REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 103ª, en martes 18 de noviembre de 2008 (Ordinaria, de 11.05 a 14.10 horas) Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco, y Ceroni Fuentes, don Guillermo. Presidencia accidental del señor Meza Moncada, don Fernando. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. REDACCIÓN DE SESIONES PUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia II.Apertura de la sesión III.Actas IV.Cuenta V.Orden del Día. -Exención de permiso municipal a construcción de establecimientos penitenciarios. Primer trámite constitucional -Regulación de acciones protectoras de derechos fundamentales. Primer trámite constitucional. (Continuación) VI.Proyectos de acuerdo. -Tratamiento de accidentes cerebro vasculares y educación para su prevención -Reconocimiento a general director de Carabineros por reciente designación. (Preferencia) VII.Incidentes. -Respuesta de Enami a peticiones de pequeños pirquineros afectados por baja del precio del cobre. Oficios -Medidas para llenar vacantes de médicos en hospital de Huasco. Oficio -Saludos al candidato del Partido Regionalista de los Independientes a presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción -Información sobre recursos de la Conaf en la Sexta Región para combatir incendios forestales. Oficio -Aplicación de plan de descontaminación en la ciudad de Osorno. Oficio -Urgencia a proyecto de ley que compensa daños causados por interrupción del suministro de agua potable. Oficios -Solicitud de auditorías a programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Oficios -Aumento de subsidios rurales para vivienda. Oficio -Instalación de oficinas de Prochile en regiones. Oficio -Regularización de bienes raíces de personas jurídicas. Oficio -Reinstalación de oficina del Fonasa en Puerto Varas. Oficio -Aplicación de bandas de precios o salvaguardias de emergencia para el trigo. Oficio -Información sobre proyectos en la Región de Los Ríos. Oficio -Creación de Oficina de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, Dicrim, e implementación de plan Cuadrante en provincia del Ranco. Oficios Pág. -Habilitación de pabellón quirúrgico y reposición de ecotomógrafo en hospital de Victoria. Oficio -Pavimentación de camino en sector El Parque, Angol. Oficio -Demora en entrega de recursos para programa de protección del patrimonio familiar en Región de La Araucanía. Oficio -Felicitaciones a jóvenes del partido socialista electos concejales en la Región de Los Lagos -Preocupación por construcción de bypass vial en parque nacional Vicente Pérez Rosales. Oficio -Investigación por ocultamiento de propaganda de campaña “Patagonia sin Represas” en aeródromo Pichoy de Valdivia. Oficios VIII.Documentos de la Cuenta. -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho de los siguientes proyectos: 1.“Perfecciona el seguro obligatorio de cesantía e introduce cambios a otras normas legales”. (boletín N° 6036-13) 2.“Autoriza erigir un monumento en homenaje a Violeta Parra Sandoval”. (boletín N° 5385-24) 3.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “establece el Estatuto Especial de Gobierno y Administración para el territorio de Isla de Pascua”. (boletín N° 5940-06) 4.Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2009”. (boletín N° 6116-05) 5.Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “establece reforma constitucional en materia de asociacionismo municipal”. (boletín N° 5224-07) 6.Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “establece reforma constitucional en materia de asociacionismo municipal”. (boletín N° 5224-07) 7.Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que “establece medida cautelar por violencia en los estadios de fútbol”. (boletín N° 5641-07) 8.Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el “Encargo otorgado por la Sala de la Corporación de investigar eventuales irregularidades en programas de empleo” 9.Informe sobre la participación de los diputados señores Olivares y Venegas, don Samuel, en el XXXIII Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, efectuadas en Quito, Ecuador, entre el 26 y 28 de octubre de 2008 Pág. 10.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Von Mühlenbrock, Álvarez, Bauer, Forni, García-Huidobro, Kast, Melero, Ulloa, Urrutia y Rojas, que “modifica la ley de Violencia en los Estadios tipificando una nueva conducta sancionada por ella”. (boletín N° 6205-25) 11.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Von Mühlenbrock, Estay, Rojas, Urrutia, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “modifica disposiciones de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para favorecer la participación de los copropíetarios, la conservación de los condominios y la transparencia en su administración”. (boletín N° 6206-14) -Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados, copia autorizada de los siguientes requerimientos sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 12.Inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.260. Rol N° 1260-08-INA. (Oficio N° 2.473) 13.Artículo 38 ter, de la ley N° 18.933. Rol N° 1.255-08-INA. (Oficio N° 2.482) IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios. Ministerio de Interior: -Diputado Robles, sobre dotación de carabineros y de policía de investigaciones para provincia de Huasco. -Diputado Díaz don Marcelo, proyecto de construcción de red de energía eléctrica de localidad de El Romeral, de La Serena. -Diputado Alvarado, criterios para la asignación de bonos a grupos familiares de Futaleufú. -Diputado Forni, sobre tramitación de solicitudes de pensiones de gracia. -Diputado Correa, coordinación entre organismos policiales y Ministerio Público. -Proyecto de Acuerdo 649, otorgamiento de pensión de gracia a todos los ex trabajadores marítimo-portuarios. Ministerio de Relaciones Exteriores: -Diputado Díaz don Marcelo, sobre prioridad Paso Fronterizo “Agua Negra”, Región de Coquimbo. Ministerio de Hacienda: -Diputado Farías, sobre situación de deudores Serviu-Banca. Ministerio de Educación: -Proyecto de Acuerdo 512, reconstrucción de instalaciones de Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Ministerio de Justicia: -Diputado Galilea, sobre estado del proyecto Cárcel en la Unidad de Coyhaique. Ministerio de Defensa Nacional: -Diputado Ulloa, sobre vertimiento de hidrocarburos en Caleta Infiernillo, de Talcahuano. -Diputado Martínez, sobre requerimiento de apoyo técnico para ubicar cuerpo de señora que indica. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Forni, sobre cobro de peaje en camino de acceso a comuna de Paine. -Diputado Barros, situación del camino Paredones de Auquinco y Embalse Convento Viejo comuna de Chépica. VI Región. -Diputada Pascal, sobre obras de Instalación del Servicio de Agua Potable Rural “Las Lomas de Culiprán” comuna Melipilla. Ministerio de Agricultura: -Diputado Ulloa, proyectos de riego para el secano costero de provincia de Ñuble. -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, limpieza de tranque de Millahue en San Vicente de Tagua Tagua. -Diputado Robles, funcionamiento de la Mesa del Agua de Copiapó e Impacto Ambiental. Ministerio de Bienes Nacionales: -Diputado De Urresti, sobre protección de Fuerte Colonial de San Pedro de Alcántara, ubicado en Isla Mancera, comuna de Corral. -Diputado Díaz don Marcelo, sobre regularización de títulos de dominio para vecinos de Curque Alto, comuna de Andacollo. Ministerio de Salud: -Diputado Lobos, sobre incidentes en hospital de Mulchén. -Diputado Lobos, si procede pago de estudios radiológicos sin informe de radiólogo. -Diputado García-Huidobro, sobre empresa Limfosan Ltd. -Diputado García-Huidobro, sobre sumario por negligencia por paciente en estado de gravidez y portadora del VIH. -Diputado De Urresti, sobre acciones adoptadas relacionadas con leche importada de procedencia China. -Diputado Sepulveda don Roberto, sobre situación de paciente que indica. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado Accorsi, sobre autorizaciones de instalación de antenas de telefonía móvil. -Diputado García-Huidobro, sobre visita a regiones de ministros durante los últimos cuatro años, y especialmente durante los últimos dos meses. Subsecretaría de Carabineros: -Diputado Bertolino, sobre dotación de carabineros en Vicuña. Ilustre Municipalidad de Maipú: -Diputado Sepúlveda don Roberto, ficha de protección social de personas que señala. -Diputado Sepúlveda don Roberto, cumplimiento de requisitos necesarios para optar a una pensión asistencial. -Diputado Sepúlveda don Roberto, ficha de protección social a señor que indica y relleno sanitario existente en la comuna. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Pérez San Martín, Lily -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Burgos Varela, Jorge -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduard -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Isasi Barbieri, Marta -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Martínez Labbé, Rosauro -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Sule Fernández, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Diputada y diputado en misión oficial señora Denise Pascal Allende y señor Alejandro García-Huidobro. -Asistió, además, el ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma. -Concurrió, también, el subsecretario del Ministerio del Interior, señor Felipe Harboe Bascuñan.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.05 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 98ª se declara aprobada. El acta de la sesión 99ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. V. ORDEN DEL DÍA EXENCIÓN DE PERMISO MUNICIPAL A CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje, que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la dirección de obras municipales. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor René Manuel García. Antecedentes: -Mensaje, boletín 6075-14, sesión 73ª, en 9 de septiembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 98ª, en 11 de noviembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 16. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de simple, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la dirección de obras municipales. La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar el artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de eximir del permiso de la dirección de obras municipales la construcción de establecimientos penitenciarios. Para los efectos reglamentarios, dejo constancia de que el proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ni que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda. El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad, con el voto de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores Fidel Espinoza, Juan Carlos Latorre, Juan Lobos, Manuel Monsalve y de quien habla, que además fue designado diputado informante. La Comisión contó con la asistencia y colaboración de doña Jeannette Tapia y don Luis Eduardo Bresciani, abogada y jefe de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, y de doña Paula Recabarren, asesora de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. Antecedentes del proyecto. El mensaje explica que de acuerdo con lo dispuesto por artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, la construcción, reparación, alteración, ampliación, demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requieren permiso de la dirección de obras municipales. Se agrega en la mencionada disposición legal que deben cumplir con esa obligación las urbanizaciones y construcciones fiscales y semifiscales, de corporaciones o empresas autónomas del Estado y de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Mas, se señala que el inciso cuarto del artículo ya mencionado, excluye de esta obligación a la obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que estén destinadas a sus fines propios, sean urbanas o rurales. Tal excepción no alcanza a la construcción de establecimientos penitenciarios, que mantienen la obligación de requerir permiso de la dirección de obras municipales que impone la ley general de Urbanismo y Construcciones a toda edificación, estando en situación de requerir dicho tratamiento excepcional. Se indica que el objetivo de esta iniciativa de ley es eximir de la obligación de contar con el permiso de la dirección de obras municipales respectiva, tratándose de la construcción, reparación, alteración, ampliación y demolición de establecimientos carcelarios para, de esta forma, homologar dicha situación con el estatuto de obras de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que revisten de un carácter militar y policial, las cuales se encuentran exentas de dicho trámite. Se añade, adicionalmente a lo anterior, y considerando que los permisos de edificación son actos públicos y, por ende, sin impedimento para cualquier interesado que desee acceder a la documentación aprobada, restringe la circulación de documentación relevante para la seguridad de los establecimientos carcelarios, tales como planos y especificaciones técnicas. Se explica que el presente proyecto modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, para incluir dentro de las instituciones eximidas de los permisos e inspecciones previstas en el inciso cuarto del actual artículo 116 a las obras que tengan carácter penitenciario y pertenezcan a Gendarmería de Chile, sean las mismas urbanas o rurales y siempre y cuando sean destinadas a sus fines propios. Ello, en atención a la naturaleza jerarquizada, uniformada, disciplinada y obediente que reviste dicha institución, que la obliga legalmente a velar por la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios. Se concluye que se introducen las modificaciones pertinentes que permiten homologar la situación de aquellos establecimientos pertenecientes a Gendarmería de Chile que, por su carácter y fines, ameritan un tratamiento asimilable al de aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Descripción del proyecto. Consta de un artículo único que, a través de dos números, modifica el artículo 116 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Su Nº 1) modifica su inciso segundo, en el sentido de incorporar, además de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, a Gendarmería de Chile. Su Nº 2) modifica su inciso cuarto, en orden a excepcionar de la obligación del permiso exigido en el inciso segundo a las obras de carácter penitenciario, destinadas a sus fines propios, teniendo el mismo tratamiento que las obras de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Discusión general del proyecto. Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el mensaje en estudio, los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia. No obstante, se subrayó que si bien era entendible y conveniente que los planos de construcción de una cárcel no deben ser públicos, es decir, que no tienen que estar expuestos ante la comunidad en la dirección de obras municipales por claros motivos de seguridad, deben existir condiciones que permitan asegurar el cumplimiento de constructibilidad desde el punto de vista técnico. Se explicó que ello está resguardado, toda vez que -por lo general- la construcción de recintos penitenciarios se efectúa a través de contratos de concesión, conforme lo establece la ley de Concesiones, cuya ejecución es supervisada por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Además, procede la inspección técnica independiente del constructor que se exige para las obras de uso público, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 143 de la ley general de Urbanismo y Construcciones. Discusión particular. El Nº 2 del artículo único fue objeto de las siguientes indicaciones complementarias: A) De las diputadas señoras Marta Isasi y Claudia Nogueira y de los diputados señores García, Latorre, Fidel Espinoza y Lobos, para eliminar la frase “militares o policiales”, con el propósito de concordar su texto con el resto de los cambios en él introducido. B) De las diputadas señoras Marta Isasi y Claudia Nogueira y de los diputados señores García, Latorre, Fidel Espinoza, Monsalve y Lobos, para imponer al propietario, una vez terminadas las obras, la obligación de presentar una declaración ante la dirección de obras municipales, indicando el destino de las edificaciones e individualizando a las personas a quienes pudiere corresponder algún grado de responsabilidad de acuerdo a la ley. El número, con las indicaciones, fue aprobado por unanimidad. No hubo artículos rechazados. Tampoco indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley: “Artículo Único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 116 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones: 1) Sustitúyese en su inciso segundo, la frase “y de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, por la siguiente: “y de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile.”. 2) Reemplázase en su inciso cuarto, el ordinal “tercero”, por “segundo”; sustitúyese la frase “y las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública,” por la siguiente: “, las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las de carácter penitenciario,”; suprímase las palabras “militares o policiales”, y agrégase al final del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Concluidas las obras, el propietario deberá presentar una declaración ante la Dirección de Obras Municipales, indicando el destino de las edificaciones e individualizando a las personas a quienes pudiere corresponder algún grado de responsabilidad de conformidad a los artículos 17 y 18 de esta ley.”. Es todo cuanto puedo informar. El señor ENCINA (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, difiero de esta iniciativa que exime del permiso de la dirección de obras municipales a los establecimientos penitenciarios. No entiendo muy bien lo que quiere hacer el Ejecutivo. Se ha hablado y trabajado durante todos estos años por la descentralización, hemos escuchado que debemos dar más poder a los municipios y convertirlos, por lo menos en mi lógica, en gobiernos locales, en instituciones que resuelvan los problemas de las personas y tomen decisiones en su territorio. Entonces, me parece que este proyecto de ley contradice lo que el mismo Ejecutivo ha venido diciendo durante todo este tiempo, que entreguemos más poder a las municipalidades, que se conviertan en gobiernos locales. Por eso, no puedo estar de acuerdo con una iniciativa que va en el sentido contrario, es decir, que las municipalidades continúen perdiendo poder y en sus territorios se les sigan instalando todo tipo de construcciones, sin que puedan decir -como se dice en buen chileno-, ni pío. El caso de las antenas se ha debatido y se debate. El diputado Hales ha estado trabajando una iniciativa para regular el tema. Pero este problema rebota en las municipalidades, porque cuando se instala un antena de celular para telefonía móvil y a la gente le produce interferencias en sus aparatos electrónicos, los vecinos van a reclamar a la municipalidad, en circunstancias de que no puede hacer nada, porque la definición de cómo y cuándo se instala la antena la toman otras entidades, no el municipio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De poder local? ¿De descentralización? No será ésta sólo una bonita palabra? Cuando fui alcalde de la comuna de San Joaquín en su territorio estaba instalada la cárcel de mujeres, en la avenida Vicuña Mackenna. Con la dirección de obras municipales, se pudieron hacer muchas intervenciones, ya que teníamos problemas gravísimos por la llegada de las visitas, que contaminaban todo el sector residencial que estaba alrededor. Se le pidió a Gendarmería que hiciera estacionamientos interiores para que la gente entrara y esperara adentro y no afuera. Logramos solucionar el problema gracias a que teníamos por lo menos una herramienta en la mano: no dábamos permisos de edificación si no se arreglaban los problemas que se causaban a los pobladores de ese sector. Me parece que este proyecto que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la dirección de obras municipales está totalmente en contra de la descentralización, de la regionalización y de entregar a los municipios un poder real. Aprobarlo significaría decir que no creemos en la descentralización, en la regionalización, ni en que las municipalidades puedan manejar los territorios de sus comunas. En definitiva, se volverá a quitar poder a los municipios. Creo que cada uno de nosotros se va a ver enfrentado a los alcaldes y alcaldesas de las municipalidades de nuestros distritos, quienes nos dirán por qué les seguimos quitando el poder de las manos de decidir sobre sus territorios. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, me alegro de la intervención del diputado Farías, pero no tiene nada que ver con el proyecto que estamos discutiendo, porque no se quita ninguna facultad a las municipalidades, ya que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no tienen necesidad de pedir permiso a la dirección de obras municipalidades para las obras indicadas. ¿Por qué se agrega Gendarmería de Chile? Por una cuestión de seguridad. No se trata de que no vayan a presentar los planos, ni de que la municipalidad no esté informada o de quitarle poderes, sino que la gente no tenga los planos. Reitero, actualmente las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública no requieren los permisos de las direcciones de obras municipales. Agregamos a Gendarmería, por las cárceles. Incluso, se establece que concluidas las obras, se deberá presentar una declaración indicando el destino de las obras e individualizando a las personas a quienes pudiere corresponder algún grado de responsabilidad. O sea, éste no es un problema de poder municipal, sino que de seguridad nacional. Se considera que los planos no tienen que estar a disposición del público en las municipalidades. Ésa es la razón. No es quitarle poder a las municipalidades. Eso no tiene nada que ver con el proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, para aclarar lo que propone el proyecto, que no es otra cosa que eximir -con todo el respeto que me merece el colega Farías- de permiso de la dirección de obras municipales respectiva a la construcción de establecimientos penitenciarios, como ha dicho el diputado informante, aunque se mantiene la obligación de requerir esos permisos para otras edificaciones. Ésta exención se acopla a la ya establecida por la ley para las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, el proyecto es bastante simple. Comparto lo que han dicho los diputados René Manuel García y Enrique Jaramillo. Busca regular la información sobre determinado tipo de proyectos para evitar que se produzcan problemas con ella; pero ese hecho no puede significar que la dirección de obras municipales no tenga al menos claramente establecido quiénes son los responsables de haber cumplido la ley en esa obra. Entiendo que eso quedó garantizado en los términos en que la Comisión despachó el proyecto. A mi juicio, debemos aprobar la iniciativa, porque no es posible que los planos y los antecedentes de las cárceles estén a disposición de cualquier persona, ya que eso genera un conjunto de otras dificultades. Me parece que es plenamente pertinente aprobarlo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, anuncio el apoyo a esta iniciativa, que es importante más que por razones presupuestarias de un municipio, por cuestión estratégica, relacionada, como ha dicho el diputado René Manuel García, con los planos de las cárceles. Además, se debe considerar que no todos los días se construyen cárceles en el país. Por lo tanto, creo que es pertinente la exención de estos permisos municipales para las obras penitenciarias, por lo que la bancada democratacristiana va a votar favorablemente el proyecto. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el proyecto de ley que exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de obras municipales. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 5 votos. No Hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Jiménez Fuentes Tucapel; Ulloa Aguillón Jorge. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular. -o- El señor ENCINA (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para incorporar a la cuenta el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta la asignación familiar y maternal, el subsidio familiar y concede otros beneficios que indica. No hay acuerdo. REGULACIÓN DE ACCIONES PROTECTORAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde iniciar la discusión general del proyecto de ley originado en moción, sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección. Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía fue emitido por la diputada señora Karla Rubilar en la sesión del 29 de octubre pasado, y el de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue rendido por el diputado señor Nicolás Monckeberg en la sesión del 5 de noviembre pasado. En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, sé que este tema no es de la agenda del día, pero es importante. La moción de los ex diputados señores Bartolucci, Bustos, Elgueta, Luksic, Gutenberg Martínez, y de los diputados señor Cardemil y señora Laura Soto, ingresó a la Cámara el 17 de octubre de 2001. A petición de la Cámara de Diputados, en la actualización y perfeccionamiento del proyecto han participado el centro de estudios constitucionales y académicos del área del derecho internacional público, administrativo y procesal, principalmente del área de derecho constitucional. No obstante haber participado activamente en el debate de la iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estimo que la iniciativa adolece de defectos importantes que no han sido considerados en su real dimensión. Por ello, es lógico e indispensable que el proyecto vuelva a Comisión, a la de Constitución, Legislación y Justicia o a la de Derechos Humanos. Me parece legítimo que algunos estén en desacuerdo. Habernos apurado en el último mes y medio para cumplir un plazo no ha permitido un análisis a fondo de un proyecto de esta envergadura. No creo que sea bueno que pase algo parecido a lo que ocurrió con la reforma constitucional del defensor ciudadano. Si hubiéramos tenido más tiempo, podríamos haber concordado algo que reuniera los votos necesarios para su aprobación, pero faltaron. Este proyecto es bien profundo, tanto desde el punto de vista de quienes presentaron la moción como de los que han colaborado en la versión actual, y creo que requiere mayor análisis. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se señaló que la idea matriz del proyecto es “subsanar la ausencia de regulación legal de las acciones protectoras de derechos fundamentales y regular la recepción y forma de ejecución de los fallos de la Corte Interamericana o de otro tribunal en materia de derechos humanos a que el Estado reconozca en el futuro jurisdicción vinculante y obligatoria”. Regulación por ley de las acciones constitucionales. El primer aspecto consiste en regular, en un solo texto y con carácter de ley, acciones cuyos procedimientos actualmente se encuentran contemplados en la Constitución, en autos acordados y, en algunos casos, en otras formas legales. Es decir, la regulación de esos procedimientos y su ejercicio está dispersa. Se trata de establecerlos en una sola ley. De esta manera, se cumpliría con la reserva de ley que establece el Nº 3º del del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala: “Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. En este aspecto, el proyecto aspira a convertirse en un verdadero código de acciones constitucionales, que reúna en un solo texto las acciones constitucionales. El segundo objetivo de la iniciativa es la regulación de la ejecución de los fallos de los tribunales internacionales. El proyecto tiene un alcance más general, no se relaciona con el cumplimiento de la norma constitucional de reserva de ley, sino que pretende regular la ejecución de decisiones tomadas por órganos jurisdiccionales internacionales. En este aspecto, buscaría asegurar el cumplimiento de las decisiones de estos órganos, para impedir que sean desoídas por los órganos estatales. A mi juicio, el alcance del proyecto en algunos de los aspectos actuales parece excesivo. Respecto del primero, la iniciativa plantea acciones de naturaleza totalmente distinta. Así, incluye acciones cuyos procedimientos están regulados por ley, por ejemplo, amparo económico, con otras que sólo están reguladas en autos acordados: amparo y protección. En ese mismo sentido, se mezclan acciones de carácter constitucional con otras simplemente legales. Además, se introducen cambios sustantivos, como la ampliación del criterio de imputación, indemnización por error judicial, extendiendo el alcance que define la Constitución, desde errores injustificadamente erróneos y arbitrarios, hacia otros, erróneos o arbitrarios. Ello, a lo menos en la versión de la Comisión de Derechos Humanos. Finalmente, y lo que en mi opinión resulta más confuso, se crean nuevas acciones cuyos contornos no quedan suficientemente claros: acción de tutela de derechos previstos en convenios internacionales y derechos colectivos. Esta heterogeneidad de procedimientos impide concentrarse en el principal objeto de la iniciativa: la regulación legal de acciones constitucionales que actualmente carecen de ella. Puede ser loable regular estas materias, pero hacerlo todo en un mismo proyecto, y con la importancia que tiene la regulación de acciones constitucionales, a mi modesto entender, no resulta aconsejable. Por esas razones, considero inconveniente agregar en este proyecto el segundo aspecto mencionado. Incorporar este tema significa abrir un nuevo flanco, sin relación directa con la legalización de las acciones constitucionales. Además, por la forma en que se deben cumplir, las decisiones de órganos internacionales no siempre son de fácil implementación. Incluso, la doctrina y la jurisprudencia poseen interpretaciones disímiles en esta materia. En algunas ocasiones, las sentencias internacionales pueden constituir un título ejecutivo, pero, en otras, su cumplimiento puede exigir reformas legales, como ha ocurrido en la especie, y la implementación de políticas que van más allá del rendimiento que puede tener un procedimiento judicial. Algunas observaciones sobre el contenido del proyecto. Aquí quiero señalar que se hizo un esfuerzo por escuchar a la gente, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos. Pero la mayoría de quienes expusieron, de gran nivel, eran profesores de derecho constitucional. Sólo escuchamos -y bien a la rápida- a dos profesores de derecho procesal en la Comisión de Constitución, y creo que la iniciativa requiere más asesoría en esta área. También resulta importante tener presente que las materias tratadas por el proyecto son de extrema sensibilidad pública, debido a la cantidad de este tipo de acciones que se deducen cada año. Por ejemplo -doy un solo dato-, en 2001 se interpusieron 4.900 recursos de protección. Desde su creación, en 1978, la presentación de dicho recurso ha crecido en 7.200 por ciento, lo que permite apreciar la magnitud de los cambios que pueden acarrear las modificaciones establecidas en esta iniciativa. ¿Tenemos Estado para esto? ¿No será bueno tener claras las posiciones, aunque no sean vinculantes, de la gente que administra justicia? ¿En qué condiciones están para una entrada en vigencia inmediata de este tipo de leyes? ¿O es necesaria la gradualidad que no está establecida? Ahí, entonces, existe otra duda más que razonable. Hay problemas con la transformación de acciones de emergencia en ordinaria, y saturación en los tribunales; se afecta la determinación de políticas públicas y la estabilidad estatal si no se fijan claramente los contornos, creando expectativas que resultan muy difíciles después conformar en la realidad. Hay una falta de sistematicidad en la forma señalada. Asimismo, existen algunas contradicciones que no pudieron ser todas resueltas. En fin, son múltiples las razones que justifican que un proyecto como éste, de gran envergadura y con alto impacto social, se someta a un estudio más pausado. No se conoció la opinión del Ejecutivo sobre la iniciativa, por lo menos en la Comisión de Constitución, por ejemplo, en cuanto a su implementación, desde el punto de vista presupuestario. Con las nuevas acciones se afecta la vida judicial. El proyecto aún adolece de algunos defectos técnicos. Se olvidan aspectos relevantes y se tiende a una relativa desnaturalización de las acciones constitucionales. Por todas las razones expuestas, en lo personal insisto en que se hace indispensable una segunda revisión de este proyecto, más allá de indicaciones específicas. Se requiere más tiempo para estudiarlo, para escuchar gente. Si eso no ocurre, por lo menos yo me abstendré en la votación general. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, este proyecto intenta perfeccionar normas existentes e incorporar -como decía el diputado Burgos- a la Constitución aspectos que hoy se regulan mediante autos acordados de la Corte Suprema. Asimismo, la iniciativa busca regular la recepción y forma de ejecución de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otro tribunal en similar materia, a que el Estado reconozca en el futuro jurisdicción vinculante y obligatoria. Ello es muy positivo. Siento que los ciudadanos y las ciudadanas están cada vez más conscientes de sus derechos. Y eso es algo fundamental. Por otra parte, este proyecto es un intento muy importante de entregar herramientas de diverso tipo para proteger los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, la Cámara rechazó el proyecto que crea el defensor del ciudadano, quien, de acuerdo con lo señalado por el diputado Burgos, podría haber asumido algunas de las acciones postuladas en esta iniciativa, ante la eventual incapacidad de las cortes de acoger una posible “avalancha” de recursos presentados por los ciudadanas y las ciudadanos que se sientan afectados en sus derechos. El proyecto es importante, pues avanza bastante en la materia. A lo mejor, desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho procesal se deben madurar ciertos aspectos de la iniciativa, pero pienso que deberíamos aprobarla en general y devolverla a comisiones. Ésta es una moción transversal, de parlamentarios que recogieron las inquietudes de algunos profesores de derecho constitucional. Reitero, el proyecto es un avance. Si lo aprobamos en general, nos imponemos la obligación de profundizar la materia y de lograr un texto. Es tremendamente necesario perfeccionar este tipo de instrumentos. Por eso, pido a los colegas su apoyo para aprobarlo en general. Estoy de acuerdo con el diputado Burgos respecto de la posibilidad de profundizar más la materia, de establecer una relación con los operadores de justicia del país y ver qué capacidad tienen para acoger estas acciones, pero reitero que es fundamental que demos este paso. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, ésta es una materia de profunda significación jurídica y tiene mucha relación con la defensa y protección de los derechos esenciales de la persona humana. Este proyecto trata fundamentalmente los recursos de amparo y de protección y, sin duda, requiere una reflexión y una discusión amplísimas desde todo punto de vista, no sólo desde la perspectiva de lo que significa para los derechos humanos, sino también desde la óptica constitucional. Se trata de regular la tramitación de recursos como el del amparo, que viene de la época de Juan Sin Tierra, cuando, en 1215, se estableció el habeas corpus para limitar al soberano, recurso que se ha mantenido a través del tiempo hasta nuestros días. Podríamos preguntarnos qué motiva legislar sobre esta materia o cuál fue el objetivo de los diputados autores de la moción para presentarla a tramitación, si ya existen autos acordados que reglamentan estos procedimientos. En el mismo informe de la Comisión de Derechos Humanos podemos encontrar la respuesta, cuando señala que la idea matriz o fundamental de la iniciativa es: “subsanar la ausencia de regulación legal de las acciones protectoras de derechos fundamentales y regular la recepción y forma de ejecución de los fallos de la Corte Interamericana o de otro tribunal en materia de derechos humanos a que el Estado reconozca en el futuro jurisdicción vinculante y obligatoria.”. Ése es el objeto principal que se tuvo en vista para presentar este proyecto. Se pretende fortalecer y facilitar la tramitación de estos recursos, dado que los autos acordados que actualmente la regulan, no aseguran adecuadamente su interposición y tramitación ni satisfacen apropiadamente la protección de los derechos garantizados por la Constitución. La idea es facilitar dicha tramitación para amparar derechos fundamentales, como la libertad personal y la seguridad individual, y proteger otros férreamente establecidos en la Constitución Política de la República, para lo cual se intenta regular estas materias por la vía legal, de manera que no queden normados de manera imprecisa y generalizada. Estamos hablando de recursos de carácter constitucional, no de meros recursos procesales que se emplean en los procedimientos comunes, y el tribunal competente para conocerlos es una corte de apelaciones, no cualquier juzgado. Tanto el recurso de amparo como el de protección están regulados por autos acordados, que son resoluciones de tribunales de justicia, y no por la ley. Eso no es normal ni la forma de legitimar el procedimiento, la interposición, conocimiento y fallo de estas acciones. Por ejemplo, el procedimiento del recurso de protección se encuentra reglamentado por un auto acordado de la Corte Suprema, publicado en el Diario Oficial del 27 de julio de 1992. Todo ello ha dado motivo a críticas y fuertes observaciones de algunos tratadistas, que han calificado la situación como inconstitucional, ya que el número 2) del artículo 63 de la Carta Fundamental dispone: “Sólo son materias de ley: 2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley.”, entre las cuales se encuentran todos los procedimientos que permitan tramitar algún proceso o juicio, y éste es el caso. Como consecuencia de lo anterior, con esta iniciativa asumimos el rol que nos corresponde y que nos encomienda la Constitución. Es lo que han hecho los diputados autores de la moción y lo que hacemos todos nosotros en este momento: asumir nuestro papel; que estaba siendo suplido por organismos ajenos al Poder Legislativo. Pero, como todos sabemos, un auto acordado no puede sustituir a la ley, obra propia del legislador. Cabe recordar que la unanimidad de la doctrina sostiene que no se puede regular por vía de autos acordados materias propias del dominio legal, como la tramitación de las acciones constitucionales de amparo y de protección. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia introdujo varias modificaciones a la iniciativa, incluso, eliminó materias que eran importantes para la Comisión de Derechos Humanos. Pero eso lo veremos más adelante, cuando la iniciativa se discuta en particular. Cabe hacer presente, además, que este proyecto nos permite regular otras acciones y recursos que nuestro estado de derecho requiere precisar y asegurar para completar un cuadro jurídico protector adecuado. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia también hizo objeciones al respecto. Señaló que hay una heterogeneidad de recursos y que esto implica un código de protección de los recursos constitucionales, lo cual no sería operable. Pero creo que es necesario que, de una vez por todas, se asuma el ejercicio de la defensa de los derechos humanos a través de recursos que estén adecuadamente establecidos en la ley. Entre esos recursos tenemos la acción de los derechos fundamentales, la acción de tutela de los derechos colectivos, que la Comisión sugiere suprimir; la acción de indemnización por error o arbitrariedad judicial; la acción de amparo económico; la acción especial de extranjería y el amparo interamericano, cuyas normas, así como las de jurisdicción internacional y ejecución de sentencias internacionales o supranacionales en materia de derechos humanos, requieren ser perfeccionadas, con el objeto de asegurar a las personas la interposición de estas acciones ante tribunales internacionales. El estado de derecho supone la existencia de normas protectoras y de instituciones que las amparen o protejan, sin renunciar a ellas, y tiene como fundamento principios doctrinarios que lo hacen viable y efectivo. Esta moción, precisamente, contiene una enunciación perfecta de los principios que la doctrina establece para hacer más efectiva y fluida la interposición de tales recursos. Entre dichos principios están, por ejemplo, el de la economía procesal, que en este caso tiende a hacer menos compleja y más expedita la tramitación de los recursos y a no entrabarlos. No estamos legislando para entorpecer la interposición o el conocimiento de tales recursos. Otro principio es el de la concentración, que se concreta, por ejemplo, en el establecimiento de audiencias en las que se escucha a las partes y se reciben las pruebas. Una cosa rápida, oportuna. También se consagran los principios de publicidad, de brevedad, de gratuidad y de informalidad de las acciones y procesos protectores de derechos fundamentales. Más adelante se establecen los principios de preferencia de tramitación de estas causas, de manera que gocen de prioridad en las tablas de las cortes. La informalidad, para que la acción pueda interponerse fácilmente, incluso a través de un telegrama. Cosas simples. El principio de impulso oficioso, que es el deber procesal de los tribunales competentes de conducir las causas a su término y con rapidez. Los principios de la elasticidad, para hacer más flexible la tramitación, y de improrrogabilidad de los plazos. Otro principio importante, consustancial a nuestro estado de derecho, es el iura novit curia, es decir, que en el proceso de amparo de derechos fundamentales los tribunales deberán fundar sus decisiones en normas del ordenamiento jurídico vigente. El problema se suscita cuando no existe legislación nacional que resuelva el problema, ya que el tribunal está obligado a fallar, a dictar sentencia. En ese caso, se sugiere aplicar el derecho internacional, aunque en esta materia existe disparidad de criterio con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En definitiva, se pretende configurar un marco jurídico con normas y reglas claras, para lo cual se definen los recursos, se establecen las causales para su interposición, los plazos y procedimientos, las formas de notificación, las medidas cautelares. Se mantiene la informalidad en la presentación de las acciones y se determinan las medidas de protección, los efectos de las sentencias, etcétera. El proyecto mantiene la simplicidad de los procedimientos establecidos por los autos acordados vigentes y el modo de interponer los recursos, pero les da más formalidad, para mayor seguridad del protegido o amparado. No los hace más complejos; sólo impone más formalidad para garantía del recurrente ante la urgencia de la situación, que requiere la rápida y oportuna intervención del organismo protector. La existencia de un estado constitucional democrático exige no sólo reconocer los derechos de las personas, sino también los recursos necesarios para ampararlos. Éste proyecto establece claridad y seguridad respecto de la interposición de los recursos que he mencionado, para que protejan efectivamente los derechos garantizados por la Constitución Política de la República, reestablezcan el imperio del derecho y aseguren la debida protección del afectado. A mi juicio, cualquier disparidad de opiniones que pueda haber entre los diputados o entre las comisiones que han estudiado la moción, debe ser resuelta sobre la base de darle mayor claridad y seguridad para la interposición de los recursos. Por ejemplo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia suprime la gratuidad de las actuaciones, ¿cuál es el sentido de esa supresión? También es necesario entregar claridad en los casos de vacío de la ley, porque los jueces deben actuar aunque no exista norma, en cuyo caso se recurre al derecho internacional. Igualmente, se necesita precisión en la finalidad de las acciones protectoras, para lo que es necesario retrotraer a la persona a la realidad anterior a la afectación de su derecho. Las comisiones también mantienen diferencias sobre este punto. Además, se observa diversidad de criterios ante la legitimación procesal activa, en que pueden interponer acciones y recursos la persona afectada, de manera individual o en representación sectorial o colectiva, y las organizaciones de defensa de los derechos, porque entendíamos que existían derechos colectivos que podrían ser tutelados por una organización o grupo de personas afectados colectivamente. Asimismo, no veo el motivo por el cual la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia suprimió el artículo que trata de las costas en relación con los actores que han afectado o dañado los derechos de otras personas. También es necesario revisar con mucho cuidado la acción de tutela de derechos colectivos. Además, la Comisión de Constitución suprimió el artículo que trata de la determinación de error judicial por jurisdicción internacional de derechos humanos. En resumen, creo que estamos en presencia de un buen proyecto, que establece de una manera moderna la protección de estos derechos. Reitero, se trata de recursos procesales constitucionales, como el de amparo, el de protección, etcétera, y por eso debemos aprobar el proyecto de ley en general. Según las estadísticas, han ocurrido situaciones en que los recursos de amparo no se resuelven porque se produce cierta arbitrariedad, ya que se depende del criterio de las cortes. Es mejor establecer las causales en forma precisa, tal como lo señala el presente proyecto de ley, para dar mayor seguridad y protección a quienes han sido afectados en sus derechos fundamentales. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, tal como han señalado otros honorables colegas, estamos ante un proyecto originado en una moción de larga data, pues hace mucho tiempo que se tramita en la Cámara de Diputados y ha sufrido diversas peripecias. En su análisis y perfeccionamiento han intervenido muchas personas, especialmente estudiosos y especialistas en derecho, y ha despertado el interés de varios señores diputados. En algún momento, fue reformulado en forma completa y radical por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Posteriormente, fue visto por la Sala que, a su vez, lo envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que diputados de todas las bancadas han trabajado intensamente, en forma muy participativa, para aportar ideas y propuestas. Y ahora nuevamente se discute en la Sala. La Comisión de Derechos Humanos reclamó que la Comisión de Constitución se estaba demorando demasiado, por lo que finalmente elaboramos el informe en los términos en que ahora se conoce. Me hacen mucha fuerza los argumentos esgrimidos hace unos minutos por el diputado Jorge Burgos, porque contienen una buena dosis de verdad. En muchos aspectos, el proyecto no está suficientemente maduro, por lo que se requiere revisar una serie de concordancias y analizar bien su ubicación dentro del Estado de derecho chileno. Contiene normas de diverso rango, englobadas en diferentes títulos y capítulos. Hubiera sido interesante disponer de más tiempo para su análisis, para así haber elaborado una norma que se acercara lo máximo posible a la perfección, lo cual no ocurrió, porque están corriendo los tiempos y las urgencias. A nuestro juicio, el proyecto avanzó todo lo que podía en este trámite constitucional. Ahora, si debe volver o no a comisiones, eso lo determinará la Sala. En todo caso, me parece que necesariamente será así, porque sé que se han presentado indicaciones. Estamos ante un buen proyecto y lo apoyaremos en general, porque estamos de acuerdo con varios de sus títulos y capítulos, aunque tenemos algunas diferencias respecto de algunos puntos específicos, que detallaré más adelante. Pero, en general, pensamos que la iniciativa debe avanzar en su tramitación y seguramente se irá perfeccionando en la medida en que ésta progrese. Por eso nuestro sistema legislativo considera, al menos, dos informes en cada Cámara y después, eventualmente, si no se ha llegado a acuerdo entre las Cámaras, Comisiones mixtas y, nuevamente, el pronunciamiento de la Cámara de origen y de la revisora. En cada una de esas etapas, los proyectos se perfeccionan, lo cual es positivo para el proceso legislativo. Dicho lo anterior, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto en general, porque consideramos que significa un avance. Desde luego, estamos muy de acuerdo con las normas establecidas en el Titulo I, Capítulo I, que contempla los artículos 26 a 48, que trata del recurso de amparo o habeas corpus -actualmente regulado por un auto acordado y por algunas normas del Código de Procedimiento Penal-, que es extraordinariamente importante para la defensa y garantía de los derechos constitucionales. La misma opinión tenemos respecto del Capítulo II del Título I, artículos 49 a 72, que se refieren al recurso de protección, que es democrático por excelencia y de gran uso en el mundo moderno, que también está regulado por un auto acordado, que necesita ser ampliado y robustecido en las características que la Constitución Política consideró para él. A nuestro juicio, los artículos del Capítulo II del Título I del informe que la Comisión de Constitución propone a la Sala son bastante adecuados y, por lo tanto, los votaremos favorablemente. Por otra parte, mantenemos ciertas diferencias respecto de los capítulos III y IV del Título I, porque estimamos que los recursos no han sido suficientemente logrados. En el Capítulo III se define la acción de tutela de derechos fundamentales y el Capítulo IV trata de la acción de tutela de derechos colectivos. A la Comisión de Constitución le pareció que estos dos últimos capítulos de este Título no están en condiciones de ser aprobados, y en esto coincido con lo planteado por el diputado Jorge Burgos. La intencionalidad de la acción de tutela de derechos fundamentales es muy loable, pero las normas contemplan una acción extraordinariamente amplia. Es necesario precisar más este punto. Si estas normas fueran ley, podría darse el caso de que mediante esa acción de tutela se reclame desde castigos por injurias y calumnias hasta por el arrendamiento de una propiedad, puesto que los tratados internacionales sobre derechos humanos consagran elementos muy amplios, como los derechos a la honra y a la propiedad. Insisto en que este punto necesita mayor precisión y por eso pediré que se vote en forma separada. En todo caso, lo rechazaremos, con el objeto de lograr un perfeccionamiento de la norma. Lo mismo pienso respecto de la acción de tutela de derechos colectivos. Este proyecto debería establecer un procedimiento para las acciones constitucionales. Nos parece delicado que se modifique el sistema procesal vigente en su conjunto, que es lo que significaría la aprobación de este Capítulo. Por esa razón, consideramos inadecuado que, a través de este Capítulo, se pretenda cambiar lo que expresamente se establece en una serie de normas especiales, entre otras, una ley muy importante, la de Protección al Consumidor. En el Título I estamos de acuerdo con los Capítulos I y II. No obstante, respecto de los Capítulos III y IV vamos a pedir votación separada y los vamos a votar en contra. En el Título II, hay un conjunto de acciones especiales bien novedosas e interesantes, entre otras, el establecimiento de los recursos constitucionales en una especie de código. En el Capítulo I está la acción especial de nacionalidad, con la cual estamos de acuerdo. En el Capítulo II está la acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judiciales. Como estas normas faltan en nuestro ordenamiento jurídico, estamos de acuerdo con ellas. Hay muchos casos de error o arbitrariedad judiciales en los que, en definitiva, sólo sufre sus consecuencias la persona que fue ofendida o condenada injustamente y le resulta extraordinariamente difícil reclamar, en circunstancias de que es el Estado el que dañó su honra o su propiedad. En el Capítulo III está la acción de amparo económico, con la cual también estamos de acuerdo, ya que, a nuestro juicio, constituye un avance. En el Capítulo IV está la acción especial de extranjería, que también nos parece interesante, ya que son normas que faltan en nuestro ordenamiento jurídico. En el país, de acuerdo con lo que está indicando su desarrollo, se va a incrementar la inmigración, lo que va a demandar trabajadores de otras partes de Sudamérica. Todo lo que apunte a un perfeccionamiento objetivo de la normativa sobre extranjería que signifique una modernización en materia de derechos de las personas, pone al país en consonancia con las necesidades del siglo XXI. En el Título III, estamos de acuerdo con la idea, pero discrepamos de la forma cómo quedaron establecidas las normas sobre amparo interamericano, jurisdicción internacional y ejecución de sentencia. En la Comisión presentamos una indicación para suprimir este Título, porque, a nuestro juicio, algunas de las disposiciones propuestas estarían pasando por sobre los tribunales nacionales, por cuya razón consideramos que su implementación requeriría de una reforma constitucional. Por tanto, respecto del Título III también vamos a pedir votación separada. El proyecto debe avanzar por los trámites normales de formación de la ley que prevé nuestra Constitución, la ley orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de esta Corporación. En resumen, estamos de acuerdo con todo el Título I, vamos a pedir votación separada para los Capítulos III y IV, estamos de acuerdo con todo el Título II, no lo estamos con el Título III, respecto del cual también vamos a pedir votación separada en cada una de sus normas. Esa es la posición de la Alianza por Chile. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, sólo quiero llamar la atención sobre la diferencia que se ha advertido en algunas opiniones que se han vertido en esta Sala, en cuanto a que en este proyecto podría suceder algo similar a lo que ocurrió con el de la Defensoría de las Personas, que apunta a defender los derechos fundamentales, pero en otro sentido. El proyecto sobre la Defensoría de las Personas se perdió en esta Sala por falta de quórum. Esperamos que se reponga en diciembre próximo gracias a la intervención de un grupo de personas, encabezados por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que solicitó al Ejecutivo su reposición, ya que se trata de una iniciativa que tiene aceptación mayoritaria no sólo en el Congreso Nacional sino que también en la ciudadanía. Algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra hablaron de los desencuentros o los espacios que se pueden producir entre lo penal y los derechos constitucionales. A la Comisión de Derechos Humanos concurrieron constitucionalistas. Además, se discutió el proyecto, artículo por artículo, pero debo reconocer que a quienes no somos abogados nos cuesta mucho el ejercicio jurídico. Pero estuvimos ahí, día a día, aprendiendo y revisando a fondo los temas, junto a los expertos, para avanzar en el fondo de la discusión. Aquí se ha dicho que se necesita más tiempo. Esto es lo mismo que cuando alguien pide más tiempo para discutir un proyecto porque, en el fondo, no quiere aprobarlo; me suena a una forma elegante de decir que no se está de acuerdo con un proyecto. Basta de ese tipo de frases. Estas actitudes causan a la gente y también a nosotros. No se debe eludir la discusión y si hay diferencias -que, por cierto, pueden existir-, deben manifestarse abiertamente, sobre todo si se relacionan con este proyecto. Me refiero a eventuales contradicciones entre lo penal y lo constitucional. Lo que necesitamos que haya una discusión más transparente, sobre todo, cuando se trata de un proyecto relacionado con la defensa de los derechos humanos. Estamos incorporando a nuestro sistema judicial un verdadero motor, lo que constituye un gran cambio, una tremenda mirada, una gran transformación que habla muy bien de la forma en que estamos tratando hoy los derechos humanos en Chile, pero con una visión de futuro. Siento que existe un temor inmenso a avanzar como la realidad nos está indicando, como lo está pidiendo la gente y las instituciones de derechos humanos, internacionales e internas. La aprobación de este proyecto en general, por lo menos, nos da esperanzas. Sin embargo, más atención y agilidad en la discusión, considerando que estamos celebrando sesenta años de vida de las Naciones Unidas, institución creada para promover y resguardar la paz en el mundo, poniendo la Carta Fundamental de los Derechos Humanos como una regla básica de los tratados y acuerdos internacionales para convivir en igualdad de condiciones, respetando las diferencias, pero siempre con unidad. Si logramos que los derechos humanos sean el motor de las políticas públicas, estaremos dando la nota alta que esperamos y, sobre todo, la nota azul que la ciudadanía espera que obtengamos nosotros. Por tanto, a diferencia de algunas opiniones vertidas durante el debate, creo que debemos reconocer el trabajo realizado por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, de la cual soy integrante. Sólo quería llamar la atención sobre este punto, es decir, sobre la necesidad de ser más serios a la hora de decir por qué queremos que este proyecto vuelva a Comisión. La mayoría de la ciudadanía lo necesita. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, el proyecto en discusión pretende regular en un cuerpo orgánico y sistemático, bajo principios comunes del derecho procesal constitucional, las acciones protectoras de derechos fundamentales. En la redacción y en el impulso de esta importante iniciativa jugó un rol fundamental un grupo de profesores de derecho público del más alto nivel, encabezados por don Humberto Nogueira, sin cuyo imprescindible aporte difícilmente esta moción habría avanzado en su tramitación. La moción en debate constituye un buen ejemplo de colaboración entre la academia y el mundo parlamentario que, de concretarse, solucionará una importante deuda que los legisladores teníamos con el país. El mencionado proyecto, cuya tramitación se inició en octubre de 2001, permaneció durante años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. La alta carga de trabajo de la citada Comisión y la necesidad de legislar aceleradamente sobre las más diversas materias, hicieron imposible el estudio de la moción que hoy nos convoca. El deber ineludible de regular a través de una ley la tramitación de las acciones constitucionales de amparo y protección y la consiguiente omisión en que hemos incurrido desde 1990 a la fecha, nuevamente nos fue enrostrado, a raíz de la acusación constitucional que se presentara en contra de ministros de la Excelentísima Corte Suprema, en junio de 2005. Dicha acusación se presentó con motivo de la sentencia dictada por la Corte Suprema, que revocó por unanimidad la sentencia de primer grado de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había acogido un recurso de protección interpuesto contra Celulosa Arauco S.A. Si bien la unanimidad de los integrantes de la Comisión encargada del estudio del citado libelo acusatorio recomendó a la Sala que lo rechazara, formuló una serie de observaciones relacionadas con la urgente necesidad de legislar sobre la materia en comento. Es así como en sus conclusiones se expresaba que, de acuerdo a la Constitución Política de la República, la facultad para regular derechos y garantías constitucionales sólo corresponde a los órganos colegisladores por ser materia de ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 Nº 20 de la Carta Fundamental. En virtud de lo expuesto, se debe concluir que, a quince años de la restauración del sistema democrático, quienes formamos parte del Congreso Nacional seguíamos estando en mora frente al país por no haber regulado la tramitación del recurso de protección. Esta ausencia de regulación legal se ha visto agravada por la actitud adoptada por la Corte Suprema, dado que los sucesivos requisitos que ha impuesto para la tramitación de la citada acción constitucional han terminado por dificultar el ejercicio de ésta. Asimismo, la mencionada Comisión, en la fundamentación de su voto, reprodujo las palabras del profesor Eduardo Soto Kloss -citado en la Comisión por el abogado Jorge Contesse- que había dicho que no obstante todos los logros que se han ido estableciendo por la jurisprudencia, en estos tres últimos años, 1997. 1998, 1999 y 2000, se ha visto una campaña obstinada de la Corte Suprema para impedir el acceso a la justicia por medio de la acción de protección, legislando por medio de auto acordados y estableciendo requisitos de admisibilidad enteramente inconstitucionales, y, además, a través de su Tercera Sala, rechazando pretensiones protectoras por medio de variados arbitrios. Más adelante, agregaba que, “en efecto, como ha habido en Santiago, especialmente, un aumento muy considerable de acciones de protección deducidas, se ha tratado de impedir que se accione por este medio, poniendo trabas que, obviamente, son flagrantemente contrarias a la Constitución, ya que coartan el ejercicio legítimo del derecho fundamental de acceso a la justicia, la igual protección ante el derecho y la tutela judicial efectiva y que, además, al hacerse por la Corte Suprema a través de auto acordado, se incurre en incompetencia, ya que el asunto es materia de estricta reserva legal. Concluía el profesor señalando que: un juez que pretende reducir, tronchar y castrar la energía protectiva de esta acción de amparo general de los derechos de las personas, se coloca fuera de la Constitución, cualquiera sea el artificio que imagine o utilice, porque está impidiendo su tutela judicial efectiva, derecho de los más esenciales e ineludibles en su concreción, en una sociedad civilizada. En virtud de éstas y otras argumentaciones, la Comisión que se abocó al estudio de la citada acusación constitucional hizo un llamado a la Cámara de Diputados a acelerar la tramitación del proyecto que hoy discutimos. En 2006, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recogió ese llamado y recabó el acuerdo de la Sala para que se le remitiera el proyecto, luego de que éste permaneciera en el olvido por cinco años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Consideramos que un proyecto que aborda materias de esa naturaleza debía ser conocido necesariamente por nuestra Comisión. Si bien los dolorosos hechos que estremecieron a nuestro país han sido y serán motivo de preocupación permanente de la Cámara de Diputados y, en particular, de su Comisión de Derechos Humanos, ello no significa que nos restemos a tratar asuntos de tan alta relevancia, no sólo para quienes pertenecen a la comunidad jurídica, sino también para la sociedad en su conjunto. Precisamente porque, en el pasado, en Chile se sufrió el atropello de los derechos más esenciales, hoy anhelamos que éstos no sean sólo meras declaraciones de intenciones carentes de sustancia. El proyecto constituye un verdadero código de acciones protectoras de derechos fundamentales. Su texto regula el ámbito de aplicación de la ley, algunas reglas de interpretación y principios básicos del derecho procesal constitucional, tales como los principios iura novit curia, el principio de oficialidad, los principios de celeridad y precedencia, la regulación de los plazos, la suplencia de defectos formales y la gratuidad de las actuaciones en los procedimientos protectores de derechos fundamentales. Asimismo, regula la finalidad de las acciones protectoras de derechos fundamentales, su aplicación a los estados de excepción constitucional, las reglas generales sobre legitimación procesal activa, competencias, resolución de incidencias, notificaciones, medidas cautelares, pedidos de informes, pruebas, sentencias, órdenes judiciales, ejecución de sentencias y costas. El Título II regula los procedimientos protectores de derechos fundamentales, en particular. Su Capítulo I regula la acción de amparo o habeas corpus; el Capítulo II, la acción de protección; el Capítulo III, la acción legal de tutela de derechos fundamentales, y el Capítulo IV, la acción de tutela de derechos colectivos. Asimismo, se regulan diversas acciones especiales destinadas a la protección de derechos específicos, como la acción especial de defensa de la nacionalidad, la indemnización por error judicial o arbitrariedad judicial, la acción de amparo económico y la acción especial de extranjería. Por último, se establece un sistema de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que está obligado el Estado de Chile, de acuerdo al artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como se puede apreciar, el aporte de la iniciativa no sólo se reduce a poner fin a la irregularidad manifiesta de regular el procedimiento de los recursos de amparo y protección a través de autos acordados emanados de la Corte Suprema, sino que avanza sustantivamente en fijar en un cuerpo sistemático y orgánico de normas que regulan la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales un verdadero Código Procesal Constitucional que viene a completar nuestro ordenamiento jurídico. Un cuerpo jurídico de esta naturaleza y envergadura constituirá una señal potente y clara de nuestra voluntad como legisladores de garantizar y promover los derechos fundamentales de fuente interna y de fuente internacional, como lo exige el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política, situándonos por encima de las exigencias mínimas de protección de derechos humanos requerida por el sistema interamericano del que somos parte y que honramos, cumpliendo de buena fe las obligaciones internacionales que adquirimos libre y voluntariamente. De todas las innovaciones que el proyecto incorpora, cabe hacer especial mención a la acción legal de tutela de derechos fundamentales como una nueva acción protectora de éstos, acción de carácter legal que tiene por objeto cumplir la obligación del Estado chileno de proteger todos los derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como obliga imperativamente su artículo 25. La acción de tutela de derechos fundamentales ampara los derechos asegurados y garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene la protección solamente de derechos civiles y políticos. Tales derechos tienen, en algunos casos específicos, en la Convención Americana de Derechos Humanos una delimitación mucho mas precisa que en el texto constitucional, como ocurre, por ejemplo, con el derecho a la vida. En algunos otros derechos, la Convención precisa mejor que el texto constitucional los ámbitos del derecho protegido, como ocurre con el derecho a la jurisdicción y al debido proceso. Asimismo, la Convención asegura y garantiza derechos que no se encuentran taxativamente señalados en nuestro texto constitucional, como el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, los derechos políticos, y el derecho a la protección de la familia. De esta forma se protegen y garantizan algunos atributos que integran los derechos fundamentales que no tienen amparo ni garantía jurisdiccional en el texto constitucional, a través del recurso de protección. La acción de tutela de derechos fundamentales sería, por tanto, una acción más garantista de los derechos fundamentales que el recurso de protección en algunos derechos individuales. Cabe reiterar que la Convención Americana de Derechos Humanos no garantiza jurisdiccionalmente derechos prestacionales de carácter económico o social. Respecto de las modificaciones sugeridas por la Comisión de Constitución, Legislación Y Justicia, quiero hacer presente que, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no compartimos la mayoría de ellas. Sólo a vía ejemplar. 1.- Supresión del artículo 3º. Dicha Comisión acordó suprimir el artículo 3º, que señalaba que el sentido y alcance de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, se interpretarán de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, como también de acuerdo con los principios mínimos de protección de tales derechos emanados de las decisiones de los tribunales internacionales o supranacionales, cuya jurisdicción vincula al Estado de Chile. Este principio se encuentra vigente en diversos ordenamientos jurídicos de Europa -España y Portugal, entre otros- y de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Perú, entre otros. Tal principio constituye una obligación de los órganos del Estado de Chile, en atención a que es parte de las convenciones de derechos humanos que ha ratificado e incorporado a nuestro derecho interno. Tales derechos forman parte de la Constitución material y contribuyen a delimitar y configurar los derechos constitucionales en su estándar mínimo, respecto de los cuales el Estado genera responsabilidad internacional, con la consecuente afectación del honor del Estado y la vergüenza de que los tribunales chilenos sean responsables de la vulneración de derechos humanos, perspectiva que ha sido asumida por la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en 2006 y 2007, respectivamente. Al parecer, dicha Comisión discrepa de los fallos de nuestro máximo tribunal y del Tribunal Constitucional, que expresamente han acogido el criterio de interpretación que se sugería. Restarse a esta norma sólo refleja una desconfianza de la labor que desarrollan los tribunales internacionales y del propio derecho internacional relativo a los derechos humanos. Si no se reconoce la labor que efectúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe preguntarse ¿qué sentido tuvo suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla precisamente la creación de ese tribunal? 2.- Eliminación de la acción de tutela de derechos colectivos. Tampoco compartimos esa modificación. Esta acción tiene por objeto la defensa de los derechos de incidencia colectiva, como son la salud pública, el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la preservación del patrimonio cultural, entre otros derechos que salvaguardan la calidad de la vida social. Al respecto, cabe recordar que recientemente se aprobó en general el proyecto que crea el defensor de las personas, que fue rechazado en particular, pero será repuesto. Una vez que esa institución entre en vigencia, sería del todo conveniente que contara con una acción de esa naturaleza para defender aquellos derechos de incidencia colectiva. Los derechos afectados mencionados en el proyecto sólo están a vía ejemplar. Claramente se puede interponer esta acción por el atropello de otros derechos colectivos. 3.- Exigencia de que la acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judiciales sólo proceda cuando el error sea injustificado. A nuestro entender, con esa modificación se está cometiendo un gravísimo error, dado que se está exigiendo un estándar más alto que el requerido por la Convención Americana sobre la materia. Con ello se expone al Estado de Chile a infringir el artículo 2º de la Convención, referido al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si bien nuestra Constitución contempla la exigencia de que se trate de un error injustificado, tal requisito no existe en la Convención Americana de Derechos Humanos que nuestro país suscribió y se comprometió a respetar. Por último, quiero recordar las palabras que expresara el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio en su obra “El tiempo de los derechos”: Lo que importa no es fundar los derechos del hombre, sino protegerlos.” Y agrega: “Para protegerlos no basta con proclamarlos”. Precisamente, porque adherimos a tales conceptos, esperamos cumplir prontamente con nuestra obligación de legislar sobre esta materia. He dicho. El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, como han señalado las señoras diputadas y los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, éste es un proyecto de iniciativa parlamentaria cuyos autores, en su mayoría, ya no forman parte de esta Sala. Es decir, llevamos dos o tres períodos en su discusión. Algunos diputados hemos tenido una aproximación a la duda o -por qué no decirlo- a la contradicción, a la hora de discutir el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos. Si bien lo que se pretende es profundizar la institución del recurso de amparo o habeas corpus y de protección, establecidos en nuestra Constitución, algunos planteamos que dichas acciones constitucionales podían ser objeto de perfeccionamiento en la propia Carta Fundamental, a fin de simplificar el acceso de los ciudadanos a dichos recursos cuando sus derechos sean afectados o conculcados. La Constitución Política proclama la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona humana, poniendo al Estado a su servicio; describe el bien común como una finalidad del Estado y que éste debe cumplir con pleno respeto a los derechos y a las garantías que establece la Carta Fundamental. Aquí hay una demostración de cómo estos derechos son protegidos a través del uso de los recursos de protección y de amparo. A nuestro juicio, el proyecto satisface al artículo 5º de la Constitución, al prescribir que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Carta Fundamental, así como los tratados internacionales ratificados por nuestro país. La iniciativa -ha sido señalado profusamente en la Sala- se funda en la necesidad de regular sistemáticamente las diversas acciones destinadas a proteger los derechos fundamentales. Es decir, a través de este proyecto se busca regular y sistematizar su correcta aplicación. Tal como fue conocido en su oportunidad, tales derechos estaban regulados más bien por dictámenes o autos acordados -así denominados por el máximo tribunal de nuestro país- y no por una ley de la República. En relación con los tres títulos de que consta el proyecto, en general, los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Constitución, Legislación y Justicia, contribuimos con nuestra opinión y disposición favorables en la votación del articulado, salvo en algunos casos que mencionaré a continuación. El artículo 1º, al regular las acciones de amparo, de protección y de tutela de derechos fundamentales, ampara a las personas contra los actos u omisiones provenientes de autoridades, funcionarios o particulares que lesionen el ejercicio legítimo de un derecho asegurado por la Convención Americana de Derechos Humanos. El Título II se refiere a las diversas acciones especiales destinadas a la protección de derechos específicos, como la acción especial de la nacionalidad, Capítulo I; acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judiciales, Capítulo II; y acción de amparo económico, Capítulo III, y acción especial de extranjería, Capítulo IV. Quiero hacer una breve referencia al Título III, que aborda la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. Regula lo que se conoce como amparo interamericano de derechos humanos, es decir, el derecho de las personas de los Estados Partes de la Convención a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al respectivo Comité de Naciones Unidas para reclamar sobre la vulneración de sus derechos humanos, una vez agotadas las instancias jurisdiccionales internas, según lo que dispone el Pacto Internacional de Costa Rica, sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su oportunidad, algunos diputados presentaremos indicación para eliminar el Título III; pero fue rechazada. Nuestra intención era suprimirlo porque consideramos que, para su implementación, se requeriría, en primer lugar, una reforma constitucional. ¿Por qué consideramos que dicho Título tendría problemas de constitucionalidad? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se transformarían, en este caso, en una suerte de órganos de supervigilancia de nuestro tribunales de justicia, incluida la Corte Suprema, cuestión que está expresamente prohibida tanto al Presidente de la República como al Congreso Nacional de acuerdo con nuestra Constitución. En consecuencia, estas cortes pasarían a tener más soberanía que los poderes públicos chilenos. Es decir, agotadas las distintas instancias de nuestros tribunales de justicia, cuando un derecho fundamental es afectado, se puede recurrir a la Corte Suprema; pero este Título III le otorgaría la calidad de última instancia -reitero, ante un derecho que, a juicio del afectado puede ser conculcado-, a un tribunal internacional. De acuerdo con la Constitución, la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, y, por lo tanto, un tribunal superior “internacional”, no podría suprimirle, en la práctica, esas funciones. En tal sentido, a nuestro juicio, las decisiones de estas cortes internacionales sólo pueden obligar, a los estados miembros a implementar, bajo su responsabilidad internacional, las políticas que correspondan para que las sentencias se cumplan. De hecho, no pueden obligar, bajo ningún pretexto, a los órganos internos de los estados a modificar sus decisiones. Por lo tanto, si se quiere reconocer el poder vinculante a la jurisdicción extranjera, debería modificarse el artículo 5º de la Constitución Política de la República, lo que daría origen a una discusión más profunda, en cuanto a si en el Congreso Nacional existiría voluntad para otorgar a un tribunal extranjero supremacía sobre las decisiones de los tribunales de justicia de nuestro país. He dicho. El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, no podemos sino congratularnos de que esta moción haya sido debatido extensamente en las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, Legislación y Justicia, trabajo que fue complementada con el importante aporte de prestigiosos académicos constitucionalistas, con el fin de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico un cuerpo normativo adecuado a las acciones constitucionales de habeas corpus, recurso de protección, recurso de amparo económico, de extranjería, de nacionalidad y de acción especial para solicitar la declaración del error judicial. Asimismo, se incorpora otra acción, de suyo importante: el amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, hasta ahora, no contaba con una regulación interna en nuestra legislación. En consecuencia, considero que el proyecto que se somete a nuestra consideración debe ser aprobado, toda vez que nos deja a la altura de los países más avanzados en materia de protección y resguardo de derechos fundamentales de las personas. En las disposiciones del extenso artículo de la moción, perfeccionado mediante diversas indicaciones, se asegura a la ciudadanía que contará con herramientas jurídicas sólidas y eficaces, cada vez que sus derechos se vean perturbados o amagado su ejercicio. Felicito, entonces, a los autores de esta moción: señores Francisco Bartolucci, Juan Bustos, Alberto Cardemil, Sergio Elgueta, Zarko Luksic, Gutenberg Martínez, Jaime Rocha y señora Laura Soto. Espero que cuente con nuestra entusiasta aprobación, ya que una democracia no puede considerarse plenamente asentada, si no cuenta con este tipo de acciones que permitan a los ciudadanos ejercer los recursos pertinentes ante cualquier tipo de vulneraciones de sus derechos constitucionales. Una cuestión aparte -no es posible soslayarla- dice relación con la posibilidad de que nuestros ciudadanos puedan recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero contar que, en su oportunidad, inicié tres acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de las garantías constitucionales, por una parte, sobre el derecho a la vida y, por otra, por la denegación de justicia. Incluso, concurrí a dicha Comisión. Pues bien, debo decirles que fue una experiencia decepcionante. Ingresé a una sala donde estaba el cantón de Chile, había cajas apiladas, y pregunté impetuosamente por mis tres recursos. Estaban guardados en una caja, al final de la sala, y demoraron varias horas en encontrarlos. No había información en línea sobre su estado de tramitación. Un ciudadano chileno estaba a cargo, pero no tenía los recursos ni el tiempo suficiente para administrar justicia como debería ser. Cuando uno hace concordar nuestra legislación con pactos vigentes ratificados por Chile en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al mismo tiempo, incorpora las esperanzas de muchos chilenos que, lamentablemente, ven garantizados sus derechos fundamentales por la jurisdicción nacional. Pero, lo cierto es que, cuando llegan a esas instancias internacionales, a las cuales la Organización de Estados Americanos no ha dotado de recursos suficientes, muchas veces, esas esperanzas también se transforman en frustraciones. Por lo tanto, es necesario señalar que hoy estamos tomando nota de una materia de la mayor importancia. No obstante las consideraciones mencionadas, que quiero resaltar con mayúsculas, anuncio que voy a votar favorablemente el proyecto para que se convierta, a la brevedad, en ley de la República, puesto que tardó años en ser tratado por las comisiones respectivas. Felicito nuevamente a los diputados patrocinantes de la iniciativa por su extraordinaria labor que, de alguna manera, va a llenar un vacío jurídico y a lograr sistematizar las normas que protegen las acciones de amparo, de protección, indemnización por error judicial y de reclamación de nacionalidad, entre otros. Asimismo, quiero hacer notar que varios de estos recursos requieren ser adecuados a la legislación actual. Por ejemplo, hace un par de meses, presentamos otro proyecto de ley para actualizar las normas relativas al reclamo o indemnización por error judicial, ya que todavía estaban vigentes, de alguna manera, las consideraciones de la antigua Reforma Procesal Penal. La aprobación de esta iniciativa representa un paso importante que permitirá que nuestra legislación avance en concordancia con los pactos internacionales vigentes ratificados por Chile en materia de derechos humanos; es un paso que nos va a permitir estar a la par con los países más avanzados. Sin embargo, también involucra la responsabilidad de dotar a las instancias internacionales de recursos necesarios para que entreguen justicia. He dicho. El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, más que referirme al contenido del proyecto, quiero expresar mi voluntad política y hacer un comentario. Mientras escuchaba, al diputado Salaberry, pensaba que existe un doble criterio para determinar cuándo permitimos que haya cesión de soberanía, si alguien quiere denominarlo así, y cuando no. Al parecer cuando están involucrados los derechos humanos y las libertades fundamentales, nos ponemos celosos de nuestra independencia y soberanía; en cambio, cuando se trata de cuestiones de carácter económico, estamos dispuestos a que los organismos internacionales interfieran en el ejercicio de nuestra soberanía. Sin duda, todo tratado internacional conlleva cierta cesión de soberanía. De lo contrario, no habría posibilidad alguna de asumir compromisos entre dos Estados soberanos, si no existen derechos y compromisos recíprocos, entre ellos; es decir, cesiones de autonomía. Por ejemplo, en materia comercial, el panel de la Organización Mundial de Comercio actúa como un tribunal que define más allá de la potestad soberana de Chile. Lo mismo sucede en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, creo que no hay que ampararse en ese tipo de argumentos, por cuanto esta lógica refleja que en materia de derechos humanos y libertades fundamentales todavía hay algunos que se les eriza la piel, pues son herederos de determinadas ideas. El proyecto en debate es de enorme trascendencia; pretende regular las acciones protectoras de derechos fundamentales y la recepción y forma de ejecución de los fallos de la Corte Interamericana o de otro tribunal. Se trata de materias que si bien se encuentran contempladas en la Constitución, no existen formas de materializarlas en la práctica. La Constitución de 1980 reconoce su existencia en forma expresa, pero tales ejercicios no cuentan con procedimientos adecuados que reconozcan su jerarquía como acciones constitucionales, tanto en lo que se refiere a su tramitación como a su estabilidad normativa. Por eso, la bancada del Partido Socialista va a respaldar en forma entusiasta esta iniciativa, porque consideramos que es parte de una visión que permite entregar a los ciudadanos una herramienta real para hacer efectivos derechos consagrados en la Constitución. Las constituciones no son textos líricos, sino instrumentos normativos de la máxima importancia al servicio de los ciudadanos y, por tal razón deben contar con mecanismos que los hagan efectivos. En la medida en que las constituciones son puestas en práctica por los ciudadanos, recuperan y adquieren legitimidad. Desde esa perspectiva, el proyecto resuelve el vacío que existe en la actualidad, en cuanto a ejecutar acciones reconocidas en la Constitución de 1980, a la que, por cierto, no le tengo mucho afecto. En todo caso, es el texto normativo que nos rige. Diversas bancadas han manifestado su disposición a aprobar en general la iniciativa, a fin de posibilitar un nuevo debate en el seno de una Comisión. No obstante su largo tiempo de tramitación en la Cámara de Diputados -el diputado Chahuán y otros colegas señalaron que muchos de los autores de la moción ya no forman parte de la Corporación-, su importancia amerita aprobarlo en general y realizar una nueva ronda de discusión. Ello nos permitirá, por ejemplo, reponer el capítulo relativo a la acción de tutela de derechos colectivos, que fue suprimido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que tuve el honor y el desafío de reemplazar al diputado Juan Bustos. La idea es volver a debatirlo, a fin de generar convicción y consenso en la Comisión en cuanto a mantenerlo. En síntesis, tenemos el anhelo de que el proyecto sea despachado al Senado en un plazo razonable, de modo de que no tengan que transcurrir nuevamente tantos años para cumplir dicho propósito. En tal sentido, coincido con lo señalado por el diputado señor Chahuán y por la diputada señora Karla Rubilar, en cuanto a que la iniciativa es una necesidad. Chile requiere contar con una normativa sobre acciones constitucionales que permita hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución. Parte importante del debate habido durante la discusión del proyecto relativo al defensor de las personas -en su oportunidad no alcanzó el quórum requerido para aprobarlo; esperamos que se reponga a la brevedad- se centró en entregar a esa figura la posibilidad de ejercer acciones constitucionales, como las reseñadas en esta iniciativa. Si ni el defensor del ciudadano ni ningún ciudadano las puede ejercer, lo que existe es una hermosa declaración de derechos en la Constitución, pero no herramientas efectivas para materializarlas. He dicho. El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, sin duda, esta mañana estamos discutiendo un interesante y muy valioso proyecto, que nació de una moción que, como ya se ha señalado, fue presentada hace muchos años. Por lo tanto, anuncio que la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente la idea de legislar sobre esta materia, porque creemos que constituye un aporte a la legislación, llena un vacío jurídico, permitiendo la existencia de un ordenamiento jurídico más sistemático y claro en materia de protección de los derechos fundamentales. Era necesario articular en un solo cuerpo normativo, con principios comunes de derecho procesal-constitucional, las acciones constitucionales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, cuestión que hasta el momento no existía. Por ello -repito-, se trata de una iniciativa loable que estamos dispuestos a votar favorablemente. Sin embargo, existen ciertas acciones contempladas en el proyecto con las que no estamos de acuerdo. No tenemos reparos respecto de los capítulos I y II del Título I, sobre recurso de amparo o habeas corpus y sobre recurso de protección, respectivamente. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el Capítulo III del Título I, sobre la acción de tutela de derechos fundamentales, porque si bien la intención del proyecto es buena, los derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, en muchas ocasiones son muy amplios y, por eso, se requiere de algún tipo de consagración legal específica en el derecho interno. Mantener este capítulo permitiría que, a través de este procedimiento, todo se podría reclamar como un derecho humano, desde castigos por injurias y calumnias, hasta el arrendamiento de una propiedad, porque los tratados de derechos humanos, prácticamente, consagran derechos que no tienen límites. Por otra parte, los derechos fundamentales se encuentran protegidos por los recursos de amparo y de protección, por lo que no parece necesario establecer procedimientos especiales como el que se pretende a través de este capítulo. Por eso, hemos presentado una indicación para suprimir el Capitulo III ya mencionado. Respecto del Titulo II, de las acciones especiales, anunciamos que también lo votaremos favorablemente, porque es positivo, significa un avance en la materia y llena un vacío en la legislación, al contener diversas acciones que constituirán un aporte para la protección de los derechos ciudadanos. Respecto del Título III, amparo interamericano, jurisdicción internacional y ejecución de sentencias, consideramos que requiere una reforma constitucional, puesto que las normas propuestas pasan por sobre los tribunales nacionales. Pensamos que no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico constitucional el sometimiento del Estado de Chile a una jurisdicción internacional en aspectos que significan una transferencia de soberanía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se transformaría en una instancia de supervigilancia de los tribunales chilenos, incluida la Corte Suprema, cuestión que está expresamente prohibida, tanto al Ejecutivo como al Congreso Nacional. De esta forma, La Corte Interamericana de Derechos Humanos sería más soberana que todos los poderes públicos nacionales, lo que, claramente, es inaceptable. Por eso, hemos presentado una indicación que tiene por objeto suprimir el Título III. Finalmente, como ya se lo informé al Secretario de la Corporación, pido que se tenga presente que hay nueve artículos que requerían quórum de ley orgánica constitucional, por mandado del artículo 77 de la Carta Fundamental. Sin embargo, en sólo tres casos se aplicó esa disposición. En consecuencia, pido que los artículos 20, 38, 41, 62, 86, 90, 96, 104 y 109 sean considerados normas de carácter orgánico constitucional y que, por lo tanto, deben aprobarse con ese quórum. He dicho. El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, valoro la discusión y el análisis que se ha hecho en esta Sala de todos estos recursos. Nosotros quisiéramos que se les diera una rápida aprobación, a través de los procedimientos que correspondan, porque este proyecto fue presentado el 21 de octubre del 2001. Aquí, sencillamente, estamos reglamentando y convirtiendo en ley acciones protectoras para tratar de restablecer el imperio del derecho y subsanar la ausencia de legislación sobre estas materias, asegurando la debida protección del afectado. Quiero hacer una rectificación histórica, relacionada con mi intervención anterior, para que quede establecido en la historia fidedigna de la ley. Juan Sin Tierra dictó la Carta Magna inglesa, el habeas corpus, como reacción al poder real, en 1215. De manera que hoy se nos está pasando la mano con la historia. Ojalá que este proyecto sea despachado rápidamente, sin perjuicio de que hoy nos limitemos a aprobarlo en general, en lo que estoy absolutamente de acuerdo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que puedan intervenir, por último, los diputados señores Meza y Araya. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, la bancada del Partido Radical va a votar favorablemente este proyecto de ley, porque está inserto en los principios libertarios que a la inmensa mayoría de los parlamentarios presentes nos motivan a estar en política. La idea matriz del proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección dice relación con la regulación por medio de la ley, de las acciones protectoras de los derechos fundamentales del ser humano, es decir, los derechos humanos. Quiero hacerme cargo, fundamentalmente, del procedimiento de amparo, con el objeto de que la ciudadanía, aquellos que no son expertos en leyes, tomen conciencia y sepa de qué estamos hablando. El recurso de amparo o habeas corpus es una acción constitucional que garantiza el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, procediendo contra todo acto u omisión proveniente de cualquiera autoridad, funcionario o persona que contravenga lo que dice la Constitución. Por ejemplo, hay algunos bienes jurídicos amenazados o perturbados permanentemente y que deben ser protegidos, a saber, la privación, perturbación o amenaza sin orden escrita de un funcionario competente, salvo las excepciones que voy a señalar y que corresponden al orden jurídico vigente. Hay personas nacionales o extranjeras que sienten vulnerado su derecho a residir y transitar libremente por el territorio nacional. En este caso, se puede invocar el habeas corpus. Tenemos el derecho a no ser separado del lugar de residencia, sino por mandato judicial del tribunal competente; el derecho a no ser objeto de exilio, destierro o confinación, sino por sentencia firme de un tribunal competente; el derecho del extranjero a no ser expulsado de un país cuyo gobierno le persigue, si se encuentra en riesgo su seguridad personal; el derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado de la autoridad competente. Una persona tampoco debe ser castigada con prisión por deudas, sin perjuicio de los casos que sean legítimamente autorizados por la ley. Está el derecho a no ser incomunicado; el derecho a no tener privación arbitraria de libertad, más allá de los plazos legales de las condenas estipuladas; la desaparición forzada de personas; en fin. Quiero detenerme aquí un instante porque, en el pasado, en nuestro país, y en otros esto ha sucedido con mucha frecuencia. En Chile, debido a que este proyecto de ley estuvo detenido en el Senado por tantos años, no era posible regular los derechos de los detenidos sometidos a prisión preventiva y condenados, de manera de evitar que fueran objeto de desaparición forzada y de tratamiento carente de racionalidad o proporcionalidad; es decir, de torturas, de la forma y condiciones en que se cumple la detención. Reitero la disposición de la bancada del Partido Radical a votar favorablemente este proyecto de ley, porque permitirá que Chile avance, una vez más, en materia de protección de derechos ciudadanos y a hacer más coherente nuestra Carta Fundamental con la realidad que estamos viviendo. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, como se está a punto de terminar el Orden del Día, prefiero que mi discurso, que es bastante largo, se inserte. Asimismo, anuncio que el Comité Independiente va a votar favorablemente este proyecto, porque entendemos que es un avance sustancial en materia de recursos constitucionales, sobre todo en lo que dice relación con los recursos de protección y de amparo, para lo cual modifica diversos cuerpos legales. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, se insertará su discurso en el Boletín de Sesiones. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: ***FALTA DISCURSO*** El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el proyecto de ley sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección, con excepción de los artículos 2º, 5º, inciso segundo; 14, 20, inciso tercero; 23, 26, 44, 50, 55, 71, 74, 95, 96, 99, 102, 109, 113, 118, 120 y 127, permanentes, y las disposiciones segunda y tercera transitorias, que para su aprobación requieren quórum de ley orgánica constitucional. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- En votación general los artículos 2º, 5º, inciso segundo; 14, 20, inciso tercero; 23, 26, 44, 50, 55, 71, 74, 95, 96, 99, 102, 109, 113, 118, 120 y 127 permanentes, y las disposiciones segunda y tercera transitorias, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados en ejercicio. Tiene la palabra el señor Eluchans por una cuestión de Reglamento. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, quiero saber si algunos de estos artículos están dentro de los capítulos que, a través de una indicación, proponemos rechazar. Como su señoría ha leído rápidamente los artículos tendríamos que revisarlos uno a uno. El señor ENCINA (Presidente).- Pero el proyecto vuelve a Comisión, señor diputado. El señor ELUCHANS.- Sí, pero no podemos aprobarlos, toda vez que hemos presentado una indicación para rechazarlos. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, como estamos en votación general, pueden ser reemplazados en la Comisión. El señor VENEGAS (don Mario).- Presidente, ¿por qué no vuelven a Comisión sin aprobarlos en particular, sino que sólo en general? El señor ENCINA (Presidente).- Vamos a revisar la situación, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, nuestra indicación ees para eliminar el Capítulo III del Título I, que comprende desde el artículo 62 hasta el artículo 85, ambos inclusive, y del Título III, que comprende los artículos 109, 110 y 111. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, nosotros pedimos votación separada para el capítulo y el título mencionado por el diputado señor Eluchans. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, recuerdo a su señoría que estamos en votación general y, por lo tanto, no procede pedir votación separada. Durante el segundo trámite reglamentario, su señoría tendrá la posibilidad de pedir votación separada para dichas normas. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, pedimos votación separada porque tenemos una posición distinta respecto de ese capítulo y de ese título. Por lo tanto, para decidir bien, queremos saber qué artículos están comprendidos en ellos. Se trata de una petición obvia. El señor ENCINA (Presidente).- El problema es que muchos de esos artículos ya fueron aprobados en general. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, deseo saber si esos artículos pueden volver a Comisión sin que se hayan votado en general. El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, le reitero que ya se votaron en general. El señor CARDEMIL.- Sí, pero quedan artículos por votar. El señor ENCINA (Presidente).- Sí, los de rango orgánico constitucional. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, ¿por qué no votamos artículo por artículo? El señor ENCINA (Presidente).- Recuerdo a su señoría que estamos en votación general. Tiene la palabra el diputado señor Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, dado que el proyecto se aprobó en general y debe volver a Comisión, propongo que en dicha instancia se haga la discusión en detalle. El señor ENCINA (Presidente).- Señores diputados, el señor Secretario me informa que existen artículos que no se han votado en general. Tiene la palabra el diputado señor Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, entiendo que, de todas maneras, debemos votar las disposiciones que requieren quórum de ley orgánica constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Se suspende la sesión por tres minutos, a fin de ponernos de acuerdo sobre esta materia. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor ENCINA (Presidente).- Continúa la sesión. ¿Habría acuerdo para aprobar en general, con la misma votación anterior, los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional? Aprobados. Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, solicito que el proyecto vuelva a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Constitución, Legislación y Justicia, porque no vamos a poder ponernos de acuerdo, si funcionamos en forma separada. El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada por la diputada señora Karla Rubilar? Acordado. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a las comisiones mencionadas para segundo informe. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: 1.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir el artículo 1° por el siguiente: “Artículo 1°.- Objeto. La presente ley regula el procedimiento aplicable a los recursos constitucionales de protección del legítimo ejercicio de las garantías fundamentales, y los especiales que se crean para asegurar derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.”. 2.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir el artículo 3°. 3.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para introducir las siguientes modificaciones en el artículo 5°: a) Ha sustituido el enunciado por el siguiente: “Principio de oficiosidad”. b) Ha suprimido su inciso final 4.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el artículo 6° las expresiones “en la sustanciación”, por “en su sustanciación” entre comas. 5.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar en el inciso segundo del artículo 8° las expresiones “interrumpen” y “suspenden” por “interrumpirán” y “suspenderán”, respectivamente. 6.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir el inciso segundo del artículo 9° la expresión “señalarán” por “señalen”. 7.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir su artículo 10. 8.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 11 en el siguiente sentido: a) Para sustituir en el inciso primero la coma que sigue a la palabra “afectado” por un punto aparte y ha suprimido la oración que sigue. b) Para reemplazar en el inciso segundo el término “atendiendo” por “en atención”. 9.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 12 de la siguiente manera: a) Ha intercalado en el encabezamiento de su inciso único, entre las palabras “Cuando” y “se interpongan”, las expresiones “las acciones”, y ha sustituido el término “razonabilidad” por “racionalidad”. b) Ha suprimido su letra c). 10.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir su artículo 13. 11.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 14 de la siguiente manera: a) Para sustituir en el inciso segundo el punto seguido que sigue a la palabra “competencia” por una coma y ha agregado la siguiente oración “el que deberá pronunciarse dentro de 72 horas de recibida la comunicación en la secretaría.”. b) Para modificar en el inciso tercero la frase “los procedimientos regulados en esta ley” por “las acciones cuyos procedimientos regula esta ley”. 12.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir el artículo 15. 13.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 17 de la siguiente manera: a) Para suprimir en el inciso primero las expresiones “conservativas o innovativas” y la coma que las sigue. b) Para sustituir su inciso tercero por el siguiente: “Las medidas cautelares se ejecutarán sin el conocimiento de la contraparte cuando dicho conocimiento pudiera tornar ilusoria su efectividad. Contra la resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar procederá el recurso de reposición y la apelación subsidiaria, la que se concederá sólo en el efecto devolutivo.”. c) De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir la referencia que se hace en el inciso final al artículo 18 por otra al artículo 14. 14.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente: “Si la sentencia definitiva acogiera la acción o recurso, podrán mantenerse los efectos de la medida cautelar.”. 15.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar en el inciso primero del artículo 19 las expresiones “este proceso” por “estos procesos”. 16.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 20 de la siguiente manera: a) Ha intercalado en la letra d) de su inciso segundo, entre la palabra “vigente” y la coma que antecede a las expresiones “sean éstas” los términos “en el territorio nacional”. b) Ha suprimido su inciso tercero. c) Ha suprimido en su inciso cuarto todas las expresiones que siguen a la palabra “crítica” sustituyendo la coma que la sigue por un punto aparte. 17.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir el artículo 24. 18.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 25 de la siguiente manera: a) Ha sustituido su letra g) por la siguiente: “g) Prisión por deudas, sin perjuicio de los casos en que ella es legítimamente autorizada por ley.”. b) Ha sustituido en su letra m) la expresión “razonabilidad” por “racionalidad”. 19.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el artículo 31 la expresión “tiene” por “tendrá” y ha reemplazo los términos “ordenar a la Defensoría Penal Pública que le designe un defensor letrado” por “designarle un defensor letrado.”. 20.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir el artículo 33. 21.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para intercalar en el inciso primero del artículo 34, entre la coma que sigue a la expresión “disponible” y los términos “los que deberán evacuarse” lo siguiente: “que asegure la debida notificación del recurrido,”. 22.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el inciso primero del artículo 35 los términos “o sin éstos, y” por los siguientes “o una vez”, y ha suprimido las expresiones finales que siguen a la palabra “subsiguiente”, sustituyendo la coma por una punto aparte. 23.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar en el inciso primero del artículo 39 la palabra “debiendo” que sigue a los términos “en su sentencia”, sustituyendo la coma por una punto seguido, por lo siguiente: “ En el caso de ser acogido el recurso deberá”. 24.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar en el artículo 40 la coma que sigue a las expresiones “esa convicción” por un punto final y ha suprimido los términos que siguen. 25.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir el inciso segundo de su artículo 42. 26.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para rechazar su artículo 43. 27.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para intercalar en el inciso final del artículo 44, entre la palabra “inmediatamente” y la preposición “de” el término “después” y entre el artículo “los” y la expresión “días” la palabra “dos”. 28.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir su artículo 46. 29.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 47 de la siguiente forma: a) Ha sustituido en su inciso primero las expresiones “arrestada, detenida o secuestrada” por “arrestada o detenida” y ha agregado al final del inciso, sustituyendo el punto final por una coma, lo siguiente “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal.”. b) Ha sustituido en su inciso segundo las expresiones “arrestada, detenida o secuestrada” por las siguientes “arrestada o detenida”. 30.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 48 como sigue: a) Ha sustituido en su inciso primero las expresiones “confinado, condenado o secuestrado” por las siguientes “confinado o condenado” y ha reemplazado el término “patrimonialmente” por “patrimonial”. b) Ha sustituido en el inciso segundo el punto aparte que sigue a la palabra “plagiadas” por un punto final y ha suprimido el párrafo que sigue. 31.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para introducir las siguientes modificaciones en el artículo 49: a) Ha agregado en su inciso primero después del guarismo “25°” lo siguiente “de la Constitución Política de la República” seguido de una coma. b) Ha agregado en su inciso segundo después del guarismo “19” la frase “de la Carta Política”, seguida de una coma. c) Ha suprimido su inciso final. 32.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el artículo 51 el párrafo que sigue a la palabra “protección”, por el siguiente; “Asimismo, cualquiera persona se encontrará legitimada para interponerlo, en las mismas condiciones señaladas, por las asociaciones o agrupaciones que carezcan de personalidad jurídica.”. 33.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar en el artículo 52 su inciso segundo por el siguiente: “Una vez cesada la amenaza, perturbación o privación ilegal o arbitraria, si el recurrente hubiere interpuesto recursos administrativos previstos por la ley, el plazo para intentar la acción de protección será de treinta días a contar de la notificación de la resolución que la decidiere o, si mediare silencio administrativo, desde la fecha de la certificación respectiva.”. 34.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el inciso segundo del artículo 53, las expresiones “la persona a favor de quien se recurre, con su nombre y apellido, y domicilio si se conociere” por las siguientes: “en caso de recurrir a favor de un tercero, su nombre, apellido y domicilio, si se conocieren”. 35.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para agregar al final del artículo 56, sustituyendo el punto final por una coma, la frase “de acuerdo a las reglas generales.”. 36.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir su artículo 57. 37.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para intercalar en el artículo 60, entre las expresiones “más rápido posible” y el punto que las sigue, los términos “que permita la adecuada notificación de la solicitud”. 38.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir en el artículo 61, los términos que siguen a la palabra “subsiguiente” sustituyendo la coma por un punto final. 39.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el enunciado del artículo 62 por el siguiente: “Acompañamiento de antecedentes y facultad de hacerse parte.”. 40.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para refundir los artículos 65 y 69 con el siguiente texto: “Artículo 58.- Cumplimiento del fallo y sanciones por desobediencia. Una vez que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada el órgano, autoridad, funcionario o persona responsable del agravio deberá cumplir el fallo sin demora. Si no se cumpliere el fallo dentro del plazo de quinto día hábil o el que fije el tribunal, desde la notificación de la sentencia firme, el Presidente de la Corte respectiva se dirigirá al superior jerárquico del funcionario o autoridad respectiva para que haga cumplir la sentencia y solicitará la apertura del respectivo procedimiento administrativo disciplinario contra el funcionario afectado, además de requerir al Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Igual predicamento se aplicará respecto de la persona, autoridad o funcionario de la entidad a la que se haya notificado la suspensión del acto u omisión arbitraria o ilegal, que se negare a obedecer la correspondiente orden judicial. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles por los daños y perjuicios ocasionados o la responsabilidad penal que proceda conforme al derecho común. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte de Apelaciones podrá tomar alguna de las siguientes medidas en contra de la persona o autoridad desobediente, cuando corresponda, con el objeto de hacer cumplir el fallo o la orden judicial, en su caso: a) amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de diez unidades tributarias mensuales, y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. La persona, autoridad o funcionario afectado por alguna de las medidas señaladas en el inciso anterior, podrá recurrir de apelación, dentro de quinto día, para ante la Corte Suprema, la que se pronunciará en cuenta.”. 41.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el inciso segundo del artículo 67 la frase “o por el estado” por la siguiente “o por cédula”. 42.- De los Diputados Cardemil y Eluchans para suprimir el Capítulo III del Título I del proyecto. 43.- De los Diputados Cardemil y Eluchans para intercalar en el artículo 73, a continuación de la frase “de aquellos derechos protegidos por el recurso de amparo o habeas corpus”, lo siguiente: “, de los derechos sociales y de aquellos resguardados a través de leyes especiales.” 44.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para intercalar en el inciso segundo del artículo 75, entre las palabras “la acción” y la coma que las sigue, los términos “por cualquier persona”. 45.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 76 de la siguiente manera: a) Ha intercalado en el inciso primero, entre las palabras “designe” y “defensor letrado” el artículo “un”. b) Ha intercalado en el inciso tercero, entre las palabras “antecedentes” y “que disponga”, la preposición “de”. 46.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir su artículo 82. 47.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir la redacción de su artículo 83 por la siguiente: “El tercero que tuviere derechos o interés legítimo en el resultado del procedimiento, podrá hacerse parte en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, hasta la celebración de la primera audiencia decretada en autos.”. 48.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir referencia que se hace en el artículo 86 al artículo 84, inciso segundo, por otra al artículo 72, inciso segundo. 49.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para rectificar la redacción del artículo 92 en el siguiente sentido: a) Ha sustituido en el primer inciso las palabras “se concluye” por “concluida”. b) Ha iniciado en el segundo inciso, con el artículo “La” las letras a), b) y c) y en esta última ha antepuesto ese mismo artículo a la palabra “determinación”. 50.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir en el enunciado del artículo 95 los términos “y tribunal competente”. 51.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el artículo 97 el término “dando” por “dándole”. 52.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para suprimir el capitulo IV que trata de la “Acción de tutela de derechos colectivos”. En consecuencia, ha suprimido los artículos 98, 99 y 100. 53.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para intercalar en el artículo 105, entre las palabras “por actos” y “erróneos o arbitrarios” la expresión “injustificadamente”. 54.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 106 como sigue: a) Ha sustituido el enunciado por el siguiente: “Legitimación procesal activa”. b) Ha intercalado en el encabezamiento de su primer inciso, entre la palabra “actos” y los términos “erróneos o arbitrarios” la expresión “injustificadamente”. c) Ha intercalado en su inciso segundo, entre las palabras “adolece” y “de error”, el término “injustificadamente”. 55.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para intercalar en el artículo 108 entre la coma (,) que sigue a las expresiones “Corte Suprema” y el término “cuya” la preposición “de”. 56.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir la referencia que se hace en el artículo 109 al artículo 106, por otra al artículo 91. 57.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir en el artículo 111 la expresión “previsto” por “prevista” 58.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para introducir las siguientes modificaciones en el artículo 114: a) Ha sustituido en el inciso quinto la coma (,) que sigue a la expresión “asunto”, por un punto final (.) suprimiendo lo que sigue. b) Ha intercalado en el inciso final, entre las palabras “decreta” y “medida cautelar” el artículo “una” y ha sustituido entre las palabras “objeto” y “recurso” la preposición “de” por la contracción “del”. 59.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar el artículo 116 de la siguiente manera: a) Ha intercalado en el inciso primero, entre las palabras “estado” y “causa”, los términos “de fallarse”. b) Ha redactado en plural su inciso segundo, quedando de la siguiente forma: “Las sentencias de primera y de segunda instancias podrán disponer la condenación en costas cuando lo estimen procedente.”. 60.- De los Diputados Cardemil y Eluchans para reemplazar en el inciso segundo del artículo 123 la frase “la compatibilidad de la medida con los derechos asegurados por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”, por la siguiente: “su adecuación a la legislación aplicable en Chile.” 61.- De los Diputados Cardemil y Eluchans para suprimir el Título III. 62.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para modificar en el artículo 124: a) Ha sustituido en su inciso primero las expresiones “no hayan sido plenamente” por las siguientes “no han sido plenamente”. b) Ha intercalado al final del inciso segundo, entre la expresión “competencia” y el punto aparte (.) la frase “para proteger tales derechos”. 63.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para rechazar el artículo 126. 64.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para enmendar el artículo 127: a) Ha sustituido su inciso segundo por el siguiente: “Dichas sentencias no requieren para su validez y eficacia de reconocimiento previo alguno. La Corte Suprema recepcionará las sentencias emitidas por el organismo o Corte Internacional, disponiendo su ejecución y cumplimiento inmediato de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes para la ejecución de sentencias de la misma Corte.”. b) Ha suprimido su inciso tercero. 65.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sustituir su disposición primera transitoria por la siguiente: “Artículo transitorio.- Vigencia. Esta ley entrará en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial. Sus disposiciones sólo se aplicarán a los procedimientos iniciados desde su entrada en vigencia.”. 66.- De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para rechazar su disposición segunda transitoria. -o- VI. PROYECTOS DE ACUERDO TRATAMIENTO DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y EDUCACIÓN PARA SU PREVENCIÓN. El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 674, de los diputados señores Martínez, Ojeda, Sepúlveda, don Roberto; señoras Pérez, doña Lily, y Rubilar, doña Karla; señor Palma, señora Goic, doña Carolina, y señores Olivares, Escobar y Aedo, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que tenga a bien instruir al ministro de Salud realizar los estudios necesarios para la implementación en los servicios hospitalarios existentes en el país de una unidad especializada que dé tratamiento de trombolisis intravenosa a los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares. Asimismo, que se realice una campaña permanente a nivel de establecimientos educacionales, centros de salud, organizaciones del adulto mayor y opinión pública, en general, destinada a educar a la población en la sintomatología que presenta esta enfermedad y así prevenir sus secuelas y eventualmente la muerte”. El señor ENCINA (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, el accidente cerebrovascular constituye la segunda causa de muerte en el país, y el de carácter isquémico, el subtipo más frecuente. Según grandes neurólogos especialistas en la materia, el acceso a la trombolisis, tratamiento específico para ese tipo de infarto, permite un desenlace mucho mejor y una mayor posibilidad de recuperación de los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares. En la actualidad, debido a dificultades en materia de infraestructura y capacidad, no se pone en práctica en forma sistemática la trombolisis en los establecimientos hospitalarios, a pesar de que está descrita como sugerencia en las guías clínicas del Ministerio de Salud y de que el accidente cerebrovascular figura en el Plan Auge desde 2006. Por lo tanto, pido a los colegas prestar su aprobación al proyecto de acuerdo, por medio del cual se solicita a la Presidenta de la República que tenga a bien instruir al ministro de Salud para que realice los estudios necesarios destinados a implementar unidades especializadas en el tratamiento de la trombolisis en los servicios hospitalarios, lo que permitiría a los pacientes contar con mejores resultados. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Pérez San Martín Lily; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. -Votó por la negativa el diputado señor García García René Manuel. -Se abstuvo el diputado señor Ascencio Mansilla Gabriel. RECONOCIMIENTO A GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS POR RECIENTE DESIGNACIÓN. (Preferencia). El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para tratar sobre Tabla el proyecto de acuerdo Nº 675, que tiene por objeto hacer un reconocimiento al general director de Carabineros, don Sergio Eduardo Gordon Valcárcel, por reciente designación? Acordado. El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 675, de los diputados señores Forni y Ulloa, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Enviar a Carabineros de Chile, representados por su General Director don Eduardo Gordon Valcárcel, sus más sinceras felicitaciones por haber sido designado Presidente de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), lo que constituye un reconocimiento internacional a la calidad humana y profesional de los hombres que forman parte de dicha institución”. El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría por unanimidad. Aprobado. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VII. INCIDENTES RESPUESTA DE ENAMI A PETICIONES DE PEQUEÑOS PIRQUINEROS AFECTADOS POR BAJA DEL PRECIO DEL COBRE. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, Atacama es una región eminentemente minera, lo que se refleja en la gran cantidad de proyectos de pequeños mineros que se han desarrollado en los últimos años. La pequeña y mediana minería es el sustento más importante de la región de Atacama, pues la gran cantidad de mano de obra que ocupan moviliza en forma importante la economía regional cuando invierten sus ingresos en la región, que es donde viven, donde pagan sus impuestos, donde compran sus enseres y educan a sus hijos. Es decir, la pequeña minería sustenta la economía regional. Por eso, la violenta caída del precio del cobre en tan corto plazo los está afectando de manera significativa, redundará en que no podrán seguir desarrollando sus labores, dado el alto costo de producción que tiene para ellos la extracción y traslado del metal rojo. En definitiva, muchas faenas deberán cerrar, lo que implicará un importante grado de cesantía en la región. Por eso, pido que se oficie al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, Enami, don Jaime Pérez de Arce, pidiéndole que responda la carta que le enviaron las asociaciones mineras y sindicatos de pirquineros de Copiapó y Tierra Amarilla hace muy pocos días, en la cual se presentaba un petitorio. Le pedí una reunión al vicepresidente ejecutivo de Enami. Lamentablemente, la fecha coincidió con el debate del Presupuesto de la Nación. Por eso, aprovechando esta vía, le pido que revise los temas que los pequeños mineros le plantearon: que no tiene sentido mantener ipso facto los casi 8 dólares asociados al backwardation que había pedido Enami; que la escala tarifaria, de subida y bajada de precios, no tenga las diferencias actuales, toda vez que no se sustenta mantener el mismo tipo de cambio; que no tiene lógica que Enami les siga cobrando 150 dólares la tonelada de ácido sulfúrico; que Enami elimine el costo para los pequeños mineros del tarifado por la planta de electro obtención instalada por Sonami; que las pequeñas empresas mineras participen del anuncio hecho por la Presidenta Bachelet respecto de la entrega de recursos para el desarrollo del sector. En resumen, espero que el señor Pérez de Arce responda la solicitud hecha por Luciano Pinto, Eduardo Catalán, Luis Ávalos y Alejandro Fritiz. Pido que copia de mi intervención se envíe a los ministros de Hacienda y de Minería; que este último se incorpore a la respuesta del vicepresidente ejecutivo de Enami y visite a los pequeños mineros de mi región. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. MEDIDAS PARA LLENAR VACANTES DE MÉDICOS EN HOSPITAL DE HUASCO. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité PRI-Independientes, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en la Región de Atacama, particularmente en la provincia de Huasco, una vez más existe preocupación por problemas relacionados con hospitales. Ayer fue la crisis del hospital de Vallenar, por realizar operaciones con instrumentos sin esterilizar. Este hecho causó alarma pública por la gravedad que implican fallas humanas de esta naturaleza en la prestación de salud. En el hospital de Huasco también hay problemas, no de la misma naturaleza que los del hospital de Vallenar, pero que sí afectan si la atención de salud de la comunidad. El de Huasco es un hospital tipo IV, que para la atención médica tiene asignado cuatro médicos generales. Sin embargo, durante el último tiempo viene funcionando con un médico; con suerte, dos. Estamos hablando de una población de 10 mil personas aproximadamente, que es atendida en un hospital que tiene un médico o dos, con suerte. Es decir, un médico para 10 mil personas o, uno, para cinco mil, cuando hay dos. No olvidemos que me estoy refiriendo a un hospital que tiene asignado cuatro médicos. La Organización Mundial de la Salud señala que lo razonable es un médico por cada 700 habitantes. Así las cosas, en Huasco estamos ante una situación irregular, no sólo por esa tremenda distancia con la cantidad recomendable de médicos por habitantes, sino porque a pesar de haber cuatro asignados, sólo dos, con suerte, atienden a la población. Lo grave es que lo relatado viene sucediendo desde hace bastante tiempo. Hace algunos meses estuve en el hospital de Huasco, debido a una crisis similar. El Servicio de Salud de Atacama se comprometió a tomar las medidas necesarias para garantizar la presencia de los cuatro médicos. Pero, ¿qué pasó? Sencillamente, no se llama a concurso o se dan permisos especiales o vacaciones, sin tomar las providencias o las medidas administrativas idóneas para evitar la falta de médicos. Sabemos que existen dificultades para llenar las vacantes, porque los médicos no se interesan en ciudades relativamente pequeñas, aunque hermosas, como Huasco. Con todo, me preocupa la falta de diligencia de las autoridades del Servicio de Salud de Atacama para que los cuatro médicos del hospital cumplan regularmente sus funciones. Pido que se oficie al ministro de Salud, con el objeto de que instruya a la directora de Salud de Atacama que adopte las medidas necesarias para reestablecer la atención médica en el hospital de Huasco. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan. SALUDOS AL CANDIDATO DEL PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES A PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. El señor MULET.- En segundo lugar, aprovecho de mandar un saludo muy especial a Gustavo Torres, quien es candidato a presidente de la Universidad de Concepción por el Partido Regionalista de los Independientes. Es muy probable que el señor Torres sea el primer presidente, en representación de este nuevo Partido, de una federación de estudiantes de una universidad tan importante como la de Concepción. He dicho. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE LA CONAF EN LA SEXTA REGIÓN PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer. El señor BAUER.- Señor Presidente, ayer se inició un incendio forestal de grandes proporciones en Pichilemu, Sexta Región, el que incluso amagó 25 casas aledañas a dicho pueblo. Lo paradójico es que en la Sexta Región no funciona ninguna brigada forestal, por lo que para combatir este siniestro debieron llevar brigadas forestales desde la Quinta Región y a los bomberos de todas las comunas cercanas. Señor Presidente, el año pasado aprobamos el Presupuesto de la nación en este misma Sala, en el cual otorgamos recursos para la Corporación Nacional Forestal, Conaf, con el objeto de que pudiera mantener brigadas de incendio y efectuar prevención de incendios forestales durante todo el año. Sin embargo, hoy nos encontramos con la sorpresa de que en la Sexta Región no hay nada de eso. Tampoco han llegado al lugar de los hechos los aviones que posee la Conaf. Probablemente, están estacionados en Valparaíso o en algún lugar de la Quinta Región, pues hasta hoy en la mañana no habían llegado. La prensa ha informado que estarían viendo la posibilidad de llevar los aviones al lugar del incendio, lo que es muy conveniente, ya que esos aparatos llegan más rápido que una brigada contra incendios, pero todavía no ha pasado nada. La Onemi ha declarado alerta roja y la Conaf, alerta amarilla; pero el fuego sigue avanzando, porque no tenemos los recursos para detenerlo. Por lo tanto, solicito oficiar a la Conaf, con el objeto de que nos informe cuántas hectáreas se han consumido, cuántas son las casas amagadas, con qué se ha combatido y con qué recursos cuenta la Conaf en la Sexta Región para combatir estos siniestros. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. APLICACIÓN DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE OSORNO. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, Osorno es una de las ciudades que ha tenido problemas de contaminación en forma permanente. Desde 2002 vengo planteando, al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente la necesidad de contar con un plan de descontaminación para la ciudad de Osorno, pero siempre se ha ido postergando esa solución. Ayer las autoridades de salud informaron que durante este año se produjeron 19 episodios de contaminación ambiental sobre la norma, porque recién se implementó el mecanismo para medirla. La Universidad de Chile, midió esos efectos entre enero y septiembre de 2001 y, ¡vaya coincidencia!, existían 19 episodios de contaminación sobre la norma. Esto me llevó a pedir un plan de descontaminación para Osorno, lo que no se concreta hasta hoy. Las autoridades dicen que se deben medir los niveles de contaminación durante dos años más para empezar a implementar dicho plan. Pido al Ministerio de Salud y a las autoridades que correspondan que comiencen a implementarlo y no esperen dos años más sólo para confirmar una situación que se está produciendo de hecho. La contaminación en Osorno superó la norma en 19 oportunidades en 2001, en diez ocasiones alcanzó niveles de prealerta ambiental; en ocho, de alerta y en una oportunidad llegó a preemergencia, cifras que son prácticamente similares a las confirmadas nuevamente ahora por funcionarios a cargo del departamento de control de contaminación de la Corema de Los Lagos. Ha transcurrido demasiado tiempo sin que se tomen medidas concretas y se implemente un plan como el que se está comenzando en la ciudad de Temuco. Los expertos advierten que la contaminación por leña en las ciudades del sur es más peligrosa para la salud de la población que el esmog de Santiago. No podemos seguir esperando si los datos están a la mano. Seguramente, las infecciones respiratorias, que constituyen un porcentaje importante de atenciones de salud, tienen directa relación con la contaminación del aire en Osorno. Por ello, los osorninos deben saber que están respirando mugre y que las autoridades ambientales deben dejar de analizar cifras y aplicar planes urgentes para evitar un daño mayor. Un plan de descontaminación como el que se está empezando a aplicar en Temuco cuesta alrededor de 30 millones de dólares, pero también supone, de acuerdo con los datos que entregan expertos en el tema, un ahorro por concepto de prestaciones de salud para el Estado de 90 millones de dólares, por lo que está claro que su aplicación trae beneficios desde todo punto de vista. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud para que tome cartas en el asunto. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. URGENCIA A PROYECTO DE LEY QUE COMPENSA DAÑOS CAUSADOS POR INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Oficios. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, en la semana recién pasada, en varias comunas de la región de Atacama se registraron diversos cortes del suministro de agua potable que no habían sido programados ni comunicados con antelación a los respectivos usuarios, los que han causado perjuicios de todo orden -económicos, sociales y de la salud pública- no sólo a las viviendas, sino también a los establecimientos educacionales y comerciales. Por esta razón, he pedido a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que, dada la ineficiencia demostrada por la empresa Aguas Chañar, actual operador del servicio de distribución de agua potable, se le ponga término a su contrato. En la actualidad, no existe compensación alguna a los usuarios por los daños causados por estas interrupciones que no han sido programadas ni comunicadas con la debida antelación. A mediados de 1999, un grupo de diputados de mi partido presentó una moción para compensar económicamente a los usuarios cuando ocurran estas interrupciones imprevistas, con el equivalente al duplo del valor del agua que ha dejado de suministrarse, lo cual parece de toda justicia. Pese a que el proyecto fue aprobado en esta Cámara en menos de dos meses, al llegar al Senado se radicó en su Comisión de Obras Públicas y sólo el año 2005 se pidió remitirlo a la Comisión de Economía de dicha Corporación para su estudio. Es decir, pasaron seis años sin ningún trámite legislativo. La Comisión de Economía sugirió el archivo del proyecto en agosto de 2005, petición que afortunadamente no prosperó en la Sala del Senado y aún se encuentra pendiente de tramitación. Han pasado más de nueve años desde que en esta Cámara aprobó la moción, pero aún el Senado no la despacha, pese a que incluso cuenta con la opinión favorable de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Por las razones expuestas, solicito oficiar a los ministros secretario general de la Presidencia y de Obras Públicas, a fin de que se sirvan recabar de la Presidenta de la República la calificación de urgencia a ese proyecto, cuya aprobación resulta tan necesaria para toda la ciudadanía. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. SOLICITUD DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. Oficios. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, ayer los parlamentarios de Aisén hemos tomado conocimiento de una carta en la cual la ministra de Educación nos informa no haber acogido la propuesta de creación de la Beca Patagonia Aisén. Esa lamentable decisión no se compadece con el anhelo que muchos políticos hemos manifestado para garantizar que ningún joven chileno quede al margen de la educación superior por razones económicas. La ministra nos señala en su misiva que se aumentará en 200 cupos la cobertura del programa Becas Zonas Extremas, hoy día conocida como Beca de Integración Territorial. Sin embargo, los estudiantes de Aisén requieren un número mucho mayor y de un monto superior al que se le otorga a través de la beca zonas extremas. Por lo tanto, la respuesta de la ministra, además de ser tardía, es absolutamente insuficiente. Imaginamos que la respuesta de la ministra dice relación con la falta o escasez de recursos para satisfacer la aspiración de Aisén. Sin embargo, observamos con horror como la Junaeb, organismo encargado de otorgar esas becas, administra mal recursos de todos los chilenos. Por lo mismo, frente a presuntas irregularidades que nos están denunciando, solicito a la Contraloría General de la República que audite los siguientes programas que están a cargo de ese organismo: recreación y tarjeta nacional del estudiante. Ambos le significan al Estado miles de millones de pesos, y existen dudas respecto de la transparencia, objetividad y criterios en la asignación de esos recursos, como también sobre la forma en que se están gastando. Las cifras que financian esos programas superan con creces las necesidades de recursos que reclamamos para la beca Patagonia Aisén, razón por la cual, para los aiseninos, la respuesta de la ministra es indignante, además de tardía e insuficiente. Pido que se envíe copia de mi intervención a la ministra de Educación y a la Junaeb para que den respuesta a las preguntas realizadas en esta Corporación y a la Contraloría General de la República a fin de que audite los programas señalados. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. En el tiempo de Renovación Nacional, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. AUMENTO DE SUBSIDIOS RURALES PARA VIVIENDA. Oficio. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, estamos viviendo un proceso de emigración del campo a la ciudad difícil de revertir, debido a los problemas en la agricultura y a la falta de oportunidades. Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda, para que estudie la posibilidad de aumentar el monto del subsidio rural para vivienda, que hoy asciende a 280 UF. Muchas familias de sectores rurales postulan a través de comités de vivienda, pero el subsidio no alcanza para urbanizar los terrenos, de manera que deben postular en comités en las ciudades, por lo cual aumenta el número de personas en ellas. Para paliar dicha situación hay que aumentar el subsidio rural para urbanizar los terrenos de los comités de vivienda de los sectores rurales. Ha quedado demostrado que 180 UF son insuficientes. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INSTALACIÓN DE OFICINAS DE PROCHILE EN REGIONES. Oficio. El señor SABAG.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a la situación que afecta a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, debido a la crisis financiera mundial. Ante ello, se ha visto la precariedad en la diversidad de la matriz exportadora. ProChile ha jugado un rol muy importante en esa diversidad, pero, lamentablemente, no tiene oficinas en todas las regiones. A raíz de la crisis, es necesario pensar en nuevos mercados, para lo cual hay que poner recursos a disposición de esos pequeños y medianos productores. Pienso en los productores de berries de San Carlos, Ñiquén, en fin, quienes deben tener un instrumento y asesorías para acceder a los mercados internacionales. Por ello, solicito que se oficie al ministro de Economía para que tenga a bien estudiar la posibilidad de que ProChile pueda instalarse en todas las regiones, con el objeto de promover las exportaciones de los pequeños y medianos productores, puesto que ellos siempre deben recurrir a intermediarios que se llevan parte importante de las utilidades y no tienen acceso directo a los mercados. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. REGULARIZACIÓN DE BIENES RAÍCES DE PERSONAS. Oficio. El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de una situación que están viviendo muchas instituciones, como clubes deportivos y juntas de vecinos, que necesitan regularizar sus bienes raíces, lo cual muchas veces no pueden hacer, porque sólo pueden postular a las regularizaciones del Ministerio de Bienes Nacionales, las personas naturales. Por ello, solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales para que se haga cargo de este problema e introduzca las modificaciones legales que correspondan, a fin de que las personas jurídicas sin fines de lucro puedan regularizar sus bienes raíces. Son miles de clubes deportivos y cientos de juntas de vecinos que no pueden postular a los beneficios que otorgue el Gobierno para construir sus sedes, sus camarines, mejorar sus instalaciones deportivas por no tener regularizados sus bienes raíces. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. REINSTALACIÓN DE OFICINA DEl FONASA EN PUERTO VARAS. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿Habría unanimidad para concederle el tiempo restante al diputado señor Carlos Recondo? Acordado. Tiene la palabra su señoría. El señor RECONDO.- Señor Presidente, agradezco al Comité de la Democracia Cristiana por cederme su tiempo. Quiero exponer un inconveniente que estamos viviendo en la comuna de Puerto Varas a raíz de un incendio que afectó a un importante inmueble en el centro de la ciudad, donde había una serie de locales comerciales y oficinas públicas, entre ellas, la del Fonasa, que quedó completamente inhabilitada, lo cual ha traído como consecuencia que en el último mes los beneficiarios de ese servicio no han podido acceder a la compra de bonos, a la valorización de los programas, etcétera. Se ha argumentado que la oficina del Fonasa no se ha reinstalado porque los precios de los locales son muy caros. No me parece una buena razón, pues dicho organismo debe asumir ese costo, aunque sea alto, porque no puede suspender sus servicios a los beneficiarios. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Salud para que disponga los recursos necesarios con el fin de que la Dirección Regional del Fonasa de Los Lagos pueda abrir a la brevedad una oficina en Puerto Varas para regularizar y normalizar la venta de bonos y la entrega de programas de atención de salud a la población de esa ciudad. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. APLICACIÓN DE BANDAS DE PRECIOS O SALVAGUARDIAS DE EMERGENCIA PARA EL TRIGO. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hace algunos días a los diputados Jaime Quintana, Eugenio Tuma y quien habla se nos acercaron dirigentes trigueros del sur de Chile, alarmados por la baja en los precios del trigo para la próxima temporada de cosecha, anunciada por el sector industrial molinero. Por fuentes extraoficiales se supo que el precio fluctuaría entre 16 y 18 mil pesos por quintal de trigo, lo cual fue ratificado por quien habla a través de conversaciones posteriores. A raíz de eso, los dirigentes del agro sureño nos hicieron llegar una tabla de costos muy distantes de los precios que la industria molinera está trabajando para la próxima temporada. Por lo tanto, solicito oficiar al director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que me informe si están en antecedentes de esta situación y si es posible aplicar en este rubro el sistema de bandas de precios para el sector agropecuario y, a lo mejor, establecer una salvaguardia de emergencia. Ello, porque con los bajos precios que pagaría la industria molinera por quintal de trigo se afectarán las Regiones de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos y del Maule, que usted, señor Presidente, representa. Por eso, se debe buscar la forma de que las bandas de precios y las salvaguardias que se puedan establecer nos defiendan de la importación del trigo desde países vecinos, lo que afectaría seriamente nuestra economía. Creemos que estamos a tiempo de lograr un efecto positivo en esta materia. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal, y de los diputados señores Quintana, Tuma y de quien preside. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito oficiar a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo para que nos informe el número y el monto de inversión, por comuna, de los proyectos que dicha repartición ha entregado a la Región de Los Ríos. Solicito oficiar también al director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama, para que nos informe respecto del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro, que contempla la construcción de una presa que generará un embalse en el río San Pedro, en la Región de Los Ríos. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Quintana, las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal, el diputado señor Tuma y quien preside. CREACIÓN DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN CENTRAL DE INVESTIGACIONES CRIMINALES, DICRIM, EN IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN PROVINCIA DEL RANCO. Oficios. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Defensa, con el objeto de que nos informe si la construcción de una oficina de la Dicrim en La Unión, capital de la provincia del Ranco, se encuentra programada para 2009 y con cargo a qué repartición, si al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Investigaciones o a alguna otra. Por último, solicito que se oficie al ministro de Defensa y al subsecretario de Carabineros para que nos ratifiquen si la implementación del plan cuadrante en la capital de la provincia del Ranco está programada en dos etapas: la primera, en 2009, y la segunda, en 2010, y las inversiones programadas para ambos años. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Quintana, las diputadas señoras Adriana Muñoz y Ximena Vidal, el diputado señor Tuma y quien preside. HABILITACIÓN DE PABELLÓN QUIRÚRGICO Y REPOSICIÓN DE ECOTOMÓGRAFO EN HOSPITAL DE VICTORIA. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, otra de las materias en las cuales también tenemos concordancia con el diputado Jaramillo tiene que ver con la salud, área donde se ha hecho bastante en el último tiempo en cuanto a obras de infraestructura. El proyecto de ley de Presupuestos, que en estos días debemos debatir y votar, también trae un incremento significativo en materia de inversiones. Sin embargo, muchas veces la resolutividad en salud no necesariamente se relaciona con los metros cuadrados, sino con el instrumental y, sobre todo, con el recurso humano. En ese sentido, como bancada planteamos un conjunto de propuestas al nuevo ministro de Salud, Álvaro Erazo, que incluyen más médicos especialistas y más enfermeras, tanto para la atención primaria como para los hospitales, con una modalidad que permita la entrega de remedios a las personas que concurren a las urgencias. Esperamos que estas propuestas, que fueron consignadas en un protocolo que firmamos ayer con los ministros de Hacienda y de Salud, sean efectivamente llevados adelante. Además, que en los próximos noventa días el ministro de Salud elabore una política para enfrentar de mejor manera las materias pendientes en el área. En ese mismo sentido, solicito oficiar al ministro de Salud, Álvaro Erazo, pues hoy se está llevando a cabo la tercera y última etapa del Hospital de Victoria, comuna que represento. Ya se han construido cinco pabellones, de los cuales tres están funcionando. Por lo tanto, ahí hay un desarrollo quirúrgico adecuado. Sin embargo, dos de esos pabellones aún no están habilitados. Por eso, pido al ministro de Salud que evalúe la implementación de un pabellón quirúrgico que incluya todos los elementos que requiere una instalación de ese tipo, tales como máquinas de anestesia, cajas quirúrgicas, etcétera. Naturalmente, eso implica un costo y esa es la razón por la cual los pabellones no se han equipado. El ministerio debiera plantearse como objetivo habilitar ese cuarto pabellón para este importante establecimiento de salud de la Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. Debería ser uno de los objetivos de 2009, para dar una señal clara de que estamos preocupados por mejorar la salud de los victorienses, pero también la de mucha gente de la provincia. Por otra parte, el director del Hospital de Victoria, el doctor Jorge Montes, me informó que está fallando un equipo muy importante y necesario, el ecotomógrafo, cuyos costos de mantención hacen aconsejable su reposición. Ello tiene un precio elevado, pero también un altísimo beneficio para muchas personas que necesitan hacerse exámenes previos a una cirugía. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN SECTOR EL PARQUE, ANGOL. Oficio. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, vecinos del sector rural El Parque, ubicado a pocos kilómetros de Angol, capital provincial de Malleco, me manifestaron sus inquietudes respecto de la construcción del camino Los Pinos-San Luis. A dicha vía ya se le aplicó un asfalto básico en sus primeros kilómetros y se aseguró a los vecinos que la obra se terminaría. Se trata de un camino que conecta sectores productivos y exportadores de manzanas, berries, arándanos, pero también a muchas familias modestas que habitan dicho sector. Por esa razón, solicito oficiar al ministro de Obras públicas a fin de que nos informe para cuándo está contemplada la construcción de los restantes cuatro kilómetros de pavimento básico, dado que ya se hizo un terraplén, con lo cual se mejoró el camino. Cuando se pregunta qué pasa con esa pavimentación, Obras Públicas responde: “Bueno, ahí está hecha”. Pero lo que está hecho es un terraplén, un levantamiento por el paso de los canales. Sin embargo, el pavimento asfáltico de los cuatro kilómetros que restan y que benefician a más de 150 familias, no está terminado. Por lo tanto, quiero que el Ministerio de Obras Públicas me indique los plazos de dicha ejecución. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza, Enrique Jaramillo y de quienes así lo manifiestan. DEMORA EN ENTREGA DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Vivienda para plantearle la preocupación de la bancada del Partido por la Democracia respecto del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, cuestión que también analizaremos extensamente con ella durante estos días en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Dicha materia ya se ha venido discutiendo, pues las expectativas respecto del programa no se condicen con la realidad ni con los subsidios habitacionales que dicho Ministerio ha otorgado. Si tomamos como ejemplo lo que pasa en la región de La Araucanía, donde se encuentra el distrito que represento, veremos que ahí postularon 12 mil familias, pero sólo se han entregado dos mil subsidios; o sea, hay diez mil familias que presentaron sus proyectos para mejorar o ampliar sus viviendas, algunas antiguas y otras más nuevas, de diez años o menos; algunas de autoconstrucción y otras construidas por el Serviu, que siguen esperando. Reitero que estamos ante un problema de expectativas, ya que el compromiso del Gobierno no se está cumpliendo, y las diez mil familias que no obtuvieron el subsidio van a quedar para el próximo año sin que haya ninguna seguridad en cuanto a que en 2009 más del 20 ó 30 por ciento de ellas puedan recibirlo. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo a fin de que nos dé una respuesta lo antes posible. Hay mucha inquietud entre estos vecinos, pues en la mayoría de los casos conformaron sus comités de vivienda hace un año y medio y hasta el momento no encuentran satisfacción a esta necesidad tan importante para ellos y sus familias. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza, Enrique Jaramillo y los demás que así lo indican. FELICITACIONES A JÓVENES DEL PARTIDO SOCIALISTA ELECTOS CONCEJALES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. El Señor CERONI (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quiero felicitar a seis jóvenes de mi región que se atrevieron a ser candidatos en las elecciones municipales del pasado 26 de octubre, quienes resultaron elegidos en diferentes comunas de la región de Los Lagos. Me refiero a Jaime Ramos, elegido concejal de la comuna de Río Negro; Renato Uribe, elegido concejal en la comuna de Puyehue; Álvaro Berger, en la comuna de Puerto Varas; Fernando Acuña, en la comuna de Llanquihue; Patricia Álvarez, en la comuna de Puerto Octay, y Christian Ampuero, primera mayoría en la comuna de Quemchi. Fueron los únicos candidatos jóvenes del Partido Socialista en la Región de Los Lagos y obtuvieron resultados espectaculares que les permitirán asumir como concejales en sus respectivas comunas el próximo 6 de diciembre. Les deseo el mayor de los éxitos en su gestión. PREOCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE BYPASS VIAL EN PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES. Oficio. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República, al ministro de Agricultura, a la ministra de Bienes Nacionales, a la directora nacional de la Conaf, al director de la Corema de la Décima Región y al intendente de la Región de Los Lagos, con el objeto de solicitarles que tomen conocimiento a tiempo de una situación que puede provocar, una vez más, un grave problema en nuestra zona. El concejal de la comuna de Puerto Varas, señor Álvaro Berger, y yo fuimos informados por vecinos del sector del lago Todos Los Santos y de Petrohué de la existencia de un proyecto privado que buscaría construir un baipás en la ruta interna del parque nacional Vicente Pérez Rosales, lo cual cambiaría drásticamente las condiciones de tránsito y el paisaje de los sectores de Ensenada y Petrohué. La denuncia nos la hicieron lugareños que representan a la junta de vecinos, al sindicato de boteros y a comunidades mapuches del lago Todos Los Santos. Quiero expresar públicamente que nos preocupa enormemente esa situación, ya que no creemos que sea positivo para el país ni para nuestra región que se permita seguir interviniendo áreas protegidas, tal como está ocurriendo en el parque nacional Puyehue. Según la información que nos han entregado los propios vecinos del sector, dicho proyecto privado afectaría la calidad de vida, fuentes laborales y entorno de cerca de cuatrocientas personas, ya que para llevar a cabo esa megaobra sería necesario talar unas treinta hectáreas de bosque nativo del mencionado parque nacional. Los vecinos nos informaron que, además, se trasladaría el actual embarcadero, lo cual produciría un daño tremendo a quienes trabajan en la actividad lacustre del lago Todos Los Santos, que es el sustento de familias humildes, de escasos recursos. De ser así, desde nuestro punto de vista no sólo se produciría un daño ambiental y patrimonial, sino también a la actividad turística, ya que el camino pasaría por terrenos muy peligrosos, con alto contenido volcánico en su suelo, y el actual embarcadero sería trasladado a un sector de alto riesgo, no sólo por la conformación de los terrenos, sino también por el viento. Por lo tanto, hacemos un llamado a nuestras autoridades, en especial al intendente de la región, a la Conaf, a la Corema y a la ministra de Bienes Nacionales, para que bajo ninguna circunstancia permitan ese tipo de aventuras de privados, quienes sólo buscan obtener un beneficio personal y económico, pasando por sobre los derechos de cientos de vecinos y vulnerando la ley. No queremos volver a vivir los graves problemas que ocurrieron en Puyehue, en donde se permitió que un proyecto privado, una central de pasada, interviniera ese parque nacional. Aquí estamos hablando de mucho más que eso. Allá al menos no había habitantes cercanos; aquí hay familias que viven en el lugar y se verían afectadas por la obra. El proyecto privado que se pretende construir en el parque nacional Vicente Pérez Rosales, respecto del cual incluso ya habrían llevado al intendente para mostrarle lo que quieren hacer, sólo producirá beneficios y ganancias para los mismos de siempre: los que tienen dinero, en desmedro de la gente que ha vivido en ese hábitat durante toda su vida. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti, Quintana y de quien preside. INVESTIGACIÓN POR OCULTAMIENTO DE PROPAGANDA DE CAMPAÑA “PATAGONIA SIN REPRESAS” EN AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, la semana pasada, el 12 de noviembre, me tocó presenciar una situación insólita en el aeródromo Pichoy, de la ciudad de Valdivia. Al llegar a la sala de embarque de ese terminal aéreo me encontré con que una de las paletas publicitarias del recinto, que tenía un cartel de propaganda que hacía una llamado de conciencia para que no se construyan las centrales hidroeléctricas en Aisén, estaba cubierta con papel. Dejé estampada una denuncia que dice textualmente lo siguiente: “Solicito saber el motivo y qué autoridad dio la orden para que se cubra con papel el cartel de la sala de llegada que indica la campaña Patagonia sin Represas. Resulta sorprendente tal medida. ¿A quién no se desea importunar con esta medida?” Esto quedó estampado en una solicitud ciudadana en la oficina de informaciones del aeródromo. Para mi sorpresa, al día siguiente me llegó un comunicado oficial, firmado por don Jorge Carvajal Gallo, jefe del aeródromo Pichoy, que dice lo siguiente: “De nuestra consideración: “Junto con saludar muy cordialmente, tenemos el agrado de informar que fue recepcionado en esta Administración el reclamo estampado por Usted a través del formulario Solicitud Ciudadana Nº 133 del día 12 de Noviembre de 2008. “Respecto de su consulta, podemos indicar que la caja de luz (Backlight) instalada en la Sala de Embarque del Terminal Aéreo alusiva a la campaña publicitaria “Patagonia sin Represas”, fue cubierta con papel ya que se encontraba en mantención. Los trabajos realizados fueron en el circuito eléctrico de dicho elemento, por lo que para evitar daños en la gráfica (tela backlight) que es de un material muy delicado y de una sola pieza, se procedió a cubrirla. Esta Administración ofrece las disculpas por las molestias que le ocasionó la situación y agradece su nota. Se hace presente a Us. el interés por atender cualquier sugerencia directamente en nuestras oficinas, para buscar una solución inmediata y expedita.”. Firma el señor Jorge Carvajal Gallo. Señor Presidente, creo que este tipo de respuestas agreden la inteligencia humana y hablan muy mal de nuestro país y de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica. No es posible que se den respuestas tan burdas, tan mentirosas y tan condescendientes con los poderosos de siempre. Esto no puede ser. Solicito que se oficie al ministro de Defensa, a fin de que aclare esta situación a través de la Dirección de Aeronáutica Civil; al Servicio Nacional del Consumidor, para que instruya la investigación que corresponde, porque se han vulnerando normas publicitarias, ya que esa propaganda está siendo pagada y los ciudadanos tenemos derecho a informarnos y no que se nos oculte, como ocurría en los peores tiempos de la dictadura, determinada publicidad que puede ofender a los señores de Endesa -seguramente-, a los señores de Colbún o vaya a saber uno a los señores de qué empresa poderosa. Asimismo, solicito que se oficie a la ministra de Medio Ambiente, para que tome cartas en el asunto, si es que corresponde a su cartera, y que se envíe copia íntegra de esta intervención a la Presidenta de la República. Estamos cansados, aburridos del lobby, de la presión de los poderosos para instalar centrales hidroeléctricas en Aisén a costa de la verdad y del legítimo derecho a información que tenemos todos los ciudadanos del país. ¡Es una vergüenza! Además, solicito que el ministro de Defensa adopte las medidas necesarias para que nunca más recibamos respuestas de esta naturaleza de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil que, insisto, agreden la inteligencia de las chilenas y chilenos, que desean un medio ambiente libre de contaminación y que se respeten sus derechos y la institucionalidad. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.10 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado.