REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 116ª, en martes 16 de diciembre de 2008 (Ordinaria, de 11.09 a 14.10 horas) Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco, y Ceroni Fuentes, don Guillermo. Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Pérez Arriagada don José. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia8 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 -Constitución de Comisión Especial Investigadora de cumplimiento de normativa ambiental en proyecto de Central Termoeléctrica Los Robles12 -Archivo de proyectos14 -Permiso constitucional14 -Modificación de la Tabla15 V.Orden del Día. -Renovación de vigencias de declaratorias de utilidad pública de bienes raíces. Modificación de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Primer trámite constitucional15 -Modificación de la ley N° 19.885, en materia de donaciones con beneficios tributarios. Tercer trámite constitucional35 -Irrenunciabilidad a excedentes de cotizaciones de salud en isapres. Segundo trámite constitucional. (Votación)36 VI.Proyectos de acuerdo. -Nivelación de profesionales funcionarios regidos por el DFL N° 1, de 1997, y el DFL N° 2, de 1968. (Votación)37 -Mejoramiento de la situación funcionaria de secretarios de juzgados de policía local38 -Implementación de urna electrónica para próximas elecciones39 -Reconocimiento del Estado Palestino y establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajada41 VII.Incidentes. -Información sobre destino de recursos para la descontaminación de Santiago, Rancagua y Temuco. Oficio43 -Información sobre medidas para combatir el desempleo. Oficios43 -Adopción de medidas a favor de productores de trigo. Oficios44 -Toma de razón de decretos supremos sobre adquisición de armamentos con cargo al 10 por ciento de las ventas de Codelco. Oficios45 -Fiscalización de trabajos de empresa de mantención global en camino que une Quillón con sector de Cerro Negro, provincia de Ñuble. Oficios47 Pág. -Información acerca de convenio sobre elaboración de Plan Estratégico de Desarrollo Regional de Aisén. Oficios47 -Adopción de medidas en favor de agricultores afectados por ola de calor y déficit hídrico en regiones de La Araucanía, de Los Lagos y de Los Ríos. Oficio49 -Adhesión a planteamiento de diputado Enrique Jaramillo. Felicitaciones a nueva ministra del Trabajo y Previsión Social. Oficio49 -Alcances sobre modificación del Senado al proyecto de ley que modifica la ley sobre donaciones con beneficios tributarios50 -Información sobre mecanismo de transferencia de fondos de empresas recaudadoras a instituciones de beneficencia. Oficio51 -Construcción de Centro de Salud Familiar en Tegualda, comuna de Fresia51 -Reconocimiento a trayectoria de Héctor Raúl Mancilla, futbolista de Purranque que triunfa en México. Oficios52 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “modifica el artículo 59 de la ley general de urbanismo y construcciones, sobre la caducidad de Declaratoria de Utilidad Publica contenida en los Planes Reguladores”. (boletín N° 6032-14) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 2.“Acuerdo que Aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Australia, sus Anexos y Cartas Complementarias”, suscritos en Canberra, el 30 de julio del año 2008. (boletín N° 6220-10) 3. “modifica la ley de concesiones de obras públicas y otras normas que indica”. Boletín N° 5172-09. 4.“Modernización del Servicio Electoral”. (boletín N° 6139-06) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 5.“Reforma constitucional que crea la defensoría de las personas”. (boletín N° 6232-07) 6.“Sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”. (boletín N° 5971-17) 7.“Modifica la ley N° 18.168, general de telecomunicaciones”, (otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora). (boletín N° 4740-15) 8.“Crea la Subsecretaría de Asuntos Indígenas”. (boletín N° 6018-06) 9.“Regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de patrimonio y de enajenar activos, en los casos y forma que se indica”. (boletín N° 5898-07) 10.Modifica diversos cuerpos legales en materia de orfen público y establece normas en materia de reuniones públicas”. (boletín N° 4832-07) Pág. 11.“Establece un sistema institucional para el desarrollo del turismo, modifica el decreto ley N° 1.224, que crea el Servicio Nacional de Turismo y otras normas legales relacionadas”. (boletín N° 5687-23) 12.“Modifica la ley N° 17.898, sobre control de armas”. (boletín N° 5405-05) 13.“Crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana”. (boletín N° 5406-15) 14.“Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente”. (boletín N° 5947-12) 15.“Crea el fondo de fomento a la productividad de las zonas extremas, establece una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones y en las provincias que indica, crea el fondo de fomento y desarrollo de las regiones extremas, y prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y de Magallanes y de la provincia de Palena”. (boletín N° 5990-27) 16.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral”. (boletín N° 4724-06) 17.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y Magallanes y de la provincia de Palena y modifica la ley de zonas francas contenida en el D.F.L. N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda”. (boletín N° 6264-27) 18.Informe de la “Comisión Especial Investigadora del Proceso de Concesiones Carcelarias” 19.Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas”. (boletín N° 6232-07) 20.Primer informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos menores y perfecciona normas sobre protección a la maternidad”. (boletín N° 4930-18) 21.Informe sobre el XXXIII Periodo Ordinario de Sesiones, del Parlamento Andino, efectuadas en Santiago, Chile, los días 23 a 25 de noviembre de 2008 22.Informe sobre la participación del diputado señor León en la Audiencia Parlamentaria y Reuniones de Jefes de Estado y Ministros sobre el grado de cumplimiento de los Acuerdos adoptados en el Consenso de Monterrey, sobre la financiación para el desarrollo, efectuadas en Doha, Qatar, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2008, organizadas por la Unión Interparlamentaria y Naciones Unidas Pág. 23.Moción de los Diputados señores Aedo y Chahuán, que “modifica el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer que las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público. (boletín N° 6268-07) 24.Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián, Accorsi, Becker, Forni, Galilea, García, Hales, Vargas, Walker, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que “establece normas destinadas a facilitar el traspaso del mando en las municipalidades”. (boletín N° 6269-06) 25.Moción de los diputados señores Forni, Eluchans, Alvarado, Barros, Bauer, Hernández, Norambuena, Recondo, Urrutia y Von Mühlenbrock, que “modifica el artículo 4° transitorio de la ley N° 19.302, sobre servicio público telefónico, en el sentido de fusionar las Zonas Primarias de Valparaíso, Los Andes, Quillota y San Antonio, en una sola”. (boletín N° 6270-19) 26.Moción de los diputados señores Alvarado, Arenas, Barros, García-Huidobro, Hernández, Moreira, Recondo, Von Mühlenbrock, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta y Nogueira, doña Claudia,que “modifica el artículo 75 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el sentido de incorporar un fuero a los Concejales electos que desempeñen, además, funciones profesionales en la Municipalidad respectiva”. (boletín N° 6271-06) IX.Otros documentos de la Cuenta. -Petición de 52 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra c) de la Constitución Política de la República, solicitan que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente se constituya como “ Comisión Especial Investigadora acerca de las circunstancias de aprobación del proyecto de Central Termoeléctrica los Robles, en la comuna de Constitución, que verifique el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, determine las eventuales responsabilidades involucradas, recabe información recibiendo, para tales efectos, a las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación y remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran”. “La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”. -Copia de la intervención del diputado señor Fuentealba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su calidad de Representante Especial de S. E. la Presidenta de la República, encabezando la delegación nacional en dicha reunión. -Licencia médica acompañada por el diputado señor Farías por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 20 días a contar del 8 de diciembre en curso. -Comunicación del diputado señor Errázuriz quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 6 de enero de 2009, para dirigirse Laos, con el objeto de asistir al Appf. -Oficios: -De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita el archivo de los siguientes proyectos iniciados en moción, por haber transcurrido mas de dos años sin un pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Corporación: a)“Sanciona determinadas conductas relacionadas con actividades de selección, reclutamiento, entrenamiento y envío de mercenarios al extranjero”. Boletín N° 3612-02, b)“Establece la imposibilidad de realizar el Servicio militar cuando se es consumidor de droga”. Boletín N° 4568-02, c)“Modifica la ley sobre Sistema de Inteligencia del Estado, en cuanto al pago de remuneraciones de un funcionario cuestionado”. Boletín N° 4480-02. Ministerio de Hacienda: -Diputado De Urresti, ampliación de beneficios para adultos mayores. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Hernández, doble vía en la Ruta 215 en Osorno. -Diputado Hernández, caminos vecinales en la provincia de Osorno. -Diputado Lobos, camino Puente Perales Región del Bíobío. -Diputado Quintana, obras viales en comunas que forman parte de Corredor bioceánico en Región de La Araucanía. -Diputado Monckeberg don Nicolás, empresa Emelectric S.A. en Cobquecura, VIII Región. -Diputado Hales, señalética en contratos de concesión. -Diputado Sule, fiscalización de empresas sanitarias. -Diputado Urrutia, encausamiento del río Longaví, en sector de Villa Longaví. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: -Proyecto de Acuerdo 656 y 656-A, uso y radiación de equipos telefónicos móviles. Comisión Nacional del Medio Ambiente: -Diputada Vidal, contaminación de residuos de metales pesados en comuna de La Granja. Ministerio Público: -Diputado Espinosa don Marcos, Fiscalía Local de Calama. -Diputado De Urresti, fallecimiento de imputado en cárcel de Llaucahue, Valdivia. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Pérez San Martín, Lily -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Burgos Varela, Jorge -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Martínez Labbé, Rosauro -Melero Abaroa, Patricio -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Sule Fernández, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Asistió, además, la ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Patricia Poblete. -Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez y Jorge Pizarro. - II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.09 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 111ª se declara aprobada. El acta de la sesión 112ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. -o- El señor MONTES.- Pido la palabra. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor MONTES.- Señor Presidente, no se encuentra consignada en la Cuenta la constitución de la Comisión sobre deudas. Quiero saber si su señoría tomará alguna decisión al respecto. De no tomarse una iniciativa sobre el particular, difícilmente se podrá trabajar en enero sobre la materia. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, el jueves enviamos el último comunicado para que las distintas bancadas hagan llegar a la Mesa los nombres de los señores diputados que integrarán la Comisión. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta. De persistir esa situación, la Mesa los designará, tal como lo establece el Reglamento de la Corporación. El señor MONTES.- Señor Presidente, si mañana las bancadas no han entregado los nombres de los diputados que integrarán la Comisión, ruego que su señoría proceda a designarlos. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, espero que durante el trascurso del día, las bancadas hagan llegar a la Mesa los nombres de quienes las representarán. -o- El señor BURGOS.- Pido la palabra, por una cuestión de Reglamento. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor BURGOS.- Señor Presidente, con ocasión de las modificaciones introducidas a la Constitución en 2005, a lo menos dos leyes debieron ponerse al día: la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, en materia de control de constitucionalidad -se encuentra en último trámite en ese órgano- y la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Si no me equivoco, hace un año se constituyó una Comisión Mixta para analizar estas materias. Pido a la Mesa que solicite a su Presidente, senador Gómez, que nos informe si esa instancia emitirá algún informe en lo que resta de esta legislatura. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, a petición de varios parlamentarios, la Mesa ofició sobre el particular al senador señor Gómez. La Comisión Mixta sesionó el miércoles o jueves de la semana pasada, por lo que esperamos que evacue un informe a la brevedad. -o- El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Cuenta se informó sobre el ingreso a tramitación del proyecto de ley que prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y Magallanes y de la provincia de Palena, y modifica la ley de zonas francas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, cuya urgencia fue calificada de discusión inmediata. Por lo tanto, solicito a su señoría que recabe la autorización para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar en forma paralela con la Sala, a partir de las 12 horas, a fin de abocarse al estudio de dicha iniciativa. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, los Comités acordaron que la Comisión de Hacienda estudie el proyecto a contar de las 16 horas. Por lo tanto, habría que recabar la unanimidad de la Sala para que la Comisión sesione sin las cuatro horas de anticipación que establece el Reglamento para su citación. El señor TUMA.- Señor Presidente, en mi opinión, por tratarse de un proyecto cuya urgencia fue calificada de discusión inmediata, no se requiere cumplir con el requisito de las cuatro horas previas para la citación de la Comisión. El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor Tuma? No hay acuerdo. CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL EN PROYECTO DE CENTRAL TERMOELÉCTRICA LOS ROBLES. El señor ENCINA (Presidente).- En conformidad con lo preceptuado en el artículo 52, Nº 1, letra c), de la Constitución Política, 52 señores diputados y diputadas solicitan que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente se constituya en “Comisión Especial Investigadora sobre las circunstancias de aprobación del proyecto de Central Termoeléctrica Los Robles, en la comuna de Constitución, que verifique el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, determine las eventuales responsabilidades involucradas, recabe información recibiendo, para tales efectos, a personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación y remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, proponiendo las medidas conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran. La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación dentro de un plazo de 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”. Corresponde votar la petición. Para su aprobación se requiere un quórum de 47 señores diputados y señoras diputadas. Tiene la palabra el señor Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿podría explicar de qué se trata para saber cómo votamos? El señor ENCINA (Presidente).- El señor Ceroni, que es uno de los solicitantes, va a hacer uso de la palabra al respecto. El señor CERONI.- Señor Presidente, en la región del Maule, la aprobación de esta termoeléctrica por la Corema ha causado gran molestia en toda la ciudadanía, puesto que funcionará sobre la base de carbón, altamente contaminante, en una zona de gran interés turístico como es la comuna de Constitución, muy cercana a Chanco. Su instalación producirá efectos muy perniciosos para todo el medioambiente de campesinos que cultivan frutilla, de pescadores artesanales que cultivan locos, patrocinados por el gobierno. En definitiva, alterará absolutamente el medio ambiente y perjudicará el desarrollo turístico, de la pesca artesanal y el que el propio gobierno ha apoyado, de la agricultura campesina. Hay mucha objeción, se ha producido un movimiento ciudadano impresionante en todas las comunas de la zona, se han movilizado miles de personas de la provincia de Cauquenes, y también de Constitución, para protestar por la instalación de dicha termoeléctrica. Varios parlamentarios de la zona nos han pedido que, como Comisión de la Cámara de Diputados, investiguemos este punto. Creo que debemos darnos el espacio para analizarlo, puesto que esta Cámara es la única que puede fiscalizar hasta qué punto los integrantes de la Corema, funcionarios de la administración pública, cumplieron en forma eficiente su labor y no se salieron del marco normativo de las leyes medioambientales. Es muy importante que la Cámara de Diputados respalde a la ciudadanía e investigue, al menos, esta materia. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para constituir esta Comisión Especial Investigadora? Aprobada. Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, se aprobó la constitución de una nueva Comisión investigadora, en circunstancias de que aún no se integra la Comisión investigadora sobre denuncias en el MOP, que se aprobó por esta misma Sala hace dos semanas. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, cuando las bancadas no hacen llegar los nombres de los diputados que conforman la Comisión investigadora, la Mesa los designa. Por lo tanto, en eso estamos al día. En este caso, además, la Comisión de Recursos Naturales se constituye en especial investigadora. El señor VALENZUELA.- Según el Reglamento, su señoría puede nombrarlos si las bancadas no lo hacen. El señor ENCINA (Presidente).- Vamos a nombrarlos, señor diputado. No se preocupe. Tiene la palabra el diputado De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con la constitución de la Comisión para investigar la aprobación del proyecto de esa termoeléctrica y el funcionamiento de la Corema, pero es fundamental que la Corporación se aboque también a investigar la aprobación de otros proyectos de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. Estas situaciones deben verse en conjunto. Estamos reuniendo las firmas para constituir una sola gran Comisión investigadora sobre la materia, pero vamos a apoyar totalmente la formación de ésta en particular. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, debe presentarse un proyecto para que la misma Comisión se haga cargo también de las otras situaciones. El señor DE URRESTI.- Estamos reuniendo las firmas, señor Presidente. ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Defensa Nacional, de archivar los siguientes proyectos: a) “sanciona determinadas conductas relacionadas con actividades de selección, reclutamiento, entrenamiento y envío de mercenarios al extranjero.”. Boletín Nº 3612-02. b) “establece la imposibilidad de realizar el Servicio militar cuando se es consumidor de droga.”. Boletín Nº 4568-02. c) “modifica la ley sobre Sistema de Inteligencia del Estado, en cuanto al pago de remuneraciones de un funcionario cuestionado.”. Boletín Nº 4480-02. ¿Habría acuerdo? Acordado. PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional solicitado por el señor Errázuriz para ausentarse del país, por un plazo superior a treinta días, a contar del 6 de enero de 2009, para dirigirse a Laos, con el fin de asistir al Foro Parlamentario Asia Pacífico. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- No hay quórum nuevamente. Se llamará a los señores diputados y señoras diputadas por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ENCINA (Presidente).- En votación el permiso constitucional. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Rojas Molina Manuel; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio -Votó por la negativa el diputado señor Dittborn Cordua Julio. -Se abstuvieron los diputados señores: Pascal Allende Denise; Ulloa Aguillón Jorge. MODIFICACIÓN DE LA TABLA. El señor ENCINA (Presidente).- Señores diputados y señoras diputadas, el proyecto que figura en el segundo lugar de la Tabla, que crea la Defensoría de las Personas, ha sido retirado y, en su lugar, ha sido incorporada una moción por la cual se autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón. -o- V. ORDEN DEL DÍA RENOVACIÓN DE VIGENCIAS DE DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA DE BIENES RAÍCES. Modificación de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica el artículo 59 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, sobre la caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores, cuya urgencia fue calificada de discusión inmediata. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Gonzalo Uriarte. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 6032-14, sesión 63ª, en 13 de agosto de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Primer Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 98ª, en 11 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 15. -Certificado de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 115ª, en 11 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor URIARTE.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que modifica el artículo 59 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, sobre la caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores, cuya urgencia fue calificada de discusión inmediata. En forma previa, debo hacer presente que la iniciativa en informe no requiere ser conocida por la Comisión de Hacienda y que el inciso final de su artículo único, conforme a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 113 y en el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política de la República de Chile, contiene normas de rango orgánico constitucional. De acuerdo con lo establecido en el mensaje, el proyecto modifica el artículo 59 de la ley general de Urbanismo y Construcciones y el artículo 24 de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, con el propósito de perfeccionar las normas relacionadas con las declaratorias de utilidad pública, en orden a establecer procedimientos más expeditos para su prórroga. La Comisión contó con la asistencia y colaboración de doña Jeannette Tapia y de don Luis Eduardo Bresciani, abogada y jefe de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respectivamente; de doña Bettina Horst, investigadora del programa económico del Instituto Libertad y Desarrollo; de don Jaime Pilasi, segundo Vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción; de doña Carolina Arrau y de don Gonzalo Bustos, abogados de la misma institución; de don Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y de don Malik Mograb, abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades. La posición que primó en la Comisión fue establecer como artículo único el artículo transitorio del proyecto original, que establece la renovación en forma automática, por la vía legal, de las vigencias de las declaratorias de utilidad pública a que se refiere el inciso primero del artículo transitorio de la ley Nº 19.939. Además, se considera la posibilidad de prorrogar tales declaratorias, conforme a las disposiciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 59 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. También se contempla la posibilidad de que el intendente o el alcalde establezcan, dentro de los plazos que se señala, un listado de las declaratorias de utilidad pública cuya renovación no es necesaria. En el acuerdo se tuvo presente de manera especial el compromiso del Ejecutivo -materia sobre la cual se discutió largamente en la Comisión- en orden a estudiar compensaciones de tipo económico para quienes pudieren ver afectados sus bienes raíces por este gravamen, que continuará vigente, y también el hecho de que la planificación urbanística considera trazados que, de alterarse, podrían provocar algún tipo de desorden a nivel urbano. Reitero que el proyecto consagra la posibilidad de que el intendente o el alcalde puedan establecer un listado de las declaratorias de utilidad pública cuya renovación no sea necesaria, para, de ese modo, liberar del gravamen el mayor número de propiedades. El proyecto fue aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra. Su texto es el siguiente: “Artículo único.- Renuévanse las vigencias de las declaratorias de utilidad pública a que se refiere el inciso primero del artículo transitorio de la ley Nº 19.939, por el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley. Las declaratorias de utilidad pública que renueven su vigencia conforme a las disposiciones del inciso primero de este artículo podrán prorrogarse, conforme a las disposiciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 59 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Intendente a petición de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, o el Alcalde, según sea el caso, mediante resolución o decreto alcaldicio, respectivamente, podrán dentro de un plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación de esta ley, establecer un listado de las declaratorias de utilidad pública cuya renovación no es necesaria. Dichos actos administrativos deberán publicarse en el Diario Oficial y desde esa fecha caducaran automáticamente las declaratorias incluidas en los referidos listados.”. Tratado y acordado en sesión de 10 de diciembre de 2008, con asistencia de las diputadas señoras Nogueira y Pacheco y de los diputados señores Uriarte (Presidente), Duarte, García, Insunza, Latorre, Lobos, Montes y Quintana. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, la sola simplificación que ha tenido el proyecto es la comprobación palmaria de la confusión que existe en esta materia. Es decir, su aparente virtud es la mejor exhibición de su defecto. En el texto original venía un conjunto de disposiciones relativas a las afectaciones por utilidad pública de la propiedad privada. Se trata de una vieja historia que afecta al pequeño propietario de clase media. Por ejemplo, en el área norte de Santiago, en el distrito que represento, gente de no muchos recursos vive en casas de buena calidad, pero la mayoría afectas a utilidad pública -esto ocurre también en otras zonas de Santiago-, porque a la autoridad, al que planificaba, alguna vez se le ocurrió que ensancharían las calles y, para ese efecto, era necesario declarar de utilidad pública determinadas propiedades privadas. Es decir, no se trataba de expropiar en el momento, sino que bastaba con amenazar que la propiedad sería expropiada. Con ese criterio, las propiedades quedaban eternamente afectas a la posibilidad de ser expropiadas. Muchos alcaldes contentaban a los vecinos diciéndoles que no iban a expropiar. Les dije que el alcalde tenía razón, que no les expropiaría, pero sí las propiedades quedarían gravadas por las maldiciones del que las pintó de negro en el plano regulador. Es decir, caían en lo que se llama la afectación a utilidad pública. Por lo tanto, es cierto que la municipalidad no les iba a expropiar, pero también es cierto que en los certificados que pidieran los vecinos sobre sus propiedades figuraría la afectación a utilidad pública, paso previo a la expropiación. Si con ese certificado las personas pretenden pedir un crédito, lo más seguro es que el banco se lo niegue, aunque el alcalde rejure y lo ponga en el diario comunal que no va a expropiar esa vivienda. Es decir, el banco es la prueba de la blancura, porque no otorgará el crédito. Ninguna entidad financiera aceptará en garantía una propiedad que esté afecta a utilidad pública. Pero la maldición también persigue a las mejoras que se quieran hacer a la propiedad, pues para ampliar el living de la casa, la cocina, etcétera, el propietario debe pedir permiso al municipio correspondiente, y lo más seguro es que la autoridad le recuerde que la propiedad está afecta a utilidad pública, es decir, gravada con una eventual expropiación, y le niegue el permiso. En 2004 se dictó la ley Nº 19.939 para poner fin a estas eternas amenazas de expropiaciones, a estas maldiciones que afectaban por años y años las propiedades. Morían los dueños y la sucesión heredaba esa maldición. La propiedad quedaba en la lista negra. En avenida Valdivieso tenemos propiedades afectadas por más de 40 años. ¡Pero si en 40 años la ciudad es otra! Lo mismo sucede con la vía Samuel Díaz Ossa, subiendo hacia el cerro San Cristóbal, porque a un arquitecto se le ocurrió pintar de rojo esa calle, suponiendo que el paso hacia Providencia, a propósito de la construcción del túnel por el cerro San Cristóbal, se haría por esa calle. Eso no ocurrió nunca. Se terminó el túnel, y el paso no será nunca por Samuel Díaz Ossa; sin embargo, las propiedades estuvieron declaradas de utilidad pública por más de 40 años, es decir, no pudieron ser entregadas en garantía a los bancos, no pudieron ser ampliadas o mejoradas, etcétera. ¡Por favor! ¿Qué estuvo haciendo el planificador? Era un irresponsable. Hoy se hace todo con computador; antes con un plumón, que yo lo llamaba el plumón irresponsable, coloreaban los planos e iban diciendo: “¿Te gusta está calle más ancha? Sí -respondían los arquitectos del tablero de al lado- píntala de rojo”. Y así se los pasaron 40 años. Cambiaron los arquitectos, se murieron los planificadores, se murieron los presidentes de la República y la pobre calle Samuel Díaz Ossa, donde la gente construyó a pulso, seguía afecta y sin poder progresar por la eterna amenaza de la expropiación. ¿A qué precio, cuánto les iban a pagar? No tengo idea; no se sabe. ¿Cuándo iba a terminar la afectación a expropiación? Nunca. Por eso se dictó la ley Nº 19.939, de 2004, para fijar plazos. Y se fijaron con la anuencia del Ejecutivo. Aquí estuvo el ministro defendiendo el proyecto. Fijamos los plazos. ¡Qué bueno! Por fin la ciudadanía tendría fecha de caducidad de las declaratorias de utilidad pública. Por ejemplo, los terrenos destinados a vías troncales, colectoras y los parques intercomunales y comunales, quedaron con un plazo de caducidad de cinco años. Asimismo, la ley estableció que las declaratorias de utilidad pública podían prorrogarse por única vez por igual lapso. Agregó que los terrenos destinados a vías expresas en las áreas urbanas tendrían un plazo de caducidad de diez años. Di la pelea para que ambos plazos de caducidad fuesen de cinco años. Perdí; pero por lo menos se fijaron plazos, que la autoridad nunca usó, para los casos que venían de años. Se dijo: “Para esa planificación irresponsable, que era eterna, fijaremos como plazo febrero de 2009”. Lo que ocurrió, y la ministra lo podrá corroborar, es que no se hicieron las expropiaciones, a pesar de los 20, 30 ó 40 años de afectación. Se dio un plazo de cinco años y nada pasó; sin embargo, mediante un proyecto de ley nos piden que prorroguemos por un año. Además, el proyecto venía acompañado de un conjunto de otras materias -no alcanzo a detallarlas en los pocos minutos que me restan-, para hacer declaraciones de utilidad pública, y una serie de simplificaciones interesantes y con algunas propuestas sobre los planos reguladores. Todo eso lo suprimieron, porque se dieron cuenta de que era engorroso. Pero, ¿cómo viene el proyecto? La autoridad, que no fue capaz de expropiar en 30 años ni en los cinco que le dimos de plazo, pide que le otorguemos un año más de plazo para una decisión que nunca ha podido tomar. ¿Qué le decimos al propietario? ¿Qué va a contestar el diputado en su distrito cuando le pregunten por este proyecto ley? A esas personas de clase media, que han heredado propiedades a las que persigue la maldición de la pintada con negro en el plano regulador desde hace no se cuantos años, les vamos a decir: “Fíjense que les prorrogamos un año más la agonía”. Le dije a la ministra que entendía el problema, pero siempre que fuese planteado como un compromiso. Entiendo que los trámites son engorrosos, que había una propuesta interesante del Ministerio para simplificarlos, pero no viene ahora en el proyecto y esa era la parte buena. ¿Qué dice el proyecto?. El primer inciso del artículo único prorroga las vigencias de las declaratorias de utilidad pública por un año, pero el inciso final agrega: “Sin perjuicio de lo anterior, el Intendente...” -aquí aparece una figura nueva- “...a petición de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, o el Alcalde, según sea el caso,” podía establecer un listado de las declaratorias de utilidad pública para decir: “a éste sí; a éste no”, como en el juego de la viroca, al que le toca le toca. Es algo francamente inentendible. Por lo tanto, ¿vamos a prorrogar el plazo, para decir que las declaratorias de utilidad pública se podrán aplicar por un año más, que todas las propiedades se expropian y después se acaba, o vamos a colocar un elemento de incertidumbre adicional en el que figuran el intendente, el seremi y el alcalde para tomar decisiones sobre esas propiedades? Señor Presidente, estoy confundido; no puedo entender en qué consistió la simplificación. Me gustaría crear una fórmula para solucionar el problema, porque el proyecto llegó a la Sala de pronto y no se pudo hacer nada. He conversado y hemos trabajado mucho esta materia con el diputado Uriarte, informante del proyecto y, además, presidente de la comisión técnica, y hemos llegado a la conclusión de que es necesario crear alguna fórmula para dar más certeza a una materia que constituye una incertidumbre histórica respecto de planificación y de propiedad privada de las personas. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, quiero dejar en claro que mi intervención anterior fue sólo para informar el proyecto, y también que fui el único diputado que votó en contra en la Comisión, para lo cual leeré detenidamente algunos argumentos que indican por qué debemos rechazar la iniciativa. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en febrero del 2009 caducarán las declaratorias de utilidad pública de más del 40 por ciento de los proyectos viales de todo el país y del 70 por ciento de los de la Región Metropolitana Un número importante de estas declaratorias datan de varias décadas y corresponden, como dijo el diputado Hales, a proyectos que no se encuentran en carpeta para ser ejecutados si siquiera en el mediano plazo. Como se sabe, la caducidad de estas declaratorias se fijó en 2004, al modificarse la ley y establecer que toda declaratoria de utilidad pública sólo dura, dependiendo de su tipo, cinco o diez años. De ser necesaria su prórroga, ella debe hacerse mediante una modificación a los planes reguladores que la establecen, pudiendo prorrogarse sólo por una vez. Sin embargo, desde 2004 a la fecha, el Ministerio de la Vivienda, actual responsable de iniciar los trámites para prorrogarlos, no lo ha hecho. En vez de ello, el Ejecutivo envió hace unos meses un proyecto de ley que busca prorrogar en forma automática las declaratorias vigentes. La versión original de la iniciativa en discusión también modificaba otros aspectos de la ley, todas las cuales eran insuficientes para garantizar un justo equilibrio entre la necesidad de contar con la figura de declaratoria de utilidad pública para efectos del desarrollo de las ciudades y el derecho que tienen los dueños al uso de su propiedad y que se ve lesionado al momento de ser declarado como de utilidad pública. Las declaratorias de utilidad pública no sólo vulneran el derecho de propiedad, ya que, en la práctica, son una expropiación encubierta, sino que también generan efectos negativos en el entorno. Por ejemplo, las construcciones en terrenos afectos a una declaratoria tienden a deteriorarse con el consiguiente efecto negativo en su entorno inmediato. Además, se incentiva la generación de sitios eriazos, pues, en la práctica, no se autoriza la construcción en sitios afectos a declaratoria. Lo único que plantea el proyecto de ley que se votará hoy es la prórroga por un año más de las actuales declaratorias de utilidad pública; pero no perfecciona en nada la legislación relativa a tales declaratorias. La oportunidad de perfeccionar la legislación vigente es ésta, pero el proyecto sólo posterga la solución para más adelante, ya que ahora no se está resolviendo en nada el problema de fondo. Por ello, llamo a la Cámara de Diputados a rechazar el proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Vivienda, porque no resuelve los problemas de fondo y mantiene vigentes por décadas las declaratorias de utilidad pública de proyectos que ni siquiera están en carpeta para su ejecución. No contento con lo anterior, señor Presidente, quiero hacer una reserva de constitucionalidad: Se estima que el proyecto de ley en trámite sobre declaratorias de utilidad pública adolece de inconstitucionalidad, debido a que potencialmente afecta los artículos 19, Nos 21º, 24º y 26º, de la Constitución Política. El derecho de emprender actividades económicas, a que se refiere el artículo 19, Nº 21º, de 1a Constitución Política, se ve vulnerado por el proyecto de ley en análisis, debido a que las personas afectadas no podrán ampliar las construcciones existentes es sus predios mientras dure la vigencia de una declaratoria. El derecho de propiedad, a que se refiere el artículo 19, Nº 24º, de la Constitución Política, se ve afectado por el proyecto de ley debido a que se establece una declaratoria de utilidad pública que no necesariamente culminará con una indemnización a las personas afectadas, como lo exige el precepto constitucional, sino que se transforma en una limitación que se prolonga indefinidamente en el tiempo, lo que importa una privatización encubierta de uno de los atributos esenciales del dominio, que es el de goce. Asimismo, la prórroga por un año que se plantea en el proyecto y la facultad de prorrogar por un nuevo período los predios afectados, significa que la restricción que se intenta establecer se acerca más bien a una restricción o privación expropiatoria de un derecho reconocido en la Constitución, lo que afecta en consecuencia al artículo 19, Nº 26º, de la Constitución Política, dado que se vulnera la esencia del ejercicio de este derecho, lo que incluso está vedado al legislador. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el proyecto, tan necesario para la planificación urbana, también tiene interés para las personas, las que no deben ser afectadas negativamente en sus derechos de propiedad. Sin embargo, el Estado, a través de esta iniciativa, vulnera los derechos de los propietarios, ya que les impide la libre disposición del bien Por lo tanto, la Cámara de Diputados debe buscar una norma que equilibre el derecho del colectivo, del país, de la sociedad, de los municipios y del Ministerio de Vivienda para construir ciudades acogedoras, cómodas y que dispongan de espacios públicos suficientes para desarrollar la vida de una sociedad; pero, al mismo tiempo, lo anterior tiene que ser compatible con el derecho de propiedad de las personas, porque no puede disponerse de la propiedad de un particular, de una persona para beneficiar a la comunidad sin pagar una compensación, como ocurre con la actual normativa, que no dispone compensación alguna y es una amenaza de expropiación que inhabilita al propietario para el uso y goce de su bien. Cabe señalar que en Temuco, frente al estadio Germán Becker hay una cantidad de al menos 40 viviendas que están en esa condición desde hace más de 20 años, razón por la cual sus dueños no pueden construir ni vender; no pueden disponer de sus propiedades ni siquiera para modernizarlas o conectarlas al alcantarillado, porque como van a ser expropiadas, las empresas sanitarias tampoco tienen garantía para prestar el servicio. Entonces, frente a uno de los estadios más modernos del país y del mundo, hay una población sin oportunidad de desarrollarse, sin alcantarillado y, en muchos casos, sin agua potable, porque hay una disposición que establece un plazo de cinco años, para la caducidad de las declaratorias de utilidad pública, pero que se transforman en permanentes, lo cual, atenta contra los derechos de las personas en aras del bien común. Pero eso debe tener un límite. Estamos discutiendo un proyecto de ley que prorroga por un año tales declaratorias, pero consagra un plazo de 90 días para que alguna autoridad, sea el seremi, el intendente o el alcalde, dicte alguna resolución que defina las propiedades que no se verán afectadas por dicha renovación. En definitiva, estamos prorrogando por nueve meses una disposición que, seguramente, estaremos discutiendo de nuevo una vez que expire el plazo. Invito al Gobierno, a la señora ministra, a que conformemos una mesa de trabajo para resolver definitivamente el problema, porque sólo estamos tramitando, en forma urgente un proyecto que se transformará en una ley transitoria. Como en Chile siempre dejamos las cosas para última hora, nos va a pillar la nueva prórroga y en un año estaremos exactamente en las mismas condiciones. Es mejor encontrar una solución definitiva ahora respecto de lo que va a ocurrir con el derecho del Estado a planificar y con el de los propietarios a usar y gozar de sus bienes. En ese sentido, me acojo a la fórmula planteada por el diputado Hales, en orden a establecer un levantamiento de esa prohibición y que ese gravamen de expropiación se aplique únicamente cuando exista un plan en que hayan participado más actores, incluyendo la comunidad, y no sólo cuando a una autoridad se le ocurra expropiar. Para ello, a partir de ahora, yo daría un plazo de seis meses para que todas las ciudades propongan lo que van a establecer en el mediano plazo respecto de las normativas de afectación, para no dejar las cosas en el aire y resolverlas en los próximos días. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, después de escuchar al diputado Hales, me surgen varias dudas respecto del fondo del proyecto, aunque la ampliación de un plazo parezca algo meramente formal. Voy a plantear una duda. La renovación de la vigencia de la declaratoria de utilidad pública opera ipso jure desde la publicación de la ley. Pareciera que hay una contraexcepción en el inciso tercero: “Sin perjuicio de lo anterior...” -es decir, desde la plena vigencia- “...el intendente a petición de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, o el Alcalde, según sea el caso, mediante resolución o decreto alcaldicio, respectivamente, podrán dentro de un plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación de esta ley, establecer un listado de las declaratorias de utilidad pública cuya renovación no es necesaria.” Entonces, ellos van a excepcionar la automaticidad a petición de dos autoridades. Por lo tanto, hay un problema, porque decir “podrán” crea una incerteza jurídica brutal. El diputado Montes decía que 90 días puede ser un plazo muy corto para hacer un listado. En consecuencia, había que aumentar el plazo y establecer la obligatoriedad de los listados; de lo contrario, la discrecionalidad es absoluta. Hay que corregir eso. Probablemente, el proyecto es indispensable, más allá del problema de fondo pendiente, como dijeron los diputados Hales y Uriarte. Pero si no hay una salida jurídica inmediata, que por lo menos la que haya no produzca una incerteza jurídica de esa magnitud, dando una discrecionalidad absoluta a autoridades políticas o administrativas en el sentido de poner o dejar fuera del listado de las declaratorias de utilidad pública salvo que hubiera un procedimiento administrativo y después judicial para protestar por el hecho de ser marginado de la lista de los excluidos. No sé si existe; pero en todo caso, hay que corregir lo que he mencionado. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, estoy a favor del artículo único del proyecto, que posterga por un año las afectaciones a utilidad pública. En todo caso, solicito que se vote por separado el inciso tercero. Es importante darnos este año, en el que tenemos la obligación de encontrar una solución al fondo del problema. ¿Cual es el problema? Como bien decía el diputado Hales, es como se hace la ciudad, cómo se compatibiliza el interés privado del dueño de la tierra con el interés de crecer de la ciudad. No es fácil la solución. Se trata de un tema que en todos los países ha generado grandes debates. En muchos casos, como en España y Alemania, la norma constitucional dispone que la tierra es de propiedad e interés de la ciudad. Partiendo de ese principio constitucional, es mucho más fácil encontrar una solución. En un ordenamiento como el nuestro, en que la propiedad privada de la tierra manda sobre cualquier cosa, es mucho más difícil. Eso es lo que se ha tratado de encontrar durante bastante tiempo. ¿Cuál era la respuesta al problema antes de la reforma al artículo 59? Había un sistema muy anticuado, inconsistente y problemático. Todos compartimos eso. El plan regulador afectaba a ciertas propiedades, las que podían quedar en esa situación por años dependiendo de cuanto durara dicho plan. Eso afectaba la propiedad privada del suelo, pero no favorecía a la ciudad, porque no se ponía en uso. Por lo tanto, se generaba una situación en que muchas propiedades quedaban afectas a utilidad pública, restringidas, limitadas sin que ello favoreciera a la ciudad. En el caso de la comuna de La Florida, cuando se estableció el cambio de plan regulador, de las cien mil propiedades quedaron afectadas 14 mil. En verdad el planificador pensó en una ciudad abstracta, sin considerar lo que era posible dentro del período, dejando afectada a gran parte de la ciudad. Es razonable que los propietarios digan que les afectaron su interés y que los representantes de la ciudad digan que era necesario hacerlo. Para decir las cosas como son, la reforma Ravinet terminó con el sistema antiguo, pero sin crear uno alternativo. Ese es el problema que hoy tenemos. Dicha reforma estableció que no puede haber afectaciones a utilidad pública pasado cierto período, pero no dijo lo que pasa después, incluso respecto de la renovación. ¿Esto se discutió cuando se aprobó la reforma al artículo 59? Sí, se discutió. Los representantes del Ministerio de Vivienda dijeron que habría una alternativa en el transcurso del tiempo, antes de que venciera el plazo, que permitiera crear un mecanismo para construir y hacer crecer la ciudad. Eso no llegó. La actual ministra, ante la cercanía del vencimiento del plazo para realizar los aplazamientos de declaración de utilidad pública que sean necesarias, en febrero de 2009, hizo una propuesta, trató de construir una alternativa que incluía una prórroga y un mecanismo que permitiera razonar entre las distintas visiones y llegar a un acuerdo, pero no se logró el acuerdo. A última hora, representantes del Instituto Libertad y Desarrollo y de la Cámara Chilena de la Construcción presentaron un paquete de indicaciones a través del diputado Uriarte en una sesión a la cual yo asistí, pero otros no. Después reconsideramos y reevaluamos eso. Sin embargo, aquí hay un problema de fondo que debemos discutir. Y en esto hago un llamado a todos, porque ¿cómo crece la ciudad? ¿Cómo se irán haciendo las calles? ¿Cómo se harán las nuevas urbanizaciones? La avenida Vicuña Mackenna, por ejemplo, no hace mucho tiempo tenía 23 metros de ancho. Hoy tiene 55, y ese ancho se hizo poco. ¿Cómo crece la ciudad? No se me escapa que el problema de fondo es quién paga el crecimiento de la ciudad. ¿Lo paga el privado, a través de sus aportes a la ciudad, o el sector público, con recursos públicos? Es preciso hacer esa discusión y buscar una salida. ¿Qué solución han logrado otras legislaciones, como la brasileña, en esta materia? Han creado un fondo para el crecimiento de la ciudad, a partir del cobro de un impuesto a la plusvalía. O sea, quien se ve favorecido por ciertas obras, debe aportar a un fondo con el cual se financia el crecimiento de la ciudad. Cito un ejemplo: La línea del Metro que pasa por avenida Vicuña Mackenna generó un valor adicional muy grande en todos los terrenos del entorno. Incluso sus dueños reclaman, porque no quieren que sus propiedades queden afectas a utilidad pública, pues esa avenida debe crecer más. ¿Qué señala la legislación norteamericana? Tiene otro sistema: el cobro de un impuesto a las ganancias de capital anuales, véndase o no se venda determinado bien, debido al incremento de su valor. Y ese impuesto permite financiar el crecimiento de las ciudades. ¿Y qué tenemos nosotros? ¡Nada! ¿Qué queremos? ¿Que las calles se compren con plata de la salud, de la educación, con otros recursos, o queremos generar un sistema de financiamiento? Ésa es la discusión de fondo. Por eso, considero razonable la propuesta que se hace ahora de postergar por un año la vigencia de las afectaciones. Seguramente, durante ese período en muchas ciudades se tomarán algunas decisiones y otras quedarán en el aire. Mientras tanto, intentemos encontrar una solución en esta materia, lo cual no es fácil, porque aquí hay intereses contrapuestos muy fuertes. Como parlamentarios, no como un poder fáctico más, pensando en beneficio de la ciudad y del país, debemos buscar cómo compatibilizar el interés privado con el de la ciudad. Si no lo logramos, seguirá vigente lo que hoy existe, con lo cual se perjudicará mucho la ciudad, pues no habrá forma de financiar su crecimiento. Llamo a los colegas a votar favorablemente el proyecto, a fin de dar el año de prórroga solicitado y que durante ese período un equipo de diputados y senadores -ojalá convocados por la ministra- discuta a fondo la materia para lograr una solución definitiva. Esto se refiere a los parques afectos a utilidad pública -no todos lo están, algunos se relacionan con otras normas-, a las calles, etcétera. Imaginen lo que significaría hoy para la ciudad terminar con esa restricción y que se empiece a construir o a hacer cualquier cosa en los lugares afectos a utilidad pública. ¿Qué ciudad tendríamos? Es muy importante que eso lo reflexionemos bien y que cada uno vote en conciencia. Lo único que se nos está pidiendo aquí es mantener las afectaciones por un año y que durante ese período busquemos una solución y las autoridades de distinto nivel realicen avances. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, éste es un proyecto de ley que parece muy simple. Plantea sólo una prórroga. Además agrega un inciso que da mayores atribuciones, incluso, a los alcaldes. Pero la iniciativa no es tan simple, porque la utilidad pública no es algo tan sencillo. Se trata de una situación que ha venido ocurriendo durante muchos años. Se declaran de utilidad pública terrenos, casas, lugares, los cuales quedan afectados de por vida y los propietarios no saben si les van a expropiar o no sus bienes. Sin ir más lejos, el diputado Hales dijo aquí que esas personas nunca podrán vender ni hacer ningún otro tipo de transacción con esas propiedades, porque, al final, nadie se las va a querer comprar. ¡Y ahí quedarán por años declaradas de utilidad pública! Yo estaría llano a aprobar este proyecto si se le introducen cambios. Pero como su urgencia ha sido calificada de discusión inmediata, no se le puede hacer ninguno. Por ejemplo, si una propiedad es declarada de utilidad pública, a mi modo de ver, debe ser expropiada y pagada en forma inmediata. Eso sería lo lógico y no que se mantenga así por años, sin que su dueño sepa si finalmente será expropiado o no, es decir, inhabilitado para realizar cualquier transacción comercial con ella. El último proyecto agrega una discrecionalidad: otorga a los alcaldes la facultad de declarar de utilidad pública determinados terrenos dentro de sus comunas. Me parece que ello no corresponde. Porque puede ocurrir que un alcalde tenga una idea para ejecutar, quizás, en veinte años más; pero como la ley le da noventa días de plazo para pronunciarse sobre las declaratorias de utilidad pública, es posible que, para irse a la segura, declare de utilidad pública determinadas propiedades de inmediato, sin importar que las vaya a ocupar en veinte o treinta años más. Eso es poco razonable. Como a la Presidenta le gusta tanto crear comisiones, a lo mejor lo lógico sería constituir una que estudie cada caso en todas las comunas. Pero no me parece adecuado que la declaración de utilidad pública de determinada zona, propiedad o cuadra quede sujeta a la decisión del alcalde. ¿Quieren declarar de utilidad pública determinada propiedad? Declárenla, no hay problema. Pero que la expropiación y su pago se hagan en forma inmediata. Eso es lo justo y lo lógico. Algunos me dirán que no hay plata. El diputado Montes se preguntaba de dónde se sacaría el dinero para ello. Bueno, ¿y para qué paga contribuciones la gente? Dio el ejemplo de quienes se ven beneficiados con la línea del Metro que pasa por avenida Vicuña Mackenna, pero ellos pagan el doble o el triple de contribuciones que el resto. Eso es lo que ha ocurrido en el último tiempo. En la medida en que una casa habitación, un local comercial o lo que sea tenga más posibilidades de acceso, de tránsito y su plusvalía sea mayor aumentan las contribuciones que se deben pagar por dicha propiedad. Así de simple. Bueno, ¡ahí está la plata! ¿Qué hacen con los dineros que se reciben por contribuciones? Si necesitan expropiar esa casa habitación, ese local comercial o lo que sea, ahí está la plata; que se haga la expropiación en forma inmediata y que no se siga con este cuento de declarar de utilidad pública lo que venga. Yo veo que con esta ley se van a declarar de utilidad pública una cantidad gigantesca de propiedades. El diputado Hales señaló hace un rato que aquí puede caber de todo. ¡Vaya a saber uno! Lo que se le venga en gana al señor alcalde lo va a declarar de utilidad pública, total no pierde nada con ello. El día de mañana puede que lo ocupe como puede que no. Da lo mismo. Ahí tiene la propiedad declarada de utilidad pública. Pero insisto, si se quiere actuar así, debe expropiarse y pagarse la propiedad en forma inmediata. Esa es la mejor fórmula. Por ello, pido a la ministra de Vivienda que retiren la urgencia de discusión inmediata a este proyecto, para buscar una fórmula adecuada que permita que en el futuro la gente que se vea afectada por una declaración de utilidad pública no sufra los problemas que han vivido otros propietarios, a quienes hace ya varios años les gravaron un inmueble con una declaración de utilidad pública y, no obstante el largo tiempo transcurrido, nada se ha hecho respecto de la propiedad. Asimismo, me parece que la disposición que confiere otra facultad a los alcaldes, está absolutamente fuera de lugar y no debería existir. Finalmente, me sumo a la opinión del diputado Uriarte, en cuanto a que esta iniciativa contiene serios vicios de constitucionalidad. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, no cabe duda de que el tema que nos convoca constituye uno de los debates que ha acompañado el desarrollo urbano en el mundo entero desde hace ya largo tiempo. Hoy, en virtud de este proyecto que se ha presentado para renovar las vigencias de las declaraciones de utilidad pública, nos corresponde discutirlo en esta Sala. He escuchado con atención el debate, así es que quiero aclarar que lo que se propone no es generar facultades extraordinarias para que los alcaldes o los intendentes afecten nuevas propiedades. Lo digo a propósito de la intervención anterior, ya que lo que plantea el proyecto es precisamente lo contrario: faculta al intendente o al alcalde, según corresponda, para desafectar algunas propiedades afectadas por planes reguladores vigentes. Dicha facultad se establece dado que se prorrogan por un año las declaraciones de utilidad pública vigentes, ello para abordar, a través de un debate de fondo, aspectos relativos a cómo se financiarán las expropiaciones y a cómo se construye o se hace ciudad en los tiempos actuales. Junto con los diputados Burgos y Montes presentamos una indicación destinada a resolver dos de los puntos en discusión. Por una parte, en el inciso tercero, sustituye la expresión “podrán” por “deberán” y, por la otra, se hace cargo del problema del plazo que planteó el diputado Hales. Estamos intentando generar una norma que preserve por un año los espacios declarados de utilidad pública para el desarrollo de la viabilidad común, que a todos nos interesa mejorar, y libere de ese gravamen a algunas propiedades que, según los antecedentes prácticos, cotidianos, los alcaldes o intendentes, según corresponda, consideren que ya no se justifica mantenerlo ni siquiera un año más. El proyecto apunta en esas dos direcciones, en el entendido que trabajamos con un instrumento de regulación flexible, ya que requiere ciertos espacios de ajuste, de movilidad. Por último, insisto -lo dije así en la Comisión- en que el gravamen debe considerar algún mecanismo de compensación. No resulta razonable que el patrimonio -una propiedad raíz- de un particular grave sin entregar compensación alguna. Por eso el proyecto considera un plazo, ya que en el debate que se dio en la Comisión la mayoría de sus integrantes estuvo de acuerdo en que es necesario desarrollar instrumentos que permitan compensar económicamente a estos propietarios particulares que hacen un aporte para la construcción de un bien colectivo. Ahora, ¿cómo se financia? ¿En qué se expresa esa compensación? Para desarrollar un debate en torno a esos aspectos, el plazo es de un año. La desafectación sin la existencia de ese plazo podría generar condiciones de desarrollo bastante complejas, sobre todo en una gran cantidad de proyectos en actual ejecución. Por eso, anuncio mi respaldo a este proyecto. Espero que contemos con los votos suficientes para aprobar la iniciativa. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, agradezco las intervenciones de algunos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, pues han aclarado algunas dudas. Según lo que hemos conversado en la bancada de diputados del PRI e independientes, diría que votaremos a favor de los incisos primero y segundo del artículo único del proyecto. En cuanto al tercero, la complicación dice relación, como algunos diputados han planteado, con la facultad que se entrega al alcalde. Al respecto, sin duda el alcalde es la primera autoridad de la comuna y, por tanto, quien debería liderar, especialmente, los procesos que tienen que ver con la planificación territorial. Sin embargo, no nos parece adecuado facultarlo para elaborar, dentro del plazo de 90 días contados desde la publicación de la ley, el listado de las declaraciones de utilidad pública cuya renovación no es necesaria. En efecto, consideramos que el alcalde debería consultar o ponerse de acuerdo, de alguna manera, con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. El alcalde no debe determinar o resolver solo en materia de áreas susceptibles de expropiación. En San Fernando, por ejemplo se necesita expropiar una serie de propiedades para construir la doble vía en un camino muy importante de esa comuna, pero esto obedece a un plan mucho mayor, a un proceso de urbanización por etapas, que da cuenta de una visión de largo plazo. Como los alcaldes ejercen el cargo por cierto tiempo, no tienen esa visión, que es tan necesaria para la planificación del desarrollo territorial urbano, que si encontramos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, el alcalde podría proponer el listado para que sea revisado por el intendente, pero la determinación debería tomarla la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, con el alcalde o a propuesta del alcalde, previa revisión del intendente. Los alcaldes siempre están sujetos a las presiones y vaivenes políticos, más aun cuando se trata de un año de elecciones, como será el próximo, por lo que tendrán más complicaciones para tomar ese tipo de decisiones. En definitiva, estamos dispuestos a aprobar los incisos primero y segundo del artículo único del proyecto, pero no el tercero, porque creemos que el alcalde sólo debería ser consultado o elaborar la propuesta en conjunto con el intendente, pero el Ministerio debe resolver porque tiene una visión mucho más amplia, de largo plazo, respecto de lo que debe hacerse en una comuna, ya que incluso cuenta con planes intercomunales de desarrollo. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, históricamente, la inmensa mayoría de las declaraciones de utilidad pública que se han hecho en nuestro país han sido un abuso. Lo he visto en mi distrito y estoy seguro de que muchos otros señores diputados también lo habrán visto en los suyos. Son un abuso, porque hasta 2004 la ley establecía una facultad para que el Estado, el funcionario planificador, decretara que una propiedad quedaba afecta a utilidad pública sin límite de tiempo. El único fundamento para ello era que el planificador pensaba o estimaba que en el futuro por esa propiedad pasaría una calle, porque la ciudad crecería hacia ese lugar. Un señor diputado que intervino en este debate dijo: “Bueno, y resulta que en algunos casos han pasado treinta y cuarenta años y nos hemos dado cuenta de que nos equivocamos, porque la ciudad no creció por ahí. Fue un error.”. Eso me irrita, porque situaciones como ésa afectan a una inmensa cantidad de gente de clase media, cuyo único patrimonio es su vivienda, la cual, al ser declarada de utilidad pública, como expresó el diputado Hales, no pueden ampliar ni mejorar, porque, claro, el Estado se lo prohíbe, ya que si la llega a expropiar, tendrá que pagar más por ella. Entonces, le impide su mejoramiento y empieza a deteriorarse. Por lo menos, debería permitirse que el dueño la mejorare a su costo, esto es, aunque no le paguen las mejoras al momento de la expropiación. Creo que lo mínimo que se puede hacer es acceder a que el dueño arregle su propiedad aunque después, cuando se produzca la expropiación, no le paguen esas mejoras. ¡Pero ni siquiera eso es posible! Para mí, ésta es una de las muestras más irritantes de prepotencia del Estado, que no tiene contrapeso, porque no hay límites de tiempo ni de ningún tipo. Hace cuatro o cinco años, cuando el diputado Hales era Presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano -quien gentilmente aceptó que algunos vecinos que traje a la Cámara de Diputados ingresaran a la Sala de la Comisión para escuchar el debate-, se logró establecer un tope de cinco años. Obviamente, todos esperábamos que durante esos cinco años la Concertación, la coalición gobernante, hiciera algo concreto, como compensar en el futuro a esas personas -de lo que siempre se ha hablado- con la exención del pago de contribuciones a los dueños de propiedades declaradas de utilidad pública o permitirles realizar mejoras, aunque no sean indemnizadas al momento de la expropiación, para que vivan como seres humanos y no tengan que soportar el deterioro de sus propiedades sin poder repararlas. Nada de eso se hizo, en los once años, lo cual es lamentable y habla mal de Gobierno, pero ahora, tal como ha ocurrido en salud y en otras áreas, se nos pide una prórroga. Estamos acostumbrados a que permanentemente el Gobierno de la Concertación pida prórrogas. Anuncio que votaré en contra de la prórroga que plantea el proyecto. Aunque admito que se necesita algún instrumento de planificación urbana para proyectar la ciudad, pero esa herramienta nunca puede operar a costa del patrimonio de un vecino inocente al que la mitad del jardín de su casa ha sido declarado de utilidad pública, ¡Eso no puede ocurrir! La planificación de la ciudad es responsabilidad del Estado, y para eso existe la expropiación. Si no es posible aplicarla en todos los casos, debemos buscar otros instrumentos. Pero no votaré a favor de un proyecto que otorga a una prórroga por un año a costa de los intereses de las personas cuyas propiedades han sido declaradas de utilidad pública. Si esta iniciativa se rechaza -espero que así sea-, el Gobierno debe proponer alternativas concretas que permitan planificar la ciudad, pero no a costa de los intereses de los pequeños propietarios de viviendas. Éstos deben ser debidamente compensados por la disminución de su patrimonio a causa de estas declaratorias. He dicho. El señor PÉREZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, este proyecto me parece muy importante, sobre todo la reflexión en torno a cómo se construye ciudad, porque, en general, no es un tema que esté presente en la cultura de la ciudadanía, aunque sea muy significativo, ya que se relaciona con la calidad de vida, el futuro y la habitabilidad amable y funcional de las ciudades. Estoy de acuerdo con la prórroga que establece el proyecto, mientras se analiza con más profundidad la ley correspondiente, pero no lo estoy -y en esto sigo la línea de la diputada Alejandra Sepúlveda- con el hecho de que los alcaldes tengan poder de decisión en esta materia. Por lo menos en Santiago, el diseño de la ciudad es superior al de las comunas, y es importante reconocerlo. Los alcaldes sólo tienen atribuciones sobre una pequeña parte de la ciudad, por lo que no me parece adecuado que en el plazo de noventa días tengan que “establecer un listado de las declaratorias de utilidad pública cuya renovación no es necesaria”. Ellos tienen una visión comunal, pero si pensamos, por ejemplo, en la zona norte de Santiago, concluiremos que se requiere una visión intercomunal. Actualmente, en ese sector de Santiago, se está remodelando la calle Dorsal, donde se presentan problemas complejos con el vecindario relacionado con las expropiaciones. Es importante consultar a los alcaldes, pero estoy en desacuerdo con que éstos tengan poder resolutivo al respecto, porque serán blanco de la enorme presión de los vecinos, lo que finalmente puede distorsionar la voluntad de los jefes comunales. En tal sentido, apoyaré la indicación que presentará el diputado Patricio Hales con el objetivo de que los alcaldes no dispongan de esa facultad, aunque me parece muy adecuado que sean consultados. He dicho. El señor PÉREZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, pareciera ser una medida fantástica esta manera de establecer declaratorias de utilidad pública. Da la impresión de que se realizarán trabajos que traerán progreso y el ministerio correspondiente tendrá la seguridad de que podrán ejecutarse las obras y no habrá problemas. La Constitución Política consagra esta facultad. Establece la expropiación de propiedades por causa de utilidad pública. El problema es que esa norma no se ha cumplido, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones de terrenos para construir caminos, porque hay propietarios que han sido expropiados a quienes todavía no se les paga la indemnización, en circunstancias de que la Carta Fundamental es clarísima al respecto y señala que la toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización. A veces, demoran cuatro o cinco años en pagarla. Si a una persona le declaran una propiedad de utilidad pública porque se va a construir un colector, un camino u otra obra -a lo que nadie se podría oponer-, no la pueden tener “amarrada” durante diez, quince o veinte años. ¿Qué sucede si esa persona sólo es dueña de esa propiedad y quiere emprender algún negocio o comprarse alguna máquina para iniciar una pequeña industria? Le dicen que no puede hipotecarla porque ha sido declarada de utilidad pública y no se sabe lo que pueda pasar con ella. En ese caso, se infiere un tremendo daño patrimonial al dueño de ese bien raíz. Nadie está en desacuerdo con la expropiación de ciertas propiedades por razones de utilidad pública -recuerdo el bullado caso de la casa isla-, pero si contamos con los mecanismos, ¿por qué no se hace de la manera adecuada? El proyecto en discusión señala que “el Intendente a petición de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, o el Alcalde, según sea el caso, mediante resolución o decreto alcaldicio, respectivamente, podrán dentro de un plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación de esta ley, establecer un listado de las declaratorias de utilidad pública cuya renovación no es necesaria.” ¡Que Dios nos pille confesados! ¡Todo el pueblo será declarado de utilidad pública, porque todas las veredas, los parques, las calles, etcétera, son de utilidad pública! Debemos ser muy claros frente a este tema. Cuando una propiedad sea declarada de utilidad pública, cualquiera sea el mecanismo usado, si tal propiedad no es ocupada dentro del plazo de un año, debería quedar desafectada por el solo ministerio de la ley, porque no se puede elaborar y aprobar otra ley para desafectar una propiedad que en su momento fue declarada de utilidad pública. Por otra parte, si el dueño quiere mejorar la propiedad, cambiarle techo, puertas o ventanas, no se lo van a aceptar, porque esos arreglos encarecen la expropiación. Es decir, se permite que los inmuebles se vayan deteriorando y, en lugar de aumentar su valor, se van desvalorizando como propiedad, aunque no como terreno. Por lo tanto, es necesario analizar con más profundidad el proyecto y estudiar las indicaciones. De hecho, tiene que volver a Comisión. Me apena que por aprobar rápidamente un proyecto, para que se diga que la Cámara de Diputados despachó alguna importante iniciativa, el senado lo modifique de tal forma que al final vuelve a esta corporación totalmente diferente. Entonces, por no trabajar con cuidado y a conciencia, la Cámara de Diputados queda muy mal parada ante la opinión pública. Cada diputado argumenta sobre lo que ocurre en su distrito, pero tenemos que tener claro que aquí se legisla en general y, por tanto, todos los distritos y comunas van a sufrir el problema. No podemos aprobar esto porque en tal barrio de Santiago se está remodelando una zona determinada, ya que en las provincias se mueve harto capital y también se necesitan obras de utilidad pública. El alcalde puede solicitar un servicio para su comuna, pero no puede tener facultad para expropiar. Por las razones expuestas, Renovación Nacional va a votar en contra del proyecto. He dicho. El señor PÉREZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, se ha hablado mucho de que este proyecto en apariencia es muy simple, pero, en realidad, ha originado bastantes coletazos. El año 2004, la modificación de la ley general de Urbanismo y Construcción, que otorgó un plazo de caducidad a las declaraciones de utilidad pública hasta febrero de 2009, permitió que mucha gente se sintiera aliviada, ya que por fin iba a disponer de su propiedad en forma definitiva. Sin embargo el proyecto en discusión “chutea” en un año esta caducidad y no aborda el quid del problema: construir ciudad. Tiene que existir un instrumento de planificación urbana que permita ir desarrollando una ciudad con parques, con plazas y calles, con estructura planificada para servicios, etcétera. Pero también tenemos que pensar en el perjuicio que esto le ocasiona a los propietarios cuyas viviendas han sido declaradas de utilidad pública. Lo señalado anteriormente es lo que hoy sucede en muchas regiones. Por ejemplo, en mi ciudad, el centro está lleno de calles estrechas y fachadas antiguas, pero nadie puede invertir un peso en mejorar esas propiedades y sólo se hacen pequeñas baratijas que terminan destruyendo los inmuebles y afeando el lugar. Asimismo, hay personas emprendedoras que necesitan agrandar su propiedad para iniciar algún negocio, pero se ven impedidas de hacerlo porque ese sector ha sido declarado de utilidad pública. Nos encontramos ante una disyuntiva: A o B. ¿Cómo podemos proteger al propietario y, a la vez, construir ciudad? Habría que establecer algún tipo de obligación para que el Estado, pasado un plazo, expropie el inmueble o pague una cantidad considerable en dinero que le permita al propietario recuperar lo que perdió durante el tiempo en que no pudo hacer efectivo el uso de su derecho de propiedad, o conceda algún beneficio en su favor, por ejemplo, una liberación total del pago de contribuciones para aquellos inmuebles afectos a declaración de utilidad pública. Otro aspecto sobre el cual hay que tener cuidado dice relación con los bienes que pierden la condición de haber sido declarados de utilidad pública. En mi opinión, las propiedades respecto de las cuales ha caducado la declaración de utilidad pública, no pueden volver a ser consideradas en esa condición. No se le puede quitar de por vida a una persona el derecho sobre su propiedad, pero también debemos pensar en que una ciudad está siempre en crecimiento y puede llegar el momento en que sea indispensable volver a declarar de utilidad pública una propiedad respecto de la cual anteriormente caducó esa decisión. En el fondo, quiero hacer un llamado para buscar una manera cuerda de llegar a una solución racional a fin de lograr un equilibrio entre lo que significa la ciudad, su planeamiento y la propiedad privada. He dicho. El señor PÉREZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado José Antonio Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, el 2004 se fijó hasta febrero de 2009 el plazo de caducidad para las declaraciones de utilidad pública. Hoy, una vez más, estamos frente a una iniciativa parche, porque han transcurrido cinco años y no se ha dedicado suficiente tiempo a analizar y ver cómo se va a solucionar un problema que afecta a miles de chilenos. Durante el transcurso del debate, incluso se ha cuestionado a diputados de la UDI por haber presentado indicaciones al proyecto, que, por lo demás, lo mejoran. Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Al respecto, es bueno recordar que, cuando tratamos la iniciativa sobre educación, se presentaron cerca de 300 indicaciones, a pesar de que había un acuerdo político para reformular en forma efectiva una ley que afectaba la educación en Chile. En esa oportunidad, nadie recriminó a los parlamentarios que actuaron de esa forma, porque estaban en su legítimo derecho. Sólo se les dijo que habían roto un acuerdo político, pero estaban en su derecho al presentar indicaciones. Aquí se ha dicho que éste es un tema formal, porque sólo prorroga por un año la caducidad de las declaraciones de utilidad pública. Pero no es así, sino que es un daño real que se le hace a miles de pequeños propietarios que creyeron en los mismos parlamentarios que hoy quieren prorrogar tal derecho. Hace cinco años, muchos de los que estamos aquí les dijimos a nuestros vecinos que se había acabado el calvario porque, en el lapso de cinco años, les iban a pagar lo que se les debía, que iban a quedar liberados para construir lo que ellos quisieran y que sus propiedades iban a tener nuevamente un precio real. Muchos de nosotros, durante el ejercicio de nuestro mandato, hemos recibido a vecinos que nos han manifestado su angustia porque sus propiedades no valen nada. Esto afecta al pequeño propietario, no a las grandes inmobiliarias, que están acostumbradas a ceder espacios para que el municipio les dé el permiso de construcción. Durante mi ejercicio de profesional como abogado, he tenido que hacer varias escrituras de cesión de espacio público a las grandes inmobiliarias para que puedan construir un mall, pero los que se ven verdaderamente afectados por estas declaraciones de utilidad pública son esos vecinos pequeños que atendemos durante la semana distrital. En la discusión del proyecto se han usado expresiones bastante ampulosas: tenemos que hacer ciudad, no podemos impedir su desarrollo, cómo crece la ciudad. El punto es que ello no puede hacerse a costa de esos vecinos pequeños. Por uso, la labor del Estado es implementar las normas legales necesarias para pagar lo que corresponde a cualquier persona cuya propiedad esté afecta a una declaración de utilidad pública. Aquí echo de menos un debate más público de éste, como se dice, gobierno ciudadano. Es necesario consultar a las personas. Les puedo asegurar que cualquier parlamentario que haga una encuesta en su distrito, se va a dar cuenta del rechazo que una medida de esta naturaleza produce en los vecinos. Curiosamente, el Gobierno envía al Congreso Nacional un proyecto de ley, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, para evitar que se produzca ese debate público en el que puedan participar los vecinos. En este caso, lo que correspondería es abrir una página web para preguntarles si están de acuerdo con la iniciativa, pero aquí se han olvidado del gobierno ciudadano. Como hay problemas económicos, el Gobierno no tiene los recursos para enfrentar el problema, dejando en evidencia que no le importa perjudicar al pequeño propietario. ¿Qué se ha hecho en cinco años? ¡Nada! Eso es lo que uno echa de menos de los gobiernos: capacidad de gestión y de anticiparse a los problemas que van acaeciendo día a día. Una vez más nos enfrentamos a la falta de liderazgo y de gestión del gobierno. Otro punto curioso de esta iniciativa es que se le otorga una facultad -que antes no tuvo- al intendente para prorrogar un plazo. Aquí se han hecho inventos jurídicos para tratar de solucionar los problemas. El intendente no tenía esa facultad, aquí se le da; el intendente no podía prorrogar los plazos, ahora va a poder; los gobiernos regionales ente etéreo y lejano de las personas, nunca han podido expropiar, pero ahora se les quiere entregar esa atribución. La Unión Demócrata Independiente va a rechazar el proyecto, porque atenta contra las personas. No es un daño formal, sino que real. Además, hago reserva de constitucionalidad en base a lo dispuesto en los artículos 1º y 7º y de los números 20º, 21º, 24º y 26º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que si aquí no prima la cordura, deberemos recurrir al Tribunal Constitucional para que solucione algo que el Gobierno no ha podido resolver. He dicho. El señor PÉREZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, cuando don Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas, con un grupo de dirigentes de San José de Maipo concurrimos a conversar con él sobre la declaración de sujeción a expropiación por la ejecución de la ruta G-25, que une Puente Alto con San José de Maipo, porque se pretendía que el ancho del camino fuese de no menos de 52 metros, y como no podía crecer hacia el río Maipo, debía hacerlo hacia el lugar donde estaban construidas todas las viviendas. El entonces ministro, don Ricardo Lagos, nos dijo que había que esperar que transcurriera el plazo para que caducara la afección a expropiación. Luego le pregunté al ministro Carlos Cruz por qué se afectaban caminos o calles a expropiación, transcurría el tiempo y en definitiva no se concretaban las expropiaciones; sin embargo, la gente seguía sin poder arreglar sus casas, porque las direcciones de obras municipales no lo autorizaban. Él me señaló que si se permitiera que en ese período se construyeran o arreglaran las viviendas, al momento de expropiar no habría recursos suficientes para pagar la indemnización respectiva, y si así hubiera sido, no se habría podido construir la circunvalación Américo Vespucio en Santiago. Le respondí al ministro que aunque entendía su razonamiento, esa determinación afectaba a la gente, porque si a una persona le dicen que va a pasar un camino frente a su vivienda, no puede arreglarla ni venderla, porque nadie va a estar dispuesto a comprar una vivienda en esas condiciones. Lo más grave de todo -lo digo específicamente, por el caso de San José de Maipo- es que si se levanta la sujeción a expropiación, hay que ajustarla al plan regulador comunal; éste, a su vez, debe ajustase al plan regulador regional; en el caso de la Región Metropolitana, el plan regulador respectivo fija los parámetros dentro de los cuales deben enmarcarse los planes reguladores comunales. Finalmente, mientras la persona logra que se elimine la afección a expropiación, ello no puede hacerse, porque está condicionado por el plan regulador comunal. Ésa es la forma más clara de expropiar sin indemnizar. Al dueño de la vivienda no se la expropian, por lo tanto, no le pagan; pero tampoco puede ampliar o reparar su vivienda, porque la dirección de obras municipales respectiva no está facultada para autorizar la ampliación o reparación de una propiedad afecta a expropiación por causa de utilidad pública. En la Constitución Política de 1925 había una norma incluso peor que la actual. Decía que podían quedar afectos a expropiación todos los bienes, cuando los intereses generales de la nación así lo exigieren. No puede haber frase más vaga y absurda que ésa. Hoy, nos encontramos con que se puede poner término a la caducidad de la sujeción a expropiación porque, sencillamente, lo pide el intendente o el alcalde respectivo, sin ningún estudio previo, en circunstancias de que, al final, los afectados son los vecinos, fundamentalmente los de más escasos recursos. Una persona de escasos recursos compra una vivienda sin tener la menor idea de que está sujeta a expropiación; luego, cuando se da cuenta de ello, también se percata de que pagó mucho más de lo que valía esa propiedad. Tal como señaló el diputado José Antonio Kast, espero que prime la cordura. Más allá de la inconstitucionalidad del proyecto, con una estrategia muy clara se está atropellando a las personas de menores recursos. En el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados se señala que cuando un proyecto no tiene urgencia deberá haber audiencias públicas, es decir, escuchar a los afectados. En esas circunstancias, ¿cuál fue la estrategia del Gobierno para no escuchar a los afectados de nuestros distritos? Sencillamente, fijarle urgencia al proyecto y, por esa vía, evitar que den su opinión. Entonces, después van a decir que los parlamentarios atropellamos sus derechos y que no nos eligieron para eso, sin saber que éste es un proyecto del Ejecutivo. Espero que si la Cámara de Diputados o el Congreso Nacional aprueban el proyecto, lo rechace el Tribunal Constitucional. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de la Vivienda y Urbanismo. La señora POBLETE (ministra de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que para planificar una ciudad debemos contar con franjas de expropiación disponibles no sólo para construirla sino que también para ampliarla. Asimismo, estamos de acuerdo en que resulta muy complejo e injusto gravar la propiedad privada de algunos en aras del bien común de otros. El proyecto pretende resolver la situación al establecer la prórroga de un año para perfeccionar el artículo 59 de la ley Nº 19.939. No se trata de que el Gobierno haya procedido con desidia, porque la prórroga de las franjas de expropiación sólo se puede hacer con la modificación del plan regulador. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha invertido más de diez mil millones de pesos para apoyar a todo el país, de manera que a fines de 2009 todos tengamos un plan regulador comunal que permita planificar las ciudades en todas las regiones de Chile. De no ser así, en febrero próximo se termina con las franjas de expropiación y el día de mañana, para construir ciudad, en vez de expropiar una franja de terreno, será un edificio. Por lo tanto, pedimos la aprobación del proyecto y accedemos a la eliminación del artículo transitorio, tal como propuso el diputado Patricio Hales, a fin de evitar discrecionalidades y, de aquí a un año, nos comprometemos a discutir un proyecto que compatibilice los intereses de los privados y de los públicos, de manera de contar con las herramientas para construir o ampliar ciudades como corresponde. De lo contrario, el 11 de febrero de 2009 deberemos enfrentar una situación grave, no sólo en la Región Metropolitana, sino que en todo el país, porque van a caducar todas las viabilidades troncales, colectoras, que hoy conocemos como franjas de expropiación y que el Estado no ha podido expropiar, precisamente por la disponibilidad de recursos al ir ampliando las ciudades. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el proyecto que modifica el artículo 59 de la ley general de Urbanismo y Construcciones sobre la caducidad de declaratoria de utilidad pública contenida en los planes reguladores, con excepción del inciso final del artículo único, que requiere quórum de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Alvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Ulloa Aguillón Jorge. El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el inciso final del artículo único, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Sabag Villalobos Jorge; Venegas Cárdenas Mario. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Pérez San Martín Lily; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Cristi Marfil María Angélica; Estay Peñaloza Enrique; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Vidal Lázaro Ximena. El señor ENCINA (Presidente).- Despachado el proyecto. MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.885, EN MATERIA DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS. Tercer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.885, en materia de donaciones con beneficios tributarios. Antecedentes: -Modificaciones del H. Senado, boletín Nº 5315-05, sesión 115ª, en 11 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 7. El señor ENCINA (Presidente).- Se ha solicitado a la Mesa votar el proyecto de ley, sin discusión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Hago presente que la modificación número 5) requiere quórum calificado para su aprobación; es decir, requiere el voto afirmativo de sesenta diputados en ejercicio. En votación las modificaciones del Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Robles Pantoja Alberto; Valcarce Becerra Ximena. El señor ENCINA (Presidente).- Se deja constancia de que la modificación número 5) alcanzó el quórum requerido. Despachado el proyecto. IRRENUNCIABILIDAD A EXCEDENTES DE COTIZACIONES DE SALUD EN ISAPRES. Segundo trámite constitucional. (Votación). El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el proyecto de ley que da el carácter de irrenunciables a los excedentes de cotizaciones de salud en isapres. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Arenas Hödar Gonzalo. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular. Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO NIVELACIÓN DE PROFESIONALES FUNCIONARIOS REGIDOS POR EL DFL Nº 1, DE 1997, Y EL DFL Nº 2, DE 1968. (Votación). El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 682. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN FUNCIONARIA DE SECRETARIOS DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 684, de los señores Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; Jaramillo, Sabag, De Urresti, Vargas, Enríquez-Ominami, Montes, Escobar, Verdugo, Venegas, don Samuel; Schilling y Von Mühlenbrock, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que envíe las indicaciones pertinentes para ser incorporadas al proyecto de ley que crea Juzgados de Policía Local en diversas comunas del país (Boletín Nº 5906-07), para los Secretarios abogados de dichos tribunales, tanto los que actualmente sirven dichos cargos, como los que los desempeñarán en los Juzgados que se crean, queden incorporados en la planta de directivos de la respectiva municipalidad, en el grado de remuneraciones inmediatamente inferior al del correspondiente juez”. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el 10 de junio del presente año ingresó un proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que crea diversos juzgados de policía local en distintas comunas del país, dotándolos a todos ellos de un secretario abogado, para cuyo efecto se adecuarán las respectivas plantas de funcionarios profesionales de las municipalidades pertinentes. No obstante ello, dada la importancia de ese cargo letrado, que asume la subrogación del magistrado titular por el solo ministerio de la ley, es de toda justicia incorporarlo a la planta de directivos, tal como lo contempla el proyecto para los jueces en propiedad de dichos tribunales. No debemos olvidar que en los tribunales ordinarios del Poder Judicial, el secretario, cuando subroga por un largo período al juez titular, incluso, percibe la remuneración que a éste le corresponde. Entonces, consideramos que la Presidenta de la República, a quien corresponde la iniciativa exclusiva en esta materia, debe hacer las indicaciones correspondientes al proyecto -boletín Nº 5906-07-, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, para que, al igual que los jueces de los juzgados de policía local, se incorpore también a la planta de directivos de las municipalidades tanto a los actuales secretarios de los juzgados de policía local como a aquellos que, en virtud de la aprobación de la ley, deban servir dicho cargo con una remuneración correspondiente al grado inmediatamente inferior al de juez. Por lo tanto, solicito a los señores diputados dar su aprobación al proyecto de acuerdo, porque tiene por objeto reparar una situación desmedrada que resulta injustificada. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Pérez San Martín Lily; Alvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Jaramillo Becker Enrique; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Turres Figueroa Marisol; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe IMPLEMENTACIÓN DE URNA ELECTRÓNICA PARA PRÓXIMAS ELECCIONES. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 685, de los diputados señores Accorsi, Vallespín, Quintana, Chahuán, señora Sepúlveda, doña Alejandra; señores Jaramillo, Díaz, don Marcelo; Tuma, Forni, Von Mühlenbrock y Aedo, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, para las próximas elecciones, implemente un sistema de votación por medio de urna electrónica e identificación de votantes por medio de la lectura de la huella digital”. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, como todos sabemos, hoy la tecnología cuenta con los instrumentos necesarios para mejorar nuestro acceso a las votaciones -así ha quedado demostrado en numerosos países-, sobre todo, en momentos en que queremos incorporar a los jóvenes mediante la inscripción automática y el voto voluntario. Hoy está disponible esta tecnología y es posible implementarlas a la brevedad posible, en nuestro país, por cierto, con todos los resguardos que actualmente hay en esta materia. El sistema se ha utilizado en muchas elecciones y es mucho menos engorroso que el que tenemos actualmente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, ante todo agradezco al diputado Accorsi por querer modernizarnos a todos. Sería muy bueno incorporar este innovador sistema utilizado en muchos otros países. Ha contribuido no sólo a incorporar a los jóvenes, sino que también a hacer más masiva la participación de los ciudadanos. Hoy están disponibles todos los elementos para incorporar esta tecnología al sistema de elección popular. El proyecto de acuerdo -al parecer, hay otras propuestas con la misma idea matriz- apunta a solicitar a la Presidenta de la República que implemente el sistema de urna electrónica que, si bien no es muy novedoso, sería una práctica muy importante en nuestro país. Por eso, espero que sea votado favorablemente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo parece muy loable. Es un tema que se ha discutido largamente en la Cámara de Diputados. Incluso, en varias oportunidades en la Comisión de Gobierno Interior me ha tocado conocer algunas iniciativas sobre la materia; sin embargo, para todo existe una oportunidad y un tiempo. Aquí se plantea una situación bastante compleja: se pretende que algo que no se ha hecho en veinte años sea acogido por la Presidenta de la República. Pero, ¿qué percibe la opinión pública, finalmente? Que la Cámara propone un sistema de votación electrónico que material, técnica y económicamente es prácticamente imposible de implementar, a nueve o diez meses de una elección presidencial y de diputados y senadores. Creo que este proyecto de acuerdo tiene muy buena llegada desde el punto de vista comunicacional, pero es impracticable. Entonces, nuevamente, aparecemos planteando cosas que nunca se hacen o que es imposible hacer por falta de tiempo. De manera que aprobar este proyecto de acuerdo ahora, a meses de una elección, tendría un efecto más comunicacional que práctico. Debemos darnos el tiempo necesario para discutir el asunto antes de las elecciones subsiguientes, porque, de lo contrario, nuevamente quedaremos cazados con una situación que el Ejecutivo no acogerá. Por lo tanto, no obstante concordar con el fondo del proyecto de acuerdo, votaré en contra, porque no estoy de acuerdo con hacer un cambio tan radical a meses de una elección. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Becker Alvear Germán; Schilling Rodríguez Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Nogueira Fernández Claudia; Uriarte Herrera Gonzalo. -Se abstuvo el diputado señor Rojas Molina Manuel. RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS A NIVEL DE EMBAJADA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 686, de los señores Ojeda, Lobos, Jarpa, Núñez, Súnico, Ascencio; señora Sepúlveda, doña Alejandra; señores Rojas, Delmastro, Accorsi, Sabag, Tuma, Araya, Girardi, De Urresti, Leal, Hales, Tarud, Aguiló, Chahuán, Verdugo y Jiménez, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en concordancia con las atribuciones que le entrega la Carta Fundamental en su artículo 32, números 10 y 17, disponga el reconocimiento del Estado de Palestina -como ya ha sido hecho por un centenar de países que representan los cinco continentes-, estableciendo relaciones diplomáticas a nivel de Embajada”. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, históricamente, Chile ha tenido vínculos muy fuertes con Palestina. Una parte muy significativa de la numerosa colonia árabe residente en Chile proviene de ese territorio. Cuando nuestro país recuperó la democracia, hicimos un esfuerzo muy importante para abrir allí una oficina de representación diplomática de Chile. Hoy, es una realidad. Además, hemos dado pasos concretos para normalizar lo que, a todas luces, corresponde, a fin de reconocer y otorgar a Palestina el estatus de nación soberana en el concierto internacional. Desde esa perspectiva, parece de toda lógica que, en el marco del proceso en que Palestina se ha ido desempeñando y desarrollando, Chile le entregue, en el ejercicio de las facultades constitucionales de un Estado soberano, el reconocimiento pleno como estado soberano independiente. Por eso, solicitamos que la misión diplomática que tenemos en Palestina se eleve al estatus de embajada, es decir, al más alto rango. Consideramos que esta medida es coherente con el esfuerzo que ha hecho nuestro país para contribuir al entendimiento y a la solución de los conflictos en el Medio Oriente. Asimismo, es coherente con las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, en el sentido de avanzar en la solución del conflicto palestino israelí. Es coherente con lo que han hecho otros países como Austria, El Vaticano y Rusia, en el sentido de otorgar a Palestina pleno reconocimiento como estado independiente. Por eso, lo que solicitamos es que Chile se sume a ese más de centenar de naciones que ha reconocido a Palestina como un estado soberano e independiente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, es innegable que en nuestro país existe una comunidad palestina muy grande, probablemente, una de las más numerosas que existen fuera de Palestina, y que Chile la ha acogido con mucho cariño. También es indiscutible que Naciones Unidas, en múltiples oportunidades, ha hablado de reconocer a un estado israelí y a otro palestino, a fin de que mantengan un intercambio monetario y puedan correlacionarse como corresponde. En octubre de este año, la Unión Interparlamentaria Mundial accedió a que Palestina ingresara a ese organismo con todos los derechos. Por lo tanto, es de toda lógica que nuestro país eleve al rango de embajada la misión diplomática de Palestina en Chile. Eso nos hace bien. Ojalá que la Presidenta de la República acceda a que nuestro país reconozca como corresponde al Estado Palestino y eleve al rango de embajada a la misión diplomática de Palestina. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Schilling Rodríguez Marcelo; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Martínez Labbé Rosauro; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio -Se abstuvo el diputado señor Monckberg Díaz Nicolás. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VII. INCIDENTES INFORMACIÓN SOBRE DESTINO DE RECURSOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE SANTIAGO, RANCAGUA Y TEMUCO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En el turno del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, con cierta preocupación, he leído en la prensa que, debido a los problemas ambientales que afectan a la Región Metropolitana, mediante decreto, se entregarán recursos que se destinarán a subsidios y beneficios tributarios para renovación de buses y camiones, y así como una forma de combatir la contaminación en el Gran Santiago. Pero, es vox populi que las otras dos ciudades más contaminadas del país son Temuco y Rancagua. Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Medio Ambiente, con el objeto de que nos informe acerca de los recursos que se invertirán en la Región Metropolitana y si están consideradas las ciudades de Rancagua y Temuco, que a pesar de tener altos niveles de contaminación, no gozan de ningún beneficio dentro de los planes de descontaminación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que lo están solicitando. INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR EL DESEMPLEO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, hoy, algunos de mis colegas hablaron con la prensa respecto de los problemas de empleo, en particular, de lo que se nos está viniendo encima debido a la crisis económica. Ayer, se creó una comisión interministerial para abordarla. Este problema -diría- galopa de una manera impresionante. En Atacama, la pequeña minería ya está sufriendo los rigores de la crisis financiera internacional. La baja del precio del cobre ha implicado una disminución de la actividad de la pequeña y mediana minería, de un mes a otro, en aproximadamente 40 por ciento. Además, la recepción de minerales por parte de la Enami ha disminuido drásticamente desde octubre a noviembre. El punto central es saber de qué manera se va a abordar el problema. Debo señalar en forma muy responsable que la solución no pasa por los típicos programas de generación de empleo, PGE, que, por lo demás, tienen una historia un tanto turbia, en particular en la Quinta Región. Creo que hay que anticiparse rápidamente a los hechos e implementar programas de empleo que generen trabajo en forma real. Y no me refiero sólo al adelantamiento de obras públicas y a otras medidas, sino que a ir en ayuda directa de las pequeñas y medianas empresas, en particular las relacionadas con la minería. Pero, como cada región tiene sus peculiaridades, habría que regionalizar la forma de abordar el desempleo. Las regiones del sur y de la zona central tienen características propias. Por ejemplo, los pequeños agricultores podrían acceder a los subsidios en forma directa, de manera que los municipios, las gobernaciones o las intendencias no tendrían que administrar los programas de empleos que, por lo demás, son mal administrados e indignos. Es necesario que los pequeños empresarios reciban estos recursos para que puedan mantener fuentes de empleo y, tal vez, para promover otras. Por eso, solicito que se oficie al presidente de la Comisión Interministerial, a fin de que informe cómo se está previniendo la situación y las medidas que se están tomando para evitar que el desempleo golpee duramente a miles de chilenos, tal como lo están señalando economistas de todos los colores políticos. Además, solicito que se oficie al ministro del Interior, a fin de que me informe qué hará esa Comisión y los plazos dentro de los cuales va a actuar. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando. ADOPCIÓN DE MEDIDAS A FAVOR DE PRODUCTOS DE TRIGO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, ayer sostuve una conversación con la ministra de Agricultura, a fin de plantearle el problema del precio del trigo. Con el comienzo de la cosecha en el secano costero ya se originó un problema bastante serio. En efecto, se nos ha informado que los molineros compraron trigo en el extranjero, y el barco que lo transporta estaría llegando durante los primeros días de enero. Su precio alcanzaría 150 pesos el kilo. Cabe recodar que en el Senado se está discutiendo el proyecto de ley relativo a las bandas de precios. Por otro lado, es necesario considerar la salvaguardia al precio de la harina, que se sitúa entre 30,5 y 30,8 por ciento. Esta sobretasa arancelaria busca proteger la harina del dumping que se aplica a ese producto en Argentina. Como no se sabe si esta salvaguardia será prorrogada, los molineros han resuelto no comprar trigo al precio de mercado que aplican los agricultores chilenos. Muchos diputados presentes en la Sala son representantes de zonas trigueras, en especial de secano, en las cuales hoy se está cosechando. Si no existe una respuesta rápida del Ejecutivo, en cuanto a prorrogar, por lo menos, la salvaguardia del precio de la harina por un año más -vence el 30 de junio-, no habrá tranquilidad ni proyección respecto de las siembras del próximo año. El precio del producto se encuentra absolutamente inflado, debido a los altos costos que representan para los pequeños, medianos y grandes agricultores los fertilizantes, la energía y el petróleo. En el futuro, cualquier decisión relacionada con las siembras dependerá de las señales que se den hoy y que aseguren una competencia en igualdad de condiciones con los países que compiten con el nuestro. Como se sabe, al año, se importa trigo durante más de seis meses. ¿Qué señal se estaría dando para las siembras del próximo año si el Ejecutivo no reacciona en forma rápida frente a este problema? Por lo tanto pido que se oficie a la ministra de Agricultura y al ministro de Economía, con el fin de que tomen una pronta decisión respecto de esta materia, no porque sea necesario proteger la actividad agrícola, sino porque se trata de un problema al que se debe prestar permanente atención. Si aspiramos a ser un país desarrollado y una potencia agroalimentaria, la producción de harina para la fabricación de pan resulta fundamental. Tomar medidas rápidas en esta materia significará entregar señales claras no sólo al mercado, sino que también a los agricultores, con el fin de que tomen decisiones oportunas en el futuro. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo están solicitando. El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. TOMA DE RAZÓN DE DECRETOS SUPREMOS SOBRE ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO CON CARGO AL 10 POR CIENTO DE LAS VENTAS DE CODELCO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, el Gobierno, a través del ministro de Defensa y de otras autoridades, hace bastante tiempo que anuncio el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley modificatorio de la denominada ley reservada del cobre o ley secreta del cobre, es decir, el sistema jurídico mediante el cual Chile adquiere armas. Todos sabemos que se trata de una ley muy antigua y que ha sido objeto de algunas modificaciones. En términos muy generales, establece que se destinará el 10 por ciento de las ventas brutas de cobre, molibdeno y otros minerales extraídos por Codelco a financiar, anualmente, la adquisición de armas para las Fuerzas Armadas. La ley tiene un piso -en la actualidad, llega a los 60 ó 65 millones de dólares, por rama-, que adquiere gran importancia en momentos en que el precio del cobre se encuentra bajo, como ocurre, por desgracia, en estos momentos. Pero, en épocas de vacas gordas -para usar la cita bíblica- la ley no tiene techo. En consecuencia, con un precio del cobre a 4 dólares, las cantidades a recaudar son considerables. De hecho, como no se puede gastar todo el dinero -así ocurre en la actualidad-, existe un pozo para futuras eventualidades. Debo recordar que las modificaciones a la ley reservada del cobre estaban incluidas en los programas de gobierno de los candidatos que compitieron en la última elección presidencial, es decir, Joaquín Lavín, Sebastián Piñera y la actual Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Pues bien, ya han transcurrido varios años desde aquel acontecimiento y no se ha enviado ningún proyecto sobre la materia. Como señalé, se anunció que se enviaría uno a fines de este año, pero todo parece indicar que ello no se cumplirá. Algunos editoriales y artículos de prensa han abordado el tema, y existe una opinión transversal en cuanto a que una medida en tal sentido sería inoportuna, debido a la existencia de ciertas situaciones internacionales, en particular, las relacionadas con nuestros vecinos y amigos del norte y con la baja del precio del cobre. Por angas o por mangas, siempre se argumenta que no es el momento. De partida, habría que considerar los diecisiete años de gobiernos de la Concertación. El diputado que habla también fue reo de esta circunstancia. Fui subsecretario de Guerra y, para ser muy sincero, no hice mucho para que se enviara al Congreso un proyecto en tal sentido. Lo concreto es que en este tema no se ha avanzado nada, y me temo que en esta vuelta tampoco se adelantará mucho. Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Defensa Nacional y de Hacienda, a fin de que tomen conocimiento de esta intervención, agregando lo siguiente. Como es un hecho irredargüible que no van a mandar un proyecto que modifique sustancialmente el sistema, siempre hemos pensado en uno que asegure mínimos a nuestras Fuerzas Armadas, para que tengan la capacidad disuasiva que, gracias a Dios, tienen hoy. ¿Qué hay que hacer entonces? Como no van a mandar un proyecto sobre esto, que envíen uno chiquitito, de dos o tres artículos -incluso, modestamente, puedo proponer algunas cosas, si me lo piden-, que mejore un aspecto que, supongo no estará en discusión: la transparencia. ¿Costaría mucho mandar -el diputado Carlos Montes está de acuerdo conmigo en esto- un proyecto que estableciera simplemente, que los decretos supremos mediante los cuales se autorizan gastos con cargo al 10 por ciento de las ventas de Codelco, estarán sujetos a la toma de razón de la Contraloría General de la República? Hoy, ni siquiera son sometidos al trámite de refrendación; son secretos. ¿Me creerían ustedes si les digo que sigue siendo un argumento el hecho de que las compras son secretas? ¿No han leído las revistas, los libros, sobre la Defensa, donde se discute hasta el detalle de lo que se va a comprar? ¿Por qué tienen que ser secretos los actos jurídicos, mediante los cuales se justifican las compras? Entonces, es necesario hacer dos o tres modificaciones y poner un techo; hay que establecer que las cuentas corrientes no deben ser secretas, porque no es casualidad que los antecedentes de dos o tres compras estén en los tribunales. Me refiero a los aviones Mirage Elkan y a los tanques Leopard II, comprados a comienzo y a fines de los 90, respectivamente. Todo lo oscuro hace presumir que existe corrupción. Es cierto que la transparencia no inhibe la corrupción, pero, ¡por Dios que la complica! Por eso, pido que se oficie al ministro de Defensa a fin de que nos diga, de una vez por todas, qué van a hacer o, derechamente, que no van a hacer nada, para que este tema sea, a lo menos, de la campaña. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los parlamentarios que lo están solicitando a la Mesa. El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido quede constancia de que existe unanimidad, es decir que este asunto tiene un apoyo transversal. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, lamentablemente, no hay quórum para votar. Pero sí podemos nombrar a los señores diputados y señoras diputadas que adhieren a su petición: Enrique Jaramillo, Carlos Montes, Marcelo Schilling, Raúl Súnico, Fidel Espinoza, Carolina Tohá, Jaime Quintana, Mario Venegas, Jorge Sabag, Patricio Vallespín, Esteban Valenzuela, Gastón Von Mühlenbrock, Adriana Muñoz, Clemira Pacheco y José Miguel Ortiz. FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMPRESA DE MANTENCIÓN GLOBAL EN CAMINO QUE UNE QUILLÓN CON SECTOR DE CERRO NEGRO, PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas, a fin de representarle la preocupación, el malestar y el vergonzoso espectáculo que está dando la empresa de mantención global en la provincia de Ñuble, en relación con la mantención del camino asfaltado hace diez años y con una longitud de veinte kilómetros, que une Quillón con Cerro Negro, específicamente con el sector de Canchillas. La empresa está manteniendo ese camino; pero, repito, de una forma verdaderamente vergonzosa. Es un camino que tiene muchos hoyos que están siendo tapados, simplemente, con arena. Esa situación es inaceptable en una empresa global que es financiada con recursos del Ministerio de Obras Públicas, que ni siquiera tiene la delicadeza ingenieril de efectuar un trabajo bien hecho, con asfalto, que es el material que existe en la ruta que une Quillón con Cerro Negro. Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que ordene fiscalizar el trabajo que está realizando esa empresa global, constate en terreno la manera en que lo está ejecutando y ordene llevar a efecto las rectificaciones que correspondan. Entiendo que las empresas de mantención global reciben un pago por sus trabajos, los que deben efectuarse de acuerdo a las instrucciones del inspector fiscal correspondiente. No se puede tapar un hoyo, simplemente, con tierra y dejarlo así. Si se trata de un camino asfaltado, entiendo que éste se debe rellenar con el mismo material con que fue construido. Insisto en que es necesario fiscalizar que los trabajos se realicen bien para dar una respuesta satisfactoria a los vecinos de ese sector, que han manifestado su preocupación y su malestar por la forma en que se está haciendo la mantención global del camino que une Quillón con el sector de Cerro Negro. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría con copia al director regional de Vialidad de la Región del Biobío. Además, se enviará copia del oficio al alcalde de Quillón y a la Junta de Vecinos de Cerro Negro, con la adhesión de los parlamentarios que así lo están solicitando. El señor SABAG.- Gracias, señor Presidente. INFORMACIÓN ACERCA DE CONVENIO SOBRE ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL DE AISÉN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, quiero solicitar que se oficie al intendente regional de Aisén, señor Selim Carrasco Lobo, de militancia independiente concertacionista, con el objeto de que informe a la Cámara respecto del convenio que se habría efectuado entre el Gore de Aisén y el Instituto Latinoamericano de Desarrollo, Ilade, dependiente del Centro de Estudios para América Latina, Cepal, cuyo objetivo sería la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Regional, con un costo aproximado a los 300 millones de pesos. Dicho convenio, celebrado entre el gobierno regional y ese prestigioso instituto transnacional, no tendría nada de raro, si la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Regional, que antes estaba en manos del Mideplan y, después, pasó a ser responsabilidad de los gobiernos regionales, en este caso, de la División de Planificación del Gore, estuviera a cargo de funcionarios con la suficiente competencia y capacidad para tal propósito. Digo esto porque, hasta donde sé, el Gore, específicamente, su División de Planificación, tuvo suficiente tiempo -desde el 2006 al 2008- para elaborarlo, pero no lo hizo. Por eso, debió contratar al Ilade para que, mediante cursos que se dictaron una vez a la semana, desde octubre hasta diciembre del 2008, pudieran realizar dicha tarea. Los aiseninos tenemos derecho a saber por qué no se efectuó el Plan Estratégico de Desarrollo Regional en el plazo de dos años; por qué no se llevó a cabo por esa división, compuesta por funcionarios que tienen muy buenas remuneraciones, debido a sus grados 4, 5 y 6; por qué se contrató, al expirar el plazo, a una institución externa, con el alto costo que ello implica, y por qué no se efectúa un sumario administrativo frente al incumplimiento de esta división dirigida por un militante de mi partido, don Fernando Johnson, profesional grado 4, donde también trabajan otros profesionales, como los señores Avilés, Soto, Cabrera y otros. No es posible que se gaste semejante cantidad de dinero porque quienes tienen que hacer la pega, no la hacen y, más aún, les dictan cursos que, no me cabe la menor duda, incluirán en sus currículos personales. Esto no es nada nuevo, porque hace un año y medio, en esta misma Sala, denuncié un posgrado pagado con fondos del Gore, por cerca de 80 millones de pesos. En esa oportunidad, algunos de esos mismos funcionarios públicos ni siquiera terminaron el diplomado porque repitieron ramos o porque no presentaron sus respectivas tesis. ¿Hasta cuándo habrá funcionarios públicos de primera categoría, a quienes se les dan las cosas en bandeja, ganan concursos a la primera y se acomodan y pasan piola, gobierno tras gobierno? En el mundo de donde yo provengo, el que no hace la pega se va para la casa, finiquito en mano. En este caso, para algunos privilegiados funcionarios públicos es suficiente marcar la tarjeta electrónica de asistencia. Espero no equivocarme, pero si la respuesta a esta petición de fiscalización se dilata, como ha ocurrido con tantas otras, la imagen de nuestro Gobierno seguirá siendo mal calificada por la ciudadanía, es decir, de mal en peor. No habrá que ir muy lejos para encontrar a los responsables, partiendo por los que tienen más jinetas, entre ellos, el intendente Selim Carrasco Lobo, a quien hace rato debieron haberle entregado el sobre azul porque, después de trabajar cuatro meses, ya pidió vacaciones. Por un lado, se habla de cambios profundos en el Gobierno, partiendo por los compromisos presidenciales y los programas de mejoramiento de la gestión institucionales, y personales; pero la gente, que no es tonta, ve con frustración que los mismos siguen profitando del aparato gubernamental hasta más no poder. No hablo de los miles de buenos empleados públicos que sí hacen su pega y andan al tres y al cuatro, a quienes, con suerte, les ofrecen algún cursito de medio día. Ellos la patean y hacen la pega que otros debieran hacer todos los días, mientras los jefes y sus más cercanos se lo pasan en cafecitos y happy hour. Para cambiar esto no se requiere una reforma constitucional ni un cambio de gobierno, sino una real y verdadera voluntad política para cambiar, antes de que nos cambien los ciudadanos con su voto. En consecuencia, pido que se oficie al ministro del Interior, con copia al intendente de mi región, a fin de que respondan, ojalá a la brevedad, sobre el particular. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo están indicando. ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE AGRICULTORES AFECTADOS POR OLA DE CALOR Y DÉFICIT HÍDRICO EN REGIONES DE LA ARAUCANÍA, DE LOS LAGOS Y DE LOS RÍOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pareciera ser que el país en que vivimos es, cada cierto tiempo, blanco de la naturaleza no sólo por las bellezas que nos ha entregado, sino que por los daños que nos provoca y que nos imponen enormes tareas. En este momento, en el sur de Chile, específicamente en el distrito Nº 54, de la Región de Los Ríos, y también en las regiones de Los Lagos y de La Araucanía, se están viviendo momentos muy difíciles. A nadie escapa -recién lo conversaba con el diputado Jaime Quintana-, por ejemplo, lo que sucede en La Araucanía y, en general, en todo el sur, donde las altas temperaturas no se han limitado a algunos días, sino que se han extendido por semanas, ocasionando un tremendo daño, en especial a la agricultura de autosuficiencia y autoconsumo. Allí, los pequeños y miniagricultores asociados al Programa de Desarrollo Local, Prodesal, son quienes en este momento están sufriendo el problema en mayor medida. Los huertos de chacarería han sufrido gran deterioro, evaluado por los agricultores -y también por quien habla, después de la visita que realicé el pasado fin de semana a la zona rural de mi distrito- en 80 por ciento. Por lo tanto, se trata de un daño irreparable. Allí, prácticamente no hay riego, de manera que, si no llueve, no habrá cosechas. Esos agricultores viven de la chacarería y sus cultivos de verano, los más importantes, les permiten vivir durante los períodos en que no cultivan. Por lo tanto, obtienen sus principales entradas del año gracias a la venta, durante la primavera y el verano, de los productos de su chacarería que, reitero, ha sufrido un tremendo daño debido a la sequía imperante en la zona en este momento. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Agricultura, a fin de que los técnicos y profesionales de su ministerio destinados a esa zona, especialmente los relacionados con el Prodesal, hagan una evaluación de los daños causados por las elevadas temperaturas, se adopten las medidas pertinentes en relación con la ayuda que se podría entregar a esos agricultores de las regiones de La Araucanía y de Los Ríos, a uno de cuyos distritos represento. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando el texto de su intervención. ADHESIÓN A PLANTEAMIENTO DE DIPUTADO ENRIQUE JARAMILLO. FELICITACIONES A NUEVA MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, respaldo lo expresado por el diputado señor Jaramillo en relación con el actual problema existente en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos y de La Araucanía, que significará un cuadro bastante crítico durante la próxima temporada estival. Por lo tanto, queremos saber de qué manera el Gobierno, específicamente sus ministerios del Interior y de Obras Públicas, enfrentarán el difícil momento derivado del déficit hídrico a causa de la falta de precipitaciones. En otro orden de cosas, pido que se oficie a la nueva ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Claudia Serrano, a fin de felicitarla por su designación en ese importante cargo. Aprovecho la oportunidad para desearle mucho éxito y anunciarle la colaboración de la bancada del Partido por la Democracia en su tarea, que no será fácil, porque, en los últimos días, el Gobierno ha reconocido que es posible que a mediados del próximo año el índice de desempleo bordee los dos dígitos o, de frentón, llegue a dos dígitos, situación que no ocurría en el país desde hace tres años, salvo en algunas regiones del sur. Valoramos que el Gobierno haya creado la Comisión Nacional de Empleo, instancia que tendrá por misión proponer medidas eficaces para hacer frente a una eventual problema de desempleo que podría derivarse de la crisis económica mundial. Por cierto, el Gobierno ha tomado resguardos en materia de responsabilidad fiscal, lo que probablemente hará que la crisis nos golpee menos que a otros países, incluso de Latinoamérica. La diputada Adriana Muñoz, ex presidenta de la Comisión de Trabajo, me decía que ésta comenzará la discusión del proyecto de ley que perfecciona el seguro obligatorio de cesantía, uno de los instrumentos necesarios para paliar el desempleo. Como bancada del PPD vamos a apoyar en forma decidida ese mecanismo; pero también queremos estudiar otros, que nos permitan enfrentar de manera desprejuiciada y eficaz el difícil momento que se puede avecinar durante el segundo trimestre del próximo año. En nombre de los diputados y diputadas de la bancada del Partido por la Democracia, reitero el saludo a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Claudia Serrano. Aprovecho la oportunidad para plantear la necesidad de que las ideas que se propongan y las materias relacionadas con la microempresa y con instrumentos para favorecer la retención de la mano de obra, entre otros, se lleven adelante con el respaldo del Congreso Nacional. Para terminar, reitero nuestra invitación a la ministra a conversar estos temas no sólo con el Ejecutivo, sino también con el Congreso Nacional. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de la diputada señora Adriana Muñoz y de los diputados señores Enrique Jaramillo, Fidel Espinoza, Gastón Von Mühlenbrock y de quien preside. ALCANCES SOBRE MODIFICACIÓN DEL SENADO AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero dar una opinión sobre el proyecto que modifica la ley sobre donaciones con beneficios tributarios, que en el Senado fue objeto de diversas modificaciones. Pues bien, creo que una de ellas amerita una reflexión especial, no obstante que el trámite legislativo ya terminó. Según esa modificación, se autoriza a donar a parientes que pertenezcan a los directorios de las empresas. En realidad, esto tiene bastantes complejidades, porque si un ejecutivo de una empresa decide hacer una donación a una institución en la cual tiene parientes, eso podría generar grandes distorsiones. Por eso, me gustaría que en el reglamento de la ley se estableciera que ello sólo podría autorizarse por el consejo, que está dentro del marco del proyecto en tránsito. INFORMACIÓN SOBRE MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMPRESAS RECAUDADORAS A INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA. Oficio. El señor MONTES.- En segundo lugar, quiero pedir que se oficie al ministro de Hacienda para que nos informe sobre las condiciones en que los establecimientos comerciales transfieren a las instituciones de beneficencia el dinero que reúnen con las monedas de cinco o diez pesos que nos piden en la caja. Quiero saber si se hace como una donación de la empresa o, simplemente, como una retención de nuestras donaciones. Si lo hace como una donación, el negocio o la empresa -por ejemplo, una cadena de farmacias- descuenta de sus utilidades lo que corresponde a la donación. Por eso, quiero saber cuál es el procedimiento tributario y contable de esas cadenas de empresas que piden monedas para transferirlas a instituciones de beneficencia. Es necesario conocer el tratamiento contable que se le da, porque resultaría increíble que quienes hacemos una donación a través de nuestro vuelto a una institución de beneficencia, estemos donando también, por la vía de la franquicia tributaria, a la empresa recaudadora. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Fidel Espinoza y de quien preside. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido que se oficie a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, y al ministro de Salud, don Álvaro Erazo, con el objeto de que estudien la posibilidad de construir un centro de salud familiar en la localidad rural de Tegualda, comuna de Fresia. En Tegualda y en sus zonas rurales aledañas como Cau-Cau, Huenpeleo, La Naranja, Pichimaule, La Vega, Alto Bonito y Maule Bajo, entre otras, viven entre 1.500 y 2 mil familias. Los requerimientos de atención primaria de salud de ese grupo humano son atendidos en la posta de Tegualda, que requiere ser remodelada o reconstruida en forma urgente. Nosotros esperamos que la definición del Ministerio de Salud sea otra y, al momento de decidir, considere las condiciones geográficas de conectividad y de ruralidad de la zona, y construya allí un centro de salud familiar similar al que se construyó en la localidad de Pantanosa, en Frutillar, que ha sido todo un éxito toda vez que ahora la gente está recibiendo una atención digna. Para Tegualda y sus alrededores queremos lo mismo: atención de salud eficiente y digna, como se lo merecen sus habitantes. El proyecto no debiera costar más allá de 100 millones de pesos, versus una nueva posta que costaría alrededor de 50 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión, tal vez, 50 por ciento superior a la presupuestada originalmente; pero es tremendamente necesaria. Es más, con el alcalde y su concejo queremos hacer de Tegualda una comunidad distinta, que sienta que el municipio está mucho más cerca de ella en salud y en otras áreas del quehacer local. Por eso, a futuro, el alcalde presentará otras iniciativas, como la instalación de una oficina municipal que permita atender temas sociales y otros. Por eso, reitero mi petición de oficio a nuestra querida Presidenta, señora Michelle Bachelet, y a nuestro distinguido ministro de Salud, señor Álvaro Erazo, para que realicen las gestiones tendientes a dotar a Tegualda y a todas las zonas rurales aledañas que ya mencioné: Cau-Cau, Huenpeleo, La Naranja, Pichimaule, La Vega, Alto Bonito y Maule Bajo, de un centro de salud familiar digno que, por sus características, debiera brindar mejor atención que la que ofrece una posta rural. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. RECONOCIMIENTO A TRAYECTORIA DE HÉCTOR RAÚL MANCILLA, FUTBOLISTA DE PURRANQUE QUE TRIUNFA EN MÉXICO. Oficios. El señor ESPINOZA (don Fidel).- En una materia absolutamente distinta, desde esta honorable Sala de la Cámara de Diputados, quiero rendir un homenaje a una figura de mi distrito. Soy fanático del fútbol, y lo destaco, porque muy pocas veces jugadores provenientes de comunas como Los Muermos, Fresia, Purranque, Río Negro, Puerto Octay, Llanquihue, Puerto Varas o Frutillar tienen la posibilidad de llegar al fútbol profesional y menos aún, al fútbol internacional. Por eso, me siento orgulloso de decir que un joven de nuestra tierra, Purranque, Héctor Raúl Mancilla Garcés, está triunfando en el fútbol mexicano. Se ha convertido en el segundo jugador chileno que juega en el extranjero que tiene el doble mérito, tal como lo hizo en un momento Iván Zamorano en España, de ser campeón con Talca y el goleador de la institución deportiva. Muchos Héctor Mancilla hay en nuestra región, pero no todos pueden llegar al fútbol rentado. Héctor Raúl Mancilla Garcés nació el 12 de noviembre de 1980, en Purranque. Proviene de una familia humilde, pero esforzada y muy trabajadora. Conozco a su madre y a su familia. Hoy cosecha los frutos de haber sido formado en un hogar con grandes valores. Llegó al fútbol rentado en 1999, después de haber jugado en equipos de fútbol amateur de su natal Purranque. Llegó a Malleco Unido donde jugó en 1999 y en 2000 jugó en Huachipato, entre el 2000 y el 2005, donde brilló y en 2006 fue contratado por la institución más popular del fútbol chileno, Colo Colo. Por los logros que alcanzó en la tienda alba, en 2007, lo contrata el Veracruz de México. Tuvo un breve paso por otra institución, hasta que llega al Toluca, donde se consagra campeón. Desde esta honorable Sala, quiero enviar un cariñoso saludo no sólo a Héctor Raúl Mancilla, por su éxito sino que a su distinguida familia. Ojalá que a futuro tengamos, a lo largo de todo el país, jóvenes que brillen tanto como él, que desde la humildad de una cancha polvorienta lleguen al fútbol profesional y hagan flamear nuestra bandera, tal como lo hiciera Héctor Mancilla el domingo pasado en las tierras de Toluca, allá en el hermoso México. Pido que se envíe copia de mi intervención al honorable Concejo de Purranque, para que sea leída en su seno, y a la familia de Héctor Raúl Mancilla, de Purranque. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.10 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado.