REPÚBLICA DE CHILE

CÁMARA DE DIPUTADOS

LEGISLATURA 355ª

Sesión 64ª, en lunes 13 de agosto de 2007.

(Ordinaria, de 16.09 a 19.52 horas)

Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo.

Presidencia accidental del señor Ascencio Mansilla, don Gabriel.

Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.

Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.

ÍNDICE

Pág.

I.Asistencia5

II.Apertura de la sesión9

III.Actas9

IV.Cuenta9

-Creación de comisión investigadora del uso de dineros públicos por la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota9

-Informe de la delegación al Primer Encuentro Parlamentario Chileno-Colombiano10

-Tratamiento de proyectos de la Tabla12

V.Orden del Día.

-Investigación del delito de maltrato habitual. Primer trámite constitucional12

-Resguardo del derecho a la igualdad de remuneraciones. Primer trámite constitucional35

-Modificación del artículo 7° de la ley N° 18.450, de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje. Primer trámite constitucional45

VI.Proyectos de acuerdo.

-Plan estratégico para desarrollo de comuna de Lonquimay47

-Modificación de normativa sobre licencias médicas y subsidio por incapacidad laboral48

-Creación de comuna de Dichato50

VII.Incidentes.

-Implementación de patología analgésica del parto en hospitales de comunas del distrito N° 36. Oficio52

-Reinicio de actividades de planta de Licancel en la Región del Maule. Oficio53

-Eventuales daños por instalación de planta de Metrogas en Peñalolén. Oficios54

-Antecedentes relacionados con concurso de fondos para medios de comunicación en Décima Región. Oficio55

-Construcción de centro de salud familiar en Los Muermos. Oficio55

-Pronunciamiento sobre situación de “Puente Viejo” en Concepción. Oficio56

-Propuestas para paliar efectos climáticos en la agricultura de la Sexta

Región. Oficio56

-Fiscalización de carreras impartidas por universidades. Oficio57

-Homenaje en memoria de don Hernán Callejas Herrera, dirigente gremial y presidente comunal de la Democracia Cristiana en Freirina. Oficios58

Pág.

-Cumplimiento de acuerdo para recontratación de trabajadores subcontratistas de Codelco y retiro de querella. Oficios59

-Necesidades de las comunas de Vilcún, Perquenco y Galvarino. Oficios60

-Terminación de proyecto de electrificación para comunidad de Quillalhue. Comuna de Mariquina. Oficios62

-Avances de obras públicas en Valdivia de acuerdo con convenio de programación. Oficios63

-Pavimentación de caminos en comunas El Carmen y San Ignacio, de la

Séptima Región. Oficios63

VIII.Documentos de la Cuenta.

1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “amplía el plazo para otorgar facilidades para pago de impuestos adeudados que indica y modifica el artículo 17 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. Boletín N° 5245-0565

IX.Otros documentos de la Cuenta.

-Petición de 52 señores Diputados quienes, en consideración con lo dispuesto en el artículo 52 N° 1 letra c), de la Constitución Política de la República, solicitan que “se constituya una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, con el objeto de precisar y establecer el uso que se le ha dado a cerca de $ 2.600.000.000 (dos mil seiscientos millones de pesos), en platas públicas entregadas a la institución privada llamada Cordap (Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota), para que sus resultados sean entregados en un plazo de 60 días”.

I.ASISTENCIA

-Asistieron los siguientes señores diputados:

-Aedo Ormeño, René

-Aguiló Melo, Sergio

-Alinco Bustos, René

-Allende Bussi, Isabel

-Alvarado Andrade, Claudio

-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro

-Álvarez Zenteno, Rodrigo

-Araya Guerrero, Pedro

-Arenas Hödar, Gonzalo

-Ascencio Mansilla, Gabriel

-Barros Montero, Ramón

-Bauer Jouanne, Eugenio

-Becker Alvear, Germán

-Bertolino Rendic, Mario

-Bobadilla Muñoz, Sergio

-Burgos Varela, Jorge

-Bustos Ramírez, Juan

-Cardemil Herrera, Alberto

-Ceroni Fuentes, Guillermo

-Correa De la Cerda, Sergio

-Cristi Marfil, María Angélica4

-Cubillos Sigall, Marcela

-Chahuán Chahuán, Francisco

-De Urresti Longton, Alfonso

-Díaz Del Río, Eduardo

-Díaz Díaz, Marcelo

-Dittborn Cordua, Julio

-Duarte Leiva, Gonzalo

-Egaña Respaldiza, Andrés

-Eluchans Urenda, Edmundo

-Encina Moriamez, Francisco

-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco

-Escobar Rufatt, Álvaro

-Espinosa Monardes, Marcos

-Espinoza Sandoval, Fidel

-Estay Peñaloza, Enrique

-Farías Ponce, Ramón

-Fuentealba Vildósola, Renán

-Galilea Carrillo, Pablo

-García García, René Manuel

-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

-Girardi Briere, Guido

-Godoy Ibáñez, Joaquín

-Goic Boroevic, Carolina

-González Torres, Rodrigo

-Hales Dib, Patricio

-Hernández Hernández, Javier

-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge

-Jaramillo Becker, Enrique

-Jarpa Wevar, Carlos Abel

-Jiménez Fuentes, Tucapel

-Kast Rist, José Antonio

-Latorre Carmona, Juan Carlos

-Leal Labrín, Antonio

-León Ramírez, Roberto

-Lobos Krause, Juan

-Lorenzini Basso, Pablo

-Martínez Labbé, Rosauro

-Masferrer Pellizzari, Juan

-Melero Abaroa, Patricio

-Meza Moncada, Fernando

-Monckeberg Bruner, Cristián

-Monckeberg Díaz, Nicolás

-Monsalve Benavides, Manuel

-Montes Cisternas, Carlos

-Moreira Barros, Iván

-Mulet Martínez, Jaime

-Muñoz D'Albora, Adriana

-Nogueira Fernández, Claudia

-Norambuena Farías, Iván

-Núñez Lozano, Marco Antonio

-Ojeda Uribe, Sergio

-Olivares Zepeda, Carlos

-Ortiz Novoa, José Miguel

-Pacheco Rivas, Clemira

-Palma Flores, Osvaldo

-Paredes Fierro, Iván

-Pascal Allende, Denise

-Paya Mira, Darío

-Quintana Leal, Jaime

-Recondo Lavanderos, Carlos

-Robles Pantoja, Alberto

-Rojas Molina, Manuel

-Rossi Ciocca, Fulvio

-Rubilar Barahona, Karla

-Saa Díaz, María Antonieta

-Sabag Villalobos, Jorge

-Saffirio Suárez, Eduardo

-Salaberry Soto, Felipe

-Sepúlveda Hermosilla, Roberto

-Sepúlveda Orbenes, Alejandra

-Silber Romo, Gabriel

-Soto González, Laura

-Sule Fernando, Alejandro

-Súnico Galdames, Raúl

-Tarud Daccarett, Jorge

-Tohá Morales, Carolina

-Tuma Zedan, Eugenio

-Turres Figueroa, Marisol

-Ulloa Aguillón, Jorge

-Uriarte Herrera, Gonzalo

-Urrutia Bonilla, Ignacio

-Valcarce Becerra, Ximena

-Valenzuela Van Treek, Esteban

-Vallespín López, Patricio

-Vargas Lyng, Alfonso

-Venegas Cárdenas, Mario

-Venegas Rubio, Samuel

-Verdugo Soto, Germán

-Vidal Lázaro, Ximena

-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón

-Walker Prieto, Patricio

-Ward Edwards, Felipe

-Asistió, además, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz.-

II.APERTURA DE LA SESIÓN

-Se abrió la sesión a las 16.09 horas.

El señor WALKER (Presidente).-

En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III.ACTAS

El señor WALKER (Presidente).-

El acta de la sesión 59ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 60ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV.CUENTA

El señor WALKER (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DEL USO DE DINEROS PÚBLICOS POR LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA.

El señor WALKER (Presidente).-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52), Nº 1), letra c) de la Constitución Política de la República, 50 señores diputados y señoras diputadas han solicitado crear una Comisión Investigadora que, en el plazo de 60 días, precise y establezca el uso que se le ha dado a cerca de 2.600 millones de pesos, en platas públicas entregadas a la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota.

¿Habría acuerdo para aprobarla?

El señor ASCENCIO.-

No hay acuerdo señor Presidente.

El señor WALKER (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 1 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Masferrer Pellizzari Juan ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Muñoz D’Albora Adriana ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rossi Ciocca Fulvio ; Saa Díaz María Antonieta ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Vidal Lázaro Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe.

-Votó por la negativa el diputado señor Ascencio Mansilla Gabriel.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Burgos Varela Jorge ; Díaz Del Río Eduardo ; Goic Boroevic Carolina ; Lorenzini Basso Pablo ; Ojeda Uribe Sergio ; Sabag Villalobos Jorge ; Turres Figueroa Marisol.

INFORME DE LA DELEGACIÓN AL PRIMER ENCUENTRO PARLAMENTARIO CHILENO-COLOMBIANO.

El señor WALKER (Presidente).-

Corresponde conocer el informe de la delegación de la Cámara de Diputados que participó en el Primer Encuentro Parlamentario Chileno-Colombiano, efectuado en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 27 de julio de 2007.

Tiene la palabra el diputado informante señor Juan Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Cámara informo acerca de la participación de la delegación de diputados que viajó a la República de Colombia, entre los días 26 y 28 de julio en curso, para un encuentro con parlamentarios colombianos, con el objeto de compartir experiencias e intercambiar opiniones, acerca del proceso de aprobación de los tratados de libre comercio en ambos países; en especial, conocer la experiencia chilena en la materia, con énfasis en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Colombia, como también respecto del Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene con los Estados Unidos de América.

La iniciativa de celebrar este encuentro tuvo su origen en una invitación recibida por la Presidencia de esta Corporación de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de las embajadas de Chile en Colombia y de Colombia en Chile. Este encuentro tendrá como finalidad intercambiar experiencias en materias del rol de los poderes legislativos en la aprobación y discusión de los tratados de libre comercio, con particular énfasis en la experiencia chilena respecto del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Esta actividad no significó gastos para la Corporación, por cuanto fue financiada por el Banco Interamericano del Desarrollo, BID.

La delegación chilena fue integrada por el diputado que habla, señor Juan Masferrer , Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Colombiano; la señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y los señores Sergio Bobadilla Muñoz y Germán Verdugo Soto. Además, participó en este encuentro el honorable senador señor Sergio Romero Pizarro.

En forma previa al Encuentro Parlamentario Chileno-Colombiano, el día 26 de julio, algunas horas después de arribada la delegación a la ciudad de Bogotá, Colombia, ésta sostuvo una reunión de trabajo con el excelentísimo embajador de Chile en Colombia, señor Gabriel Gaspar Tapia , quien expuso acerca de las relaciones bilaterales respectivas y principales aspectos de la realidad colombiana, generando, de esta forma, una valiosa instancia para formular consultas y expresar opiniones, en preparación el encuentro del día siguiente.

El Primer Encuentro Parlamentario Chileno-Colombiano, se llevó a cabo durante la jornada del viernes 27 de julio, reunión que fue inaugurada por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Fernando Araújo , quien realizó una amplia exposición acerca de la relación bilateral, haciendo hincapié en el excelente nivel de la misma, especialmente en el plano político y comercial.

La contraparte parlamentaria colombiana estuvo encabezada por la senadora señora Martha Lucía Ramírez , ex ministra de Comercio Exterior y de Defensa, y, actualmente, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, e integrada por la senadora señora Alexandra Moreno y por el representante, diputado señor José Vives.

Asimismo, estuvieron presentes el embajador de Chile en Colombia, señor Gabriel Gaspar ; el viceministro de Comercio de Colombia, señor Eduardo Muñoz ; el cónsul de Chile en Bogotá, señor Carlos Bonomo ; la ministra consejera de la embajada de Chile, señora Patricia Ríos , y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia, señor Rodrigo Parot.

Quien habla, como presidente de la delegación, destacó el buen nivel de las relaciones chileno-colombianas; las múltiples coincidencias existentes entre dos países que buscan crecer con equidad y democracia, para mejorar el nivel de vida de sus pueblos, y que honran sus compromisos internacionales. Asimismo, se refirió a la política que desarrolla nuestro país de apertura al mundo y del consenso que sobre ese tema se ha alcanzado en nuestra ciudadanía.

La senadora señora Martha Lucía Ramírez destacó las afinidades existentes entre ambos países y lo mucho que pueden aprender el uno del otro, como también propuso actuar conjuntamente en los foros internacionales y estimular la cooperación en todos los ámbitos. Hizo hincapié en la importancia de incrementar las exportaciones, en especial las que tienen algún valor agregado, por cuanto significan más empleo. Destacó que la principal directriz del Gobierno del Presidente Uribe es la libertad y el respeto al estado de derecho.

El señor WALKER (Presidente).-

Señor diputado, su tiempo ha terminado.

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, ¿podría recabar el acuerdo para otorgar cinco minutos más al diputado Masferrer , con el objeto de que termine su informe?

El señor WALKER (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a los solicitado por el diputado señor Burgos ?

Acordado.

El señor WALKER (Presidente).-

Diputado señor Masferrer , puede continuar con su informe.

El señor MASFERRER.-

Gracias, señor Presidente, los parlamentarios de ambos países procedieron a explicar y a comparar los procesos legislativos aplicables a la aprobación de los tratados internacionales en ambos congresos.

La delegación chilena relató sus perspectivas acerca de los principales aspectos del consenso que existe en nuestro país en materia económica y comercial, como también acerca de sus orígenes. Asimismo, explicó la política comercial que nuestro país ha desarrollado en forma consistente con el propósito de alcanzar nuevos mercados, y la experiencia parlamentaria en materia de tratados de libre comercio, con énfasis en los acuerdos de tal naturaleza alcanzados con Estados Unidos y Colombia.

La contraparte colombiana dio a conocer las principales dificultades que experimenta el proceso de apertura comercial de Colombia y su relación con la política interna. En especial, se refirieron al tratado de libre comercio que Colombia ha suscrito con los Estados Unidos y los escollos que ha enfrentado en el Congreso de ese país.

Se efectuó una revisión de los temas de la agenda legislativa bilateral compuesta por los acuerdos suscritos entre ambos países relativos a libre comercio, sometidos a aprobación legislativa en Chile y Colombia; sobre seguridad social, ya aprobado por el Congreso chileno, y doble tributación, en negociación.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior de Colombia, señor Eduardo Muñoz , comparó los procesos de apertura comercial de ambos países, señalando que la chilena se inició años antes y con un ritmo más acelerado y profundo que en Colombia. Afirmó que su país busca la apertura comercial con el propósito de poder crecer a tasas sostenidas y combatir de esta forma la pobreza. En ese sentido, destacó los acuerdos de libre comercio suscritos por Colombia con México, Chile y la Comunidad Andina. Agregó que el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos ha sido un gran reto y que dicho instrumento ha sido muy relevante por cuanto ese país es el principal socio comercial de Colombia.

En definitiva, el encuentro constituyó una valiosa instancia de diálogo entre dos países que tienen tantos elementos en común, Colombia y Chile, y contribuyó a estrechar los lazos entre los parlamentarios de ambas naciones, elemento que fortalece aún más la excelente relación bilateral existente. Es nuestro deseo continuar con este diálogo interparlamentario en los mismos términos en que fue desarrollado en Bogotá.

Finalmente, destaco la relevancia y el realce que otorgó al encuentro la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Fernando Araújo , y del viceministro de Comercio de ese país, señor Eduardo Muñoz , signo inequívoco de la importancia que el Gobierno colombiano concedió a esa instancia de diálogo parlamentario.

El informe está firmado por la diputada señora Alejandra Sepúlveda Órbenes , los diputados señores Sergio Bobadilla Muñoz , Germán Verdugo Soto y el presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Colombiano que habla.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LA TABLA.

El señor WALKER (Presidente).-

Señores diputados y señoras diputadas, respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones, y el de fomento de las inversiones privadas en obras de riego y drenaje, se ha pedido que se voten hoy:

¿Habría acuerdo para que se rinda el informe de ambos proyectos y que se voten sin discusión?

Acordado.

V.ORDEN DEL DÍA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE MALTRATO HABITUAL. Primer trámite constitucional.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley, originado en moción, que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual.

La violencia intrafamiliar es una materia sumamente trascendente no sólo en nuestro país, sino en el resto de Latinoamérica y también en Europa.

En Europa, la tramitación de las leyes sobre violencia intrafamiliar se inició en la década de los 80, mientras que en nuestro país, a partir de los 90, con el retorno a la democracia, se han presentado varias mociones sobre la materia, por ejemplo, la de la diputada Adriana Muñoz. El Ejecutivo, a su vez, a través del Sernam inició el tratamiento de una ley sobre violencia intrafamiliar, la cual ha tenido varias modificaciones.

En la actualidad, la situación en nuestro país resulta sumamente grave no solamente por las lesiones o la muerte de mujeres, sino también por la falta de la debida protección a las víctimas, lo cual obliga a una nueva revisión de la legislación, precisamente con el objeto de dar mayor protección a las víctimas y evitar la escalada en la violencia intrafamiliar, que en definitiva termina con la muerte de la mujer.

En ese contexto se inscribe la iniciativa, porque, extrañamente, en la ley sobre violencia intrafamiliar, donde se creó el delito de maltrato habitual, se excluye al Ministerio Público para investigar, en circunstancias de que de acuerdo con la Constitución Política, es el único órgano que tiene la facultad de investigar todos los hechos constitutivos de delito que se produzcan en el país.

El proyecto se presentó con el objeto de que el Ministerio Público recobre su facultad de investigar los hechos que configuren el delito de maltrato habitual. Aquí el aspecto más fundamental es el de la habitualidad, sobre el cual tiene que decidir el órgano facultado para ello, que es el Ministerio Público y no los tribunales de familia, como señala la ley de violencia intrafamiliar. Ello, porque en la actualidad se produce una desprotección de la víctima y no se asume cabalmente lo que significa el delito de maltrato habitual, que es el inicio de una escalada en contra de la mujer, con lesiones que son cada vez más graves, que pueden terminar en la muerte de la víctima.

De ahí, entonces, resulta indispensable que el Ministerio Público recobre sus facultades frente a ese delito. Además, dicho órgano del Estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la protección de las víctimas.

En ese sentido, hay que señalar que la disposición de la ley de violencia intrafamiliar adolece de un problema de constitucionalidad ya que no puede reducir las facultades del Ministerio Público en esa materia.

Por último, debo destacar que la iniciativa fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esperamos que la Sala también la apruebe de esa manera.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente, he adherido con mucho entusiasmo a esta iniciativa del diputado señor Bustos y otros colegas, porque refleja lo complejo que ha sido avanzar en la legislación sobre violencia intrafamiliar.

Lo que buscamos con la segunda modificación a la ley, originada en moción por la diputada María Antonieta Saa y de quien habla, fue cambiar la tipificación de violencia intrafamiliar de simple falta a delito. Sin embargo, el debate fue complejo y quedó este “semihíbrido” de instalar una sede civil que califique el maltrato habitual como tal, para luego trasladarlo a una sede penal.

Eso refleja las dificultades culturales que hemos debido enfrentar y que impactan en la calidad legislativa de muchas iniciativas que hemos despachado desde este Congreso Nacional. Porque claramente lo que falta en este país es una sede penal de la violencia intrafamiliar. Y creo que la modificación que nos ocupa avanza decididamente en ese sentido. Todavía falta por revisar el acuerdo a que llegamos en la comisión mixta de la época, en orden a que en el Ministerio Público existan fiscales especializados en violencia intrafamiliar.

Entendemos -actualmente existe un gran debate al respecto- que el femicidio es la última etapa, la más violenta, del maltrato habitual. Entonces, no es menor que hoy estemos haciendo esta modificación, para dejar claramente establecido que no es necesario este paso raro, engorroso, que surgió de un debate más bien cultural que legislativo, de la calificación de maltrato habitual y que este delito tenga su sede penal en el Ministerio Público.

Pero la realidad nos está señalando claramente que como legisladores requerimos trabajar sin más prejuicios sobre estas materias. Ello, porque la realidad hoy es más fuerte de lo que queremos pensar en cuanto a la gravedad y el dramatismo de la violencia intrafamiliar en el país. Ya no es necesario entregar cifras, sino que los propios datos de la vida diaria, a través de la prensa y de situaciones familiares que cada uno conoce, nos hablan del riesgo que al interior de sus hogares viven miles de mujeres, menores y ancianos, producto de delitos sexuales o del maltrato que reciben de parte de sus parejas. Incluso, muchas veces, las trabajadoras de casa particular también reciben maltrato de parte de sus empleadores, situación que también debemos corregir.

En consecuencia, existe un gran número de hogares en cuyo interior se vive una constante situación de violencia que no podemos dejar de lado; se trata de una cruda realidad que debemos enfrentar sin los estigmas culturales que hasta ahora nos han impedido darle una solución más integral.

A mi juicio, es importante hacer un llamado para que el Ministerio Público cuente con fiscales especializados en la materia, porque, aun cuando es un avance establecer que el maltrato habitual tiene sede penal, no existe el personal especializado para atender a las víctimas que viven esa situación de maltrato, lo que va en desmedro de ellas.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, del informe dado a conocer por el diputado Juan Bustos -autor de la moción-, queda claro que el proyecto tiene un objeto sencillo, pero importante. Sencillo, porque busca establecer la instancia del inicio de la investigación del delito de maltrato habitual, delito grave per se, porque, como decían muy bien la diputada Muñoz y el diputado Bustos , muchas veces es el inicio de una carrera delictual en el maltrato a la cónyuge o a los menores, aprovechándose de una superioridad física, pero también de una inferioridad psíquica.

En términos sencillos, como se trata de un delito, puede operar de oficio el Ministerio Público sin tener que esperar el impulso de otra instancia del Estado, cuestión que, incluso, puede ser inconstitucional, porque el monopolio de la pretensión punitiva del Estado está puesta en el Ministerio Público, y no tiene por qué esperar el impulso de otra instancia.

Para ello, con razón, el diputado autor y quienes fuimos invitados por él, presentamos este proyecto, sencillo en su concepto, pero importante en sus efectos a la hora de ayudar en la lucha para poner fin al maltrato habitual, materia en la que la ministra del Sernam -aquí presente- ha tenido un rol importante.

Hemos presentado, junto con el diputado Bustos , una indicación que paso a explicar brevemente.

Un estudio más detallado del proyecto, a nuestro juicio, hace necesario no sólo sustituir el inciso final del artículo 14 de la ley Nº20.066, que establece el ilícito del maltrato habitual, sino también agregar la fórmula para facilitar el inicio de la investigación de dicho delito a través del Ministerio Público, sin necesidad de esperar la remisión de los antecedentes por parte del juzgado de familia.

Se hace necesario, también, complementar esa modificación menor con dos modificaciones a la ley procesal en estas materias. El artículo 81 de la ley Nº 19.968 se refiere a la competencia de los tribunales de familia en relación con el delito de violencia intrafamiliar.

La indicación propuesta es para agregar un nuevo inciso primero -en la lógica del proyecto del diputado Bustos -, que diga: “Salvo que se trate del delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 14 que motiva esta audiencia, cuyo conocimiento corresponderá al juzgado de garantía dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado o la afectada”. Esta modificación es indispensable para conciliar el proyecto con la norma procesal que he señalado.

En la misma ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, se agrega otra norma de carácter procesal, que dice: “Si la denuncia formulada ante los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones fuere por el delito de maltrato habitual, contemplado en el artículo 14 de la ley de Violencia Intrafamiliar -que estamos corrigiendo con este proyecto-, tales funcionarios deberán remitir los antecedentes al Ministerio Público respectivo, quien si estima que no concurren los requisitos de tal delito, deberá enviar los antecedentes al tribunal de familia competente”. Si concurren los requisitos, acciona el juez de garantía por el delito cometido; si el Ministerio Público concluye que no concurren, pero pueden haber otras consecuencias delictuales, lo manda al tribunal de familia, de suerte que ninguna de las situaciones quede sin investigar o impune.

Creemos que con la modificación original, y las indicaciones, ambas a la ley Nº 19.968; en el primer caso, a la competencia de los tribunales, y en el segundo, a las atribuciones de las policías, se completa un proyecto que -reitero- es sencillo en su normativa, pero importante en sus objetivos.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Edmundo Eluchans.

El señor ELUCHANS.-

Señor Presidente, el objeto de mi intervención es reiterar el voto favorable al proyecto de la Unión Demócrata Independiente.

Como muy bien lo ha señalado el diputado informante, la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, exige que la investigación del delito de maltrato habitual se inicie por el Ministerio Público, siempre que el juzgado de familia le haya remitido los antecedentes. Eso significa que, en la práctica, el Ministerio Público ve limitada su capacidad de iniciar la investigación.

Por ello, nos parece acertado que, respecto del delito de maltrato habitual, se aplique la norma general contenida en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Eso significa que la investigación puede iniciarse de oficio por el Ministerio Público, por denuncia, o por querella.

En consecuencia, lo que hace el proyecto es aplicar la norma general al caso del delito de maltrato habitual, modificando, para estos efectos, el inciso final del artículo 14 de la ley Nº 20.066.

La bancada de la Unión Demócrata Independiente concurrirá con su voto favorable al proyecto, porque viene a solucionar una situación que, al ser sometida a un trámite previo completamente innecesario, produce injusticia, demora y entrabamiento.

Las indicaciones anunciadas por el diputado señor Burgos -de cuyo contenido nos acabamos de informar a través de su intervención- nos parecen razonables, de manera que también los apoyaremos.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable diputada Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la moción, pues aunque parece sencilla, constituye un paso muy importante.

Cuando esta materia fue analizada en su oportunidad en la Comisión Mixta, la totalidad de los integrantes de la Comisión de Familia de la Cámara no estuvimos de acuerdo con la obligación de que la denuncia de maltrato habitual pasara primero al tribunal de familia sin la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera actuar en forma directa.

En aquella oportunidad, hicimos ver la importancia de que hubiera cierta ejecución rápida, porque conocemos los grados de impunidad y los riesgos que corren las víctimas de tal delito. Lamentablemente, eso no fue acogido, aun cuando los argumentos que se dieron nos parecieron muy poco convincentes, porque no se trata de atochar el Ministerio Público, sino de que sea un instrumento que permita ejercer la justicia como corresponde.

Considero importantísimo que hoy estemos tratando esta moción, porque está relacionada con un asunto de extraordinaria relevancia que, lamentablemente, está presente en un gran número de países, no sólo en el nuestro. Es un problema que preocupa a los países subdesarrollados y también a los desarrollados. Por eso, lo menos que podemos hacer los legisladores es abordarlo, a través de una moción muy específica como la que estamos tratando. Sin embargo, creo que deberíamos seguir estudiando la forma de perfeccionar nuestra legislación y de hacer más efectivas nuestras políticas públicas sobre prevención, educación y sanciones, por cierto, una vez que se implementen.

La situación es lamentable y, por eso, diversos diputados y diputadas solicitamos una sesión especial -esperamos que se celebre después de la semana distrital-, a fin de analizar los problemas relacionados con la violencia intrafamiliar, con el femicidio y con las estadísticas sobre la materia, para ver la forma de avanzar, porque vemos con gran preocupación que cada día están ocurriendo actos que resultan incomprensibles e inhumanos, como los que hemos presenciado últimamente.

No puedo dejar de señalar que hemos ido avanzando en nuestra legislación para hacer más universales los derechos de las personas: la igualdad, la no discriminación, etcétera. En este sentido, la primera ley que aprobamos sobre la materia, la Nº 19.325, que sancionó por primera vez los actos constitutivos de violencia intrafamiliar, es un claro ejemplo de nuestra preocupación por el tema. Después, terminamos con la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y, por ende, con la discriminación de que eran objeto. Después de diez años de discusión, aprobamos la nueva ley sobre matrimonio civil con disolución de vínculo, que les da la posibilidad de rectificar su situación a quienes hayan visto rota su relación de pareja. Por su parte, la ley Nº 20.066, establece la obligación del Estado de proteger a las personas, previniendo, erradicando y sancionando los actos constitutivos de maltrato que afecten la integridad física o psíquica de las chilenas. Por último, está ley que implementó los tribunales de familia.

En la sesión especial que hemos solicitado planteamos que es necesario entender cómo pueden existir tantas discrepancias entre el Gobierno y la Corte Suprema, en relación con los recursos que serían necesarios para tener tribunales competentes, y no tribunales atochados y colapsados como los actuales.

Queremos entender los avances de la ley -esto es muy importante- sobre violencia intrafamiliar, en cuanto consagra el deber del Estado y de sus agentes de proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Por primera vez tenemos claro que estamos hablando de un problema de carácter público, lo que es extraordinariamente importante. La ministra -presente en la Sala, y a quien aprovecho de saludar- sabe la importancia que reviste el hecho de no considerar la violencia intrafamiliar como un hecho privado.

Como decía, la ley sobre violencia intrafamiliar establece la obligación del Estado de implementar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia; amplía el concepto de familia, incluyendo al ex marido o al ex conviviente, así como a la familia política -incluso, se considera familia a la persona con la cual se ha tenido un hijo, sin que haya mediado una convivencia-; en ciertos casos, establece la obligación del Estado de adoptar medidas de protección, en fin. Yo diría que esa ley representa un claro avance. Sin embargo, existen dificultades relacionadas con el maltrato habitual, que es sancionado con presidio menor en su grado mínimo. En este caso, para que opere la sanción, el juez de familia debe calificar la conducta violenta como habitual, entendiéndose como tal el número de actos de violencia ejercidos y la proximidad entre ellos, con independencia de la víctima.

Si bien hemos avanzado mucho, existen aspectos que no proceden, como los acuerdos reparatorios o la mediación. Es decir, hay problemas para garantizar realmente lo que establece la ley: todas las medidas conducentes a garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de la familia.

Una primera observación que podríamos hacer es que la legislación no pone el acento en la violencia propiamente tal, como relación entre abuso y poder, sino más bien en las consecuencias físicas del maltrato. Es decir, para una misma situación de violencia, hay distintas autoridades para que conozcan de ella, dependiendo de las consecuencias del maltrato. Esto significa que si hablamos de violencia psicológica, intervienen los tribunales de familia; si la violencia es física, pero no deja marcas -fíjense ustedes-, también será conocida por los tribunales de familia. Si deja marcas, entonces será conocida por los tribunales penales y sancionada como un delito específico. En este caso, tendremos que ver si estamos hablando de violación, de lesiones, etcétera.

Creo que, de alguna manera, se está permitiendo la impunidad. Por ejemplo, el hecho de que actúen distintas instancias -Ministerio Público o tribunales de familia-, da pie para que, muchas veces, el primero no pueda actuar de oficio. Así, el tiempo que transcurre entre la denuncia del hecho, su conocimiento por el tribunal de familia y, por último, por el Ministerio Público, puede ser superior a seis meses. Durante este período la impunidad es total y la gravedad del delito o los riesgos que conlleva son enormes.

En Chile, el maltrato habitual es el único delito que las víctimas no pueden denunciar directamente ante la institución que la ley define como competente para que lo conozca. Es decir, una mujer no puede recurrir al Ministerio Público para denunciarlo, puesto que, para que proceda, la ley exige que haya existido habitualidad, calificada previamente por el tribunal de familia correspondiente.

Como ya dije, existe un tiempo bastante prolongado entre el momento en que el tribunal de familia toma conocimiento del hecho y lo califica como maltrato habitual, y el instante en que lo deriva al Ministerio Público.

También sabemos que si hay algo que caracteriza a la violencia intrafamiliar, entre otras cosas, es que hace que las personas pierdan la sensación de seguridad y su autoestima; incluso, hace que la víctima dude antes de hacer la denuncia.

Debemos seguir profundizando en este problema, mejorando la actual legislación. El proyecto en debate es un paso extraordinariamente importante en tal sentido. Por eso, creemos que hay que apoyarlo, y la bancada del Partido Socialista lo votará favorablemente.

Pero, hay otros problemas cuya solución sigue pendiente. En la Comisión de Familia la diputada María Antonieta Saa -presente en la Sala- se refirió a la necesidad de que los fiscales del Ministerio Público se especialicen, de manera que tengan más conciencia sobre la materia. Pero no basta con eso. Si revisamos las cifras entregadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, podremos darnos cuenta de que son muy pocos los casos en que realmente se llega a una sentencia condenatoria definitiva. La suspensión condicional del procedimiento es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que sólo se exige acuerdo entre el imputado y el fiscal; ni siquiera es necesario conocer la opinión de la víctima; simplemente, hay un acuerdo tácito entre la fiscalía y los jueces de garantía, con el objeto de establecer dispositivos tutelares para los agresores. Con eso, se da por solucionado el asunto.

También nos complica el principio de la oportunidad. Me parece extremadamente grave que el fiscal pueda considerar que no se compromete el interés público y, por lo tanto, aplicar esta forma de término que implica, además, desconocer compromisos internacionales contraídos por nuestro país.

Aprovecho la presencia de la ministra para decirle al Gobierno que debería revisar algunas de las situaciones que hoy se dan. Hay tres elementos que, a mi juicio, son cuestionables y que deberíamos revisar, en particular, la suspensión condicional del procedimiento y el principio de la oportunidad.

Lo que buscamos es lograr más efectividad, ser más precisos sobre lo que entendemos por habitualidad. Si logramos aprobar este proyecto, el Ministerio Público tendrá la posibilidad de actuar de inmediato, sólo con la denuncia, sin necesidad de que sea de oficio o que dependa de lo que haya establecido el tribunal de familia. Debemos ser claros en lo que entendemos por habitualidad y restringir la suspensión condicional del procedimiento.

Por cierto, también es necesaria la capacitación y sensibilización de los actores del sistema judicial. Me refiero no sólo a los fiscales, sino también a los jueces de garantía. Es decir, debemos eliminar todas las trabas que en este momento de alguna manera impiden la intervención judicial rápida y eficaz, a fin de permitir que el Estado cumpla con la obligación legal de asegurar la integridad física y psíquica de los miembros de una familia.

Es importante aprobar el proyecto, pero mi llamado es a continuar avanzando en esta materia, que hasta ahora es insuficiente, pues hay diversos resquicios y nosotros mismos ponemos obstáculos para que sea eficaz y eficiente en el objetivo que indica la ley.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, sin duda, en el último tiempo hemos avanzado en las medidas legislativas destinadas a proteger a las mujeres y a los menores del maltrato intrafamiliar. Sin embargo, debemos hacer mucho más para combatir este flagelo de la violencia a puertas cerradas, mediante el cual se abusa especialmente de las relaciones sentimentales y familiares a raíz de la fuerza del victimario.

Las estadísticas de 2006, indican que hubo 95.829 denuncias ante Carabineros por violencia intrafamiliar. Con la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, avanzamos, pues se consagró un nuevo tipo penal, el maltrato habitual, que sanciona este delito al menos con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días, salvo que se esté ante un delito de mayor gravedad.

Pero los autores de la moción, encabezados por el diputado Juan Bustos , constataron el defecto de que para dar inicio a esta investigación, el respectivo tribunal de familia tendría que remitir los antecedentes al Ministerio Público, una vez detectada, según el criterio del tribunal de familia, la existencia de un delito de maltrato habitual.

Eso, realmente, es un verdadero condicionamiento al Ministerio Público, para investigar, lo que no procede desde el punto de vista teórico, porque, además, es una excepción al principio de la actuación de oficio que debe tener dicho Ministerio. Es como desconocer la existencia de un interés público para investigar esos delitos.

Por otra parte, nos encontramos frente al inconveniente de que los tribunales de familia, que constantemente están sujetos a una tremenda carga, quizás no analizarán con la acuciosidad que merece la situación, cuando se está frente a un delito de esta naturaleza.

Si leemos el informe que nos dio la ministra del Servicio Nacional de la Mujer en la Comisión, veremos que, en 2006, el Ministerio Público recibió poco más de 7 mil requerimientos de parte de la justicia de familia para investigar delitos de maltrato, en contraste con las cerca de 130 mil denuncias que estos recibieron por el mismo concepto. Es decir, los tribunales de familia habrían recibido muchos más requerimientos que los presentados con posterioridad al Ministerio Público.

Por eso, la iniciativa busca que el Ministerio Público sea el que actúe de oficio ante delitos de esta naturaleza. Eso no significa que no seguirá operando la disposición que existe en los tribunales de familia, consagrada en el artículo 90, que los obliga a poner en conocimiento del Ministerio Público los delitos de los cuales tome conocimiento.

Con esta modificación, que permite actuar de oficio al Ministerio Público en todos los delitos, avanzaremos mucho más en el combate contra este flagelo y esperamos que de esa manera vaya disminuyendo.

Por eso, nuestra bancada apoyará el proyecto.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable diputada Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente, lo más importante de esta sesión y de la que se anunció para analizar el femicidio en Chile, es que hoy nos encontremos una vez más discutiendo sobre algo tan doloroso y antiguo.

El hecho de que aparezca en la prensa no significa que sea un hecho nuevo. Es algo que se arrastra casi a lo largo de la historia de la humanidad, pero que en el último tiempo se ha instalado en nuestra sociedad en forma muy relevante. Por eso, a mi juicio, la legislación ha quedado un poco obsoleta ante los nuevos hechos que van acaeciendo.

Uno se pregunta qué origina la violencia intrafamiliar. En general, es el hombre quien ejerce su fuerza y le pega a su mujer o a los niños. Pero no sé exactamente qué origina ese estado. No sé si sólo será su mayor masa muscular y fuerza o si influye la dependencia económica que existe, en la gran mayoría de las familias, de la mujer respecto del hombre, debido al bajo porcentaje de mujeres que trabaja fuera del hogar, lo que de alguna manera podría poner alto a esta situación o independizarse cuando se hace insufrible.

Creo que son muchos los factores que inciden en el día a día. Pero es importantísimo que nuestros hijos crezcan con la conciencia de que la violencia dentro del hogar no es buena, ni sana ni algo normal. Debemos repetir esto en cada una de las actividades de la vida diaria, no sólo al momento de legislar.

De alguna manera siento que el legislador ha sido un poco tímido al tocar estos temas. Por ejemplo, en el Código Penal algunas figuras, como las amenazas o faltas muy menores, están incluidas dentro del ámbito de la materia penal. Antiguamente, antes de la existencia de los tribunales de familia, eran de competencia de los tribunales civiles. Entonces, cuesta hacer esta asociación en lo relativo a la violencia, no importa que sea ejercida dentro del seno del hogar, pero que sea de competencia de tribunales civiles.

Hoy, tenemos un híbrido que si bien mejora con la modificación, que estoy segura será aprobada, creo que sólo mantiene de alguna manera la confusión que existe en la ciudadanía, incluso en las policías y con mayor razón en las víctimas de violencia intrafamiliar. Porque con esto, damos la posibilidad de que la víctima se dirija derechamente al Ministerio Público para pedir su intervención, lo que me parece bien. Pero cómo va a distinguir cuándo le corresponde ir al tribunal de familia y cuándo al Ministerio Público si no tenemos un órgano que la oriente respecto del camino a seguir.

Mucho se habla sobre el femicidio, más allá de la discusión sobre si es dable o no lo es. Creo que no. Soy partidaria de verlo como una figura comprendida dentro del homicidio, a lo mejor como una agravante. A mi juicio, el apoyo que necesitan las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar va mucho más allá de lo legislativo.

Le dije a la ministra del Sernam, aquí presente, cuando votamos el proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es absolutamente insuficiente seguir legislando si las mujeres no cuentan con un abogado para que las represente.

Pensemos en el contrasentido de estar todos en la Cámara preocupados por ellas y al momento de ser víctimas, el victimario cuenta con un abogado pagado por el Estado, y la víctima llega absolutamente sola e indefensa al tribunal de familia o al Ministerio Público, porque ni siquiera sabe dónde recurrir. Carabineros tampoco tiene clara la película.

Queda muchísimo por avanzar, y concuerdo con la diputada Isabel Allende en muchas cosas. No creo en el feminismo ni en el machismo, sino en la familia. Pero en esta materia no debería haber dobles discursos.

La familia es importantísima, pero el rol de la mujer en ella hoy está muy debilitado. La mayoría son víctimas de maltrato. Por lo tanto, llamo a que nos preocupemos de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Y para eso, necesitamos en forma urgente una reforma en materia de asistencia jurídica. Si no se toman medidas concretas ni procuramos que cada una de ellas cuente con un abogado para que la represente y se sienta apoyada por el aparato del Estado, le va a ser muy difícil enfrentar un juicio.

Reitero mi voto favorable. Espero que, de alguna manera, se revise la competencia de los tribunales, porque cuesta mucho entender el sistema híbrido que tenemos ahora porque no se sabe a quién recurrir. Se debe definir si la violencia intrafamiliar es materia civil o penal, independientemente si se da en el seno de una familia.

He dicho.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la honorable diputada Denise Pascal.

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente, en menos de 25 años, un problema social que estaba ausente del debate en Chile, ha llegado a ser reconocido y existe consenso para superarlo. Me refiero a la violencia intrafamiliar.

Tal como lo han expuesto quienes me precedieron en el uso de la palabra, una de las grandes falencias de la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, era precisamente considerar como falta el delito de violencia doméstica.

La legislación actual tipifica como delito lo que califica como maltrato habitual. Por cierto, con dicha consagración, en definitiva, la sociedad se ha hecho cargo del gran problema que constituye para miles de familias el maltrato psíquico o psicológico, la denigración y el menoscabo, que muchas veces acarrean consecuencias más perniciosas que el maltrato físico.

Con todo, y como sucede con varias leyes, es probable que en el camino surjan otros problemas, de los cuales también deberemos hacernos cargo. Hoy, por lo menos, se pretende solucionar uno.

Por eso, en esta oportunidad, felicito a los autores de la moción, ya que con esta propuesta de ley se facilitará el conocimiento del delito de maltrato habitual y, por lo tanto, se avanzará en las posibilidades de castigo a los ofensores.

Es lamentable, pero la violencia psicológica que se ejerce en forma habitual constituye una realidad social. Así lo demuestran las cifras que se mencionan en el mensaje del proyecto y las que dieron las autoridades que concurrieron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.

Hace alrededor de un mes, todos conocimos el caso de Natalia del Pilar Mora Urrejola, de 22 años, de Padre Hurtado , quien resultó asesinada por su ex pololo y conviviente. La víctima había dejado constancia en Carabineros, pero no fue suficiente para evitar el crimen que terminó con su vida y la de su padre. Tal vez, una denuncia tampoco lo habría evitado, pero, por lo menos, podría haber activado los mecanismos de seguridad, aun cuando también habría quedado en el camino, ya que el tiempo que demoran es impreciso.

Por eso, todo lo que podamos hacer para perfeccionar este tipo penal y facilitar su persecución, nunca estará de más.

Hoy, el maltrato habitual es un problema que ha debido incorporarse a la agenda social. Es muy complejo y de carácter dinámico, por lo cual muchas de sus variantes no pueden determinarse a priori. De ahí la importancia de promover iniciativas o propuestas legales para mejorar la persecución y castigo de este delito que nos conmueve a todos.

Por lo tanto, no cabe duda de que con el proyecto se avanzará, aunque deberá perfeccionarse todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que incluye la muerte de mujeres.

He dicho.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente, el proyecto en discusión tiene por objeto facilitar el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual, permitiendo al Ministerio Público empezar dicha investigación por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal, sin necesidad de esperar la remisión de los antecedentes por los juzgados de familia, como se ha hecho hasta ahora.

A primera vista, el proyecto parece muy interesante y entusiasma. Incluso, la urgencia para su despacho ha sido calificada de simple. No obstante, luego de escuchar a los colegas, me asalta una serie de preocupaciones.

En primer lugar, la propuesta se origina en el hecho de que los tribunales de familia no han funcionado bien, debido a lo atochados que están. Al inicio de este Gobierno, el ministro de Justicia de la época prometió que la nueva ley de tribunales de familia estaría despachada en sesenta días. Sin embargo, hasta el día de hoy el proyecto se encuentra en el Senado. En un principio, se pensaba que los juzgados de familia atenderían 160 mil causas, pero se presentaron 600 mil demandas. Faltan jueces. Todo ha sido una gran desilusión, pues se pensaba que dichos tribunales ayudarían a las familias, especialmente a la mujer víctima de violencia intrafamiliar. De hecho, se iba a dar prioridad a la atención de casos de violencia intrafamiliar.

Por lo tanto, la gran pregunta que cabe formular es si al pasar las denuncias por maltrato habitual de un tribunal atochado y sobrepasado, como es el juzgado de familia, al Ministerio Público, no se va a producir el mismo efecto en este último. A ello debemos agregar las situaciones que hemos visto en el Ministerio Público, de jueces “garantistas”, que otorgan la libertad a personas que han cometido delitos gravísimos. Francamente, tengo dudas de si lo que propone el proyecto será mejor.

Por otra parte, a diario vemos más violencia, porque estamos en un país cada vez más violento. No sólo están violentas las relaciones entre las parejas, sino también las relaciones entre las personas en general. La diputada María Antonieta Saa proponía que constituyéramos una comisión especial. Deberíamos hacer un estudio para saber qué gatilla toda esta violencia, qué la aumenta y qué ha provocado que tengamos que lamentar la muerte de más de setenta mujeres en dos años. Incluso, algunos estudiosos señalan que el Transantiago ha contribuido a aumentar la violencia intrafamiliar, debido a la presión, al cansancio o al estrés que provoca en los santiaguinos. A lo anterior, cabe sumar el drama que sufren miles de mujeres, ya sea porque no reciben su pensión de alimentos, o porque al obtener el divorcio, no son indemnizadas y quedan sin recursos para vivir. Son situaciones bastante complejas.

El proyecto consta de un artículo único, cuyo objeto es permitir el comienzo de la investigación en la forma y condiciones señaladas. Cuando pregunto si el Ministerio Público estará preparado para atender los casos de maltrato habitual, lo hago sobre la base de cifras, que no coinciden con las de la diputada María Antonieta Saa , pero que son bastante interesantes para los últimos años, no para los primeros, cuando no pasaba nada con las denuncias.

Según antecedentes que obran en mi poder, en 2006 se presentaron 95 mil denuncias ante Carabineros por situaciones ligadas a violencia intrafamiliar. Son muchas. En 2004, los tribunales conocieron 101 mil causas, de las cuales 89.300 fueron referidas, es decir, el 88 por ciento llegó a término.

Esas cifras permiten aquilatar la magnitud del problema en el ámbito procesal.

Cuando se partió con la tramitación de las leyes de violencia intrafamiliar, las causas nunca terminaban. La cifra respectiva la entregó la diputada Saa.

Entonces, me pregunto si no será más lógico concentrar la fuerza en los tribunales de familia; si no será mejor, en especial cuando se trata de un delito de maltrato habitual, que afecta a la mujer y a los niños en su vida familiar diaria, que puede convertirse infierno, que las personas que sufren ese flagelo tengan derecho a contar con un abogado, tal como ocurre normalmente con los delincuentes que, gracias a la reforma procesal penal, cuentan con algún letrado que los defiende.

Además, me pregunto si los tribunales podrán aquilatar y absorber esa gran cantidad de causas.

El Ministerio Público habría recibido un poco más de siete mil requerimientos por parte de la justicia familiar. Es decir, los tribunales de familia remitieron más de siete mil causas que consideraron graves para que el juez de garantía investigara la ocurrencia del delito de maltrato habitual. Esa cifra contrasta con las 130 mil denuncias que, por ese mismo concepto, recibieron los tribunales de familia.

Aquí puede ocurrir lo mismo que sucedió con los tribunales de familia; es decir, que la gente, con la idea de que el juicio sea más rápido y efectivo, prefiera hacer la denuncia en el Ministerio Público, y después se encuentre con la gran sorpresa de que no se establezca la comisión del delito, su autor quede en libertad y, a lo mejor, no se apliquen medidas cautelares, todo lo cual, a la larga, puede terminar con una situación mucho más complicada.

¿Qué queremos? Encontrar los caminos para la disminución de la violencia intrafamiliar.

Durante los últimos años se tramitaron dos iniciativas legales sobre esta materia, hoy convertidas en leyes de la República. Además, han existido esfuerzos, campañas comunicacionales y grandes intenciones en esta materia. Por años, el Sernam se ha abocado casi por entero al combate de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, ella sigue presente en la sociedad.

Entonces, la gran pregunta, que no soy capaz de responder, es si estamos haciendo bien al derivar el maltrato habitual al Ministerio Público, o si, por el contrario, es mejor hacer el esfuerzo necesario para mejorar los tribunales de familia, de manera que se acoja a la familia, a los niños, y se entregue terapia y orientación familiar, como pedimos desde un principio. A mi juicio, ésa es la gran tarea.

Me gustaría escuchar la opinión del diputado Bustos y de colegas penalistas. Tal vez, al escuchar otros argumentos, podría convencerme. Sin embargo, durante la discusión del proyecto, surgieron más y más dudas acerca de si la solución que se entrega es la mejor.

He dicho.

El señor DÍAZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señor Presidente, intervengo sobre este proyecto de ley tras mi participación en la Quinta Conferencia sobre Mujeres, paridad y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe, realizada por la Cepal en Quito, Ecuador , desde donde llegamos recién el sábado pasado los diputados invitados por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, presente en la Sala.

A mi juicio, el paso que se da con el proyecto es fundamental para facilitar el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual. Para quienes no somos abogados, puede sonar técnicamente muy jurídico, pero, como se ha dicho, apunta a ayudar al proceso investigativo.

La ley de violencia intrafamiliar es una herramienta legislativa que ha permitido visibilizar ese problema que duele y preocupa, de manera que la sociedad se haga cargo de él. Por eso, la modificación que se plantea significará mejorar sustantivamente la aplicación de la ley en cuanto a dar mayor agilidad para enfrentar el delito de maltrato habitual.

El proyecto es de autoría de uno de los más connotados diputados abogados, quien ha observado la realidad y los problemas que se vienen sucediendo, de manera de avanzar en su solución.

Deseo reconocer la participación en la Comisión de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz , quien entregó su apoyo al proyecto sobre la base de entender que es un paso más, pero que faltan muchos más en aspectos como prevención, protección y control de la violencia intrafamiliar que afecta al país.

En la región latinoamericana existe la violencia, expresada de diferentes formas. En Chile, hemos sido testigos de hechos violentos en la familia, en el espacio educacional y en el ámbito laboral.

Por lo tanto, aún queda mucho por hacer en ese aspecto.

Aprovecho la ocasión para solicitar una vez más el compromiso del gobierno de la Presidenta Bachelet para avanzar no sólo en el control de la violencia intrafamiliar, sino en la protección de las víctimas, por ejemplo, mediante un subsidio estatal de independencia económica provisorio, que cubra las necesidades de las víctimas durante su estadía en las casas de acogida creadas por el Estado.

Antes de terminar, no puedo dejar de hacer algunos comentarios en relación con la intervención de la diputada Cristi.

En primer lugar, los tribunales de familia y el Ministerio Público son muestras claras de la implementación de la reforma procesal. Es decir, después de cien años, el país está viviendo un tremendo cambio. Somos testigos de los problemas que en los nuevos tribunales de justicia, pero eso no tiene que ver con la discusión del proyecto en estudio.

No es tiempo de esperar para llevar adelante los cambios necesarios y coherentes en relación con los delitos que enfrentamos hoy, en pleno siglo 21, que no son los mismos del siglo pasado.

Por lo tanto, se debe continuar avanzando en esta materia mediante la aplicación de la reforma procesal, que se viene implementando hace pocos años.

En segundo lugar, expresar que la violencia es consecuencia del Transantiago resulta, para decirlo en forma suave, al menos distorsionado o fuera de discusión. A mi juicio, es un argumento que no se entiende ni se afirma en fundamento serio alguno.

Finalmente, deseo manifestar que las preocupaciones y malos augurios expresados sobre el proyecto no colaboran a responder en forma adecuada a la focalización de las políticas públicas que se requieren y que este proyecto de ley pretende hacer.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, voy a hacer uso de mi tiempo para hablar a favor del proyecto.

Por lo tanto, desde ya anuncio nuestro voto favorable, porque, como se dice en forma habitual, apunta en el sentido correcto para solucionar un problema real existente en el país.

Pero, antes de enfocar un aspecto preciso, referido a una indicación presentada por dos distinguidos diputados autores del proyecto, a lo cual adherimos otros diputados, deseo abordar dos aspectos previos de carácter general.

El primero dice relación con lo siguiente. Escuché con atención los datos entregados por la colega María Antonieta Saa , que, por supuesto, son verídicos y preocupan.

Sin embargo, por desgracia, esos datos y antecedentes en relación con el delito de violencia intrafamiliar coinciden en forma exacta, es decir, son simétricos respecto de lo que viene sucediendo con otros delitos igualmente graves cometidos en la sociedad chilena. En ese sentido, el grado de impunidad existente en delitos de violencia intrafamiliar es igual al que se observa en delitos como hurto y robo con sorpresa, que produce la mayor inquietud en la ciudadanía, y de delitos más graves, como robo con violencia, incluso con lesiones y homicidio.

Por eso, cuando hablamos desde estas bancadas y desde muchos otros sitios de nuestra preocupación por el problema de la seguridad pública, de los crecientes grados de impunidad que parecen enseñorearse en nuestra comunidad, de la prevención y sanción de los delitos, lo hacemos con esa óptica. El primer deber del Estado es garantizar la seguridad pública y aquí algo no está funcionando bien. Hay que preocuparse del trabajo de las fiscalías, de la manera como los jueces están aplicando la ley, porque si bien los victimarios tienen derechos, la sociedad y las víctimas también tienen derechos, y es muy importante lograr un equilibrio en esta materia.

Entonces, vale la preocupación por el grado de impunidad del delito de violencia intrafamiliar y lo hacemos nuestro respecto del resto de los otros delitos que están ocurriendo hoy en Chile.

Pero, no nos engañemos. Hay una solución que es buena, la vamos a apoyar, pero ha sido forzada por las fallas de los tribunales de familia, los cuales, lo digo una vez más- no están funcionando. Hubo una equivocación gruesa en el número de jueces, en su sistema de capacitación, en la forma como se están aplicando los procedimientos, etcétera. Ése es el tema de fondo. Si los tribunales de familia estuviesen funcionado bien, este proyecto no sería necesario, porque estarían detectando los problemas y comunicándolos a las fiscalías, a las autoridades correspondientes; las investigaciones estarían llegando a su fin y las resoluciones y sanciones estarían aplicándose bien y cumpliéndose. Asimismo, las penas alternativas, que se cumplen en libertad o semilibertad, se estarían controlando.

Esta solución, que es accesoria, ha sido necesaria porque no está funcionando lo principal. Vamos a votarla a favor, porque apunta en la dirección correcta.

Además, nos hemos adherido a una buena indicación de los colegas señores Juan Bustos y Jorge Burgos , en el sentido de establecer que si la denuncia formulada ante funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones fuere por el delito de maltrato habitual, contemplado en el artículo 14 de la ley sobre violencia intrafamiliar, tales funcionarios deberán remitir los antecedentes al Ministerio Público respectivo, quien, si estima que no concurren los requisitos de tal delito, deberá enviar los antecedentes al tribunal de familia correspondiente. ¿Por qué? Porque puede suceder que una desavenencia familiar quede sujeta a una investigación y la fiscalía determine que no tiene importancia. No es bueno que se divulgue, porque hay que tratar de mantener la paz, la concordia familiar -es un bien que debe ser apreciado por la sociedad-. Por lo tanto, si en definitiva no pasó nada, nos parece importante que esa situación familiar no se ventile, o se agrave aún más, y pueda recuperarse un nivel de convivencia aceptable.

Esto es lo que había. Por eso, es el tribunal de familia el que ponía en marcha el mecanismo penal: investigar primero, ver qué pasa y la denuncia se hace en ese contexto. De suprimirse la intervención de dicho tribunal y procederse directamente ante la fiscalía, se corre el peligro de perder esa posible y buena instancia previa.

Por consiguiente, la indicación es muy buena, al igual que el resto de las indicaciones formulados por los diputados Bustos y Burgos. Nos hemos adherido a ellas y las vamos a votar favorablemente.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción a la diputada Cristi , con cargo a mi tiempo.

El señor WALKER (Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción la diputada señora Cristi.

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle con todo cariño, a mi colega, Ximena Vidal que, al parecer, usó maliciosamente, una expresión, en forma casi burlesca, en el sentido de que yo he dicho que la violencia intrafamiliar se debe al Transantiago.

Si yo hubiera dicho eso, renuncio al instante. Tan absolutamente perdida no estoy. Ésa no ha sido idea mía, sino de personas que han estado analizando los efectos del Transantiago y han constatado que la violencia intrafamiliar ha aumentado por el estrés.

Son miles las causas que producen violencia intrafamiliar, pero, insisto, sería interesante conocerlas para trabajar acerca de ellas. Habiéndose tipificado el delito, sancionado, buscado penas alternativas y por años, el Sernam se ha dedicado a trabajar este tema, al igual que el propio Congreso y tantas otras organizaciones gubernamentales, algo está mal y algo más que leyes debemos hacer, porque éstas no han resuelto el problema.

Quizá, un 0.001 por ciento de violencia intrafamiliar podría haber aumentado por los inconvenientes del Transantiago. No es invento mío. Lo leí en los diarios y así lo plantean personas que han estudiado el tema.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el diputado Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Gracias, señor Presidente.

Estoy a favor del proyecto, con las indicaciones a que me he referido.

Ruego no echar en un saco roto o en el desván del olvido las consideraciones previas que hemos hecho para votar favorablemente.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, como decía el diputado Cardemil , en relación con este proyecto hay un primer aspecto que considerar -que surge también de los mismos antecedentes que presentó la diputada Cristi -, en el sentido de que los tribunales de familia tienen gran número de asuntos que atender y, ciertamente, han tenido enormes dificultades y se encuentran colapsados en muchas partes del país, no en todas.

Un segundo aspecto es que los tribunales de familia no están adecuados para investigar delitos y asignar sus características y, por lo tanto, eso podría representar un trabajo más complejo y son los fiscales quienes están preparados para hacer un análisis sobre los requisitos de un delito, especialmente desde un concepto muy penal-criminológico, que es el de arbitrariedad. Reitero que son los fiscales, o los jueces de garantía, llegado el caso, los que deben determinar este hecho fundamental del delito, como ocurre en otros hechos tipificados en el Código Penal.

Un tercer aspecto es que, justamente, por la gran cantidad de casos que deben atender los tribunales de familia, y también por su falta de especialización en materias penales, hay una gran demora cuando se trata de delitos de violencia intrafamiliar, y cuando estos llegan a conocimiento del Ministerio Público, generalmente ya es muy tarde.

Por consiguiente, en el Ministerio Público, el fiscal tiene la obligación de tomar las diferentes medidas de protección a la víctima, las cuales no sólo son de prisión preventiva. Hay numerosas medidas que puede tomar, especialmente cuando se trate de un delito de maltrato habitual.

Por todas esas razones, parece adecuado, conveniente, que sea el Ministerio Público el que tenga a su cargo la investigación y la estimación de si hay o no delito de maltrato habitual, y quien deba tomar de inmediato, tan pronto empiece la investigación, todas las medidas correspondientes de protección a la víctima, incluso, en forma preventiva, es decir, antes de que pueda haber formulación de cargo.

En ese sentido, es sumamente importante la prontitud con que se tomen las medidas.

De ahí lo conveniente de este tipo de legislación, más allá de los problemas constitucionales que hemos señalado, ya que me parece de dudosa constitucionalidad lo que se había legislado en materia de delito de maltrato habitual.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.

El señor ACCORSI.-

Señor Presidente, la violencia intrafamiliar es un tema país, que no podemos eludir. Más que ley, se requiere trabajar en la prevención de la causa. Es absolutamente prioritario resolver qué tipo de sociedad queremos y cómo enfrentamos las relaciones entre parejas, la relación matrimonial, todo lo cual debe ser enfrentado desde un comienzo. Con políticas públicas que apunten al cuidado infantil y al acceso a la educación saldaremos, de alguna manera, la tremenda deuda que tenemos como sociedad.

En la violencia intrafamiliar están presentes el maltrato conyugal e infantil. En esta materia ostentamos índices altísimos; somos uno de los cinco países con mayor maltrato infantil y conyugal.

Las políticas preventivas deben apuntar al alcoholismo y la drogadicción, dos factores que también influyen en la delincuencia. En la mayoría de los actos de violencia intrafamiliar, los agresores están bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Por eso, amén de leyes sancionatorias, debemos aplicar políticas preventivas que apunten a inhibir o disminuir el alcoholismo y la drogadicción; de lo contrario, la violencia intrafamiliar seguirá sin variaciones.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos

El señor LOBOS.-

Señor Presidente, la violencia intrafamiliar es un tema muy sensible e importante, como importante es el aporte que hace el proyecto al facilitar el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual, sin necesidad de esperar la remisión de los antecedentes desde un juzgado de familia -hoy bastante atochados-, la que podrá iniciarse de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella.

Pero, ¿será eso suficiente? Pienso que hay que ir más allá; hay que ir al origen de la violencia intrafamiliar. Ya lo evidenciaba hace un momento el diputado señor Accorsi , hay que ir a la cuna de la violencia intrafamiliar. Esta acción nace en el desempleo, en la falta de oportunidades, en el alcoholismo y la drogadicción, en la falta de acceso a la educación, en el cambio de rol que han tenido el hombre y la mujer en la nueva sociedad en que vivimos y en esta especie de desesperanza que cunde en el circulo vicioso de la pobreza, que tanto cuesta erradicar.

En la familia existe una postura fuerte y otra débil, y quienes siempre se constituyen en una especie de válvula de escape de la violencia contenida son la mujer y los niños.

Pienso que el proyecto ayuda, pero no resuelve el problema. Nuevamente estamos llegando tarde; estamos ante dos hechos indesmentibles: la reforma judicial no ha dado los resultados que se esperaban y los tribunales de familia han demostrado que funcionan lento o no funcionan, excepto para algunos jueces express. Por ende, el mejor camino es prevenir antes que curar, o sea, debemos propender hacia políticas que fortalezcan la familia y los valores fundamentales, que permitan la buena crianza de los hijos en un modelo adecuado, donde no vean hacinamiento, hambre, frustraciones, alcoholismo y drogadicción, sino una vía clara que permita a las familias salir de la pobreza.

Lo dicho no es imperativo de la pobreza, también en las clases media y alta hay violencia intrafamiliar, aunque las frustraciones son distintas en estos estamentos sociales, pero el alcoholismo y la drogadicción son dos flagelos que afectan a la sociedad en forma transversal. Mientras no hagamos algo al respecto, todos los esfuerzos nos conducirán a un camino que no aporta grandes soluciones para las vivencias de la familia chilena.

Preocupémonos de fomentar valores, educación, políticas de empleo, pero ético, palabra tan de moda y de difícil definición y que no es otra cosa que dar reales oportunidades a hombres y mujeres para que tengan vidas saludables; es decir, realizados en los ámbitos emocionales, amorosos, económicos y lúdicos.

Vamos a votar favorablemente el proyecto, porque trae aparejado una serie de beneficios; sin embargo, nos deja un sabor amargo saber que con él no se soluciona el problema.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, el debate ha sido muy rico, pero el tema amerita una vuelta más profunda.

El proyecto es bueno, porque abre el abanico al permitir que el Ministerio Público actúe de oficio.

Hemos avanzado. Recordemos que, hasta hace poco, el marido tenía excusa absolutoria cuando mataba a la mujer que lo engañó; en el caso del adulterio, la mujer era condenada, la barragana, como la mencionaba el Código Civil. En cambio, el marido sólo lo era si estaba con escándalo público y en la casa familiar. Por lo tanto, hemos avanzado, pero todavía falta.

Cuando hablamos de violencia intrafamiliar -la ministra lo ha dicho muy bien- siempre pensamos en la mujer, pero no en los niños, en quienes es doblemente fatal, porque a veces proviene de ambos padres. Esta violencia, que se da en la privacidad del hogar, nadie se atreve a denunciarla y el hecho sigue ahí, escondido. Por eso, debiéramos ser más audaces, y me gusta la idea planteada por la diputada señora Turres , en el sentido de que, aparte de la prevención, tipificar estos actos como un delito y sacarlos de los juzgados de la familia, que está con mucha carga encima. A propósito, todo depende del administrador que tengan los tribunales de familia; el de Viña es un lujo y gracias a que tiene un buen administrador, buenos jueces. Por lo tanto, -repito- estos actos debieran ser un delito de acción pública, porque cuando se cometen en la esfera íntima del hogar, generalmente no se conocen, sea porque la gente no se atreve a denunciarlos o por un supuesto derecho a la privacidad.

Con todo, debiéramos cambiar nuestra sociedad y desarrollar actividades de educación para la prevención de la violencia intrafamiliar desde la escuela parvularia.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, la modificación que propone el proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar va en la línea correcta, como han señalado otros diputados, porque facilita y da mejores vías para que el Ministerio Público investigue el delito por maltrato habitual y no tenga que radicarse en el juzgado de familia.

Sin embargo, detrás de esta idea -felicito a los autores de la iniciativa y al Servicio Nacional de la Mujer, ya que a través de ellos nuestro Gobierno está dando soluciones a esta problemática- existe el problema de fondo de la violencia intrafamiliar. ¿De qué manera establecemos alternativas no sólo educativas, sino normativas que permitan sancionar esas conductas? No es posible que en la actualidad quede impune una serie de situaciones de violencia intrafamiliar, que permiten la existencia de mujeres golpeadas y una cifra negra en la sociedad por este problema. Se trata de una situación transversal, porque esto no es propio, como señaló un diputado de la Alianza, de los sectores más postergados. Esta es una lacra, es una situación horrorosa que existe en todos los estratos sociales. No olvidemos eso, no digamos que éste es un problema que se debe sólo a la falta de trabajo o al alcoholismo, ya que existen familias bien constituidas y de sectores acomodados en que se produce habitualmente violencia intrafamiliar.

La discusión es de qué manera intervenimos, sancionamos y damos a conocer a los maltratadores, lo que no sólo se debe determinar con la sentencia definitiva de un tribunal, que en buena hora debe existir, sino también mediante un registro que contenga las constancias de las acciones realizadas por los golpeadores y por quienes han practicado violencia intrafamiliar, para que no puedan alegar ante los tribunales irreprochable conducta anterior y sólo nos enteremos de esos actos de violencia cuando produzcan lesiones graves o el homicidio de la víctima. Necesitamos tener un registro más expedito, que sea consultable y que esté a la vista de la sociedad.

Quiero recordar que en el último evento partidario, el Pleno del Partido Socialista, llevado a efecto este fin de semana, un importante grupo de mujeres y de hombres de nuestro partido planteó que en las próximas elecciones no deben presentarse candidatos a concejales o a alcaldes que tengan antecedentes de golpeadores.

Éste es un tema tremendamente importante, que tenemos que registrar y que nuestra sociedad debe conocer. Así como hoy se exhiben ante la opinión pública los antecedentes de las autoridades públicas que están en el Dicom porque deben algunos pesos en alguna casa comercial o porque les protestaron cheques, es conveniente que los ciudadanos y ciudadanas sepan si están votando por un golpeador, ya que eso es mucho más grave.

Ése es un tema que daría tranquilidad y certeza a la ciudadanía de que quienes legislamos y tenemos la responsabilidad de votar las leyes en el Congreso no tenemos antecedentes de violencia intrafamiliar o de golpeadores. Ese elemento haría la diferencia, ya que permitiría saber a nuestra sociedad cómo vamos avanzando.

Las familias que escuchan el debate deben pensar que el proyecto de ley es un pequeño avance, es una facilidad para que esta lacra del maltrato no sea permanente, para que no queden esas lesiones físicas y psicológicas. Es una forma de avanzar como sociedad, de plantear una manera de reaccionar, de anticipar y, sobre todo, de saber quiénes son los golpeadores. Este registro propuesto por el Partido Socialista permitirá saber que ningún candidato a concejal, a consejero regional o a alcalde tiene antecedentes de golpeador.

Por esa vía podremos avanzar, porque iremos mejorando la capacidad cívica y de mirarnos a nosotros mismo, en lugar de sólo señalar que la violencia intrafamiliar es un fenómeno de sectores desempleados o marginados. Es una lacra mucho mayor, que está instalada en la sociedad; es un patrón de conducta. Cuántas mujeres, niños y criaturas, si pudieran hablar, contarían los horrores de la violencia intrafamiliar, lo que eso ha significado en sus vidas, lo que producirá en su comportamiento futuro y el dolor que les provocó ver y sufrirla. Digámoslo públicamente y exhibamos a la sociedad lo que estamos haciendo.

Quiero felicitar al Gobierno y al Servicio Nacional de la Mujer por profundizar esto con enseñanzas, con leyes y, sobre todo, cambiando los patrones de conducta. Por eso, la bancada del Partido Socialista votará a favor esta iniciativa.

Señor Presidente, por su intermedio, queremos decir a la ministra que no sólo deseamos que se sepa qué candidatos nominados por el Partido Socialista para las próximas elecciones municipales son golpeadores o tienen conductas de violencia intrafamiliar, sino que se conozcan los antecedentes de todos los candidatos de Chile que tienen este tipo de conductas, con el objeto de que la sociedad tenga claro por quien vota.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, aquí se habla de crear un listado de golpeadores o de maltratadotes, pero la verdad es que nuevamente tengo sentimientos encontrados en relación con este proyecto, porque, una vez más, no buscamos la solución de fondo. Si bien es cierto la iniciativa es un avance en la materia, el fondo de la situación se mantiene.

El diputado De Urresti plantea la creación de un listado de maltratadotes o de golpeadores. El primero en encabezar ese listado debe ser el Estado o el sistema vigente, porque es el gran culpable de la violencia que existe en nuestros hogares, en las calles, en las escuelas y en el trabajo, ya que no da oportunidades a todos los chilenos de desarrollarse como personas, como seres humanos, lo que es un factor fundamental.

Pruebas al canto, y no quiero abusar de una situación dura. ¿Existirá resentimiento en ese niño, en esa madre que quedó viuda y en los familiares del mártir de Arauco, por ejemplo, quien entregó la vida por exigir un mejor salario para dar mejores condiciones de vida a su familia y a ese hijo?

Entonces, ¡qué me vienen a decir acá, si el problema es de fondo!

Por lo tanto, aunque estoy de acuerdo con el proyecto, porque lo considero un avance, por lo que felicito a los autores, estimo con mucha fuerza y convicción que no es la solución a este problema. En consecuencia, invito una vez más, como lo he hecho muchas veces, a buscar soluciones de fondo, soluciones reales.

El proyecto contará con mi voto, pero creo que siempre estamos legislando respecto del mal menor, lo que debiera terminarse en esta Cámara.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra la señora ministra del Sernam, doña Laura Albornoz.

La señora ALBORNOZ (ministra del Servicio Nacional de la Mujer).-

Señor Presidente, hemos evidenciado el carácter sistemático en que las mujeres son asesinadas por parte de su pareja en nuestro país.

La violencia intrafamiliar es un problema que la sociedad conceptualiza desde diversos ángulos para explicar sus causas y para definir las mejores formas de abordarlo.

En este debate, el Gobierno está profundamente comprometido. Por ello, puso urgencia a diversas iniciativas parlamentarias que intentan mejorar la actual regulación en materia de violencia intrafamiliar.

En octubre de 2005, con la adopción de la nueva ley de violencia intrafamiliar, concluimos como sociedad un largísimo debate, asignando al Estado mayor responsabilidad en la protección a las víctimas y reproche de la violencia en el marco de las relaciones de familia.

Como pocos países en el mundo, hoy podemos afirmar que el maltrato habitual en nuestra sociedad constituye un delito. Sin embargo, la realidad del debate nos exige nuevas definiciones sobre el alcance, sentido y suficiencia de las decisiones normativas recientemente adoptadas.

En ese orden, la moción de los diputados Bustos y Burgos propone asignar al Ministerio Público un rol directo y no subsidiario en la investigación del delito de maltrato habitual y, más en general, una redistribución de responsabilidades entre la justicia penal y la de familia. En nuestro concepto, la intervención previa de la justicia de familia constituye una restricción no autorizada constitucionalmente de la función de investigación que corresponde al Ministerio Público y afecta la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Ahora bien, considerando que corresponderá mayor responsabilidad a la justicia penal, hasta hace poco ajena a estas materias en general, ingresaremos al debate legislativo, con la misma fuerza y rapidez con la que hemos adoptado diversas políticas públicas de prevención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, diversas propuestas para asegurar mayores grados de complementariedad entre la justicia de familia y la penal y para velar por un funcionamiento más expedito de los mecanismos de protección de las víctimas.

Por eso, solicito la aprobación del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley sobre violencia intrafamiliar que se debate en esta oportunidad.

Gracias, señor Presidente.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor WALKER (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.

El señor DÍAZ (don Eduardo).-

La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto, originado en una moción de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Pedro Araya , Gabriel Ascencio, Jaime Mulet, Sergio Ojeda, Carlos Olivares, Jorge Sabag, Mario Venegas, Patricio Walker y quien habla, que introduce modificaciones al Código del Trabajo para hacer efectiva la obligación de no discriminar por razones de sexo durante la vigencia de la relación laboral, mediante el reconocimiento expreso del derecho a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, por el trabajo que realizan de igual valor.

El proyecto no contiene normas de quórum especial ni de competencia de la Comisión de Hacienda.

De acuerdo con los antecedentes generales de hecho que fundamentan la moción, los autores apoyan su iniciativa en el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, reconocido internacionalmente a partir de 1919 en diversos instrumentos jurídicos.

La moción indica que las mujeres perciben, en promedio, un 75,1 por ciento del ingreso de los hombres. Según la encuesta de remuneraciones y costos de la mano de obra hecha por el INE en 2001, que señala que la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres alcanza a 31,1 por ciento; es decir, por cada mil pesos que gana un hombre, una mujer gana 689 pesos por igual trabajo.

Todos los países consignan adelantos en materia de remuneraciones de las mujeres comparados a las de los hombres. Chile tiene un nivel modesto de adelanto: 5 por ciento.

La moción indica que uno de los factores para discriminar está relacionado con la idea de que la contratación de mujeres implica un costo alto.

Agrega que el artículo 2º del Código del Trabajo en su nueva redacción concretiza la prohibición de discriminación en el trabajo consagrada en la Constitución Política, y declara que son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación que en el inciso tercero define como aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en una serie de características que detalla, entre otras, el sexo, y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el ámbito laboral.

Uno de los principales fundamentos de la moción radica en que la redacción antes señalada no ha solucionado el problema ni las cifras que revelan la desigualdad.

Por lo anterior, los autores estiman que se requiere un reconocimiento expreso de ese derecho y que se establezcan garantías efectivas, porque hay una falta de tutela o, más bien, impunidad del discriminador laboral por género.

Además, los autores añaden que la situación descrita viola el artículo 2º del Convenio Nº 100 de la OIT, al disponer, en primer lugar, que todo Estado miembro debe garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la femenina por un trabajo de igual valor.

En segundo lugar, dicho Convenio establece que este principio se deberá aplicar por medio de la legislación nacional o a través de cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación, de contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores o, por último, de la acción conjunta de los medios anteriores.

Respecto de la experiencia en Chile, en el informe hay una serie de gráficos que dan cuenta del número de personas inscritas en el registro electoral por género, los afiliados a AFP, tipo de educación recibida por las mujeres, mujeres empleadas por categoría ocupacional y evolución de la renta media mensual.

Respecto de las características de la participación femenina en el mercado de trabajo, las desigualdades de género son evidentes en materia de desempleo, precariedad, seguridad social e ingresos por el trabajo.

En relación con la fuerza de trabajo y tasas de participación, en 1990 un 30,6 por ciento de la fuerza de trabajo estaba compuesta por mujeres. En 2004, aumentó a 35,6 por ciento.

Respecto de la seguridad social, la inserción femenina se caracteriza por sucesivas entradas y salidas de las ocupaciones remuneradas, lo que redunda en una desigualdad entre trabajadores y trabajadoras para vivir adecuadamente de su trabajo y aspirar a una pensión aceptable.

Los fondos acumulados de las AFP demuestran que existe una relación de 70 por ciento de fondos de hombres versus 30 por ciento en el caso de las mujeres, lo que demuestra que los hombres tienen más años de trabajo y, por ende, más cotizaciones y ahorro; en segundo lugar, mujeres y hombres cotizan en diferente porcentaje, lo que da cuenta de las diferencias de remuneraciones entre ambos: un promedio de 32 por ciento, el que aumenta a 50 por ciento cuando se trata de mujeres con estudios universitarios, de magíster y doctorado.

Respecto de la existencia de contrato de trabajo en el empleo femenino, abundan las mujeres ocupadas en empleos sin estabilidad, en los que es difícil identificar al empleador, donde las normas que protegen la maternidad de las trabajadoras son seriamente ineficaces. Parte importante del empleo femenino se efectúa sin el otorgamiento de contrato de trabajo, lo que deja a las trabajadoras en indefensión frente a su empleador.

La desigualdad en el ingreso laboral de hombres y mujeres es una realidad que arrastramos durante toda la década de los 90 y que continúa presente hasta el día de hoy, considerando la última medición realizada por la encuesta Casen de 2003. Si observamos la proporción del ingreso por hora promedio, se establece una mejoría tendiente a reducir la brecha en alrededor de 7 puntos porcentuales, lo que aún es insuficiente.

Una segunda variable a considerar es el nivel de educación formal alcanzado.

Según el Panorama Social de América Latina 2002-2003, de la Cepal, las mujeres chilenas con trece o más años de educación formal en sectores urbanos ganan el 54 por ciento del ingreso que obtienen los hombres. Es decir, la brecha aumenta en las mujeres con menos capacitación. Este porcentaje sólo es superado por Nicaragua.

En relación con la proporción relativa del ingreso promedio de la ocupación principal de las mujeres respecto de los hombres, según ocupaciones, las encuestas Casen de 1992, 1996, 2000 y 2003 señalan que, salvo en el caso de las Fuerzas Armadas, el ingreso de las mujeres aparece también más bajo que el de los hombres en todos los grupos ocupacionales y que en los sectores de más altos ingresos se aprecia la mayor diferencia.

Las trabajadoras sin calificación obtienen un ingreso mucho más cercano al de los hombres, pero se trata de ingresos que fluctúan alrededor del salario mínimo.

La última variable a considerar es el tamaño de empresa. Según los estudios, no es posible concluir si, a más o menos trabajadores, la relación se deteriora o mejora. Sin embargo, si se analizan los extremos, es decir, la gran empresa y la microempresa -salvo el segmento que va de 6 a 9 trabajadores que muestra un comportamiento errático-, la relación en general es menos favorable para las mujeres que en el caso de la pequeña y mediana empresa.

Respecto de los antecedentes de derecho, existe un amplio reconocimiento del derecho a la no discriminación en el ordenamiento jurídico internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y una serie de convenios de la OIT.

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce este derecho a través de tres normas constitucionales que fijan el marco a partir del cual se estructura el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en Chile: los artículos 1º; 19 Nº 2, que establece la igualdad ante la ley, y 19 Nº 16, que se refiere a la libertad de trabajo y su protección, donde se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, es decir, no se ampara ningún tipo de discriminación por sexo.

Por otro lado, está el Código del Trabajo, que en su artículo 2º, establece: “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación.” A continuación, el inciso tercero define los actos de discriminación.

Asimismo, el informe agrega detalladamente casos de la legislación comparada, analizados con ayuda de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde principalmente se citan las situaciones de España y de Francia.

En la Comisión intervinieron diversos invitados, como la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz , quien señaló que ha estado en algunas reuniones con empresas que se encuentran adhiriendo a la implementación nacional del Código de Buenas Prácticas Laborales, que tiene varios componentes, dentro de los cuales está trabajar por superar la brecha salarial. Manifestó que dicho trabajo programático con las empresas no tendría ningún valor si no se aprueban iniciativas como la que se discute.

Agregó que los rankings internacionales de participación económica demuestran que Chile desciende del lugar 26 al 110, cuando se habla de condiciones laborales de las mujeres. Así, este proyecto contribuye enormemente a subsanar y mitigar las mencionadas diferencias, en particular en relación con el tema de la brecha salarial respecto de las mujeres, la que va desde 30 por ciento, en promedio, hasta 56 por ciento en el caso de las mujeres con estudios de postgrado.

También citó el reciente Diagnóstico de Género en Chile, elaborado en conjunto con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio a su cargo, en el cual, sobre la base a una simulación económica, se estima que la eliminación de brecha de ingresos en razón de género implicaría una reducción de 8 por ciento de la extrema pobreza, y un aumento de 2 por ciento en el ingreso per cápita promedio.

La subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Carmen Andrade , explicó que existía la falsa creencia de que las mujeres hacían mayor uso de licencias médicas, lo que era desmentido por las cifras oficiales.

El ministro del Trabajo, señor Osvaldo Andrade , señaló que existen dos problemas de los que hay que hacerse cargo: la lentitud en la incorporación de la mujer al mercado del trabajo y la denominada brecha salarial.

El asesor legislativo del ministro del Trabajo, señor Francisco del Río, manifestó que la propuesta parlamentaria aborda un tema ya considerado en el Código del Trabajo, a través de las modificaciones que introdujo en su artículo 2º la ley Nº 19.759. Destacó como interesante el aporte de la moción en orden a no establecer diferencias que solamente señalen el perjuicio de la mujer, puesto que la discriminación puede presentarse también en perjuicio del trabajador masculino en determinadas actividades de mayoritaria presencia femenina.

Añadió que la OIT, por su parte, ha desarrollado el tema de la no discriminación principalmente a través del Convenio 100.

Finalmente, reiteró el apoyo del ministerio del Trabajo al proyecto, con algunas aprensiones respecto del registro, que explicaré más adelante.

Las representantes de la Comunidad Mujer se refirieron a una serie de mitos existentes en torno al trabajo de las mujeres, como que su aporte es secundario en el hogar, o que contratar a una mujer es mucho más caro.

Manifestaron que en las familias en que hombre y mujer trabajan, esta última contribuía, en promedio, con el 31 por ciento de los ingresos. Agregaron que, de acuerdo a cifras de 2003, el 32 por ciento de los jefes de hogar eran mujeres, aumentando este porcentaje en los quintiles de más bajos ingresos.

Del mismo modo, estimaron que la norma debería indicar las instancias donde se puede recurrir en caso de discriminación y las sanciones, ya que sin un efecto coercitivo la norma resultaría inoperante.

Por su parte, la representante del Instituto Libertad y Desarrollo indicó que la evidencia empírica en nuestro país sobre este tema no era concluyente.

Los representantes de Conapyme señalaron que la redacción original del proyecto perjudicaba directamente a las pequeñas y medianas empresas. En todo caso, manifestaron que, de implementarse estas soluciones, debiera considerarse para empresas con más de 30 trabajadores. Esta proposición fue acogida y a través de una indicación se estableció para estos efectos un mínimo de 50 trabajadores, cuya contabilización se remitirá a los trabajadores permanentes.

También se escuchó a la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, señora Rosalba Todaro , y al profesor de Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Eduardo Caamaño Rojo.

Descripción del proyecto.

Consta de un artículo único mediante el cual agrega un artículo 62 bis, nuevo, en el Código del Trabajo, el que, por una parte, declara que en materia de remuneraciones deberá aplicarse el principio de igualdad entre el trabajo masculino y femenino por un servicio de igual valor, y, por la otra, con el fin de cumplir ese objetivo, obliga a los empleadores que tengan cinco o más trabajadores a mantener un registro sobre sus cargos o funciones que ejerzan, con designación del número y nombre de los mismos; tal registro la norma lo coloca a disposición de sus trabajadores y del inspector del trabajo que corresponda.

Síntesis de la discusión en general.

Algunos parlamentarios señalaron que era una necesidad legislar sobre este tema. Sin embargo, estimaban que el proyecto debía ser reforzado con mecanismos que permitan dar mayor fuerza al principio de no discriminación, obligando a los empleadores a no establecer diferencias entre hombres y mujeres basándose en circunstancias ajenas a su desempeño laboral.

Otros parlamentarios comentaron que no les parecía adecuada la solución planteada, ya que la mantención del registro de trabajadores y sus funciones entrabaría el funcionamiento y desarrollo de las empresas de menor tamaño.

Asimismo, se mostraron más bien partidarios de un mecanismo claro que permitiera a los trabajadores hacer efectivos los derechos a reclamar cuando se sienten discriminados, reconociendo la posibilidad de que muchas veces a iguales funciones pueden legítimamente asignarse salarios distintos.

Los integrantes de la Comisión coincidieron en que se debe determinar algún procedimiento que pueda incoarse al interior de la empresa, sin necesidad de judicializar desde un primer momento cualquier reclamo de los trabajadores en relación a acciones de discriminación salarial.

A la mayoría de los integrantes presentes las observaciones planteadas por los dirigentes de las pequeñas empresas les hizo mucha fuerza y concordaron en que debía elevarse -como se hizo- el umbral mínimo de trabajadores.

La Comisión, en consideración a las aprensiones manifestadas, acordó solicitar a los representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Servicio Nacional de la Mujer, la presentación de propuestas que recogieran el debate y lograran concordar un texto que, por una parte, mantuviera la idea matriz y, por la otra, compatibilizara sus normas con las ya existentes, en términos de no innovar en materia de obligaciones para las empresas de menor tamaño.

Votación.

La Comisión procedió a aprobar la idea de legislar por mayoría de 5 votos a favor y 1 abstención.

En particular.

El Ejecutivo, representado por la ministra del Sernam y sus asesores, y el asesor legislativo del ministro del Trabajo y Previsión Social, presentó una propuesta a la Comisión. La mayoría de sus integrantes presentes estuvieron de acuerdo con ella y la hicieron suya porque estimaron que, por un lado, perfecciona el artículo único del proyecto y, por otro, introduce elementos nuevos que recogen las aprensiones antes señaladas.

En consecuencia, la Comisión acordó tratar el proyecto en estudio tanto en su proposición original contenida en un artículo único como en las indicaciones que le agregan nuevas proposiciones, en el orden en que modifican el Código del Trabajo, a saber:

Artículo nuevo. (Pasó a ser artículo 1º).

Los abogados asesores del Sernam explicaron que la proposición incorpora en el artículo 2º del Código del Trabajo un principio general que establece que son actos de discriminación las diferencias de remuneraciones en trabajos de igual valor, basados en criterios distintos de la naturaleza técnica del trabajo que se realiza. Aquí se resaltan dos conceptos: el de “trabajo de igual valor” y el de “naturaleza técnica del trabajo que se realiza”.

Para determinar trabajos de igual valor debe aplicarse alguno de los diversos métodos de evaluación objetiva y se otorga relevancia a la idea de que las diferenciaciones deben estar fundadas en la naturaleza y características del trabajo.

Algunos diputados plantearon que se debían incorporar criterios de productividad o idoneidad en la valoración del trabajo. A ese respecto, el Ejecutivo recordó que en un primer momento, la OIT también se centró en la naturaleza del trabajo a la hora de reconocer un criterio que sirviera de inspiración para los modelos de evaluación del trabajo. En su proposición se amplió el catálogo legal de diferenciaciones legítimas, para lo cual se incorporan la capacidad y la idoneidad, actualmente recogidas en el artículo 19 Nº 16 de la Constitución Política.

De esa manera, se equiparan los criterios constitucionales e internacionales para delimitar el campo de la discriminación en materia laboral.

Las señoras Allende , Muñoz , Saa y Valcarce , y los señores Ascencio , Jarpa ; Venegas, don Mario , y quien habla presentamos una indicación para agregar el siguiente artículo primero, pasando su actual artículo único a ser segundo:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2º del Código del Trabajo:

1.- En el inciso cuarto, agrégase el siguiente párrafo, pasando su punto aparte (.) a ser seguido:... “

El señor WALKER (Presidente).-

¿Me permite, señor diputado? Está terminando el tiempo destinado al Orden del Día. Su señoría ya expuso el tema en debate en general. Por lo tanto, le pido que redondee su informe para los efectos de pasar al siguiente proyecto en Tabla.

El señor DÍAZ (don Eduardo).-

Sí, señor Presidente.

El texto del proyecto aprobado está en el escaño de cada diputado, por lo que entiendo que están todos muy bien informados.

Por lo tanto, sólo procede votar en virtud de ello.

El señor WALKER (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para que las señoras diputadas y los señores diputados que no han podido hacer uso de la palabra, puedan insertar sus discursos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor WALKER (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión respectiva para segundo informe.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

-o-

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY Nº 18.450, DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE. Primer trámite constitucional.

El señor WALKER (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, en primer trámite reglamentario y primero constitucional, sin urgencia, el proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Farías , Barros , Enríquez-Ominami , Lobos, Martínez , Núñez , Pérez, Tuma, y de las diputadas señoras Adriana Muñoz y quien habla, que modifica el artículo 7º de la ley Nº 18.450, de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje.

La idea matriz que inspira esta iniciativa legal radica en dejar de hacer exigible, desde su entrada en vigencia y hasta el día 1 de enero de 2010, la obligación del inciso séptimo del artículo 122 del Código de Aguas, relativa a la inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, para los efectos de cursar la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje a que se refiere la ley Nº 18.450.

El Código de Aguas, en su artículo 122 crea el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aguas, en el que se consignen todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso hídrico, las obras de desarrollo del mismo, los derechos de aprovechamiento, los derechos reales constituidos sobre éstos y las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. El Reglamento del Catastro Público de Aguas fue aprobado por el decreto supremo Nº 1.220, de 1998.

Dicho Código estableció, además, que los derechos de aguas deben expresarse en unidad de volumen por unidad de tiempo -litros por segundo-, y no en lo que se estaba haciendo hasta la fecha, en acciones de agua.

Luego de las modificaciones que le fueron introducidas mediante las leyes Nºs 20.017 y 20.099, el citado Código estableció, en el inciso séptimo de su artículo 122, restricciones específicas para optar a los beneficios de la ley de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje Nº 18.450, según se transcribe a continuación:

“Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, cuyos derechos reales se encuentren en trámite de inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, podrán participar en los concursos públicos a que llame la Comisión Nacional de Riego de acuerdo con la ley Nº 18.450, que aprobó normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, sólo podrá cursarse cuando el beneficiario haya acreditado con la exhibición de copia autorizada del registro ya indicado, que sus derechos se encuentran inscritos.”

Por lo tanto, se condiciona el pago del Certificado de Bonificación a la acreditación del registro efectivo de los derechos, mediante exhibición del certificado de registro de los derechos de aguas en el Catastro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.

Los requisitos mencionados anteriormente han significado serios inconvenientes a los postulantes a los beneficios de la ley Nº 18.450. En los concursos de 2006 en adelante, menos del 30 por ciento de los postulantes cuenta con inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces que cumplen con la exigencia de estar expresados en litros por segundo y poseen las características esenciales del derecho, según lo dispone el artículo 45 del Reglamento del Catastro, y por consiguiente, cumplen con los requisitos para solicitar su registro en el mencionado Catastro.

El 70 por ciento restante corresponde a pequeños agricultores y ésta es una de las preocupaciones fundamentales de esta modificación.

Todo lo anterior significa plazos y costos adicionales que entorpecen drásticamente la opción de los usuarios de menores recursos para acceder a los beneficios de la ley Nº 18.450.

Actualmente, la Comisión Nacional de Riego no puede cursar el pago de casi 14 mil millones de pesos, lo cual afecta principalmente a pequeños y medianos agricultores.

Por último, se debe tener presente el principio de la razonabilidad y de la confianza legítima, es decir, que no pueden dictarse leyes que priven derechos adquiridos o alteren el espíritu de legislaciones anteriores.

La Comisión aprobó, en forma unánime, el siguiente artículo único, que someto a conocimiento de la Sala:

“Artículo Único.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 7º de la ley Nº 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido(.), la siguiente oración:

“Para los efectos de cursar la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, no será exigible, hasta el 1º de enero de 2010, la obligación establecida por el artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas, relativa a la inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular.

Despachado el proyecto.

VI.PROYECTOS DE ACUERDO

PLAN ESTRATÉGICO PARA DESARROLLO DE COMUNA DE LONQUIMAY.

El señor WALKER (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-

Proyecto de acuerdo Nº 399, de los diputados señores Estay, Quintana ; Díaz, don Eduardo ; Venegas, don Mario ; García , Arenas, Saffirio , Meza , Tuma y Becker , que en su parte resolutiva dice:

“La Cámara de Diputados acuerda:

Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que:

1. Elabore un plan estratégico para el desarrollo de la comuna de Lonquimay, de forma tal de establecer incentivos de distintos carácter al objeto de impulsar decisivamente su desarrollo económico y plena integración al resto del territorio.

2. Envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare a la comuna de Lonquimay como zona extrema o, en su defecto, un proyecto de ley que establezca incentivos para el desarrollo económico de la comuna de Lonquimay”.

MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE LICENCIAS MÉDICAS Y SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL.

El señor WALKER (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor WALKER (Presidente).-

Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado Eduardo Saffirio.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, lo que estamos pidiendo mediante este proyecto de acuerdo es, simplemente, una adecuación del régimen legal sobre licencias médicas y subsidio por incapacidad laboral.

Hay numerosas situaciones complejas, incluso, de desigualdad entre los sectores público y privado. A veces, las personas consideran que sus licencias médicas son rechazadas sin motivos fundados -es decir, no les dan explicaciones-, lo que las hace sentirse discriminadas. Incluso, hay ciertos detalles que provocan problemas a trabajadores y trabajadoras que necesitan una licencia médica, como tener que tramitar un certificado adicional porque los formularios no tienen los espacios suficientes.

De manera que creemos que su excelencia la Presidenta de la República está en condiciones de ordenar que se realice una adecuación de la normativa sobre la materia, porque la legislación existente requiere ajustes y cambios importantes. Probablemente, si la instancia que tiene atribuciones para ello -en este caso, el Ejecutivo-, enviara un proyecto de ley, se podrían incluir en él otras materias.

Por conversaciones no oficiales que hemos sostenido sobre el tema, sabemos que hay sectores del Ejecutivo muy sensibles a estudiar lo que estamos pidiendo. Un proyecto podría ser el piso para una nueva legislación, sin perjuicio de que se hicieran otras adecuaciones sobre la realidad que hoy presenta desajustes, injusticias, problemas prácticos y discriminaciones que podríamos resolver.

Por eso, diputados de todas las bancadas, de la Concertación y de la Alianza por Chile, hemos presentado este proyecto de acuerdo, para cuya aprobación pedimos el voto favorable de la honorable Sala.

He dicho.

El señor WALKER (Presidente).-

Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente, sólo para respaldar lo manifestado por el diputado Saffirio y agregar que es muy peculiar el sistema existente para otorgar subsidio por incapacidad laboral, es decir, licencias médicas, debido a que tanto las isapres como las compin se transforman en jueces y parte.

¿Por qué digo esto? Porque cuando un paciente es examinado por su médico y le otorga una licencia porque el reposo es parte del tratamiento que requiere para recuperarse de alguna enfermedad o dolencia, de manera arbitraria y unilateral, sin que medie evaluación médica alguna -para qué hablar de un especialista en la enfermedad del paciente- la isapre le pone un timbre a la licencia que dice que debe ser modificada. Habitualmente -esto es lo más llamativo-, se acorta el tiempo de la licencia o, simplemente, se rechaza.

Llama la atención que jamás un médico se haya equivocado al otorgarle al paciente menos días del reposo que requiere; siempre ocurre lo contrario: le da más días. Por eso, es necesario que el Ejecutivo envíe un proyecto en este sentido.

La segunda cuestión que quiero plantear se relaciona con la extensión de la licencia. Si le da diez días de reposo, sólo le van a pagar siete, porque le descuentan los tres primeros. Entonces, en la práctica, esto es un incentivo para que el médico tratante le dé a su paciente más días que los que necesita, precisamente, para lograr que reciba la totalidad del subsidio. Asimismo, como dice el diputado Saffirio, el sistema es discriminatorio, porque en el sector público al paciente se le pagan todos los días no trabajados.

Por eso, espero que este problema sea resuelto mediante un proyecto de ley que envíe el Ministerio de Salud a las comisiones de Salud y de Trabajo de la Cámara.

He dicho.

CREACIÓN DE COMUNA DE DICHATO.

El señor WALKER (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor WALKER (Presidente).-

Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.

La señora PACHECO (doña Clemira).-

Señor Presidente, Dichato es una localidad que pertenece a la comuna de Tomé. Es un hermoso balneario, considerado uno de los más importantes de la zona, ubicado a 45 kilómetros de Concepción, capital de la provincia.

Cabe hacer notar que esa comunidad tiene una estimación demográfica de casi 5 mil habitantes y que dentro de la misma Región del Biobío existen otras comunas que poseen una población muy inferior a la de Dichato.

Durante los últimos años, esa localidad, compuesta también por otros sectores como Menque, Chupallar , El Mirador, Puda , Merquiche , Coliumo , San Luis Norte, Los Aromos y el hermoso balneario de Pingueral, ha crecido enormemente de la mano del comercio y de la industria turística, los que han invertido en forma considerable en el desarrollo inmobiliario. Todo ello ha sido acompañado de una importante inversión fiscal en alcantarillado, pavimentación, iluminación pública e infraestructura portuaria avaluada en varios millones de pesos. En esa línea, la empresa Essbío pronto construirá una moderna planta de tratamiento de agua. Eso acrecienta la importancia económica y social de esa localidad.

Por lo tanto, este proyecto de acuerdo viene a traducir en palabras un anhelo añorado por los miles de habitantes de Dichato, comunidad que tiene más de 100 años de historia, siempre ligada a la pesca, al comercio y al turismo, industria que la ha dado a conocer al país entero.

El enorme potencial de esa localidad refuerza nuestro compromiso con sus habitantes con el objetivo común de convertirla prontamente en una comuna, para que el progreso esperado vaya de la mano con un eficiente sistema de administración municipal, a fin de dotar a esa comunidad de los servicios públicos necesarios para su real inserción dentro del desarrollo económico del país.

La idea de crear la comuna de Dichato también cuenta con el apoyo del alcalde de Tomé, don Eduardo Aguilera, y de los concejales Patricio Aguilera, Carlos Lagos , Narciso Cortés , entre otros.

He dicho.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-

Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, adhiero completamente a lo expresado por la diputada Clemira Pacheco respecto de las necesidades y aspiración de la comunidad de Dichato para convertirse en comuna.

Hemos concurrido transversalmente a la presentación de este proyecto de acuerdo, porque creemos que esa localidad merece tener esa oportunidad. El movimiento nace de la comunidad misma, a través de sus distintas organizaciones, como juntas de vecinos, clubes deportivos, talleres laborales, sindicatos de pescadores artesanales. En definitiva, todas sus fuerzas vivas esperan que esta iniciativa se convierta en realidad. Ojalá que la Presidenta de la República acoja el sentimiento de los dichatinos.

Los siguientes concejales, que se suman a los que mencionó la diputada Clemira Pacheco , también apoyan esa aspiración: Luis Aguilera , Humberto Quezada e Ivonne Rivas. Todos han estado haciendo gestiones junto a los vecinos y a los diputados del distrito para sensibilizar a las distintas autoridades a fin de que a Dichato se le dé la categoría de comuna, que será el primer peldaño para lograr su progreso y desarrollo futuro. Todos los involucrados en esta idea, esperamos que eso sea una realidad en el corto plazo.

He dicho.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.

Ofrezco la palabra.

En votación.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Araya Guerrero Pedro ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; Hernández Hernández Javier ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; León Ramírez Roberto ; Masferrer Pellizzari Juan ; Mulet Martínez Jaime ; Norambuena Farías Iván ; Ojeda Uribe Sergio ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Rossi Ciocca Fulvio ; Rubilar Barahona Karla ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Sule Fernández Alejandro ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe