REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 36ª, en martes 10 de junio de 2008 (Ordinaria, de 11.07 a 14.30 horas) Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan, y Ulloa Aguillón, don Jorge. Presidencia accidental del señor Melero Abaroa, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-FÁCIL DESPACHO VI.-ORDEN DEL DÍA VII.-PROYECTOS DE ACUERDO VIII.-INCIDENTES IX.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia8 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 -Remisión de proyectos a comisiones11 V.Fácil despacho. -Aprobación de protocolos suscritos con Canadá y México para adicionar a tratados de libre comercio un capítulo sobre contratación pública o compras del sector público. Primer trámite constitucional11 VI.Orden del Día. -Renovación de crédito tributario a inversiones en Arica y Parinacota. Modificación del DFL N° 1, del Ministerio de Hacienda. Tercer trámite constitucional18 -Beneficios a deudores de crédito universitario por prestación de servicios remunerados en comunas de menor desarrollo. Segundo trámite constitucional29 VII.Proyectos de acuerdo. -Eliminación de distorsiones en procedimientos de tarificación en distribución eléctrica40 -Diversificación de las prácticas para obtener título de abogado42 VIII.Incidentes. -Modificación de bases de licitación del transporte público en la Sexta Región. Oficios45 -Mejoramiento de atención a pacientes de hospitales y consultorios en provincia del Huasco. Oficios47 -Solución a ocupantes de terrenos fiscales en sector La Chimba de Antofagasta. Oficios47 -Reevaluación de enfermedades profesionales de jubilados de la Enami. Oficio48 -Información sobre aprobación de proyecto de mejoramiento urbano a Municipalidad de Hualpén. Oficios48 -Construcción de la casa del folclor en Osorno. Oficios49 -Ejecución de obras públicas en provincia de Ñuble. Oficios50 -Transparencia en gastos de fondos destinados a asesorías legislativas en el Senado. Oficio51 Pág. -Saludo a alumnos de Región de Los Ríos por puntajes obtenidos en prueba Simce. Oficios52 -Reconocimiento a director de Centro Ballena Azul por obtención de Golden Whitley Awards. Oficios53 -Agilización de medidas en favor de desplazados de Chaitén. Oficios54 -Antecedentes sobre utilización de barcazas adquiridas en comuna de Fresia. Oficios54 -Rechazo a reportajes sobre delincuencia en comuna de Puente Alto. Oficios55 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “crea juzgados de Policía Local en las comunas que indica”. (boletín N° 5906-07) 2.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto de “reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política”. (boletín N° 4716-07) 3.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “establece la ley general de educación”. (boletín N° 4970-04) -Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 4.Otorga la nacionalidad chilena por gracia al sacerdote irlandés Padre John O’Relly. (boletín N° 5668-17) 5.Regula el lobby. (boletín N° 3407-07) 6.Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto sobre sistema de inscripciones electorales”. (boletín N° 3586-06) 7.Primer informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “establece la ley general de educación”. (boletín N° 4970-04) 8.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “establece la ley general de educación”. (boletín N° 4970-04) 9.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en las observaciones de S. E. la Presidenta de la República al proyecto que “regula el lobby”. (boletín N° 3407-07) 10.Moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Araya, Aguiló, De Urresti, Duarte, Jiménez, Sabag, Sule y Venegas, don Mario, que “modifica el Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, y establece un permiso por matrimonio del trabajador”. (boletín N° 5907-13) Pág. 13.Moción de las diputadas señoras Pacheco, doña Clemira; Allende, doña Isabel; Pascal, doña Denise, Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Aguiló, Jiménez y Montes, que “establece sanciones al reemplazo de trabajadores en huelga”. (boletín N° 5908-13) X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicaciones: -Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que, en la Comisión Especial sobre Régimen Político, el diputado señor Eluchans reemplazará al diputado señor Ward. -Del Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana mediante la cual informa que el diputado señor Ortiz se mantendrá en forma permanente en la Comisión de Hacienda, y de igual manera lo hará el Diputado señor Duarte en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. 2.Oficios: -De la Comisión Especial de Deportes por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para que se le remita el proyecto, actualmente en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, que “establece un sistema de administración de sedes sociales, espacios, recintos deportivos y recreativos comunitarios”. Boletín N° 3888-06. -De la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le remita para su tramitación el proyecto, iniciado en moción y actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que “regula la actividad de los investigadores privados”. Boletín N° 5776-07. Contraloría General de la República: -Diputado García, gastos realizados por la Corporación Nacional Forestal de la Novena Región. Ministerio de Interior: -Diputado Sepúlveda don Marcos, permiso para que señora que indica trabaje como vendedor ambulante. -Diputado Egaña, sede del Campeonato Mundial de Esquí del 2010. -Diputada Allende, construcción de comisaría en comuna de Puente Alto. -Diputado Jaramillo, ampliación del plazo de recepción de documentos de postulantes a programas de exonerados políticos. -Diputado Monckeberg don Cristián, asesorías prestadas por don Osvaldo Puccio, entre 1999 y 2001. -Diputado Ascencio, exoneración de la encargada del Conace de la Región de Los Lagos. -Diputado Melero, cumplimiento de normas ambientales y de salud del proyecto de extracción de áridos desarrollada por empresa Áridos Quintay en Colina. -Diputado Delmastro, llamados a concurso para postular a cargos públicos en la Región de Los Ríos. -Diputado Monsalve, recursos para pagar a empresa Essbio factibilidad de agua potable y alcantarillado, para hacer viable proyecto habitacional de viviendas sociales en provincia de Arauco. -Diputado Arenas, solicitudes de exonerados políticos que se indican. -Diputado Recondo, avisos publicitarios y recursos públicos transferidos durante los últimos cinco años. -Diputado Ward, si señor que indica está considerado como exonerado político. -Diputado Egaña, Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la Región del Biobío, entre 2002 y 2007. -Diputado Sepúlveda don Roberto, pensión de invalidez a señora que indica. -Diputado Ascencio, razón, cargo y tiempo de contrato de señor que indica en Gobernación Provincial de Chiloé. -Diputado Delmastro, paralización de obras en edificio de Correos de Chile, de Valdivia, para la instalación de la Gobernación Provincial. -Diputado Espinoza don Fidel, continuar búsqueda de jóvenes pescadores desaparecidos en lago Llanquihue en noviembre pasado. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputado García, “Las pescas de investigación realizadas el 2007”, en Regiones VIII, IX y XV. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Espinoza don Marcos, retraso en funcionamiento de vuelos comerciales. -Diputado Von Mühlenbrock, contaminación del lago Panguipulli con aguas servidas. Ministerio de Agricultura: -Diputado De Urresti, comunidad Kallfulikan, de Lanco. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: -Diputado Sepúlveda don Roberto, situación que afecta a señora que indica. Ministerio de Salud: -Diputado Quintana, extensión horaria de campaña de invierno en posta el Cajón de Vilcún. -Diputado García, investigación hospital de Villarrica. -Diputado Chahuán, reiteración a oficios N° 3760, 3922 y 5714; microbasurales no autorizados; fallecimiento de señora que indica. -Diputada Rubilar, madres con hijos que padecen de cáncer. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: -Diputado Correa, materia de urbanismo en las ciudades de Curicó, Linares y Talca. -Diputada Isasi, Plan Intercomunal del borde costero de Iquique. Ministerio de Planificación y Cooperación: -Diputada Isasi, proyectos adjudicados por Conadi en la Región de Tarapacá desde el 2004 a la fecha. -Diputado Paredes, irregularidades en Conadi de la Región de Arica y Parinacota. Subsecretaría de Carabineros: -Diputado Espinoza don Fidel, mejoramiento de planes de seguridad de la comuna de Fresia. -Diputado Araya, participantes en carreras clandestinas e ilegales en Antofagasta. -Diputado Delmastro, situación vivida por señor que indica de Valdivia. Superintendencia de AFP: -Diputado Kast, deudas que mantiene, por concepto de cotizaciones, la Universidad Tecnológica Metropolitana. Municipalidad de Calama: -Diputado Espinosa don Marcos, problema que afecta a transportistas escolares de Calama. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Alvarado Andrade, Claudio -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Burgos Varela, Jorge -Bustos Ramírez, Juan -Cardemil Herrera, Alberto -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Herrera Silva, Amelia -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Jaramillo Becker, Enrique -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Martínez Labbé, Rosauro -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Paya Mira, Darío -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Sule Fernando, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, también, el senador señor Jaime Gazmuri. -Con permiso constitucional estuvieron ausentes la diputada señora Isabel Allende y el señor Guido Girardi. -En misión oficial estuvieron ausente los diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca, Marcelo Díaz, Marcelo Forni, Carolina Goic, Carlos Abel Jarpa, Tucapel Jiménez y Patricio Vallespín. - II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.07 horas. El señor BUSTOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor BUSTOS (Presidente).- El acta de la sesión 31ª se declara aprobada. El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. El señor BUSTOS (Presidente).- Sobre la cuenta, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito que el proyecto de ley que “crea juzgados de Policía Local en las comunas que indica”, y que fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sea conocido por la de Gobierno Interior, por tratar materias relacionadas con las municipalidades. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, esas materias siempre han sido conocidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIONES. El señor BUSTOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de Deportes para que se le remita el proyecto que “establece un sistema de administración de sedes sociales, espacios, recintos deportivos y recreativos comunitarios”, radicado en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿Habría acuerdo? Acordado. Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas para que se le remita el proyecto, iniciado en moción, que “regula la actividad de los investigadores privados”, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ¿Habría acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHO APROBACIÓN DE PROTOCOLOS SUSCRITOS CON CANADÁ Y MÉXICO PARA ADICIONAR A TRATADOS DE LIBRE COMERCIO UN CAPÍTULO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA O COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional. El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios de los protocolos suscritos con Canadá y México para adicionar a los respectivos tratados de libre comercio un capítulo sobre contratación pública o compras del sector público, respectivamente. Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Juan Masferrer y Gastón Von Mühlenbrock, respectivamente. Antecedentes: -Mensajes, boletines Nºs. 5852-10 y 5855-10, sesión 25ª, en 7 de mayo de 2008, Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 4, respectivamente. -Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, sesión 35ª, en 5 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 7, respectivamente. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los protocolos adicionales a los Tratados de Libre Comercio celebrados con Canadá y México para incorporar a sus normas un capítulo sobre contratación pública o compras del sector público, respectivamente. Por la analogía de compromisos, propósitos y contenido normativo que presentan estos Protocolos y por razones de economía procesal ya observada en casos similares, la Comisión acordó informar los dos proyectos de acuerdo en un solo acto, sin perjuicio de las decisiones que la Sala adopte respecto de ellos, en votación única o separada. Los Protocolos no contienen disposiciones que requieran quórum especial para su aprobación y fueron aprobados por unanimidad en la Comisión. Los mensajes de los proyectos de acuerdo destacan los exitosos resultados logrados con la aplicación de los Tratados de Libre Comercio celebrados con Canadá y México. Con Canadá, se indica que en 2006, después de 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, el intercambio ascendió a 1.774 millones de dólares, lo que representó un incremento de 20 por ciento comparado con el año 2005, y de 214 por ciento respecto de 1997. Se precisa que ello se debe, en gran medida, al impulso que la aplicación del Tratado de Libre Comercio ha dado a nuestras exportaciones. La balanza comercial con Canadá muestra que en 2006 las exportaciones ascendieron a 1.292 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron a 483 millones de dólares. En el plano de las inversiones, se señala que Canadá ha sido un importante socio de nuestro país, particularmente en los últimos años, donde la inversión extranjera directa materializada pasó de 81 millones de dólares en 2005, a 1.833 millones de dólares en 2006, acumulando un total de 10,4 billones de dólares en el período 1974-2006. Con ello, Canadá se sitúa como la tercera fuente más importante de recursos en términos acumulados, con una participación de 16,4 por ciento, y como la primera fuente en 2006, con 58 por ciento, concentrándose esta inversión en el sector minero, con 70 por ciento, y en el químico, con 14 por ciento. En el caso de México, la aplicación del Tratado de Libre Comercio ha sido igualmente exitosa, ya que nuestro país registra un monto exportado de 2.293 millones de dólares en 2006, transformándose en el segundo destino de nuestros envíos a América Latina y en el noveno a nivel mundial. Este comercio bilateral es el que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento desde el inicio de los noventa: entre 1992 y 2006 se ha incrementado en más de 11 veces. En términos de inversión, según las cifras del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, México tiene una inversión acumulada, en el período 1974-2006, ascendente a 966 millones de dólares, con lo que se ha convertido en el principal inversionista latinoamericano en el país. Ambos instrumentos adicionan a los respectivos tratados de libre comercio normas relativas a la contratación pública, en el caso de Canadá, y a compras del sector público, en el de México, en virtud de las cuales se abrirán numerosas oportunidades a nuestros proveedores, con un significativo potencial. Así, Chile, en el caso de Canadá, tendrá acceso a un mercado de alrededor de 5 mil millones de dólares, y en el de México, a uno cercano a 40 mil millones de dólares anuales. Los mensajes agregan que la principal ventaja de incorporar esta normativa a los tratados de libre comercio es que los proveedores chilenos tendrán garantizada de manera permanente la posibilidad de participar en licitaciones gubernamentales del Gobierno Federal. Ambos protocolos aseguran también que la información sobre oportunidades de contratación pública y los procedimientos serán transparentes y que los proveedores chilenos tendrán acceso a un procedimiento de impugnación por organismos independientes, imparciales y que sigan un debido proceso. La cobertura acordada en ambos protocolos es amplia. Chile no sólo tendrá acceso a la totalidad de las entidades en el ámbito central, sino que, además, accederá a las adquisiciones de todas aquellas del nivel subcentral, como departamentos y municipios. Además, estos instrumentos consagran los principios del trato nacional, no discriminación y transparencia de los procedimientos de contratación; se establece la licitación pública como regla general de contratación y se reafirma el derecho a recurrir ante una autoridad jurisdiccional independiente frente a cualquier violación de los principios señalados. Después de recibir del director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Carlos Fürche, antecedentes complementarios a lo señalado, la Comisión decidió proponer a esta honorable Sala que apruebe el artículo único de ambos proyectos de acuerdo. Sin embargo, por razones de certeza jurídica, se sugiere modificar el texto de sus respectivos artículos únicos, con el objeto de precisar la cita del capítulo que se agrega a los respectivos tratados de libre comercio, en la forma en que se propone en el informe escrito que los honorables colegas tienen a su disposición en sus respectivos pupitres. Es cuanto puedo informar sobre la materia. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, paso a informar sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los Protocolos suscritos con Canadá y México para adicionar a los respectivos Tratados de Libre Comercio un capítulo sobre contratación pública o compras del sector público, respectivamente. La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por dos mensajes de su excelencia la Presidenta de la República. Asistieron a la Comisión durante el análisis del proyecto los señores Andrés Velasco, ministro de Hacienda; Alberto Arenas, director de Presupuestos; Julio Valladares, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; José Pablo Gómez, jefe de la División de Finanzas Públicas de dicha dirección; Juan Luis Monsalve, jefe de gabinete; Luis Felipe Céspedes, Rodrigo González y Juan Araya, asesores del Ministerio de Hacienda y las señoras Macarena Lobos, abogada; Edith Vásquez, asesora financiera del Ministerio de Hacienda y Jacqueline Saintard y Edith Garcés, asesoras de la Dirección de Presupuestos. La finalidad de las iniciativas es la aprobación de tratados internacionales suscritos bajo la forma de protocolos. Los referidos Protocolos tienen por objeto adicionar a los respectivos Tratados de Libre Comercio, TLC, normas relativas a contratación pública, en el caso de Canadá, y a compras del sector público, en el caso de México, en virtud de las cuales se abrirán numerosas oportunidades a los proveedores nacionales, con un significativo potencial. En el caso de Canadá, tendrán acceso a un mercado de alrededor de 5.000 millones de dólares, y en el caso de México, a un mercado de cerca de 40.000 millones de dólares anuales. Los informes financieros elaborados por la Dirección de Presupuestos con fecha 4 de junio de 2008, señalan lo siguiente: El Protocolo suscrito con el Gobierno de Canadá para enmendar el Tratado de Libre Comercio con el objeto de agregar un capítulo sobre contratación pública es adicional al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, suscrito el 5 de diciembre de 1996. El mencionado Protocolo se refiere principalmente al trato que cada parte otorgará a los bienes y servicios, y a los proveedores de bienes y servicios de la otra parte, el que no podrá ser menos favorable que el trato más favorable otorgado a los bienes, servicios y proveedores nacionales, con respecto a cualquier medida que regule la contratación pública cubierta en el capítulo que se incorpora al tratado. En consideración a lo dicho, el proyecto no tiene impacto financiero para el fisco. Por su parte, el Protocolo suscrito con los Estados Unidos Mexicanos para adicionar al Tratado de Libre Comercio un capítulo sobre compras del sector público es adicional al Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el 17 de abril de 1998. El mencionado Protocolo se refiere principalmente al trato que cada parte otorgará a los bienes y servicios, y a los proveedores de bienes y servicios de la otra parte, el que no podrá ser menos favorable que el trato más favorable otorgado a los bienes, servicios y proveedores nacionales, con respecto a cualquier medida que regule las compras cubiertas en el capítulo que se incorpora al tratado. En consideración a lo dicho, el proyecto no tiene impacto financiero para el fisco. En el debate de la Comisión, el señor Juan Araya señaló que estos protocolos tienen por objeto adicionar a los tratados de libre comercio suscritos con Canadá y México un capítulo sobre contratación pública o compras del sector público, respectivamente. Añadió que estos capítulos tienen por objeto otorgar trato nacional a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte en las licitaciones de las entidades de los gobiernos de los Estados miembros de los tratados. Este nuevo capítulo, en el caso de Chile, no modifica la situación actual, puesto que hoy un proveedor canadiense o mexicano puede participar en las licitaciones que efectúa el Gobierno a través de ChileCompra, sin ninguna restricción; pero permitirá que proveedores chilenos puedan participar en igualdad de condiciones con los nacionales en las licitaciones que realicen estos dos países, eliminándose, de esta forma, todas las restricciones que sus respectivas legislaciones actualmente establecen. Finalmente, respecto del impacto fiscal de estos protocolos, señaló que no tienen impacto financiero para el fisco, tal como lo establecen los respectivos informes financieros elaborados por la Dirección de Presupuestos. La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los referidos Protocolos por la incidencia que la aplicación de sus normas puede tener en la economía del país, al tenor de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos pertinentes y sometidos a votación los artículos únicos de los dos proyectos de acuerdo propuestos por la Comisión técnica, siendo aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. Tratado y acordado en sesión de fecha 4 de junio de 2008, con la asistencia de los diputados señores José Miguel Ortiz, quien actuó como Presidente accidental, en reemplazo del diputado señor Eugenio Tuma, quien acaba de volver luego de su accidente; René Aedo, Claudio Alvarado, Roberto Delmastro, Julio Dittborn, Enrique Jaramillo, Carlos Montes, Alberto Robles, Eduardo Saffirio, Raúl Súnico y quien habla, Gastón Von Mühlenbrock. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, así como más de alguna vez hemos hecho críticas y las seguiremos haciendo en los próximos días respecto de algunas decisiones del Gobierno o del Ministerio de Hacienda, también hay que reconocer y felicitar cuando trabajan bien. Aprovecho la discusión de los proyectos de acuerdo aprobatorios de estos protocolos suscritos con México y Canadá -en este último país está de visita nuestra Presidenta, acompañada de algunos parlamentarios- para resaltar la importancia que tienen los tratados internacionales bilaterales. Se discutió mucho si suscribíamos tratados multilaterales, como el Mercosur y otros; pero Chile prefirió firmar tratados bilaterales, que son mucho más rápidos de concretar. Es así como tenemos un tratado con la Comunidad Económica Europea, el único que por bastante tiempo tuvo dicha comunidad, a nivel mundial. Hace poco firmó otro con México. En cuanto a lo que nos ocupa, cualquier adición va a ser aprobada por el Congreso Nacional, porque con ello se incorpora un gran volumen de productos nacionales al comercio exterior. Si se analizan las cifras, incluso, el intercambio comercial y la balanza comercial se muestran favorables a nuestro país. Aún más, junto con avanzar en el ámbito comercial, también hay que hacerlo en el político, cultural y en otras áreas complementarias a estos acuerdos, como en el caso del tratado con la Comunidad Europea, donde lo comercial es sólo uno de los aspectos, pues hay una integración de voluntades política, cultural, ambiental, etcétera; hay una voluntad de trabajo en conjunto. Por lo tanto, junto con anunciar nuestro voto favorable a los proyectos de acuerdo, me parece necesario agregar que las autoridades de gobierno deben continuar en la senda de complementar los tratados de libre comercio, sobre todo en materias tributarias y previsional. Espero que se sigan adicionando cuestiones que faciliten no solo la tarea del sector empresarial, sino la de todos los ciudadanos, como corresponde al gobierno ciudadano llevado adelante por la Presidenta Michelle Bachelet. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, como dijo el diputado señor Pablo Lorenzini, sin duda éste es un proyecto positivo, orientado a extender la actividad comercial. Parece interesante que países como Canadá, México y otros requieran hoy día de servicios como los existentes, al menos, en la Segunda Región, donde hay un sinnúmero de actividades y acciones positivas en materia minera. También vale la pena analizar cómo actúa ChileCompra, no sólo a nivel internacional, sino también local. ChileCompra ha dado un paso gigantesco, por ejemplo, en minimizar los malos hábitos que se habían generado en algunos servicios, que contrataban en forma directa o hacían negociaciones que no eran transparentes. En este sentido, varios alcaldes han manifestado que ChileCompra genera problemas a nivel local. Por eso, sin perjuicio de que hoy día se está proyectando al exterior, también sería interesante analizar cómo actúa en el interior, específicamente en comunas que lidian contra esta institución para requerir servicios que, muchas veces, les salen mucho más caros que haberlos contratado en la propia región. Por lo tanto, junto con anunciar nuestro voto favorable a la iniciativa, hago hincapié en la necesidad de que las autoridades que hoy administran y coordinan ChileCompra analicen su rol en el país, a fin de que sea más accesible y contribuya al logro de resultados positivos en aquellas comunas que requieren algún servicio, pero que ahora ven aumentados sus costos. Como dije, ojalá este tipo de iniciativas prevalezcan en los acuerdos internacionales que suscriba nuestro país. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en el mundo de los tratados internacionales, sobre todo de aquellos que tienen relación con la integración económica o con prácticas comerciales, existe una serie de capítulos muy discutidos y analizados por cada uno de los países signatarios al momento de firmar los respectivos convenios, como, por ejemplo, aquellos relacionados con la solución de conflictos, con las normas de origen o con los productos y servicios ofrecidos. Pero una de las materias menos discutida en muchos de los tratados suscritos por Chile y aprobados por la Cámara en los últimos años es aquella que se conoce internacionalmente como public procurement o las compras relacionadas con el sector público o contratación pública. Dos tratados muy importantes para el país, como los acordados con Canadá y México, adolecían de esta materia; no había sido estudiada, a pesar de que existían compromisos de discutirla y analizarla, como dijo en su informe el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. Pues bien, lo que se presenta a la Sala es, precisamente, la aceptación y aprobación de esos convenios o adiciones a los actuales tratados con Canadá y con México, los cuales van a permitir acceder a mercados, en uno de los casos, en torno a los 5 mil millones de dólares, y en el otro, a los 40 mil millones de dólares; a la posibilidad de que empresas chilenas, incluso, personas naturales, accedan, con su actividad, a suministrar bienes o servicios a los gobiernos canadiense y mexicano, lo cual, sin duda, significa un impulso muy importante para nuestra economía. Es un agregado muy interesante a los tratados con esas dos naciones, con las cuales, además, tenemos el interés especial de ir profundizando relaciones a todo nivel. De hecho, en nuestros actuales tratados de libre comercio todavía hay muchas materias en las que se puede avanzar y profundizar. Nos parece muy importante anexar este capítulo, que contiene materias relacionadas con las compras del sector público, pues abre mercados y permite el desarrollo de nuevas actividades en el exterior y, al mismo tiempo, afianza y solidifica nuestra política de integración internacional y de integración comercial, lo cual es clave e indispensable para nuestro futuro desarrollo. Por todas estas razones, anuncio mi voto favorable a los proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre los proyectos de acuerdo en los siguientes términos: El señor BUSTOS (Presidente).- En votación los proyectos de acuerdo aprobatorios de los Protocolos suscritos con Canadá y México para adicionar a los respectivos Tratados de Libre Comercio un capítulo sobre contratación pública o compras del sector público, respectivamente. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. VI. ORDEN DEL DÍA RENOVACIÓN DE CRÉDITO TRIBUTARIO A INVERSIONES EN ARICA Y PARINACOTA. Modificación del DFL Nº 1, del Ministerio de Hacienda. Tercer trámite constitucional. El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el DFL Nº 1, de 2001, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de la provincia de Arica y Parinacota. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 5648-05, sesión 35ª, en 5 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 2. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que vamos a aprobar las modificaciones del Senado. Considero importante el proyecto, pues, en definitiva, se enmarca en la política sostenida por el gobierno para impulsar el desarrollo de las zonas extremas y especiales. Sin embargo, aun cuando se extienden los beneficios de la ley Nº 19.420 y se modifica el DFL Nº 1, de 2001, creo conveniente señalar que son parciales respecto de las necesidades que existen en las zonas extremas, particularmente en la Región de Arica y Parinacota. Me parece importante que el plazo para acogerse al beneficio del crédito tributario del 30 por ciento establecido en la ley Nº 19.420, llamada ley “Arica III”, se extienda hasta el 31 de diciembre de 2011, a favor de los contribuyentes que efectúen inversiones destinadas a la producción de bienes o prestaciones de servicio en las provincias de Arica y Parinacota, y que el plazo para recuperarlo se extienda hasta 2034, de acuerdo con la indicación del Senado. Además, es significativo que, tratándose de inversiones en construcción de inmuebles efectuadas en la provincia de Parinacota, el porcentaje de crédito a que se tenga derecho aumente a 40 por ciento, y que, en el caso de inversiones en la provincia de Arica, referidas a inmuebles destinados preferentemente a su explotación comercial, con fines turísticos, el crédito ascienda a 40 por ciento. En el fondo, se extienden los plazos establecidos en la ley Arica, y eso es importante. Sin embargo, lo que espera la comunidad de Arica y Parinacota es un plan especial destinado a garantizar el desarrollo de una región nueva que constituye nuestra frontera, porque allí está concentrada gran parte de las relaciones internacionales que Chile tiene con Perú y Bolivia, pero también las dificultades: los límites marítimos. El mar ariqueño tiene una extensión de 65 mil kilómetros que el gobierno peruano pretende disputar a través de la presentación hecha en La Haya, desconociendo los tratados que al respecto están firmados y que para Chile tienen plena vigencia. También está la agenda de trece puntos que hoy discuten los Gobiernos de Chile y Bolivia. No obstante, a pesar de que se trata de una zona de extrema importancia, tengo la sensación de que no se actúa con la celeridad suficiente a fin de llevar adelante el Plan Arica, para cuyo desarrollo el Gobierno ha creado un Comité Interministerial, con la misión de elaborar iniciativas más de fondo, entre ellas, la extensión de los plazos indicados en la ley Nº 19.420, que tuvo un impacto, pero no suficiente para lo que requiere el desarrollo de la región. Vamos a votar a favor las modificaciones del Senado, pero quiero hacer un llamado al Gobierno y en particular al ministro Edmundo Pérez Yoma, quien ha sido nombrado coordinador del Comité Interministerial, porque lo que se necesita es determinar que Arica sea una zona franca turística, para lo cual se requiere que el conjunto de las inversiones en turismo estén exentas del impuesto de primera categoría y se alivie también el IVA a las personas que van a Arica a realizar turismo y a invertir en la ciudad. Si queremos que la Región de Arica y Parinacota sea una zona franca turística, se deben tomar medidas muy de fondo. De otra manera, no se va a lograr, porque los inversionistas van a llegar hasta Iquique, donde existe un largo litoral, con mucha oferta y todo cuesta menos. Se requieren incentivos muy fuertes en materia de infraestructura. Hay que construir rápidamente los embalses que permitan desarrollar con mayor celeridad la agricultura; construir la canalización del río San José para que las lluvias bolivianas no impidan que las playas de Arica sean aprovechadas por el turismo. Además, es importante llevar a cabo el conjunto de las obras públicas que están planteadas. Por tanto, pido al ministro Bitar acelerar la implementación de medidas, particularmente, de aquellas que tienen que ver con dos elementos centrales: por una parte, la construcción de la carretera, en especial, el tramo chileno entre Arica y Tambo Quemado -no podemos decir que Arica se verá beneficiada por corredores bioceánicos si no somos capaces de pavimentar en condiciones internacionales la ruta Arica-Tambo Quemado- y, por otra, me parece esencial llamar a licitación para reconstruir el ferrocarril Arica-La Paz. Hay un conjunto de temas que los diversos actores, como la Cámara de Comercio, la Cordap, la universidad, el gobierno regional, encabezado por el intendente; el Core, han planteado al Gobierno, pero creo que hay retraso en la formulación del plan especial para Arica. Por eso, hago un llamado al Gobierno a concretar dichas medidas, para lo cual es indispensable que se discuta con la comunidad y se anuncie rápidamente; además, que se dé mayor celeridad a las inversiones en una Región que representa nuestra frontera norte y donde existen demasiadas dificultades. Sólo quiero entregar un dato. En los últimos diez años, la población de Arica ha decrecido en 15 mil habitantes; en cambio, Tacna, ha duplicado su población. Hoy tiene 450 mil habitantes y se hacen fuertes inversiones. También se da la tendencia de que las personas, que trabajan y ganan en Arica, compran en Tacna. Queremos revertir esta situación, para lo cual, mucho más que confirmar y ampliar los plazos de la ley Nº19.420, que son importantes, se requiere de instrumentos más poderosos que potencien a la Región de Arica y Parinacota y fortalezcan la soberanía del país. La globalización no se da sólo con una mayor presencia militar y tecnológica en la frontera, sino con mayor desarrollo, empleo, inversiones y capacidad para brindar condiciones de vida y oportunidades mejores a la gente de esta Región, que es la frontera del país y representa la soberanía norte de Chile. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, el proyecto en debate tiene enorme importancia. Lo que hacemos aquí es extender una serie de beneficios que esta misma Corporación, a propuesta del Ejecutivo, concedió en su momento a Arica como zona clave para el desarrollo del país y que debe ser potenciada por su importancia estratégica. En las últimas horas hemos visto la absoluta necesidad de hacer un esfuerzo especial como país hacia nuestras zonas extremas; en este caso, Arica. Hace menos de un mes lo hicimos respecto de Chiloé continental y la Undécima Región; también hemos visto la necesidad de desarrollar todos los programas en la Antártica y la importancia estratégica futura y actual de la Patagonia en relación con nuestros vecinos. Con algunas pequeñas modificaciones en su aplicabilidad, es fundamental lo que se propone: extender en el tiempo los beneficios especiales para las provincias de Arica y Parinacota que se entregaron en su momento por la ley Arica, tanto para acogerse a los programas de inversión que permiten obtener el crédito tributario y el crédito fiscal como para su validación contra los resultados y, en consecuencia, para su utilización. Nos parece que esto es muy importante, ya que son necesidades básicas de Arica y Parinacota, una zona extrema. No obstante, no nos parece suficiente el esfuerzo en inversión, en infraestructura, en empuje y desarrollo, en algunas iniciativas en materia turística, tanto en uno u otro extremo del país, como el efecto en general de beneficios hacia la población, en materia de IVA e impuestos personales, para favorecer -como se hace en algunos países- a las personas que se van a vivir y a trabajar a las zonas extremas. Todas son medidas que todavía no se han implementado. Lo que hace el proyecto es extender el beneficio del crédito tributario en su esencia, con algunas modificaciones menores en su aplicación. Lo que también nos parece necesario es hacer exactamente esto mismo, como un espejo, con la ley que se conoce como Plan Austral, que también vence a finales de 2008. La misma necesidad que tiene Arica, en cuanto a extender estos beneficios en el tiempo, las tienen Magallanes y la Antártica chilena. Por la tremenda importancia que significa para una región clave desde el punto de vista de nuestro desarrollo futuro, de nuestros intereses estratégicos y, al mismo tiempo, afectada por situaciones complejas, como la inadecuada e incorrecta pretensión peruana de extenderse hacia el mar chileno que hoy rodea las costas de Arica, resulta indispensable la aprobación del proyecto, a la vez que instamos al Gobierno a otro tipo de iniciativas que tengan un claro efecto reactivador y de apoyo estratégico a provincias tan importantes para el futuro de nuestro país como Arica y Parinacota. Por todo esto, vamos a votar favorablemente la iniciativa. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, comprendo la preocupación del diputado Leal, ya que él conoce mucho el norte y eso nos ayuda también a conocer más lo que tiene esta nueva Región de Arica y Parinacota. Y le agradezco que nos entregue sus datos sobre las buenas intenciones que se tienen para futuros proyectos de ley en favor de esta nueva región. Pero me pregunto también qué significa la extensión del plazo; me parece un tanto extraño. En realidad, no participé en la discusión del proyecto en la Comisión, porque no pertenezco a ella. Me habría gustado preguntarle al diputado Antonio Leal -veo que ya no está en la Sala-, que conoce muy bien lo relacionado con las nuevas regiones, en este caso, Arica y Parinacota, hacia dónde apunta la ampliación del plazo, de 2030 a 2034, para la recuperación del crédito. Es una de las modificaciones del Senado y, como digo, una de las dudas que tengo sobre la materia. Quiero aprovechar esta oportunidad en que se trata un proyecto relacionado con las nuevas regiones, en este caso, Arica y Parinacota, para referirme a la Región de Los Ríos. Hace algunos días, conversaba con las autoridades sobre el problema que afecta a las empresas forestales que han debido cerrar y, por lo tanto, despedir a sus trabajadores. En su momento, también se habló de incentivos tributarios que deben ser conferidos mediante ley. Esa base que siempre tuvo Arica y que ahora se hace extensiva a Parinacota también dará pábulo para decir que sólo cuando las regiones comienzan a tener problemas económicos y un porcentaje de cesantía superior a los dos dígitos, quienes las representamos empezamos a preocuparnos de ellas. Por lo tanto, sólo tengo una duda relacionada con la extensión del plazo. Pero me siento muy agradado de haber escuchado a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, que tienen gran conocimiento de la nueva Región de Arica y Parinacota. Es muy difícil que los sureños sepamos mucho del norte del país; sin embargo, hay diputados que estamos interesados en esa región por diversas razones, una de las cuales dice relación con los problemas limítrofes con nuestros hermanos peruanos y bolivianos. Por eso, considero que las modificaciones del Senado deben ser aprobadas. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, es necesario que la Cámara realice una profunda reflexión sobre el sentido y la razón por la cual aprobamos proyectos de ley relacionados con distintas materias, entre otras, sociales, económicas y culturales. Este correlato de materias, que es la sustancia, origen y fin de nuestro desempeño, en ningún momento debe estar relativizada por otro objetivo que no sea lograr el bien común de la sociedad, observando el mayor desarrollo e igualdad para los grupos temáticos, sectoriales o con distintas características territoriales. Arica y Parinacota, hoy convertidas en región, se encuentran en una situación que podríamos calificar de depresión económica por más de veinte años, estructural y de largo plazo, que lamentablemente no ha podido ser revertida con ninguna de las herramientas de intervención pública que los sucesivos gobiernos de la Concertación han implementado sin éxito y con una cuestionable, a estas alturas, cantidad de recursos económicos que, finalmente, suman varios cientos de millones de dólares. En esta lógica, la continuación del crédito tributario aparece como una herramienta poderosa y, quizás, como la única decisión acertada que la Concertación ha tomado, dentro de una política de Estado, integrada en las leyes Arica I y Arica II, donde los demás instrumentos, de una u otra manera, por falta de infraestructura pública, de gestión o por la incapacidad de los servicios públicos para ponerse de acuerdo a la hora de homologar criterios o, simplemente, porque la letra y el espíritu de la ley nunca pasaron a la acción, lamentablemente, Arica y Parinacota exhiben el mayor índice de cesantía a nivel nacional -según cifras oficiales-, con más de 10 mil personas sin trabajo, ni para ellas ni para sus familiares, que ni siquiera pueden visualizar una plaza de trabajo a futuro. A esto debemos sumar la crisis ocasionada por el cierre de la planta de la General Motors. Estamos aquí para votar las modificaciones del Senado a la ley Nº 19.420, con varios meses de atraso y con profundas inexactitudes a nivel de desarrollo teórico y de análisis del marco estratégico para la correcta inserción de la nueva región dentro de una potente y competitiva estrategia nacional e internacional. En primer lugar, la modificación de dicha ley parte por ampliar el período en el cual los contribuyentes podrán acogerse al beneficio del crédito establecido, de 2008 a 2011. Esta modificación, supuestamente, permitirá que las empresas tengan, en la práctica, tres años para informar sobre sus inversiones. Me pregunto, basados en la lógica de la teoría de la localización, que primero debe contener la idea y el convencimiento de los inversionistas o la búsqueda de fuentes de financiamiento, análisis y decisión de la localización, ¿qué gran proyecto podremos desarrollar en estos territorios, cuando hoy no podemos competir con los que se encuentran al lado nuestro, porque ofrecen similares y mejores ventajas al empresario, pasando por las distintas etapas de ingeniería, autorización, impacto ambiental y aspectos legales? Al final, a una empresa le cuesta mucho llegar a Chile e implementar todo esto en un lapso de tres años, de manera que tenga real incidencia en lo que nosotros esperamos. Necesitamos inversiones en Arica que ayuden a modificar la realidad productiva de la zona, y para ello no nos sirve el límite de 2011. Así se lo hice saber al ministro de Hacienda, Andrés Velasco. En segundo lugar, en el proyecto se establece un mecanismo que permite que para los años 2008 y 2009 se pueden presentar inversiones hasta por mil unidades tributarias, para luego subir el piso, en 2011, a 2 mil unidades tributarias. Cabe preguntarse, ¿cuál es la lógica de esta decisión, cuando supuestamente el discurso de la Concertación es pro pyme, pero aquí les estamos quitando? En la práctica, para las cientos de micro y pequeñas empresas de Arica no sirve de nada. Nuevamente, presenciamos señales erráticas que en nada ayudan a orientar la decisión de un inversionista por Arica y Parinacota. Más bien parecen medidas que el nivel ejecutivo ha puesto sobre la mesa para nuestro análisis, más por obligación que por la convicción de que la responsabilidad del Gobierno de la Concertación es permitir que el Estado, a través de instrumentos serios y responsables, persiga y promocione el bien común; en este caso, el de cientos de miles de ciudadanos de Arica que esperan y seguirán esperando una real política de Estado que nos saque del hoyo en que estamos metidos desde hace más de una década. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes. El señor PAREDES.- Señor Presidente, las provincias de Arica y Parinacota convocan hoy la atención de la Cámara de Diputados, a propósito de algunos incentivos tributarios que se conceden en favor -así lo dice el proyecto- de su desarrollo. Hay que decir que se trata de instrumentos de larga data, conocidos con ocasión de las leyes Arica I y Arica II. Asimismo, son conocidos los resultados de estas normas, que en su momento fueron aprobadas por el Congreso Nacional para potenciar el desarrollo de esas provincias. Pero la verdad es que no han resuelto absolutamente nada. El abandono del altiplano chileno se debe a que los jóvenes emigran a estudiar a las universidades de las grandes ciudades del país y después, obviamente, no retornan a contribuir al desarrollo de la zona en la cual sus ancestros han vivido durante siglos. Por cierto, la falta de oportunidades para los jóvenes del altiplano no se resuelve con este tipo de medidas que, a lo más, expresan cierta voluntad política de entregar algún tipo de instrumentos para el desarrollo de la industria y de la economía de la Decimoquinta Región. Es importante insistir aquí en las decisiones y medidas de Estado que deberían tomarse para potenciar, fundamentalmente, el desarrollo del norte, en el contexto de la ubicación estratégica de Arica, por razones de Estado y geopolíticas, que hoy son convocadas por muchos a propósito de algunos incidentes ocurridos en el último tiempo en la frontera con el Perú. Quiero aprovechar la oportunidad para corregir alguna información de prensa sobre el último de los incidentes en la frontera con el Perú. No fue sólo un camión militar peruano el que cruzó la frontera, fueron tres vehículos los que lo hicieron. Eso no se ha dicho en ninguna parte. Dos se devolvieron, uno pasó con armamento y cruzó la frontera de vuelta. Digo esto para resaltar las especificidades de la zona, que no es una región como cualquiera otra del país, sino la única región de Chile que tiene fronteras con dos países con los que alguna vez tuvimos un conflicto bélico. Hay que destacar las medidas de Estado adoptadas por los países vecinos, como la zona franca, la Zotac, que creó Fujimori en Tacna, dejando a Arica como el jamón del sandwich entre ésa y la zona franca de Iquique, potenciada en el gobierno militar. Debo decir, con claridad, que los hechos han demostrado porfiadamente que las leyes del mercado no resuelven el problema económico en una zona con las limitaciones de Arica y Parinacota. Hasta el más recalcitrante defensor de la economía de libre mercado reconoce que cuando el mercado no es capaz de resolver el desarrollo, el Estado debe asumir un rol protagónico, sobre todo en el caso de Arica y Parinacota, zona estratégica del país, que debe ser protegida. Las razones están a la vista: dos Comisiones de la Cámara de Diputados irán a Arica en los próximos días, por los mismos temas: el camión militar, el faro que delimita el límite marítimo con el Perú, echado abajo hace un tiempo por los peruanos. Así, podríamos mencionar muchos de los vaivenes de las políticas de los países vecinos, Bolivia y Perú, que afectan, directa o indirectamente, el desarrollo de Arica y Parinacota. Estamos hablando de una zona estratégica de nuestro país. Arica debería estar en el corazón de todos los chilenos, en el de las autoridades de nuestro país y en el de cada uno de los parlamentarios. Necesitamos medidas de Estado en Arica; no oportunismos electorales. Hoy, todos nos quieren y muchos nos visitan regularmente. Van a los desfiles e, incluso algunos, hasta a los funerales. Pero se acuerdan de Arica en tiempos en que se aproxima una elección, porque a través de la historia se ha hecho bastante poco por la zona. Hay que resaltar, por ejemplo, la contradicción que implica la preocupación por Arica y su desarrollo, ya que aún no existe circunscripción senatorial, porque mezquinos intereses electorales han impedido que en el Senado de la República se reconozca a esta región, que se pretende potenciar para enviar un mensaje a los países vecinos. Reitero, por mezquinos intereses electorales se le niega la posibilidad de contar con una circunscripción senatorial. Eso habla por sí solo y da testimonio de lo que significan las medidas paliativas que propone el proyecto, que son pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana o pasado habrá que insistir, esperar y volver a hacer lobby y andar como pordioseros detrás de los distintos ministros de Hacienda, consiguiendo beneficios que son de toda justicia para la zona de Arica, su gente y las empresas que hacen patria en la zona norte. Existe carencia absoluta de una mirada de Estado para entender que es necesario potenciar, con decisiones de Estado, con instrumentos de Estado, el desarrollo de una zona fronteriza. Potenciar y proteger a la zona no significa tener tanques ni cañones apuntando hacia el otro lado de la frontera. En el mundo moderno las fronteras se protegen con desarrollo, con un gran asentamiento humano, con empleo, con buena calidad de vida, con agua, con una gran población. Con estas medidas no resolvemos nada, porque la cantidad de personas que van a trabajar a las mineras de Antofagasta y de Iquique es cada vez mayor, porque en Arica no se puede desarrollar la minería, debido a la protección de las áreas del Parque Lauca. La General Motors es el mejor testimonio de lo que señalo. Por años se estuvo subsidiando a una empresa transnacional que, en definitiva, se va por cautelar sus intereses, que ha cerrado en otros lugares del mundo y que también está cerrando en Arica, dejando cesantes a más de 400 trabajadores. Quiero hablar de la pesca artesanal y de cómo nuestras disposiciones obligan a asumir vedas que nos perjudican, porque en Perú, que está después de la línea imaginaria del mar, no existe veda. Entonces, los cardúmenes se pasan de un lado al otro y allí se puede pescar libremente. Por lo tanto, nuestros pescadores artesanales les están protegiendo la pesca a los peruanos. Ésa es la verdad, pero nadie se hace cargo de eso en nuestro país. No se adoptan las decisiones para impulsar el desarrollo de Arica. He puesto ese ejemplo, porque es muy claro y decidor. En el norte de nuestro país no debería haber veda si no hay veda en el Perú, porque genera un perjuicio directo a la economía de Arica. Quiero hacer un llamado a entender que Arica y Parinacota son una zona distinta, que es necesario proteger. Para terminar, quiero hacer una aclaración, porque la memoria es frágil. La diputada Ximena Valcarce ha culpado de la depresión de Arica a los gobiernos de la Concertación. Se olvida que el gobierno militar, que ella apoyó con tanto entusiasmo, en 1974 estableció que la zona franca se instalara en Iquique, en desmedro del desarrollo de Arica. Fue el general Pinochet el que tomó la decisión de dejar sin ese instrumento, creado para desarrollar globalmente, en conjunto y en forma armónica, la región de Arica y Parinacota con Iquique. Ésa es la verdad. Efectivamente, hay un beneficio directo para Iquique y un perjuicio directo para los intereses de Arica con la zona franca. Para Arica se dejó una zona franca industrial que nunca ha funcionado, que no ha dado resultado alguno. Otra cosa que debo señalar a la diputada Valcarce es que el famoso modelo económico que impera en nuestro país también lo instaló el general Pinochet durante la dictadura. Nos guste o no nos guste, puede que en muchas cosas haya resultado, pero para proteger la frontera del norte no resultó, porque con la economía de mercado no se resuelven los problemas de seguridad nacional en el norte, en Arica y Parinacota. El despoblamiento de Parinacota lo pone de manifiesto. De eso tenemos que hacernos cargo. Obviamente, apoyaré la iniciativa, pero dejo constancia de que las medidas propuestas son paliativos que no resuelven absolutamente nada. Esperamos que el Estado de Chile se ponga las pilas y, de una vez por todas, asuma que Arica y Parinacota necesitan instrumentos especiales para su desarrollo, de manera de garantizar la seguridad nacional en el norte del país. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, al margen del entendible apasionamiento o desapasionamiento de los discursos, quedan algunas cuestiones macizas por plantear en el debate. Apoyo el proyecto, largamente esperado, como han dicho los dos diputados de la zona. Sin duda, esto es un paliativo, pero significativo, pues aliviará la carga económica de la comunidad. Pero eso no es todo. Si vamos a hacer historia, hagamos historia. Los chilenos debiéramos tener conciencia de que el último gobierno que se preocupó efectivamente, de manera decisiva y trascendente por la situación geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de Arica, fue el de don Carlos Ibáñez del Campo, hace muchos años, en la segunda mitad del siglo pasado. En ese sentido, ese gobierno fue visionario, pues tomó la decisión de invertir en Arica. Muchas de las actividades que aún están vigentes en Arica son consecuencia de esa decisión. El Estado de Chile, la comunidad nacional, decidió invertir en Arica y Parinacota, por una cuestión de soberanía, lo que parece absolutamente lógico. De ahí en adelante, historias más, historias menos, los sucesivos gobiernos, de todas las tendencias, se fueron despreocupando de Arica. Al respecto, sólo voy a dar un dato. El último ministro de Hacienda que visitó Arica y Parinacota fue Hernán Büchi. Nunca más ha ido un secretario de esa Cartera a Arica. Es cierto que ha habido decisiones interesantes, como la creación de la provincia de Parinacota durante el gobierno militar, que por supuesto apoyé. Fue una medida buena y lógica desde el punto de vista de la descentralización territorial y funcional del poder, pero se quedó ahí no más por la falta de decisión de invertir en una viga maestra de desarrollo. En la actualidad, ¿quién se atrevería a no aplaudir la creación de la Decimoquinta Región de Arica y Parinacota durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet? Se trata de una medida buena, correcta e importante. Pero esa región seguirá siendo de segunda, tendrá un desarrollo sin vuelo, sin alas, si no va acompañada de un plan maestro de desarrollo y de la determinación de invertir en la búsqueda de ventajas geoespaciales, aprovechando su característica de puerto más cercano al Canal de Panamá, su posición geopolítica relevante como puerta de salida de la producción del sur peruano, de Bolivia y del sudeste brasileño. Ahí hay que empezar a actuar y a decidir. Las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados sesionarán en Arica, capital de la Decimoquinta Región. Es una decisión importante que ha sido vista con suspicacia. Entiendo las críticas del gobierno peruano, pues le gustaría que Chile se retirara de Arica y que la línea de la Concordia fuese corrida a la Quebrada de Camarones. Es lógico, pues están defendiendo legítimamente sus intereses. Lo que no acepto es que esa suspicacia peruana vaya a permear a la opinión pública chilena y le cree situaciones de hipersensibilidad y de alguna manera se deje pautear. Vamos a sesionar con la Intendencia, con la Gobernación, con las Fuerzas Armadas, con todas las organizaciones del Estado para realizar un trabajo prolijo, minucioso, responsable e inteligente, con el objeto de buscar la mejor manera de proteger el interés chileno en esa región, que debe ser la obligación central de cualquier connacional, más aún si está investido de autoridad, como los diputados que asistiremos a esa sesión conjunta. Nuestra bancada apoya el proyecto, pero como se dijo, al margen de los tonos, está pendiente una gran decisión, un proyecto de Estado para el desarrollo en serio de Arica y Parinacota, que es la región que nos defiende, es la proa de nuestro crecimiento hacia el imperio norte. No debemos olvidarla, porque fue importante, lo es y lo seguirá siendo para el desarrollo de nuestra nacionalidad y para la defensa del interés chileno en el exterior, tarea en la que esta generación debe perseverar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, aclaro que mi intervención no está animada por ningún tema electoral futuro. El señor MONTES.- ¡Por ahora! El señor DITTBORN.- No, porque ya tuve una participación electoral fallida en Arica e Iquique; de manera que no tengo interés en repetirla. Sólo por el conocimiento que tengo de la Región Decimoquinta, voy a decir un par de cosas. En primer lugar, todos estamos de acuerdo en que Arica es una zona económicamente deprimida. No hay muchas cifras que puedan atestiguarlo, pero, por ejemplo, la última medición del desempleo, efectuada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, del trimestre febrero a abril de este año, indica que la tasa de desempleo de la Decimoquinta Región fue de 13,7 por ciento, es decir, un 6 por ciento por sobre la tasa nacional promedio -casi el doble- que, en el mismo período, fue de 7,6 por ciento. Esa cifra, sostenida en el tiempo, indica su precariedad económica. En segundo lugar, según el INE, la presencia de pymes registra el porcentaje más bajo a nivel regional, es donde hay menos emprendimiento y empresas pequeñas, que son las que generan más empleo. En definitiva, existe una situación de depresión económica. La pregunta es qué hacer al respecto. Este proyecto propone más de lo mismo, más de lo que se ha hecho por muchos años y que no ha dado resultado. Arica no ha tenido un cambio importante con la aplicación de las iniciativas elaboradas por la Concertación. Reconozcámoslo, porque es importante reconocer los fracasos para enmendar rumbo. ¿Qué hacer, entonces? Miremos la historia. ¿Cuándo Arica y Parinacota fueron regiones prósperas? Durante la existencia de la Junta de Adelanto de Arica, allá por la década del 60, que significó una fuerte actividad industrial y menos Estado, al revés de lo que afirmaba el diputado Paredes. La Junta de Adelanto declaró zona de libre comercio a Arica, eliminó los aranceles aduaneros y todas las trabas al comercio internacional. En una época en que Chile era un país muy protegido, muy cerrado al comercio, esa zona se convirtió en un polo de desarrollo. Todos nos acordamos de la época del nylon y de las empresas textiles y metalmecánicas que se instalaron allí gracias a la eliminación de los aranceles aduaneros y la importación de insumos baratos, pues no pagaban impuestos. Hoy, no se puede repetir esa fórmula, no tendría sentido, porque Chile tiene abiertas sus fronteras al comercio. Sin embargo, se podrían abrir en Arica, pues tenemos un arancel promedio de 6 por ciento y si incorporamos los tratados de libre comercio, bajaría a 3 por ciento. De manera que no tendría sentido impulsar el desarrollo de Arica en base a la estrategia que se realizó en los años 60. El desarrollo de Arica no se logrará con la aplicación de más proyectos estatales o más Estado. ¿Qué debería hacerse hoy? Nuevamente, no tener más Estado. Habría que declarar a las regiones extremas Duodécima y Decimoquinta como zonas francas de impuestos. Habría que eliminar todos los impuestos, el IVA, que es muy dañino para el comercio, cobra 19 por ciento por cada transacción, y el impuesto a la renta de las empresas y de las personas. También habría que hacer dos zonas libres de impuestos -una en cada extremo-, zonas francas tributarias, no de aranceles, porque como se disminuyeron en todo el país, no tendría ningún sentido. Esta medida no representaría gran costo porque son zonas bastantes deprimidas. Creo que significan un porcentaje del producto interno bruto bastante pequeño. Pero esa determinación constituiría un poderosísimo estímulo. El riesgo que trae la instalación de zonas francas es el contrabando, o sea, que se trajeran productos al centro del país sin pagar IVA, por ejemplo. Hay que controlar eso mediante Aduanas. Ahí aparece un importante rol del Estado. Eso representaría un poderosísimo estímulo. No sería caro y el Estado cumpliría un importante rol de control. Lo relevante es entender que para lograr el desarrollo de esas zonas con empresas reales no son necesarios más planes estatales de este tipo, por cuanto quienes proveerán de nuevos empleos y sustentarán el desarrollo serán los privados, con los estímulos adecuados, como la creación de una zona franca libre de impuestos. Estas medidas se traducirían en una menor presencia estatal, menos impuestos y mayor desarrollo de las empresas del sector privado. Soy pesimista. En mi opinión, el proyecto no importará cambios de relevancia para la Región de Arica y Parinacota. Para ello -repito- se requiere de una verdadera zona franca tributaria, lo que también es válido para la zona extrema sur. Por su parte, el Estado debe crear las condiciones para evitar el contrabando a otras zonas del país. Se trataría de una zona franca libre de IVA y de impuesto a la renta a las empresas y a las personas, lo que generaría dos poderosos polos de desarrollo que tendrían impacto en la seguridad nacional, por cuanto las zonas se poblarían de modo significativo. Hago un llamado a la Concertación para que medite en este tipo de medidas y no en las medidas parche a que estamos acostumbrados. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, desde el punto de vista de la defensa nacional y de las relaciones exteriores, Arica es una ciudad política, económica y estratégicamente importante para Chile. El gobierno debe tomar medidas con el objeto de preservar y realzar esa importancia. Esto es válido también para la zona extrema sur. Se trata de regiones cuyos habitantes se sienten aislados y discriminados en relación con los beneficios que se otorgan a la zona central. La discusión del proyecto coincide con la decisión de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa de sesionar en Arica el próximo viernes en la tarde, oportunidad en la que tomaremos contacto con las autoridades locales, municipales, provinciales y regionales. En particular, nos interesa conocer el sentimiento de las fuerzas vivas de Arica. Hemos invitado a la sesión a las organizaciones gremiales, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo, a la pequeña y mediana industrias y a las organizaciones funcionales y sociales, con el objeto de interiorizarnos a cabalidad respecto de sus problemas, de las situaciones que enfrentan y de qué forma el Congreso Nacional puede contribuir a enfrentarlas. No es menor que existan necesidades que no estén satisfechas debidamente. La importancia de la Región de Arica y Parinacota, recientemente creada, radica en un hecho que no podemos soslayar, incluso desde la perspectiva de la seguridad territorial: en esa ciudad fronteriza se concentra parte importante de nuestro material bélico y de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por tal razón, necesitamos dar un impulso a la región que permita aumentar la presencia de ciudadanía chilena en la zona, tan importante desde el punto de vista político y estratégico. Independientemente de la discusión relacionada con el proyecto, es menester establecer todos los incentivos, efectuar todas las inversiones y dar todas las facilidades necesarias para que Arica mantenga la importancia que merece en el ámbito de la defensa y de las relaciones exteriores. Luego de efectuada la sesión en Arica, informaremos de los resultados obtenidos en las conversaciones llevadas a cabo con las fuerzas vivas de la ciudad, a fin de representar al Gobierno nuestra preocupación por el posible aislamiento a que podrían estar expuestos sus habitantes. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes. El señor PAREDES.- Señor Presidente, sólo deseo aclarar algunos dichos del diputado señor Dittborn. En efecto, el principal instrumento de desarrollo de Arica en su historia fue la Junta de Adelanto. El diputado Dittborn omitió decir que buena parte de los impuestos recaudados se destinaban a inversiones públicas, lo que permitió la construcción del Estadio Carlos Dittborn y otras grandes obras, y que dicha Junta fue disuelta en una época que no queremos recordar. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos. El señor BUSTOS (Presidente).- En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.420, que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votó por la negativa el diputado señor Bertolino Rendic Mario. El señor BUSTOS (Presidente).- Despachado el proyecto. BENEFICIOS A DEUDORES DE CRÉDITO UNIVERSITARIO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERADOS EN COMUNAS DE MENOR DESARROLLO. Segundo trámite constitucional. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país. Diputada informante de la Comisión Especial de la Juventud es la señora Karla Rubilar. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín Nº 4237-04 (S), sesión 24ª, en 9 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta N° 3. -Primeros informes de las Comisiones Especial de la Juventud y de Hacienda, sesión 33ª, en 3 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta N°s 18 y 19, respectivamente. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Entregará el informe la señora Ximena Valcarce. Tiene la palabra su señoría. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, en representación de la Comisión Especial de la Juventud, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país. 1.- Idea matriz o fundamental del proyecto: a) Aliviar la carga financiera de los profesionales y técnicos que hayan solventado sus estudios a través del crédito solidario contemplado en la ley Nº 19.287 o mediante el crédito con garantía estatal que indica la ley Nº 20.027. b) Generar un incentivo para que profesionales y técnicos jóvenes presten sus servicios en las comunas con menor desarrollo del país. c) Apoyar el desarrollo social y productivo local, con capital humano calificado en funciones claves de la gestión. 2.- Normas de quórum especial: No existen normas en tal carácter. 3. Trámite de Hacienda: De acuerdo con lo prescrito en el Nº 5 del artículo 289 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el proyecto debe ser conocido por esa Comisión por incidir en materia presupuestaria y financiera del Estado. 4. Votación general del proyecto: La Comisión lo aprobó en general, por la unanimidad de las señoras diputadas y señores diputados presentes, Juan Lobos, Karla Rubilar (Presidenta), Jorge Sabag y quien habla. 5. Artículos e indicaciones rechazadas: No hay. 6. Enmiendas introducidas en la discusión particular al texto aprobado por el honorable Senado: Las modificaciones obedecen a una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, aprobada por la unanimidad de la Comisión. 7. Diputada informante: Se designó a la Presidenta de la Comisión, señora Karla Rubilar, quien por problemas de salud no ha podido rendir el informe. I. Antecedentes generales 1. Fundamentos del mensaje. La iniciativa presidencial se basa en la necesidad de que las comunas puedan revertir el centralismo que aún existe en el país a pesar de los importantes pasos dados en los últimos 15 años. Destaca que para dar un salto al desarrollo, deben disponer del recurso más valioso, el humano, que aporte su conocimiento en cargos de gestión. Como una forma de lograr lo anterior, el proyecto crea incentivos para fomentar que profesionales y técnicos jóvenes desempeñen funciones claves para el desarrollo social y productivo de las distintas localidades más rezagadas del país. Los incentivos señalados dicen relación con aliviar la carga económica de los profesionales y técnicos jóvenes que hayan cursado sus estudios superiores financiados por el crédito solidario universitario regulado en la ley Nº 19.287, o a través del crédito para estudios de educación superior a que se refiere la ley Nº 20.027. 2. Contenido. El proyecto se compone de ocho artículos permanentes que, en síntesis, disponen lo siguiente: Beneficiarios. Los beneficiarios en el mensaje son los profesionales y técnicos deudores de crédito universitario de la ley Nº 19.287 o del préstamo con garantía estatal de la ley Nº 20.027, que presten servicios remunerados en las municipalidades, corporaciones y fundaciones municipales o asociaciones municipales, correspondientes a comunas con menores niveles de desarrollo del país, definidas según el reglamento respectivo, y dando preferencia a aquellas con poblaciones menores a 25 mil habitantes. Beneficio. Recibir el equivalente al valor de la cuota anual del crédito, o la cantidad pagada del crédito durante el año anterior, según corresponda, por cada año de servicio que preste en una de las instituciones beneficiadas. Este beneficio presenta dos topes: uno temporal, pues se establece un máximo de tres años, y otro relacionado con el monto, de 16 unidades tributarias mensuales, UTM, del mes de diciembre de cada año. (A diciembre de 2007, equivalía a 547.552 pesos). Si los servicios se prestan durante tres años de manera ininterrumpida, se recibirá un monto adicional durante el último año, equivalente a tres veces el valor anual de la cuota del crédito correspondiente o de la cantidad pagada el año anterior, según corresponda. Este beneficio tiene un tope de 48 UTM. (A diciembre de 2007, equivalía a 1.642.656 pesos). Requisitos. Son condiciones necesarias para constituirse en beneficiario de este proyecto de ley, de acuerdo a lo señalado en el mensaje: 1. Ser profesional o técnico titulado y deudor de crédito universitario de la ley Nº 19.287 o del préstamo con garantía estatal de la ley Nº 20.027. 2. Haberse titulado en una institución de educación superior autónoma y reconocida oficialmente por el Estado. 3. Encontrarse al día en el pago de sus cuotas de crédito y mantener esa condición durante el período en que se presten los servicios. 4. No haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de titulación, al momento de incorporarse a alguna de las instituciones comprendidas en el número siguiente. 5. Prestar servicios remunerados en una municipalidad, corporación y fundación municipal, asociación municipal o en corporaciones o fundaciones que presten funciones de apoyo a los municipios en el ámbito social o productivo, en comunas con menor nivel de desarrollo, con preferencia en aquellas con población inferior a 25 mil habitantes. Control, pago y vigencia. Corresponderá al Ministerio del Interior, a través de las intendencias regionales respectivas, verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la ley y su reglamento. El Servicio de Tesorerías pagará los beneficios luego de haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos. La ley de Presupuestos respectiva determinará el número máximo de beneficiarios por año, y a través de decreto supremo del Ministerio del Interior, visado por el Ministerio de Hacienda, se determinará anualmente los beneficiarios por región, sin que pueda ser superior al 15 por ciento del total de beneficiarios por año. El proyecto de ley concedía originalmente vigencia a ese beneficio a partir del 1 de enero de 2007 y lo hace extensivo por cinco años. Durante el estudio de la iniciativa, concurrieron a la Comisión el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor Julio Castro; el presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Feuc, señor Felipe Betancourt; el consejero superior de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Feuc, señor Diego Schalper; el consejero territorial de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Feuc, señor José Manuel Castro; el consejero territorial de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Feuc, señor Diego Pavez; la integrante de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Feuc, señorita Carolina Zaror, y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, señor Jaime Zamorano. Asimismo, asistieron el abogado de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor Cristián Inzulza; el jefe de la división de municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Samuel Garrido; el abogado asesor de la misma Subsecretaría, señor Álvaro Villanueva; el jefe de estudios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor Jorge Rodríguez, y el abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Claudio Radonich. La Comisión, luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de los representantes de las instituciones anteriormente individualizadas, que permitieron a sus miembros conocer en mejor forma el proyecto en informe, procedió a aprobar la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señoras Rubilar y Valcarce, y señores Lobos y Sabag. En cuanto a la discusión particular, la Comisión aprobó por la unanimidad de sus integrantes presentes (señoras Rubilar y Valcarce, y señores Lobos, Monsalve y Sabag) los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º y 7º, en los mismos términos propuestos por el honorable Senado. Respecto de los artículos 3º y 8º, el Ejecutivo se hizo cargo de las aprensiones manifestadas en el debate y presentó una indicación sustitutiva en la forma que se indica en el informe. El proyecto consta de ocho artículos. Su artículo 8º establece que “Lo dispuesto en esta ley se aplicará a contar del 1 de enero de 2009, y tendrá una vigencia de cinco años a contar de esa fecha. Durante el tercer año de vigencia de la ley, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con el Ministerio de Educación, evaluarán su efecto en fomentar que profesionales y técnicos jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país, informando los resultados al Congreso Nacional”. Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes, en las sesiones celebradas los días 11 y 18 de diciembre de 2007; 8 y 15 de enero, y 4 de marzo de 2008, con la asistencia de las diputadas señoras Karla Rubilar (Presidenta) y Ximena Valcarce, y de los diputados señores Juan Lobos, Iván Moreira, Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez, Fulvio Rossi y Jorge Sabag. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto en estudio. Debido a que el informe de la Comisión técnica fue bastante completo, voy a limitarme a los aspectos modificados por la Comisión de Hacienda. El objetivo de la iniciativa es incentivar el desempeño de funciones de profesionales y técnicos jóvenes en aquellas comunas especialmente rezagadas, aliviando la carga financiera derivada del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 o del crédito para estudios de educación superior de la ley Nº 20.027, con que hayan financiado sus estudios. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 3 de marzo de 2008, señala que durante el primer año de vigencia del proyecto, esto es en 2009, el costo fiscal asociado será de 110 millones de pesos, llegando a su estado de régimen, en tres años, a un costo fiscal anual de 650 millones de pesos. La medida beneficiará a mil profesionales o técnicos jóvenes y, también, a muchas comunas. Los recursos contemplados para el proyecto serán determinados anualmente en la ley de Presupuestos. El incentivo consiste en un beneficio equivalente al valor de la cuota anual del crédito que correspondería pagar durante el año, si se trata del crédito solidario universitario, o un monto equivalente a la cantidad pagada del crédito con garantía estatal en el año calendario anterior. Ese beneficio tiene un tope de 16 UTM, por cada año efectivamente trabajado, con un máximo de tres años trabajados. El proyecto dispone que por el tercer año de servicio prestado en forma ininterrumpida, se podrá acceder a un beneficio adicional, por un monto equivalente a tres veces el valor de la cuota anual del crédito que correspondería pagar durante el año, o a tres veces la cantidad pagada de su crédito durante el año calendario anterior, según sea el crédito, con un tope de 48 UTM. Los requisitos para postular a ese beneficio son efectuar la prestación de servicios remunerados en alguna de las entidades señaladas -municipios, organizaciones no gubernamentales, etcétera, de alguna determinada comuna- y encontrarse al día en el pago de las obligaciones derivadas de los créditos. El señor Jorge Rodríguez, del Ministerio de Hacienda, expresó que el beneficio que se otorgaría a un profesional o técnico por trabajar en las comunas menos desarrolladas sería de 16 UTM anuales, lo que equivale a 560 mil pesos. Si se considera que un sueldo promedio de los profesionales menores de treinta años en regiones es de aproximadamente 446 mil pesos, el beneficio que se propone por el proyecto equivaldría a un sueldo número 13 al año, aproximadamente. En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente: En el artículo 1º, el Ejecutivo recogió algunas observaciones planteadas por los diputados de la Comisión de Hacienda; por una parte, para no discriminar respecto a las comunas de la Región Metropolitana y de las capitales regionales que cumplan con los requisitos generales que establece la norma en términos de situación socio-económica-y, por la otra, incorporar los ámbitos urbano y ambiental entre los que se presten servicios, que no estaban considerados explícitamente, pudiendo acceder a los beneficios contemplados en el proyecto, así como exigir que se inscriban dichas entidades en un registro que lleva la Subsecretaría de Desarrollo Regional en la actualidad. En relación con lo anterior, el Ejecutivo, el 5 de mayo de 2008, presentó dos indicaciones. Una que elimina, en el inciso primero, la frase “las comunas de la Región Metropolitana y” -por lo tanto, podrán también incorporarse en la medida que cumplan con los requisitos socio-económicos-, y otra que sustituye, en el inciso tercero, la oración “en los ámbitos social o productivo” por la frase “en ámbitos tales como el social, productivo, urbano o ambiental, y que se encuentren inscritas en el Registro que al efecto llevará la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.” Respecto de la segunda indicación, hubo debate en cuanto al registro en que deben estar inscritas dichas entidades. Se dijo que hoy existe un registro que lleva la Subdere y que quienes no estén allí deberían incorporarse. Por lo tanto, se sustituyó el término “llevará” por “lleva”. Puestas en votación estas dos indicaciones, se aprobaron por la unanimidad de los miembros de la Comisión. En el artículo 3º se introducen modificaciones con el fin de concordar con las del artículo 1º. Por ejemplo, se suprimen, en el numeral 4 del inciso primero, las frases, “en los ámbitos social o productivo”, “las comunas de la Región Metropolitana y”, etcétera. Ello fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión. El artículo 7º dispone que el mayor gasto que importe la aplicación de la ley será financiado con cargo a los recursos que se consulten anualmente en la ley de Presupuestos. Aquí hay un asunto de fecha de vigencia, por cuanto en la redacción original del proyecto se indicaba que regiría a partir del 1 de enero de 2007 y ahora su aplicación será a contar del 1 de enero del 2009. Por consiguiente, el artículo fue rechazado por la Comisión de Hacienda. En el artículo 8º se recoge la proposición de la Comisión y se incorpora un nuevo inciso del siguiente tenor: “Al cumplirse el tercer año de vigencia de la ley, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, realizarán una evaluación del cumplimiento de los objetivos de esta ley, informando de los resultados de la evaluación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.” Esta indicación también fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Finalmente, el Ejecutivo formuló una indicación para incorporar el siguiente artículo 9º: “Artículo 9º.- Para los efectos de la contratación de profesionales en la forma y condiciones contempladas en el presente cuerpo legal, las municipalidades que se encuentren excedidas en la restricción del gasto máximo en personal, establecida en el artículo 1º de la ley Nº 18.294 y en el artículo 67 de la ley Nº 18.382, y las que se excedan a causa de estos mismos efectos, no estarán obligadas a ajustarse a dichas restricciones. Asimismo, y sólo para los efectos antes señalados, las municipalidades no estarán sujetas a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2º de la ley Nº 18.883 y en el inciso primero del artículo 13 de la ley Nº 19.280.” En definitiva, los gastos que deriven de la contratación de estos profesionales podrán quedar fuera de las normas sobre restricción de gastos en personal. Sometida a votación la indicación precedente, fue aprobada por 10 votos a favor y 1 abstención. Creo que la Comisión de Hacienda trabajó en el proyecto con bastante detalle e incorporó las modificaciones que complementan lo acordado por la Comisión Especial de la Juventud. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, como integrante de la Comisión Especial de la Juventud -me siento honrado de pertenecer a ella, aunque ya no por edad, sino, simplemente, por haber sido nominado a ella-, me enorgullece hablar sobre este proyecto que, según mi parecer, apunta dos veces en la dirección correcta. En primer lugar, porque facilitará a jóvenes chilenos, técnicos y profesionales, el pago de su crédito universitario. No nos olvidemos que el país tiene delirio por los profesionales y se olvida muchas veces de los técnicos, aunque sean precisamente ellos quienes nos llevarán al mentado desarrollo. En segundo lugar, se acuerda de los municipios de provincia, de los municipios pequeños. Es decir, “municipios pequeños”; en general, municipios pobres y abandonados. En definitiva, da la opción a jóvenes, que quieran hacer patria, de trasladarse a trabajar en esas municipalidades a las cuales, evidentemente, les cuesta conseguir profesionales. A través de la bioestadística se podría establecer claramente cuáles son las necesidades de tales o cuales poblaciones-. Hoy, en que estamos en esta fiebre de los fondos concursables, para hacer la tarea difícil, se reparte contra proyecto. ¿Y qué pasa cuando un municipio no tiene los profesionales y técnicos necesarios? Obviamente, los proyectos le salen medios malos, son rechazados y terminan sin plata. Hoy abordaremos estos dos problemas. Vamos a llevarles profesionales competentes, técnicos de buena calidad, a municipios que no los pueden pagar y, por tanto, están ajenos al afán modernizador. Además, a esos jóvenes que quieran hacer patria, les vamos a permitir, en cierto modo pagar su crédito universitario. La ayuda es algo, pero no tanto tampoco; tiene un tope de 16 UTM al año. Es tremendamente gratificante para los que integramos la Comisión de la Juventud que hoy se esté votando esta iniciativa. Creemos que apunta en el sentido correcto. Obviamente, podría ser mejor, pero éste ya es un gran paso que da Chile en la búsqueda de lo que realmente es la equidad. Por eso, recomendamos la votación favorable de este hermoso proyecto. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, estamos muy contentos de que la Sala esté tratando este proyecto de ley. Recuerdo a los parlamentarios que está entre las 36 medidas iniciales de la Presidenta Bachelet y, por tanto, estamos bastante atrasados en su aprobación. Debimos haberla despachado mucho antes. Incluso, tuvimos que hacerle un cambio al comienzo de la ejecución presupuestaria, porque su vigencia estaba contemplada para tiempos anteriores. Este proyecto es una buena forma, tal vez no la mejor de empezar a generar ciertos incentivos para atraer profesionales capacitados a las comunas más pequeñas y de menor desarrollo. Nos hubiese gustado un proyecto mucho más grande, de movilidad nacional, que permitiera entregar más recursos a las municipalidades de comunas pobres, para contar con los profesionales adecuados en su gestión. A menudo, hay profesionales jóvenes, con vocación de servicio, que quieren irse a esas municipalidades, pero no lo hacen por diversas razones, por ejemplo, porque quedan lejos, cuesta irse con la familia; además, los sueldos no son los mejores. Entonces, hay que buscar incentivos para que ellos se vayan. Uno es eliminar parte de la deuda del crédito universitario. Es lógico. Está dentro de lo que se puede hacer. Ahora, no sabemos si las municipalidades van a tener la capacidad de contratarlos, porque muchas veces no tienen plantas ni flexibilidad; tienen topes de contrato a plazo fijo, a honorarios y, en consecuencia, eso es algo que debemos analizar. Pero, reitero, se trata de una muy buena iniciativa que apunta hacia el camino correcto. El llamado es a ver si podemos realizar una reforma más grande. Son pequeños cupos; hay que ver cómo funciona. El gobierno se abrió a tener estándares técnicos para asignar las comunas que contarán con este beneficio y se comprometió a evaluar, después de un tiempo, la necesidad de ampliar a más jóvenes este tipo de iniciativas. Por último, llamo a votar favorablemente el proyecto, tal como lo hará la bancada de Renovación Nacional, y pido al Gobierno que centremos los esfuerzos en un gran proyecto de movilidad regional, que incentive a profesionales y técnicos jóvenes a prestar servicios en las comunas de más escasos recursos. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto en debate, que nació en la Comisión de la Juventud y que lideró la diputada Karla Rubilar, pretende dar una ayuda a los deudores de créditos universitarios para que cumplan con esa obligación mediante su desempeño profesional en comunas de menor desarrollo. Lo encuentro de extraordinaria importancia, sobre todo para comunas rurales como Yumbel, comuna que represento, que tiene sectores muy necesitados de médicos, como Rere, Río Claro, Tomeco. Los médicos generales y especialistas que son destinados a estas localidades generalmente permanecen en la zona tres o cuatro meses como máximo, porque prefieren ejercer en ciudades más importantes como Concepción, Chillán o Los Ángeles. Sin embargo, y tal como dijo la diputada Karla Rubilar, debemos buscar la forma allegar recursos a los municipios, de manera que tengan para remunerar a esos profesionales. La idea es empoderar a los gobiernos comunales a fin de que dispongan de más recursos, ya que los municipios son los organismos que mejor conocen los problemas de las personas. Tenemos que asignar más recursos a los municipios y no a los gobiernos regionales, que muchas veces se ven entrampados en la burocracia al extremo que, al día de hoy, algunos no han sido capaces de invertir los dineros compensatorios del Transantiago. El desafío es entregar más recursos a los municipios, a fin de que generen incentivos para que profesionales y técnicos jóvenes presten sus servicios en las comunas más pobres y así puedan aliviar la carga financiera que les ocasionan los créditos universitarios. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, se trata de un buen proyecto, va en la línea de ayudar a los municipios que necesitan profesionales jóvenes que contribuyan a su desarrollo. En la Región de Aisén serán beneficiados, en total, nueve municipios: Lago Verde, Aisén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O´Higgins, Tortel, Chile Chico y Río Ibáñez. Con todo pienso que la cobertura debió ser mayor; por eso, con la diputada Rubilar y los diputados que me quieran acompañar vamos a presentar una indicación, para que en aquellas comunas en que la atención primaria de salud está en manos de los servicios de salud, como en la Región de Aisén, los profesionales jóvenes de esa área, que tanto necesitamos, también puedan acceder al descuento del crédito universitario; igual cosa para aquellos servicios públicos independientes de las municipalidades. De lo contrario, se restringe mucho el ámbito. Se necesitan profesionales jóvenes en las zonas extremas y aisladas; cuesta mucho desarrollarlas, porque en ellas el costo de la vida es demasiado alto. A lo mejor, muchos profesionales, teniendo el deseo, no llegan hasta esos sectores por el monto de los incentivos, lo que no contribuye al desarrollo de las comunas más necesitadas. Por eso, valoro y destaco esta iniciativa, que cumple lo comprometido por la Presidenta Bachelet en esta materia. Espero que el beneficio del descuento del crédito universitario se pueda ampliar a los profesionales y técnicos de la salud que presten sus servicios -repito- en aquellas comunas en que la atención primaria está en manos de los servicios o en aquellos servicios públicos independientes de las municipalidades de comunas de escasos recursos. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, deseo reafirmar nuestro respaldo a la iniciativa, que no busca otra cosa que aliviar la carga financiera de aquellos profesionales y técnicos jóvenes que financiaron sus estudios con el crédito solidario universitario o con el crédito para estudios de educación superior con garantía estatal. Lo interesante es que lo hace por la vía de la descentralización; es decir, se crea este incentivo para que a las comunas con menor nivel de desarrollo lleguen estos profesionales y técnicos jóvenes que hoy son deudores de ese crédito universitario. Sin embargo, hay que avanzar más allá y procurar que sean los municipios los que capturen a estos profesionales, de manera que junto al incentivo se beneficie también la gestión municipal. Hemos descentralizado muchos fondos a través de los gobiernos regionales, pero no siempre esos recursos han llegado a los municipios pequeños. Es cierto que en el distrito que represento, las comunas de Corral, Lanco, Máfil y Mariquina serán beneficiadas; sin embargo, le pido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que busque la forma de reforzar y fortalecer los municipios de las comunas con menor nivel de desarrollo de manera que puedan atraer y retener por más tiempo a esos profesionales y técnicos jóvenes de alto estándar que estudiaron gracias al incentivo del Estado. Reitero, se trata de un buen proyecto, porque va en la línea correcta al aliviar la carga financiera a los deudores de crédito universitario, pero, insisto, hay que reforzar estos incentivos de manera de favorecer y radicar capacidad profesional en los municipios más pobres del país. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, la mayoría de los profesionales y técnicos jóvenes quiere permanecer en la Región Metropolitana o en las grandes urbes. Por eso, en la Comisión Especial de la Juventud dejamos fuera expresamente a las comunas de la Región Metropolitana, dado que el espíritu de esta iniciativa apunta a la descentralización, fundamentalmente a llegar con un aporte técnico-profesional a las comunas más pequeñas y con menor desarrollo. El proyecto en debate y el anterior, que establece incentivos para el desarrollo de Arica y Parinacota, procuran ayudar a los sectores alicaídos del país. En Arica contamos con seis universidades y tres institutos profesionales; sin embargo, los jóvenes, una vez que se titulan, no tienen donde trabajar, realidad que viven muchos profesionales, que terminan realizando labores que nada tienen que ver con lo que estudiaron. Lo peor es que, además de frustrase, deben pagar el crédito universitario. En Arica, que está muy lejos de todo, tenemos tres comunas rurales, Camarones, General Lagos y Putre, que cumplen con los requisitos que señala el proyecto y que quedan más cerca de una zona urbana. Quizás esos profesionales recibirán un incentivo distinto al que quisimos establecer en el proyecto; pero, dada la situación económica que vive la ciudad de Arica, se va a aliviar a muchos padres, porque sus hijos tienen que pagar esos créditos de todas maneras. Además, solucionará el grave problema de muchos jóvenes que deben buscar trabajo en lugares alejados de sus hogares. Por último, disminuye el despoblamiento de los sectores rurales de la provincia de Parinacota al destinar profesionales a esos lugares, tal como lo hacen algunas entidades como la Fundación Jaime Guzmán, lo que permitirá a jóvenes vivir, por ejemplo, en la comuna de Putre. Consideramos que los niños, jóvenes y adultos mayores de las comunas que he señalado tendrán acceso a esos profesionales, como ocurre con el resto de la población del país. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, es de esos que da gusto aprobar, ya que va por el camino correcto, porque quiebra el rígido esquema de que el mercado asigne los recursos y los profesionales. Si un profesional se instala en Arica, Huasco, Vallenar, Freirira, Punta Arenas o en cualquier otro lado, se debe a que el mercado lo asigna a esos lugares. Es decir, con esta iniciativa se rompe el fuerte esquema mercantilista imperante en nuestro país durante los últimos años. Además, establece un incentivo asociado al crédito universitario, el cual también tiene su historia, y muy compleja. Seguramente, buena parte de los profesionales que están aquí, que tienen más de 45 ó 50 años y que no tenían recursos o que sus familias no les podían costear estudios superiores, accedieron a la universidad gracias a los aranceles diferenciados. Hoy, eso no existe, porque, como todos sabemos, tenemos universidades cuyos aranceles pueden ser pagados mediante crédito fiscal, universitario o con garantía del Estado. El proyecto permite aliviar el pago del costo de la formación de algunos profesionales si se van a determinados lugares. Por lo tanto, considero que el proyecto es muy bueno, pero mezquino, ya que debió establecer montos más elevados para los profesionales que trabajen en los lugares que indica. Ojalá se pueda corregir esa limitación. Además, el número 3 del artículo 3º dispone que el profesional debe estar al día en el pago de las obligaciones derivadas de los créditos señalados. Considero que se podría incorporar una excepción para que quienes están atrasados en sus pagos se pongan al día en determinado plazo, con el objeto de que puedan acceder a los beneficios dispuestos en la iniciativa. Sin embargo, reitero, en general, estamos frente a un buen proyecto, no quiero entrar en los detalles, porque creo que no corresponde hacerlo en estos momentos. La semana pasada paralizó completamente el hospital de Huasco -una de las comunas vulnerables que se podría beneficiar con el proyecto-, porque había un solo médico atendiendo a la población de una comuna completa y bien extensa, ya que los otros tres profesionales con que contaba el hospital se habían ido, porque no existe interés en trabajar en ese tipo de comunas. El proyecto establece un incentivo adicional para esos y otros profesionales, por lo que, como dije, va en el camino correcto. Es bien lamentable y duro decir que los profesionales no tienen interés en trabajar en ciertas comunas. Por eso es importante el anuncio de la Presidenta de la República del 21 de mayo, en el que señaló el establecimiento de incentivos especiales para los profesionales de la salud. Como diputado y presidente del Partido Regionalista de los Independientes, considero que el proyecto va en el camino correcto, por lo que la gran cantidad de diputados regionalistas que hay en este hemiciclo va a apoyarlo con muchas ganas, aunque tenga sabor a poco. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor BUSTOS (Presidente).- En votación general el proyecto de ley que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor BUSTOS (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a comisión para segundo informe. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo 1° Inciso primero 1. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para eliminar la expresión “excluyéndose las comunas de la Región Metropolitana y las capitales regionales,”. Inciso tercero 2. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para sustituir las palabras “en los ámbitos social o productivo”, por la frase “en ámbitos tales como el social, productivo, urbano o ambiental, y que se encuentren inscritas en el Registro que al efecto lleva la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior”. Al artículo 3° Inciso primero Número 4 3. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para eliminar las palabras “en los ámbitos social o productivo”. 4. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para suprimir la expresión “excluyéndose las comunas de la Región Metropolitana y las capitales regionales,”. Inciso segundo 5. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para sustituir las palabras “estos requisitos”, por “los requisitos señalados en el número 4”. Artículo nuevo 6. De los señores Marcelo Díaz, Montes, Monsalve e Insunza, para intercalar el siguiente artículo nuevo, a continuación del 3°: “Artículo… El beneficio establecido en los artículos anteriores se extenderá a las personas que sean deudores del crédito solidario universitario y los deudores del crédito para estudios de educación superior a que se refiere la ley N° 20.027, cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 3°, con la excepción del establecido en el N° 1.”. Al artículo 8° 7. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para sustituir el inciso segundo, por el siguiente: “Al cumplirse el tercer año de vigencia de la ley, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, realizarán una evaluación del cumplimiento de los objetivos de esta ley, informando de los resultados de la evaluación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. Artículo nuevo 8. De la Comisión de Hacienda (Ejecutivo), para agregar el siguiente artículo 9°, nuevo: “Artículo 9°.- Para los efectos de la contratación de profesionales en la forma y condiciones contempladas en el presente cuerpo legal, las municipalidades que se encuentren excedidas en la restricción del gasto máximo en personal, establecida en el artículo 1° de la ley N° 18.294 y en el artículo 67 de la ley N° 18.382, y las que se excedan a causa de estos mismos efectos, no estarán obligadas a ajustarse a dichas restricciones. Asimismo, y sólo para los efectos antes señalados, las municipalidades no estarán sujetas a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.883 y en el inciso primero del artículo 13 de la ley Nº 19.280.”. -o- VII. PROYECTOS DE ACUERDO ELIMINACIÓN DE DISTORSIONES EN PROCEDIMIENTOS DE TARIFICACIÓN EN DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 585, de los señores Díaz, don Marcelo; Jiménez, Encina, Sule, Lorenzini, Venegas, don Samuel; Leal, Meza, Tuma y González, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que: 1. Presente, con la mayor brevedad, las indicaciones que correspondan al proyecto de ley que modifica los procedimientos tarifarios de la ley General de Servicios Eléctricos, eliminando distorsiones y otros problemas asociados a la tarificación en la distribución eléctrica (boletín Nº 5511-03), y haga presente el trámite de urgencia, calificada de suma, considerando que el propio Ministro de Energía ya coincidió públicamente en sus ideas matrices y soluciones. 2. Adopte las medidas legales y administrativas que garanticen fehacientemente que las tarifas que se establecerán durante el presente año y que regirán hasta el año 2012 no contengan las manifiestas y reconocidas distorsiones ya comentadas, que atentan contra la ciudadanía toda”. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, sin duda, el proyecto recoge una aspiración de los consumidores, pues la legislación que regula el sector eléctrico data de hace más de veinte años. Para otros servicios, que resultan ser monopólicos, hemos determinado un procedimiento de fijación tarifaria bastante más transparente. Por eso, queremos que prospere el compromiso del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de Energía para respaldar iniciativas presentadas por diputados y que hoy figuran en el primer lugar de la tabla en la Comisión de Economía. Se plantea que las empresas entreguen una propuesta tarifaria, la Comisión Nacional de Energía haga lo propio y que un panel de expertos elija un promedio. Las empresas siempre van a presentar un estudio distorsionado para favorecer mayores costos. Con las sanitarias se aplicó un procedimiento similar, lo que permite que los estudios tiendan a converger en lugar de diversificarse o separarse, o a hacer cálculos “con el tejo pasado”, como se dice. Ésta es una muy buena manera de apoyar la iniciativa que se está discutiendo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, deberíamos respaldar el proyecto de acuerdo, que va en la dirección correcta, para transparentar el cálculo de las tarifas eléctricas. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, sólo para refrendar lo dicho por el diputado Tuma -a quien damos una cordial bienvenida después de su accidente-, puesto que, a raíz de la sequía, las tarifas eléctricas se dispararon de una manera increíble, sobre todo en los sectores rurales, no en 30 ó 40 por ciento, sino que, en algunos, en un ciento por ciento. Por lo tanto, como dije, el proyecto va en la dirección correcta, en el sentido de transparentar el cómo se fijan las tarifas, puesto que hoy, al parecer, se hace de manera discrecional, en circunstancias de que debe haber un organismo que regule y fiscalice efectivamente el cumplimiento de la ecuación de fijación tarifaria, que es bastante compleja, para que no quede a merced del lucro, lo que afecta, sobre todo, a los sectores más vulnerables. En los tiempos que corren, la proposición es extraordinariamente importante. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, pido que el proyecto sea rechazado, por cuanto es sumamente contraproducente que, a través de él, se distorsione la discusión parlamentaria sobre estas materias, las cuales son mucho más complejas que las simples ideas que en él se han dado. El proyecto tiene cosas buenas, pero otras sumamente discutibles. Además, no se condice con la verdad que la Comisión Nacional de Energía apruebe todas las ideas matrices y soluciones del proyecto propuesto. Al respecto, basta señalar que ha manifestado expresamente su rechazo al segundo párrafo, en cuanto a que el nuevo procedimiento se establezca a partir de 2008, pues ya se encuentra en tramitación el proceso tarifario que va a regir hasta el año 2012. Espero que con este proyecto de acuerdo no se distorsione la tramitación legislativa del proyecto de ley mencionado, que debe ser meditado y consensuado, distinguiendo las cuestiones positivas, pero también sus efectos nocivos. Asimismo, quiero precisar que los costos de la energía han aumentado no porque no se haya aprobado este proyecto de ley o hayan fallas en los procesos tarifarios de distribución, sino porque hay sequía y no se hicieron las inversiones a tiempo cuando se dictó la ley Corta I, que fue una irresponsabilidad política gigantesca, por lo cual hoy se están pagando los costos. Por lo tanto, reitero mi más pleno rechazo al proyecto de acuerdo, por cuanto no soluciona el tema de fondo y distorsiona la necesaria y lata discusión legislativa que merece el proyecto de ley aludido. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; De Urresti Longton Alfonso; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo. -Se abstuvieron los diputados señores: Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio. DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA OBTENER TÍTULO DE ABOGADO. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 586, de los señores Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; Rossi, Martínez, Olivares, García, don René Manuel; Palma, Accorsi, Insunza y Montes, Leal, señora Pacheco, doña Clemira, y señor Núñez, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República se sirva enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley, mediante el cual se modifique tanto el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales como la ley Nº 17.995, con el objeto de permitir que, sin perjuicio de la práctica profesional que los postulantes deben efectuar en las corporaciones de asistencia judicial por un lapso de seis meses, pueda darse por cumplida dicha exigencia con la participación activa de los alumnos en las clínicas jurídicas de las facultades de derecho de las diversas universidades existentes, durante su período académico y por el plazo de un año y a plena satisfacción de la respectivas autoridades académicas.”. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en los últimos diez años nuestro país ha experimentado un creciente aumento de abogados, lo que llevó a sostener a diversas instancias académicas universitarias que había saturación de esos profesionales, por tanto, carencia de campo laboral. Afortunadamente, dicho temor se ha ido disipando en gran medida, ya que, con motivo de la puesta en marcha de la reforma procesal penal en la judicatura especializada de familia y laboral se ha requerido contar con varios abogados para cubrir los cargos de jueces, fiscales y defensores, los que han ido integrándose progresiva y paulatinamente al servicio de estas importantes funciones. A lo anterior se debe añadir que en materia jurídica se ha abierto un campo nuevo denominado Derecho Regulatorio, conformado por la numerosa normativa dictada para establecer regulaciones de distinto orden, lo que también ha precisado el concurso de abogados especializados en las diferentes materias, de modo que la demanda laboral de dichos profesionales se ha ido satisfaciendo gradualmente. Sin embargo, se ha generado otro problema en relación con esta carrera y que se refiere a la práctica profesional gratuita que deben cumplir durante seis meses los postulantes a abogados en las corporaciones de asistencia judicial por expreso mandato de lo dispuesto en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Al respecto, cuando se aprobaron los estatutos de estas corporaciones, por disposición de la ley Nº 17.995, de 1981, se contempló la posibilidad de que se les reconociera como institución colaboradora para prestar asistencia legal gratuita dentro del sistema nacional de asistencia legal que se crearía por ley. Pero hasta ahora no ha sido creado este servicio público, cuya finalidad era ampliar la cobertura de asistencia legal y la defensa gratuita en el país, ya que el proyecto enviado al Congreso Nacional por el gobierno de la época, en 1992, que tenía por objeto establecer un sistema nacional de asistencia jurídica, no obstante haber sido aprobado por la Cámara, posteriormente, en noviembre de 2002, fue archivado en el Senado -desconocemos las razones que se tuvieron para ello-, sin que haya sido reactivado o se haya elaborado posteriormente una iniciativa similar. Por esta razón, la infraestructura de las corporaciones es muy deficitaria y no dan abasto a los actuales requerimientos de prácticas profesionales de los postulantes a abogados. Así ocurre, por ejemplo, en la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, que atiende a las regiones Tercera, Cuarta y Quinta, ya que se encuentran copadas hasta 2009 las vacantes para cumplir con dicho requisito, lo que impide a los interesados tener oportunamente su título de abogado, con las consecuencias económicas que ello implica. Una situación semejante y de similar gravedad se registra en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. Entonces y sin que ello constituya una solicitud de derogación de la citada exigencia, creemos que una solución viable para descongestionar esta inmensa lista de espera es que los alumnos de derecho cumplan una práctica activa en las clínicas jurídicas de las respectivas facultades durante el último año de su correspondiente programa curricular, en los mismos términos que en las corporaciones y a entera satisfacción de las autoridades académicas pertinentes. Para este objeto, se requiere introducir modificaciones legales al artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales y a las normas de la ley Nº 17.995, mediante la cual se crearon las corporaciones de asistencia judicial, todo lo cual permitirá, por una parte, agilizar el otorgamiento de los títulos profesionales para los abogados que requieran los diversos servicios públicos y jurisdiccionales, defensorías y diversas entidades, y, por otra, ampliar la atención gratuita de asesoría y defensa jurídica que garantiza nuestra Constitución Política. Por ello, pido a los colegas que den su aprobación a este importante proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para hablar en favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, los estudiantes de la carrera de derecho son los únicos que deben cumplir el requisito de prestar servicios gratuitos para recibirse de abogado. En otras profesiones no se exige lo mismo y hay una tendencia que postula dejar de lado la práctica gratuita de los seis meses. Por eso, considero un gran avance que se solicite a través de este proyecto de acuerdo que las prácticas se hagan en las clínicas jurídicas de las facultades de derecho de las diversas universidades durante el período académico por espacio de un año y a plena satisfacción de las respectivas autoridades. Con ello se puede dar por cumplido el requisito de prestar servicios por el lapso de seis meses en las corporaciones de asistencia judicial. Por tanto, creo que la petición que se hace mediante este proyecto de acuerdo se ajusta a las nuevas necesidades de los tiempos modernos. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, no estoy en contra de facilitar a los estudiantes de derecho la obtención del título de abogado. Pero creo que todas estas medidas pueden tener un peligro subyacente. Cuando en los diarios se informa que han quedado en libertad algunos malandrines dedicados al narcotráfico por el error de una fiscal, o que una jueza de garantía dejó en libertad a peligrosos delincuentes, o que el Presidente de la Corte Suprema manifiesta la poca calidad que se advierte en una prueba a la que se somete a los señores que quieren ser jueces, que muchas veces ni siquiera logran satisfacer la nota mínima que les permita ser nombrados, uno se da cuenta de lo necesario que es continuar exigiendo el requisito aludido. Actualmente, existe una crisis en la calidad de la educación. Quizás, más que buscar la forma de eliminar la práctica -que creo siempre es importante-, lo que debemos analizar es cómo estandarizar la calidad. Además, existe otro fenómeno, a alumnos de ciertas universidades privadas les ponen puros sietes durante la carrera. Como son los que tienen mejores notas, van a tener un currículo mucho mejor que el joven que estudió en una universidad tradicional. Creo que eso podría subsanarse a través de una prueba única nacional u otro mecanismo de ese tipo y liberar de esta práctica a los egresados de derecho. Por otra parte, quiero hablar un poco en contra de lo que son los proyectos de acuerdo. Generalmente elaboramos con mucho tesón estas proposiciones, logramos que los colegas las voten favorablemente en la Sala y esperamos que tenga algún eco en el Ejecutivo. Pero es como hablarle al viento. Creo que jamás hemos recibido una respuesta a un proyecto de acuerdo. Quiero aprovechar la ocasión para pedir el consenso de esta Sala para presentar un proyecto de acuerdo dirigido a la Presidenta de la República a fin de que, al menos, en el lapso de treinta días, los señores diputados tengan la noción de que el proyecto de acuerdo despachado por la Cámara ha llegado al escritorio de la Presidenta y haya tenido la dignidad de leerlo. De otra manera, vamos a seguir haciendo el loco, como muchas veces uno tiene la sensación de que así ocurre cuando está en esta Sala. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, a mi juicio, es esencial la práctica profesional -el contacto con los problemas reales de la gente- que deben realizar los egresados de derecho para recibir el título de abogado. Por eso, las corporaciones de asistencia judicial han jugado un rol muy importante, aun cuando reconozco que deben ampliarse y perfeccionarse, pero no cambiarse. No estoy de acuerdo en que la práctica, requisito para ser abogado, se traslade a las clínicas jurídicas de las facultades de derecho, porque, primero, no se cumple con el mismo rol social, el que, a mi juicio, debería mantenerse, y, en segundo lugar, siguen en la academia, cuando para la formación de un abogado es necesario estar en contacto con los problemas reales de la gente. Si los abogados quieren seguir en la academia, deben hacerlo después, pero no durante su práctica profesional. No estoy de acuerdo con modificar el sistema, sino que es necesario perfeccionarlo. Por tanto, pido que se rechace el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo Nº 586. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum. Por lo tanto, el proyecto de acuerdo se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VIII. INCIDENTES MODIFICACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata. Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule. El señor SULE.- Señor Presidente, hace más de un año, desde esta misma tribuna intervine para referirme a los problemas que, por esa época -mayo de 2007- aquejaban a la ciudadanía, relacionados con el transporte público y cómo la comunidad nacional se concentraba y trataba de entender a los santiaguinos, que debían asumir un nuevo servicio de transporte público como el Transantiago. Pero esa realidad social y técnica no estaba ajena a la del transporte de pasajeros que se brinda hoy a los habitantes del distrito Nº 33, que represento en esta Cámara y que, nuevamente, está en el tapete regional. Me parece extremadamente preocupante que el Consejo Regional de Transporte de la Sexta Región haya sido capaz de proponer un paro de los servicios que presta, aduciendo que las condiciones de tarifado no les aseguran rentabilidad, y que nuestras autoridades regionales hayan aceptado un alza en el precio de los pasajes, que se empezará a aplicar a partir de julio del presente año, cuando son cientos las personas que han debido sufrir un pésimo servicio de locomoción de parte de esos mismos empresarios de transporte que, a pesar de las distintas reuniones que han celebrado con vecinos y vecinas de distintos sectores rurales de nuestra Región de O’Higgins, no han sido capaces de dar solución a los problemas de calidad de la atención a los adultos mayores y a cientos de escolares que, en forma continua, se les cobra pasaje completo, aun cuando los contratos firmados en la anterior licitación los obligan a respetar tarifas diferenciadas para este importante sector de la comunidad. Asimismo, a partir de las 19 horas, nuestros vecinos y vecinas quedan prácticamente aislados porque a esa hora no circulan buses rurales o en muchos de esos sectores no existe ni siquiera un servicio de transporte que acerque a los niños y niñas a sus establecimientos educacionales, a los adultos a los centros de salud o a los servicios públicos de la región porque el camino no está pavimentado. El actual sistema de licitación que amarró a las empresas de transporte de pasajeros urbanas y rurales por cinco años, desde el 29 de octubre de 2004, para prestar los servicios señalados, mantiene en el tiempo graves falencias e importantes desconsideraciones hacia los usuarios, quienes son o deberían ser los primeros en recibir un servicio de calidad, acorde con los tiempos y con el desarrollo del país. Por otra parte, la flota concesionada debe mantener, durante la vigencia de la concesión, una antigüedad promedio de hasta doce años, superior a la que se exige en el Gran Santiago. Los vecinos de las doce comunas que conforman mi distrito reclaman reiteradamente por las necesidades obvias de un servicio adecuado y de calidad que fue suscrito en el contrato de concesión. Como lo manifesté, son muchos los adultos que deben movilizarse en condiciones de extremo peligro, toda vez que las máquinas que prestan el servicio concesionado por el Estado son pequeñas, prácticamente minibuses, con poca capacidad de pasajeros. Por eso, con fecha 27 de mayo pedí que se enviara oficio al seremi de Transportes de la Región, a fin de solicitarle que me informara sobre cuáles serán las consideraciones que su servicio exigirá en el próximo llamado a licitación de transporte de personas, que se supone dará solución a sus problemas, inquietudes y reclamos. Al igual que en mayo de 2007, reitero que es necesario realizar, en pro de un mejor servicio de transporte público urbano y rural, primero, una revisión exhaustiva de las actuales bases de licitación; segundo, como exigencia mínima, que todos los buses tengan la capacidad necesaria y suficiente para transportar a los pasajeros con seguridad y comodidad; tercero, incorporar como parte del proceso de licitación las opiniones y sugerencias de los pobladores, puesto que conocen mejor que nadie sus necesidades de atención y servicio y, por último, que se incluya un sistema de evaluación del servicio por la propia comunidad, de manera que sea ella la que apruebe la calidad del servicio o, de lo contrario, que se llame inmediatamente a una nueva licitación. Solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don René Cortázar; al ministro de Obras Publicas, don Sergio Bitar, y al seremi de Obras Públicas de la Sexta Región, don Sergio Araya, para que nos informen sobre las condiciones en que se encuentran los caminos y calles concesionadas de la Sexta Región. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Sergio Ojeda, Juan Carlos Latorre, René Alinco, Enrique Jaramillo, Pedro Araya, Rodrigo González y de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Ximena Vidal. MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN A PACIENTES DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS EN PROVINCIA DEL HUASCO. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en mi región siguen los problemas en la atención hospitalaria y en los consultorios. Recién, cuando se discutió el proyecto que establece un incentivo a los profesionales con crédito fiscal para ir a determinadas comunas, señalé que en Huasco había un grave problema, que reventó esta semana, particularmente en las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, de la provincia del Huasco. Allí siguen las listas de espera y las dificultades para conseguir hora con los médicos. No sé si no hay voluntad para corregir una situación tan grave, agudizada en el último tiempo con el problema de las consultas a los dentistas. Uno ve que este asunto se agudiza, se agrava. No son suficientes los 500 especialistas que ofreció la Presidenta, aunque es una cifra muy importante, junto con otras medidas anunciadas para el área de la salud; pero creo que hay un problema de gestión en los consultorios de salud primaria que depende de los municipios, y también en algunos de los hospitales. No se trata sólo de un problema de plata, de falta de recursos, sino también de gestión. Todos los diputados estamos conscientes de que cuando la gente llega a conseguir que se le atienda, eso se hace mal, no sólo en el servicio de salud, sino también en otras oficinas públicas. Hoy quiero referirme especialmente a la salud. He visto con preocupación cómo llega la gente a mis oficinas, reclamando porque no se le atiende ni se le respeta como es debido. Eso, en vez de corregirse, pese a todo el esfuerzo que se hace a través de las oficinas de información, de políticas diseñadas, sigue igual, no hay ningún avance sustantivo. Entonces, además del problema de falta de médicos, de dentistas, de precarización en el sistema, también hay un problema de mala calidad en la atención de las personas cuando logran ser atendidas. Solicito que se oficie a la ministra de Salud, para que me indique qué medidas ha adoptado para mejorar la atención, junto con el aumento en la cantidad de profesionales para las cuatro comunas señaladas. Asimismo, que se oficie al director del Servicio de Salud de Atacama, con igual propósito, y a cada una de las municipalidades mencionadas, de la provincia del Huasco, a fin de saber qué medidas han adoptado los municipios para atender en buena forma a los pacientes. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo solicitan. SOLUCIÓN A OCUPANTES DE TERRENOS FISCALES EN SECTOR LA CHIMBA DE ANTOFAGASTA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, un grupo de emprendedores de Antofagasta, pequeños empresarios, usuarios de bienes nacionales, han usado terrenos del sector La Chimba durante 25 años, entregados en primera instancia en arriendo con compromiso de compra. Luego de tantos años, aún no han podido acceder a la compra definitiva de esos terrenos. El Gobierno, a través de las respectivas seremis de Bienes Nacionales, hoy les ofrece la venta de esos terrenos, pero los precios que les está cobrando son muy altos, muy poco razonables. He señalado este ejemplo, porque hay sectores en Antofagasta ocupados por ciudadanos que luego han hecho las gestiones correspondientes para comprar, pero la seremi respectiva no les ha dado una respuesta coherente, que les permita solucionar el problema, ya sea para comprar los terrenos o para seguir arrendándolos. Lo que más se necesita en Antofagasta son terrenos. Hoy se pretende hacer un nuevo catastro y expulsar de esos terrenos a las personas que han tenido problemas, junto con quitarles sus pertenencias. Lo más preocupante del caso es que ellos llevan más de 25 años instalados en el sector. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, para que nos envíe un informe detallado de todos los usuarios que están en las condiciones descritas y qué solución les ofrece el ministerio para resolver su problema, ya sea dándoles prioridad para comprar dichos terrenos o para mantener el arriendo respectivo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. REEVALUACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE JUBILADOS DE LA ENAMI. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un problema que afecta a un grupo de ex trabajadores, hoy todos ellos jubilados, muchos de los cuales están inválidos, que fueron obreros de la Enami, en Quintero, Quinta Región. Se trata de alrededor de 400 funcionarios, todos ellos con secuelas en una o más partes de su cuerpo, como consecuencia de la inhalación crónica de material particulado o derechamente por la contaminación con metales pesados. La mayoría trabajó allí desde 1960 hasta 1964, período durante el cual sufrieron contaminación con plomo, aluminio, arsénico y selenio, entre otros. Ellos aducen que en su oportunidad no se les pagó la indemnización por enfermedades profesionales y sus secuelas y ahora piden ser reevaluados con los criterios de enfermedad y de secuela correspondientes. En la actualidad, siguen cotizando el 2 por ciento de su pensión en el bienestar de la Enami. Entre otras cosas, piden el apoyo de este Chile por el cual trabajaron y dieron su vida, en un tiempo en que las normas medioambientales no eran lo que son hoy. Por ello, están pagando el costo de ese trabajo. Pido enviar oficio al ministro de Minería, a fin de que se interiorice de esta situación y dé respuesta a esos trabajadores que dieron la vida por el país y que hoy, paradójicamente, están recibiendo “el pago de Chile”. He dicho. El señor MELERO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO A MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN. Oficios. El señor MELERO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, en esta ocasión quiero manifestar mi sorpresa e indignación por un hecho que no tiene explicación y del cual tomé conocimiento hace apenas un par de días. Me refiero a la presentación de Proyectos de Mejoramiento Urbano, PMU, que los distintos municipios elaboran para presentarlos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, obtener recursos y ayudar a sus respectivas comunas. En esas circunstancias, la Municipalidad de Hualpén, una de las dos comunas que orgullosamente represento, envió algunos proyectos, principalmente para reparar escuelas, en tiempo, forma y fecha correctos. La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo envió un oficio, mediante el cual daba cuenta de que se había aprobado un proyecto para reparar tres colegios, por un monto total de 124 millones de pesos. En el mismo documento se da un plazo de 30 días al municipio para que, como unidad ejecutora, comience a trabajarlo. Pero ¿qué ocurrió? Habiendo tomado conocimiento de esa aprobación, llamé al alcalde -repito, hace un par de días- para preguntarle cómo va a desarrollar el proyecto. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de que el alcalde y la municipalidad no tenían conocimiento de que el proyecto había sido aprobado con fecha 2 de mayo y que disponían de 30 días para comenzar las obras. En el documento que mandó la Subsecretaría se señala que si en ese plazo no se contesta ni se comienzan las labores, los recursos pueden ser destinados a otra cosa. Pues bien, la unidad correspondiente de la Intendencia de la Octava Región no informó al municipio de Hualpén. Eso trajo no sólo la indignación del alcalde de Hualpén, que entre paréntesis es de las filas de la Concertación, sino también la preocupación del otro sector, porque si esto ocurre con los municipios de ese bloque, ¿qué ocurrirá con los de Oposición? Por lo tanto, pido oficiar a la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo para darle a conocer esta situación irregular. No tengo muy claro si la responsable de comunicar es la intendenta o la unidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de la región. Pero alguien es incompetente, está obstaculizando o ambas cosas. Por eso, espero que la subsecretaria no sólo se entere de esta situación, sino que también me dé una explicación formal. La idea es que los recursos no los pierda la Municipalidad de Hualpén. Asimismo, pido oficiar a la intendenta de la Octava Región para que me explique qué pasó. He dicho. El señor MELERO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican. CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL FOLCLOR EN OSORNO. Oficios. El señor MELERO (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en Osorno existen 40 clubes de cueca, integrados por alrededor de 3.500 personas. Esta práctica folclórica criolla incluye bailes, cantos, vestuario y las diversas actuaciones. Osorno tiene los mejores bailadores de cueca, con gran participación de gente joven. Generalmente, en los concursos de cueca obtiene los primeros, segundos y terceros lugares. De manera que este baile tiene gran aceptación por su elegancia, vistosidad, destreza, habilidad y la gracia que le imprimen el guaso y la china. De ese modo, se promueve nuestro baile nacional, la identidad de nuestra patria y la música, que es historia y tradición. La cultura es el don más sagrado y el patrimonio más valioso de los pueblos, que implica sabiduría y tradición. Es la expresión local, la identidad, la interpretación cabal de las peculiaridades de la zona y del país. Por ello, hay que darle la debida importancia. Por el cultivo del folclor, por los 40 clubes de cueca y las 3.500 personas que trabajan en ese ámbito, que también incluye el rodeo, el guaso y la medialuna, porque es una provincia enmarcada por la tradición e identidad patria de las pampas, las montañas, los lagos y los ríos, queremos que se construya en Osorno la Casa del Folclor. Esos clubes necesitan un lugar donde reunirse, a fin de que haya más recreación, identificación, promoción y enriquecimiento con la práctica de la cueca y de otros bailes tradicionales. Se quiere dar a la gente mayores espacios de participación. Por lo anterior, solicito que se oficie a la ministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a fin de que tome conocimiento de esta petición y estudie la factibilidad de su construcción, y al ministro del Interior, con el objeto de que instruya a la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo, para que destine los recursos necesarios a fin de hacer realidad un proyecto de esta envergadura, tan valioso para el folclor, la música y la cultura chilenas. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN PROVINCIA DE ÑUBLE. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que instruya al director de Vialidad para que inicie obras de asfalto básico en el sector Las Rosas Chacay, en la comuna de Ñiquén, provincia de Ñuble, Octava Región. El tramo une el populoso sector oriente de la comuna de Ñiquén con la Ruta 5. Este camino constituye una verdadera columna vertebral, por cuanto por allí transitan cargamentos de berries, de gran importancia económica para la comuna; locomoción colectiva y, en general, los vehículos que se desplazan desde y hacia las ciudades más cercanas, como San Carlos y Chillán. En la actualidad, el camino se encuentra en muy mal estado. Hace un tiempo solicitamos a la Dirección de Vialidad que considerase esa vía dentro del programa Caminos Básicos 5000, iniciado durante el gobierno del ex Presidente Lagos y en actual ejecución. Reitero, este tramo de siete kilómetros es de vital importancia para el desarrollo económico de este sector de la comuna de Ñiquén. También solicito al ministro de Obras Públicas que instruya al director de Obras Hidráulicas que tenga a bien considerar la protección de las riberas del río Ñuble, en el sector puente Ñuble, específicamente a la altura de la Villa Illinois. Allí, como consecuencia de los últimos temporales, el enrocado se ha debilitado bastante. Cabe recordar que es la única protección de ese populoso sector de la provincia de Ñuble. Por otro lado, hace dos años, en el sector Chillancito, de la comuna de Quillón, provincia de Ñuble, se produjo una gran inundación, que provocó grandes pérdidas económicas a las familias que viven allí. El Ministerio de Obras Públicas se encuentra estudiando una intervención del río y del puente El Roble, que une las comunas de Bulnes y Quillón, puesto que sus fundaciones se encontrarían en una delicada situación. Con todo, para intervenir el cauce del río se requiere que la Dirección de Obras Hidráulicas efectúe un estudio, el que todavía no ha concluido. Debido a esta situación, los vecinos manifiestan una gran preocupación, pues el invierno ha comenzado y sus vidas y bienes se encuentran en franca indefensión ante la eventual crecida del río Itata. Si no es posible que esa dirección entregue una solución definitiva, sería positivo apostar un enrocado provisorio o una alcantarilla que permita evacuar las aguas que se desborden como consecuencia de las crecidas del río. La idea es tomar las medidas pertinentes y oportunas a fin de prevenir cualquier desastre que pueda ocurrir en el futuro. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. TRANSPARENCIA EN GASTO DE FONDOS DESTINADOS A ASESORÍAS LEGISLATIVAS EN EL SENADO. Oficio. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor presidente, el domingo 8 de junio pasado, en la edición Reportajes del diario “La Tercera”, se publicó una investigación periodística bajo el título “La caja chica del Senado”. En ella se señala que desde 2006 a la fecha se han gastado 1.205 millones de pesos. Estos cuantiosos recursos han sido destinados a asesorías legislativas. Asimismo, el reportaje señala textualmente que esos recursos “han sido inapropiadamente utilizados”. No es mi afán convertirme en comentarista de tabloides ni en abogado del diablo, pero como ciudadano y diputado tengo el deber y el derecho de exigir que este ranking de los más gastadores, liderado por el senador Víctor Pérez, de la UDI, con 49.528.000 pesos, seguido, entre otros, por los senadores de mi región señores Antonio Horvath Kiss, con 46.715.880 pesos y Adolfo Zaldívar Larraín, presidente del Senado, con 39.188.881 pesos, se aclare con detalle y se indique en qué y en quiénes se han gastado los recursos provenientes del presupuesto para asesorías legislativas. A mi juicio, esos dineros han terminado en asignaciones discrecionales utilizadas para objetivos muy distintos para los cuales fueron entregados. La ciudadanía mira con recelo y evalúa en forma negativa a la clase política, sobre todo al Congreso Nacional. Al parecer, no faltan motivos para ello. Con todo y reconocida la necesidad de contar con asesorías legislativas de calidad, similares a las que contratan los ministerios, los que se asesoran por expertos en distintas materias -los parlamentarios a menudo desconocen las implicancias de los proyectos de ley frente a los cuales deben pronunciarse y votar informadamente-, ello no implica que deba haber un control sobre estos gastos; sin embargo, es necesario no desviarlos a otros ítems o necesidades de carácter personal. El Senado optó por entregar a cada senador aproximadamente 2.300.000 pesos mensuales para contratar asesorías individuales. Sin embargo, en la práctica, los porfiados hechos han demostrado ser un mecanismo poco transparente. Se ha llegado a extremos como el de aquel senador que usó esos recursos para contratar abogados a fin de defenderse en caso de ser desaforado. Alegó que necesitaba esos servicios para realizar adecuadamente sus tareas. Con esa lógica cualquier gasto sería justificable, entendido que el objetivo de esos fondos es mejorar el desempeño legislativo del Senado. Así, algunos senadores podrían preferir las asesorías legislativas de conocidos operadores políticos; otros podrían concentrar los gastos en el último mes del año. Con todo, otros reconocen abiertamente que usan los dineros para apoyar su trabajo territorial. Con esa lógica, ¿por qué no pagar con esos dineros a parientes directos e indirectos? En estos dos años que llevó como diputado -podría contabilizar, incluso, más tiempo-, la simple lógica me dice que la calidad de las leyes es la base sobre la que se sustenta la institucionalidad. Sé de la importancia del trabajo de comisiones. El Senado, al igual que la Cámara de Diputados, tiene la obligación política y moral de transparentar sus procedimientos internos y externos y promover la eficiencia en el uso de sus recursos. El dinero para asesorías legislativas debe destinarse a las comisiones legislativas y no a los presupuestos que, en forma discrecional, maneja cada honorable senador. A mi juicio, gastos de esa naturaleza están dejando muy mal parada a la clase política. Pero no deben pagar justos por pecadores. Por eso, desde aquí, emplazo al Presidente del Senado, senador Adolfo Zaldívar Larraín, y al senador Antonio Horvath Kiss, a entregar, con los respaldos necesarios, los montos consignados en ese reportaje y otros que pudiera haber por ahí, de manera de despejar el misterioso velo que los envuelve, a pesar de su prédica personal y permanente de austeridad en el gasto público y su defensa de la plata de millones de ciudadanos cuando dicen votar “por el bien de los chilenos” o “por el bien de la patria”. Sin embargo, cuando se trata de platas fiscales y de sus privilegios, ¡buenas noches los pastores! Señor Presidente, como he dicho en otras oportunidades, realizaré mi rol de diputado y fiscalizador gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. Jamás he sido ni seré soplón, alcahuete o delator de nadie. Pero los chilenos, desde Arica a Punta Arenas y, en mi tierra, desde Melinka a Villa O’Higgins, necesitan que en política se actúe en forma transparente. El país y la gente quieren transparencia total. Por lo tanto, pido oficiar al Presidente del Senado, a fin de que entregue la información correspondiente. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. SALUDO A ALUMNOS DE REGIÓN DE LOS RÍOS POR PUNTAJES OBTENIDOS EN PRUEBA SIMCE. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hace algunos días nos impusimos de los resultados de la prueba Simce, que mide la calidad de la educación chilena. Muchas veces he escuchado que los sureños son personas tolerantes y sencillas, y otros adjetivos que no es necesario agregar en esta breve intervención. Pero son así y poseen muchas otras cualidades. En esta oportunidad, deseo destacar el logro obtenido por alumnos de mi región, que ocupan un importante sitial en la educación del país. Con seguridad, profesores y alumnos no esperan retribución alguna, porque dicen cumplir con su deber, pero quienes representamos a ese importante sector de la población no podemos callar. Por lo tanto, deseo permitirme una licencia y dar a conocer en esta Sala los logros obtenidos por esos jóvenes, hombres y mujeres, en la prueba Simce. Ellos son el futuro de Chile y, como siempre se dice, la educación es lo más importante para la formación de quienes representarán en un futuro no muy lejano al país. Sus maestras y maestros también merecen un importante sitial. Esos niños y niñas merecen un saludo de admiración de la Cámara de Diputados, en especial quienes superaron la media nacional. Me refiero a los alumnos de Futrono, que en lenguaje obtuvieron un promedio espectacular de 251 puntos; a los de La Unión, que en lenguaje, matemáticas y comprensión del medio obtuvieron promedios de 262, 243 y 249 puntos, respectivamente; a los de Lago Ranco, que en lenguaje alcanzaron un promedio de 254 puntos; a los de Los Lagos, que en lenguaje obtuvieron un promedio de 250 puntos; a los de Paillaco, que en lenguaje y matemáticas obtuvieron 241 y 225 puntos, respectivamente; a los de Panguipulli, que en lenguaje alcanzaron un promedio de 246 puntos; a los de Río Bueno, que en lenguaje y matemáticas obtuvieron un promedio de 255 y 233 puntos, respectivamente, y a los de Valdivia, que en lenguaje y matemáticas lograron un promedio de 264 y 250 puntos, respectivamente. Incluso más, algunos establecimientos educacionales de mi región figuran dentro de los 15 mejores del país. Es el caso, por ejemplo, de la escuela particular San Antonio, de Paillaco, y la escuela Radimadi, de La Unión. Por lo tanto, en mi calidad de parlamentario y representante del distrito Nº 54, de la Región de Los Ríos deseo expresar mi orgullo por los alumnos de esa generación del futuro. En consecuencia, pido oficiar a la ministra de Educación para que remita copia de mi intervención a los directores de las escuelas mencionadas y a los directores departamentales o provinciales de Educación de esos lugares. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. RECONOCIMIENTO A DIRECTOR DE CENTRO BALLENA AZUL POR OBTENCIÓN DE GOLDEN WHITLEY AWARDS. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, deseo destacar la iniciativa planteada por la Presidenta de la República el pasado 21 de mayo, en el sentido de declarar a Chile territorio libre de la caza de cetáceos. Se trata de un anuncio muy esperado por muchas organizaciones ambientales que, desde hace tiempo, vienen luchando en Chile para obtener la declaración de una moratoria, de manera que el mar del país se encuentre libre de la caza de cetáceos. Deseo vincular ese interesante y auspicioso anuncio con el premio de categoría mundial que recibió el académico de la Universidad Austral de Chile y director del Centro Ballena Azul, don Rodrigo Hucke. Desde su creación, en 2000, dicho Centro se encuentra luchando en pro de la conservación mediante iniciativas como la mencionada. A mi juicio, el premio recibido en forma reciente por el Centro Ballena Azul es tremendamente importante. En la oportunidad, su director, Rodrigo Hucke, recibió de la Princesa Ana el Golden Whitley Awards, que incluye la entrega de un fondo de 60 mil libras esterlinas, pagaderas en dos cuotas anuales, que permitirá a ese Centro continuar con sus investigaciones. Deseo felicitar la iniciativa y que académicos y científicos de la Universidad Austral de Valdivia se encuentren luchando y a la vanguardia en la defensa de los cetáceos. Desde esta Sala envío un gran saludo a Rodrigo Hucke, pues conozco su encomiable defensa en favor de los cetáceos. Asimismo, me alegro de que, desde Valdivia, grupos científicos, académicos, investigadores y personas comprometidas, como Rodrigo Hucke, se encuentren luchando para heredar a las futuras generaciones mejores condiciones de vida. Pido remitir copia de esta intervención al señor Víctor Cubillos, rector de la Universidad Austral de Valdivia, y al científico y académico Rodrigo Hucke. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. AGILIZACIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE DESPLAZADOS DE CHAITÉN. Oficios. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el jueves pasado, junto a la delegada presidencial para la catástrofe de Chaitén, señorita Paula Narváez, nos reunimos con más de 120 habitantes de Chaitén, Futaleufú y, en general, de la provincia de Palena, quienes, a causa del desplazamiento desde sus lugares de origen, han debido vivir durante este tiempo en Valdivia. Felicito el trabajo de la delegada Paula Narváez, quien, junto con equipos de la gobernación de Valdivia y de la municipalidad de Chaitén, han realizado importantes iniciativas. Según nos hemos impuesto a través de las noticias, la mayor concentración de desplazados está en la isla grande de Chiloé y en ciudades como Osorno, Puerto Varas y, principalmente, Puerto Montt. Los afectados señalaban que están muy desesperanzados, como muchos de los habitantes de Chaitén; pero han comenzado a tomar conocimiento de una serie de iniciativas que el Gobierno está llevando a cabo para ayudarlos. Por eso, me comprometí a hacer las siguientes peticiones a través de esta Cámara de Diputados: Que se agilicen las medidas por parte de Sercotec para hacer extensivos los créditos, los subsidios, a quienes están en Valdivia. Que se oficie al intendente de la región de Los Lagos para que arbitre todas las medidas necesarias al respecto. Que se oficie a la Presidenta de la República, y se le envíe copia de esta intervención, a fin de que se busquen todas las alternativas indispensable para poder también tener esa mirada inclusiva de compatriotas que permanecen en Valdivia -reitero-, viviendo esta grave catástrofe, porque allí tienen familiares. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Maximiano Errázuriz y Fidel Espinoza. ANTECEDENTES SOBRE UTILIZACIÓN DE BARCAZAS ADQUIRIDAS EN COMUNA DE FRESIA. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quiero agregar algunos antecedentes a la petición de fiscalización que solicité la semana recién pasada en relación con la localidad de Punta Capitana, de la comuna de Fresia. Hice presente que el municipio de esa comuna solicitó recursos, como consecuencia de la tragedia ocurrida en Maihue, Valdivia, en que fallecieron varias personas y respecto de la cual el gobierno dispuso un plan de contingencia, a niveles regional y nacional, para abordar todos los problemas de conectividad que existían, como traslado de estudiantes y de personas desde zonas aisladas. Lamentablemente, como expresé, hubo municipios que se aprovecharon de esa circunstancia para pedir cuantiosos recursos al Estado, con el objeto de que algunas personas construyeran barcazas en esos lugares y que hoy no prestan ningún servicio de utilidad, más allá del lucro de quienes se adjudicaron su administración. Esto ha ocurrido en Punta Capitana con la embarcación denominada “Raíces”. La semana pasada, este parlamentario pidió a la contralora regional de Los Lagos que iniciara una investigación respecto de esa barcaza. Hoy, quiero agregar a esos antecedentes de fiscalización que en estos días me he enterado de que, efectivamente, la embarcación se encuentra realizando labores de extracción de especies marinas, en particular de loco y otros productos, en la zona de la provincia de Llanquihue que comprende la caleta de Carelmapu, con un fin absolutamente alejado de la esencia misma por la cual el gobierno financió el proyecto, que era construir una barcaza para trasladar a la gente desde sus lugares de origen, hasta sus destinos cotidianos. Por lo tanto, pido una fiscalización. Deseo agregar a esa petición de fiscalización unos artículos que han aparecido en el diario local “El Llanquihue”, donde efectivamente se comprueba que esa barcaza efectúa labores ajenas al objeto para el cual se financió. Asimismo, solicito que esta intervención, a la que agregaré estos nuevos antecedentes en las próximas horas, se haga llegar a la señora contralora regional. Además, pido que se oficie al intendente y a la señora contralora para que se investigue también lo que ocurrió con otra barcaza que se compró en la misma comuna para realizar trabajos de conectividad o de desplazamiento de personas en el río Llico. Tengo entendido que se invirtieron en ella casi cien millones de pesos y hoy está botada, no sirve absolutamente para nada, porque se construyó sobre la base de aspectos técnicos totalmente alejados de las capacidades de desplazamiento que el río Llico permite en la comuna de Fresia. Por consiguiente, esa barcaza no prestará utilidad alguna. Una vez más, se van a despilfarrar recursos del Estado por la tozudez de las autoridades locales del municipio, encabezadas por su alcaldesa suplente, que no han sabido desarrollar un plan de inversiones en la comuna sujeto a las normas básicas de honestidad y transparencia, porque si se ha falseado información para captar recursos que después se han inutilizado, obviamente, estamos hablando de un hecho bastante grave. Solicito, además, que el intendente redestine la embarcación “Raíces” de Punta Capitana al río Llico, donde sí prestaría utilidad por sus características técnicas, y deje de utilizarse para fines lucrativos y personales ajenos al rol social que se tuvo en vista para construirla. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. RECHAZO A REPORTAJES SOBRE DELINCUENCIA EN COMUNA DE PUENTE ALTO. Oficios. El señor ULLOA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para otorgarle el uso de la palabra, por tres minutos, al diputado señor Errázuriz? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, dos canales de televisión abierta han transmitido, en horario estelar, programas que hacen aparecer a Puente Alto como una comuna de delincuentes. Uno de ellos tituló su programa “Puente Asalto”, estigmatizando a sus 542 mil habitantes. Concurrí a hablar con don Patricio Caldichoury, jefe de Prensa de Chilevisión, quien admitió que el título del programa “Puente Asalto” podría ser equívoco, pero, a su juicio, al poner el dedo en la llaga de la delincuencia en Puente Alto, las autoridades se preocuparían más de la comuna. Le hice ver que con esa tesis el remedio era peor que la enfermedad. Le digo a todo el país, a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, que considerar a toda la comuna de Puente Alto como de delincuentes, equivale a poner en un mismo saco al muy pequeño porcentaje de delincuentes con la inmensa mayoría de hombres y mujeres que allí se esfuerzan día a día por vivir mejor y por ser ciudadanos útiles a su patria y a la sociedad. Son miles los puentealtinos que viven en la comuna, pero que deben viajar varias horas para llegar a su lugar de trabajo, en el otro extremo de Santiago. La generalización puede producir lo que hoy ocurre en La Pintana, esto es, que se discrimine a sus habitantes en el otorgamiento de fuentes laborales y de créditos en casas comerciales por el solo hecho de vivir en esa comuna. El sábado pasado, más de dos mil personas desfilamos hasta la plaza de Puente Alto para manifestar nuestra unidad y rechazo a los reportajes televisivos. No hubo distinción de edad, sexo, actividad, religión ni color político. Todos estuvimos juntos. Quisimos testimoniar nuestra férrea unidad y el rechazo generalizado a lo que hicieron los canales de televisión. Desde esta tribuna, quiero deslindar públicamente toda responsabilidad del propietario de uno de los canales. La decisión de estos programas no es del dueño del canal, sino de los jefes de programación del departamento de prensa, en fin, de otras instancias. Lo digo, porque algunos han pretendido aprovechar estos hechos para obtener dividendos políticos personales a costa, incluso, de quienes debieran apoyar más adelante. Es cierto que en Puente Alto hay delincuencia. ¡En qué comuna del país no la hay! Es cierto que el número de delitos puede ser alto, pero hay que considerar también que su población es mucho mayor que la de cualquiera otra comuna del país. Yo me pregunto, al igual como lo hacen muchos hombres y mujeres de Puente Alto, cuando en un sector de la comuna hay delincuencia, ¿por qué se generaliza? ¿Por qué cuando se habla de la delincuencia en el barrio Franklin se la circunscribe a ese sector y a nadie se le ocurre decir que en la comuna de Santiago hay delincuencia? Y cuando se alude a La Legua, ¿cuántos saben que está en la comuna de San Joaquín? Lo lógico es precisar el foco de delincuencia y no meter en un mismo saco -reitero- a toda una comuna. En los 14 años que llevo en esta Cámara, como representante de Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, nunca me había correspondido hablar como lo he hecho hoy. Puente Alto está dolido, está sufriendo, está apenado, pero está de pie. Puente Alto está unido y desde esta tribuna le digo a los empresarios, a los industriales, a las Pymes y, en general, a los comerciantes y eventuales empleadores, que no crean que todo Puente Alto es delincuencia. Denle trabajo y denle crédito a los puentealtinos y puentealtinas. Si hay escasez de recursos económicos, verán que hay solidaridad, responsabilidad y un compromiso en abundancia. Ni la televisión ni nadie podrá doblegar jamás el espíritu de lucha y de superación de Puente Alto por ser una comuna cada día mejor y que quiere construir una sociedad cada vez más justa. Puente Alto está de pie. Puente Alto está unido. ¡Viva Puente Alto! Solicito que copia de esta intervención se envíe al Consejo Nacional de Televisión, al presidente del Colegio de Periodistas, al presidente de la Comisión de Ética de los Medios de Comunicación, al alcalde y al concejo de Puente Alto. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.30 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Subjefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado.