REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 355ª Sesión 37ª, en jueves 14 de junio de 2007 (Ordinaria, de 10.42 a 14.06 horas) Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia8 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 -Votación por los moais de Isla de Pascua como una de las siete maravillas del mundo11 V.Orden del Día. -Postergación de fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunales orales en lo penal en la Región Metropolitana. Segundo trámite constitucional12 -Ejercicio de comercio ambulante en la locomoción colectiva. Modificación del artículo 91 de la ley N° 18.290, de tránsito. Primer trámite constitucional14 -Modificaciones al decreto ley Nº 3.472, de 1980, sobre el fondo de garantía para pequeños empresarios. Tercer trámite constitucional36 VI.Proyectos de acuerdo37 -Pago de asignación familiar a hijos estudiantes de hasta veintiocho años. (Votación)37 -Evaluación de seguro agrícola y extensión de sus beneficios39 VII.Incidentes. -Homenaje en memoria de don Hugo López, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de la comuna de Tierra Amarilla. Oficio41 -Construcción de nueva línea del Metro en Santiago. Oficios41 -Información sobre monto de recursos provenientes de las ventas de cobre para compra de material de las Fuerzas Armadas. Oficio42 -Envío de proyectos a trámite legislativo. Oficio42 -Fallas de construcción en escuela de San José de Calbuco. Oficios42 -Información sobre proyecto de construcción de depósitos de combustibles en Calbuco. Oficios43 -Emplazamiento de proyecto inmobiliario en trazado de futuro camino internacional en San Bernardo. Oficios44 -Antecedentes sobre instalación de comunidad terapéutica en parcelación Los Copihues de Paine. Oficios45 -Revisión de valor e intereses de los aranceles universitarios. Oficios46 -Provisión de recursos para localidades de Puyehue. Oficios46 Pág. -Información acerca de licitación y protección del predio Llancahue de la ciudad de Valdivia. Oficios47 -Deslizamientos en cerro de caleta de Amargos, de Corral. Oficios48 -Fiscalización a empresa concesionada para mantenimiento de caminos de Lonquimay. Oficios48 -Falta de plan de contingencia ante actividad del volcán Llaima. Oficios49 -Antecedentes sobre aprobación de permiso provisorio para instalación de planta de Metrogas en Peñalolén. Oficios49 -Antecedentes sobre recursos destinados a reparación de escuela de Colín, comuna de Maule. Oficios50 -Información sobre contaminación de río Mataquito. Oficios51 -Reconstrucción del puente de La Huerta en la comuna de Curepto. Oficio52 VIII.Documentos de la Cuenta. -Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos: 1.Modifica normas relativas al subsidio familiar y a la adopción. (boletín N° 4812-13)53 2.Políticas de fomento y resguardo de la actividad circense nacional. (boletín N° 2579-06)54 3.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que incluye en la ley N° 19.962, sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales, a los condenados por tribunales ordinarios. (boletín N° 4348-17)55 4.Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que modifica la ley N° 19.665, con el objeto de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal, en la Región Metropolitana. (boletín N° 5099-07) (S)56 5.Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que modifica la ley N° 19.665, con el objeto de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal, en la Región Metropolitana. (boletín N° 5099-07) (S)57 6.Moción de los diputados señores Bustos, Espinoza, don Fidel; Araya, De Urresti, Meza, Ojeda, Saffirio, Vallespín, y de la diputada señora Soto, doña Laura, que establece recurso especial para hacer efectiva responsabilidad para fiscales del Ministerio público por actuaciones que indica. (boletín N° 5129-07)58 7.Moción de los diputados señores Escobar, Díaz, don Eduardo; Enríquez-Ominami, Valenzuela, y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta, que reforma los artículos 140 y 155 del Código Procesal penal en materia que indica. (boletín N° 5130-07)60 Pág. 8.Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Álvarez, Alvarado, Burgos, Bustos, Ceroni, Monckeberg, don Cristián; Montes y Walker, que sanciona a quien no presenta la declaración de patrimonio al concluir su mandato. (boletín N° 5131-06)65 9.Moción de los diputados señores González, Ceroni, Girardi, Hales, Insunza, Quintana, Tuma, Valenzuela y de las diputadas señoras Muñoz. doña Adriana y Soto, doña Laura, que modifica la ley N° 19.300, de bases generales del medio ambiente, estableciendo la facultad de decretar la realización de participación ciudadana en la evaluación de de declaraciones de impacto ambiental. (boletín N° 5132-12)66 10.Moción de los diputados señores González, Ceroni, Girardi, Hales, Insunza, Quintana, Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Soto, doña Laura, que modifica la ley N° 19.947, estableciendo la posibilidad de excusarse de asistir personalmente a la audiencia de conciliación. (boletín N° 5133-07)67 11.Moción de los diputados señores González, Ceroni, Girardi, Hales Insunza, Quintana, Tuma, Valenzuela, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Soto, doña Laura, que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones, estableciendo límites que indica a la instalación de centros comerciales. (boletín N° 5134-14)68 12.Moción de los diputados señores Jiménez, Sule, Aguiló, Enríquez-Ominami, Escobar, Espinosa, don Marcos; Farías, Insunza, Jarpa y Meza, que dispone la erección de un monumento a la memoria de don Anselmo Sule Candia. (boletín N° 5135-24)70 13.Moción de los diputados señores Escobar, Alinco, Enríquez-Ominami, Lorenzini y Sule, que modifica el artículo 57 de la Constitución Política de la República, en materia de inhabilidades parlamentarias. (boletín N° 5136-07)71 14.Moción de los diputados señores Escobar, Alinco, Enríquez-Ominami, Lorenzini y Sule, que modifica el artículo 57 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a establecer un nuevo requisito para ser alcalde en los términos que indica. (boletín N° 5137-07)73 15.Moción de los diputados señores Robles, Espinosa, don Marcos; Jarpa, Meza, Pérez, Sule y Venegas, don Samuel, que declara el día 1 de octubre “Día Nacional del Asistente de Educación”. (boletín N° 5138-24)74 16.Moción de los diputados señores Errázuriz y Lobos, que establece impedimento para tener cargo directivo en una Isapre. (boletín N° 5139-11)76 17.Moción de los diputados señores Robles, Espinosa, don Marcos; Jarpa, Meza, Pérez, Sule y Venegas, don Samuel, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades eliminando las inhabilidades que afectan al personal codocente para optar a cargos de votación popular. (boletín N° 5140-06)77 Pág. 18.Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.665, con el objeto de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal, en la Región Metropolitana. (boletín N° 5099-07. (Oficio N° 183)79 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación: -Del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que en la Comisión de Seguridad Ciudadana el diputado señor Sepúlveda, don Roberto, será reemplazado en forma permanente por la diputada señora Rubilar, doña Karla, 2.Oficios: Contraloría General de la República: -Diputado Meza, dictámenes emitidos por Contraloría Regional de Valparaíso. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: -Diputada Herrera, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Antártico Ltda.” -Diputada Soto, proyectos ejecutados por la Empresa Chilquinta en la calle Serrano. Ministerio de Hacienda: -Diputado Ulloa, seguro de accidentes a cuerpo de Bomberos de Tomé. Ministerio de Defensa Nacional: -Diputada Pacheco, cumplimiento de normas laborales y medioambientales de empresas pesqueras. Ministerio de Salud: -Diputada Rubilar, licencias médicas rechazadas durante el año 2006. -Diputado De Urresti, presupuesto e implementación de centro de salud, para Mehuín, y las zonas aledañas. Ministerio de Minería y Energía: -Diputado Robles, subcontratación en empresas públicas. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado Monckeberg don Cristián, líneas de la Empresa Metro S.A. hasta el sector de Los Domínicos. -Diputada Rubilar, pasajeros transportados por el Metro de Santiago. -Diputado Delmastro, tasación efectuada por la empresa Invia, sobre terreno ubicado en localidad de Huellelhue. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: -Diputado Robles, medidas de prevención en transporte ferroviario de material mineral. Ministerio de Planificación y Cooperación: -Diputado Bertolino, empresas que participaron en los proyectos y ejecución de obras del Transantiago, Biovías y Transvalparaíso. Municipalidad de Calama: -Diputado Espinoza don Marcos, empresa minera Conymet. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Aguiló Melo, Sergio -Alinco Bustos, René -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Becker Alvear, Germán -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Burgos Varela, Jorge -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Del Río, Eduardo -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Eluchans Urenda, Edmundo -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -Goic Boroevic, Carolina -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Herrera Silva, Amelia -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Martínez Labbé, Rosauro -Masferrer Pellizzari, Juan -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Bruner, Cristián -Montes Cisternas, Carlos -Moreira Barros, Iván -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Palma Flores, Osvaldo -Pascal Allende, Denise -Pérez Arriagada, José -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Saa Díaz, María Antonieta -Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Soto González, Laura -Sule Fernando, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Tuma Zedan, Eugenio -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Uriarte Herrera, Gonzalo -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Cárdenas, Mario -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Walker Prieto, Patricio -Ward Edwards, Felipe -Asistieron, además, los ministros de Justicia, don Carlos Maldonado, y de Cultura, doña Paulina Urrutia.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.42 horas. El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 32ª se declara aprobada. El acta de la sesión 33ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. VOTACIÓN POR LOS MOAIS DE ISLA DE PASCUAL COMO UNA DE LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO. El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, como se acordó en la reunión de los Comités celebrada el martes pasado, corresponde votar por los moais como una de las siete maravillas del mundo. Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saber cuál es la naturaleza reglamentaria de esta votación. En segundo término, deseo saber sobre los alcances de esta votación. He indagado respecto de los antecedentes de este asunto, y la verdad es que no he encontrado antecedente alguno en cuanto a quien lo audita o si algún organismo internacional respalda su resultado. El señor WALKER (Presidente).- No es cuestión de Reglamento, sino que, como dije, fue un acuerdo de los Comités que se adoptó el martes pasado. En consecuencia, no corresponde hacer uso de la palabra. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra. El señor WALKER (Presidente).- Reitero que no corresponde intervenir sobre la materia, ya que, como dije, el acuerdo de los Comités adoptado el martes pasado fue votar. -A continuación, los señores diputados emiten su voto a través de internet. El señor WALKER (Presidente).- Con esto se ha cumplido con el acuerdo de votar por los moais de Isla de Pascua como una de las siete maravillas del mundo. (Aplausos) Agradezco especialmente a la diputada señora Laura Soto, a los diputados Joaquín Godoy y a todos los de la zona, a los artistas pascuenses y a quienes nos acompañan hoy en tribunas. -Aplausos y manifestaciones en las tribunas. V. ORDEN DEL DÍA POSTERGACIÓN DE FECHA DE NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES DE GARANTÍA Y DE TRIBUNALES ORALES EN LO PENAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Segundo trámite constitucional. El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.665, con el fin de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunales orales en lo penal en la Región Metropolitana. Diputados informantes de las Comisiones de Constitución Legislación y Justicia y de Hacienda son los señores Pedro Araya y Roberto Delmastro, respectivamente. Antecedentes: -Proycto del Senado, boletín Nº 5099-07 (S), sesión 35ª, en 13 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 5. -Certificados de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, de esta sesión La señora ALLENDE (doña Isabel).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que las Comisiones puedan sesionar después de la votación de este proyecto porque por muy breve que sea el informe, es posible que, si transcurren más de quince minutos desde la hora de citación, la sesión fracase. El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. Tiene la palabra el señor Pedro Araya, diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor ARAYA.- Señor Presidente, paso a informar el proyecto en referencia, que es bastante sencillo, pero de mucha trascendencia. Básicamente, la iniciativa prorroga la vigencia de los juzgados del crimen en general, que debería terminar este fin de semana, hasta 2008. En segundo lugar, prorroga el nombramiento de la planta definitiva de los tribunales de la reforma desde 2007 a 2008. La última modificación consiste en que, llegado el año 2008, los juzgados del crimen no desaparecerán en su totalidad, sino que se establece una gradualidad, o sea, subsistirán seis juzgados hasta llegar a uno en 2010. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Delmastro, informante de la Comisión de Hacienda. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, según el Ministerio de Hacienda, para este año, la aplicación del proyecto implica un gasto de 527.251.000 pesos, el cual se financiará con cargo al presupuesto vigente del Poder Judicial, y en los años venideros con cargo al presupuesto de cada año. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de Reglamento. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el ministro de Justicia nos iba a entregar antecedentes relevantes relacionados con el proyecto en debate, que no fueron aportados por los diputados informantes. El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, el acuerdo de Comité fue votar el proyecto de ley sin discusión. ¿Habría acuerdo para que el ministro de Justicia haga uso de la palabra y entregue los antecedentes que solicita la Sala? Acordado. Tiene la palabra el ministro de Justicia señor Carlos Maldonado. El señor MALDONADO (ministro de Justicia).- Señor Presidente, ayer la Comisión de Hacienda pidió información sobre cuáles serían los tribunales subsistentes a propósito de la nueva gradualidad en su extinción y algunos datos sobre el número de causas, los cuales se los haremos llegar en el transcurso del día. Respecto de lo primero, los tribunales subsistentes, según informes de la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la que decide conforme con el proyecto de ley, serían los siguientes juzgados del crimen: 4°, 10°, 12°, 14°, 32° y 34°. Además, tengo el nombre de los jueces, pero no sé si es necesario entregar esa información. Es cuanto puedo decir. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- En votación general el proyecto, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio, por tratarse de materias de ley orgánica constitucional. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, también se daría por aprobado en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. ¿Habría acuerdo? Acordado. Aprobado en particular. ¿Habría acuerdo para que el ministro de Justicia haga uso de la palabra? Acordado. Tiene la palabra el señor ministro. El señor MALDONADO (ministro de Justicia).- Señor presidente, quiero agradecer sinceramente el apoyo a esta iniciativa, que soluciona un problema operativo de suma importancia, cual es mantener un número de juzgados del crimen que permita absorber la carga de trabajo que aún subsiste del sistema antiguo y, a la vez, posponer el nombramiento de una parte de la dotación de jueces de garantía y orales que aún no resultan necesarios en la Región Metropolitana, dado el ingreso de causas que ha registrado el sistema. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto. EJERCICIO DE COMERCIO AMBULANTE EN LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Modificación del artículo 91 de la ley N° 18.290, de Tránsito. Primer trámite constitucional. El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que concede permiso a trabajadores para realizar su labor al interior de la locomoción colectiva. Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Juan Carlos Latorre. Antecedentes: -Moción, boletín N° 4332-15, sesión 48ª, en 12 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 11. -Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 34ª, en 12 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 9. El señor LATORRE.- Señor Presidente, antes de informar el proyecto, quiero saber por qué no se permite el ingreso a la Sala de las personas interesadas en la iniciativa, quienes desde muy temprano están esperando esta oportunidad. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado ¿puede explicar lo que plantea? El señor LATORRE.- Señor Presidente, hay un grupo numeroso de dirigentes interesado en escuchar la discusión de esta moción parlamentaria, pero por razones que no entiendo, no se les permitió su ingreso a las tribunas. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, voy a averiguar que ocurrió, por cuanto a nadie se le ha prohibido el ingreso a tribunas. Mientras tanto, puede entregar su informe. El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que suspenda la sesión, por que no me parece justa tal prohibición. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos, acogiendo la petición del diputado informante. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, el diputado señor Juan Carlos Latorre no puede pedir suspensión de la sesión, porque no es jefe de Comité. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, la decisión la tomé yo. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, es una mala decisión. -Transcurrido el tiempo de suspensión. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Sergio Aguiló, Pedro Araya, Fidel Espinoza, Sergio Ojeda, Carlos Olivares, las diputadas señoras Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda, y el diputado Gonzalo Uriarte, que concede permiso a trabajadores para ejercer su actividad al interior de la locomoción colectiva. El proyecto tiene por objeto, mediante la modificación de la ley de Tránsito, permitir el ejercicio del comercio ambulante a bordo de los vehículos de locomoción colectiva, con los requisitos y condiciones a determinar por el respectivo reglamento. En la Comisión, se contó con la asistencia de personeros del Ministerio del Trabajo, de la División de Normas de la Subsecretaría de Transportes, de asesores jurídicos de dicho ministerio e integrantes de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes de Transporte y Anexos, Sintraloc. Los fundamentos del proyecto son los siguientes: El artículo 91, N° 3, de ley N° 18.290, de Tránsito, prohíbe realizar el comercio ambulante al interior de los vehículos de transporte público de pasajeros. Pese a ello, existe una extendida red de comerciantes informales que, de hecho, realiza esta práctica de manera ilegal al interior de la locomoción colectiva, habiéndose incluso constituido el Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes del Transporte y Anexos, Sintraloc. En consecuencia, se hace necesario regularizar adecuadamente esta modalidad de comercio ambulante que, por lo demás, se ha transformado en la fuente laboral de más de cinco mil personas, sólo en la región Metropolitana. Con ocasión de la puesta en marcha del plan de transporte Transantiago, en la región Metropolitana, el que considera la total erradicación de este tipo de comercio, estas personas han manifestado, en forma urgente, su preocupación. Por eso, a requerimiento de Sintraloc, la Intendencia de la Región Metropolitana conformó una mesa técnica de trabajo integrada, además de los dirigentes señalados, por los seremis de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Educación, y el representante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, con el objeto de abordar de forma integral la problemática del sector. Además, se invitó a participar a los diputados Sergio Aguiló, como uno de los autores del proyecto, y a quien habla, en mi calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Esa mesa de trabajo técnica nos permitió advertir los términos en que este grupo de chilenos realiza una actividad que les permite escasamente sobrevivir o reforzar el ingreso familiar en forma organizada. Ellos se comprometieron a cumplir una serie de exigencias personales para que el reglamento que se dicte posibilite el ejercicio de esta actividad dentro de la región Metropolitana. Entre las exigencias no sólo existía la capacitación personal a la que han estado abocados muchos de sus integrantes, sino también su disposición a realizar su actividad uniformados y con una placa que los identifique como ligados a una organización que responde por el ejercicio correcto del rol de vendedores ambulantes. Los seremis de Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Educación, y el representante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, se comprometieron a implementar una serie de aspectos complementarios que permitirán que esta actividad comercial se realice de acuerdo a las normas pertinentes. De hecho, también se contempla la obtención de los permisos municipales y la elaboración de un giro comercial que les permita realizar esta actividad. Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en la moción. En términos generales, se busca otorgar carácter legal y formal a una actividad que, en la actualidad, y de hecho, se realiza a pesar de estar prohibida por la ley de tránsito, como es la venta de productos a bordo de vehículos de locomoción colectiva, y de paso, conservar una fuente de trabajo e ingresos para un importante número de personas, la que hoy se ve amenazada de definitiva extinción, a partir de la puesta en marcha de los nuevos sistemas de transporte público. Durante la discusión del proyecto se manifestó la disposición de los representantes de todas las bancadas a votarlo favorablemente. En ese sentido, muchos diputados intervinieron para entregar antecedentes provenientes de sus reuniones de trabajo con los dirigentes de Sintraloc, quienes realizaron un lobby para que el máximo de diputados conociera su interés porque esta iniciativa fuera aprobada. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes del Transporte y Anexos, Sintraloc, señor David Peña, señaló que su agrupación se considera parte integrante no sólo de la historia, sino del presente del transporte público, así como de su modernización, y que la agrupación que representa -que hoy se hace presente con un grupo de sus asociados en las tribunas- aspira a desarrollar un trabajo calificado y digno de orgullo. Agregó que para el desarrollo de esta labor se requiere de una ciudad limpia y segura, donde trabajadores responsables otorguen seguridad en las compras y en el trato a los clientes, y tengan una buena relación también con los conductores. Hoy, esta actividad está prohibida por la ley, en contravención a convenios internacionales que consagran el derecho al trabajo. Por lo tanto, se requiere un cambio, se necesita dictar una ley que, imponiendo determinadas exigencias y condiciones, permita el desarrollo de esta actividad comercial, y que, por el contrario, prohíba el ejercicio informal e inseguro de la actividad. En su intervención se resumen muchos de los fundamentos que hemos tenido presente los miembros de la Comisión para acoger favorablemente esta iniciativa. Además, para el ejercicio de esta actividad se contempla la generación de un régimen de autorizaciones otorgadas por las municipalidades mediante el pago de una patente, que permitirá el ejercicio lícito del comercio independiente en la locomoción colectiva. El asesor jurídico del Ministerio de Transportes, señor Lautaro Pérez, dio a conocer los criterios de dicho ministerio sobre la materia. Por su parte, la representante de la Cámara Nacional de Comercio manifestó que su organismo no estaba de acuerdo con esta iniciativa, pero que quedaban a la espera de que se dictara una legislación más integral, lo que hasta la fecha no ha sido posible. Puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por 8 votos a favor y 1 abstención. (Aplausos en las tribunas) Comparto la natural satisfacción manifestada por los trabajadores del comercio ambulante que hoy nos acompañan en las tribunas, pues un grupo de parlamentarios fue capaz de acoger su solicitud, transformarla en una moción y, posteriormente, acompañar su discusión en la Sala. Además, debo aclarar que también hubo diputados de la Alianza por Chile que colaboraron en el proyecto. Reitero la solicitud para que esta Sala le dé su aprobación. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, seré muy breve, ya que el informe ha sido bastante elocuente; ha dado cuenta de su contenido en profundidad y, sobre todo, de las ventajas y los grandes dividendos sociales que el proyecto puede traer. Entiendo que en algunos sectores una iniciativa de este tipo puede generar reticencia, incluso críticas, y en otros, a lo mejor, distancias. Pero creo que es una gran oportunidad para integrar al comercio formal a muchos vendedores ambulantes que digna y legítimamente se ganan la vida. Lamentablemente, el Transantiago ha generado muchos costos sociales para los usuarios, para los propios choferes, para las personas que trabajaban en el antiguo sistema, pero también para los micro y pequeños empresarios que en forma digna y legítima trabajaban en el transporte público. Por ello, pienso que no es justo agregar a todo ese gran costo social a las personas que trabajaban como vendedores ambulantes en la locomoción colectiva. Creo que es una gran oportunidad para integrarlas al comercio formal, y así prestar un servicio de buena forma, integradamente, cumpliendo formalidades mínimas, como es el uso de una credencial, y que ellas entiendan que se juegan una oportunidad para demostrar que pueden prestar un servicio como cualquier otro comerciante establecido. Por eso, creo que es un avance, osado, pero un avance al fin, y esta Cámara de Diputados tiene que ser receptora de iniciativas de este tipo. Esto claramente integra, da oportunidades, hace justicia. Es una especie de una indemnización de perjuicios anticipada, porque viene a restablecer un daño patrimonial que se le ha causado a miles de familias por un sistema implementado en la forma que todo el país conoce. Por las razones expuestas, la Unión Demócrata Independiente se suma a esta iniciativa, porque es sumamente justa y viene a llenar un vacío, como muchos otros que quedaron en la implementación del nuevo sistema de transporte público. La Unión Demócrata Independiente agradece al diputado Aguiló, como autor principal de la iniciativa, la oportunidad de haber participado y colaborado en la redacción, discusión, presentación de indicaciones y, por cierto, en tratar de resolver uno de los tantos problemas que ha generado el Transantiago. He dicho. -Aplausos. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, efectivamente, ésta es una iniciativa que, por el concurso de múltiples voluntades múltiples que logró reunir desde que fue planteada, vale la pena expresar respecto de ella que constituye la confluencia de esfuerzos de muy diversa naturaleza, encabezados por un grupo notable de trabajadores, no sólo por su número, sino, sobre todo, por su conciencia, su organización, su capacidad, por la necesidad que ellos mismos constataron de modernizar y formalizar su trabajo y, de esa manera, contribuir con la mantención de sus familias. El informe del diputado Juan Carlos Latorre ha sido muy completo, por tanto, sólo debo señalar que la ley N° 18.290 establece en su artículo 91 la prohibición de subir a los vehículos de locomoción colectiva, entre otros, a los vendedores ambulantes. O sea, tal como se explicó, esas personas ejercían una actividad legítima y ética, cual era sustentar el ingreso familiar a través del comercio de productos, muchas veces necesarios, pero al margen de la ley. El problema es que, durante mucho tiempo, existió un pacto, algunas veces implícito, otras, conversado con los propios dirigentes a medida que se fueron organizando, para que dicha actividad pudiera realizarse, sin perjuicio de la prohibición establecida en la ley. Cuando empezó a funcionar el Transantiago, el Gobierno, probablemente como parte de las negociaciones con las empresas que licitaron los recorridos del Transantiago, advirtió, en su momento, que haría cumplir la ley. Por eso, resolver el tema, se instaló una mesa de diálogo en la Intendencia de la Región Metropolitana, encabezada por el entonces intendente don Víctor Barrueto. En dicha reunión participaron los dirigentes del sindicato que agrupa a todos los trabajadores del comercio ambulante en la locomoción colectiva, y diversas autoridades, como seremis de transporte, de salud, del trabajo, representantes de la Iglesia Católica, del propio Obispo, de Carabineros, de Investigaciones. Desde aquí, enviamos un saludo al ex intendente de Santiago, Víctor Barrueto, por haber instalado esta mesa. Fue una persona que hizo un gran aporte. (Aplausos en las tribunas). Entonces, se nos pidió a diputados de distintas bancadas que encabezáramos esa mesa. Entre ellos, al diputado Gonzalo Uriarte, a quien agradezco sus palabras siempre nobles y gentiles; al diputado Ojeda y a la diputada Denise Pascal, que ha colaborado mucho, porque además de ser patrocinante del proyecto, también es parlamentaria por la Región Metropolitana. Asimismo, agradezco al diputado Montes y a la diputada Isabel Allende, ambos de mi bancada, quienes nos dieron a conocer la realidad que vivían los vendedores ambulantes de la Región Metropolitana. No obstante ser un proyecto a nivel nacional, es particularmente significativo para esta región, en la cual -entiendo- el número de personas que se dedican a esta legítima actividad llega, aproximadamente, a 5 mil. Probablemente, en La Serena, por ejemplo, también hay un número considerable. Con este proyecto van a poder vender distintos productos al interior de los buses de la locomoción colectiva. Por su parte, los trabajadores que hoy nos están escuchando, que son personas muy abnegadas y esforzadas, se han comprometido -es bueno que lo digamos una vez más-, primero, a formalizar su actividad ante el Servicio de Impuestos Internos, una vez que este proyecto se convierta en ley, y a pagar un impuesto de acuerdo a una renta presunta; segundo, a obtener un permiso especial en la municipalidad de la comuna donde vivan, y tercero, a usar uniforme -muchos de los que hoy nos acompañan en tribunas ya los tienen-, con una tarjeta que incluya su fotografía y su nombre. Todo esto contribuirá enormemente a mejorar la seguridad ciudadana al interior de los buses de la locomoción colectiva. Lo digo, porque muchas veces, entre estos honestos y esforzados trabajadores se colaba más de un maleante o asaltante -vaya uno a saber- no precisamente con las mejores intenciones. El hecho de que estos trabajadores usen uniforme y porten una identificación permitirá a la gente viajar mucho más tranquila, saber quién le vende, conocer las características de los productos que está comprando, conversar con el vendedor, etcétera. Incluso, estos trabajadores ayudan informando a los santiaguinos sobre los recorridos del Transantiago. En realidad, no sé si servirá mucho, porque los buses van repletos. En todo caso, en algún momento la información que entregan servirá para algo. Debo aclarar que, prácticamente, todos los diputados se encuentran en el recinto de la Cámara, trabajando en las distintas comisiones en el despacho de otras iniciativas legales; pero cuando llegue el momento de votar, concurrirán a la Sala, pues por todas las razones expuestas, es muy necesario que aprobemos hoy este proyecto. Se presentaron algunas indicaciones que ya estudiamos en la Comisión, que podrían dilatar innecesariamente el trámite del proyecto. Por eso, les sugiero que las analicemos y, si es posible, que las aprobemos, de modo que el proyecto vaya de inmediato al Senado. Espero contar con la colaboración de los parlamentarios de la UDI, y de Renovación Nacional y, por cierto, de todos los diputados de la Concertación -como lo dijo el diputado Latorre-, para acompañar a estos trabajadores al Senado a fin de solicitarles a los senadores que aprueben esta iniciativa cuanto antes, porque recoge un anhelo muy sentido de más de 5 mil trabajadores -en realidad, más de 5 mil familias, porque cada uno de ellos es jefe de hogar-, cuyo único sustento, en la inmensa mayoría de los casos, son los ingresos que obtienen con esta actividad, a la cual tan dignamente se dedican. Para terminar, quiero rendir un sentido homenaje a estos trabajadores que han hecho tanto, no sólo por su familia y por su bienestar, sino también por la modernización del transporte público de nuestro país. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, mi intervención va a ser muy breve, porque los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron claros planteamientos de fondo relacionados con la importancia del proyecto. Quiero saludar especialmente a los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes de la Locomoción Colectiva, Sintraloc, porque son ellos los actores principales en esta iniciativa. (Aplausos en las tribunas). Aunque no fui invitada a firmar el proyecto, en mi condición de Presidenta de la Comisión de Trabajo, durante el último tiempo, he tenido permanente contacto con el Sintraloc, con el propósito de agilizar su tramitación y de incluirlo en las tablas de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de la Sala, a fin de darle un tratamiento urgente. Sólo quiero agregar que éste es un ejemplo de trabajo organizado. En las conversaciones sostenidas con los dirigentes del Sintraloc nos han dado una verdadera lección sobre la forma en que un grupo humano puede transformar una situación marginal para construir una oportunidad de dignificar el trabajo que han desarrollado y que constituye el sustento de su familia. No tiene mucho sentido decir que el Transantiago ha influido para que esta iniciativa sea tramitada en forma urgente. Podemos culparlo de muchas situaciones, pero, en este caso, lo que marca a esta iniciativa y a la organización de estos trabajadores es, sencillamente, la formalización de un trabajo informal, que es consecuencia de nuestro mercado laboral que excluye y margina a un gran número de trabajadoras y trabajadores. En mi opinión, lo que han hecho estas personas que desarrollan su actividad al interior de la locomoción colectiva es darnos un ejemplo de cómo ellos, sobre la base de la experiencia ganada en su trabajo cotidiano, han logrado incorporar elementos que son un aporte a la seguridad ciudadana y dar transparencia a la actividad que desarrollan. Incluso, ayudan a los usuarios de la locomoción colectiva. En definitiva, han demostrado que la informalidad laboral puede ser una gran oportunidad para que muchas personas, con iniciativas de esta naturaleza, puedan ir incorporando elementos de formalización y de dignificación de su trabajo. Como lo señaló el diputado Aguiló, si bien esta actividad no es legal, sí es absolutamente legítima, porque constituye una respuesta a la marginación y a la exclusión de muchos chilenos y chilenas del mercado laboral. Felicito una vez más a los dirigentes de Sintraloc, a los vendedores ambulantes de la locomoción colectiva y les deseo la mejor de las suertes. Por otra parte, espero que si las indicaciones que han presentado diversos colegas no son discutidas en esta sesión, sean retiradas, porque estos trabajadores han esperado largo tiempo para que el proyecto sea tratado por la Cámara y enviado al Senado, de manera que se transforme en ley de la República a la brevedad. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, deseo manifestar la enorme alegría y satisfacción que me produce el hecho de estar discutiendo un proyecto tan importante como éste, que autoriza a trabajadores a desarrollar una actividad comercial al interior de la locomoción colectiva. Creo que el país tenía una deuda con ellos, la que, en parte, queda saldada con esta iniciativa, de la cual también fui uno de sus autores. Pero el mayor mérito corresponde a un miembro de nuestra bancada: al diputado Sergio Aguiló. Si tuviéramos que hacer una síntesis de lo que significa esta iniciativa, podemos decir que busca atenuar algo injusto y que no puede seguir ocurriendo. Me refiero a la prohibición absoluta establecida en la ley de Tránsito para ejercer el comercio ambulante. Esto no sólo afecta al comercio ambulante de Santiago, porque en otras regiones también existe este tipo de trabajadores, quienes muchas veces tienen que mendigar un permiso municipal y someterse a la decisión del alcalde de turno, porque no existe legislación sobre la materia. Muchas veces deben trabajar a escondidas de la autoridad o bajo el arbitrio del conductor, en fin. Al existir una ley se da un paso fundamental en la materia. Reitero que el proyecto no sólo favorecerá al comercio ambulante de Santiago, que con este trabajo llevan el pan a sus hogares, sino que al de todo el país. Ocurre que por culpa del uno por ciento que aprovecha esta actividad para realizar actos delictivos, se empaña la esencia de una labor que debemos respetar. No hay más palabras para graficar la trascendencia de esta iniciativa. Como dijo el diputado Sergio Aguiló, esperamos que las indicaciones presentadas no entraben su tramitación, porque el proyecto fue discutido el año pasado y han debido pasar seis meses para que llegara a la Sala. Esperamos que en el Senado exista la misma agilidad que se ha tenido en la última semana para poner este proyecto en el debate, gracias a la gestión del Presidente y de los diputados autores de la iniciativa, para que pronto contemos con una legislación sobre la materia, que es de tanta trascendencia para el comercio ambulante. El propósito del proyecto es que los conductores de buses urbanos, interurbanos y rurales -tema muy importante para los diputados de regiones, como en mi caso, que represento a un distrito con mucha ruralidad y con trayectos bastante extensos que hacen necesario el comercio ambulante-, admitan el ejercicio de esta actividad comercial al interior de sus vehículos a personas naturales que cuenten con la autorización municipal respectiva. La diferencia con lo que ocurre en la actualidad es que los permisos no se otorgarán de acuerdo al arbitrio del alcalde de turno, sino que serán otorgados por ley y cada comerciante contará con una tarjeta de identificación, que incluirá su nombre completo y su fotografía, con lo cual se eliminarán las críticas de algunos que sostienen que nosotros queremos legalizar la delincuencia dentro del comercio ambulante, cosa que no es tal, porque, repito, la gran mayoría, por no decir todos quienes desarrollan esta actividad, son gente a lo mejor humilde, pero honesta, responsable y que con los ingresos obtenidos con su trabajo contribuyen al desarrollo de su familia y al mejoramiento de la calidad de vida de sus hijos y de su núcleo familiar. Por eso, votaremos a favor del proyecto y esperamos que tenga un amplio respaldo en la Sala. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en la Comisión de Obras Públicas trabajamos por mucho tiempo este proyecto. Hablamos con los involucrados, comerciantes ambulantes que trabajan dentro de los buses. El problema que intenta resolver el proyecto empezó cuando a los comerciantes ambulantes que trabajaban libremente en los buses de la locomoción colectiva de la empresa privada no se les permitió el ingreso a los buses licitados por el Transantiago. El gremio de los comerciantes ambulantes agrupa a varios miles de personas, quienes actualmente están muy preocupados de que no se les permita seguir trabajando. Estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, pero tengo una duda, que ya planteé al presidente de los comerciantes ambulantes. Les pido que escuchen mi planteamiento, porque es posible que, a pesar de que aprobemos el proyecto, después tengan problemas. La locomoción es una empresa licitada. Entonces, ¿qué pasa si una empresa licitada presenta un recurso de protección porque le están invadiendo el bus? Todos estamos de acuerdo en que esta gente tiene derecho a trabajar, a alimentar a sus familias, sobre todo porque son gente de bien, cuyo único fin es trabajar. Sin embargo, se les ponen obstáculos y condiciones para ello: que deben tener tarjeta de identificación, pertenecer al gremio, en fin. Sin duda, el proyecto favorecerá a este gremio, no sólo de Santiago, sino de todo el país, a todos quienes quieran y tengan la necesidad de trabajar para mantener a sus familias, sobre todo porque después de conocerlos durante tanto tiempo no me cabe ninguna duda de que se trata de gente de bien, a la que le están cortando las manos. ¡Cómo vamos a hacer la vista gorda a la situación de estas personas! Si no se resuelve, es posible que al final tengan que trabajar en forma clandestina, y lo que es peor, si son sorprendidos por carabineros, se les requise su mercadería, con la consiguiente pérdida para el sustento de sus familias, o sea, van a tener que andar arrancando para trabajar en una actividad que han desarrollado durante tantos años. El proyecto es absolutamente humanitario y nos preocupa mucho, porque los afectados son gente organizada, que pertenece a sindicatos y quiere hacer todo de manera correcta. Ésta es una buena iniciativa, sobre todo porque favorece a gente que está pidiendo que la dejen realizar su actividad y nuestra obligación es respaldar a quienes quieren trabajar en forma honesta para proveer el sustento familiar. Ésa es la gente a la que queremos ayudar. Por lo tanto, hacemos un llamado a quienes han licitado el Transantiago, sean quienes sean, a que se pongan una mano en el corazón y así como ellos están ganando dinero con el Transantiago, que dejen trabajar al comercio ambulante en sus vehículos, porque su propósito no es hacer daño, sino ganar el sustento para sus hijos. Eso es lo que aplaudo de pie. Por eso, Renovación Nacional, sin dudar ni un solo minuto, por esta gente, a la cual conocemos, que se han expuesto para conseguir permiso para trabajar, votará a favor el proyecto. Bien por los que están trabajando honradamente. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, el proyecto en discusión hace justicia a nuestros amigos de Sintraloc que han realizado un largo proceso para llegar a esta instancia. Tal como lo señaló el diputado René Manuel García, que me antecedió en el uso de la palabra, todos los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados hemos visto cómo desde el año pasado han venido generando las condiciones para llegar a contar con un proyecto de ley largamente debatido en esa Comisión, con la presencia de las autoridades del Ministerio de Transportes y de distintos parlamentarios de la Región Metropolitana interesados en él y en la justicia del propósito perseguido por los trabajadores. Por eso, llamo a todos los colegas a hacer justicia a este proceso largísimo, que incluso significó que la Intendencia de la Región Metropolitana, las seremías de Trabajo y de Previsión Social, de Justicia y Educación y otras entidades públicas hayan establecido una mesa de trabajo, previo a la elaboración de este proyecto, para buscar solución a ese tema. Sólo en la Región Metropolitana hay alrededor de cinco mil personas, esto significa cinco mil familias, que viven de este trabajo de carácter informal, que desarrollan al interior de la locomoción colectiva. Por tanto, es un tema de carácter social importante. Efectivamente, la ley no permitía esta labor. Por eso, queremos darles un respaldo legal para que tengan la dignidad de trabajadores, sin verse obligados a sufrir el arbitrio de determinados choferes, en algunos casos la persecución de la policía, por estar realizando una labor ilegal hasta ahora. Es conveniente reconocer los notables esfuerzos realizados por el Sindicato de Trabajadores Ambulantes de la Locomoción Colectiva, Sintraloc. En primer lugar, se organizaron. En segundo lugar, son un verdadero ejemplo por tratar de hacer las cosas de manera distinta y terminar con la estigmatización injusta cuando se les relaciona con eventuales situaciones de delincuencia en Santiago. Por eso, han hecho un gran esfuerzo económico por tener un uniforme que los distingue, una identificación clara y precisa que los responsabiliza, con su identidad, fotografía, nombre, Rut y número en el sindicato. Es una cuestión digna de ejemplo. Incluso, quieren ir más allá. Desean formalizarse, pagar sus impuestos y ser considerados como un trabajador más, teniendo en vista que la locomoción colectiva es el espacio natural en que se desarrolla su actividad. Con el cambio que ha representado el Transantiago, es evidente que están dispuestos a hacerlo de la mejor manera. Pero estos trabajadores no sólo están presentes en la Región Metropolitana, también existen a lo largo del país, incluida la Quinta Región. De manera que pueden ser varios miles más los beneficiados con el proyecto. Porque he visto cómo han esperado largas horas para conversar con cada uno nosotros, aunque precisamente no son mis electores, porque vengo de la Novena Región, me interesa destacar el gran esfuerzo que han realizado. Por eso, por la justicia y por la forma en que han encarado la situación, no nos queda más que aprobar en forma decidida el proyecto. La Comisión de Transportes lo estudió detenidamente y le da su respaldo. En lo personal, anuncio mi voto favorable de manera entusiasta, porque es de toda justicia y esta organización de pequeños y microempresarios se lo merece. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, aunque comparto los argumentos entregados, no los voy a reiterar en honor al tiempo. El proyecto es relevante en muchos sentidos y debemos apoyarlo. Conozco a algunos de los dirigentes que han trabajado por años en este tema y sé de su consistencia, claridad y dedicación para enfrentar un problema social de un grupo importante de trabajadores del comercio ambulante. Formalizar esta actividad significa regularizarla y permitirles tener un trabajo más estable. Para ellos es muy importante que se autorice su participación y organización en el transporte público de la ciudad de Santiago, ya que les ayuda a enfrentar un problema más de fondo. Me han llamado mucho la atención algunos discursos en los que se anunció que viene un proyecto de ley que busca reprimir fuertemente el comercio ambulante en todas las ciudades del país y eliminar los “coleros” de las ferias. Detrás de este planteamiento hay una presión muy fuerte del comercio instalado por la vinculación del comercio ambulante con el delito en algunos puntos. La cantidad de personas que existe en este ámbito es mucho mayor que la que se reconoce. Sólo en la comuna de La Florida el comercio ambulante alcanza a las cien mil personas. Entonces, cabe preguntarse ¿cuántas se dedican a esta actividad en Santiago y a lo largo del país? No lo sé. Ese proyecto que viene requiere un análisis más profundo. Es necesario indagar qué hay detrás del comercio ambulante y por qué un conjunto de personas termina en esa práctica ante la falta de alternativas en el mercado laboral. Es cierto que dentro del comercio ambulante la realidad es bien diversa. La mayor parte son personas que sobreviven gracias a esa actividad. Otra parte tiene trabajo definido y complementa su ingreso el fin de semana con esta labor informal. También algunas personas lo usan para eludir impuestos o desarrollar otra actividad. De repente llegan tremendas camionetas con muebles y otras cosas a la feria, de lo que se deduce que es una manera de eludir otro tipo de control. Sobre esta realidad no hay una política pública consistente. Quizás el primer paso es este proyecto de ley. Por eso, valoro mucho lo que han hecho sus autores, en particular el diputado Sergio Aguiló y los dirigentes del Sintraloc, porque se abre un camino. Se dice que la sociedad debe asumir esa realidad y buscar la solución apropiada. En este caso, formalizar su actividad en base a ciertas reglas dentro de los buses. Pero ¿qué pasa con las miles de otras personas que están en la misma situación? Al conocer a muchos comerciantes ambulantes, uno se encuentra con gente muy capaz, talentosa, con experiencia en muchas cosas o actividades, pero que por distintas razones no ha encontrado otro espacio en el mercado laboral o que, por último, se acostumbró a esa actividad, que le genera una rentabilidad apropiada. Es fundamental una política pública que parta por hacer un diagnóstico de esa realidad. Saber quiénes son y por qué se dedican a esa actividad. Muchas personas componen ese grupo porque cumplieron 50 ó 55 años y no tienen otra alternativa laboral. Otras son muy jóvenes y podrían perfectamente capacitarse, reciclarse e incorporarse con cierta política pública a otra actividad o mercado de trabajo. La mentalidad que asocia al comercio ambulante con algo negativo o de riesgo, debería empezar a cambiar a partir de este proyecto. El comercio ambulante representa una realidad social. Por lo tanto, la sociedad, el sistema político y este Congreso debe asumirla como tal. En la Quinta Avenida de Nueva York, por ejemplo, durante ciertos días se permite que personas carentes de autorización ejerzan el comercio ambulante como una forma de generar ingresos. Sin embargo, en Chile, como una manera de negar esa realidad, se opta por reprimir dicha forma de comercio. El Ejecutivo, antes de presentar a tramitación el proyecto anunciado, debería estudiar la compatibilización de medidas de contención del comercio ambulante con otras que permitan entregar alternativas. Diagnóstico, políticas, programas, capacitación y alternativas. La realidad del comercio ambulante refleja las desigualdades existentes en el país y las características de su mercado laboral, muy limitado en la cantidad de puestos de trabajo que genera. Debemos votar a favor el proyecto y, cuando corresponda su tramitación en el Senado, explicar sus aspectos de fondo. Deseo expresar al Gobierno y también a quienes, de acuerdo con su mentalidad y visión, buscan en forma permanente la represión del comercio ambulante, que en el próximo proceso presupuestario será necesario enfrentar la realidad de ese sector. Tal vez, el Fosis u otra institución pública podría iniciar, en todas las ciudades, algún programa destinado a conocer lo que ocurre y entregar alternativas específicas para los comerciantes ambulantes, que son jefes de hogar chilenos. La suerte de esas personas es una responsabilidad de toda la sociedad. Por lo tanto, se deben entregar cada vez mejores alternativas. Valoro el proyecto, porque es un paso en ese sentido. Asimismo, felicito a todos los que participaron en su elaboración y discusión y, de manera particular, a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes del Transporte y Anexos, Sintraloc. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, alguien que se acerque a conocer el proyecto sin mayor estudio, puede pensar que es demagogia pura. Sin embargo, para quienes estamos conectados con la realidad, se trata de una iniciativa extraordinariamente positiva y necesaria. La gente necesita proyectos como el que conocemos hoy, y la Cámara debería sentirse orgullosa de su tramitación, porque se legisla para solucionar un problema real. No hacerlo significaría desconocer lo que está ocurriendo en la realidad. Los representantes de distritos populares, como en mi caso, el número 43, integrado por las comunas de Hualpén y Talcahuano, conocemos y entendemos el enorme esfuerzo y trabajo de muchos compatriotas que, gracias a la práctica del comercio ambulante, han logrado dar un cauce a su vida, educar a sus hijos y construir una familia de bien. A mi juicio, es una ridiculez pensar que estamos legislando para proteger la delincuencia. En Chile, es posible encontrar ese flagelo en todos los segmentos de la sociedad, desde el más elevado al más bajo. Por lo tanto, no se puede estigmatizar a personas que, con tremendo esfuerzo, han logrado sobrevivir junto a su familia y educar a sus hijos como ciudadanos útiles a la sociedad. En mi condición de profesor universitario, se me han acercado alumnos a contarme que su padre es vendedor ambulante. El orgullo que se refleja en ellos debería verse reflejado en todos. Por eso, felicito a los autores del proyecto, entre los cuales figura el diputado señor Uriarte, de la UDI. Con franqueza, creo que de haberse conocido oportunamente, muchos más diputados lo habríamos patrocinado. Sin perjuicio de lo indicado, comprendo la legítima inquietud de algunos sectores. Sin embargo, considero que ella se salva al conocer que el proyecto asigna a los municipios la responsabilidad de entregar los permisos respectivos, mediante un sistema previamente reglamentado. Reitero que la Cámara debería sentirse satisfecha de responder al requerimiento de una importante cantidad de chilenos y anuncio que para los diputados de la UDI será un orgullo votar a favor la iniciativa. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, nunca me he sentido tan satisfecho y honrado al patrocinar un proyecto de ley. En verdad, nadie puede estar en contra del objetivo que persigue la iniciativa legal. Los comerciantes ambulantes son parte de la historia de Chile. La opción laboral del comercio ambulante es tan digna como cualquier actividad establecida, y responde a la necesidad de trabajo de un vasto sector de la población. Los parlamentarios mantenemos un contacto permanente con los comerciantes ambulantes. Ellos nos saludan en la calle, conversan con nosotros y nos transmiten sus inquietudes y problemas. Son personas tan capacitadas como cualquier otra. Por eso, saludo al presidente y demás representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes del Transporte y Anexos, Sintraloc, presentes en las tribunas. Su lucha puede significar una conquista para miles de trabajadores que se encuentran en las mismas condiciones. Anuncio mi voto a favor del proyecto, que representa una señal emblemática y simbólica para el país en relación con la necesidad laboral de miles de trabajadores que se encuentran en esas condiciones. A mi juicio, nadie puede estar en contra de la iniciativa, porque posibilita la inserción laboral de cinco mil trabajadores. Se trata de fuentes laborales y de recursos humanos que no se pueden desechar. Por tratarse de una forma especial de comercio, que tiene lugar sobre los vehículos de la locomoción colectiva, satisface las necesidades de consumo de las personas que se desplazan en ellos. Este comercio forma parte integral de nuestra cultura, del país, de la historia del transporte público y, por qué no decirlo, de la misma modernización. No puede, ni el concepto de modernización ni ninguna otra fórmula, impedir, desechar o prohibir este comercio, porque sería como desechar o prohibir a la patria misma, a su historia, a sus hombres. No se puede prohibir lo que es un derecho; más aún cuando está avalado por el derecho internacional y el Estado chileno tiene la obligación de asegurarlo. La negativa de que un vendedor pueda subir a un bus es penosa y denigrante; no está con los modernos conceptos o la tendencia moderna que debemos asumir como un país que avanza y progresa. Tenemos que acoger y defender la dignidad de las personas, lo que significa amparar a este grupo de chilenos. No hacerlo, no sólo va en contra de la dignidad de todos los trabajadores de Chile, sino del derecho al trabajo. Enfoco este discurso en un reconocimiento a los miles de trabajadores ambulantes que siempre están en riesgo y con la incertidumbre de ser desalojados por la fuerza pública; que deben correr y esconderse. ¿Por qué hay que esconderse para trabajar o hacer algo lícito? Es un contrasentido que debemos solucionar. Hay que posibilitar el derecho al trabajo. Por eso, me honro y me alegro de hacer sido partícipe de este proyecto de ley e identificarme con estas verdaderas necesidades humanas o de justicia social para que estos trabajadores, que injustamente son impedidos de subir a los buses a vender, lo puedan hacer ahora en virtud de la ley. Somos nosotros, el Congreso Nacional, los que hemos captado y recibido su inquietud y necesidad, porque ha sido un grupo de diputados quienes nos hemos comprometido con ellos, como lo hacemos también con otros miles de trabajadores. Ése es nuestro espíritu, nuestra motivación; ayudar y posibilitar que se les conceda el permiso para trabajar al interior de la locomoción colectiva. Eso es tan simple, pero de una profunda y extensa significación para estos miles de trabajadores y sus familias que necesitan del espacio para trabajar de una manera digna, como lo hacen todos los demás trabajadores del país. Por eso, mi bancada, de la Democracia Cristiana, votará unánimemente a favor. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Amelia Herrera. La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, no podía dejar de referirme en esta ocasión a un tema tan importante como el que trata este proyecto, al cual mis colegas diputados se han adherido plenamente, porque como ex alcaldesa de Quilpué conocí muy de cerca el problema de los comerciantes ambulantes de la locomoción colectiva, a quuienes, muchas veces, les requisaban su mercadería. Pero, los gobiernos comunales tienen la facultad y la valentía para enfrentar estos temas. Es así como en su oportunidad respaldé, sin duda alguna, al sindicato de heladeros, quienes adquirieron un compromiso y con sus uniformes, apoyados por la empresa de buses colectivos, hicieron bien su trabajo. El comercio ambulante, cuando se ordena, cuando se le da la cabida que debe tener en la sociedad, funciona muy bien. Dicho comercio tiene que ver con la cesantía, la pobreza, con la falta de oportunidades; pero, sin duda, es parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo; ha existido en la historia del mundo y hay que darle la posibilidad de que, ordenadamente, dentro del sistema social, tenga la cabida que hoy se le está dando. El diputado Montes se refirió recién a un proyecto que envió el Ejecutivo respecto al ordenamiento del comercio ambulante. Efectivamente, ése es un proyecto que se está estudiando y su idea no es crear restricciones a dicho comercio; todo lo contrario, se trata de que los municipios se comprometan, que le den un espacio en las calles, en las vías, para poder realizar su trabajo sin ser perseguido ni se le requise su mercadería. La gente espera de nosotros, como Congreso, ese tipo de respuestas, de acciones y conductas concretas dirigidas a dar una solución a tantas familias que requieren, para sobrevivir, vender productos usados, artesanías, etcétera, etcétera. Pero, también debemos impedir el abuso de los grandes comerciantes que muchas veces utilizan a esos vendedores para vender sus productos. Señor Presidente, hoy es un día importante para los comerciantes ambulantes. Quizás no logremos ni siquiera conocer en profundidad lo que ellos sienten al saber que estamos legislando para protegerlos, para que puedan, libremente, amparados por la ley, trabajar en forma ordenada, sin ser perseguidos, sin temor. Eso es lo que la sociedad necesita: vivir en tranquilidad y armonía, tener un trabajo digno, de manera de poder llevar el sustento a sus hogares, dar educación a sus hijos y que la familia tenga salud y una calidad de vida apropiada. Finalmente, reitero, el comercio ambulante debe ser ordenado; debe darse la oportunidad para que los hombres y las mujeres que lo componen puedan desarrollarse como seres humanos, de manera decente, legal, en una sociedad que necesita un sistema distinto. Después de la lucha importante que me tocó dar, en lo personal, para amparar al comercio ambulante y otorgarle un lugar y la oportunidad de un trabajo, en Quilpué se logró establecer una feria para más de mil personas que andaban en la calle arrancando. Eso sí se puede hacer, porque, insisto, lo viví, y lo hicimos porque, en definitiva, depende solamente del coraje, de la valentía y de las ganas de apoyar, de corazón, a tanta gente que necesita de nosotros. He dicho. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, en diez minutos termina el Orden del Día y aún hay siete diputados inscritos para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para otorgarle tres minutos a cada uno de los inscritos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quizás la intervención de algunos diputados nos lleve a discutir con más profundidad sobre el comercio ambulante; pero eso sería ir en otra dirección de la que hoy nos convoca. Discutirlo con otras organizaciones nos dará también la satisfacción de legislar en pro de quienes hoy sufren el atropello y la no incorporación al sector laboral que se merecen tantos ciudadanos. La democracia es el sistema que debe imperar siempre en la vida cotidiana de las naciones. El proyecto es el resultado de la organización de un grupo humano que, en conjunto con los legisladores, logran su objetivo. Hace un tiempo, estos trabajadores -los hoy favorecidos al ser incorporados legalmente al sector laboral- fueron perseguidos. Eran arbitrariamente expulsados de la locomoción colectiva y sólo si contaban con la simpatía del chofer, eran aceptados. La gran mayoría quedaba en la puerta del bus pidiendo el favor para trabajar, para introducirse en el derecho ciudadano de un país democrático, en el que debe imperar el estado de derecho. Estamos ante un proyecto que parece simple y sencillo, pero tremendamente profundo en lo humano y solidario con quienes menos poseen, pero que tienen derecho a tener más. Por eso, el Partido por la Democracia no dudará jamás en avanzar en pos de los recursos y de los derechos de todos los chilenos. Felicito a los autores de la iniciativa y a este simpático Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes del Transporte y Anexos. Quizás no pensaron que iban a contar con la unanimidad de la Cámara de Diputados. Chile está con ustedes, y me alegra, como diputado de región, que este beneficio también llegue a los trabajadores ambulantes en buses rurales, que también piden que se les permita subir para vender sus productos. ¡Bien por ellos, bien por aquellos que menos tienen, porque mañana tendrán más! He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, el proyecto viene de la mano con el grave problema laboral ocasionado con la puesta en marcha del Transantiago. Resulta difícil creer que después de cinco años de planificación y tras cuatro meses de operación del nuevo sistema de transporte urbano, que se suponía revolucionario, moderno, más barato, más rápido, más cómodo y que iba a contribuir a descontaminar Santiago, se nos pida aprobar un salvavidas multimillonario para paliar sus consecuencias. Esta Cámara viene advirtiendo, desde 2005, lo que ocurriría si se ponía en marcha ese plan de transporte. Incluso, así lo hicimos presente en la sesión especial realizada al efecto. Es más, los ministros de la época informaron ampliamente en la comisión de Transportes, de los daños y perjuicios que acarrearía el Transantiago; se abocaron especialmente a la crisis social y laboral que produciría su implementación, de la que no estaba ausente el comercio ambulante que se realiza en la locomoción colectiva. En ese momento se decía que el abandono social y económico llegaría a 2.500 choferes, 10 mil comerciantes ambulantes y 50 mil proveedores microempresarios, a quienes el Gobierno les ha dado vuelta la espalda, sin compensación alguna, y de los cuales ninguno será beneficiario de ese salvavidas multimillonario que se nos pide. El proyecto es tremendamente apropiado, porque viene a paliar el daño laboral causado por el Transantiago a los comerciantes ambulantes, amén de los ocasionado a miles de chilenos, al aplicar la prohibición absoluta de comercio en el transporte colectivo, pues permite ejercer la actividad sólo a quienes estén autorizados, con sus tarjetas de identificación, con sus permisos municipales, como corresponde a personas organizadas. Sin embargo, no nos entusiasmemos tanto, porque los ambulantes autorizados van a tener algunas dificultades para ejercer su comercio. No olvidemos que durante el día los buses circulan repletos de gente, por lo que el comercio ambulante puede no ser tan expedito. Ellos deberán tener presente que las oportunidades las tendrán cuando puedan subir a los buses y ojalá sea la mayor de las veces. Felicito a los comerciantes ambulantes, que hicieron el esfuerzo de organizarse para iniciar sus actividades. Pero, en beneficio de ellos, debiera estipularse en el proyecto o en un reglamento el tipo de comercio que podrá desarrollarse en la locomoción colectiva. Sabemos que hay gente que se aprovecha del pánico y bien podrían aparecer comerciantes ambulantes vendiendo cualquier tipo de productos. Creo que es necesaria una indicación al respecto. Me parece muy bien que se empiece a hacer justicia a parte de las víctimas del peor proyecto de la Concertación, que es el Transantiago. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, me sumo a las palabras de los diputados Aguiló, Montes y Uriarte, y me congratulo de haber aceptado la invitación del diputado Aguiló a suscribirlo. El proyecto dignifica a los trabajadores ambulantes. La dignidad del trabajador es base de desarrollo. Ellos nos han demostrado que, organizándose, se puede hacer de una actividad, para muchos negativa, algo positivo. Era tradición que en nuestras antiguas micros, las dueñas de casa que volvíamos de nuestros trabajos compráramos agujas y otros implementos que ocupamos en nuestros hogares. Esta actividad está sometida a la buena voluntad de los choferes, ya que ellos prohíben o autorizan el ingreso de los vendedores a los vehículos donde realizan su trabajo. El proyecto permite que estos vendedores sean considerados como cualquier otro trabajador y que tengan la posibilidad de aportar recursos a sus hogares; es decir, dignifica su trabajo. Sin embargo, como dijo el diputado Montes, creo que debemos, no sólo como gobierno ni como autoridades, sino como Estado de Chile, revisar tanto la situación de los ambulantes que venden en los buses, como la de quienes trabajan en las calles, con el objeto de regular y dignificar sus trabajos. Debemos que reconocer esta realidad como tal, que es consecuencia de nuestro desarrollo económico, y darle los espacios necesarios para que estos trabajadores tengan derecho a llevar el sustento a sus hogares. Hemos aceptado acotar nuestras intervenciones, con el objeto de que podamos votar el proyecto, a fin de que sea despachado rápidamente al Senado. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, en primer lugar, tal como señaló la diputada Adriana Muñoz, no es responsabilidad del Transantiago que estos trabajadores no puedan desarrollar sus actividades, ya que ese sistema sólo ha hecho respectar en forma práctica una norma que existe en nuestra legislación, la cual es modificada por el proyecto, que prohíbe a las personas subir a la locomoción colectiva a vender productos; es decir, esta actividad siempre ha sido ilegal, pero se ejercía porque contaba con el beneplácito y la buena voluntad de algunos choferes para desarrollarala. Por su parte, el diputado Carlos Montes manifestó que debemos preguntarnos por las causas más profundas que llevan a estas personas a realizar un trabajo informal y si el Estado es capaz de generar empleos decentes para los trabajadores de nuestro país. En segundo lugar, considero que el proyecto de ley no debiera constituir un precedente para que otras actividades informales que se desarrollan en nuestras calles deban ser formalizadas. Debemos destacar que la iniciativa se refiere sólo a los trabajadores que venden productos en la locomoción colectiva. En tercer lugar, esta actividad ha existido por décadas, pero ahora la Cámara le quita su carácter de informal. Al respecto, quiero felicitar a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Ambulantes del Transporte y Anexos, Sintraloc, quienes me manifestaron hace algún tiempo que vienen trabajando desde hace varios años. Debo aclarar que el proyecto de ley no otorga un permiso gracioso a cualquier evento. Estos trabajadores y trabajadoras tendrán que cumplir ciertos requisitos y formalidades. Incluso, involucra a las autoridades municipales en la entrega de los permisos para trabajar en la locomoción colectiva. Tal como lo señalaba el autor de la moción, el diputado Aguiló, la idea es que se despache hoy al Senado, para lo cual vamos a dar la unanimidad, con el objeto de que las indicaciones propuestas sean discutidas ahora. Señor Presidente, pocas veces tenemos la oportunidad de sumarnos con tanto entusiasmo a la aprobación de un proyecto. Por su intermedio, saludo al alcalde de la municipalidad de Recoleta, señor Gonzalo Cornejo, quien, antes de la presentación de esta moción, comenzó un programa piloto en su comuna para uniformar a los comerciantes ambulantes de ese sector de la Región Metropolitana que venden productos en la locomoción colectiva. Finalmente, anuncio que la UDI votaré a favor. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, como diputado informante, puedo afirmar que varias de las consultas formuladas en relación con el proyecto fueron respondidas por las mismas intervenciones de los colegas. Por lo tanto, es efectivo que el beneficio que conlleva el proyecto se puede extender a los trabajadores ambulantes que venden productos en la locomoción colectiva de todo el país, ya que su texto no se refiere sólo a los de la Región Metropolitana, quienes también deberán cumplir con los requisitos que establezca un reglamento ad hoc. Reitero, no en calidad de diputado informante, sino como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, la satisfacción que sentimos los diputados que trabajamos durante muchos meses para concretar este esfuerzo legislativo que hoy está a punto de ser aprobado por la Cámara de Diputados. Debo destacar el trabajo de sus miembros, que representan a las distintas bancadas, los que colaboraron, sin excepción, para lograr la aprobación definitiva del proyecto. Junto al diputado Aguiló, acompañamos a los dirigentes del Sintraloc a entrevistas que tuvieron lugar no sólo en la Intendencia de la Región Metropolitana, sino también con el ministro Sergio Espejo, para que nos entregara su opinión por escrito respecto de los términos en que debía redactarse el proyecto de ley para ser aprobado. También estoy de acuerdo con la idea de que hagamos un esfuerzo en esta sesión para despachar el proyecto de inmediato al Senado. Como acaban de señalar los diputados Salaberry y Aguiló, nuestro colega Álvaro Escobar presentó una indicación que extiende los beneficios del proyecto a los artistas debidamente autorizados para el ejercicio de su actividad en la locomoción colectiva, la cual presentaba algunos problemas de forma. En consecuencia, varios diputados de todas las bancadas la rescatamos y la hemos vuelto a presentar en forma transversal, junto con el colega Escobar. Señor Presidente, le pido que solicite el asentimiento unánime de la Sala para votar hoy esta indicación, con el objeto de que aprobemos ahora el proyecto y podamos despacharlo de inmediato al Senado. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, felicito a los autores de la moción, ya que es un ejemplo de cómo se puede apoyar e impulsar el trabajo de los micro y pequeños empresarios. Muchos de nosotros estamos preocupados por la situación de la micro, pequeña y mediana empresa. Con esta moción, después de una lucha que ha dado un grupo de trabajadores que venden productos en la locomoción colectiva, se abre el camino para que puedan formalizar su actividad y desarrollarla más ordenadamente. Quiero hacer especial mención de ese punto, porque, en general, las autoridades se dejan influenciar más por las grandes empresas, las grandes cadenas, y se deja de lado el apoyo a la micro y pequeña empresa. Felicito a los autores de la iniciativa. Tengo plena disposición para apoyarlos, porque creo que aquí hay un eslabón importantísimo para mantener el apoyo hacia los micro y pequeños empresarios. Ojalá, como lo están haciendo ellos, otros microempresarios sigan el ejemplo, organizándose, formando sindicatos de trabajadores independientes, asociaciones gremiales, para que puedan competir en una cancha que siempre es más dispareja para los más débiles. Lo más fácil era cerrarles la posibilidad. Era la medida que inicialmente se tomaba, en particular en el transporte público de la Región Metropolitana cuando partió el Transantiago; pero, con esfuerzo, inteligencia y voluntad, podemos dar oportunidad para que pequeños trabajadores sigan ejerciendo su comercio y ojalá puedan crecer, desarrollarse y avanzar en su actividad. Termino mis palabras felicitando una vez más a los autores del proyecto de ley, a quienes lo han tramitado y especialmente a los trabajadores que están en la tribuna a raíz de esta iniciativa que defiende la fuente de trabajo de pequeños y microempresarios que merecen trabajar como todos los chilenos. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Aedo Ormeño René; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para votar ahora tres indicaciones de diputados de distintas bancadas. Acordado. El señor Secretario va a dar lectura a la primera de ellas. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación está suscrita por los diputados señores Enríquez-Ominami, Escobar, De Urresti, señora Pacheco, doña Clemira; señores Valenzuela, Recondo, Burgos y Montes, para eliminar en el artículo 91, Nº 3, de la ley Nº 18.290, la palabra “desaseados”. El señor DITTBORN.- Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, no se nos puede pedir que votemos una indicación cuya finalidad no tenemos clara. Pido que se explique. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, el referido artículo prohíbe la entrada a la locomoción colectiva a ebrios, a quienes tienen mal comportamiento y quienes fuman. Esas personas pueden ser obligadas a bajar del bus. Una persona desaseada se presta para algún tipo de discriminación. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, hago presente que en las ideas matrices del proyecto no se toca para nada ese artículo. Estoy totalmente de acuerdo con la indicación, pero no tiene nada que ver con el proyecto. Por eso hago el alcance y solicito que no se lleve a cabo la votación al respecto. El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, el tema fue discutido y, a juicio de la Mesa, la indicación es admisible. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Cristi Marfil María Angélica; Monckeberg Bruner Cristián. -Se abstuvieron los diputados señores: Bauer Jouanne Eugenio; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Valcarce Becerra Ximena. El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la segunda indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación está suscrita por los diputados Duarte, Latorre, De Urresti, Escobar, Aguiló y Salaberry. Es para modificar el texto del proyecto de la siguiente forma: en el inciso primero del Nº 2, para intercalar, a continuación de la expresión “actividad comercial”, las palabras “o artística”, y en el inciso segundo del Nº 2, para intercalar, a continuación de la expresión “cada comerciante”, las palabras “o artista”. El señor MELERO.- Señor Presidente, ¿me concede el uso de la palabra para preguntar a los autores de la indicación? El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que el diputado señor Patricio Melero haga sus preguntas? No hay acuerdo. El señor MELERO.- Señor Presidente, no podemos votar si no tenemos claras las normas. Lo hicimos en la anterior, por consiguiente, nos asiste ese derecho. El señor WALKER (Presidente).- Estoy de acuerdo con usted, señor diputado. Por eso, pido el acuerdo de la Sala para que alguno de los autores la explique. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, en el proyecto de ley se establece como requisito la autorización municipal respectiva, que la entiendo para quienes ejercen una actividad comercial. En este sentido, ¿qué autorización municipal se le va a dar a un cantante? He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, creo que la indicación lo explica por sí sola. Dado que el Ministerio de Transportes, durante el año pasado, también realizó un programa piloto que incorporó a un grupo de cantores populares con una certificación del propio ministerio, de la subsecretaría y de la seremía de la Región Metropolitana, autorizando a cerca de trescientos de ellos para ejercer ese oficio en la locomoción colectiva, lo que pretende la indicación es entregar esa misma facultad a los municipios del país. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- En votación la indicación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobada. -Aplausos. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente indicación. El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación está suscrita por las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Nogueira, doña Claudia, y por el diputado señor Alberto Robles, para agregar un inciso segundo al número 2, que diga: “Un reglamento deberá definir el tipo de productos que se podrá vender dentro de los vehículos de la locomoción colectiva”. -Manifestaciones en la Sala. El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que expliquen la indicación sus autores? No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Bauer Jouanne Eugenio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Robles Pantoja Alberto; Sepúlveda Hermosilla Roberto. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio. Se abstuvo la diputada señora Turres Figueroa Marisol. El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto. MODIFICACIONES AL DECRETO LEY Nº 3.472, DE 1980, SOBRE EL FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS. Tercer trámite constitucional. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en el tercer lugar de la tabla de hoy figuran las modificaciones del Senado al decreto ley que creó el Fogape, que son mínimas y muy buenas para todos los que hacen uso de él, pues la aumentó de a 30 millones de dólares. ¿Es posible prorrogar el Orden del Día por cinco minutos para informar dichas modificaciones? El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, como usted bien dice, este proyecto contiene las modificaciones del Senado. En rigor, no requiere de informe. Por lo tanto, ¿habría acuerdo para votarlo sin previo informe? Acordado. Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, Fogape. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 4363-03, sesión 33ª, en 7 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para suspender proyectos de acuerdo. El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo? No hay acuerdo. PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR A HIJOS ESTUDIANTES DE HASTA VEINTIOCHO AÑOS. (Votación). El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 358, que tiene por finalidad extender el pago de asignación familiar a hijos de hasta veintiocho años de edad, en casos que indica. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo. -Manifestaciones en la Sala. El señor DUARTE.- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor DUARTE.- Señor Presidente, todos los diputados presentes en la Sala tienen la obligación de emitir su voto. En consecuencia, pido que la repita. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Concuerdo con su opinión, señor diputado. Así lo he manifestado en reiteradas oportunidades; sin embargo, la medida que contempla el Reglamento en caso de que no se ejerza el voto no es la repetición de la votación. Por lo tanto, se rechaza el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, la votación dio como resultado 38 votos a favor, pero como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, más de cinco diputados levantaron su mano para que se agregara su voto, los que no quedaron reflejados en el marcador. Por lo tanto, si se considera esos votos, habría quórum para aprobarlo. Si en otras ocasiones ha habido disposición para proceder de esa manera, incluso en proyectos de ley, ¿por qué no se actúa así en este proyecto, respecto del cual, además, existe un acuerdo transversal? El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señores diputados ¿habría acuerdo para repetir la votación? No hay acuerdo. Rechazado el proyecto. -Manifestaciones en la Sala. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- ¡No, señor Presidente, usted demuestra un doble estándar! El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, no le he concedido la palabra. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- ¡Señor Presidente, usted está actuando en forma prepotente! El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, no le he concedido la palabra. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, le han dado todas las razones para que usted pueda repetir la votación. -Manifestaciones en la Sala. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señores diputados, pido silencio para que nos podamos escuchar. En todas las sesiones se repite lo mismo, en proyectos de distinta naturaleza. Hay diputados presentes en la Sala que tienen la obligación de votar, pero no lo hacen. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, yo voté, pero no quedó registrado en el marcador. Eso nos sucedió a cinco diputados. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señora diputada, hay que recabar la unanimidad de la Sala. Si hay acuerdo, se repite la votación. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Todos los Presidentes han aceptado los votos que no se han registrado. El señor MONTES.- Señor Presidente, no corresponde este debate. ¡Usted toma la decisión! El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- La decisión está tomada. No hay unanimidad y, por tanto, no se repite la votación. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- ¡La decisión de un prepotente ha sido tomada! Su señoría ejerce su cargo como corresponde. Está actuando en forma prepotente, arrogante y discriminatoria. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, no corresponde su intervención. EVALUACIÓN DE SEGURO AGRÍCOLA Y EXTENSIÓN DE SUS BENEFICIOS. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 359, de los señores Galilea, Vargas, Ojeda, Álvarez-Salamanca, Estay, Palma, Egaña, Delmastro, Martínez, y de la señora Sepúlveda, doña Alejandra, que en su parte resolutiva dice: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga las medidas correspondientes para que el Ministerio de Agricultura evalúe el funcionamiento del Seguro Agrícola y considere extender sus beneficios a todas las zonas del país, sin distinción de regiones ni comunas y, además, establezca un seguro de similares características, que proteja a los ganaderos, en caso de fenómenos climáticos, de catástrofes o por la acción de animales depredadores”. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, soy uno de los diez autores del proyecto de acuerdo N° 359, pero su señoría no nos da ninguna garantía para votar estos proyectos de acuerdo, por lo que desestimo los argumentos que se puedan entregar. Estamos tratando de contribuir a mejorar la legislación, a ayudar a la gente y se fija en minucias y cuestiones políticas menores, por lo tanto, ¡haga lo que quiera con el proyecto de acuerdo N° 359! He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, en Chile existen zonas que son muy hermosas en verano y que son visitadas por miles de turistas, pero tan pronto como cae el invierno en la Cordillera de los Andes, especialmente en la Región de La Araucanía, se producen intensas nevazones y nuestros pequeños crianceros, agricultores, campesinos y colonos pierden sus siembras y animales. Sólo entre los meses de julio y agosto del año pasado, los campesinos mapuches y pehuenches de mi distrito, conformado por las comunas de Lonquimay, Curacautín y Melipeuco, a las que se suman también Curarrehue, Pucón y Cunco, sufrieron, primero, la inundación de sus tierras de pastoreo y, luego, la completa cobertura de éstas por más de un metro de nieve. Todos los años, lugares como Loncotriunque, Flor del Valle, Carén, Huechelepún, Liucura e Icalma quedan a la espera de la llegada de alimentos, fardos de pasto, vitaminas y concentrados que, lamentablemente, en cada una de estas emergencias no alcanzan para todos. El proyecto de acuerdo solicita la extensión del beneficio del seguro agrícola, que hoy sólo beneficia a algunos cultivos agrícolas, a los crianceros de ganado que a consecuencia de los temporales, las nevazones o la acción de animales depredadores pierden a sus caballos, chivos, corderos o vacunos que tanto les cuesta criar y mantener. Implementar esta iniciativa no sólo constituye un acto de justicia para estos pequeños agricultores que hoy no reciben ninguna ayuda cuando pierden sus bienes, sino que, incluso, constituye una economía para el Estado, ya que si los campesinos son asegurados todos los años se ahorraría miles de millones de pesos en acciones de socorro. Por las razones mencionadas, me parece justo extender el seguro agrícola a todos los agricultores del país, ya que en la actualidad se deja fuera a cuatro regiones. Asimismo, es necesario reestudiar este seguro para hacerlo más simple de entender y de aplicar. Por lo tanto, pido a la sala votar favorablemente este proyecto de acuerdo, a fin de ayudar a miles de campesinos y crianceros de todo el país. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- No hay quórum. Se llamará por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- No hay quórum. La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto de acuerdo N° 358 quede pendiente y pueda ser votado en la sesión ordinaria del próximo martes. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo? Acordado. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VII. INCIDENTES HOMENAJE EN MEMORIA DE DON HUGO LÓPEZ, DIRIGENTE DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO DE LA COMUNA DE TIERRA AMARILLA. Oficio. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado don Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, hoy se realizó en la comuna de Tierra Amarilla el funeral de un gran dirigente y camarada de mi Partido, don Hugo López, al que, desgraciadamente, no pude asistir. Por ello, quiero rendirle un pequeño homenaje, hacer un público reconocimiento a este ciudadano ejemplar. Don Hugo López fue un hombre que entregó su vida por las causas que desde muy joven asumió. Fue un gran dirigente de los trabajadores campesinos, fundamentalmente en la época de la “revolución en libertad”, de la reforma agraria y de la promoción popular en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Fue un gran dirigente vecinal; constituyó innumerables organizaciones vecinales, sindicales, gremiales y otras dedicadas a la cultura. También fue un gran dirigente político de la Democracia Cristiana, partido en el que militó prácticamente toda su vida. Fue de aquellos dirigentes que influían en las determinaciones y en los destinos de su comuna, de su provincia y de su región. Desde muy joven, asumió las causas, primero, de la Falange Nacional, y luego, de la Democracia Cristiana. Sin duda, su vida es un gran ejemplo. Tierra Amarilla y la Región de Atacama están en deuda con él. Don Hugo López fue la persona que me permitió conocer en profundidad una de las comunas que represento en el Congreso Nacional, soy oriundo de la provincia del Huasco, que está en la otra parte de mi distrito. Un hombre que, siendo muy humilde, tenía una fuerza interior impresionante. En los momentos difíciles, en las largas noches de la dictadura, tuvo la valentía de enfrentarla con fuerza, con dignidad, dando la cara como pocos lo hacían en ese tiempo por el temor que existía. Sin duda, su actitud y la de otros tantos líderes anónimos contribuyeron a la recuperación de la democracia, pensamos que por no ser conocidas a nivel nacional, quedan en el anonimato; pero no para los tierraamarillanos ni los atacameños. Por eso, hoy, en el mismo momento en que se debe estar realizando su funeral en la comuna de Tierra Amarilla, al cual he sentido mucho no haber podido asistir, rindo homenaje a ese hombre, a ese camarada, a ese gran dirigente que fue don Hugo López. ¡Que en paz descanse! Pido oficiar al alcalde de Tierra Amarilla, a fin de hacerle llegar copia de mi intervención. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así le indican a la Mesa. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DEL METRO EN SANTIAGO. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se oficie al presidente de la empresa Metro Sociedad Anónima, y a los ministros de Transportes y de Obras Públicas, para que informen a esta Corporación si está en estudio la construcción de una nueva línea del Metro en Santiago, en dirección Este-Oeste. Es un hecho que el principal problema que hoy enfrenta el Metro, producto de las fallas del Transantiago, es el recargo, especialmente de la línea 1, ya que es la única que circula en la dirección Este-Oeste. La solución no está en agregar nuevos trenes o más vagones, porque el problema radica en que la línea 1 está colapsada por su uso. Sin ser experto en el tema, a todas luces, aparece como indispensable estudiar la factibilidad de la construcción de una nueva línea en la misma dirección. Antaño se negó aquello, aduciendo que existían otras prioridades. No obstante, pienso que hoy resulta indispensable que la ciudad de Santiago tenga la posibilidad de contar con dicha alternativa, ya que descargaría de manera muy importante a la línea 1. Si aún no están en marcha los estudios de factibilidad, que se indiquen las razones por las cuales se ha rechazado esa posibilidad. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así le indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE MONTO DE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS VENTAS DEL COBRE PARA COMPRA DE MATERIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Oficio. El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se oficie al director de Presupuestos, a través del ministro de Hacienda, para que informe sobre cuál es el monto de los recursos ahorrados provenientes del 10 por ciento de las ventas del cobre. La información que hoy se maneja es que sería superior a 1.500 millones de dólares, y que, a fin de año, probablemente, sobrepasarían los 2 mil millones de dólares. Es indispensable que el Congreso Nacional conozca, con precisión, el monto de los millones de dólares ahorrados por concepto del mayor precio del cobre, de los cuales se otorga a las Fuerzas Armadas, por ley, el 10 por ciento para compras de material. Además, pido que se nos informe dónde están depositados esos dineros y cuál es el destino que se les pretende dar en el mediano y largo plazo. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa. ENVÍO DE PROYECTOS A TRÁMITE LEGISLATIVO. Oficio. El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido que se envíe oficio al ministro de Defensa Nacional, a fin de que informe a esta Corporación cuándo va a remitir los siguientes proyectos de ley cuyo envío ha sido anunciado constantemente, pero hasta hoy no ingresan a trámite legislativa. Primero, proyecto sobre nueva ley orgánica del Ministerio de Defensa; segundo, proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, y tercero, proyecto sobre la creación de un nuevo sistema de adquisiciones para las Fuerzas Armadas. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así le indican a la Mesa. FALLAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA DE SAN JOSÉ DE CALBUCO. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, intervengo en representación de los habitantes de la comuna de Calbuco, específicamente de la comunidad de la escuela San José de Calbuco. Quiero expresar mi preocupación por la situación que afecta a ese establecimiento, respecto del cual me correspondió gestionar los recursos para la construcción de uno nuevo en una zona rural, que reemplazó a la antigua escuelita. Su inauguración, efectuada el año pasado, causó gran alegría a toda la comunidad escolar. Pero, esa misma comunidad que ayer estuvo feliz, hoy siente, con mucha razón, molestia y preocupación porque el inmueble, recién inaugurado, presenta graves problemas de construcción, lo que es inaceptable. Por eso, pido que se oficie al intendente regional, al seremi de Educación y a la directora provincial de Educación para que, a la brevedad, ordenen emitir un informe sobre las fallas de construcción que presenta dicho establecimiento, que no tiene más de un año y medio de uso, y para que se busquen las soluciones del caso, de manera que los apoderados tengan la seguridad de que sus hijos están estudiando en la escuela que se merecen. Ya conversé con la ministra de Educación, señora Yasna Provoste, quien se comprometió a agilizar la destinación de los recursos necesarios, pero son las autoridades de la región las que deben pedir un informe sobre la materia. Me gustaría que el gobierno regional se hiciera eco de mi petición, y que en un plazo no superior a 15 días presente el presupuesto de la reparación que requiere esa escuela. Asimismo, solicito que se elabore un informe sobre los responsables de tal situación, del diseño del proyecto, del proceso constructivo, de la supervisión y de la recepción final. Por cierto, situaciones como ésta, que debemos considerar como un caso emblemático, no pueden seguir ocurriendo ni en mi región ni en el resto del país. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo solicite a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES EN CALBUCO. Oficios. El señor VALLESPÍN.- Por otra parte, quiero referirme al potencial proyecto -así se dice- de construcción de depósitos de combustible de las empresas petroleras Copec, Esso y Shell en los sectores de San José y San Antonio, comuna de Calbuco, isla de Quihua. Sin duda, se trata de una obra muy importante para la región, porque hoy estamos pagando un sobreprecio de entre 10 y 15 pesos por litro de los combustibles que llegan a las regiones de los Lagos y de Aisén. Sin embargo, considero que no puede ser a costa de las comunidades de esos lugares, que se están organizando porque están preocupadas por las consecuencias que podría tener dicho proyecto. Por lo tanto, pido que se oficie al director regional de la Conama, a fin de que informe si existe un proyecto oficialmente presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y qué instituciones públicas serán consultadas. Asimismo, para hacerle presente que se debe dar cabal cumplimiento a la normativa vigente y a todas las exigencias del caso. Habamos de obras que generarán problemas. Ya hemos visto lo que sucedió en Concepción con el derrame de petróleo, situación que no debe repetirse. Como Calbuco se transformará en un puerto petrolero que tendrá movimiento permanente, es necesario resguardar a su comunidad. Por otra parte, la Conama debe asegurarse de que se lleve a cabo un amplio proceso de participación ciudadana, en el cual intervengan todos los actores involucrados y que las conclusiones de ese proceso ciudadano sean acogidas efectivamente en el proyecto, de manera que, una vez más, no se transformen en cuestiones meramente simbólicas. Para terminar, pido que se envíe copia de esta intervención al intendente regional, al seremi de Educación y al alcalde de Calbuco, para su conocimiento. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo solicitan. EMPLAZAMIENTO DE PROYECTO INMOBILIARIO EN TRAZADO DE FUTURO CAMINO INTERNACIONAL EN SAN BERNARDO. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, hace más de un mes tomé conocimiento de una situación extremadamente irregular que acontece al distrito que represento, específicamente en la comuna de San Bernardo. Digo extremadamente irregular, porque estarían comprometidos funcionarios públicos y una gran inmobiliaria como es Pysa Pérez Yoma Sociedad Anónima. La situación perjudicaría directamente a ciudadanos que no tienen conocimiento de lo que ocurre con el condominio donde pretenden concretar el sueño de la casa propia. En la comuna de San Bernardo, se encuentra en plena ejecución y venta un mega proyecto inmobiliario denominado Valle de Cóndores, que considera la construcción de tres condominios en un predio de grandes proporciones. Las viviendas tienen un no despreciable valor que va de las 2.050 a las 4.600 unidades de fomento. No sería razonable ni sensato que me opusiera a tan bello proyecto que beneficiará a la comuna de San Bernardo por una serie de factores que no es del caso señalar. Sin embargo, es necesario hacer presente que uno de los tres condominios, La Pradera, tiene sus obras prácticamente concluidas. Por desgracia están emplazadas en una franja que, de acuerdo con el plano regulador comunal y metropolitano vigentes, estaría dentro del trazado de una carretera internacional. ¿Cómo es posible que el director de obras haya otorgado el permiso de edificación -con el número 176, de 2006- para la construcción del condominio La Pradera en un área que, según los instrumentos reguladores comunales y metropolitanos, corresponde al trazado de un camino internacional? Tengo conocimiento de que recién en febrero del año en curso el director de Obras del municipio de San Bernardo inició gestiones ante el seremi de Vivienda y Urbanismo para modificar el plano regulador, en lo que respecta al trazado del camino internacional. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No se deberían haber iniciado las gestiones simultáneamente con el otorgamiento del permiso de edificación o, mejor aún, antes de ello? Es indudable que existe gran aleatoriedad en la modificación del proyecto. La situación es tan irregular que, al seleccionar las vías de acceso al condominio La Pradera, en la página web www.vallecondores.cl, aparece un plano en el cual figura un nuevo trazado del camino internacional, que no se sustenta en ninguno de los instrumentos de planificación urbana y que sería el trazado que recién hoy el director de Obras pretende consolidar ante una eventual modificación del plano regulador. En consecuencia, sin perjuicio de haber requerido al Contralor General de la República que investigue esta situación, pido que se oficie a las siguientes autoridades: A la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que, por su intermedio, el seremi metropolitano de su cartera informe si en el plan regulador de San Bernardo, vigente desde 2006 y en el plano regulador metropolitano -se trata de que informe a la Cámara a la brevedad, basándose en el plano regulador comunal de San Bernardo y en el de la Región Metropolitana- el trazado del camino internacional, entre la calle Los Suspiros y avenida Padre Hurtado -ex Los Morros- de San Bernardo, es recto o curvo. A la alcaldesa de la municipalidad de San Bernardo, a fin de que informe, basándose en el plan regulador comunal de San Bernardo, vigente desde 2006, si el trazado del camino internacional, entre la calle Los Suspiros y avenida Padre Hurtado -ex Los Morros- de San Bernardo, es recto o curvo, y acompañe como referencia de lo que se pretende dilucidar, basada en los instrumentos reguladores comunal y metropolitano vigentes, una imagen que represente el trazado recto o curvo de dicho camino. En todo caso, ya tengo en mi poder la información que haré llegar a la Mesa. El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicite. ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIÓN DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN PARCELACIÓN LOS COPIHUES DE PAINE. Oficios. El señor FARÍAS.- Por otra parte, he tomado conocimiento, por intermedio de la Junta Directiva de Vecinos N° 11, Nuevo Horizonte, de Paine, de la preocupación que embarga a los vecinos por la inminente instalación de una comunidad terapéutica en esa localidad. Cabe señalar que la preocupación de los vecinos se debe a que una de las propiedades del predio en el cual se pretende instalar esa comunidad pertenece a Marianela Moscoso Fornet, la misma directora y dueña de la famosa clínica psiquiátrica “Normita Fornet”, que fue clausurada en 2006, luego de una investigación efectuada por Megavisión. Las imágenes captadas al interior de ese centro permitieron comprobar que a los pacientes se les daba un trato absolutamente indigno, al límite de la tortura. Además, el personal no tenía experiencia ni calificación alguna. Pues bien, serían esas mismas personas las que se encontrarían tramitando ante la secretaría regional ministerial la autorización para el funcionamiento de esa comunidad terapéutica, en la parcela N° 8 del proyecto de parcelación Los Copihues. Cabe señalar que, actualmente, la autorización se encuentra en trámite ante el doctor Ladislao Estay, de la Oficina de Formalizaciones y Profesiones Médicas de la seremi de Salud, a la espera de la visita que deberán realizar los inspectores de dicha oficina al lugar en el cual pretenden instalarse. La parcela en la cual se quiere emplazar la comunidad terapéutica, es decir, la N° 8 del proyecto de parcelación Los Copihues, es un predio resultante de la subdivisión efectuada conforme al decreto ley N° 3516 -sobre subdivisión de propiedad agrícola-, normativa que permite una superficie predial mínima de 5 mil metros cuadrados, y lo más importante, le asigna a cada lote la prohibición de cambio de destino, es decir, sólo puede ser utilizada con fines vinculados a la agricultura o agropecuarios, y se autoriza la construcción de una vivienda para uso personal del propietario y, en su caso, de una segunda vivienda para ser utilizada por un trabajador o dependiente. En consecuencia, teniendo presente la especial preocupación de los vecinos, solicito que se oficie a la ministra de Salud, con el objeto de que informe en qué etapa de tramitación se encuentra la autorización de funcionamiento solicitada; si los solicitantes han cumplido con todos los requerimientos legales y administrativos correspondientes y, en especial, el tipo de comunidad que se pretende instalar. Asimismo, que se oficie al alcalde de Paine, con el objeto de que informe si la parcela N° 8 del proyecto de parcelación Los Copihues puede cambiar el destino agrícola y, en definitiva, autorizar el emplazamiento de una comunidad terapéutica. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. REVISIÓN DE VALOR E INTERESES DE LOS ARANCELES UNIVERSITARIOS. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero hacer presente una inquietud que no es primera vez que se nos plantea, relativa a los aranceles universitarios. Tengo en mi poder instrumentos en que constan deudas de estudiantes con sus establecimientos universitarios. Por ejemplo, un pagaré por 15 millones de pesos correspondiente a aranceles de años anteriores. Otro, de un estudiante de ingeniería civil, que hasta la fecha ha debido pagar por concepto de matrícula y aranceles universitarios casi 28 millones de pesos. Nadie está en contra de los esfuerzos del financiamiento fiscal, que en este caso se traducen en préstamos directos de la Universidad de Chile, pero creemos necesario revisar los aranceles y sus intereses que, a mi juicio, son demasiado elevados. Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Educación, al rector de la Universidad de Chile y al Consejo de Rectores para que nos informen sobre el tipo de aranceles y los intereses que generan. Por mi parte, puedo hacer llegar a la Mesa los antecedentes que obran en mi poder. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LOCALIDADES DE PUYEHUE. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, la comuna de Puyehue, de la Décima Región, tiene variadas características. Por un lado, es turística, de manera que atrae a una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, pero, además, tiene una enorme ventaja comparativa en relación con el resto de las comunas que forman parte de la provincia de Osorno: es fronteriza con Argentina, con un paso que ha mejorado ostensiblemente en los últimos veinte años, gracias a importantes inversiones del Ministerio de Obras Públicas. Puyehue tiene también características propias de una comuna rural, con alta concentración de población en Entre Lagos y Pilmaiquén, principales centros urbanos, pero también con una gran población que vive en los sectores rurales. Podríamos nombrar una gran cantidad de localidades que tienen enormes necesidades desde el punto de vista social. En esta oportunidad, me referiré a cuatro localidades que forman parte del sector precordillerano de la comuna de Puyehue: El Encanto, Las Parras, Pulelfu y Santa Elvira, donde viven más de 400 familias de pequeños agricultores. Esos lugares son maravillosos; se caracterizan por la belleza del campo y el hermoso verde del sur, a lo que se suma su cercanía con los volcanes y el extraordinario blanco de la nieve de esa zona de Chile. En horas de esta mañana tuve una importante conversación con el ministro de Agricultura, a quien solicitamos una especial atención para las familias que viven en Pulelfu, Las Parras, Santa Elvira y El Encanto, que en este tiempo sufren las inclemencias de un clima que se torna adverso en la región, con temperaturas bajísimas, que hacen que la nieve o la escarcha provoquen efectos devastadores en el ganado, su único medio de subsistencia. Sin duda, criar a sus animales sin forraje, sin alimento, se puede traducir en una crisis importante para esas familias campesinas. Quiero agradecer públicamente la excelente disposición del ministro de Agricultura, don Álvaro Rojas, y del director regional del Indap de la Décima Región, don Jorge Cid, para satisfacer las necesidades de forraje y alimento de las familias campesinas de Pulelfu, Las Parras, El Encanto y Santa Elvira, ayuda que esperamos se materialice en las próximas semanas, con la llegada de alimento que permita satisfacer las necesidades que están padeciendo estas familias, que si pierden sus animales tendrán graves complicaciones desde el punto de vista social y económico. Siento profunda alegría y satisfacción por la buena predisposición del ministro para otorgar recursos para estas localidades, lo que me ha señalado en la mañana de hoy. Su actitud es digna de destacar y agradecer. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Agricultura, al intendente de la Décima Región, don Jaime Bertín, al gobernador de la provincia de Osorno, don Bernardo Candia, a la alcaldesa y al concejo de Puyehue para formalizar la petición señalada y agradecer de antemano su buena disposición. La alegría que ha experimentado la gente que vive en estos sectores precordilleranos se complementa con la satisfacción que nos dio la visita del intendente el viernes recién pasado, con quien nos reunimos, junto a medio centenar de personas, en la sede comunitaria de Pulelfu y Las Parras, a pesar del frío de la noche, a la espera de la llegada de sus autoridades. La gran noticia es que las sesenta familias de esos sectores, que no fueron consideradas en una primera etapa, van a contar con electrificación a fines de año, de acuerdo con el compromiso del intendente. Más importante aún, el intendente se comprometió a que una vez aprobados los recursos para el Transantiago, que significarán la llegada de recursos compensatorios para las regiones, se dotará al municipio de Puyehue de una retroexcavadora y de un camión para transportar material que permita mejorar las decenas de caminos rurales de toda la comuna, pero, en particular, de los vecinos de Pulelfu, Las Parras, El Encanto y Santa Elvira, que por años se han quedado sin camino en el invierno, debido a las malas condiciones climáticas, lo que les impide sacar sus productos y entorpece su diario quehacer. La llegada a la región de esos recursos y su inversión en beneficio de la gente es una gran noticia para toda la comuna de Puyehue. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican, de lo cual está tomando nota la Secretaría. INFORMACIÓN ACERCA DE LICITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PREDIO LLANCAHUE DE LA CIUDAD DE VALDIVIA. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la entrada sur de Valdivia existe una importante reserva de bosque valdiviano, llamado Predio Llancahue, que, debido a la enajenación de los bienes de la antigua sanitaria, quedó a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales. Se trata de una importante reserva de flora y fauna de la selva valdiviana, representante de la mejor historia del sur de Chile. Realmente, enorgullece el patrimonio ecológico de la Región de los Ríos. He tomado conocimiento de que este bien está en vías de ser licitado para su explotación, dentro de los márgenes que establece la ley, presumiblemente a la Universidad Austral de Valdivia. Por eso, pido oficiar a la ministra de Bienes Nacionales para que nos dé a conocer los términos, los programas y las hectáreas que se concesionarán. Asimismo, que nos informe cómo se protegerá el predio para evitar que siga siendo explotado o interviniendo sus especies arbóreas. También pido oficiar a la Corporación Nacional Forestal para saber su opinión al respecto. Ambas solicitudes se basan en la necesidad de conservar y proteger para las generaciones futuras este verdadero reservorio ecológico que existe aledaño a la ciudad. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Fidel Espinoza. DESLIZAMIENTOS EN CERRO DE CALETA DE AMARGOS, DE CORRAL. Oficios. El señor DE URRESTI.- Por otro lado, en la comuna puerto de Corral se encuentra la caleta de Amargos, amenazada por el deslizamiento de tierra de un cerro. Con ello, decenas de familias, que han vivido largo tiempo allí quedarían sepultadas. Los informes del Servicio Nacional de Geología y Minas señalan que ese riesgo sería de responsabilidad de la Empresa Portuaria Corral, la que ha socavado el cerro para aumentar los metros cuadrados de sus canchas de acopio. Hay mucha preocupación en los sindicatos de pescadores de la caleta Amargo, en la junta de vecinos, presidida por la señora Soraya Ampuero, en los concejales y habitantes de la comuna. Por lo señalado, pido oficiar al ministro del Interior a fin de que tome las medidas necesarias para evitar consecuencias fatales; al Servicio Nacional de Geología y Minas y a la Oficina Nacional de Emergencia. También pido enviar copia de mi intervención a la presidenta de la junta de vecinos y al alcalde y concejales de la comuna. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Fidel Espinoza. El turno siguiente corresponde al Comité Radical Social Demócrata. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. FISCALIZACIÓN A EMPRESA CONCESIONADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LONQUIMAY. Oficios. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, las precipitaciones caídas han afectado al territorio nacional, en especial las de nieve en el sector cordillerano andino de la Novena Región, sobre todo en Lonquimay. La primera precipitación ha provocado una serie de trastornos, fundamentalmente de aislamiento, en los sectores de Icalma y Troyo. Lo que más llama la atención es que quedó interrumpido el camino que comunica a Lonquimay con el túnel Las Raíces. Cabe señalar que los caminos se encuentran concesionados. Su mantenimiento figura en el contrato que se denomina Conservación Global de los Caminos. Resulta altamente preocupante que a comienzos del invierno ya se estén produciendo estas situaciones. Que la ruta internacional sea interrumpida por la nieve, resulta relativamente normal. Pero que se haya suspendido el tránsito entre el túnel Las Raíces y la ciudad de Lonquimay, es inaudito. No cabe duda de que ha habido negligencia de la empresa concesionaria a cargo de la conservación de los caminos, y en la fiscalización que corresponde a la dirección regional de Vialidad. Por eso, pido enviar oficio al director nacional de Vialidad, al director regional de Vialidad y al intendente regional, a fin de que informen acerca de la fiscalización que se realiza a la empresa concesionaria responsable de la mantención de los caminos de Lonquimay. Sobre todo, de la suspensión del tránsito que se produjo ayer entre el túnel Las Raíces y la comuna de Lonquimay. FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA ANTE ACTIVIDAD DEL VOLCÁN LLAIMA. Oficios. El señor ESTAY.- Señor Presidente, otra preocupación es la actividad volcánica del Llaima. He tenido información que hoy en la madrugada comenzaron movimientos subterráneos que fueron percibidos en especial por la población de Melipeuco. También habría caído gran cantidad de ceniza por el lado oriental de ese volcán y en ese momento su actividad estaría afectando al sector de Truful-Truful. Tengo entendido que el personal de la Conaf habría sido evacuado del Parque Nacional Conguillío. Cabe consignar que la situación del volcán Llaima es alarmante, porque se viene arrastrando más o menos desde hace veinte días y ha ido in crescendo. Insistentemente hemos solicitado a las autoridades tomar nota de esta situación por cuanto en una visita a terreno me percaté de la inexistencia de un plan de contingencia en el evento de que el volcán comience una actividad mucho más intensa. Por ello, pido enviar un oficio al ministro del Interior y al intendente regional, a fin de que informen respecto de la existencia de un plan de contingencia para la evacuación de la población de Melipeuco. Considero necesario que los organismos gubernamentales arbitren los mecanismos a fin de prevenir la pérdida de vidas humanas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. ANTECEDENTES SOBRE APROBACIÓN DE PERMISO PROVISORIO PARA INSTALACIÓN DE PLANTA DE METROGAS EN PEÑALOLÉN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, como se ha informado, la comuna de Peñalolén puede resultar tremendamente perjudicada si en ella se concreta la instalación de una planta de Metrogas. Los santiaguinos, la gente que vive en ese sector, las autoridades y los representantes de la comuna estamos plenamente conscientes de la necesidad de instalar una planta de gas propano en la Región Metropolitana, de manera de suplir eventuales carencias, que se ven posibles desde hace muchos años. Al respecto, deseo decir dos cosas. En primer lugar, para conocimiento de la ciudadanía, dicha planta no resolverá los problemas ante eventuales cortes de gas que ocurran durante este año, dado que entraría en funcionamiento probablemente a partir de 2008. En segundo lugar, lamento que, debido a las presiones ejercidas por autoridades de Gobierno y por representantes de Metrogás, el Ejército decidiera entregar dos hectáreas de un terreno ubicado en la parte alta de Peñalolén, sobre un sector habitado, de alto riesgo para el tránsito de vehículos pesados, como hemos informado hasta el cansancio. Al respecto, la Cámara deberá estar muy atenta a las modificaciones legales o de otras índoles necesarias para garantizar la participación ciudadana, de manera que los vecinos organizados sean no sólo escuchados, sino respetados. En ese sentido, hemos comprobado que en proyectos llevados a cabo en diferentes comunas, se escucha la opinión de la ciudadanía, pero, a la hora de adoptar las decisiones, no se toma en cuenta su opinión. Así, por ejemplo, en una reunión con participación de doscientas personas de la comuna de Peñalolén, la Superintendencia del ramo informó sobre las necesidades de gas en la Región Metropolitana, pero nadie tomó nota de las observaciones de los vecinos. Entonces, ¿existe verdadera participación ciudadana? Asimismo, deseo referirme a la responsabilidad de los integrantes de la Corema. Por primera vez, participé en el tratamiento de una iniciativa de impacto ambiental. El día en que se aprobó el permiso provisorio -como se sabe, en Chile dichos permisos resultan ser eternos-, con gran sorpresa, pude advertir que los diferentes secretarios regionales ministeriales de la Región Metropolitana votaron por la posición fijada por la intendenta, es decir, a favor de la iniciativa, pero ninguno explicó las razones para proceder de esa forma. En la oportunidad, se encontraba presente la autoridad de Salud, que en ese momento se abstuvo, pero es fundamental -por razones de salud, medioambientales y otras mil-, a la hora de decidir la autorización respectiva. También se encontraba presente la autoridad medioambiental. A mi juicio, resulta increíble e insólita la construcción de esa planta en una zona de reserva ecológica. En efecto, se han hecho tremendos esfuerzos para dotar de pulmones verdes a la Región Metropolitana y, ahora, lo primero que se hace es instalar una planta de gas propano. Por lo tanto, uno empieza a dudar de las instituciones. A mi juicio, es necesario que la Corema sea una verdadera autoridad del Estado, que determine, de acuerdo con todos los parámetros necesarios, cuándo algún proyecto cumple con las normas medioambientales, de seguridad y otras. De lo contrario, su existencia no tiene sentido. En la votación para la autorización del permiso provisorio, los cuatro consejeros regionales votaron en contra, porque no tienen un compromiso tan explícito como, al parecer, sí podrían tener los seremis. Por lo tanto, a través de la instancia que corresponda, pido oficiar a todos los seremis de la Región Metropolitana, con excepción del de Turismo, que fue el único que, con valentía, se atrevió a votar en contra, a fin de que expliquen por qué no fundamentaron su voto y con qué criterio y de acuerdo con qué fundamentos decidieron aprobar el otorgamiento del permiso provisorio a la planta de Metrogas en la comuna de Peñalolén. Deseo conocer esa información, a fin de saber por qué se aprobó dicha autorización, no obstante la alta peligrosidad del proyecto, el daño ecológico que puede originar y el eventual perjuicio a los vecinos del sector, dado lo escarpado del camino por donde deberán transitar los camiones de alto tonelaje que transporten el gas propano. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. ANTECEDENTES SOBRE RECURSOS DESTINADOS A REPARACIÓN DE ESCUELA DE COLÍN, COMUNA DE MAULE. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, hace algún tiempo, el consejo regional del Maule aprobó la entrega, primero, de 250 millones de pesos para la recuperación y refacción de la escuela de Colín, ubicada en la comuna de Maule, y, con posterioridad, de otros 100 millones de pesos. La empresa dio por terminadas las obras hace uno o dos meses, pero sin hacer la entrega definitiva. En verdad, la refacción de esa escuela es un desastre. Los techos quedaron mal reparados, la cocina a medio construir, las salas de clase y la biblioteca no cuentan con su mobiliario nuevo. El comedor de los alumnos quedó en muy malas condiciones. Se cobró una millonada de pesos por los juegos infantiles, que no son sino tres o cuatro palos parados. No existen cierres perimetrales. Hay tabiques vergonzosos en la sala de profesores. Los patios no tienen la implementación que figuraba en el contrato. A los baños no se les hizo absolutamente nada. Se cobraron casi 20 millones de pesos por una planta de tratamiento de aguas servidas, pero la escuela se conectó al alcantarillado de la zona, que es bastante más barato. La misma cantidad de dinero que entregó el consejo regional para dicho establecimiento se gastó para reparar una escuela de la comuna de Pelarco. Sin embargo, si se comparan las obras llevadas a cabo en uno y otro establecimiento, a todas luces son muy diferentes. Por lo tanto, pido oficiar al intendente de la Región del Maule, con copia al contralor general de la República y a la ministra de Educación, a fin de que fiscalice en qué se gastaron los recursos destinados a la escuela de Colín. Es necesario agotar todas las instancias a fin de conocer qué se hicieron los 350 millones de pesos que se entregaron para las obras de la escuela de Colín. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DE RÍO MATAQUITO. Oficios. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, por la prensa nos hemos impuesto de lo ocurrido en el río Mataquito debido a la acción de la planta de celulosa Licancel. Cuando se construyó esa planta, sus propietarios vinieron a la Comisión de Medio Ambiente, a principios de los noventa, y manifestaron que sus instalaciones eran de última tecnología, de ciclo cerrado; que los efluentes iban a ser tratados en piscinas ubicadas en la parte posterior de la empresa, que los residuos, que se descargarían al río Mataquito, serían prácticamente inocuos y que, en definitiva, no causarían ningún daño ambiental en ese río que es de poco cauce, de poco agua; sobre todo en esta época, en que se produjo el derrame, hace algunos días, que casi no traía agua porque no había llovido. No sé dónde falló la tecnología de la empresa, porque, hoy sabemos que, a lo menos, el licor negro, que es una pasta de celulosa inicial; el licor verde, la soda cáustica y otros compuestos químicos -orgánicos- como el hidróxido de sodio, fueron vertidos al río y se produjo eutrofización. La eutrofia es el consumo excesivo del oxígeno del agua por estos productos, causa fundamental de la muerte de los peces. Ahora estamos discutiendo qué hacer al respecto. Hay pescadores afectados y agricultores que no pueden dar agua a sus animales. Entiendo que el servicio de salud del Maule está haciendo estudios, a fin de saber qué tipo de compuestos causaron esta tragedia en la zona. Pero, a lo menos, aquí hay dos situaciones. En primer lugar, obviamente, falta de fiscalización de vigilar permanentemente una planta de celulosa, puesto que sabemos que todas producen muchos residuos que afectan a la flora y fauna. El Gobierno no fiscalizó. Esta planta lleva catorce años funcionando y ahora se dice que hay ductos que no corresponden. Ése no es el problema, sino que -reitero una vez más- no se fiscalizó y los administradores de la planta aprovecharon de echar esos efluentes al río. En segundo lugar, no sabemos cuáles son los componentes que están en el agua, porque si hay peróxido, cloro y otros que cuesta que se disuelvan, quedan en el lodo del río, podrían pasar uno o dos años antes de que las aguas puedan ocuparse, lo que afectará, entre otros, a los pescadores de la zona. En definitiva, solicito que se oficie al servicio de salud del Maule, a la Corema, a la Conama y al Ministerio de Salud, para que me indiquen cuáles son los compuestos químicos que se vertieron al río Mataquito y recomendarles que, en el futuro, establezcan un sistema de monitoreo permanente, de manera que en esa planta de Celco no vuelva a ocurrir el accidente de algunas semanas atrás. Aquí hay responsabilidades claras de dicha planta de celulosa, pero también de la autoridad medioambiental, que no cumplió con su función fiscalizadora. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados, con copia de su intervención. RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA HUERTA EN LA COMUNA DE CUREPTO. Oficio. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Por ultimo, señor Presidente, en la comuna de Curepto, entre las localidades de Villa Prat y de Huaquén, zona del río Mataquito, el puente de La Huerta, que prestaba gran utilidad a los agricultores y a la gente que vive allí, se cayó hace años. Solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para saber si dentro de los proyectos próximos se contempla la reconstrucción de ese puente, situado entre las provincias de Curicó y de Talca. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con el texto de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.06 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica las normas relativas al subsidio familiar y a la adopción, correspondiente al Boletín N° 4812-13, con las siguientes modificaciones: ARTÍCULO SEGUNDO.- Ha sustituido, en su inciso primero, la palabra “subsiguiente” por “siguiente”. -o- Ha incorporado un número 1), nuevo, del siguiente tenor: “1) Sustitúyese su denominación por la que se indica a continuación: “Crea Fondos Nacionales de Subsidio Familiar y Pensiones Asistenciales”.”. -o- Número 1) Ha pasado a ser número 2), sin enmiendas. Número 2) Ha pasado a ser número 3), modificándose el artículo 3°, que contiene este numeral, como se señala: -En su inciso primero, ha reemplazado la expresión “a quienes obtengan” por “y que hayan obtenido”; la forma verbal “evalúe” por “evaluó”, y la expresión “sin perjuicio de” por “de acuerdo con”. -Ha sustituido su inciso segundo, por el siguiente: “Asimismo, los alcaldes deberán publicar en la forma y oportunidad que se establezca en el reglamento, la nómina de beneficiarios.”. ARTÍCULO TERCERO.- Número 1. Ha reemplazado el inciso primero del artículo 3° bis, por el siguiente: “Artículo 3° bis.- Tendrá derecho al subsidio establecido en esta ley, la mujer embarazada que reúna los requisitos prescritos en esta norma legal.”. -o- Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto conforme de 36 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio. En particular, sus artículos segundo y tercero fueron aprobados con el voto conforme de 24 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, en el carácter de normas de quórum calificado. -o- Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.715, de 4 de abril de 2007. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”. 2.Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, sobre políticas de fomento y resguardo de la actividad circense nacional, correspondiente al Boletín N° 2579-06, con las siguientes modificaciones: Artículo 2º.- Lo ha reemplazado, por el siguiente: “Artículo 2º.- Para los efectos de la presente ley, se entiende por circo aquellos establecimientos preferentemente habilitados en carpas que, debidamente autorizados, están destinados a la celebración de espectáculos circenses y cuya programación se orienta especialmente a los niños. Asimismo, se entenderá por espectáculo circense la ejecución o representación en público de ejercicios físicos de acrobacia o habilidad, de actuación de payasos, malabaristas, prestidigitadores e ilusionistas, músicos, animales amaestrados y otras similares. En tal virtud, esta actividad podrá acceder, a través de los mecanismos legales pertinentes, a los recursos que contempla la legislación vigente en materia de fomento de expresiones artísticas y culturales. No tienen el carácter de circos los espectáculos de contenido frívolo o de revista, orientados al público adulto, aun cuando ellos sean presentados en carpas.”. Artículo 3º.- Ha intercalado, en su inciso primero, entre los vocablos “deberán” y “adoptar”, la frase “otorgar las facultades necesarias y suficientes y”. Artículo 5º.- Lo ha sustituido, por el siguiente: “Artículo 5°.- Los circos de procedencia extranjera deberán actuar en el territorio nacional sujetándose en todo a la legislación vigente.”. -o- Enseguida, ha incorporado un artículo 6º.-, nuevo, del siguiente tenor: “Artículo 6º.- Los números y pases circenses cuya realización se haya fijado por escrito o en otra forma, estarán protegidos por el derecho de autor y, consecuentemente, por el derecho de propiedad intelectual.”. -o- Artículo 6º.- Ha pasado a ser artículo 7º.-, sustituido por el que sigue: “Artículo 7°.- El reglamento señalará la forma de acreditar el funcionamiento de los circos nacionales y extranjeros, en relación con la normativa fijada por esta ley.”. -o- Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto conforme de 28 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio. En particular, su artículo 4° fue aprobado con el voto conforme de 24 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, en el carácter de norma orgánica constitucional. -o- Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3.882, de 7 de agosto de 2002. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”. 3.Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que incluye en la ley N° 19.962, sobre eliminación de ciertas anotaciones prontuariales, a los condenados por tribunales ordinarios, correspondiente al Boletín N° 4348-17. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.348, de 22 de agosto de 2006. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”. 4.Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. “Valparaíso, 13 de junio de 2007. El Abogado Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que suscribe, certifica: Que el proyecto de ley, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que “ Modifica la ley N° 19.665, con el fin de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana.”, boletín N° 5099-07, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue aprobado por esta Comisión, en segundo trámite constitucional, con la asistencia de los Diputados señor Jorge Burgos Varela (Presidente), señoras Laura Soto González y Marisol Turres Figueroa, y señores Pedro Araya Guerrero, Gonzalo Arenas Hödar, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Edmundo Eluchans Urenda y Cristián Monckeberg Bruner. Concurrieron a la sesión don Carlos Maldonado Curti, Ministro de Justicia; doña Verónica Baraona del Pedregal, Subsecretaria de Justicia; doña Constanza Collarte Pindar, Jefa de la División Jurídica del mismo Ministerio; don Andrés Mahnke Malschafsky, Jefe de la Unidad de Reformas Judiciales; doña Nelly Salvo Ilabel, Jefa de Asesoría y Estudios de la División Jurídica; don Decio Mettifogo Guerrero, Jefe de la División de Defensa Social, y don Fuad Chahin Valenzuela, Asesor. Sometido a votación el proyecto, tanto en general como en particular, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados asistentes, en los mismos términos propuestos por el Senado. La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal para lo cual designó como Diputado Informante al señor Pedro Araya Guerrero. Finalmente, la comisión dejó constancia que el artículo 1° tiene rango de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, de conformidad a lo que establece el artículo 77 de la Carta Fundamental. El texto aprobado es del siguiente tenor: “PROYECTO DE LEY: Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.665: 1)Al artículo 1° transitorio: a)Sustitúyese, en el párrafo final de su numeral 3), el guarismo “ 2006 “ por “ 2008 “. b)Sustitúyese, en el párrafo final de su numeral 4), el guarismo “ 2007 “ por “ 2008 “. 2)Intercálase, en su artículo 5° transitorio, el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto: “Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, al término del segundo año subsistirán seis juzgados del crimen; dos, desde el 1° de enero de 2009, y uno, desde el 1° de enero de 2010. La Corte de Apelaciones de Santiago señalará los juzgados del crimen subsistentes, los que tendrán a su cargo el conocimiento de las causas relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la fecha que señala para la Región Metropolitana el artículo 4° transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, entendiéndose, para todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, que dichos juzgados son el continuador legal de todos aquellos suprimidos en la respectiva jurisdicción.”. Artículo 2°.- El mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley durante el año 2007 se financiará con los recursos contemplados en la Partida 03, Poder Judicial, del Presupuesto del Sector Público vigente.”. -o- (Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión”. 5.Certificado de la Comisión de Hacienda. “Valparaíso, 13 de junio de 2007.- El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica: Que el proyecto de ley, que tiene su origen en el Senado, que modifica la ley N° 19.665, con el fin de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana (Boletín N° 5099-07), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue despachado por la Comisión de Hacienda, con la asistencia de los señores Ortiz, don José Miguel (Presidente); Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Delmastro, don Roberto; Insunza, don Jorge; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Robles, don Alberto y Von Mühlenbrock, don Gastón. Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Carlos Maldonado, Ministro de Justicia, y el señor Andrés Mahnke, Jefe de la Unidad de Reformas Judiciales y la señorita Constanza Collarte, Jefa de la División Jurídica de la citada Cartera. Puesto en votación el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Alvarado, Álvarez, Delmastro, Insunza, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles y Von Mühlenbrock. La Comisión de Hacienda acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal directamente en la Sala, para lo cual designó diputado informante al señor Roberto Delmastro. Se acompaña a este certificado el Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos. (Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión”. 6.Moción de los diputados señores Bustos, Espinoza, don Fidel; Araya, De Urresti, Meza, Ojeda, Saffirio, Vallespín, y de la diputada señora Soto, doña Laura. Establece recurso especial para hacer efectiva responsabilidad para fiscales del Ministerio Público por actuaciones que indica. (boletín N° 5129-07) 1.Fundamentos: Es un hecho público y notorio que son muchas las personas que formalizadas y acusadas de un delito por el Ministerio Público, han resultado absueltas en los juicios orales respectivos. Pueden citarse sólo a título ilustrativo el caso de José Chat, y más recientemente el “Caso Jäger” (aunque sin sentencia firme). Lo anterior es una posibilidad que subyace en todo proceso penal, pero el elemento diferenciador, es la alarmante situación que la mayoría de las veces, se ha incurrido por parte del órgano acusador en una serie de conductas durante la investigación y previo al juicio, que afectan garantías del imputado y que la ley no es clara a fin de establecer un mecanismo disciplinario idóneo, más allá de su estructura jerárquica de responsabilidad administrativa. El principio de responsabilidad, “esta íntimamente relacionado con la idea de control”1, y supone el establecimiento de un estatuto normativo que asigne consecuencias jurídicas de diversa naturaleza al que infrinja el mandato imperativo de ciertas normas. El esquema previsto en la ley orgánica del Ministerio Público, no esta ajeno a este planteamiento, aunque con irremontables impedimentos prácticos, tal como se expresa el desarrollo del principio de responsabilidad de los órganos del Estado, en su artículo 5 que dispone: “El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la actuación dañina. En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño, y, cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para repetir en su contra”. En este contexto, la magnitud del parámetro de responsabilidad del Estado por los actos del Ministerio Público estaría representada por aquellas actuaciones groseras en que concurran ambos presupuestos que la ley no define. Similar disposición, se emplea en materia de error judicial, cuya aplicación hasta la fecha es desconocida, de tal suerte que cualquier esfuerzo dialéctico para instar a su aplicación, es una ingenuidad. En el ámbito disciplinario, su fuente en el art. 7 de la ley orgánica, apela a la estructura jerárquica del organismo, diferenciando dos hipótesis en que se ejerce este control, además entre los casos que pueden generar responsabilidad de los fiscales pueden citarse entre estos mecanismos; la reclamación ante las autoridades superiores, por las actuaciones de los fiscales (art. 170 del Cpp. respecto de la víctima; art. 232 respecto del imputado), conforme a lo establecido en el art. 33 de la ley orgánica y el procedimiento de los arts. 48 a 51 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, estas previsiones resultan insuficientes, desde el momento que lías revisa el mismo órgano. Es en este punto donde surge la necesidad de optar por un nuevo esquema para hacer efectiva la responsabilidad del Ministerio Público. Lo anterior, más si tenemos presente los derechos personalísimos del imputado que también deben ser observados por el fiscal y su relación con los medios de comunicación social. Como bien explica el profesor Roxin “antes de la condena se debe tener presente la presunción de inocencia [...] conforme a ella son inadmisibles la información con mención del nombre, una imagen u otros datos que permitan la identificación”2, cuestión que difícilmente se respeta en nuestra realidad cotidiana, pero que debe contextualizarse en la noción de evitar una “condena anticipada por los medios”.3 2.Historia legislativa y derecho comparado: En el ámbito de la historia fidedigna no hay dudas de la adopción del principio de responsabilidad en la ley orgánica del Ministerio Público. En la órbita comparada, nada obsta, a que se pueda establecer la supervigilancia disciplinaria en sede judicial en materia de responsabilidad, así por ejemplo el art. 16 de la ley orgánica del Ministerio Público Argentino dispone que: “agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial”, del mismo modo el art. 58 de la ley con remisión expresa a la ley federal sobre responsabilidad de servidores públicos que dispone. Puede consultarse, además, con detalle la ley Nº 24.946, sobre organización e integración del Ministerio Público de 23/03/98, el art. 58 de la ley orgánica de México. En algunos casos, algunas de las hipótesis sancionadas, lo son de la forma más intensa que contempla el ordenamiento jurídico, muestra de aquello es el Título XX del Código Penal español de 1995, en lo referente a los delitos contra la administración de justicia. 3.Ideas matrices: De esta manera, se propone la incorporación en el Código Procesal Penal de un recurso especial disciplinario como mecanismo de los intervinientes (obviamente con la exclusión del Ministerio Público), para establecer la responsabilidad de los fiscales por incurrir en un grave incumplimiento de las obligaciones que les fija la ley, aquí radica la ratio legis de la presente iniciativa. En otras palabras no se pretende limitar el ámbito de libertad de las actuaciones investigativas del órgano acusador, sino que se pretende establecer un catálogo de conductas graves que afectan los intereses de ciertos intervinientes y que en la actualidad quedan sin sanción. Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente: Proyecto de ley Art. único. Incorpórense en el Libro Tercero Código Procesal Penal un nuevo título V, con los siguientes artículos: Art. 387 bis A.- Recurso especial disciplinario. Los intervinientes tendrán derecho a un recurso especial disciplinario a que se refiere el presente título, cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas procesales o administrativas, por parte de un fiscal adjunto o regional. Art. 387 bis B.- Plazo de interposición y Tribunal competente. El recurso deberá interponerse por escrito ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de diez días de ocurrida la infracción o desde que se tomo conocimiento fehaciente de esta. Art. 387 bis C.- Causales del recurso. El recurso sólo será procedente si concurre alguna de las siguientes causales de incumplimiento grave: 1.Si el fiscal no proporcionare en forma veraz y oportuna toda la información o datos solicitados por los intervinientes; 2.Si el fiscal entregare a los medios de comunicación social, información sobre el imputado que menoscaben la presunción de inocencia; 3.Cuando el fiscal hubiere recabado pruebas con infracción de garantías y así lo hubiere declarado el juez; 4.El fiscal que faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionalmente de promover la persecución de delitos de que tenga noticia o sus responsables; 5.El fiscal que conociendo su falsedad o con desprecio a la verdad, imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal. Tratándose de las causales de los números 3 y 4 sólo podrá procederse contra el acusador una vez que hubiere sentencia firme. Art. 387 bis D: Tramitación del recurso. Una vez interpuesto el recurso, la sala tramitadora ordenara que el recurrido informe en el plazo fatal de diez días. Evacuado o no el informe, vencido el plazo el tribunal decretara los autos en relación y ordenara la vista de la causa la que gozara de preferencia. Hasta antes de la vista de la causa, las partes podrán ofrecer, producir e incorporar pruebas para el mejor acierto del recurso. Art. 387 bis E.- Fallo del recurso. Si se comprobare el grave incumplimiento a los deberes del cargo a que se refieren las normas precedentes, la Corte de Apelaciones podrá imponer a los fiscales del Ministerio Público las siguientes sanciones disciplinarias: a)Amonestación pública. b)Multa de hasta el veinte por ciento de sus remuneraciones mensuales. c)Suspensión. c)Destitución. Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes del funcionario y los perjuicios efectivamente causados. Art. 387 bis F.- Recursos. La resolución que fallare el presente recurso especial disciplinario, será suceptible de recurso de apelación, para ante la Corte Suprema, el que deberá interponerse dentro de quinto día. 7.Moción de los diputados señores Escobar, Díaz, don Eduardo; Enríquez-Ominami, Valenzuela, y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta. Reforma los artículos 140 y 155 del Código Procesal penal en materia que indica. (boletín N° 5130-07) I. CONSIDERACIONES GENERALES. La libertad personal constituye un valor y un derecho garantizado por la Constitución Política y las normas que, dictadas conforme a ella, regulan el procedimiento penal. Debido a su importancia se han consagrado una serie de disposiciones que persiguen resguardarla libertad, dignidad de las personas y su presunción de inocencia en los casos en que sean sometidos a juicio imputándoseles la comisión de un delito. Es por tal motivo, que la libertad del imputado procederá siempre, a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria, para la finalidad del proceso, para la seguridad del ofendido o para la seguridad de la sociedad. Esta visión, concordante con la doctrina y los tratados internacionales vigentes sobre la materia, plantea una dificultad: ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana que siente vulnerado su derecho a vivir con tranquilidad cuando un imputado de delitos que causan alarma pública es dejado libre por un juez? ¿Qué ocurre cuando las medidas cautelares que se adoptan respecto de ese imputado se vulneran y éste simplemente no comparece en juicio y/o sigue delinquiendo? Fuimos testigos en los últimos días de la situación antes descrita. Un imputado y condenado por la comisión de delitos de connotación sexual cometidos en contra de menores burló sin dificultades el sistema judicial. El ahora prófugo de la justicia ha revivido el dolor y el miedo por parte de las víctimas, generando alarma pública y poniendo en riesgo su propia integridad ya que, eventualmente, él podría ser víctima de una agresión. Es por todo lo expuesto, que en este proyecto se estudiará el régimen actual de libertad provisional y se propondrá una reforma que regule el otorgamiento de este beneficio. Asimismo, se propondrá una reforma al sistema de medidas cautelares con el objeto de conciliar los derechos del imputado con los derechos de las víctimas y de la comunidad. II.NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES SOBRE LIBERTAD PROVISIONAL. 1.NORMAS CONSTITUCIONALES. El artículo 19 N° 7°, letra b) de la Constitución Política previene que: “Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes.” Luego, la letra e) del mismo precepto establece que: “La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.” A continuación, el inciso segundo regula el otorgamiento de la libertad provisional de los imputados por delitos terroristas en los siguientes términos: “La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputa o por los delitos a que se refiere el Artículo 9°, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple.” 2.NORMAS CONTENIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. En este análisis vamos a advertir que la libertad del imputado constituye la regla general ya que el legislador regula la procedencia de la prisión preventiva del imputado. El artículo 10 del Código Procesal Penal previene que: “En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio. Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo” El artículo 122 del Código Procesal Penal establece que: “Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación. Estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada.” A continuación, el artículo 139 del mismo Código preceptúa lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad personal y ala seguridad individual. La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad.” Posteriormente, el artículo 140 contiene los requisitos para ordenar la prisión preventiva. Veamos: “Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del ministerio público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare; b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes, el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley; la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.” En el Código Procesal Penal existen otras medidas cautelares personales que persiguen asegurar la comparecencia del imputado, proteger al ofendido y a la sociedad. Están contempladas en el artículo 155 y son las siguientes: “Para garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formalizada la investigación el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas: a) La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal; b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez; c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare; d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal; e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a defensa, y, g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél. El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.” Como puede apreciarse, el criterio del legislador es que la prisión preventiva sólo procederá cuando las demás medidas cautelares personales fuesen insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento. Así se presenta la libertad en el proceso como la regla general, y la prisión preventiva absolutamente excepcional. 3.TRATADOS INTERNACIONALES QUE ABORDAN EL TEMA. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11.1 nos señala que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” . A continuación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconoce en su artículo 14.2 que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” Luego, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, nos señala en su artículo 8.2 que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Todo lo anterior nos debe hacer concluir la existencia de un común denominador en estas disposiciones relativas al principio de inocencia y consecuente con ello con el establecimiento de la regla general de otorgamiento de la libertad provisional. III. LOS PRESUPUESTOS PARA DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. Los elementos que determinan la prisión preventiva como medida cautelar son el periculum in mora y el fumus boni iuris. 1.El periculum in mora consiste en la existencia de un peligro de evasión del imputado, lo cual debe considerar los antecedentes (aspecto subjetivo) y la gravedad del delito (aspecto objetivo). 2.El fumus boni iuris viene dado por el juicio de probabilidad sobre la posible responsabilidad penal del inculpado, requiriéndose la existencia del cuerpo del delito y la presunción fundada de que el imputado es responsable del delito como autor, cómplice o encubridor, requisitos indispensables para determinar su calidad de tal. Estos principios están plasmados en el texto del artículo 140 del Código Procesal Penal. Pero lo más interesante para nuestro análisis son las condiciones establecidas en la letra C), del mismo precepto, en donde se menciona que constituye como antecedente para someter a una persona prisión preventiva el hecho de que la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. En este orden de ideas, debemos manifestar que existen delitos cuyas víctimas son seres que no tienen voz ni capacidad desde un punto de vista jurídico para actuar defendiendo sus derechos. Esta vulnerabilidad los hace víctimas de delitos que afectan su integridad, libertad y dignidad más esenciales: los menores víctimas de delitos de connotación sexual. IV. CONTENIDO DEL PROYECTO. El presente proyecto contempla la reposición del trámite de consulta al tribunal de alzada en el caso de que un juez otorgue la libertad provisional a un imputado de delitos de connotación sexual, tales como violación, abusos deshonestos, pornografía y otros cuyas víctimas sean menores de edad. Semejantes delitos menoscaban lo que constituye nuestro futuro como país y sociedad y por ello creemos que tal resolución debiera ser consultada a la Corte de Apelaciones competente. Además, proponemos una modificación a las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal en orden a regular la obligación que tienen las personas o instituciones que cuiden a un imputado de informar al Tribunal cualquier hecho o acto que haga presumir que el imputado violará su obligación de comparecer ante la Justicia. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile; lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918, en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, vengo en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY. ARTÍCULO PRIMERO: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 140 del Código Procesal Penal, “Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que el juez otorgue la libertad provisional a una persona a la que se hubiere imputado uno o más de los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Código Penal, cuya víctima sea menor de 15 años, dicha resolución deberá ser elevada en consulta a la Corte de Apelaciones competente.” ARTÍCULO SEGUNDO: Sustitúyase el punto y coma al final de la letra B) del artículo 155 del Código Procesal Penal por un punto seguido y, a continuación agréguese la siguiente frase: “Las personas o representantes de las Instituciones a las que se refiere esta disposición tendrán la obligación de notificar al Tribunal dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen conocimiento de cualquier hecho o acto que haga presumir que un imputado que tienen a su cargo pretende evadir la acción de la justicia, obstaculizar la investigación o causar daño al ofendido. La infracción por parte de las personas ya mencionadas a lo previsto en este artículo será sancionada con las penas contempladas en el artículo 494 del Código Penal.” 8.Moción de los diputados señores Díaz, don Marcelo; Álvarez, Alvarado, Burgos, Bustos, Ceroni, Monckeberg, don Cristián; Montes y Walker. Sanciona a quien no presenta la declaración de patrimonio al concluir su mandato. (boletín N° 5131-06) “Fundamento. Para contar con una adecuada transparencia, en la administración pública, es fundamental que se pueda conocer cual es el patrimonio de las personas que lo declaran al menos en dos momentos: el primero, cuando comienzan el mandato que les fue conferido y, el segundo, y quizás el más importante, cuando este mandato concluye. En el caso de quienes deciden asumir funciones públicas, esto resulta fundamental, ya que la gran forma de controlar su actividad como funcionarios y saber que no van a resolver las materias de acuerdo a sus propios intereses, es precisamente saber cuales son estos mientras ejercen la actividad que les fue encomendada. Pero, la forma de saber si obtuvieron algún beneficio que no sea de los permitidos por la ley mientras ejercieron sus cargos es cotejar las declaraciones que estos presentan cuando comienzan el cargo y la que deberían presentar cuando su actividad concluye. En el caso de nuestra legislación, esta contemplado este doble mecanismo ce declaración patrimonial, pero con una falla que hace ilusoria la aplicación de la misma, no existe sanción para quién no presente la declaración de patrimonio una vez finalizado su respectivo periodo. Debido a esto último, se hace indispensable el establecer una sanción, a quién deja la administración pública y no presenta su declaración. Derecho comparado. En Argentina se opta por una solución similar a la propuesta en el proyecto, así se establece en el artículo 9 la ley Nº 25.188, sobre ética en el ejercicio de la función pública, “no cumpliere con la presentación de la declaración, no podrá ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder”. En México, se opta por un sistema similar, con la salvedad que la inhabilitación es por el periodo de un año, de acuerdo al artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En Colombia, existe una situación similar a la actualmente existente en Chile, ya que no existe sanción para quién se retire de la Administración Pública sin presentar la declaración. Idea matriz. El presente proyecto de tiene por finalidad hacer aplicable como sanción la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, a quien no preste su declaración patrimonial, una vez que terminé su periodo como funcionario público, en este sentido corresponde modificar la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ya que al modificar esta norma se hace aplicable a todos quienes tienen la obligación de presentar la referida declaración ce patrimonio. Es por eso, que sobre la base de los antecedentes anteriores, vengo en proponer el siguiente: Proyecto de ley: Art. 10: Agréguese el siguiente inciso 3° al artículo 60 D, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional sobre Bases de la Administración del Estado: “En el caso de no presentar la declaración a que se refiere el inciso anterior, quedará el infractor inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.” 9.Moción de los diputados señores González, Ceroni, Girardi, Hales, Insunza, Quintana, Tuma, Valenzuela y de las diputadas señoras Muñoz. doña Adriana y Soto, doña Laura. Modifica la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, estableciendo la facultad de decretar la realización de participación ciudadana en la evaluación de de declaraciones de impacto ambiental. (boletín N° 5132-12) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República !o prevenido en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y, lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. 1.Introducción: Se presenta el siguiente proyecto de ley ante la controversia que provocan algunos proyectos que generan impactos ambientales y que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), vía Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y por la falta en dicho proceso de una instancia participativa de la comunidad, a diferencia de lo que ocurre en aquellos proyectos sometidos a evaluación, mediante Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La presente modificación permitirá a las organizaciones ciudadanas y a las personas naturales directamente afectadas por un proyecto de alto impacto, plantear reparos, observaciones y eventualmente exigir modificaciones o mitigaciones a fin de preservar los ecosistemas y la calidad de vida de la comunidad. Para evitar conflictos que se deriven de la falta de participación, se propone que los interesados y las organizaciones ciudadanas o deban solicitar a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente según corresponda, que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana, a costa del titular del proyecto. Se entiende por “organizaciones ciudadanas” cualquier organización dotada de personalidad jurídica y que tenga por objeto representar ylo promover los intereses ciudadanos; por “persona natural directamente afectada” a todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, que sean afectados directamente por el proyecto en su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, N° 8 de la Constitución Política. Por tanto, al concebir a los legitimados activos de esta manera, se extiende la participación, no quedando circunscrita a la comunidad local, permitiendo que la soliciten organizaciones ciudadanas de la comunidad local y las externas a ella que acrediten su personalidad jurídica y las personas naturales de la comunidad local así como las personas naturales externas a ella que se consideren directamente afectadas y que presentan los fundamentos que lo justifiquen. 2.Fundamento: La ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en sus artículos 10 y 11, indica que los proyectos que presenten dichos efectos, características o circunstancias, deberán presentar un EIA, y todo otro proyecto que no se encuadre dentro de esos requisitos debe presentar una DIA. Respecto a los EIA se establece la obligación de realizar la participación ciudadana, no así respecto a las DIA. Sin embargo, existen numerosos casos de proyectos sometidos a evaluación mediante DIA, que si bien no generan los impactos ambientales establecidos en la ley para la realización de un EIA, si generan graves impactos en las comunidades cercanas al emplazamiento de los proyectos, no existiendo para dichas comunidades la posibilidad de participar en el proceso de evaluación, y, aun cuando existen casos puntuales, en que se han abierto los espacios de participación en proyectos sometidos a evaluación mediante DIA, esto ha sido gracias a la voluntad de los titulares de los proyectos y no porque exista una norma legal que los obligue a hacerlo. Es por lo anteriormente expuesto, que los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de ley: Artículo único: Modifíquese la ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, en los siguientes términos: Modifíquese el artículo 26, agregándose el siguiente inciso que pasará a segundo: “Asimismo, la Comisión Nacional o Regional de Medio Ambiente según corresponda, podrá decretar la realización de un proceso de participación ciudadana, en aquellos proyectos cuya Declaración de Impacto Ambiental se encuentre en evaluación, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse en la Comisión Nacional o Regional de Medio Ambiente respectiva, dentro del plazo de 30 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.” 10. Moción de los diputados señores González, Ceroni, Girardi, Hales, Insunza, Quintana, Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Soto, doña Laura. Modifica la ley N° 19.947, estableciendo la posibilidad de excusarse de asistir personalmente a la audiencia de conciliación. (boletín N° 5133-07) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65, de la Constitución Política de la República lo prevenido en la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y, lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. 1.Introducción: La nueva ley de matrimonio civil y la creación de los tribunales de familia han sido un gran avance en materia de justicia. Gracias a la nueva institucionalidad se han solucionado grandes problemas que afectaban a los chilenos en su ámbito personal y de relaciones de familia. Sobretodo con la institución del divorcio que ha permitido a muchos hombres y mujeres rehacer sus vidas luego de un fracaso matrimonial. Sin embargo, los tribunales de familia han colapsado, en especial debido a la gran cantidad de demandas de divorcio interpuestas. Esto nos lleva a pensar en que a pesar de ser un gran avance la existencia del divorcio con disolución de vínculo, el procedimiento debe perfeccionarse, en especial la exigencia de la comparecencia personal de los cónyuges en la audiencia especial de conciliación, que impide que se lleve a cabo en forma expedita el proceso si a una de las partes le es imposible asistir, ya sea por enfermedad grave, residencia en otra región, el extranjero u otros motivos, debido a que en estos casos la audiencia respectiva se suspende, fijándose al efecto otra audiencia, la que generalmente se agenda para una fecha muy lejana, usualmente dos o más meses después de la audiencia suspendida, haciendo engorroso y poco viable el procedimiento. Cabe señalar que la audiencia de conciliación es un trámite de escasa duración, donde sólo se consulta a los cónyuges acerca de su voluntad de reconciliarse, lo que estando ya expuesta la decisión de poner fin al vínculo conyugal sólo es materia de ratificación. Al respecto, en la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones se encuentran fallos que han dejado sin efecto sentencias de divorcio de mutuo acuerdo emanadas de los Tribunales de Familia, por no haberse realizado la audiencia de conciliación prevista en la ley, o porque el tribunal respectivo, por razones de mérito, ha eximido a alguna de las partes de la comparecencia personal en dicha audiencia, decretando en tales casos la realización de un nuevo procedimiento y aumentando así, por periodos de tiempo considerables la obtención de la sentencia de divorcio tan anhelada por los solicitantes. Asimismo, debemos considerar que permitir a una de las partes eximirse de asistir a la audiencia de conciliación, evitando así la suspensión del proceso hasta que exista una nueva fecha disponible, ayudaría, en gran medida, a evitar el colapso que actualmente existe en los Tribunales de Familia. 2.Fundamentos: a)Permitir a quienes tengan la necesidad de disolver el vínculo matrimonial, lograr la sentencia que les permita reiniciar su vida en forma expedita. b)Eximir la asistencia a audiencias de conciliación en el evento que uno de los cónyuges se encuentre impedido de hacerlo. c)Que la circunstancia de padecer de una enfermedad grave, que impida el traslado, tener domicilio en una región diversa a la del tribunal que conoce la causa, residir fuera del país u otra razón fundada, no entorpezca el desarrollo y término del procedimiento judicial iniciado de mutuo acuerdo. Por lo expuesto precedentemente, los diputados abajo firmantes, patrocinan el siguiente proyecto de ley Artículo único: Agréguese al artículo 68, el siguiente párrafo que pasará a ser inciso tercero. “En las solicitudes de separación judicial o divorcio de mutuo acuerdo, serán causas justificadas para eximirse de la comparecencia personal en la audiencia especial de conciliación, el padecer una enfermedad grave, lo que se acreditará con los informes médicos respectivos, o el tener residencia a más de doscientos kilómetros del tribunal que conoce de la causa o fuera del territorio de la República u otra razón fundada, siempre que el cónyuge que se encuentre en tal situación, otorgue un mandato judicial, el que deberá contener a lo menos lo siguiente: 1.Razones, debidamente acreditadas, para la no concurrencia. 2.Declaración en la que se exprese inequívocamente su voluntad en orden a desear o no la reconciliación. 3.El acuerdo completo y suficiente en los términos señalados en el artículo 27.” 11. Moción de los diputados señores González, Ceroni, Girardi, Hales Insunza, Quintana, Tuma, Valenzuela, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Soto, doña Laura. Modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones, estableciendo límites que indica a la instalación de centros comerciales. (boletín N° 5134-14) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65, de la Constitución Política de la República, lo prevenido en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y, lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. 1.Introducción: Nuestra carta fundamental, en su artículo 19 número 21 garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Es de conocimiento general que en las ultimas décadas la economía del país ha prosperado y crecido rápidamente, esto ha generado una alta concentración económica y la proliferación de grandes centros comerciales integrados por cadenas de comercios de diversa índole cómo por ejemplo, hipermercados, tiendas por departamento, restoranes de comida rápida, farmacias, carnicerías. Los centros comerciales, si bien por un lado benefician a los consumidores, por otro generan problemas en la economía e ingresos de los pequeños y medianos comerciantes y, deteriora la trama urbana y la configuración histórica de los centros de las ciudades. Ante esta situación los pequeños y medianos comercios, no pueden competir en iguales condiciones, por lo que es cada vez mas frecuente verlos cerrar sus negocios antes de caer en quiebra por las bajas ventas, despoblándose este modo, los centros de las ciudades y vaciando de vida las zonas históricas A todo lo anterior, se agrega la gran congestión vehicular que se produce en los alrededores de los llamados malls, debido a los grandes volúmenes de personas que los visitan. Esto produce una gran molestia en los conductores de vehículos particulares y más aun en los usuarios de la locomoción colectiva, ya que es usual que los microbuses estén largos lapsos de tiempo en las afueras de los malls esperando llenarse de pasajeros. Esta congestión se produce, porque el equipamiento vial de las áreas urbanas no siempre es capaz de soportar la demanda a la que son sometidas por la instalación de estos grandes centros comerciales. Por lo anterior, se propone el presente proyecto de ley, que tiene como objetivo regular la instalación de estas grandes construcciones fuera del área urbana de ciudades grandes y medianas. 2.Fundamentos: a)Proteger a los pequeños y medianos comerciantes en el desarrollo de sus actividades frente a la concentración económica, evitando el avasallamiento de los grandes centros comerciales que no da lugar al desarrollo del comercio barrial y de las áreas sectoriales tradicionales del comercio, todo lo anterior, sin menoscabar el desarrollo de los centros comerciales. b)Lograr el desarrollo armónico de las ciudades en crecimiento, evitando que las áreas céntricas de estas ciudades se vacíen, además de procurar que sus ciudadanos no se vean afectados por los problemas de saturación que aquejan a las grandes urbes. Por lo anteriormente expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente Proyecto de ley. Artículo único: Modifíquese la ley general de Urbanismo y Construcciones, agregándose el siguiente artículo 56 bis: “Los supermercados, grandes tiendas o cualquier otro tipo de establecimiento comercial, por separado o unidos a otros de giro semejante, que soliciten autorización para instalarse en el territorio de una comuna y que completen en conjunto más de 1.200 m2 edificados de uso comercial, no podrán hacerlo en la superficie zonificada perteneciente al área urbana en el Plan Regulador. Excepcionalmente, y, por razones fundadas en el plan de desarrollo comunal, en los instrumentos comunales de planificación podrá señalarse expresamente las zonas urbanas en que este tipo de establecimientos puedan autorizarse, pero en ningún caso esto podrá hacerse en las áreas reguladas o reconocidas como céntricas de la ciudad. 12. Moción de los diputados señores Jiménez, Sule, Aguiló, Enríquez-Ominami, Escobar, Espinosa, don Marcos; Farías, Insunza, Jarpa y Meza. Monumento a la memoria de don Anselmo Sule Candia. (boletín N° 5135-24). Anselmo Sule Candia (* 1934 - † 7 de junio de 2002) Fue senador en el período 1969-1973, representando a la Región de O'Higgins y Colchagua, por el Partido Radical. Luego del Golpe de Estado de 1973, Sule fue llevado a la isla Dawson junto a otros simpatizantes de la Unidad Popular. Vivió en el exilio, y obtuvo la nacionalidad uruguaya. En ese intertanto fue Vicepresidente Mundial de la Internacional Socialista. Una vez retornada la democracia, volvió a Chile, y fue nuevamente senador por la Región de O'Higgins, para el período 1990 1998. Fue presidente del Partido Radical Socialdemócrata. Falleció el 7 de junio de 2002, a la edad de 68 años, por un cáncer cerebral. Sule representaba al radicalismo de mediados del siglo pasado: el partido de los equilibrios, de los entendimientos posibles, de la construcción de alianzas, del respeto por las instituciones democráticas, del diálogo, de la solidaridad social. El partido más antiguo de Chile, y, también, el que más significó con las profundas luchas ganadas durante la primera mitad del siglo XX por obtener más justicia social, más oportunidades, buscando una consolidación de la democracia luego de la frustración del desarrollo de fines de siglo XIX, en brazos de la clase media. Sule defendió los principios básicos de un demócrata y progresista; aunque a veces equivocado, siempre estuvo dispuesto a doblegarse ante la mayoría. Fue factor importante de entendimientos y alianzas constructivas; nunca un militante de la frustración, del encono contra el enemigo, o un actor de palabra soez o altanera. Representó lo mejor de la clase media, de sus aspiraciones y, como fruto neto de la educación pública que fue, trató de poner en alto la idea de un Estado más solidario con el más pobre y más efectivo para proteger la igualdad de oportunidades y condiciones. Quizás reste ahora formular el deseo sincero y profundo de poder contar con su ejemplo para que muchos otros motiven su vida política en ese afán de construir democracia, lograr entendimientos y basar la vida en el respeto en los demás, para así crear progreso sostenible. Por una sociedad sin odios, sin frustraciones, y por una actividad política que se proyecte verdaderamente, en representación del alma nacional. Para entregar a tanto joven humilde como fue Anselmo Sule, la posibilidad real de proyectarse en la vida, dar mucho de sí para los demás, participar efectivamente en una democracia que representa lo mejor de tenemos y que debemos dejar fortalecida a las futuras generaciones. De conformidad con lo dispuesto en el N° 5, del artículo 60 de la Constitución Política del Estado y, en consideración a la destacada trayectoria pública de don Anselmo Sule Candia al servicio de todos los chilenos y chilenas, habiéndose constituido en un ejemplo por sus ideales de justicia e igualdad, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY: ARTÍCULO 1°: Autorízase la erección de un monumento en la ciudad de Rancagua, a la memoria del ex senador de la República don Anselmo Sule Candia. ARTÍCULO 2°: El Presidente de la República dictará un Reglamento para la aplicación de la presente ley, en el que se designará una comisión encargada de determinar la forma, lugar y, en general, todos los aspectos relativos a la erección del monumento a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 18 de la ley Nº 17.288. ARTÍCULO 3°: El monumento a que se refiere el articulo 1° de la presente ley, será financiado con aportes voluntarios, los que serán depositados en una cuenta especial del Banco del Estado de Chile, contra la cual sólo podrán girar, conjuntamente, el Presidente y el Tesorero de la Comisión a que alude el artículo anterior. 13.Moción de los diputados señores Escobar, Alinco, Enríquez-Ominami, Lorenzini y Sule. Modifica el artículo 57 de la Constitución Política de la República, en materia de inhabilidades parlamentarias. (boletín N° 5136-07) I. INTRODUCCIÓN. El tema de la probidad y transparencia de los parlamentarios ha ocupado un importante sitial en la discusión pública en estos últimos tiempos. Para gracia o desgracia todos aquellos que detentamos cargos de diputado o senador hemos sido expuestos a la opinión pública en torno a casi la totalidad de nuestras actuaciones y decisiones. Más allá de la molestia que ello pueda ocasionar, a juicio nuestro, esta actitud le sienta bien a nuestra democracia. No debemos olvidar que la ciudadanía nos ha encomendado la responsabilidad de ser sus representantes. Por tal motivo debemos propender a actuar no sólo con estricto apego a la legalidad sino que también debemos incorporar en nuestro quehacer principios de ética que permitan generar lazos de credibilidad con la ciudadanía. II. LOS LAZOS DE PARENTESCO ENTRE AUTORIDADES. La reciente discusión sobre la contratación por parte de los parlamentarios de personas unidas a éstos por lazos de parentesco nos llevó a pensar en cuales son las situaciones no reguladas por nuestro ordenamiento jurídico en las dos o más personas unidas por lazos de consanguinidad o afinidad pueden realizar actividades, incluso ostentar cargos de elección popular en forma simultánea. En este análisis advertimos una situación muy particular que es la que se produce cuando un candidato a parlamentario presenta su candidatura en un distrito o circunscripción en donde un pariente suyo, por consanguinidad o afinidad es alcalde de una de las comunas que integran ese distrito o circunscripción. Sin duda se trata de una situación muy delicada. Cualquier cosa que haga ese alcalde será observada con ojos más que escrutadores por parte de los ciudadanos. Si apoya veladamente la candidatura del candidato a parlamentario se le puede acusar de intervención electoral. Si no hace nada por favorecerlo se puede pensar que no tiene confianza en la idoneidad de su pariente candidato para desempeñar el cargo. Pero lo más importante es el pensamiento de la ciudadanía que tendrá la sensación de que hemos retrocedido el tiempo para llegar a la Edad Media, con la constitución de facto de pequeños feudos familiares, pensamiento absolutamente opuesto a la visión moderna de la política. El parlamentario electo bajo tales circunstancias partirá su labor con una sombra de duda: ¿Será capaz de fiscalizar o incluso de denunciar los actos cometidos por un alcalde de su distrito o circunscripción que sea por ejemplo su cónyuge o hijo? Con esta duda en mente analizaremos a continuación la naturaleza de las inhabilidades parlamentarias. III. INHABILIDADES PARLAMENTARIAS. Dentro de los conceptos que nos proporciona la doctrina constitucional, debemos tener en cuenta la existencia de “Estatuto del Parlamentario” conformado por el conjunto de privilegios y prohibiciones que la Constitución y el ordenamiento jurídico les confiere. Estas instituciones a juicio del notable constitucionalista don Alejandro Silva Bascuñán pretenden asegurar la dignidad, la capacidad, y la independencia del parlamentario en el desempeño de su cargo y en relación a las demás autoridades y órganos, aún a costa de limitar de algún modo la libertad del elector”. En este orden de ideas, las inhabilidades parlamentarias se clasifican en “inhabilidades preexistentes” e “inhabilidades sobrevinientes”. Las primeras en relación a los parlamentarios, son aquellas producidas por un hecho o circunstancia anterior a la elección, Estas inhabilidades, según lo expresa el Tribunal Constitucional en su sentencia Rol N° 165 pueden ser de carácter absoluto o relativo. Las inhabilidades absolutas se conciben como aquellas que afectan a las personas que carecen de algún requisito constitucional de acceso a la función. Las inhabilidades relativas concurren respecto de las personas que han cumplido con dichos requisitos, pero no pueden ocupar el cargo en razón de la situación particular en que se encuentren. En el caso en comento, estimamos que resulta procedente incorporar el establecimiento de una nueva inhabilidad parlamentaria preexistente y relativa en orden a prohibir la presentación de candidaturas a diputado o senador en los distritos o circunscripciones en donde se advierta la presencia de alcaldes que tengan lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad con el candidato en comento. Finalmente, se deja constancia que el presente proyecto de reforma constitucional será complementado con un proyecto de modificación de la ley orgánica constitucional de municipalidades que contendrá una norma de similar naturaleza aplicable a los candidatos a alcaldes. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918, en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase el siguiente inciso final al artículo 57 de la Constitución Política. “Los ciudadanos que no hayan incurrido en las inhabilidades consignadas anteriormente, podrán presentar candidaturas a diputado o senador en todos aquellos distritos o circunscripciones conformadas por comunas o agrupaciones de comunas en las que, a la data de inscripción de su candidatura, no existan alcaldes que sean sus cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.” 14. Moción de los diputados señores Escobar, Alinco, Enríquez-Ominami, Lorenzini y Sule. Modifica el artículo 57 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en orden a establecer un nuevo requisito para ser alcalde en los términos que indica. (boletín N° 5137-07) I. CONSIDERACIONES GENERALES. La discusión sobre la contratación por parte de los parlamentarios de personas unidas a éstos por lazos de parentesco nos llevó a pensar en cuales son las situaciones no reguladas por nuestro ordenamiento jurídico en las dos o más personas unidas por lazos de consanguinidad o afinidad pueden realizar actividades, incluso ostentar cargos de elección popular en forma simultánea. En este análisis advertimos una situación muy particular que es la que se produce cuando un candidato a alcalde presenta su candidatura en una comuna o agrupación de comunas que pertenecen a un distrito o circunscripción en donde un pariente suyo, por consanguinidad o afinidad es diputado o senador. Sin duda se trata de una situación muy compleja. Las elecciones municipales tienen lugar antes de la celebración de las elecciones parlamentarias. Por ende, no resulta extraño pensar que las elecciones municipales constituyen una suerte de antesala para evaluar la popularidad del gobierno del turno y también permiten apreciar el nivel de apoyo que tienen los parlamentarios que las representan, lo que puede resultar determinante para su reelección. En ese contexto, podemos aseverar que la situación se complica aún más para el parlamentario en ejercicio en el evento que un pariente suyo se presente como candidato a alcalde en alguna de las comunas que comprenden su distrito o circunscripción. Cualquier cosa que, realice ese parlamentario será observada con ojos más que escrutadores por parte de los ciudadanos. Si apoya veladamente la candidatura del pariente suyo candidato a alcalde se le puede acusar de intervención electoral o de un uso indebido de su influencia para asegurar su reelección. Si no hace nada por favorecerlo se puede pensar que no tiene confianza en la idoneidad de su pariente candidato para desempeñar el cargo. Pero lo más importante es el pensamiento de la ciudadanía que tendrá la sensación de que hemos retrocedido el tiempo para llegar a la Edad Media, con la constitución de facto de pequeños feudos familiares, ceñidos al territorio. El alcalde electo bajo tales circunstancias partirá su labor con una sombra de duda: ¿Habrá resultado electo por su lazo de parentesco con el parlamentario o por sus méritos personales? ¿Será capaz de de actuar con profunda independencia dentro de su cargo y podrá incluso desafiar a su pariente parlamentario para apoyar y defender los intereses de la comuna, versus los intereses del distrito o circunscripción que esta comuna integra y que representa un parlamentario pariente suyo? En el caso en comento, estimamos que resulta procedente incorporar el establecimiento de una nuevo requisito para ser candidato a alcalde en orden a prohibir la presentación de candidaturas a alcalde en las comunas o agrupaciones de comunas que integren un distrito o circunscripción en donde se advierta la presencia de parlamentarios que tengan lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad con el candidato en comento. Finalmente, se deja constancia que el presente proyecto de reforma constitucional es el complemento de un proyecto de reforma constitucional que persigue impedir la presentación de candidatos a diputado o senador en aquellos distritos o circunscripciones en donde se encuentren parientes desempeñando el cargo de alcalde. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918, en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY. ARTÍCULO PRIMERO: Agrégase un nuevo inciso tercero y final al artículo 57, de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, en el siguiente sentido: “Además, para ser candidato a alcalde se deberá acreditar al momento de inscribir su candidatura que no tiene cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive desempeñándose simultáneamente como diputados o senadores por el distrito o circunscripción al que pertenece la comuna o agrupación de comunas por el cual el candidato a alcalde postula. Si los tiene, no podrá presentarse como candidato a alcalde por esa comuna o agrupación de comunas” 15. Moción de los diputados señores Robles, Espinosa, don Marcos; Jarpa, Meza, Pérez, Sule y Venegas, don Samuel. Declara el día 1 de octubre como “Día Nacional del Asistente de Educación”. (boletín N° 5138-24) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1°, 19, 63 y 65 de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y, en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1°Que, el personal codocente en la educación es fundamental por el apoyo diario que presta a la reforma educacional; tanto en lo valórico, como en lo relativo a convivencia escolar, prevención de drogas, deserción escolar, etc. Además, los codocentes generan una instancia resolutiva de problemas igualmente fundamental y útil a la desempeñada por los docentes de cada establecimiento y, junto con ello, el paradocente cuenta con un conocimiento extra aula del alumno, circunstancia que permite ahondar en el perfeccionamiento y capacitación del estudiante, para que su accionar sea eficaz. Más aún, actualmente Conace pretende desarrollar un programa de capacitación que oriente al personal codocente en el tema de las drogas. La idea es que el codocente (inspector, bibliotecario y/u orientador) reconozca la magnitud del problema de las drogas, fortalezca su rol de agente preventivo, y contribuya con los directivos y docentes a consolidar un cambio de actitud y conducta en los alumnos en pro de la prevención. Todo esto, asumiendo que mantiene una estrecha relación con ellos fuera del aula, y, porque, muchas veces, es el encargado de aplicar las normas y reglamentos del establecimiento. Como podemos apreciar, resulta esencial que las autoridades tomen conciencia que el personal codocente juegan un importante rol educativo tanto en relación a los alumnos, como, así mismo, respecto a las familias y la comunidad. Por lo tanto, beneficiar al personal paradocente, al menos, en lo que a salud y retiro respecta, constituye una retribución mínima que merece ser estudiada por el ejecutivo a la brevedad posible. 2°Que, las reivindicaciones históricas que el personal codocente ha pretendido que se plasmen en derechos concretos y beneficios para el sector, entre otras son: a.Incrementar las remuneraciones: Incluyendo, además, la entrega de bonos. b.Perfeccionar las normas laborales: Reformando la reglamentación sobre concursos, estableciendo normas para cautelar la concursabilidad de los cargos bajo administración municipal, mejorando el funcionamiento de la dotación codocente municipal, reformando la reglamentación sobre autorización y habilitación para el ejercicio de la actividad codocente, perfeccionando las normas de sumarios a los codocentes bajo administración municipal, reglamentando el tema de las horas extras de trabajo, etc. c.Regular el tema de las enfermedades profesionales y retiro. d.Apoyar, especialmente, a los codocentes de establecimientos en condiciones de vulnerabilidad social. e.Fortalecer la actividad codocente y crear nuevas oportunidades de carrera. f.Establecimiento de una carrera funcionaria. g.Elaboración de un estatuto que rija la función codocente. h.Asignación de zona. i.Establecimiento de asignaciones de excelencia y desempeño difícil. j.Becas de estudio k.Establecimiento expreso de las horas de trabajo. 3°Que, los estudiantes, los profesores e incluso los padres y apoderados han experimentado cambios significativos relativos al rol que desempeñan en el proceso educativo, lo que constituye, sin lugar a dudas, un avance real en la materia. Sin embargo, el personal codocente que desempeña funciones en los distintos recintos educacionales de nuestro país, se ha visto marginado de los cambios que hoy invaden al sector y que auguran un progreso sistemático en la condición de los distintos estamentos que dan forma al sistema educativo. La situación resulta preocupante, si consideramos que el trabajo desarrollado por estas personas es absolutamente fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier establecimiento de enseñanza. 4°Que, la privatización de servicios está causando graves perjuicios al personal codocente que labora en colegios subvencionados y municipales, a pesar que los dirigentes del sector se han reunido con autoridades estatales durante el transcurso de los últimos dos años, con el objeto de solucionar el tema de la estabilidad laboral y dar a conocer las circunstancias que caracterizan su actividad y que perjudican el progresivo desarrollo de ésta en el futuro. Los paradocentes están actualmente muy preocupados, porque en algunos establecimientos educacionales se inició la contratación de servicios externos para realizar tareas de aseo y vigilancia. La circunstancia descrita genera otro problema adicional, y es que los apoderados han manifestado su preocupación, porque nadie puede velar por el tipo de personas que llegarán a trabajar cerca de los alumnos de mantenerse la contratación de empresas externas para realizar tareas dentro de los recintos educacionales. Como resulta evidente, en un establecimiento educacional tanto los profesores, auxiliares, inspectores y vigilantes, conforman la comunidad escolar, por lo tanto, de ingresar empresas de servicio externas a los colegios, esa comunidad se quebrará. 5°Que, el pasado Martes 05 de junio del año en curso el Ministerio de Educación hace envío del “Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.464, y, otorga otros beneficios que indica”, para su tramitación en el Parlamento obviando el compromiso de revisarlo primeramente con los dirigentes codocentes. Esta circunstancia se tradujo en que, de los 33 puntos con que cuenta el protocolo de acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y los dirigentes del sector, sólo 3 aparecen en el proyecto de ley aludido y éstos, además, están dotados de un texto distinto al acordado. Esta situación es una burla y falta de respeto para con los trabajadores codocentes de Chile, y sigue manteniendo la discriminación histórica que experimenta el sector. 6°Que, es justo, reconocer el fundamental trabajo que el personal codocente desarrolla anónimamente en los establecimientos educacionales de toda la República, plasmando esta idea en una efeméride concreta que conmemore la vital importancia de este noble oficio. Por tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente, PROYECTO DE LEY Declara el 1 de octubre como el día nacional del asistente de educación. Artículo único: Declárese el 1 de octubre “Día Nacional del Asistente de Educación”, e incorpórese esta conmemoración al calendario escolar. 16. Moción de los diputados señores Errázuriz y Lobos. Establece impedimento para tener cargo directivo en una isapre. (boletín N° 5139-11) “Considerando: 1.Que el artículo 176, del DFL N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2673/79 y de las leyes Nºs. 18.933 y 18.469, publicado en el Diario Oficial, de 24 de abril, de 2006, dispone que “Art.176. No podrán ser directores, gerentes, administradores, apoderados o representantes legales de una isapre las siguientes personas: 1.Los que hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, hasta que hayan cumplido la condena; 2.Los fallidos no rehabilitados o quienes tengan prohibición o incapacidad de comerciar; 3.Los que, dentro de los cinco años precedentes al nombramiento, hayan sido directores, gerentes, administradores, apoderados o representantes legales de una persona jurídica sancionada por alguna Superintendencia con la revocación de su autorización de existencia, encontrándose dicha revocación a firme, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley”. 2.Que con frecuencia, hay personas que desempeñan cargos ejecutivos en una isapre y, al mismo tiempo, son propietarios o codueños de clínicas con las que dicha isapre tiene convenio obligando a sus afiliados, en la práctica, a concurrir a esas clínicas, venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase el siguiente número 4, al artículo 176, del DFL N° 1, de 2005 y sus modificaciones legales: “4. Los que sean accionistas o tengan interés en alguna clínica con la que la respectiva isapre tenga convenio.” 17. Moción de los diputados señores Robles, Espinosa, don Marcos; Jarpa, Meza, Pérez, Sule y Venegas, don Samuel. Modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades eliminando las inhabilidades que afectan al personal codocente para optar a cargos de votación popular. (boletín N° 5140-06) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 1°, 19, 63 y 65 de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y, en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1°Que, el personal codocente en la educación es fundamental por el apoyo diario que presta a la reforma educacional, tanto en lo valórico, como en lo relativo a convivencia escolar, prevención de drogas, deserción escolar, etc. Además, los codocentes generan una instancia resolutiva de problemas igualmente fundamental y útil a la desempeñada por los docentes de cada establecimiento y, junto con ello, el paradocente cuenta con un conocimiento extra aula del alumno, circunstancia que permite ahondar en el perfeccionamiento y capacitación del estudiante, para que su accionar sea eficaz. Más aún, actualmente Conace pretende desarrollar un programa de capacitación que oriente al personal codocente en el tema de .las drogas. La idea es que el codocente (inspector, bibliotecario y/u orientador) reconozca la magnitud del problema de las drogas, fortalezca su rol de agente preventivo, y contribuya con los directivos y docentes a consolidar un cambio de actitud y conducta en los alumnos en pro de la prevención. Todo esto, asumiendo que mantiene una estrecha relación con ellos fuera del aula, y, porque, muchas veces, es el encargado de aplicar las normas y reglamentos del establecimiento. Como podemos apreciar, resulta esencial que las autoridades tomen conciencia que el personal codocente juegan un importante rol educativo tanto en relación a los alumnos, como, así mismo, respecto a las familias y la comunidad. Por lo tanto, beneficiar al personal paradocente, al menos, en lo que a salud y retiro respecta, constituye una retribución mínima que merece ser estudiada por el ejecutivo a la brevedad posible. 2°Que, las reivindicaciones históricas que el personal codocente ha pretendido que se plasmen en derechos concretos y beneficios para el sector, entre otras son: a.Incrementar las remuneraciones: Incluyendo, además, la entrega de bonos. b.Perfeccionar las normas laborales: Reformando la reglamentación sobre concursos, estableciendo normas para cautelar la concursabilidad de los cargos bajo administración municipal, mejorando el funcionamiento de la dotación codocente municipal, reformando la reglamentación sobre autorización y habilitación para el ejercicio de la actividad codocente, perfeccionando las normas de sumarios a los codocentes bajo administración municipal, reglamentando el tema de las horas extras de trabajo, etc. c.Regular el tema de las enfermedades profesionales y retiro. d.Apoyar, especialmente, a los codocentes de establecimientos en condiciones de vulnerabilidad social. e.Fortalecer la actividad codocente y crear nuevas oportunidades de carrera. f. f.- Establecimiento de una carrera funcionaria. g.Elaboración de un estatuto que rija la función codocente. h.Asignación de zona. i.Establecimiento de asignaciones de excelencia y desempeño difícil. j.Becas de estudio k.Establecimiento expreso de las horas de trabajo. 3°Que, los estudiantes, los profesores e incluso los padres y apoderados han experimentado cambios significativos relativos al rol que desempeñan en el proceso educativo, lo que constituye, sin lugar a dudas, un avance real en la materia. Sin embargo, el personal codocente que desempeña funciones en los distintos recintos educacionales de nuestro país, se ha visto marginado de los cambios que hoy invaden al sector y que auguran un progreso sistemático en la condición de los distintos estamentos que dan forma al sistema educativo. La situación resulta preocupante, si consideramos que el trabajo desarrollado por estas personas es absolutamente fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier establecimiento de enseñanza. 4°Que, la privatización de servicios está causando graves perjuicios al personal codocente que labora en colegios subvencionados y municipales, a pesar que los dirigentes del sector se han reunido con autoridades estatales durante el transcurso de los últimos dos años, con el objeto de solucionar el tema de la estabilidad laboral y dar a conocer las circunstancias que caracterizan su actividad y que perjudican el progresivo desarrollo de ésta en el futuro. Los paradocentes están actualmente muy preocupados, porque en algunos establecimientos educacionales se inició la contratación de servicios externos para realizar tareas de aseo y vigilancia. La circunstancia descrita genera otro problema adicional, y es que los apoderados han manifestado su preocupación, porque nadie puede velar por el tipo de personas que llegarán a trabajar cerca de los alumnos de mantenerse la contratación de empresas externas para realizar tareas dentro de los recintos educacionales. Como resulta evidente, en un establecimiento educacional tanto los profesores, auxiliares, inspectores y vigilantes, conforman la comunidad escolar, por lo tanto, de ingresar empresas de servicio externas a los colegios, esa comunidad se quebrará. 5°Que, el pasado Martes 05 de junio del año en curso el Ministerio de Educación hace envío del “Proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.464, y, otorga otros beneficios que indica”, para su tramitación en el Parlamento obviando el compromiso de revisarlo primeramente con los dirigentes codocentes. Esta circunstancia se tradujo en que, de los 33 puntos con que cuenta el protocolo de acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y los dirigentes del sector, sólo 3 aparecen en el proyecto de ley aludido y éstos, además, están dotados de un texto distinto al acordado. Esta situación es una burla y falta de respeto para con los trabajadores codocentes de Chile, y sigue manteniendo la discriminación histórica que experimenta el sector. 6°Que, sumado a todo lo anterior, la institucionalidad y el ordenamiento jurídico chileno obstaculizan, sin sentido real alguno, la posibilidad que un paradocente opte a cargos de votación popular; situación que es menester modificar a la brevedad. Por tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente, PROYECTO DE LEY Modifica la ley N° 18.695, ley orgánica constitucional de Municipalidades, eliminando las inhabilidades que afectan al personal codocente para optar a cargos de votación popular. Artículo 1°: Modifíquese el inciso primero del artículo 59 de la ley Nº 18.700, ley orgánica constitucional de Municipalidades, y reemplácese el texto actual de la norma por el siguiente: “El cargo de alcalde será incompatible con el ejercicio de cualquier otro empleo o función pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos o funciones docentes y paradocentes de educación básica, media o superior, hasta el límite de doce horas semanales”. Artículo 2°: Modifíquese el inciso primero del artículo 75 de la ley Nº 18.695, ley orgánica constitucional de Municipalidades, y reemplácese el texto actual de la norma por el siguiente: “Los cargos de concejales serán incompatibles con los de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, así como con las funciones públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad, con excepción de los cargos no directivos, profesionales y no profesionales en educación, salud o servicios municipalizados. En el caso de que estos últimos funcionarios desempeñen a su vez el cargo de concejal, el alcalde deberá respetar la autonomía en el ejercicio de las funciones de los concejales, especialmente la facultad de fiscalización”. 18. Oficio de la Corte Suprema. “Oficio Nº 183 Informe proyecto ley 34-2007 Antecedente: Boletín N° 5099-07 Santiago, 11 de junio de 2007 Por Oficio N° 535/SEC/07, de 6 de junio de 2007, el Presidente del H. Senado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín N° 5099-07, que modifica la ley N° 19.665, con el fin de posponer la fecha de nombramiento de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal en la Región Metropolitana. Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día de hoy, presidida por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los Ministros señores Ricardo Calvez Blanco, Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez y señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, y Pedro Pierry Arrau, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones: I. Antecedentes I.Idea general del proyecto.- Introducir ajustes necesarios al articulado transitorio primero y quinto de la Ley Nº 19.665, con el objeto de señalar un nuevo plazo para el nombramiento de los jueces de Garantía y de los Tribunales Orales en lo Penal de Santiago, y, además, suprime gradualmente los Tribunales del Crimen de la Capital. II. Contenido del proyecto: A.Para un adecuado entendimiento se reproduce la parte pertinente del artículo 1° transitorio, inciso segundo, número 3), párrafo final, de la Ley 19.665. “Las Cortes de Apelaciones llamarán a concurso para proveer los cargos de jueces de garantía que no sean llenados en virtud de las reglas anteriores de este numeral, con la antelación necesaria para que quienes sean nombrados asuman en los meses siguientes:” “Juzgados de garantía correspondientes a las Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel: Junio de 2006”. La modificación sustituye el numeral “2006” por “2008”. B.En el artículo 1° transitorio, inciso segundo, número 4), párrafo final, de la ley Nº 19.665, se incorpora la siguiente modificación: “Las Cortes de Apelaciones llamarán a concurso para proveer los cargos de jueces de tribunal de juicio oral en lo penal que no sean llenados en virtud de las reglas anteriores de este numeral, con la antelación necesaria para que quienes sean nombrados asuman en los meses siguientes”. “Tribunales de juicio oral en lo penal correspondientes a las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel: junio de 2007”. Se reemplaza el guarismo “2007” por “2008”. C.Al artículo 5° transitorio de la misma Ley 19.665, se agrega un nuevo inciso quinto, pasando el actual a ser el sexto. “Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, en el territorio jurisdiccional de la llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, al término del segundo año subsistirán seis juzgados del crimen; dos, desde el 1° de enero de 2009; y uno, desde el 1° de enero de 2010. La llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago señalará los juzgados del crimen subsistentes, los que tendrán a su cargo el conocimiento de las causas relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la fecha que señala para la Región Metropolitana el artículo 4° transitorio de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, entendiéndose, para todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, que dichos juzgados son el continuador legal de todos aquellos suprimidos en la respectiva jurisdicción”. III. Ajustes específicos: A.- Nuevo plazo para el nombramiento de los magistrados de los Juzgados de Garantía y de los Tribunales Orales en lo Penal de Santiago. Ante la falta de acuerdo entre la empresa concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas para subsanar los problemas de construcción, se postergó la entrega del edificio del Centro de Justicia de Santiago, respecto del cual no se logra un entendimiento definitivo a la fecha, y el Ejecutivo, por intermedio del señor Ministro de Justicia, solicitó al Poder Judicial suspender la confección de ternas para realizar el nombramiento de los jueces de garantía y de juicio oral en lo penal, sin perjuicio de nombrar aquellos que fueren indispensable conforme a la carga de trabajo de los tribunales, a lo que se accedió. Sin embargo, ante el hecho que el Ministerio no respondió al compromiso de nombramiento de los jueces según la carga de trabajo, arrogándose precisar unilateralmente la necesidad de servir los cargos, se dispuso remitir las ternas respectivas, ante lo cual, de hecho retardó su resolución, situación que se representó al señor Ministro de la época en diciembre de 2006, pues constituía una ilegalidad, al no cumplir con el plazo que ahora se pretende ampliar. Lo anterior gráfica brevemente lo acontecido. En atención al hecho que ya los nombramientos no se efectuaron, pero nada obsta que se realicen con posterioridad, que al no tratarse de un plazo máximo legal, no se observa inconvenientes en la adecuación legislativa mediante la modificación propuesta. Esta Corte estima, por otra parte, que en el Presupuesto del Poder Judicial del año 2008, se deben contemplar las partidas respectivas para financiar las remuneraciones para el próximo año, de todos los magistrados de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal de Santiago, sin que se pueda prescindir de lo anterior con motivo de la modificación proyectada. Esta Corte no sólo estima que la dotación de los distintos tribunales debe ser definitivamente nombrada, sino que su carga de trabajo lo amerita, ignorando las estadísticas y estudios que se exhibieron para justificar la aseveración del legislador que contiene el mensaje. B.Supresión gradual de los Juzgados del Crimen de Santiago. En conversaciones e intercambios epistolares con el señor Ministro de Justicia se concordó la cantidad mínima de Juzgados del Crimen, como la calendarización de su supresión con el objeto de dar adecuada respuesta al personal involucrado, debido a la carga de trabajo que tales tribunales mantienen, cuantificando los procesos y su estado. Anexo a lo anterior se han impartido precisas instrucciones para concluir con su tramitación en un breve plazo, disponiendo incluso que en los cuatro tribunales con mayor recarga de causas en estado de dictar sentencia, se constituyeran en Visita Extraordinaria los ministros visitadores de la Corte de Apelaciones, quienes han cumplido con ejemplar empeño su cometido. Se da opinión favorable a esta iniciativa, haciendo presente que corresponde clarificar su financiamiento con el Presupuesto del Poder Judicial, que debería suplementársele el presente año. Es todo cuanto puedo informar. Dios guarde a V. E. Dios guarde a V.E. (Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING, Presidente; CARLOS MENESES PIZARRO, Secretario AL SEÑOR PRESIDENTE H. SENADO EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE VALPARAÍSO”.