general de las Fuerzas Armadas de rango menor que un comandante en jefe, reproduciendo la actual estructura de mando en la que el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional no goza ni de las atribuciones ni de la autoridad de mando equivalentes a los comandantes en jefe.
Una sexta observación decía relación con la organización del Estado Mayor Conjunto. Se estimó necesario estudiar y modificar su organización, considerando un solo subjefe del organismo, pues el proyecto planteaba dos.
Se podría incluir un tercer oficial general a cargo de algunas de las funciones más importantes que el propio jefe del Estado Mayor Conjunto determine.
Por otra parte, si bien el proyecto se refería a la modernización del Ministerio de Defensa, llamó la atención de los diputados la ausencia del ministro de Defensa en el Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, el presidente sólo podría invitarlo a estar presente en la sesión.
Lo anterior no contribuye a fortalecer la autoridad ministerial, dado que en el principal órgano asesor presidencial las Fuerzas Armadas tenían una presencia reconocida y establecida por la Constitución, mientras el ministro de la cartera respectiva sólo participaba cuando el presidente así lo estimaba conveniente.
Este aspecto quedó resuelto en la reforma que se hizo al Consejo de Seguridad Nacional, que hoy puede convocar el Presidente de la República y que sólo tiene carácter asesor.
Por último y no menos importante, los diputados manifestaron que el proyecto no asumía la oportunidad de efectuar una modificación completa de la estructura superior de la Defensa Nacional. Existía la posibilidad, a través de este proyecto, de introducir cambios en el ámbito de la Defensa, distintos de los que existen en otros campos del quehacer público, y en este caso, las oportunidades tienden a ser menores.
Por consiguiente, había que aprovechar la iniciativa del Ejecutivo de proponerle al Congreso Nacional un proyecto de ley de modernización del Ministerio, para hacer una cirugía de fondo.
El Ejecutivo recogió las observaciones formuladas en el seno de la Comisión por todos los señores diputados que participaron en ella, consensuó una indicación sustitutiva que se presentó con fecha 4 de septiembre de 2007 a la Corporación y cuyos aspectos más importantes voy a mencionar.
Deseo señalar a la honorable Cámara que, como su nombre lo indica, la indicación del Ejecutivo cambió totalmente la estructura prevista para el Ministerio de Defensa en el proyecto original; acentuó aspectos esenciales para un manejo más eficiente y oportuno de la defensa nacional, creando órganos, y estableciendo atribuciones y competencias para llevarlas a cabo.
En primer lugar, la indicación sustitutiva se refirió a la figura del conductor estratégico. 
Las experiencias nacionales, derivadas de las crisis externas del siglo XX, las características de la conducción de la Defensa Nacional y el principio de unidad de la guerra que hemos mencionado, señalaban que la conducción de las fuerzas militares empeñadas en las operaciones requiere de un mando específico.
Para este propósito, el proyecto de ley del Ministerio de Defensa crea la figura del conductor estratégico. Así se favorece la configuración de un mando unipersonal, responsable no sólo de conducir a las fuerzas militares consideradas en la planificación secundaria, sino, además, de participar en la gestación de los planes para el empleo de esos medios.
Al reemplazarse el actual mando colegiado de la Junta de Comandantes por una sola autoridad para el ejercicio del mando, se satisface el principio de unidad de mando, esencial para la conducción efectiva en la crisis y en la guerra y se simplifica la cadena de mando en la línea del empleo de los medios.
El proyecto de ley es taxativo al señalar que el Presidente de la República mantendrá en todo momento una relación directa de autoridad con el jefe del Estado Mayor Conjunto a través del ministro de Defensa.
El jefe del Estado Mayor Conjunto como conductor estratégico y la no permanencia de uno de los comandantes en jefe en esa función, es otra particularidad de la indicación sustitutiva.
Los comandantes en jefe institucionales tienen como función esencial desarrollar el componente institucional de la fuerza y, llegado el caso, asignarlo listo para combatir bajo el mando del conductor estratégico. Dicha función debe ser diferenciada de la función de empleo de los medios, ya que ésta exige una absoluta dedicación de independencia de criterio para quien la conduce, tanto en la paz, como en la crisis o en la guerra.
Un comandante en jefe que sea designado para ejercer la conducción estratégica, obligaría a un esfuerzo mayor de adaptación a la estructura de tiempos de guerra. En efecto, un comandante en jefe en todo momento debe velar porque la concepción del empleo de su arma específica sea adecuadamente considerada en las decisiones de los distintos niveles de la conducción, en particular en situaciones de conflicto externo.
Por lo mismo, para un comandante en jefe expresar la concepción singular del empleo del poder institucional con el propósito de que se conjugue con la concepción conjunta del empleo de los medios, le haría compleja la tarea de ejercer la conducción estratégica o conjunta. Sería difícil exigir al comandante en jefe conductor estratégico que se desdoble funcionalmente, de modo de ejercer como conductor estratégico y, al mismo tiempo, que se despreocupe del destino y estado de su propia institución, en virtud de las decisiones que como conductor estratégico debería adoptar.
Todo eso incrementaría al máximo lo que se ha denominado costos de ajuste, ya que no sólo sería necesario que ese comandante en jefe conductor estratégico asumiera una función para cuya preparación no se ha dedicado en exclusividad, sino porque debería ser reemplazado en sus restantes funciones institucionales, aunque no dejaría de ser el máximo responsable de ellas.
Un tercer aspecto es la relación jerárquica del jefe del Estado Mayor Conjunto con los comandantes en jefe, cuestión que el proyecto original no definía.
El sistema de defensa contiene dos grandes líneas de conducción militar referidas a los dos grandes procesos que debe llevar a cabo: el desarrollo de la fuerza y el empleo de ella. Ambas líneas de conducción emanan de la autoridad política, desde el Ministerio de Defensa Nacional y la Presidencia de la República. Es a través de ellas que se materializa el ejercicio de Gobierno y la administración del sector por parte del Presidente de la República, tanto en situación de paz como de conflicto externo.
La primera línea de conducción militar conduce a las instituciones armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La segunda línea conduce a los órganos de maniobra: comandos conjuntos, fuerzas de tareas especiales, etcétera. Dicho de otro modo, a los medios terrestres, navales y aéreos asignados a las operaciones.
Para el empleo de la fuerza, la autoridad militar que ejerce la conducción estratégica de los órganos de maniobra ejerce un mando de tipo operativo sobre los medios asignados. Independientemente de la institución a la que pertenezcan, recibe los medios preparados y cumple con los objetivos estratégicos planificados y dispuestos por la autoridad política en la planificación secundaria.
En consecuencia, el proyecto diferencia con claridad el papel que corresponde a los comandantes en jefe en la conducción de la defensa, que no es otro que el desarrollo de los medios institucionales para asignarlos al conductor estratégico y de asesoría a las autoridades en las instancias pertinentes. Lo diferencia del papel del conductor estratégico que le corresponde al jefe del Estado Mayor Conjunto, que es emplear los medios asignados a su mando. Por lo tanto, se trata de líneas de mando militar diferenciadas en las que no se pueden producir entrecruzamientos.
¿Cuáles son las relaciones jerárquicas entre el jefe del Estado Mayor Conjunto y los comandantes en jefe?
Primero, las atribuciones del jefe del Estado Mayor Conjunto lo son en tanto jefe de ese órgano, cuyo carácter es de asesoría y trabajo en materia de desarrollo y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas, y en tanto responde a las directrices emanadas del ministro de Defensa Nacional para concretar la política militar.
Segundo, al existir diferencias con los comandantes en jefe, éstas pueden ser resueltas a nivel de la planificación secundaria.
Tercero, el proyecto de ley dota al conductor estratégico de plena autonomía de mando sobre los medios que le sean asignados.
Frente a la creación y jefatura del cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, se discutió mucho sobre el mantenimiento del cargo de comandante en jefe.
En el proyecto no se consideró la eliminación del cargo de comandante en jefe, porque tal como están diseñados el cargo y sus funciones no son incompatibles con el cargo y funciones del jefe del Estado Mayor Conjunto. De hecho, durante la paz el Jefe del Estado Mayor Conjunto sólo elabora planes para emplear las fuerzas asignadas a las operaciones y coordina actividades de preparación de las mismas, incluyendo ejercicios a nivel conjunto. No ejerce mando sobre ellas.
Durante la guerra o ante una eventual crisis internacional, el jefe del Estado Mayor Conjunto adquiere la calidad de conductor estratégico sólo si así lo dispone el Presidente de la República, ejerciendo ahora el mando militar únicamente con respecto a las fuerzas asignadas a las operaciones. Por lo tanto, se trata de una función eminentemente de carácter operativo, que no requiere intervención en todas las Fuerzas Armadas, sino sólo de las fuerzas asignadas a las operaciones.
La eliminación del cargo de comandante en jefe implicaría una reforma constitucional, propósito que no se persigue con este proyecto de ley, ya que éste propone un diseño moderno que evita afectar instituciones y prácticas que han demostrado beneficios para el sistema de defensa nacional.
En este sentido, el proyecto es realista y los cambios que incorpora están fundados en el consenso y la gradualidad.
Capacidades y potestades del Jefe del Estado Mayor Conjunto respecto de los comandantes en jefe.
Las funciones descritas anteriormente muestran que el jefe del Estado Mayor Conjunto dispondrá de algunas ventajas en relación con los comandantes en jefe.
Conocerá los proyectos de inversión en defensa y su evaluación, ya que el jefe del Estado Mayor Conjunto participará en todo este proceso; conocerá en detalle la planificación de capacidades para el desarrollo de la fuerza y la evaluación de los proyectos que materializan esas capacidades; conocerá en detalle la planificación secundaria, puesto que la hará y la concordará con los planes institucionales; conocerá en detalle las dificultades de la operación conjunta, puesto que será responsable de su ejercitación.
Además, el proyecto de ley refuerza al Jefe del Estado Mayor Conjunto por cuanto será un cargo de designación presidencial, estará en relación de subordinación directa del Presidente de la República, a través del ministro de Defensa Nacional. Se integrará en plenitud a la Junta de Comandantes en Jefe como un miembro más.
Estas condiciones excepcionales del jefe del Estado Mayor Conjunto dotan a su figura de fuerza institucional suficiente como para que tenga la capacidad necesaria para hacer prevalecer su opinión en el seno de la Junta de Comandantes en Jefe.
Duración del cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto.
El proyecto original planteaba que el Jefe del Estado Mayor Conjunto duraría dos años. Con posterioridad, en la indicación sustitutiva se reformuló hasta por cuatro años. A instancias de los parlamentarios, se estableció que durase cuatro años en el cargo.
La idea de aumentar el período de dos a cuatro años apunta en la dirección de permitir que, por la naturaleza de las funciones asociadas al cargo y al Estado Mayor Conjunto, disponga de mayor período de tiempo para impulsarlas y desarrollarlas.
El alargamiento del período puede dotar al jefe del Estado Mayor Conjunto de mayor fortaleza o gravitación. Lo fundamental es permitir mayor permanencia en su cargo que la que se otorga al oficial general que se desempeña en la actualidad como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por las razones indicadas.
Ahora bien, el alargamiento del período se formuló en términos de que se faculta el nombramiento por períodos inferiores a cuatro años, en razón de las necesidades de la Defensa, incluso, de la constitución del Alto Mando de la institución a la que pertenece el jefe del Estado Mayor Conjunto.
A este respecto, cabe señalar que el Presidente de la República podrá, antes de los cuatro años, remover al jefe del Estado Mayor Conjunto dictando un decreto fundado e informando, previamente, de su decisión a la Cámara de Diputados y al Senado. 
La indicación sustitutiva también tiene por objeto regular la situación del oficial general nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto, en relación con su carrera profesional. 
La idea de que el oficial general o almirante nombrado por el Presidente de la República para desempeñarse como jefe del Estado Mayor Conjunto deba culminar su carrera con este cargo, tiene como supuesto que de esta forma al jefe del Estado Mayor Conjunto se le daría autonomía respecto de la institución a la que pertenece, transformándose así en otro elemento para fortalecer su gravitación frente al respectivo comandante en jefe y los demás comandantes en jefe de las otras dos instituciones.
Además, tiene la limitación de que no puede ser nombrado para un nuevo período ni puede ser nombrado comandante en jefe. Termina o culmina su carrera militar luego de los cuatro años como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. 
¿Cuáles son los costos de ajuste de la transformación del jefe del Estado Mayor Conjunto como conductor estratégico? Los costos de ajuste asociados a la activación del jefe del Estado Mayor Conjunto como conductor estratégico, se relativizan al estar él directamente involucrado en la planificación secundaria y el control de la afinidad entre los planes secundarios y los planes institucionales; la ejercitación conjunta permanente de medios militares asignados; la asesoría militar al ministro en materias conjuntas.
Por otra parte, los efectivos costos de ajuste deben situarse en el contexto de una guerra o crisis internacional que, a juicio del Presidente de la República, amerite activar la conducción conjunta. Es decir, una situación en la que el país deberá estar ajustándose para enfrentarla con todos los costos que ella implique. 
¿Cuál es el carácter del nuevo Estado Mayor Conjunto? El proyecto establece que el nuevo Estado Mayor Conjunto es el órgano asesor del jefe del Estado Mayor Conjunto, evitando así que exista superposición de funciones entre el Estado Mayor y la Junta de Comandantes en Jefe, que es el órgano asesor del ministro de Defensa. 
En el artículo 26 del proyecto sometido a la consideración de la honorable Cámara, se establecen las atribuciones y competencias del Estado Mayor Conjunto. Por eso, no me referiré en detalle a ellas. 
Efectos de la activación de la conducción estratégica. 
La activación de la conducción estratégica puede suponer una escalada de la crisis. Sin embargo, la existencia de una situación apreciada como crisis no exige automáticamente la activación de la conducción estratégica por parte del Presidente de la República. 
Por otro lado, por ser un acto fundado en una apreciación política del más alto nivel, activar la conducción estratégica puede ser un riesgo que se asuma como parte de un manejo de crisis deliberado por el Presidente de la República, quien, por medio de una acción decidida y contundente, busque disuadir a un eventual adversario manifestando la disposición efectiva al empleo de la fuerza. También puede constituir la necesaria expresión de respuesta ante una agresión exterior. 
Papel de la Junta de Comandantes en Jefe, ya sea para tiempo de paz o de crisis o conflicto.
La Junta de Comandantes en Jefe sigue siendo el órgano asesor del ministro de Defensa Nacional, tanto para tiempo de paz como de crisis o de guerra. El papel de la Junta, por lo tanto, es el de efectuar aquellas tareas que se le entregan como misiones específicas en la ley y no le corresponde el papel de dirección o conducción en tiempo de crisis o de guerra. 
Papel de los comandantes en jefe institucionales en la Defensa. 
Los comandantes en jefe institucionales, como superiores de sus respectivas instituciones, tienen un papel fundamental en la preparación, educación, entrenamiento y desarrollo de sus medios humanos y materiales, a fin de que ellos estén operacionales tanto para misiones en tiempo de paz como de guerra. 
Posteriormente, la indicación sustitutiva señala las funciones del Ministerio de Defensa Nacional. Se detallan en el artículo 3º del proyecto aprobado por la Comisión. 
A este respecto, sólo quiero destacar una indicación formulada por diputados para que al Ministerio de Defensa Nacional le corresponda, entre otras cosas, informar al Congreso Nacional sobre la decisión de compra de sistemas de armas, cuestión que ha sido reclamada por los parlamentarios hasta ahora. 
Por último, se establecen las funciones de las dos subsecretarías que se crean. Las funciones de la Subsecretaría de Defensa se detallan en el artículo 15, y las de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se detallan en el artículo 21.
Una mención especial merece el Gabinete del ministro. Las funciones del Gabinete podrían confundirse con otras similares otorgadas a las subsecretarías. Por ejemplo, planificación. Sin embargo, es preciso entender el sentido exacto de las indicaciones relativas a él, porque si bien se le otorga al Gabinete la facultad de planificar, ella se refiere a planificar la gestión gubernamental del sector.
Lo mismo ocurre en relación con las funciones de control de auditoría interna radicadas en el Gabinete. Ellas se refieren a control de auditoría de la gestión gubernamental del sector. 
Ninguna de las subsecretarías tiene tareas semejantes y todas ellas corresponden a funciones de apoyo directo al ministro y no a funciones generales del Ministerio. Se trata de funciones típicamente de gabinete y se orientan a dotar al ministro de los elementos indispensables para conducir, dirigir, coordinar y controlar al Ministerio, lo que le compete entre sus atribuciones. 
Al disponer el proyecto la creación de dos subsecretarías, no puede recaer en un subsecretario alguna de esas funciones guardadas para la exclusiva ejecución por parte del ministro de Defensa.
Esas son las observaciones de los diputados que se recogieron en la indicación sustitutiva y que, en definitiva, conforman el proyecto aprobado por la Comisión. 
Quiero agregar que algunos aspectos esenciales del proyecto en informe, como la ayudantía militar, la conducción estratégica, el Estado Mayor, la duración en el cargo de su jefe, el secretario de la Junta de Comandantes en Jefe, fueron sustituidos a instancias de diputados integrantes de la Comisión durante la discusión particular, a través de indicaciones suscritas por la totalidad de ellos.
Finalmente, es necesario mencionar que el único tema en el que no existió acuerdo entre los diputados de la Comisión, es el que dice relación con la facultad que se delega al Presidente de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, fije la planta y escalafones de las subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional que se crean. 
Algunos señores diputados de la Alianza manifestaron la necesidad de que la planta del Ministerio de Defensa Nacional se fijara a través de una ley. Diputados de la Concertación, por su parte, plantearon la posibilidad de suscribir un protocolo con el Gobierno en el que se limitara la delegación de facultades, lo cual fue refrendado por el subsecretario de Guerra. 
Para finalizar el informe, además de excusarme por su extensión, quiero destacar el clima en que se discutió y despachó el proyecto. Los diputados tuvimos una visión de país, un genuino interés en dotar a este ministerio de instrumentos eficaces para la defensa del territorio nacional.
Hubo colaboración permanente para buscar la mejor normativa; hubo transversalidad en el estudio de la iniciativa y, sobre todo, en su despacho, cuya mayor parte, al margen de la excepción mencionada, se aprobó por unanimidad. 
He dicho. 

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ortiz, informante de la Comisión de Hacienda. 

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional.
Me voy a referir a los tres temas que se analizaron en la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Defensa Nacional dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 35 permanente y 6º y 8º transitorios. 
El artículo 6º transitorio fue el más discutido en la comisión técnica, pues faculta al Presidente de la República para fijar las plantas y escalafones de personal de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y del Estado Mayor Conjunto.
El proyecto tiene por objeto modernizar la organización y funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional y del sector defensa.
Durante el estudio de la iniciativa, asistieron a la Comisión el subsecretario de Guerra, señor Gonzalo García; el jefe del Área de Defensa del Ministerio respectivo, señor Rodrigo Atria; el asesor de dicha cartera de Estado, señor Carlos Molina y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, señor Julio Valladares.
En el debate habido en la Comisión, el subsecretario de Guerra explicó, en términos generales, los objetivos y contenido del proyecto y precisó que los puntos relativos a la nueva ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional son los siguientes:
Modificación de la estructura superior de la defensa.
-Cambio del esquema de las subsecretarías, desde una por rama de las Fuerzas Armadas a subsecretarías funcionales, de Defensa y de las Fuerzas Armadas.
-Reorganización político-estratégica.
-Fortalecimiento de lo conjunto.
-Normas sobre conducción estratégica en tiempos de guerra y crisis.
-Consolidación de la Junta de Comandantes en Jefe.
-Reordenamientos de organismos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
El subsecretario de Guerra expresó que durante los meses en que se discutió el proyecto en la comisión técnica, se recabaron todas las inquietudes de los 13 diputados que la integran, las que fueron recogidas en una indicación sustitutiva. El diputado informante de la comisión técnica reafirmó lo expresado por el subsecretario, en el sentido de que el proyecto fue largamente discutido, sobre todo el artículo 6º transitorio, que, al final, fue aprobado por unanimidad.
Varios señores diputados -entre ellos, el señor Carlos Montes- plantearon sus dudas acerca del cumplimiento de la ley de Libertad de Cultos -aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional-, al interior de las Fuerzas Armadas, puesto que si bien existe el Obispado Castrense como organismo vinculado al Ministerio de Defensa Nacional, que representa al mundo católico, no ocurre lo mismo con otras creencias religiosas como los evangélicos.
Se consultó al subsecretario acerca del tratamiento que se hace en el proyecto de las empresas de las Fuerzas Armadas, Asmar, Enaer y Famae, y de los hospitales que administran.
El subsecretario explicó que no se altera la regulación de los organismos vinculados, como Capredena o el Obispado Castrense. Sin embargo, en el tema de la libertad de culto planteado por varios parlamentarios, señaló que el Ministerio de Defensa Nacional dictó un decreto que establece la asistencia religiosa de toda naturaleza al interior del mundo militar en los términos establecidos en la ley de Libertad Religiosa, de 1999, que actualmente se encuentra en la Contraloría para su tramitación. Precisó que este decreto fue rechazado por la Contraloría en 2001, pero fue reingresado y se espera que este año sea aprobado. Cabe señalar que existe la disposición y la voluntad del ministro de Defensa y de todo el equipo de Gobierno de hacer cumplir la ley de Libertad de Cultos dentro de las Fuerzas Armadas.
Respecto de las empresas de las Fuerzas Armadas, el subsecretario señaló que esta materia será abordada en el proyecto sobre gobiernos corporativos de las empresas públicas. La Presidenta de la República y los ministros de Defensa y de Hacienda van a firmar ese proyecto, que ingresará mañana a la Cámara de Diputados. Con ello, estamos ratificando los compromisos y los acuerdos que hay al respecto.
El informe financiero, firmado por el director de Presupuestos y ratificado por don Julio Valladares, señala que la aplicación del proyecto y, en particular, el ejercicio de la facultad delegada que contiene, no involucra un aumento fiscal. De hecho, respecto de dicha facultad, la letra a) del artículo 6º transitorio es muy precisa al señalar: “No podrá significar un incremento de la suma del gasto en personal consultado por la Ley de Presupuestos del año de entrada en vigencia de esta ley para las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación y la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional.” Por tanto -reitero-, el proyecto no implica un aumento del gasto fiscal.
La facultad que se establece en el artículo 6º transitorio fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Defensa.
El artículo 35 permanente se aprobó por ocho votos a favor y una abstención.
Los artículos 6º y 8º transitorios se aprobaron por unanimidad.
Traté de ser lo más breve posible, en vista del extenso informe de la comisión técnica, cuya duración fue de cincuenta minutos. 
Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Hacienda, y teniendo en vista el futuro del país, pido la aprobación unánime del proyecto.
He dicho. 

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, la Comisión de Defensa es técnica en la materia. 
En consecuencia, la extensión del informe se justifica en virtud del estudio que hizo de la iniciativa.
No quise aburrir con el informe, sino ilustrar a los colegas.
He dicho. 

El señor BUSTOS (Presidente).- Señores diputados, por acuerdo unánime de los Comités parlamentarios, la discusión y votación del proyecto se hará en una próxima sesión.


CREACIÓN DE TROPA PROFESIONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS. Primer trámite constitucional.

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas.
Diputados informantes de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda son los señores Alberto Cardemil y Claudio Alvarado, respectivamente.

Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 5479-02, sesión 100ª, en 13 de noviembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primeros informes de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, sesión 1ª, en 11 de marzo de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 5 y 6, respectivamente.
El señor BUSTOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Guerra?
Acordado.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Defensa.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea una planta de tropa profesional para las Fuerzas Armadas.
Antes de entrar en materia, anuncio a los colegas que en la relación del informe no voy a ser sucinto, sino extenso, porque la importancia de la iniciativa hace necesario referirse a varias materias importantes para el país.
El informe versa sobre los siguientes aspectos.
-Una breve visión de la evolución de los paradigmas estratégicos de Chile y la situación en que se encuentra el país hoy, en 2008.
-La idea matriz y los méritos del proyecto.
-Una breve referencia a la realidad del país.
-Antecedentes sobre lo que está pasando en países vecinos y en otros que son referencia para Chile en estas materias. 
-Conceptos y contenidos relacionados con la sustancia misma del proyecto.
Finalmente, algunas referencias estatutarias y reglamentarias.
En Chile, la defensa y el concepto de inversión en esa materia están cambiando. Durante todo el siglo XIX, el país tuvo tareas en el exterior y necesitó Fuerzas Armadas que se movilizaran hacia el norte, hacia las fronteras interiores y, en general, al lugar donde se requiriera la defensa del interés chileno.
Junto con el término del siglo XIX, ese paradigma más bien ofensivo cambió, y en el siglo XX se estableció una concepción defensivo-disuasiva que consideró Fuerzas Armadas importantes en número, extendidas por todo Chile y que hicieran una sólida defensa de las fronteras con mucho personal. Eso permitió al país contar con la paz de que gozó durante todo el siglo pasado.
Con el advenimiento de la globalización, los conceptos han cambiado. Por lo tanto, hoy el país se encuentra en una tercera fase. En la actualidad, el interés chileno se defiende no sólo en Chile, sino en cualquier parte del mundo donde se necesite afirmar alguna idea o concepto a los que adhiere el país, es decir, en el canal de Panamá o en cualquier lugar de Europa o América donde estén actuando las fuerzas de paz del país. Dicho interés se defiende interactuando con otras fuerzas armadas de occidente. Por lo tanto, la necesidad es diferente. Hoy se necesitan un Ejército, una Armada y una Fuerza Aérea muy pequeñas, profesionalizadas, interactuantes y polivalentes, que sean capaces de integrarse y movilizarse con rapidez y cuenten con sistemas de mando y control muy eficientes.
El proyecto, tal vez uno de los más importantes que me ha correspondido informar, se inserta en el concepto de modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el cambio estratégico de las políticas de desarrollo del país, que se orientan a la inserción en el mundo y a la globalización plena.
La idea matriz del proyecto es la creación de la tropa profesional en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se cambia el concepto que impera hasta la fecha, en que el mayor peso recae en la voluntariedad por medio del servicio militar.
Méritos del proyecto.
Viene a dotar de estabilidad y a superar las dificultades que experimenta la práctica actual de llamar al servicio activo en virtud del decreto ley Nº 2.306, de 1978.
La iniciativa surge de la experiencia que tiene Chile en materia de conscripción y aprovecha las lecciones ganadas por las Fuerzas Armadas. Asimismo, busca ser coherente con el espíritu que anima a la iniciativa legal que se vio en el primer lugar de la Tabla, sobre la cual informó el diputado señor Fuentealba, que se refiere al nuevo modelo de estructura del Ministerio de Defensa, y a otra que se conocerá en el futuro, que dice relación con el nuevo modelo de carrera para los miembros de las Fuerzas Armadas.
El desarrollo de la estructura de la fuerza, proceso de naturaleza permanente al que se abocan todos los sistemas de defensa en el mundo, exige, sin embargo, un esfuerzo por buscar coherencia con los cambios experimentados en la sociedad.
El desarrollo de la fuerza debe considerar las circunstancias específicas en las que se desenvuelven la seguridad externa del Estado y los avances tecnológicos, doctrinarios y organizacionales que experimentan las Fuerzas Armadas. Ello obliga a una permanente revisión y adaptación de las soluciones adoptadas en el pasado.
El país está en la línea de lo que están haciendo importantes fuerzas armadas de países que pueden tener alguna comparación con Chile. 
La tendencia mundial en relación con los sistemas de defensa apunta a la disminución progresiva del componente de reclutas y al aumento progresivo del porcentaje de dotación profesional. En efecto, existe una clara tendencia a la incorporación a ciertos servicios y funciones de elementos profesionales de carácter flexible, altamente móviles y adaptables a las necesidades cambiantes y globalizadas de las fuerzas armadas modernas.
Existe conciencia sobre el enorme salto en las tecnologías de la informática y sus variadas aplicaciones al mundo militar, en especial a los sistemas de armas que se han producido en las últimas décadas, lo que hace indispensable disponer de personal de tropa con formación profesional.
En primer lugar, el proyecto garantiza la operacionalidad permanente de determinadas unidades, evitando los problemas que a ese respecto se producen con ocasión de los licenciamientos de contingente o la carencia de personal del Cuadro Permanente y Gente de Mar. Un país sujeto en forma exclusiva a la conscripción militar tiene un período de debilidad enorme entre el lapso en que se licencia algún contingente y aquel en que se llama al siguiente y se lo incorpora y adiestra.
En segundo lugar, contribuye a satisfacer en forma permanente una capacidad disuasiva mínima creíble -Chile debe tenerla, en especial en las circunstancias actuales existentes en el continente y respecto de países vecinos, pero también en relación con el mundo- y una efectiva capacidad de acción ante situaciones de crisis o guerra externa, que revisten las características más extrañas, disímiles, impensadas e insólitas. Ello, porque se tendría una disponibilidad inmediata de fuerzas dotadas de gran eficiencia de combate, integradas por unidades con alto nivel de alistamiento y capacidades operativas, las que podrían encontrarse en presencia o ser rápidamente desplegadas a los escenarios previsibles de empleo, por lejos o cerca que estén.
En tercer lugar, contribuye a sustituir soldados conscriptos por personal de Tropa Profesional y liberar, de ese modo, personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar de determinados puestos, para que asuman funciones de mando.
Ello, no escapará al elevado criterio de los señores diputados, va a facilitar y a optimizar el cumplimiento de funciones que hoy exigen ser llevadas a cabo por personal de planta de baja graduación, permitiendo que éste pueda abocarse a tareas de mando. 
En cuarto lugar, otorga mayor mayor flexibilidad a las instituciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la polivalencia, al permitir mayor disponibilidad de personal para participar en operaciones de cooperación internacional -tan importantes en la actualidad-, con la diligencia y oportunidad que exigen los compromisos internacionales de esta naturaleza asumidos por el país.
En quinto lugar, optimiza los estándares de eficiencia en la operación, mantenimiento y conservación del armamento, equipo y material de alta tecnología -sofisticado, carísimo-, al contar con personal más calificado.
En sexto lugar, en el caso del Ejército, mejora en forma significativa las posibilidades de interoperar con las otras instituciones de las Fuerzas Armadas durante todo el año. Ello, puesto que se neutraliza la limitación que se presenta cíclicamente con ocasión del licenciamiento de contingente.
 Estos son claros méritos del proyecto que han sido considerado en forma unánime por la Comisión de Defensa. 
A continuación, voy a hacer una reseña de nuestra realidad sobre la materia. Es importante que estos datos los tengamos en la mente antes de votar.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de Chile cuentan, en conjunto, con 70.917 hombres y mujeres -ése es nuestro contingente- que se desglosan en 39.911 hombres y mujeres del Ejército; 19.675 de la Armada, y 11.331 de la Fuerza Aérea. Este total engloba a todo el personal que se desempeña en las dotaciones de las Fuerzas Armadas, desde el comandante en jefe hasta el último hombre o mujer; plantas de oficiales, cuadro permanente, gente de mar, funcionarios civiles y conscriptos, incluidas las mujeres voluntarias y soldados profesionales. 
De ese total, 70.917, 15.792 son conscriptos, hombres y mujeres.
Asimismo, 2.800 hombres y mujeres sirven en conformidad al programa “Soldado Profesional del Ejército”, porque se ha avanzado en esta materia. 
La conscripción, en el caso del Ejército, es especialmente relevante. En el caso de la Armada y de la Fuerza Aérea no tiene la misma importancia. Pero, se aprecia una situación de equivalencia cuando se trata de la infantería de marina, en el caso de la Armada, o de la artillería antiaérea y de la defensa de base, en el de la Fuerza Aérea.
Por tanto, hay componentes de esas dos instituciones que dependen, en grado bastante importante, de la conscripción para desarrollar sus funciones. Esto es lo que se quiere cambiar o continuar cambiando con el proyecto.
Para las distinguidas diputadas que hoy están presentes en la Sala y van a tener que resolver después del debate, la dimensión del género en esta descripción es interesante. Del total de personal de las Fuerzas Armadas, 63.609 son hombres y 7.308 son mujeres. Entre los hombres, 14.762 son conscriptos y 2.750 son soldados profesionales.
Entre las mujeres, aquellas que cumplen como voluntarias el servicio militar alcanzan 1.030, y aquellas que se desempeñan como soldados profesionales, a 50. El 89,7 por ciento del total de personal de las Fuerzas Armadas son hombres y, por consiguiente, el 10,3 por ciento son mujeres.
En el Ejército hay 1.030 mujeres realizando el servicio voluntario femenino. Ahora bien, esta cifra equivale al 7,6 por ciento del contingente total de conscriptos.
Es interesante analizar la evolución de la estructura del personal en el tiempo, porque ha habido un cambio significativo. Desde 1990 a la fecha, se ha reducido en 25 por ciento el aporte del conscripto voluntario. Es decir, las Fuerzas Armadas han disminuido en 25 por ciento su personal. Del mismo modo, hay disminución del contingente de conscriptos y del porcentaje de éstos dentro de la totalidad del personal uniformado, lo que se hace más evidente desde 2004.
Ante esta realidad, el objetivo del proyecto es llegar, el año 2010, con una estructura de la fuerza, particularmente del Ejército, que reúna tres componentes: por una parte, las actuales plantas del personal profesional; por otra, 11.000 hombres y mujeres voluntarios provenientes de la conscripción, según el nuevo modelo de reclutamiento, y, por último, aproximadamente 5.000 soldados profesionales, hombres y mujeres. 
Desde el punto de vista de la Defensa Nacional, la profesionalización del contingente de hombres y mujeres que se desempeña como soldado presenta las ventajas que aludí.
Quiero dejar constancia de que, desde que se inició el programa “Soldado Profesional” en el Ejército, en ejecución desde 2004 y que se traduce en la incorporación a sus filas, de acuerdo a la planificación, al 2007, de 2.800 hombres y mujeres en dicho programa. Se espera -insisto- que las incorporaciones previstas permitan alcanzar la meta de 5.000 soldados profesionales el año 2010.
Es importante asimismo hacer una breve alusión a lo que está pasando en otros países para que la Sala aprecie que no solamente Chile está preocupado de legislar sobre esta materia y que es una tendencia mundial en los ejércitos importantes del mundo.
En Argentina, por ejemplo, los ciudadanos que realicen el servicio militar voluntario gozarán de los siguientes beneficios: percepción por la prestación del servicio de una retribución mensual, cobertura asistencial y beneficios; condiciones preferenciales o puntaje adicional para su ingreso a la administración pública; ventajas para el ingreso a todas las fuerzas de seguridad, policiales y al servicio penitenciario; facilidades para el ingreso a los institutos militares, antigüedad para los fines de jubilación, etcétera. Es decir, están profesionalizando la fuerza por la vía del incentivo al servicio militar.
En Brasil, los reclutas mantienen su trabajo y lo recuperan una vez licenciados; el estado federal les paga el transporte desde el municipio donde residen hacia el lugar donde deben cumplir el servicio y viceversa; computan el período servido para los efectos de pensiones militares, en caso de continuar trabajando en las fuerzas armadas, y se les entrega capacitación en un oficio.
En Estados Unidos, se les otorga mayor puntaje para ingresar a la mayoría de los trabajos federales; préstamos y subvenciones federales para estudiantes, ayuda estatal para estudiantes, beneficios de entrenamiento en el trabajo federal y ciudadanía de los Estados Unidos para los jóvenes que la buscan o necesitan. Éste ha sido el gran elemento por el cual Estados Unidos ha mantenido e incrementado la profesionalización de su ejército. En los diferentes escenarios mundiales hay soldados profesionales, de todas las nacionalidades, reclutados principalmente por el atractivo de otorgarles la ciudadanía de los Estados Unidos. Podría citar otros casos, como Francia que también contempla beneficios para sus reclutas. En general, la tendencia mundial es disminuir progresivamente el componente de reclutas; seguir entregándoles grandes beneficios, porque la conscripción voluntaria hay que mantenerla, y avanzar hacia la profesionalización de sus fuerzas armadas, tal como lo estamos haciendo en Chile.
Principales ideas de la iniciativa. 
El proyecto establece un modelo para la incorporación de soldados y marineros profesionales a nuestras Fuerzas Armadas, en sustitución del actual modelo basado exclusivamente en la conscripción para cubrir esos grados.
Pertenencia a la planta de las instituciones.
Se reforma la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas para incluir una nueva planta en las tres instituciones castrenses, llamada “Tropa Profesional”, la que contará con un grado jerárquico único asociado al grado económico Nº 20, y no al 18 actual, de la Escala de Sueldos de las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, el sueldo base y las asignaciones legales de los 2.400 soldados profesionales corresponden a los montos asociados al grado 18. Este grado económico equivale al grado jerárquico de “Cabo”, generándose así una situación inconveniente al igualar en las remuneraciones a personal procedente de la conscripción con personal procedente de la Escuela de Suboficiales, quienes ejercen funciones de mando.
Por ello, el proyecto de ley propone asociar al soldado profesional con el grado económico Nº 20 de la Escala de Sueldos de las Fuerzas Armadas. De esta manera, se establece una diferencia remuneracional entre el personal de distinta función y grado: los cabos y los soldados profesionales, respectivamente.
El proyecto de ley homologa la planta de Tropa Profesional a las plantas de Oficiales, de Cuadro Permanente y de Gente de Mar. Es decir, los soldados profesionales pasan a compartir con el personal del resto de las plantas la común condición de personal militar propiamente tal o “uniformado”, diferenciándose así del personal de empleados civiles de las Fuerzas Armadas. 
Esto tiene importancia desde el punto de vista de las disposiciones del derecho administrativo militar, del derecho penal y procesal militar, y del derecho aplicable a las operaciones militares.
Temporalidad en el desempeño.
El proyecto ha sido elaborado sobre la base de nombramientos de hasta cinco años, período que ha sido estimado técnicamente por las Fuerzas Armadas como satisfactorio desde el punto de vista de la operatividad y conveniente desde el punto de vista económico. 
Lo anterior no será óbice para que el ciudadano que haya servido como soldado o marinero profesional pueda, en función de sus capacidades y de las necesidades institucionales, pasar a las plantas de Cuadro Permanente o Gente de Mar y de Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas.
Tampoco debe descartarse la posibilidad de que se incorporen a las Fuerzas de Orden y Seguridad. 
Esto lo considero importante, porque de esa base de personal se podrán nutrir las Fuerzas Armadas y Carabineros para satisfacer sus necesidades. 
Régimen estatutario similar al del Cuadro Permanente y de Gente de Mar.
Desde el punto de vista de los beneficios y de las normas que lo rigen, el personal de Tropa Profesional tendrá un régimen estatutario similar al del Cuadro Permanente y de Gente de Mar. Sin embargo, la Tropa Profesional será jerárquicamente inferior al personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar.
En materia previsional hay diferencias respecto del resto del personal de planta, en razón de la temporalidad de los servicios prestados por la Tropa Profesional.
Gradualidad en la implementación de la profesionalización.
El proyecto ha sido elaborado en consideración a la necesidad de implementar los cambios que supone la profesionalización de modo gradual, en función de los recursos disponibles y del avance armónico con los restantes proyectos de modernización de las instituciones. Es decir, meta de 2010, 5.000 soldados profesionales en el Ejército. 
Compatibilidad con el mantenimiento del Servicio Militar Obligatorio.
El proyecto no elimina el Servicio Militar Obligatorio, sino que busca establecer un nuevo personal de soldados que coexistirá con el personal proveniente de la conscripción, pero según una relación que será inversamente proporcional al incremento del número de soldados y marineros profesionales. La profesionalización de las Fuerzas Armadas se ha concebido considerando la posibilidad de traspasos de personal desde el Servicio Militar Obligatorio a la planta de soldados profesionales.
Por lo mismo, este proyecto de ley no significa la desaparición del Servicio Militar Obligatorio, el que seguirá constituyendo una carga pública consagrada por la Constitución. Sin embargo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y particularmente del Ejército, se traducirá en una reducción de los conscriptos. 
Vinculación con un nuevo modelo de carrera militar.
El proyecto ha sido concebido teniendo en cuenta los conceptos relativos a un Nuevo Modelo de Carrera Militar para las Fuerzas Armadas en cuyo desarrollo trabaja el Ministerio, de modo que sea compatible con las proposiciones que este nuevo modelo contendrá.
Algunos elementos normativos del proyecto de ley. 
Escalafón.
El proyecto establece que el personal de la planta de Tropa Profesional no formará escalafón, porque esta planta tendrá sólo un grado jerárquico. En consecuencia, todo lo relativo a escalafones en la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas ha de entenderse referido exclusivamente a las otras plantas institucionales.
Nombramiento y retiro.
Los nombramientos y retiros del personal de Tropa Profesional se harán por resolución de la respectiva Dirección del Personal o Comando del Personal -en su caso- de las distintas instituciones armadas. 
Incorporación.
La incorporación a la planta de Tropa Profesional sólo podrá hacerse a través de las escuelas matrices de cada institución, para continuar la línea jerárquica y la tuición profesional de las fuerzas armadas sobre esta tropa. 
Grado.
El proyecto fija las denominaciones de la nueva planta de soldados y marineros profesionales en las Fuerzas Armadas y del nuevo grado jerárquico que incorpora, estableciendo su equivalencia entre las instituciones armadas. De este modo, en el Ejército, los soldados profesionales ostentarán el grado de Soldado; en la Armada, el grado de Marinero y de Soldado -en función de la pertenencia a dotaciones propiamente navales o de Infantería de Marina- y, en la Fuerza Aérea, el de Soldado.
Antigüedad.
El proyecto incorpora al personal de Tropa Profesional al sistema de antigüedad que fijan los artículos correspondientes de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. De esto deriva que el personal de Tropa Profesional será menos antiguo que los de las plantas de Cuadro Permanente y de Gente de Mar.
Retiro.
En esta materia, el proyecto dispone que el personal de Tropa Profesional no podrá acogerse a retiro temporal, sino que se aplicarán sólo las normas de retiro absoluto.
Régimen de beneficios.
El personal de Tropa Profesional gozará de los mismos beneficios que el resto del personal de las plantas institucionales, salvo las excepciones establecidas en el proyecto. 
El proyecto fija las excepciones a los beneficios contemplados en el actual régimen previsional del personal de planta de las Fuerzas Armadas. En concreto, el personal de Tropa Profesional no tendrá derecho a la pensión de retiro establecida en el artículo 77, que pasará a ser 79, de la ley Nº 18.948, pero percibirá el desahucio a que se refiere el artículo 89, en caso de obtener pensión por inutilidad. La excepción se funda en que este personal, por la naturaleza propia de su función y lo corto de su duración, no alcanzará en ningún supuesto la cantidad de 20 años de servicio efectivo requeridos por la ley para tener derecho a pensión de retiro y al desahucio correspondiente.
Lo anterior significa que, desde el punto de vista de beneficios previsionales y de salud, el personal de Tropa Profesional percibirá todos los beneficios y prestaciones que le correspondan al resto del personal de las Fuerzas Armadas, a excepción de lo mencionado.
Devolución de fondos.
Al término del contrato del personal de Tropa Profesional, corresponderá la devolución del monto total que hubiese impuesto durante su permanencia en dicha planta por concepto de cotizaciones previsionales y fondo de desahucio. Esa devolución operará siempre que, una vez producido el retiro, no continúe prestando funciones en alguna institución que le implique tener calidad de imponente de Capredena o de Dipreca.
Ingreso futuro a Capredena o Dipreca.
Se establece que el personal de Tropa Profesional que se integre a Capredena o Dipreca deberá reintegrar la devolución de imposiciones hecha en el momento de su retiro, reajustada en el ciento por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes en que se hubiese verificado el respectivo traspaso y el mes en que se verifique el correspondiente reintegro. Para estos efectos, Capredena y Dipreca arbitrarán las medidas tendientes a materializar los reintegros que correspondan. 
Otros beneficios.
Los demás beneficios y prestaciones de seguridad social que percibirá el personal de la planta de Tropa Profesional incluyen, entre otros, los siguientes: 1) pensión de inutilidad en caso de resultar afectado en un acto determinado del servicio, la que no podrá computarse sobre un sueldo inferior al de cabo 1º; 2) pensión de montepío en caso de fallecimiento, y 3) prestaciones de salud en materia de asistencia médica preventiva y curativa, estableciendo, eso sí, que este beneficio se extenderá sólo a parientes directos del personal de tropa profesional en situaciones de especial vulnerabilidad.
Financiamiento.
Se señala que el mayor gasto que irrogue la aplicación de esta normativa será financiado en la ley de Presupuestos, para lo que se deberán asignar anualmente los recursos que correspondan.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa, la cual determinó que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10 revisten el carácter de normas orgánico constitucionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de la República y de los fallos del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 1990 y de 2 de julio de 1996.
Concluyo diciendo que es un proyecto importante, que avanza de manera sustancial en esta necesidad de Chile de estar bien defendido, de asegurar de manera eficiente la defensa del interés nacional en el interior y en el exterior, y en lo que ha sido el concepto fundamental de nuestras Fuerzas Armadas en estos años, la profesionalización.
Por lo tanto, recomendamos calurosamente su aprobación a los señores diputados. 
Es cuanto puedo informar.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.

El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar en forma muy breve el proyecto tantas veces mencionado, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, porque el diputado señor Alberto Cardemil ya ha explicado las materias más sustantivas que contiene.
Todas sus disposiciones fueron aprobadas en forma unánime por la Comisión.
Participaron en el estudio del proyecto los señores Gonzalo García, subsecretario de Guerra; Juan Esteban Montes, asesor de dicha Subsecretaría; Carlos Solar, asesor del Ministerio de Defensa Nacional; Julio 
Valladares, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, y Enrique Paris, asesor de dicha dirección.
El objetivo de la iniciativa es la creación de la Tropa Profesional en las Fuerzas Armadas, efectuándose en forma gradual el tránsito desde un modelo de soldado conscripto hacia uno de personal profesional, aunque, como dijo el diputado Cardemil, el objetivo final del proyecto no es acabar absolutamente con el modelo de soldado conscripto, sino que potenciar la existencia de una planta de personal profesional.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 12 de noviembre de 2007, estima que la aplicación del proyecto conlleva el siguiente mayor gasto: para 2008, 2.133 millones de pesos; para 2009, 4.393 millones de pesos; para 2010, 6.654 millones de pesos, y en régimen, 7.201 millones de pesos.
Los fondos se considerarán en los respectivos presupuestos anuales, conforme al programa de implementación establecido en el proyecto y se financiará con cargo a los recursos que libere el actual sistema de soldados conscriptos y, en lo que faltare, con mayor aporte fiscal.
El señor Gonzalo García expresó que el proyecto representa un avance de enorme importancia en el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas y de modernización del sistema de defensa.
Explicó la situación actual de la estructura de personal de las Fuerzas Armadas, que permite contextualizar las razones que sustentan las opciones contempladas en el proyecto de ley.
Se refirió a los fundamentos del proyecto y a los rasgos generales del Programa de Soldado Profesional del Ejército. Entregó información sobre el sistema vigente y sobre las proyecciones hasta 2010.
Por otra parte, destacó que el actual modelo de conscripción limita las capacidades para actuar en el espectro del conflicto contemporáneo o para desarrollar operaciones militares internacionales, sobre todo por el avance tecnológico asociado a los nuevos sistemas de armas y por el proceso de entrenamiento.
La Comisión de Defensa Nacional dispuso que esta Comisión tomara conocimiento de todo el proyecto aprobado por ella, lo que hizo, según consta en el informe, para revisar las materias expuestas por el diputado Cardemil.
Durante el análisis particular del proyecto se formularon preguntas sobre las materias financieras y, particularmente, respecto de los temas previsionales, las cuales fueron respondidas en forma satisfactoria para la Comisión. Por ejemplo, se consultó sobre la movilidad de los fondos previsionales del personal de tropa profesional, que, como dijo el diputado Cardemil, están previstos para el período en que son soldados profesionales. Dichos fondos se podrán retirar cuando el interesado deje esa condición y en el eventual regreso a Dipreca o Capredena, en el caso de que vuelvan a formar parte de algunas de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
Evidentemente, un régimen previsional de reparto se aviene más que uno de capitalización individual con las condiciones de riesgo de la actividad militar, más aún cuando está limitada en el tiempo, cinco años. No es menor el hecho que gran parte de este personal continuará vinculado con la Defensa Nacional, ya que se ocupará, por ejemplo, en Investigaciones, Gendarmería, Carabineros o como suboficiales.
Sometido a votación el articulado del proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
Por lo tanto, esta Comisión sugiere a la Sala la aprobación unánime del mismo.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- En discusión.Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA.- Señor Presidente, hemos estado poco más de hora y media escuchando los informes de dos proyectos de ley muy importantes, los que fueron analizados en las Comisiones de Defensa y de Hacienda.
Como dijo el señor Presidente, la discusión del primer proyecto quedará pendiente, por lo que haré un breve comentario respecto del segundo, que, en lo sustancial, el señor Cardemil explicó claramente en su informe que duró más de media hora.
La tendencia actual en los procesos de modernización de la defensa apuntan a la disminución del contingente conformado por reclutas y potenciar el contingente de profesionales presentes en cada rama de las Fuerzas Armadas.
En parte, ello se basa en los profundos avances tecnológicos en los sistemas de defensa, lo que implica que los recursos humanos requeridos para la operación de las armas sea cada vez menor y exija un mayor grado de profesionalización y de especialización del personal.
En este sentido, la necesidad de movilizar fuerzas en la actualidad ha disminuido considerablemente, en consideración a que hoy se cuenta con medios y tecnologías de mediano y largo alcance, que permiten realizar operaciones de defensa o disuasión con un mínimo movimiento de tropas.
Con el presente proyecto se busca precisamente hacerse cargo de esta realidad y comenzar con un proceso que privilegie la conformación de una tropa profesional de soldados para las Fuerzas Armadas, disminuyendo gradualmente el contingente reclutado mediante el Servicio Militar y cuyo principal sentido era la formación militar de personas que en caso de conflicto o guerra pudieran ser movilizadas y sumadas al resto de la fuerza.
Por lo demás, desde el punto de vista económico, esta iniciativa implicará un uso mucho más eficiente de los recursos destinados al personal de la defensa, ya que se invertirá en su profesionalización y no sólo en la mera instrucción militar para la movilización.
En consecuencia, después de lo informado por el diputado señor Cardemil, vamos a aprobar este proyecto de ley.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Señores diputados, el Orden del Día termina a las 12.40 horas, por lo que les pido brevedad en sus intervenciones.
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, quiero destacar la importancia de aprobar este proyecto.
En primer lugar, los nuevos sistemas de defensa y de armas y las nuevas tecnologías cada vez más sofisticadas empleadas en esta área requieren la profesionalización de nuestros soldados. Si bien parte de estas funciones las hacían los conscriptos, creemos que al tener soldados profesionales habrá mayor eficacia y responsabilidad en el manejo de estos sistemas que son tremendamente caros y que requieren grandes inversiones.
En segundo lugar, la profesionalización nos permitirá una capacidad de movilización decisiva en el momento de producirse un conflicto. Si ocurriera ahora, tendríamos que llamar a la reserva, alistarla y capacitarla en sistemas de armas en los que no tuvieron la oportunidad de entrenarse. De manera que perdemos oportunidad. Los soldados profesionales van a llenar ese vacío, al responder oportunamente a la agresión.
En tercer lugar, la planta de soldados profesionales es una efectiva medida disuasiva. Tener soldados profesionales debidamente capacitados y entrenados en nuevos sistemas de armas es una efectiva medida de disuasión que el día de mañana puede presentar nuestro país frente a conflictos externos.
Por otra parte, a nuestra juventud se le abren expectativas laborales para servir a la patria. Es decir, se le compromete en una carga pública, como es el Servicio Militar obligatorio, que generalmente era rechazada. Con ello, hoy 5.000 jóvenes de nuestro país van a tener la oportunidad de prestar un servicio laboral en el área de la defensa y, a la vez, servir debidamente a la patria.
Por último, esto conlleva una mayor identidad de la juventud con el quehacer de las Fuerzas Armadas y con una de las más altas responsabilidades que puede tener un ciudadano: la defensa de su territorio.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.

El señor HALES.- Señor Presidente, ha sido buena idea tratar hoy en la Sala estos dos proyectos. Uno, relativo a la modernización del Ministerio de Defensa, con la creación de la primera ley orgánica que tendrá esta cartera, y conjuntamente, otro, que crea una planta de Tropa Profesional para las Fuerzas Armadas. Pero, a mi juicio, ha sido mala idea no debatir el primer proyecto, matriz de una gran transformación. Es una lástima que no se haya podido hacer. Sin embargo, estos proyectos están estrictamente relacionados, porque se trata de dos esfuerzos que ha conducido muy bien el ministro de Defensa, señor José Goñi, y el subsecretario de Guerra, señor García, quienes han tenido una participación de liderazgo conceptual, orgánico y práctico, de presencia permanente en la Comisión, lo que ha servido muchísimo para recoger los planteamientos formulados respecto de estas dos iniciativas.
En el caso del proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa, se aprobó en general en 2006 y se necesitó un año para recoger todos los planteamientos que hizo la Comisión. Por lo tanto, valoro mucho la apertura, la flexibilidad y el buen criterio que han tenido estos dos líderes del proyecto, pues han ayudado a lograr un buen resultado.
En cuanto a este proyecto y al Servicio Militar, que existe desde 1901 y no desaparece con esta iniciativa, debemos recordar la experiencia del siglo XIX, los intentos de profesionalización, los aportes de Körner y los esfuerzos del Ejército por tener un financiamiento más permanente.
El caso de la Armada era increíble, pues se creaba la escuadra y se desarmaba. Basta leer los textos de Patricia Arancibia sobre la Armada para ver la dramática inexistencia de una escuadra permanente.
En este proyecto se plantea un sistema combinado de dos tipos de soldados. Uno, que hace el Servicio Militar, que está por un breve período, y otro, el soldado profesional de la planta que se crea, que presta servicios por cinco años y pasa a retiro después de dicho período. Además, tiene la posibilidad de postular a las Fuerzas Armadas, pero podría no hacerlo. Es decir, ejerce, estudia y se prepara. Eso le da a Chile la presencia de un contingente preparado, con capacidad operativa, mejores conocimientos técnicos y más capacidad táctica.
Si ustedes revisan en el informe las expresiones que describen el proyecto, desde el punto de vista de la defensa, una de las ventajas que se señala es la capacidad de mejorar el trabajo conjunto. Me refiero a interoperar con otras instituciones de las Fuerzas Armadas, cuestión que es muy difícil hacer en las actuales condiciones, con una tropa constituida sólo por quienes realizan el Servicio Militar, que permanecen un período muy corto en la institución y que, por lo tanto, en una primera parte de su instrucción no están capacitados para interoperar con las otras ramas. Si tenemos soldados permanentes y profesionales durante 5 años y año tras año se van incorporando otros, siempre vamos a tener gente para interoperar.
¿Por qué esto tiene tanta importancia y lo destaco? Porque dice relación con el proyecto anteriormente expuesto. Una de las características que en lo personal me gustaría resaltar del proyecto que crea la ley orgánica del Ministerio de Defensa es lo que llamamos el valor de lo conjunto. ¿Qué hace la ley que moderniza el Ministerio de Defensa? En primer lugar, reordena la Subsecretaría.
En segundo lugar, hace una reorganización política estratégica de la defensa. Coloca el mando donde corresponde, en la autoridad política, en la Presidenta, en el ministro con la asesoría de la Junta de Comandantes en Jefe.
En tercer lugar, establece la importancia de lo conjunto dentro de la organización general de la defensa. El Estado Mayor deja de ser lo que es actualmente y pasa a ser el Estado Mayor Conjunto. Hay una designación especial de una autoridad única y nueva, que existe en otras partes del mundo y que se ve en las operaciones de guerra y en las preparaciones de defensa. La tarea del Ministerio de Defensa no es más que la defensa. No es el ministerio de la guerra, sino, reitero, es el Ministerio de Defensa, para preservar la paz y no para promover la belicosidad, no para hacer la guerra, sino para que el país tenga tranquilidad y seguridad. En esa idea de lo conjunto, se crea la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien, además, se le llama el conductor estratégico, y para efectos coloquiales, un general de tres estrellas; surge de un general de división, vicealmirante o general de aviación, no como venía en el proyecto.
Lo destaco porque, si en el proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa uno de los aspectos importantes es el valor de la existencia del Estado Mayor Conjunto, 
-reforzando el Estado Mayor de la Defensa Nacional y transformándolo en este nuevo tipo de estado mayor, con la figura del conductor estratégico-; en el segundo proyecto se crea una planta de Tropa Profesional, es decir, la que corresponde para la nueva institucionalidad, con gente capacitada para esas operaciones conjuntas. 
En general, estábamos atrasados en legislación de defensa. Hay autoridades que han dicho que teníamos normas francamente obsoletas. En realidad, no existe ningún texto legal que regule orgánicamente al Ministerio de Defensa. Además, no olvidemos que estábamos más bien en la idea de los años 60, de la seguridad nacional, de la lógica de la Escuela de las Américas -incluso, se plantea en las intervenciones del subsecretario y del ministro-, cuando predominaba la dimensión más bien ideológica en torno a la guerra fría. Pero en la actualidad, hay una nueva manera de mirar los ejércitos y la defensa.
Respecto de los dos proyectos, no puedo dejar de decir que va a ser necesario modernizar de una vez por todas la manera de asignar fondos para el mantenimiento y la compra de material bélico de las Fuerzas Armadas. No es posible continuar con el anacronismo de la ley reservada del cobre. Creo que hay que derogarla y ponerla en el museo de los monstruos para que se vea lo que en algún momento se hizo bárbaramente.
En virtud de esa normativa, nadie pone visto bueno al dinero que se debe depositar y tener disponible para gastar en armamento. Es automático; ni la Presidenta de Chile le pone una firma para decir que ésa es la plata. Ninguna de las dos autoridades que están presentes, ni el ministro de Defensa ni el subsecretario le ponen visto bueno. Simplemente se factura el cobre de Chile y el tesorero general tiene la obligación de repartir el 10 por ciento de eso en cuatro cuentas, tres de las Fuerzas Armadas, lo que no concuerda con la modernización que vamos a aprobar.
Si miramos de manera integral lo que se está haciendo hoy, es una gigantesca modernización de la defensa.
Debo recordar esa escena de marzo o de abril, con la Presidenta Michelle Bachelet, en mi querido regimiento Buin, el Nº 1 de infantería, en El Salto, comuna de Recoleta. La Presidenta dijo allí que debíamos tener 5.000 soldados profesionales de aquí a 2010. Con este proyecto, ella está cumpliendo con su compromiso. Eso lo encuentro muy valioso.
Todavía hay pocas mujeres, pero valoro que sea el Ejército, institución a la que por prejuicio se le presupone machista, la que más se ha abierto a incorporar mujeres en su tarea. Por lo tanto, ese prejuicio se ha borrado en los hechos.
En el regimiento Buin, la Presidenta decía: “Espero contar, en un plazo de cinco o diez años, con unas Fuerzas Armadas estructuradas sobre un componente de hombres y mujeres absolutamente profesionales”. En definitiva, lo que se planteó fue que, al concluir el período de su Gobierno, tendría que haber, en primer lugar, la actual planta de personal. O sea, estructurar el Ejército, en particular, con tres componentes: la actual planta profesional; 11.000 hombres y mujeres voluntarios provenientes de la conscripción y 5.000 mil soldados profesionales, hombres y mujeres.
Eso va a ayudar mucho a la interoperatividad con las otras ramas y a la capacitación tecnológica para responder a las exigencias de los sistemas de armas actuales. 
Las cifras que se han entregado en el informe son muy interesantes.
¿Qué se garantiza aquí? Operacionalidad permanente de determinadas unidades. En primer lugar, disponer de capacidad disuasiva creíble, con efectiva capacidad de acción; en segundo lugar, fuerzas dotadas de gran eficiencia de combate, integradas por unidades con alto nivel de alistamiento y capacidad operativa; en tercer lugar, liberar al personal del cuadro permanente y gente de mar; en cuarto lugar, más flexibilidad a las instituciones de las Fuerza Armadas en el contexto de la polivalencia.
No puedo dejar de destacar la valoración que se hace del Servicio Militar.
En mi opinión, la tendencia a la profesionalización va produciendo una distancia con el día a día en la relación entre las Fuerzas Armadas y la vida social civil. No vamos a tener más cadetes de la Escuela Militar entre los 15 y 18 años estudiando parte de su enseñanza media en el Ejército. Quien quiera ser oficial de Ejército deberá proceder como si se tratara de una carrera universitaria. Lo mismo va a ocurrir si todos los soldados se hacen profesionales. No vamos a tener a esos jóvenes que ingresan voluntariamente a hacer el Servicio Militar, se forman en las filas, se encariñan con su patria a través del servicio en el Ejército, con certeza, aprendiendo del espíritu de cuerpo, del valor de lo individual en lo colectivo, de la responsabilidad colectiva, del sentido de país, del valor de los símbolos, de la tarea de Estado aplicada en el Ejército, para después volver a la vida civil.
Pues bien, eso no ocurrirá si sólo profesionalizamos.
Por tanto, termino diciendo que el proyecto no elimina el Servicio Militar. En mi opinión, ojalá se mantenga; no comparto la idea de quienes plantean su eliminación, que no demos cabida a los voluntarios y que todos sean profesionales, porque algunos no quieren ser soldados, pero aprecian hacer el Servicio Militar.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día y no hay quórum para pedir la unanimidad a fin de continuar, por lo cual tendremos que seguir en una próxima sesión con la discusión del proyecto.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


DECLARACIÓN DE ZONA TÍPICA O PINTORESCA A FERIA FLUVIAL DE VALDIVIA.

El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 526.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 526, de los diputados señores De Urresti, Valenzuela, Tuma, Escobar, Errázuriz; Espinoza, don Fidel; Jarpa, Monsalve y Ascencio, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales que declare zona típica o pintoresca la Feria Fluvial de la ciudad de Valdivia, afecta a las normas contenidas en el artículo 30, de la ley Nº 17.288”.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo trata de una materia muy interesante. Desgraciadamente, en este mismo momento están funcionando muchas Comisiones. 
Por tanto, si el Reglamento así lo permite, solicito suspender la sesión por cinco minutos, a fin de dar tiempo a los colegas para que alcancen a llegar a la votación.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Muy bien, señor diputado.
Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor CERONI (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Hernández Hernández Javier; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Ortiz Novoa José Miguel; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Turres Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.


MAYORES BENEFICIOS ECONÓMICOS A BOMBEROS.

El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 527, de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto; Errázuriz, Martínez, Álvarez-Salamanca, Aedo, señora Rubilar, doña Karla; señores Ojeda, Ulloa y Rojas, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca una legislación permanente que otorgue mayores beneficios económicos a los Cuerpos de Bomberos del país, así como el otorgamiento de franquicias tributarias y arancelarias para la adquisición de materiales y equipos para llevar a cabo su labor en óptimas condiciones, sin tener que recurrir a la recolección de fondos de la comunidad mediante rifas u otras formas similares”.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la semana recién pasada, esta Sala aprobó por unanimidad la petición que formulamos 44 diputados de reactivar la Comisión Especial de Bomberos que funcionó con bastante éxito en períodos legislativos anteriores.
Nuestra petición se fundamentó en la necesidad de que dicha instancia se abocara al estudio de una legislación relacionada con los voluntarios de los cuerpos de bomberos y de la posibilidad de otorgarles mayores beneficios para que lleven a cabo su noble misión, mediante la presentación de las iniciativas legales pertinentes.
Para tal efecto, se requiere que los beneficios económicos sean establecidos por leyes que son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República; por ejemplo, franquicias arancelarias y tributarias para la importación y adquisición de material y equipos de avanzada tecnología que los cuerpos de bomberos requieren para llevar a cabo su misión en condiciones óptimas.
No resulta aceptable que sigamos viendo a los voluntarios de las diversas compañías y brigadas de bomberos del país vendiendo números de rifas o recurriendo a mecanismos similares para obtener financiamiento, en circunstancias de que pueden obtener recursos mediante leyes especiales y permanentes.
Como resulta muy destacable la función que realizan cientos y miles de voluntarios a lo largo y ancho del país desempeñando una función que es, además, ad honorem y que demuestra un compromiso con la comunidad y con el servicio público, considero que deberían ser apoyados económicamente con leyes especiales y permanentes.
Por las razones expuestas, pido a los colegas que den su aprobación unánime a este proyecto de acuerdo, a fin de que el Gobierno se sensibilice y envíe la iniciativa que se requiere para la finalidad señalada.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, expreso mi adhesión al proyecto de acuerdo.
En todo caso, debo señalar que, respecto de este tema, el Gobierno ha tenido una especial sensibilidad, lo que queda demostrado con la transferencia de recursos efectuada en distintos momentos a Bomberos de Chile. Sin embargo, es un hecho evidente que la institución, por razones obvias, está creciendo en forma permanente. Hay muchas localidades de nuestro país en las cuales la creación de un cuerpo de bomberos constituye una de las aspiraciones más sentidas de la comunidad. Por ejemplo, es una realidad del mundo rural, donde villorrios o pequeños pueblos no pueden seguir dependiendo, en situaciones de emergencia, de los voluntarios de los cuerpos de bomberos de localidades aledañas.
Este proceso de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos con equipos y recursos debe ser asumido como una necesidad de interés nacional, puesto que resulta evidente que deben seguir creciendo con el debido respaldo del gobierno de turno y, desde luego, del Congreso Nacional.
Por eso, me sumo a la solicitud del diputado Chahuán, en cuanto a que demos nuestro voto favorable al proyecto de acuerdo.
He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.


IGUALDAD DE REQUISITOS ENTRE BECA INDÍGENA Y BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

El señor CERONI (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo:

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 528, de los diputados señores Meza, Duarte, Alvarado, Becker, González, Sule, Montes, Jarpa, Venegas, don Samuel, y Espinosa, don Marcos, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la Ministra de Educación para que modifique el decreto Nº 832, año 2003, en el cual se fijan los requisitos y beneficiarios de la Beca Presidente de la República, al objeto de que se equiparen con los correspondientes a la Beca Indígena”.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor CERONI (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor CERONI (Vicepresidente).- Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor CERONI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que algunos señores diputados que estaban en reunión de Comité puedan hablar a favor del proyecto de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Fernando Meza.

El señor MEZA.- Señor Presidente, agradezco a la Sala la oportunidad de defender el proyecto de acuerdo, cuyo propósito es reparar una situación de injusticia y discriminación que perjudica a los estudiantes no mapuches de nuestro país.
No queremos en modo alguno vulnerar los derechos adquiridos por los estudiantes que solicitan becas indígenas, que pertenecen a las distintas etnias y pueblos originarios de Chile, sino que a los estudiantes pobres no mapuches, humildes, hijos de campesinos, se les exijan los mismos requisitos que a los mapuches para acceder a las becas.
Miles de estudiantes chilenos se dan cuenta de que existe discriminación positiva hacia el mundo indígena para que acceda a diversos beneficios, a los que -insisto- no nos oponemos y apoyamos con mucha fuerza, pero si a un mapuche se le exige nota 5 para acceder a una beca indígena, no puede ser posible que a un estudiante no mapuche se le exija un 7 para acceder al mismo beneficio.
Como ése, hay una serie de otros requerimientos que marcan una diferencia demasiado grande en momentos en que Chile está en condiciones de entregar beneficios a todos los hijos de familias humildes que quieran estudiar, sin discriminación ni distinción entre una y otra raza.
Por ello, solicito a los señores diputados que aprobemos por unanimidad el proyecto de acuerdo, que hará justicia al mundo no mapuche, que cada día está siendo más olvidado en los campos chilenos.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Hernández Hernández Javier; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:
Mulet Martínez Jaime; Vallespín López Patricio.

-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/


VII. INCIDENTES


MEDIDAS PARA CONTROLAR PROLIFERACIÓN DE MOSCAS EN LEYDA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado Samuel Venegas.

El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero alzar la voz por la comunidad rural de Leyda, cuyos habitantes desde hace mucho tiempo están soportando la proliferación exagerada de moscas que invaden sus hogares, sus lugares de trabajo, el colegio, la sede social donde se reúnen los adultos mayores, en fin.
He comprobado en terreno las denuncias de los vecinos, quienes me han manifestado que la proliferación de moscas en este momento hace insoportable la vida de las comunidades campesinas en ese lugar, antes tan apacible.
En Leyda hay un criadero de gallinas y el estiércol que generan las aves es desparramado en las áreas adyacentes a dicha empresa, lo que ocasiona una gran proliferación de moscas que, reitero, afecta la vida de las comunidades que habitan el lugar y a quienes debemos tratar de proteger por todos los medios.
Solicito que se oficie a la ministra de Salud, para que instruya al seremi de la provincia de San Antonio, en el sentido de combatir esta verdadera acción inhumana que lleva a cabo la empresa Champion, que a lo mejor infringe las normas vigentes.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL EN LEYDA. Oficio.

El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que instruya al director regional de Obras Hidráulicas de San Antonio, para que en el poblado de Leyda se agilice el estudio correspondiente a un proyecto presentado para instalar agua potable rural.
Allí viven cerca de mil personas que no cuentan con más agua potable que la distribuida por un camión aljibe de San Antonio, la que es insuficiente.
Ojalá se agilice dicho proyecto, de manera que los ciudadanos del lugar cuenten con agua potable, en forma rápida y sanitizada, tal como los demás habitantes de nuestro país.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo en los sectores rurales de nuestro país por la falta de agua potable rural.
Dada la emergencia que enfrentamos, al parecer el Ministerio de Obras Públicas está enfocado a trabajar sólo en torno a los programas de emergencia. Sin embargo, existía un programa normal de agua potable, esperado desde hace bastante tiempo por distintas organizaciones para que el Ministerio de Vivienda iniciara la construcción de sus casas, pero faltaban los estudios de factibilidad.
Al parecer, el programa normal de agua potable rural no se va a implementar muy pronto, pues aún falta el proceso de recomendación social, RS, que es el visto bueno del Ministerio de Planificación.
Vemos esta situación con mucha preocupación, pues el programa, además, fue aprobado por esta Cámara y se entregaron recursos en forma particular para realizar la profundización de pozos en distintos sectores rurales donde residen las organizaciones asentadas.
Puedo dar varios ejemplos al respecto. Uno tiene que ver con la ampliación del agua potable de El Manzano, de la comuna de Las Cabras. Este RS está esperando financiamiento. El programa de agua potable rural, APR de Llaverías, extensión Barrancas, sector que lleva muchos años sin agua y no puede construir viviendas porque no hay factibilidad, tampoco puede ser ejecutado, pues están priorizando las emergencias sobre el programa normal.
Nadie plantea que no se realicen los programas de emergencia, pero supongo que uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo.
Hoy, existe un programa normal pendiente. La gente está esperando que se coloque agua potable. Tenemos muchos sectores, muchas familias sin agua, a pesar de ser exportadores y los jaguares de Latinoamérica.
Con los recursos que posee el país, perfectamente se puede implementar un programa de emergencia más rápido. Pero no por eso vamos a dejar de realizar el programa de agua potable rural a lo largo de todo el país, que la gente está esperando por muchos años. No sólo por el derecho a tomar agua limpia y tenerla en los hogares, sino porque sin ella no se pueden ejecutar importantes programas de vivienda.
Por eso, en nombre de la bancada de diputados independientes, pido el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas para que informe acerca de lo que está ocurriendo con el programa normal de agua potable rural en el país.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE SITUACIÓN DE ABANDONO DE ESTACIÓN DE EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO DE RENGO. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.

El señor BAUER.- Señor Presidente, nuevamente la comunidad de Rengo se ha visto afectada por la muerte de una persona indigente en el sector de la estación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE.
El año pasado, informé en esta Sala el fallecimiento de otras dos personas en ese mismo recinto.
A raíz de ese acontecimiento, solicité a EFE que retirara de allí dos carros de ferrocarriles en desuso, que sólo servían de refugio para esta gente, que se cerrara el perímetro de la estación en desuso y la demolición de la bodega existente.
En resumen, EFE sólo retiró los vagones en desuso, inició el cierre del perímetro del lugar sin terminarlo y los restos de la bodega siguen ahí.
Como consecuencia de ello, ese lugar es usado como dormitorio por los indigentes y debido a su poca iluminación se ha transformado en el terror de los vecinos que no se atreven a pasar por las inmediaciones por el peligro que ello significa.
Por ello, pido reiterar el oficio que se envió hace algún tiempo al ministro de Obras Públicas, con copia al alcalde de Rengo, para que se sirva instruir a EFE, a fin de que termine de cerrar el perímetro de la estación de Rengo y demuela los restos de la bodega existente.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


REITERACIÓN DE OFICIOS POR FALTA DE RESPUESTA. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, creo que muchos diputados enfrentamos el problema de que enviamos oficios y no son respondidos por los ministros o subsecretarios.
Por eso, basada en el artículo 9º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, pido enviar oficios no a los ministros, sino a los subsecretarios de los ministerios para ver si de esa forma obtengo respuesta. Me refiero a los oficios Nºs. 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313 y 6314.
Los oficios dicen relación con la construcción de una central de generación eléctrica por diésel que se va a instalar en mi zona. Por lo tanto, estoy requiriendo información para saber lo que se hará.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


SALUDOS A HIJO EN SU CUMPLEAÑOS.

La señora TURRES (doña Marisol).- Por otra parte, en un tema muy personal, quiero saludar a mi hijo mayor que hoy cumple 18 años y no está a mi lado.
Desde la distancia, le envío un cariñoso abrazo, le digo que lo quiero mucho y que me siento muy orgullosa de él.
Gracias.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señora diputada, todos los parlamentarios presentes nos unimos a este feliz festejo.


DISCRIMINACIÓN EN ENTREGA DE PASE ESCOLAR EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.

El señor EGAÑA.- Señor Presidente, quiero referirme a la discriminación que se produjo en la entrega del pase escolar, que afecta a los alumnos matriculados en las universidades privadas, situación que se ha producido en la comuna de Concepción.
Esto es otro golpe más a la clase media del país. Un alumno de un plantel privado de igual condición económica que la de uno de una casa de estudios pública, no obtendrá ese beneficio. ¿Por qué? Porque el cambio de administración del pase escolar de 2008, que pasó de manos de los operadores del transporte público licitado a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, mantienen en alerta a los universitarios de los planteles privados.
Aquí hay una injusticia, porque los estudiantes de las universidades deberán justificar una situación económica inferior a los 450 mil pesos per cápita de su grupo familiar para acceder al beneficio.
Con ese hecho, se rompe la distribución de la tarjeta que se entregó durante más de una década a todos los estudiantes de la educación superior de la región, los que ascienden a unos 80 mil en la Región del Biobío.
Los afectados acusan discriminación, porque un joven de alto nivel socioeconómico que estudie en una universidad tradicional, instituto profesional o centro de formación técnica recibirá la tarjeta estudiantil, no así uno de iguales características que cursa sus estudios en una universidad privada.
La decisión ya se ha puesto en práctica en otras regiones, incluyendo la Metropolitana. Sólo en la Universidad de San Sebastián, sede Concepción, un 30 por ciento de los estudiantes quedará fuera del beneficio, es decir, dos mil estudiantes. Habría que agregar que la mayoría es de clase media.
Además, denuncian que hay desinformación por parte de la Junaeb. La página web a través de la cual hay que acceder a la postulación, está colapsada.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de educación sobre esta injusticia, para saber cuál es el criterio que se aplica en materia de pase escolar a los estudiantes de las diferentes regiones, porque a veces se perjudica a algunos.
Además, que el secretario ministerial de Transportes del Biobío dé a conocer las medidas que se han tomado al respecto y la directora nacional de la Junaeb haga lo propio en relación con el listado definitivo de los universitarios de mi región. 
He dicho. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En el tiempo de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. 

El señor MARTÍNEZ.- Se hará uso de la palabra al final de Incidentes.


PRONUNCIAMIENTO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ACERCA DE LA VIABILIDAD DE ACUERDO EXTRAJUDICIAL POR DEUDAS EN COMUNA DE CONSTITUCIÓN. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Lorenzini.

El señor LORENZINI.- Señor Presidente, por allá por los años 2003-2004, la municipalidad de Constitución negoció deudas que tenían algunos ciudadanos por el no pago del retiro de la basura.
Según me he informado en la empresa, se logró un acuerdo en el cual se dejaron de lado los intereses y las multas; es decir, se pagaba sólo el capital adeudado. 
Pasó el tiempo y, en 2007, algunos quisieron hacer movimiento patrimonial y pusieron a la venta sus casas. Entre otros, les pidieron certificados de deuda morosa. Ahí descubrieron que nada se había hecho. Por lo tanto, ya no estaban debiendo 30, 40 ó 50 mil pesos, sino 200, 300 ó 400 mil pesos.
La municipalidad, obviamente, preguntó a la Contraloría General de la República acerca de la viabilidad del acuerdo extrajudicial que se había hecho con la empresa y esos ciudadanos, pero ella contestó que no corre, que no tiene sustento.
En verdad, la situación es bastante complicada, porque esa gente quiere pagar, pero nunca tuvo noticias de que no se había hecho nada y, por lo tanto, no sabía el monto de sus deudas de dos o tres años, más multas e intereses.
Por eso, quiero que se oficie al contralor General de la República, para que diga si hay alguna posibilidad de hacer viable -la Contraloría fiscaliza a los municipios- ese acuerdo extrajudicial, no legalizado, pero que beneficiaría a decenas de ciudadanos de Constitución.
Además de la Contraloría, no sé si habría otra forma de hacer viable ese acuerdo, de manera que el pago de la deuda se haga sólo respecto del capital, sin intereses ni multas. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


PRECISIÓN ACERCA DEL ESTADO DE OBRAS DEL PASO PEHUENCHE. Oficio.

El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, hace unos días, el director Nacional de Vialidad dijo que las obras del paso Pehuenche, que todos conocemos, porque de él hemos hablado con los ex presidentes Frei y Lagos y con la Presidenta Bachelet, se terminarían después de 2010. 
A lo mejor quiere que se inauguren en otro gobierno. 
Sin embargo, después el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, dijo que no, que los compromisos se cumplen y que, por lo tanto, las obras del paso Pehuenche estarán listas en 2010.
El paso Pehuenche tiene la gran virtud de que no será alternativo del paso Los Libertadores, en Los Andes. El primero es de cota baja, está todo el año abierto, pavimentado, sin problemas de nieve, no se corta, y es importante para el país y para la Región del Maule, por ser un nexo entre Argentina y los puertos chilenos de Constitución y Talcahuano. 
Me preocupa que las obras se atrasen. Las platas han sido aprobadas y ha habido instrucciones desde La Moneda para apresurarlas. 
Ante las dudas, me gustaría que se oficiara al ministro de Obras Públicas, para que nos diga en detalle cuál es la realidad del programa de construcción de las obras del paso Pehuenche; sus flujos de caja, cuándo se inaugurarán los distintos tramos y en qué condiciones; quienes son los responsables, de manera de tener una opinión oficial para darla a conocer a la ciudadanía del Maule, porque, obviamente, las opiniones del director Nacional de Vialidad y del subsecretario de Obras Públicas inducen a confusión. No es lo mismo 2010 que 2011, 2012.
Como sabe, señor Presidente, usted el 2010 puede ser diputado de nuevo. Pero el 2012 no habrá nada que hacer. Será alcalde. Por lo tanto, el plazo en estas cosas hay que tenerlo claro.
He dicho. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. 


INCUMPLIMIENTO DE EMPRESA SAESA EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA COMUNA DE CHONCHI. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- 
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.

El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Lagos, con el objeto de expresarle nuevamente mi preocupación por los proyectos de electrificación rural de los sectores de Chanquín y Huentemó, en Chonchi.
El alcalde de esa comuna, Pedro Andrade, ha expresado de nuevo su malestar, porque después de casi dos años y medio en total -primero un año y medio y, luego, otros 300 días-, la empresa Saesa que se los adjudicó no ha querido hacer esos proyectos, aunque ambos están pagados. 
 
El gobierno regional nada ha hecho al respecto. Por lo tanto, reitero que se oficie al intendente, con copia de mi intervención, para que explique la situación. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN MEDIA EN COMUNA DE PALENA. Oficio.

El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, también quiero que se oficie al intendente Sergio Galilea, con copia de mi intervención, para transmitirle la preocupación del alcalde de Palena, en la provincia de Palena, Jaime Chávez, quien solicita clemencia para los estudiantes, en el sentido de que por favor se preocupen de crear un establecimiento de enseñanza media en esa comuna para que los chicos no deban emigrar, luego de cursado el 8º básico, hacia otros lugares: Chiloé, Puerto Montt, Chaitén, etcétera. 
El problema es fácil de resolver: que el gobierno regional ayude en la construcción de la infraestructura y apoye la creación de un establecimiento de enseñanza media en la comuna de Palena.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN Y DESPIDO DE FUNCIONARIOS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.

El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, por último, quiero explicar la siguiente situación. 
Un señor, que se llama Mauricio Henríquez, que trabajó en el programa Conace Previene en la comuna de Castro, fue despedido por malo, por inepto. Vino a Santiago a tratar de que le arreglaran su situación. Como es presidente provincial de la Democracia Cristiana, conversó con su presidenta nacional, Soledad Alvear, con quien se tomó fotos que salieron en los diarios.
Pasados unos meses, la directora regional del Conace, señora Yenesi Tejos, fue expulsada, despedida de su cargo, sin justificación alguna. Se trata de una profesional, psicóloga, que tiene un hijo. Eso no importó. Simplemente, la echaron. 
Luego, casi de inmediato, el presidente regional de mi partido, don Carlos Tudela, que además es funcionario de la Secretaría General de la Presidencia y que anda por los pasillos del Congreso, declaró a la radio Biobío que se había echado a esa señora porque no cumplía con los lineamientos del partido. Además, anunció que otros funcionarios deberían irse. 
Por su parte, el intendente Galilea salió a decir que ese señor no tenía nada que ver y que él la echó. Le pregunté por qué lo hizo, y contestó “porque no se presentó el día de asunción de mi cargo, luego de mi nombramiento”.
Bueno, yo creo que Galilea trató de cubrir los hechos para no quedar tan mal. Pero, al final, al señor Henríquez, a quien habían echado del Conace por inepto, lo contrataron en la gobernación provincial como evaluador de proyectos, a través de Interior. 
A esa mujer, que sólo tuvo la mala suerte de cruzarse con estos personajes, terminaron echándola. 
Por lo tanto, pido que se oficie para que el ministro del Interior informe con qué razón, en qué cargo y por cuánto tiempo han contratado al señor Mauricio Henríquez en la Gobernación Provincial de Chiloé; el ministro secretario general de la Presidencia explique si el señor Carlos Tudela tiene o no facultades para exonerar a funcionarios públicos, y la directora del Conace me informe por qué echaron a la señora Yenesi Tejos, encargada del Conace en la Región de Los Lagos.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada Alejandra Sepúlveda, de los diputados Pedro Araya, Felipe Salaberry, Javier Hernández, Iván Norambuena, Eduardo Díaz, Juan Carlos Latorre y de quien preside.


CARENCIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITAL DE VICTORIA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero referirme a dos requerimientos relacionados con centros hospitalarios de comunas que represento en la Región de La Araucanía.
El primero de ellos dice relación con el hospital de Victoria. Se trata de un centro hospitalario en el que se han invertido más de 12 mil millones de pesos, y que está sujeto a un convenio de programación con fondos del Ministerio de Salud y del gobierno regional. Es un hospital importante, que se priorizó en la provincia de Malleco y que atiende no sólo a la población de Victoria, que es bastante numerosa, sino también a los habitantes de las comunas de Ercilla, Collipulli, Traiguén, Curacautín y Lonquimay.
El hospital de Victoria fue creado con el objeto de que en él se realicen muchas cirugías. La idea era desconcentrar la atención del principal centro asistencial de la capital regional de La Araucanía. Sin embargo, nada de eso se ha producido. No es un hospital donde puedan practicarse cirugías ni donde se concentren especialistas, como fue el propósito inicial. Por el contrario, durante mucho tiempo no se contó con los servicios de un oftalmólogo, que acaba de ser contratado. De los tres urólogos que había hasta hace seis meses, sólo hay dos. De los tres internistas que había, sólo quedan dos, lo que refleja el déficit de especialistas del hospital de Victoria. A lo anterior se suma la reciente renuncia de un médico obstetra, de un neurólogo -los únicos que había- y de un psiquiatra. Hay que agregar que este hospital no cuenta con anestesistas, por lo que el objetivo inicial, de que fuera un gran centro de cirugía, no se ha cumplido. Los habitantes de todas las comunas mencionadas, en particular los de Victoria, ven cómo día a día este centro hospitalario se va transformando en un elefante blanco.
Creo que se está dando una señal equívoca. El gobierno regional y el propio Ministerio de Salud acaban de aprobar un nuevo convenio de programación para priorizar al total de los hospitales, cuestión que valoramos. Sin embargo, si en aquellos que fueron priorizados en la primera etapa se producen estas deficiencias, cabe preguntar qué va a pasar con los que vienen.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que tome cartas en el asunto a través del servicio de salud Araucanía Norte, y disponga que se investigue por qué el hospital de Victoria no está contando con especialistas, más aún considerando que la Cámara de Diputados aprobó el año pasado una iniciativa -que surgió en el marco de un conflicto con el Colegio Médico- tendiente a buscar los instrumentos para incentivar la permanencia de especialistas en el sector público. Al parecer, esos incentivos se están aplicando mal y quiero llamar la atención sobre el punto.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA EN LOCALIDAD DE CAJÓN, NOVENA REGIÓN. Oficio.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a una situación que se verifica en la localidad de Cajón, que pertenece a la comuna de Vilcún, cercana a la capital regional de Temuco. En Cajón se ha incrementado la cantidad de personas que se atiende en una posta de salud rural. Afortunadamente, el Gobierno ha evaluado que es necesario hacer un cambio, razón por la cual aprobó recursos del orden de los 900 millones de pesos, mediante un convenio de programación reciente, para construir un centro de salud comunitario, Cesfam, en esa localidad. Sin embargo, creo que eso será insuficiente.
Por ello, pido que se oficie a la ministra de Salud, a fin de que evalúe la posibilidad de implementar un servicio de atención primaria de urgencia, Sapu, en la localidad de Cajón, antes de que se construya el Cesfam, a fin de cubrir todos los turnos de atención de salud, no sólo los diurnos.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN SECTOR PEDRO DE VALDIVIA, NOVENA REGIÓN. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, cuando las ciudades crecen, surgen algunas ventajas que permiten a la población tener mayores servicios concentrados. Pero también aparecen algunos conflictos que se deben enfrentar. Es el caso de Temuco, ciudad que ha crecido explosivamente en los últimos años. La zona que más ha crecido es Pedro de Valdivia, que incluye los sectores de Quinto Centenario, El Salitre, Los Riscos y Las Vegas de Chivilcán. Ese crecimiento ha sido favorecido por políticas públicas tendientes a ayudar a que muchas familias modestas adquieran su casa propia. Ello también ha permitido el desarrollo de un gran sector inmobiliario de viviendas sociales.
En Pedro de Valdivia viven aproximadamente 15 mil familias, y la locomoción que ha estado sirviendo a ese sector durante muchos años es la línea troncal y la variante Nº 6. A raíz del aumento de la delincuencia en Pedro de Valdivia, los empresarios de la línea Nº 6 determinaron retirar sus servicios del sector. Vecinos y organizaciones sociales comenzaron a reclamar ante las autoridades, razón por la cual se llevó a cabo una reunión con la presencia de representantes de la secretaría regional ministerial de Transportes, de la línea Nº 6, de Carabineros, de la intendencia, de la municipalidad y de vecinos afectados. Se acordó que la línea Nº 6 reiniciaría el servicio en un 80 por ciento respecto de su anterior cobertura.
Por otra parte, me reuní con el director general de Carabineros y le hice ver la necesidad de extender las operaciones de seguridad mediante un plan especial, con presencia de retenes móviles. Se está haciendo el diseño y el estudio para dar seguridad a esa población y a los transportistas.
Sin embargo, vecinos acusan que el compromiso que se suscribió con la presencia de todas las autoridades no se está cumpliendo porque se habrían modificado los acuerdos. En vista de ello, las juntas de vecinos y comités de vivienda se contactaron con empresarios de la línea Nº 3, a quienes les solicitaron evaluar la factibilidad de cubrir las poblaciones del sector. La petición fue favorablemente acogida por dichos empresarios.
Por lo anterior, representantes de la línea Nº 3 solicitaron a la seremi de Transportes que autorizara la ampliación de 50 micros en la zona afectada, medida que fue rechazada porque se consideró que había mucha congestión, a pesar de que actualmente la línea Nº 6 no está cumpliendo con el acuerdo pactado.
Vecinos reclaman que ya no se puede conversar con el representante de la línea 
Nº 6 ni con las autoridades regionales. Por ende, piden que la línea Nº 3 brinde el servicio de manera definitiva en el sector.
Debido a este conflicto y a la falta de máquinas, los escolares, trabajadores, personas mayores, inválidos e impedidos se quedan sin el servicio de locomoción. Además, la poca locomoción que hay es motivo de numerosas disputas entre los mismos pobladores. Trabajadores y escolares llegan atrasados a sus labores.
Respecto de la seguridad ciudadana en el sector, Carabineros se encuentra realizando un informe técnico y el levantamiento del perfil delictual en la zona, a fin de implementar un plan cuadrante o uno o dos retenes.
Por ello, pido que se oficie al general director de Carabineros, más que para hacer alguna petición, para agradecer por la forma y rapidez con que atendió esta demanda.
Familias del sector se sienten discriminadas y estigmatizadas debido a este conflicto, que ya escapó de la autoridad regional. Se han reunido más de 1.600 firmas de vecinos que respaldan la implementación de más y mejor cobertura de transporte público, mayor y menor, en el sector de Pedro de Valdivia.
En consecuencia, pido oficiar al ministro de Transportes, con copia de mi intervención, para que se haga cargo de prestar su colaboración a la seremi y la población con alguna solución que satisfaga esa demanda.
He dicho. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


DECLARACIÓN DE ZONA TÍPICA O PINTORESCA A FERIA FLUVIAL DE VALDIVIA. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hoy la Cámara aprobó un importante proyecto de acuerdo mediante el cual se solicita al Consejo de Monumentos Nacionales la declaración de zona típica o pintoresca a la Feria Fluvial de Valdivia.
El artículo 29 de la ley Nº 17.288 establece que para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o determinadas zonas de ellas.
El artículo 30 de la misma ley dispone que para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo con los proyectos presentados.
La Feria Fluvial de Valdivia, que cuenta con una data de más de setenta años, es parte del patrimonio intangible, visual y pictórico, y un punto identitario de esa ciudad, es decir, un referente con el cual buena parte de la población se identifica. En ella existen por lo menos cincuenta puestos de venta de pescados, mariscos, verduras y flores en los que trabajan más de cien personas en forma estable. Además, la visitan miles de turistas y pintores para retratar su hermoso escenario y, en forma permanente, concurren al lugar habitantes de Valdivia para hacer sus compras y abastecerse o, simplemente, para pasear.
Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Educación, que, de acuerdo con la ley, preside el Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de solicitar la máxima premura a la declaración de zona típica o pintoresca a la Feria Fluvial de Valdivia.
Asimismo, pido oficiar a la ministra de Cultura, cuyo compromiso con el desarrollo de Valdivia conocemos, para que intervenga en esa misma línea de protección.
Pido remitir copia de mi intervención con mis felicitaciones a las señoras María Teresa Soto, Mariluz Barría Carter y Elba Cartes Ruiz, dirigentas de los feriantes, quienes han luchado en forma permanente en defensa de la no intervención de ese lugar, de manera que el crecimiento geográfico e inmobiliario de la ciudad no haga perder en forma alguna las características de esa zona.
Finalmente, pido remitir copia de mi intervención al alcalde y concejales de Valdivia.
He dicho. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


ACUERDO CON INTERVENCIÓN DE DIPUTADO GABRIEL ASCENCIO. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, coincido en forma plena con parte de la intervención del diputado señor Gabriel Ascencio, de la Democracia Cristiana.
Con estupefacción nos enteramos de que hoy la Presidenta de la República, los ministros o el intendente no son quienes cambian a autoridades de Gobierno de nuestra región.
Se ha hablado de un segundo tiempo del gobierno de la Presidenta Bachelet, en el cual deben quedar los mejores. Pero resulta que presidentes de ciertas colectividades políticas aparecen en los medios de comunicación para anunciar cambios que ocurrirán en el Gobierno. Después, las explicaciones del Gobierno resultan inexplicables.
A mi juicio, no es posible que presidentes de colectividades políticas de la coalición que, además, son funcionarios de Gobierno, aparezcan pauteando lo que deben hacer autoridades de la región y de nivel nacional.
En consecuencia, pido oficiar al ministro del Interior para que explique de qué forma se evalúa el trabajo de los funcionarios públicos que se desempeñan en las diferentes carteras de gobierno.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.


ERROR EN IDENTIFICACIÓN DE JOVEN DE PUERTO MONTT. Oficios.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar al director nacional del Servicio de Registro Civil y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con el asunto que paso a exponer.
En el paso fronterizo que une nuestro país con Bariloche, Argentina, específicamente en la aduana de Pajaritos, una familia puertomontina vivió una grave situación. 
En efecto, el viernes 14 de marzo, la familia Osorio Bustamante se dirigía por actividades personales y familiares hacia el vecino país. Sin embargo, en dicho paso fronterizo detuvieron a uno de sus integrantes, el joven José Luis Osorio Bustamante, a quien conozco desde pequeño, y no permitieron su salida del país sino después de llevar a cabo una serie de tramitaciones de diferente índole.
El problema se suscitó debido a que, asociado a su número de carné de identidad, aparecía un nutrido prontuario policial, con órdenes de detención pendientes y una orden de arraigo que impedía salir del país, pues, según se expresó, habría cometido delitos de diferente naturaleza, entre ellos, robo con intimidación y otros.
Deseo expresar públicamente que conozco a José Luis Osorio Bustamante, quien forma parte de una familia honesta, trabajadora y de esfuerzo que vive en el sector alto de Puerto Montt. Además, conozco a su hermana Soledad Osorio, quien, con mucho pesar, me narró la situación en comento.
No es posible que el sistema de identificación permita que personas inocentes deban pasar por situaciones como la descrita, que mancilló la honra y dignidad del afectado y de sus hijos. Sus hijas pequeñas lloraban porque no sabían qué ocurría.
Jamás en su vida José Luis Osorio ha tenido problema alguno con la policía ni ha sido investigado por los tribunales de justicia.
Por lo tanto, pido que desde las altas esferas del Servicio de Registro Civil se explique lo ocurrido y de qué forma se puede incurrir en situaciones como la indicada. 
José Luis Osorio jamás perdió su carné de identidad. Sin embargo, asociado al número de su cédula de identidad aparece en su hoja de antecedentes un prontuario policial impactante.
El trato que recibió fue propio de un delincuente. En efecto, la Policía de Investigaciones lo trató de muy mala forma porque consideró que se trataba de un delincuente reincidente, y todo eso en presencia de su familia. Esa clase de errores, equivocaciones o como quiera llamárselos se deben clarificar, y el Estado debe responder. El país debe contar con sistemas modernos, pero eficientes, para lograr la identificación de los verdaderos delincuentes.
En esa oportunidad, se dijo que José Luis Osorio tendría pendiente la causa Nº 57.146, de 1995, del juzgado del crimen de San Fernando, en circunstancias de que jamás en su vida ha visitado esa comuna ni tenido problema alguno con la justicia. Repito, José Luis jamás en su vida ha ido allí. Nunca ha tenido un problema con la justicia, con los tribunales; por lo tanto, es de honorabilidad de un estado enmendar el daño causado.
Solicito que esas dos instituciones, a las que pido antecedentes, puedan clarificar esta situación para honra de José Luis, de su familia, de sus padres, a quienes conozco y admiro mucho; y también de sus hermanos y de sus hijos que han sufrido con este hecho doloroso que les ocurrió cuando ellos pretendían tener un fin de semana familiar, que más que se lo merecen por el amplio trabajo que desarrollan los 365 días del año.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Ascencio, De Urresti y de quien preside.


CARENCIA DE ANTÍGENO PARA DETECTAR ENFERMEDAD EN CABALLOS FINA SANGRE DE CARRERA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que el Comité de Renovación Nacional solicitó a la Mesa que su turno quedara al final. En el entendido de que no ha habido objeciones para ello, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino Rendic.

El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura para que, por su intermedio, recabe información al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, referente al antígeno que expende el laboratorio Central para conocer sobre la enfermedad piroplasmosis en caballos fina sangre de carrera. 
Por antecedentes que he recibido, ese producto no está en dicho laboratorio, por lo que se produciría retraso y perjuicio en las exportaciones de esos caballos. 
Todos sabemos que la hípica es una actividad importante y que genera trabajo a casi treinta mil personas en forma directa e indirecta. Hay todo un mercado a su alrededor, pero también tiene problemas a raíz de la tasa impositiva de 3 por ciento al juego y por no tener la posibilidad de desarrollar acciones en forma libre y de competir con otros juegos de azar para los cuales se dispone del número de sorteos que se estime convenientes.
Si un servicio del estado, de la importancia y reputación del Servicio Agrícola y Ganadero, no está disponiendo del mencionado producto para visar que los fina sangre no presentan esa enfermedad y puedan ser exportados, se está afectando directamente a esta actividad.
Por eso, solicitamos que se nos informe cuál es la situación real, a qué se debe que el producto no se encuentre, en qué plazo se puede disponer de él y qué medidas ha tomado ese Servicio para hacer frente a la situación mencionada.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora 
Amelia Herrera y de quien preside.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.


-Se levantó la sesión a las 13.59 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.


VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA


1.Oficio del Senado.