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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 98ª de la presente legislatura, en 19 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 104ª de la presente legislatura, en 15 de diciembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En reemplazo del diputado Fidel Espinoza, rinde el informe el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley en estudio, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, originado en mociones refundidas, la primera, de los honorables senadores señores José García, Juan Pablo Letelier , Carlos Montes , Manuel José Ossandón y Víctor Pérez (boletín N° 9939-14), y la segunda, del honorable senador señor Eugenio Tuma (boletín N° 10076-14).
El proyecto consiste en establecer procedimientos especiales para regularizar determinadas viviendas y edificaciones que han sido construidas sin contar con el respectivo permiso o que, contando con este, no han obtenido su recepción definitiva.
La comisión contó con la asistencia de la señora Paulina Saball , ministra de Vivienda y Urbanismo, y de los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señora Jeannette Tapia y se��or Enrique Rajevic .
Discusión general y particular
La ministra Paulina Saball hizo presente que el propósito del proyecto es reconocer una situación de hecho que afecta a numerosas edificaciones construidas sin el correspondiente permiso y/o recepción, y posibilitar su regularización, garantizando la estabilidad, habitabilidad y seguridad de las edificaciones. En este caso, se trata de regularizar construcciones completas y no solo sus ampliaciones, como se ha hecho en otras oportunidades, como en la denominada “ley del mono”.
El proyecto consta de cuatro títulos. El primero de ellos se refiere a la regularización de viviendas; el segundo, a la de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social; el tercero, a la de viviendas financiadas con subsidio y destinadas a los damnificados del 27-F (las llamadas “viviendas tipo”), y el cuarto contiene disposiciones generales.
En el primer caso, las viviendas que se desee regularizar deben cumplir con los siguientes requisitos:
-Haber sido construidas antes de la publicación de la ley en proyecto;
-No estar emplazadas en áreas de riesgo, de protección, declaradas de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público;
-No tener reclamaciones por incumplimiento de normas urbanísticas;
-Cumplir con las normas mínimas de habitabilidad, de seguridad y de estabilidad que se establecen en el mismo proyecto según los casos (más exigentes para viviendas de más de 90 y hasta 140 metros cuadrados construidos), y con las aplicables a las instalaciones interiores que correspondan (agua, luz, etcétera);
-Solicitar la regularización dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de publicación de la ley, y
-Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento, tratándose de viviendas de hasta 90 metros cuadrados, o de hasta 2.000 unidades de fomento, si la superficie construida excede esa cantidad y no sobrepasa los 140 metros cuadrados, distinción que obedece fundamentalmente a las distintas situaciones socioeconómicas de las familias.
Para efectos del pago de derechos municipales, se vuelve a distinguir en función del tamaño de las viviendas. Así, las de hasta 90 metros cuadrados, cuyo avalúo fiscal no supere las 400 unidades de fomento, pagarán el 25 por ciento de esos derechos, mientras que las que excedan las 400 unidades de fomento de avalúo fiscal pagarán el 50 por ciento de ellos, salvo si sus propietarios son adultos mayores de 60 años o más, o personas con discapacidad, pues todos ellos estarán exentos de pago. En tanto, las viviendas de hasta 140 metros cuadrados pagarán la totalidad de los derechos municipales, que equivalen al 1,5 por ciento del valor del respectivo proyecto, porque se entiende que lo que sus propietarios requieren son facilidades para efectuar el trámite de regularización y no un subsidio al pago de los derechos municipales correspondientes.
Intervinieron en el debate los diputados señores Tuma , Sandoval , Fidel Espinoza , la señora Alejandra Sepúlveda y quien habla, quienes pidieron aclarar cuáles serán las normas urbanísticas aplicables a la regularización de viviendas en este caso y su diferencia con las “leyes del mono” anteriores y cómo se asegurará su cumplimiento. Asimismo, solicitaron conocer detalles sobre la regularización de viviendas rurales, especialmente en lo que atañe a la exigencia de contar con conexión a redes de agua potable, ya que muchas de ellas se proveen de este elemento mediante pozos individuales.
La ministra de Vivienda y Urbanismo señaló que las normas urbanísticas aplicables a este nuevo proceso de regularización de construcciones son las establecidas en el artículo 1° del proyecto, que son mucho más flexibles que las exigibles por aplicación de las reglas generales.
En cuanto a la forma de asegurar su cumplimiento, hizo notar que el Título IV de la ley en proyecto contempla la posibilidad de destinar recursos públicos asociados al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios a familias que necesiten adecuar sus viviendas para cumplir con los requisitos que les permitan regularizarlas.
Por otra parte, en los artículos 2° y 6° (este último para el caso de las edificaciones destinadas a microempresas y equipamiento social), se establece que un arquitecto u otro profesional competente, según las definiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será el responsable de suscribir las especificaciones técnicas, croquis de emplazamiento y demás documentos que se mencionan en la letra b) de los referidos preceptos, así como de certificar el cumplimiento de los requisitos que enumera la letra c) de ambas disposiciones.
Respecto de las anteriores “leyes del mono”, recordó que ellas tenían por objeto regularizar la ampliación no autorizada de viviendas, y no viviendas completas, como ahora, pero se relacionan con el proyecto en análisis porque las exigencias de estabilidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones que ahora se establecen son las mismas que se impusieron antes, rebajándolas al mínimo indispensable para no poner en riesgo a sus habitantes.
En cuanto a las viviendas rurales, señaló que ellas deberán cumplir las mismas normas urbanísticas mínimas que establece el proyecto para las emplazadas en zonas urbanas, pero no se innova en cuanto a las normas sanitarias exigibles, pues unas y otras deben observar aquellas relativas a las instalaciones interiores que corresponda. Esto quiere decir que las viviendas rurales están abiertas a toda la gama de soluciones posibles, según la normativa vigente, en materia de agua potable y evacuación de aguas servidas.
La ministra de Vivienda y Urbanismo se refirió al contenido del Título II del proyecto. Destacó que los requisitos que deben cumplir las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y a equipamiento social son los mismos que los establecidos para las viviendas a que se refiere el Título I, salvo en lo relativo a su tamaño (superficie no superior a 250 metros cuadrados para las microempresas y hasta 400 metros cuadrados para equipamiento social), sin consideración del avalúo fiscal.
El diputado señor Fidel Espinoza consultó por la regularización de aquellas edificaciones emplazadas en terrenos ajenos entregados en comodato por largo tiempo. La ministra de Vivienda y Urbanismo acotó que el proyecto no innova en cuanto a la regularización de la propiedad raíz, pero en cualquier caso las edificaciones podrán ser regularizadas a solicitud del dueño del terreno.
Continuando con su exposición, señaló que el Título III del proyecto se refiere a una situación muy específica, que tiene que ver con las casas construidas en el marco del proceso de reconstrucción de aquellas viviendas que resultaron dañadas por el terremoto del 27-F. Estas deben corresponder a proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por los Serviu o el Minvu; cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), conforme a las cuales se aprobó el permiso (viviendas tipo); estar emplazadas en las zonas de catástrofe a que se refiere el decreto supremo Nº 150, de 2010, del Ministerio del Interior, y haber sido destinadas a una persona inscrita en el registro de damnificados.
Por último, el Título IV se refiere a las funciones de las direcciones de obras municipales y a la responsabilidad de los profesionales en los términos ya descritos. Añadió que tratándose de copropiedades se deberá acompañar el acuerdo de la respectiva asamblea para efectuar el trámite de regularización; que el Minvu podrá otorgar subsidios e invertir recursos para hacer posibles las regularizaciones -exigencia de la Contraloría General de la República para tomar razón del decreto que modifica el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios-, y que la División de Desarrollo Urbano (DDU) podrá capacitar e impartir instrucciones para la aplicación de la ley, exigencia del Senado de educar a los usuarios para prevenir la irregularidad.
El proyecto fue aprobado en general por siete votos a favor y una abstención.
Puesto en votación en particular, el proyecto fue aprobado por las diputadas señoras Cariola , doña Karol , y Carvajal , doña Loreto , y por los diputados señores Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; León, don Roberto ; Sandoval, don David , y Tuma, don Joaquín . Se abstuvieron la diputada Sepúlveda , doña Alejandra , y el diputado Pilowsky, don Jaime .
Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda la aprobación del texto del proyecto de ley que figura en el informe que cada uno de los diputados tiene en su poder.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, no pertenezco a la Comisión de Vivienda, pero me parece muy bien que el diputado informante haya sido mi colega de bancada señor René Manuel García .
Uno de los grandes problemas que tiene la Región de La Araucanía es el alto nivel de vulnerabilidad y pobreza. Su gente, con esfuerzo, ha podido mejorar sus viviendas, tanto en el sector urbano como en el rural.
El proyecto viene a entregar una solución a ese tipo de problemas. Por lo tanto, manifiesto desde ya que lo votaré favorablemente, a fin de que se pueda convertir en ley y beneficie a mucha gente, particularmente de la Región de La Araucanía, zona vulnerable, caracterizada por su pobreza, bajo crecimiento y, actualmente, por sus niveles de cesantía.
Este tipo de iniciativas, que vienen a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, son las que van en el sentido correcto y las que quisiéramos permanentemente respaldar en el Congreso Nacional, porque benefician sin distinción ni discriminación a todas las personas.
Antes de terminar, quiero saludar a la ministra, quien se encuentra presente en la Sala.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, quiero saludar a la ministra de Vivienda, señora Paulina Saball, y felicitarla por su activa participación en la solución de problemas importantes y básicos de la ciudadanía, en especial de los más vulnerables.
Luego de aprobar dos “leyes del mono”, hoy aprobaremos una solución para aquellas viviendas sociales que se construyeron entre 1965 y 1973, época en la que se fomentó la denominada autoconstrucción individual, lo que dio lugar a la edificación de viviendas que no cuentan con permisos ni recepción de las respectivas municipalidades. Lo anterior ha provocado que queden al margen de toda legislación, manteniéndose, hasta la fecha, en una condición postergada.
Esos inmuebles han perdido valor económico por estar en la situación descrita, y muchas veces constituyen el patrimonio total de la familia, tras una vida de esfuerzo.
La imposibilidad de regularizar la vivienda en que habitan profundiza las condiciones de vulnerabilidad social de las familias, porque ven disminuido su patrimonio y, a la vez, cuentan con menos oportunidades para elevar su nivel de vida a partir de la libre disposición o mejoramiento de su bien raíz.
Es posible apreciar que se encuentran en esta situación emprendimientos de menor tamaño, microempresas y pequeñas empresas que se emplazan en o junto a las viviendas mencionadas, al igual que diversas infraestructuras destinadas al uso comunitario, como sedes sociales.
Luego de fusionar ambos proyectos de ley, el 28 de agosto de 2015 el Ejecutivo presentó una indicación que sustituyó los textos propuestos en las dos iniciativas parlamentarias refundidas.
Los requisitos para la regularización de viviendas son:
-Haber sido edificadas antes de la publicación de la ley;
-No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público;
-Tener un aval��o fiscal inferior a 1.000 unidades de fomento;
-Que su superficie no sea superior a 100 metros cuadrados construidos;
-No tener reclamaciones por incumplimiento de la normativa urbanística;
-Cumplir con las disposiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad que se expresan, y
-Presentar la solicitud dentro de los tres años contados desde que entre en vigencia la ley. En este procedimiento de regularización los propietarios deberán entregar su petición acompañada de una declaración simple que los identifique como tales y en que atestigüen que no hay reclamaciones en contra a causa del bien raíz.
Las especificaciones técnicas resumidas son las siguientes:
-Un plano firmado por un arquitecto;
-Un informe de un profesional que certifique el cumplimiento de las normas ya mencionadas;
-La Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de 90 días, verificará exclusivamente que la vivienda no esté situada en zonas antes consignadas y que se ha presentado la documentación exigida.
Como se aprecia, el procedimiento es bastante simple. La finalidad es que todas las personas puedan regularizar su situación.
En cuanto a los derechos municipales, se consideraron rebajas por tramos. Las viviendas cuyo avalúo fiscal sea de hasta 400 UF pagarán 25 por ciento de los derechos municipales; las viviendas que superen dicha suma, 50 por ciento.
Además, se incorpora un factor novedoso: los adultos mayores cuya edad supere los 60 años y las personas con discapacidad estarán exentos del pago de derechos municipales.
Los mismos requisitos exigidos para regularizar viviendas se aplican a la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social. Sin embargo, en cuanto a la superficie, se exige que la microempresa no supere los 250 metros cuadrados, superficie suficiente para que funcione una microempresa que no ha regularizado su situación. El límite será de 400 metros cuadrados en el caso de equipamiento social.
Tenemos muchas sedes sociales que no cuentan con recepción municipal regularizada. Hasta hoy, viviendas, sedes sociales y microempresas no pueden acceder a muchos de los beneficios a que se puede postular a través de distintas entidades fiscales.
En el caso de las microempresas y el equipamiento social, el procedimiento es muy similar al que acabo de explicar, con la diferencia de que, en este caso, el director de Obras Municipales contará con 180 días para otorgar el certificado, si fuere procedente. En estas situaciones no se harán rebajas en el pago de derechos municipales, pero la municipalidad deberá otorgar la patente correspondiente que permita a la empresa seguir operando. Esto es muy importante, porque la microempresa familiar muchas veces no puede obtener patente ni tampoco resoluciones sanitarias cuando no tiene regularizada la situación ya descrita.
En el caso de la regularización de viviendas financiadas con subsidios otorgados para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, este proyecto de ley también incluye una solución.
Primero, debe tratarse de proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por el Serviu o el Minvu. Segundo, deben cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a las cuales se aprobó el permiso. Por último, deben estar emplazadas en zonas de catástrofe, de acuerdo al decreto supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de marzo de 2010, y haber sido destinadas a una persona inscrita en el registro de damnificados.
Por todo lo anterior, me parece de suma importancia que votemos a favor el proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, este es un gran proyecto. Lo voté a favor en la comisión, pero quiero dejar constancia, para los efectos del acta, que en esta ocasión no podré votar, porque le otorgué pareo al colega Celso Morales, que se encuentra delicado de salud. Espero que tenga una pronta recuperación. Con todo, no por eso voy a dejar de hablar a favor del proyecto.
Este proyecto representa un avance en la solución de una actividad que ocurre en distintas partes de nuestro país. Me refiero a la autoconstrucción o a la construcción “en la medida de lo que yo puedo”.
Vemos que se han ido construyendo distintas villas, pero cuando llega el minuto de postular a beneficios nos damos cuenta de que no están regularizadas. Por eso esta iniciativa, presentada por distintos parlamentarios -el Ejecutivo presentó indicaciones-, sin duda va en la línea correcta.
Otros señores parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra han destacado la importancia que esto tiene para La Araucanía. Sin embargo, en mi condición de presidente de la Comisión de Vivienda, me he dado cuenta de que la iniciativa será de utilidad también en otras zonas del país. Por ejemplo, el diputado Juan Morano me ha hablado varias veces sobre la importancia de la misma para Magallanes. Hay zonas históricas de Punta Arenas, como la población Dieciocho de Septiembre, el barrio Prat Sur y la Villa Croata, que acarrean los problemas descritos en la iniciativa y que deben avanzar en solucionarlos. Para eso es vital que rápidamente el proyecto se transforme en ley.
Me llamó la atención y me gustó la condición que establece el proyecto, cual es que debe tratarse de viviendas que no se ubiquen en zonas de riesgo de desastres. Si bien es cierto que la prevención de riesgos de desastres empieza a manifestarse con mayor claridad desde el terremoto del 2010, es un criterio que siempre deberíamos mantener. En Chile deberían existir normas para que, antes de autorizar la construcción de viviendas, escuelas, policlínicas u hospitales, se emita un informe que certifique que el emplazamiento elegido está exento del riesgo de desastres, con las excepciones que sean del caso.
Los beneficiarios de la solución consignada en el proyecto deberán presentar su solicitud dentro de los tres años contados desde que entre en vigencia la ley en proyecto. Esperamos que el cuerpo normativo avance en la línea de ir favoreciendo a las distintas familias que, a lo largo y ancho de Chile, recurrieron a la autoconstrucción y aún no tienen sus viviendas regularizadas.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra Paulina Saball , quien nos acompaña en la Sala.
Quiero destacar el trabajo que se ha hecho para llegar a este punto. Me correspondió participar en la discusión de este proyecto en la Comisión de Vivienda. En diversas audiencias planteamos a la ministra la realidad que vive mucha gente a lo largo del país, en particular de la Región de Aysén, donde la autoconstrucción fue la solución para que muchas personas pudieran tener sus viviendas. Si muchos de quienes viven en sectores rurales, fronterizos y aislados no hubieran resuelto sus problemas de habitabilidad aplicando esa modalidad de construcción, todavía estarían viviendo bajo taperas, como se dice en la zona.
Recuerdo una serie de reportajes que se emitieron sobre los famosos “pueblos de plástico”, entre ellos Puerto Gala, Isla Toto o Puerto Gaviota. Mucha gente llegó a esas localidades motivada por el uso de los recursos marítimos, pero se instaló en condiciones de mucha precariedad y marginalidad habitacional.
Este es un problema que, en nuestro caso, afecta prácticamente a casi toda la región; a comunidades como Guaitecas, Melinka , Repollal , Islas Huichas , Puerto Aysén , Tortel y Cochrane. Creo que no hay comuna en la Región de Aysén en la que sus pobladores no hayan tenido que construir su solución habitacional, porque si esperaban al Estado, obviamente se les iba a generar una situación de absoluta precariedad en su calidad de vida.
También hay que agregar que esas personas construyeron sus casas sin ningún aporte del Estado; ni siquiera pidieron un clavo para ello. Las construyeron, las arreglaron y a lo largo de los años las ampliaron en función de sus posibilidades.
Por eso, me parece absolutamente válido, legítimo y razonable que el Estado les retribuya ese esfuerzo con un mecanismo que les permita regularizar sus viviendas.
Este proyecto permitirá que todas las familias que viven en autoconstrucciones, a lo mejor con dificultades de diversa naturaleza, ya que, por su antigüedad, muchas de ellas presentan problemas estructurales -comienzan a caerse los cimientos, las puertas no cierran y se les cuela el viento por todos lados porque no cuentan con las condiciones básicas de aislación térmica-, mejoren su calidad de vida. Particularmente, esta futura ley tendrá gran efecto en la Región de Aysén.
Pero ¿cuál es el sentido profundo del proyecto? Que permitirá a las familias no solo regularizar sus viviendas, sino también -lo más importanteacceder a la red de beneficios y de subsidios que el Estado está diseñando para que muchos chilenos mejoren su calidad de vida.
Si una familia vulnerable postula a una vivienda social, la que en el caso de Aysén y de Coyhaique alcanza el valor de 1.200 UF, puede acceder a un gran subsidio mediante el cual el Estado resuelve su problema habitacional. Sin embargo, las personas que ya construyeron sus casas no pueden acceder a ningún beneficio.
Por eso este proyecto es relevante. No me cabe la menor duda de que, tal como le dimos una rápida tramitación en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, será aprobado por nuestra bancada.
Con esta iniciativa lograremos regularizar una situación de hecho. Pero lo más significativo es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ya está construyendo una batería de soluciones, permitirá a muchas familias acceder a subsidios para que mejoren de manera sustantiva las viviendas que autoconstruyeron con sus propios medios.
No me cabe la menor duda de que este proyecto contará con el respaldo de nuestra bancada, porque es evidentemente social y porque resolverá muchos problemas de familias de adultos mayores y de habitantes de sectores rurales y de sectores costeros, quienes podrán dar un salto en su calidad de vida, lo cual necesitan, merecen y debe ser propiciado por el Estado.
Espero que este proyecto salve las dificultades que tiene actualmente la apertura del nuevo programa en materia de mejoramiento de vivienda, en el que estamos entrampados por temas reglamentarios en la Contraloría. A través de este mecanismo podrán abrirse las puertas para que muchas familias de la Región de Aysén postulen a beneficios del Estado y resuelvan sus condiciones de precariedad habitacional.
Por lo tanto, anuncio que nuestra bancada votará unánimemente a favor este proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, agradezco que este proyecto haya sido puesto en el primer lugar de la Tabla de esta sesión, como lo solicitamos, porque, tal como le consta a la ministra Paulina Saball , a quien aprovecho de saludar, es muy importante para la Región de Coquimbo en razón de los subsidios que en ella está entregando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En la Región de Coquimbo existen muchas viviendas antiguas, muy bonitas, grandes, de adobe, que no fueron construidas con apoyo de subsidio habitacional del Serviu y que no son viviendas sociales, sino viviendas de autoconstrucción, edificadas con mucho esfuerzo por sus propietarios. Cuando aprobamos la “ley del mono” -fui el principal autor de una de las iniciativas que disponía la prórroga de esa ley hace tres años-, esas viviendas no pudieron acogerse a dicha normativa porque no son viviendas sociales, sino de autoconstrucción. En ese momento, los propietarios de esas edificaciones tampoco pudieron regularizar, en virtud de la “ley del mono”, las ampliaciones de veinticinco metros cuadrados que hicieron a las mismas, porque las viviendas originales no tenían la recepción final ni el permiso de edificación.
De manera que felicito a los autores de este proyecto, a la ministra por haberlo patrocinado y haberle introducido indicaciones, y a los diputados miembros de la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, especialmente a los diputados Roberto León , Jaime Pilowsky y Claudio Arriagada , por la celeridad y seriedad con que lo aprobaron, pues permitirá que muchas viviendas de autoconstrucción que fueron afectadas por el terremoto y que sufrieron daños parciales se regularicen y que sus propietarios accedan al nuevo subsidio que el ministerio ha dispuesto para la reconstrucción parcial de la vivienda o para la reconstrucción de viviendas con daños menores, con asistencia técnica. Como señalé, muchos propietarios no podían hacerlo porque no contaban con la recepción final de la edificación original.
También existen viviendas de autoconstrucción en sectores rurales antiguos, como Tierras Blancas. Hay casas grandes en Ovalle que son de adobe y que sufrieron mucho daño con el último terremoto, cuyos propietarios tampoco pudieron acogerse a las sucesivas “leyes del mono” que permitían regularizar la ampliación de la vivienda.
Mediante esta iniciativa estamos enfrentando esa situación con prontitud, pero también con seriedad, toda vez que esta nueva normativa exige que, al momento de la regularización, las viviendas cuenten con condiciones de habitabilidad y de seguridad; por ejemplo, que tengan cortafuegos, y que intervengan profesionales para los efectos de certificar aquello.
No me cabe duda de que los municipios tendrán que jugar un rol muy importante a través de los departamentos de obras municipales en orden a facilitar a la gente el acceso a este nuevo beneficio.
Espero, ministra -por intermedio del señor Presidente-, que al igual como lo hicimos con la “ley del mono”, se elaboren, por ejemplo, formularios que faciliten a la gente el trámite respectivo a través de la página web del ministerio, y que con la ayuda y la asistencia de las direcciones de obras de los municipios, las personas de menores recursos puedan acceder a la regularización de sus viviendas con la mayor facilidad posible.
Por último, el proyecto permitirá que, al regularizarse, las viviendas estén afectas al impuesto territorial, lo que implicará un beneficio para los municipios. Las viviendas de autoconstrucción dejarán de estar en tierra de nadie y podrán ser bien catastradas para los efectos del pago de los derechos de aseo cuando corresponda, etcétera.
Estamos ante una excelente iniciativa, que espero que sea votada y aprobada en el día de hoy.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull.
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo y felicito a la ministra Paulina Saball y a todos quienes integran el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por los cincuenta años que cumple este organismo. Ha sido un ministerio relevante en materia de superación de la pobreza en nuestro país. Creo que el primer ministro fue el señor Modesto Collados , durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva . Es importante recordarlo.
También quiero celebrar junto con mis colegas el significado que tiene este proyecto para la gente de escasos recursos.
Sin embargo, señora ministra -por su intermedio, señor Presidente-, a usted, que ha recorrido todo el país y que está consciente de toda la problemática de cada una de las regiones de Chile, que ha hecho propia, quiero hacerle presente que en nuestra Región de Arica y Parinacota hay un tema adicional que debemos abordar, más allá de la regularización de las viviendas de autoconstrucción, que entrega tranquilidad a la gente.
Por cierto, regularizar las viviendas es regularizar una deuda que Chile tiene con sus habitantes. Recodemos que la mayoría de las poblaciones en regiones como la de Arica y Parinacota y la de Tarapacá se construyeron a partir de la entrega de terrenos en los cuales se emplazaron las viviendas, las que debían ser construidas a costo de las familias. Solo se les instaló una caseta sanitaria.
La materia que debemos abordar es la siguiente: en mi región -creo que también en la de Tarapacáhay sectores como el cerro La Cruz, la población Miramar , la población Ciudadela y la población Baquedano , que están emplazados en sitios de suelo salino.
Por lo tanto, si bien es necesaria la regularización de las viviendas, nuestra región también requiere de un apoyo transversal, es decir, no solo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino también de otras instituciones, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, respecto de la regularización del suelo en el que se emplazan las viviendas. Cabe señalar que las viviendas de los sectores señalados no pueden ser ampliadas ni mejoradas porque existe un informe que establece que están emplazadas en suelo salino.
Por lo tanto, solicito que la señora ministra tome en consideración esta particularidad que tiene mi región.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, me siento bien por la presencia de la ministra Paulina Saball en esta sesión. Su empuje en este proyecto ha sido muy importante. La felicito por ello y también a quienes estuvimos detrás de esta iniciativa.
No entraré en el detalle técnico del proyecto. Sí debo decir que el problema que le dio origen está presente en casi todo Chile. De acuerdo con algunos catastros hechos en su momento, existen 705 lotes irregulares; pero cabe advertir que son alrededor de 31.000 familias las que tienen el problema que el proyecto busca solucionar.
Por eso, me alegro de que el Ejecutivo, en su propuesta, no se limite a exigir estándares, sino que también se comprometa a brindar apoyo técnico y económico a aquellas familias que por su situación de vulnerabilidad estén impedidas de financiar las obras o reparaciones necesarias que viabilizan la regularización de sus viviendas. De esta forma, se plantea facultar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que pueda otorgar subsidios e invertir recursos destinados a ello, lo que permitirá generar programas en que no sea menester tener la recepción municipal para ser beneficiario, ya que su propósito será, precisamente, conseguirla.
Por lo anterior, agradezco una vez más, en nombre de muchas familias de la Región de Los Ríos, lo que significará este proyecto, iniciado en moción, apoyado por muchos de nosotros y muy considerado por la ministra Paulina Saball . Muchas gracias, señora ministra.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa contará con el respaldo de toda la bancada del Partido por la Democracia.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social tiene como objetivo abordar la situación de aquellas viviendas que no cuentan con recepción definitiva, ya sea total o parcial, y que se encuentran emplazadas en áreas urbanas o rurales.
Quiero destacar la disposición de la ministra y de sus asesores respecto de este proyecto, que, si bien tuvo su origen en mociones refundidas, incluyó una indicación del Ejecutivo que permitió mejorarlo y darle un cauce rápido.
El proyecto dispone que podrán obtenerse permisos de edificación y recepción definitiva, siempre que las viviendas cumplan los siguientes requisitos:
1. Haber sido construidas antes de la publicación de esta ley en proyecto.
2. No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial.
3. Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento.
4. Tener una superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no exceda de 90 metros cuadrados.
5. No tener a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o el juzgado de policía local respectivo.
6. Cumplir con las normas exigidas para garantizar habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan.
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados no debatió mayormente este proyecto, sino que acordó someterlo a votación rápidamente, pues consideró que aborda una materia que requiere una solución urgente, que beneficiará a muchas personas. Debido a lo anterior, fue aprobado en general y en particular en la misma sesión en que fue sometido por primera vez a la consideración de la comisión.
El proyecto también irá en ayuda de los adultos mayores y de las personas con capacidades diferentes, quienes quedarán exentos del pago de contribuciones. El resto pagará 25 por ciento de los derechos municipales.
Lo más importante es que al regularizar sus viviendas de autoconstrucción, muchas familias podrán optar a subsidios para mejorar, ampliar o reparar sus casas.
Esta nueva normativa no solo ayudará a muchas personas de las comunas de la provincia de Arauco, que conforman el distrito que represento, sino también a las autoridades de la zona, pues los subsidios que se otorgarán a las familias que regularicen sus viviendas de autoconstrucción permitirán que no se distraigan recursos de las comunas para esos efectos.
En nuestro país, muchas personas construyen sin solicitar un permiso previo; es más, varias no cuentan ni siquiera con la recepción definitiva de sus viviendas. Esa es una realidad.
Las regularizaciones son útiles no solo para obtener beneficios destinados al mejoramiento de las viviendas, sino también por motivos de seguridad urbanísticos, toda vez que permiten a las autoridades respectivas conocer en qué situación material habitan las personas de determinadas zonas geográficas.
No obstante lo anterior, una vez más hacemos presente que este tipo de leyes deben ser excepcionales. Se debe avanzar en entregar incentivos para promover que los ciudadanos, especialmente aquellos de zonas más vulnerables, obtengan los correspondientes permisos antes de iniciar cualquier proceso de construcción o ampliación en sus inmuebles.
No tengo ninguna duda de que la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar favorablemente este proyecto, porque va en el camino correcto y se orienta hacia lo que todos queremos en nuestras iniciativas: ayudar al que más lo necesita.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, agradezco la presencia de la ministra Paulina Saball en la Sala y su constante concurrencia a la Comisión de Vivienda. Ello permite mejorar los proyectos de ley relacionados con la vivienda y lograr una mejor comprensión de las situaciones que se observan en terreno respecto de esta materia.
Luego de conocer esta iniciativa en la Comisión de Vivienda, mi voto fue favorable en la votación general. Sin embargo, en la votación particular me abstuve por una razón bien especial y lógica, que seguro entenderán los colegas presentes: no tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad los distintos artículos ni de hacer las invitaciones respectivas.
La mayoría de la comisión estuvo de acuerdo -respetamos esa decisión en votar este proyecto de ley en general y particular en la misma sesión. Sin embargo, no me sentí con la capacidad ni la propiedad de votarlo conscientemente, como corresponde a una iniciativa con las implicancias que esta tiene. Pero, además, estoy absolutamente consciente de que se trata de un proyecto importante, pues aborda un tema que, por lo menos, a quienes trabajamos con el mundo rural nos preocupa.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto tanto en general como en particular. No obstante, quiero hacerle algunas preguntas a la ministra. Ello, a la luz de la lectura del texto propuesto y de la reflexión sobre esta materia, que no pude hacerla en la comisión y que ojalá sea factible realizarla hoy en esta Sala.
Me parecen bien los cuatro títulos en que se estructura la iniciativa, pues corresponden a lo que se busca lograr con ella y tienen un hilo conductor general, desde el punto de vista de las exigencias.
Señor Presidente, por su intermedio quiero hacerle dos preguntas a la ministra relacionadas con el artículo 15, que faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subsidios e invertir recursos destinados al financiamiento de los gastos y las obras necesarias para la regularización de viviendas.
En primer lugar, si una vivienda, después de ser evaluada por el profesional correspondiente en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad, no cumple estos requisitos, ¿es posible que el ministerio otorgue un subsidio para complementar aquello que falte? En este sentido, no me refiero a los subsidios para reparación y mejoramiento de la vivienda, sino a uno especial para que aquella que no cumple con las referidas exigencias lo pueda hacer.
Entonces, quiero que la personera nos aclare cuál es el alcance de los subsidios a que se refiere el artículo 15, pues, a mi juicio, deberían destinarse a dos fines: primero, a los gastos que signifique la contratación del profesional, con la finalidad de reunir toda la documentación requerida para obtener la aprobación de que se trata; segundo, para que la vivienda cumpla con los requisitos exigidos.
Eso como primera pregunta.
Mi otra consulta se relaciona con los profesionales que realizarán tales certificaciones. Ello, porque además, según entiendo, el director de Obras Municipales no tendrá todas las atribuciones que hoy posee, sino que solo deberá chequear que estén todos los antecedentes. Y tendrá 180 días para verificar si determinada vivienda está o no emplazada en un lugar de riesgo.
Si eso es así, quiero saber si habrá -ello ha sido así en otras situaciones tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el de Vivienda un listado de profesionales acreditados en la cartera del ramo, cuestión que no advertí en el proyecto. Ese listado permitirá a la gente acudir no a cualquier profesional, sino a aquellos calificados por dicho ministerio. Por ejemplo, que se diga: “Estos son los diez, quince, veinte profesionales facultados para hacer este tipo de certificación en la Sexta Región.”.
Ojalá que el Ministerio de Vivienda pudiera tener también un tipo evaluación, no sé si aleatoria, a fin de chequear si efectivamente las viviendas cumplen los requisitos que fija este proyecto, por lo menos en cuanto a habitabilidad, seguridad y estabilidad, y, además, todas las normas propuestas.
En esta iniciativa se establecen las características de las viviendas en los títulos I, II y III, que permiten clasificarlas y entender qué se les exigirá. Esto, a diferencia de lo que disponen las leyes más generales.
Por lo tanto, me gustaría que la ministra respondiera mis preguntas relativas al artículo 15, y en lo referente al registro de profesionales, si este existirá, y de ser ello efectivo, cuáles serán sus características y exigencias.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo.
En verdad, no puedo estar más contento por el proyecto de ley en debate, porque dice relación con una antigua preocupación que comparto con otros colegas.
En el primer gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet fui promotor de un cuerpo legal que hoy conocemos como “ley del mono”. Cuando en ese gobierno la primera mandataria creó dos nuevos subsidios, los de reparación y de ampliación de vivienda, hubo una condición básica para acceder a tales beneficios, cual es que las viviendas tuvieran el respectivo permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales.
Con el apoyo del gobierno, y en particular de la Comisión de Vivienda, logramos aprobar la mencionada iniciativa. Desgraciadamente, esa ley se quedó corta en cuanto a sus alcances, toda vez que en el Senado se restringió el ámbito de su aplicación hasta solo 25 metros cuadrados de ampliación. Así, quedaron fuera del beneficio una enorme cantidad de viviendas que corresponden a la etapa de autoconstrucción que señala el informe del proyecto, la cual ha sido especialmente importante en regiones como la que represento, que tiene un fuerte y marcado carácter rural.
La migración campo-ciudad hizo que en los márgenes de nuestras ciudades -por ejemplo, Angol , Traiguén , Collipulli ; cualquier otra ciudad puede ser representativa de esto se generara un cordón de viviendas de personas que llegaron del campo e hicieron autoconstrucción, las que no han podido ser regularizadas.
Sin embargo, en este proyecto se aborda ese problema, porque llega hasta los 140 metros cuadrados, haciendo una escala que me parece razonable y justa: pagan más lo que tienen mayor superficie construida. Asimismo, se establece una graduación para efectos del pago de derechos municipales: 25 por ciento y 50 por ciento de ellos, en función del tamaño de las viviendas.
En el plano práctico, con la finalidad de no hacer burocrático el trámite de regularización, el Ministerio de Vivienda podría dar una instrucción a todos los directores de obras municipales, que son personajes que viven en una situación de limbo. ¿Por qué? Porque para efectos técnicos se reconocen dependientes del ministerio, y no necesariamente de los alcaldes. He visto cómo directores de obras municipales contradicen lo que quiere hacer el alcalde para regularizar en esta materia y así resolver problemas tan urgentes, como los ocasionados por el terremoto del 2010.
En consecuencia, dicha cartera debería dar una instrucción muy clara a los directores de obras municipales para que faciliten, no entorpezcan la entrega del beneficio que estamos intentando establecer mediante este proyecto de ley.
En esta materia estoy pensando en El Cañón, en Angol, y El Retiro, sectores habitados por esforzados campesinos que construyeron sus viviendas, a quienes debemos resolver problemas como falta de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, porque no tienen regularizadas sus construcciones y por esa razón no pueden acceder a muchos beneficios del Estado, entre ellos, los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda.
Hay otro tema que me preocupa y que planteó la diputada Alejandra Sepúlveda .
Quiero que las cosas se hagan con facilidad y que con esta futura ley lleguemos al mayor número de beneficiarios. En una ley anterior no limitamos a los arquitectos la firma de los planos que hay que presentar en la dirección de obras municipales (DOM), porque hay comunas pequeñas donde, a veces, es inexistente la presencia de un arquitecto, ya que encarece los costos del proceso.
Por eso agregamos a otros profesionales competentes en este proyecto.
Recuerdo un proyecto de ley -la señora ministra lo debe de conocer en que incorporamos a los ingenieros constructores y a otros profesionales para que pudieran firmar los planos que se deben presentar en la DOM.
En este caso, ello facilitará, ayudará, abaratará los costos, porque una carpeta de arquitecto hoy perfectamente puede llegar a costar 100.000 o 150.000 pesos -eso me consta-, lo que para muchas familias constituye una barrera de entrada muy importante.
Por su intermedio, señora Presidenta, invito a la ministra a mirar ese aspecto que –insisto en una ley anterior se amplió a profesionales más allá de los arquitectos.
Otro elemento que, con todo respeto, me gustaría mencionar como sugerencia, dada la importancia que le asigno a este proyecto de ley, es la realización de una campaña de carácter comunicacional para que la gente lo conozca, pues el plazo para hacer la regularización de que se trata es de solo tres años. Al respecto, me consta que a pesar del proyecto -creo que es del 2008que ayudé a impulsar en el gobierno de la Presidenta Bachelet , como el que promovieron recientemente el diputado Matías Walker y otros parlamentarios, aún hay mucha gente que se quedó fuera del beneficio por desconocimiento. Esas personas no supieron del beneficio y, por tanto, no accedieron a él.
Este proyecto da una mejor respuesta al problema, pues amplía la regularización de viviendas mucho más grandes: de 90 hasta 140 metros cuadrados. Por tanto, deberíamos publicitarlo lo suficiente para que ojalá resolvamos de una buena vez estos problemas que se generaron hace muchas décadas, tal como lo menciona el mismo mensaje.
En definitiva, se trata de un gran proyecto, por lo que felicito a sus autores. Asimismo, felicito al Ministerio de Vivienda por acogerlo y por presentar una indicación sustitutiva con muchas aclaraciones que lo hacen más viable.
Por último, señalo que, modestamente, hice tales sugerencias para que ojalá esta iniciativa tenga el éxito que todos esperamos. Así, desde ya anuncio mi voto favorable, porque la considero muy pertinente y tremendamente necesaria.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señora Presidenta, por su intermedio quiero saludar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo.
Los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ahondaron bastante en las bondades de este proyecto, que, aun cuando una vez que se encuentre vigente tendrá un plazo finito de tres años, viene a solucionar un problema que en nuestra sociedad es recurrente.
Quiero, sí, manifestar una preocupación.
De la lectura del texto de la discusión general y particular del proyecto llama la atención que se trata de obras que no han iniciado el proceso de regularización formal, es decir, no cuentan con permiso de edificación previo, o bien presentaron problemas al momento de la recepción porque tuvieron algún tipo de observación o no han podido completar lo requerido de acuerdo a la ley vigente para ser recepcionadas por las respectivas direcciones de obras municipales.
¿Por qué planteo esto? Porque represento a un distrito que si bien es bastante urbano y tiene una densidad habitacional muy grande, es antiguo y también posee comunas rurales. En la zona urbana se halla lo que se denomina construcción de viviendas en sitio residente, en terrenos que se heredaron, pues se trata de urbanizaciones bastante antiguas: los abuelos los dejaron a sus hijos, se hicieron subdivisiones, y hay una serie construcciones al interior de esos sitios, que son bastante grandes, lo que actualmente consideramos como lotes de viviendas.
Este proyecto viene a solucionar ese problema, y especifica de forma muy clara las condiciones en que se puede regularizar. No vale cualquier cosa. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque, si no, después vienen los reclamos y los desencantos de la ciudadanía.
Me preocupan particularmente las zonas rurales o zonas de expansión urbana en distintas partes de Chile, en especial en mi distrito. Lo digo, porque en la comuna de Pirque, fundamentalmente en los últimos diez años, más de la mitad de la población ha estado viviendo en situaciones bastante irregulares por loteos irregulares. Si bien ellos cuentan con servicios, no se cumple ninguna norma de urbanización o de aprobación de loteos por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, las construcciones que ahí se han llevado a cabo no cumplen con ninguno de los elementos básicos exigidos para iniciar un proceso de regularización. Eso, día a día, por el hecho de que no existe un control, ya que se trata de ventas de derechos, complica mucho a la autoridad municipal e imagino que también al seremi de Vivienda y Urbanismo, al menos, en muchas zonas de la Región Metropolitana que poseen tales características, porque son demasiadas las construcciones.
No creo que esa gente pueda acceder con esta ley en proyecto a regularizar sus viviendas, porque tiene un problema de raíz: su lote, o sea, su terreno no cumpliría con lo básico para poder realizar dicho proceso.
Por tanto, hago un llamado a la señora ministra para que tenga a bien, a partir de la implementación de una política pública desde su cartera hacia abajo, tomar en cuenta la situación descrita, dado que, al menos en la Región Metropolitana, se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. Además, porque a futuro eso conlleva un perjuicio bastante complicado, pues generará una serie de problemas no solo desde el punto de vista del cumplimiento de esta ley en proyecto, que votaremos a favor, sino también desde las perspectivas social, hereditaria y de otra tipo.
Solo quise manifestar lo anterior a objeto de que podamos ir complementando la legislación sobre la materia, porque esto no es un “perdonazo”, sino que debemos preocuparnos de la parte previa de este asunto: los loteos irregulares.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señora Presidenta, quiero saludar y felicitar a nuestra ministra de Vivienda y Urbanismo. Cuando discutimos el presupuesto de la nación hubo una opinión transversal y consolidada respecto de la gestión que está haciendo el ministerio, particularmente quien lo encabeza.
Eso conlleva a que hoy tratemos temas como el que nos ocupa, que dicen razón con el sentido común.
A raíz de diferentes circunstancias que ha vivido nuestro país, como catástrofes naturales -terremotos y aluviones, entre otras-, surge la necesidad de normalizar determinadas viviendas y edificaciones que han sido construidas sin contar con el respectivo permiso o que, pese a contar con este, no han obtenido su recepción definitiva por parte de la municipalidad.
Aquí ya se mencionó que muchas poblaciones históricas tanto en sectores urbanos como rurales surgieron fruto de su propio esfuerzo, con una importante inversión por parte de las familias, las cuales mediante distintos mecanismos, como el sistema de autoconstrucción, han podido avanzar y mejorar las condiciones de habitabilidad en sus diferentes hogares.
Hoy, muchas de esas construcciones no cuentan con el permiso respectivo ni con la recepción definitiva, lo cual entorpece el ejercicio del derecho de propiedad, por supuesto deprecia el valor comercial de tales inmuebles y, a la vez, también inhibe la inversión, el mantenimiento y el mejoramiento respecto de dichas viviendas porque constituye derechamente una barrera para acceder a los beneficios del Estado, como mejoramientos, subsidios y otros que se están haciendo carne de manera masiva en las distintas comunas de nuestro país, los cuales se canalizan a través del Ministerio de Vivienda.
Con este proyecto se trata justamente de regularizar viviendas completas y no solo sus ampliaciones. Hace algunos años eso se regularizó mediante las denominadas “leyes del mono”, lo que en este proyecto tiene otra connotación. Pero en esa época se entendió el hecho de que era necesario normalizar dichas construcciones.
Así, el 28 de agosto de 2015, mediante mensaje, el Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar los textos propuestos en las dos iniciativas parlamentarias refundidas, contenidas en los boletines Nos 9939-14 y 10076-14, respectivamente, con el objeto de consolidarlos en un solo articulado.
Para los efectos técnicos, es importante también destacar, a través de esta instancia, cuáles son los contenidos principales del proyecto.
La propuesta del gobierno comprende cuatro títulos. El primero define los requisitos para la regularización de viviendas, a saber, que hayan sido edificadas antes de la publicación de esta futura ley; no estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público; tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento; tener una superficie habitable que, incluidos baño y cocina, no exceda los 90 metros cuadrados; no tener reclamaciones pendientes por incumplimiento de la normativa urbanística; cumplir con las condiciones que se expresan en el proyecto para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas que correspondan.
Los propietarios interesados deberán presentar su petición dentro de los tres años siguientes a la publicación de la futura ley, acompañada de una declaración simple que los identifique como titulares del derecho de dominio sobre el inmueble y que señale que no hay reclamaciones en su contra a causa de incumplimientos de normas urbanísticas en relación con el bien raíz que se intenta regularizar.
También deberán acompañar un documento que contenga las especificaciones técnicas resumidas, un croquis de ubicación y un plano de emplazamiento, así como planos que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, y un cuadro de superficie total construida y superficie del terreno. Todos estos documentos deberán acompañarse suscritos por un arquitecto o profesional competente.
También se debe agregar el informe de un arquitecto o de un profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores que se mencionan en el proyecto, y que no se emplaza en los terrenos que indica la iniciativa.
Por último, se debe acompañar un certificado de avalúo fiscal.
La dirección de obras municipales respectiva, dentro del plazo de noventa días hábiles siguientes a la presentación, verificará que la vivienda no esté situada en las zonas antes consignadas y que se presentó la documentación exigida.
El procedimiento de regularización que establece el Título I del proyecto también podrá utilizarse por propietarios de viviendas que tengan una superficie habitable que, incluidos baño y cocina, no exceda los 140 metros cuadrados, siempre que su avalúo fiscal no supere las 2.000 unidades de fomento.
En el caso de los propietarios de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o a equipamiento social emplazadas en áreas urbanas o rurales, que hayan sido construidas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo permitidos por los planes reguladores, podrán, dentro del plazo de tres años contados desde la publicación de esta iniciativa, regularizar su situación cumpliendo con las disposiciones contenidas en el Título II del proyecto.
Si se tratare de viviendas financiadas con subsidios otorgados en llamados especiales, entregados a través del Ministerio de Vivienda para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010 -terremoto y posterior tsunami-, que no cuenten con los permisos de edificación o con recepción de obras definitiva, los respectivos servicios de vivienda y urbanización podrán, en el plazo de dos años contados desde la publicación de esta iniciativa como ley, obtener para su propietario el respectivo permiso de edificación y la recepción definitiva en forma simultánea, siempre que las viviendas cumplan con los requisitos que establece el proyecto en su Título III.
Como expresó el diputado Venegas , se hace necesaria la participación, la proactividad y la eficiencia de los directores de obras municipales, quienes estarán sujetos a las responsabilidades contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo al cumplimiento de la normativa que se establece, particularmente por el cumplimiento de los plazos que se fijan para emitir sus pronunciamientos.
Los profesionales que certifiquen el cumplimiento de las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores que menciona el proyecto responderán por la veracidad de sus informes y les serán aplicables las responsabilidades contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En el entendido de que estos mecanismos vienen a solucionar una situación de hecho y que se establecen procedimientos bastante acotados y simples para asegurar el entendimiento del común de las personas, me atrevería a decir que estamos ante un excelente proyecto de ley, que busca, justamente, garantizar la estabilidad, la habitabilidad y la seguridad de las viviendas y demás edificaciones que considera.
En consecuencia, hago un llamado a quien corresponda para que esta información se entregue, a través de los mecanismos pertinentes, a todos los vecinos y municipios, porque en la medida en que todos regularicen sus edificaciones, las familias obtendrán algo que es muy importante para ellas: tranquilidad en lo que respecta a su propiedad.
Muchas personas que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para reconstruir sus viviendas no saben si pueden acceder a beneficios. Incluso algunos adultos mayores se preguntan qué pasará si su vivienda no está regularizada ni cuánto les costará contratar a un arquitecto para estos fines y pagar el impuesto correspondiente.
Este es un proyecto que valoro, pues es de tremenda utilidad, y no me cabe duda alguna de que, dado lo que se ha expresado en este debate, contará con el apoyo de toda la Corporación, ya que alude a algo que debiéramos tener muy presente en estos días: el sentido común.
Felicito a los autores de la iniciativa por la gestión eficiente que han realizado. Espero que una vez aprobado el proyecto, el ministerio ponga rápidamente en ejecución sus disposiciones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta, hay proyectos de ley en los que debemos explayarnos mucho para que se comprendan, pero no es el caso de este, pues es de muy fácil explicación: quienes se acojan a sus disposiciones y regularicen la situación de sus viviendas o demás edificaciones que se mencionan en la iniciativa, podrán optar a otros beneficios fiscales. ¡Tan fácil como eso!
Hoy, cuando la gente quiere optar a un subsidio, por ejemplo, le exigen que acompañe los documentos que acreditan la regularización de su terreno, esté en el campo, en la ciudad o donde sea.
Estábamos muy contentos cuando la ministra dijo que se habían aumentado los subsidios rurales a 5.000; sin embargo, vemos que las exigencias o requisitos para obtener esos subsidios son exactamente los mismos que para obtener uno urbano, por lo cual si un señor tiene un abasto de agua, por ejemplo, le piden que sea de agua potable, y si tiene fosa común, le piden alcantarillado.
La señora ministra nos ha dicho que con la aprobación de esta iniciativa eso ya no se exigirá, porque se tomarán en consideración las condiciones de vida de las personas que viven en sectores rurales. Indudablemente, es mucho mejor tener agua potable, luz y alcantarillado; eso no se pone en cuestión. Pero hay que tener en cuenta que la gente del campo jamás podrá regularizar una vivienda ni optar a los subsidios de ampliación o de mejoramiento térmico si no tiene su vivienda regularizada, porque es uno de los requisitos principales que exigen los programas respectivos.
Una vez que analizamos la parte rural, nos trasladamos a la parte urbana. Hay mucha gente que hace ampliaciones en sus viviendas, pero cuando las quiere regularizar, suelen encontrarse con que no cumplen la normativa correspondiente. El caso más común es que no cuentan con cortafuegos.
Hay muchos que piensan que da lo mismo ser correcto o incorrecto; pero si uno lee el proyecto de los senadores José García, Juan Pablo Letelier , Carlos Montes , Manuel José Ossandón , Víctor Pérez y Eugenio Tuma , verá que dice que deben cumplir los requisitos que establece la ley para regularizar.
Cuando vamos a la ciudad, vemos algo que nos preocupa: terrenos y casas que se encuentran en condiciones de peligro desde el 27F. Esa situación se debe arreglar, pero bajo los requerimientos que se establecerán con esta iniciativa.
También se le dice a la gente que construyó mal y que debe hacerse responsable si pasa algo. Hay muchas personas que han vivido gran parte de su vida en una casa, y ahora se les dice que deben abandonarla, aunque sea la primera vez que sufren los efectos de un terremoto.
Por otra parte, tenemos las edificaciones destinadas a empresas inofensivas o a equipamiento social. Uno se pregunta cómo regularizarán las edificaciones que, por ejemplo, funcionan como talleres.
A los señores parlamentarios les recuerdo que hay una ley anterior que ya puso condiciones para estos casos, como que no pueden emitir ruidos molestos o malos olores que provengan del funcionamiento de esos talleres. Es decir, esas edificaciones deberán cumplir con todos esos requerimientos y, además, con todas las condiciones que exigirá esta nueva ley en proyecto.
Me preocupa esa situación, y lo he conversado largamente con los senadores. De hecho, esta mañana me llamó el senador José García para pedirme que apoyáramos esta iniciativa.
Otra cosa que me preocupa del proyecto es que hasta ahora dábamos la posibilidad de que un funcionario de la dirección de obras municipal es respectiva firmara los planos exigidos para la regularización. En este caso no me queda muy claro si seguirá operando ese mecanismo, ya que contratar a un arquitecto o a un ingeniero cuesta bastante plata.
En los municipios que cuentan con arquitectos o ingenieros no habrá problema, pero en las municipalidades chicas no tienen ese tipo de profesionales, lo cual podría dificultar o impedir la regularización de las edificaciones que nos preocupan, con el consiguiente perjuicio para mucha gente que está muy esperanzada en que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto de ley.
No obstante estas aprensiones, creo que el paso que estamos por dar es importante.
La señora ministra demuestra mucho interés en que esto salga luego. Prueba de ello no es lo que yo pueda decir, sino que ha calificado con suma urgencia esta iniciativa. Eso demuestra claramente cuál es la intención de la ministra y del gobierno: contar lo más luego posible con este proyecto aprobado, para que se otorguen los beneficios que se establecen en favor de la gente que necesita regularizar sus propiedades.
Raya para la suma, para no alargar más mi intervención, Renovación Nacional apoyará este proyecto de ley porque consideramos que es sumamente necesario para miles y miles de chilenos que esperan poder normalizar la situación de sus propiedades y terminar con ese verdadero dolor de cabeza que les produce el no poder optar a ningún subsidio por esa situación.
Nuevamente felicito a los senadores José García, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez y Eugenio Tuma.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball.
La señora SABALL, doña Paulina (ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señora Presidenta, por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas.
Agradezco a los parlamentarios que presentaron esta moción, pues nos ha permitido realizar un trabajo muy interesante entre el Ejecutivo y el Legislativo. También agradezco las opiniones vertidas por las señoras y los señores diputados en el curso de este debate.
Estamos ante un proyecto de ley que, como bien se ha dicho, afectará directamente el bienestar de muchas familias, por la vía de darles seguridad respecto de las viviendas que habitan. También permitirá resolver la situación pendiente de las viviendas no regularizadas después del 27F, y pondrá un piso de seguridad al proceso de reconstrucción que estamos emprendiendo en el sector rural de la Región de Coquimbo.
Lo expresado permite comprender por qué como Ejecutivo le hemos puesto urgencia a la tramitación del proyecto, que es de la mayor importancia para miles de familias, pero que es de suma urgencia para quienes resultaron damnificados a consecuencia de la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
En cuanto a los temas que se han planteado en el debate, en primer lugar considero necesario hacer una aclaración respecto de la pregunta formulada por la diputada Sepúlveda , sobre si el subsidio habitacional que posibilita esta futura ley para regularizar las viviendas es complementario o no. La respuesta es que sí es complementario.
La idea es que con este subsidio del Estado se favorezca el trámite administrativo de la regularización, en tanto se cumplan los requisitos de mejoramiento y de habitabilidad de las viviendas que se establecen.
Respecto de la consulta del diputado Rocafull , es precisamente la regularización la que posibilitará que en el caso de Arica, con el subsidio de mejoramiento de vivienda y barrio, podamos intervenir los suelos salinos sobre los cuales se han instalado viviendas que presentan importantes niveles de inestabilidad e inseguridad.
En cuanto a la otra pregunta de la diputada Sepúlveda , también formulada por el diputado Venegas , aclaro que cuando hablamos de profesional competente para certificar las condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, nos referimos al profesional que se define en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, no solo hablamos de arquitectos, sino de todos los profesionales que la ley faculta para esos efectos, quienes, para ejercer esa función, deben tener la patente profesional correspondiente.
Lo que planteó el diputado Venegas es un tema importante. En la discusión de este proyecto de ley, la comisión del Senado citó a los representantes de la Asociación de Directores de Obras, donde tuvieron una activa participación. Fue de gran importancia lo que convinieron sobre el rol que se asigna en esta iniciativa a las direcciones de obras para simplificar los trámites, asegurar que las viviendas no estén emplazadas en zona de riesgo y que se cumplan todos los requisitos que establece el proyecto, a fin de no llenar a esas reparticiones municipales de trámites que luego no podrán despejar.
Finalmente, respecto de lo que planteó el diputado Leopoldo Pérez sobre la existencia de loteos irregulares en algunas comunas de su distrito, es una dificultad que se extiende a otras regiones. En tal sentido, debo señalar que este proyecto se complementa con una ley que promulgamos hace poco, que tiene que ver con mejorar las condiciones para abordar la situación de esos loteos irregulares.
Para ese caso, entonces, haremos confluir lo establecido en la ley sobre loteos irregulares y en el subsidio de mejoramiento de viviendas y barrios con lo que dispone este proyecto.
En definitiva, lo que buscamos es alinear normas, recursos y gestión para que las condiciones de habitabilidad de las familias chilenas, tanto del sector urbano como del rural, mejoren sustantivamente.
Asumo absolutamente lo que se ha planteado acá, porque dada la importancia de este proyecto, y porque sabemos que es extraordinario y que no queremos que fomente la irregularidad, nos haremos cargo de lo planteado en el sentido de que es necesario acompañarlo con una campaña educacional y comunicativa que no solo convoque a las familias a usar este mecanismo, sino también a prevenir futuras irregularidades.
Señora Presidenta, señoras diputadas y señores diputados, solo me queda agradecer la gestión que se ha dado a esta iniciativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social, con excepción de las normas que requieren quórum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el inciso segundo del artículo 2°, el inciso cuarto del artículo 3°, el inciso cuarto del artículo 7°, el inciso primero del artículo 8° y el inciso segundo del artículo 10, que requieren para su aprobación el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado además en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
"
- rdf:value = " REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9939?14 Y 10076?14, REFUNDIDOS)
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Fidel Espinoza .
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 98ª de la presente legislatura, en 19 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 104ª de la presente legislatura, en 15 de diciembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En reemplazo del diputado Fidel Espinoza, rinde el informe el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley en estudio, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, originado en mociones refundidas, la primera, de los honorables senadores señores José García, Juan Pablo Letelier , Carlos Montes , Manuel José Ossandón y Víctor Pérez (boletín N° 9939-14), y la segunda, del honorable senador señor Eugenio Tuma (boletín N° 10076-14).
El proyecto consiste en establecer procedimientos especiales para regularizar determinadas viviendas y edificaciones que han sido construidas sin contar con el respectivo permiso o que, contando con este, no han obtenido su recepción definitiva.
La comisión contó con la asistencia de la señora Paulina Saball , ministra de Vivienda y Urbanismo, y de los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señora Jeannette Tapia y señor Enrique Rajevic .
Discusión general y particular
La ministra Paulina Saball hizo presente que el propósito del proyecto es reconocer una situación de hecho que afecta a numerosas edificaciones construidas sin el correspondiente permiso y/o recepción, y posibilitar su regularización, garantizando la estabilidad, habitabilidad y seguridad de las edificaciones. En este caso, se trata de regularizar construcciones completas y no solo sus ampliaciones, como se ha hecho en otras oportunidades, como en la denominada “ley del mono”.
El proyecto consta de cuatro títulos. El primero de ellos se refiere a la regularización de viviendas; el segundo, a la de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social; el tercero, a la de viviendas financiadas con subsidio y destinadas a los damnificados del 27-F (las llamadas “viviendas tipo”), y el cuarto contiene disposiciones generales.
En el primer caso, las viviendas que se desee regularizar deben cumplir con los siguientes requisitos:
-Haber sido construidas antes de la publicación de la ley en proyecto;
-No estar emplazadas en áreas de riesgo, de protección, declaradas de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público;
-No tener reclamaciones por incumplimiento de normas urbanísticas;
-Cumplir con las normas mínimas de habitabilidad, de seguridad y de estabilidad que se establecen en el mismo proyecto según los casos (más exigentes para viviendas de más de 90 y hasta 140 metros cuadrados construidos), y con las aplicables a las instalaciones interiores que correspondan (agua, luz, etcétera);
-Solicitar la regularización dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de publicación de la ley, y
-Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento, tratándose de viviendas de hasta 90 metros cuadrados, o de hasta 2.000 unidades de fomento, si la superficie construida excede esa cantidad y no sobrepasa los 140 metros cuadrados, distinción que obedece fundamentalmente a las distintas situaciones socioeconómicas de las familias.
Para efectos del pago de derechos municipales, se vuelve a distinguir en función del tamaño de las viviendas. Así, las de hasta 90 metros cuadrados, cuyo avalúo fiscal no supere las 400 unidades de fomento, pagarán el 25 por ciento de esos derechos, mientras que las que excedan las 400 unidades de fomento de avalúo fiscal pagarán el 50 por ciento de ellos, salvo si sus propietarios son adultos mayores de 60 años o más, o personas con discapacidad, pues todos ellos estarán exentos de pago. En tanto, las viviendas de hasta 140 metros cuadrados pagarán la totalidad de los derechos municipales, que equivalen al 1,5 por ciento del valor del respectivo proyecto, porque se entiende que lo que sus propietarios requieren son facilidades para efectuar el trámite de regularización y no un subsidio al pago de los derechos municipales correspondientes.
Intervinieron en el debate los diputados señores Tuma , Sandoval , Fidel Espinoza , la señora Alejandra Sepúlveda y quien habla, quienes pidieron aclarar cuáles serán las normas urbanísticas aplicables a la regularización de viviendas en este caso y su diferencia con las “leyes del mono” anteriores y cómo se asegurará su cumplimiento. Asimismo, solicitaron conocer detalles sobre la regularización de viviendas rurales, especialmente en lo que atañe a la exigencia de contar con conexión a redes de agua potable, ya que muchas de ellas se proveen de este elemento mediante pozos individuales.
La ministra de Vivienda y Urbanismo señaló que las normas urbanísticas aplicables a este nuevo proceso de regularización de construcciones son las establecidas en el artículo 1° del proyecto, que son mucho más flexibles que las exigibles por aplicación de las reglas generales.
En cuanto a la forma de asegurar su cumplimiento, hizo notar que el Título IV de la ley en proyecto contempla la posibilidad de destinar recursos públicos asociados al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios a familias que necesiten adecuar sus viviendas para cumplir con los requisitos que les permitan regularizarlas.
Por otra parte, en los artículos 2° y 6° (este último para el caso de las edificaciones destinadas a microempresas y equipamiento social), se establece que un arquitecto u otro profesional competente, según las definiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será el responsable de suscribir las especificaciones técnicas, croquis de emplazamiento y demás documentos que se mencionan en la letra b) de los referidos preceptos, así como de certificar el cumplimiento de los requisitos que enumera la letra c) de ambas disposiciones.
Respecto de las anteriores “leyes del mono”, recordó que ellas tenían por objeto regularizar la ampliación no autorizada de viviendas, y no viviendas completas, como ahora, pero se relacionan con el proyecto en análisis porque las exigencias de estabilidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones que ahora se establecen son las mismas que se impusieron antes, rebajándolas al mínimo indispensable para no poner en riesgo a sus habitantes.
En cuanto a las viviendas rurales, señaló que ellas deberán cumplir las mismas normas urbanísticas mínimas que establece el proyecto para las emplazadas en zonas urbanas, pero no se innova en cuanto a las normas sanitarias exigibles, pues unas y otras deben observar aquellas relativas a las instalaciones interiores que corresponda. Esto quiere decir que las viviendas rurales están abiertas a toda la gama de soluciones posibles, según la normativa vigente, en materia de agua potable y evacuación de aguas servidas.
La ministra de Vivienda y Urbanismo se refirió al contenido del Título II del proyecto. Destacó que los requisitos que deben cumplir las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y a equipamiento social son los mismos que los establecidos para las viviendas a que se refiere el Título I, salvo en lo relativo a su tamaño (superficie no superior a 250 metros cuadrados para las microempresas y hasta 400 metros cuadrados para equipamiento social), sin consideración del avalúo fiscal.
El diputado señor Fidel Espinoza consultó por la regularización de aquellas edificaciones emplazadas en terrenos ajenos entregados en comodato por largo tiempo. La ministra de Vivienda y Urbanismo acotó que el proyecto no innova en cuanto a la regularización de la propiedad raíz, pero en cualquier caso las edificaciones podrán ser regularizadas a solicitud del dueño del terreno.
Continuando con su exposición, señaló que el Título III del proyecto se refiere a una situación muy específica, que tiene que ver con las casas construidas en el marco del proceso de reconstrucción de aquellas viviendas que resultaron dañadas por el terremoto del 27-F. Estas deben corresponder a proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por los Serviu o el Minvu; cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), conforme a las cuales se aprobó el permiso (viviendas tipo); estar emplazadas en las zonas de catástrofe a que se refiere el decreto supremo Nº 150, de 2010, del Ministerio del Interior, y haber sido destinadas a una persona inscrita en el registro de damnificados.
Por último, el Título IV se refiere a las funciones de las direcciones de obras municipales y a la responsabilidad de los profesionales en los términos ya descritos. Añadió que tratándose de copropiedades se deberá acompañar el acuerdo de la respectiva asamblea para efectuar el trámite de regularización; que el Minvu podrá otorgar subsidios e invertir recursos para hacer posibles las regularizaciones -exigencia de la Contraloría General de la República para tomar razón del decreto que modifica el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios-, y que la División de Desarrollo Urbano (DDU) podrá capacitar e impartir instrucciones para la aplicación de la ley, exigencia del Senado de educar a los usuarios para prevenir la irregularidad.
El proyecto fue aprobado en general por siete votos a favor y una abstención.
Puesto en votación en particular, el proyecto fue aprobado por las diputadas señoras Cariola , doña Karol , y Carvajal , doña Loreto , y por los diputados señores Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; León, don Roberto ; Sandoval, don David , y Tuma, don Joaquín . Se abstuvieron la diputada Sepúlveda , doña Alejandra , y el diputado Pilowsky, don Jaime .
Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda la aprobación del texto del proyecto de ley que figura en el informe que cada uno de los diputados tiene en su poder.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, no pertenezco a la Comisión de Vivienda, pero me parece muy bien que el diputado informante haya sido mi colega de bancada señor René Manuel García .
Uno de los grandes problemas que tiene la Región de La Araucanía es el alto nivel de vulnerabilidad y pobreza. Su gente, con esfuerzo, ha podido mejorar sus viviendas, tanto en el sector urbano como en el rural.
El proyecto viene a entregar una solución a ese tipo de problemas. Por lo tanto, manifiesto desde ya que lo votaré favorablemente, a fin de que se pueda convertir en ley y beneficie a mucha gente, particularmente de la Región de La Araucanía, zona vulnerable, caracterizada por su pobreza, bajo crecimiento y, actualmente, por sus niveles de cesantía.
Este tipo de iniciativas, que vienen a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, son las que van en el sentido correcto y las que quisiéramos permanentemente respaldar en el Congreso Nacional, porque benefician sin distinción ni discriminación a todas las personas.
Antes de terminar, quiero saludar a la ministra, quien se encuentra presente en la Sala.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, quiero saludar a la ministra de Vivienda, señora Paulina Saball, y felicitarla por su activa participación en la solución de problemas importantes y básicos de la ciudadanía, en especial de los más vulnerables.
Luego de aprobar dos “leyes del mono”, hoy aprobaremos una solución para aquellas viviendas sociales que se construyeron entre 1965 y 1973, época en la que se fomentó la denominada autoconstrucción individual, lo que dio lugar a la edificación de viviendas que no cuentan con permisos ni recepción de las respectivas municipalidades. Lo anterior ha provocado que queden al margen de toda legislación, manteniéndose, hasta la fecha, en una condición postergada.
Esos inmuebles han perdido valor económico por estar en la situación descrita, y muchas veces constituyen el patrimonio total de la familia, tras una vida de esfuerzo.
La imposibilidad de regularizar la vivienda en que habitan profundiza las condiciones de vulnerabilidad social de las familias, porque ven disminuido su patrimonio y, a la vez, cuentan con menos oportunidades para elevar su nivel de vida a partir de la libre disposición o mejoramiento de su bien raíz.
Es posible apreciar que se encuentran en esta situación emprendimientos de menor tamaño, microempresas y pequeñas empresas que se emplazan en o junto a las viviendas mencionadas, al igual que diversas infraestructuras destinadas al uso comunitario, como sedes sociales.
Luego de fusionar ambos proyectos de ley, el 28 de agosto de 2015 el Ejecutivo presentó una indicación que sustituyó los textos propuestos en las dos iniciativas parlamentarias refundidas.
Los requisitos para la regularización de viviendas son:
-Haber sido edificadas antes de la publicación de la ley;
-No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público;
-Tener un avalúo fiscal inferior a 1.000 unidades de fomento;
-Que su superficie no sea superior a 100 metros cuadrados construidos;
-No tener reclamaciones por incumplimiento de la normativa urbanística;
-Cumplir con las disposiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad que se expresan, y
-Presentar la solicitud dentro de los tres años contados desde que entre en vigencia la ley. En este procedimiento de regularización los propietarios deberán entregar su petición acompañada de una declaración simple que los identifique como tales y en que atestigüen que no hay reclamaciones en contra a causa del bien raíz.
Las especificaciones técnicas resumidas son las siguientes:
-Un plano firmado por un arquitecto;
-Un informe de un profesional que certifique el cumplimiento de las normas ya mencionadas;
-La Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de 90 días, verificará exclusivamente que la vivienda no esté situada en zonas antes consignadas y que se ha presentado la documentación exigida.
Como se aprecia, el procedimiento es bastante simple. La finalidad es que todas las personas puedan regularizar su situación.
En cuanto a los derechos municipales, se consideraron rebajas por tramos. Las viviendas cuyo avalúo fiscal sea de hasta 400 UF pagarán 25 por ciento de los derechos municipales; las viviendas que superen dicha suma, 50 por ciento.
Además, se incorpora un factor novedoso: los adultos mayores cuya edad supere los 60 años y las personas con discapacidad estarán exentos del pago de derechos municipales.
Los mismos requisitos exigidos para regularizar viviendas se aplican a la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social. Sin embargo, en cuanto a la superficie, se exige que la microempresa no supere los 250 metros cuadrados, superficie suficiente para que funcione una microempresa que no ha regularizado su situación. El límite será de 400 metros cuadrados en el caso de equipamiento social.
Tenemos muchas sedes sociales que no cuentan con recepción municipal regularizada. Hasta hoy, viviendas, sedes sociales y microempresas no pueden acceder a muchos de los beneficios a que se puede postular a través de distintas entidades fiscales.
En el caso de las microempresas y el equipamiento social, el procedimiento es muy similar al que acabo de explicar, con la diferencia de que, en este caso, el director de Obras Municipales contará con 180 días para otorgar el certificado, si fuere procedente. En estas situaciones no se harán rebajas en el pago de derechos municipales, pero la municipalidad deberá otorgar la patente correspondiente que permita a la empresa seguir operando. Esto es muy importante, porque la microempresa familiar muchas veces no puede obtener patente ni tampoco resoluciones sanitarias cuando no tiene regularizada la situación ya descrita.
En el caso de la regularización de viviendas financiadas con subsidios otorgados para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, este proyecto de ley también incluye una solución.
Primero, debe tratarse de proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por el Serviu o el Minvu. Segundo, deben cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a las cuales se aprobó el permiso. Por último, deben estar emplazadas en zonas de catástrofe, de acuerdo al decreto supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de marzo de 2010, y haber sido destinadas a una persona inscrita en el registro de damnificados.
Por todo lo anterior, me parece de suma importancia que votemos a favor el proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, este es un gran proyecto. Lo voté a favor en la comisión, pero quiero dejar constancia, para los efectos del acta, que en esta ocasión no podré votar, porque le otorgué pareo al colega Celso Morales, que se encuentra delicado de salud. Espero que tenga una pronta recuperación. Con todo, no por eso voy a dejar de hablar a favor del proyecto.
Este proyecto representa un avance en la solución de una actividad que ocurre en distintas partes de nuestro país. Me refiero a la autoconstrucción o a la construcción “en la medida de lo que yo puedo”.
Vemos que se han ido construyendo distintas villas, pero cuando llega el minuto de postular a beneficios nos damos cuenta de que no están regularizadas. Por eso esta iniciativa, presentada por distintos parlamentarios -el Ejecutivo presentó indicaciones-, sin duda va en la línea correcta.
Otros señores parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra han destacado la importancia que esto tiene para La Araucanía. Sin embargo, en mi condición de presidente de la Comisión de Vivienda, me he dado cuenta de que la iniciativa será de utilidad también en otras zonas del país. Por ejemplo, el diputado Juan Morano me ha hablado varias veces sobre la importancia de la misma para Magallanes. Hay zonas históricas de Punta Arenas, como la población Dieciocho de Septiembre, el barrio Prat Sur y la Villa Croata, que acarrean los problemas descritos en la iniciativa y que deben avanzar en solucionarlos. Para eso es vital que rápidamente el proyecto se transforme en ley.
Me llamó la atención y me gustó la condición que establece el proyecto, cual es que debe tratarse de viviendas que no se ubiquen en zonas de riesgo de desastres. Si bien es cierto que la prevención de riesgos de desastres empieza a manifestarse con mayor claridad desde el terremoto del 2010, es un criterio que siempre deberíamos mantener. En Chile deberían existir normas para que, antes de autorizar la construcción de viviendas, escuelas, policlínicas u hospitales, se emita un informe que certifique que el emplazamiento elegido está exento del riesgo de desastres, con las excepciones que sean del caso.
Los beneficiarios de la solución consignada en el proyecto deberán presentar su solicitud dentro de los tres años contados desde que entre en vigencia la ley en proyecto. Esperamos que el cuerpo normativo avance en la línea de ir favoreciendo a las distintas familias que, a lo largo y ancho de Chile, recurrieron a la autoconstrucción y aún no tienen sus viviendas regularizadas.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra Paulina Saball , quien nos acompaña en la Sala.
Quiero destacar el trabajo que se ha hecho para llegar a este punto. Me correspondió participar en la discusión de este proyecto en la Comisión de Vivienda. En diversas audiencias planteamos a la ministra la realidad que vive mucha gente a lo largo del país, en particular de la Región de Aysén, donde la autoconstrucción fue la solución para que muchas personas pudieran tener sus viviendas. Si muchos de quienes viven en sectores rurales, fronterizos y aislados no hubieran resuelto sus problemas de habitabilidad aplicando esa modalidad de construcción, todavía estarían viviendo bajo taperas, como se dice en la zona.
Recuerdo una serie de reportajes que se emitieron sobre los famosos “pueblos de plástico”, entre ellos Puerto Gala, Isla Toto o Puerto Gaviota. Mucha gente llegó a esas localidades motivada por el uso de los recursos marítimos, pero se instaló en condiciones de mucha precariedad y marginalidad habitacional.
Este es un problema que, en nuestro caso, afecta prácticamente a casi toda la región; a comunidades como Guaitecas, Melinka , Repollal , Islas Huichas , Puerto Aysén , Tortel y Cochrane. Creo que no hay comuna en la Región de Aysén en la que sus pobladores no hayan tenido que construir su solución habitacional, porque si esperaban al Estado, obviamente se les iba a generar una situación de absoluta precariedad en su calidad de vida.
También hay que agregar que esas personas construyeron sus casas sin ningún aporte del Estado; ni siquiera pidieron un clavo para ello. Las construyeron, las arreglaron y a lo largo de los años las ampliaron en función de sus posibilidades.
Por eso, me parece absolutamente válido, legítimo y razonable que el Estado les retribuya ese esfuerzo con un mecanismo que les permita regularizar sus viviendas.
Este proyecto permitirá que todas las familias que viven en autoconstrucciones, a lo mejor con dificultades de diversa naturaleza, ya que, por su antigüedad, muchas de ellas presentan problemas estructurales -comienzan a caerse los cimientos, las puertas no cierran y se les cuela el viento por todos lados porque no cuentan con las condiciones básicas de aislación térmica-, mejoren su calidad de vida. Particularmente, esta futura ley tendrá gran efecto en la Región de Aysén.
Pero ¿cuál es el sentido profundo del proyecto? Que permitirá a las familias no solo regularizar sus viviendas, sino también -lo más importanteacceder a la red de beneficios y de subsidios que el Estado está diseñando para que muchos chilenos mejoren su calidad de vida.
Si una familia vulnerable postula a una vivienda social, la que en el caso de Aysén y de Coyhaique alcanza el valor de 1.200 UF, puede acceder a un gran subsidio mediante el cual el Estado resuelve su problema habitacional. Sin embargo, las personas que ya construyeron sus casas no pueden acceder a ningún beneficio.
Por eso este proyecto es relevante. No me cabe la menor duda de que, tal como le dimos una rápida tramitación en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, será aprobado por nuestra bancada.
Con esta iniciativa lograremos regularizar una situación de hecho. Pero lo más significativo es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ya está construyendo una batería de soluciones, permitirá a muchas familias acceder a subsidios para que mejoren de manera sustantiva las viviendas que autoconstruyeron con sus propios medios.
No me cabe la menor duda de que este proyecto contará con el respaldo de nuestra bancada, porque es evidentemente social y porque resolverá muchos problemas de familias de adultos mayores y de habitantes de sectores rurales y de sectores costeros, quienes podrán dar un salto en su calidad de vida, lo cual necesitan, merecen y debe ser propiciado por el Estado.
Espero que este proyecto salve las dificultades que tiene actualmente la apertura del nuevo programa en materia de mejoramiento de vivienda, en el que estamos entrampados por temas reglamentarios en la Contraloría. A través de este mecanismo podrán abrirse las puertas para que muchas familias de la Región de Aysén postulen a beneficios del Estado y resuelvan sus condiciones de precariedad habitacional.
Por lo tanto, anuncio que nuestra bancada votará unánimemente a favor este proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, agradezco que este proyecto haya sido puesto en el primer lugar de la Tabla de esta sesión, como lo solicitamos, porque, tal como le consta a la ministra Paulina Saball , a quien aprovecho de saludar, es muy importante para la Región de Coquimbo en razón de los subsidios que en ella está entregando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En la Región de Coquimbo existen muchas viviendas antiguas, muy bonitas, grandes, de adobe, que no fueron construidas con apoyo de subsidio habitacional del Serviu y que no son viviendas sociales, sino viviendas de autoconstrucción, edificadas con mucho esfuerzo por sus propietarios. Cuando aprobamos la “ley del mono” -fui el principal autor de una de las iniciativas que disponía la prórroga de esa ley hace tres años-, esas viviendas no pudieron acogerse a dicha normativa porque no son viviendas sociales, sino de autoconstrucción. En ese momento, los propietarios de esas edificaciones tampoco pudieron regularizar, en virtud de la “ley del mono”, las ampliaciones de veinticinco metros cuadrados que hicieron a las mismas, porque las viviendas originales no tenían la recepción final ni el permiso de edificación.
De manera que felicito a los autores de este proyecto, a la ministra por haberlo patrocinado y haberle introducido indicaciones, y a los diputados miembros de la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, especialmente a los diputados Roberto León , Jaime Pilowsky y Claudio Arriagada , por la celeridad y seriedad con que lo aprobaron, pues permitirá que muchas viviendas de autoconstrucción que fueron afectadas por el terremoto y que sufrieron daños parciales se regularicen y que sus propietarios accedan al nuevo subsidio que el ministerio ha dispuesto para la reconstrucción parcial de la vivienda o para la reconstrucción de viviendas con daños menores, con asistencia técnica. Como señalé, muchos propietarios no podían hacerlo porque no contaban con la recepción final de la edificación original.
También existen viviendas de autoconstrucción en sectores rurales antiguos, como Tierras Blancas. Hay casas grandes en Ovalle que son de adobe y que sufrieron mucho daño con el último terremoto, cuyos propietarios tampoco pudieron acogerse a las sucesivas “leyes del mono” que permitían regularizar la ampliación de la vivienda.
Mediante esta iniciativa estamos enfrentando esa situación con prontitud, pero también con seriedad, toda vez que esta nueva normativa exige que, al momento de la regularización, las viviendas cuenten con condiciones de habitabilidad y de seguridad; por ejemplo, que tengan cortafuegos, y que intervengan profesionales para los efectos de certificar aquello.
No me cabe duda de que los municipios tendrán que jugar un rol muy importante a través de los departamentos de obras municipales en orden a facilitar a la gente el acceso a este nuevo beneficio.
Espero, ministra -por intermedio del señor Presidente-, que al igual como lo hicimos con la “ley del mono”, se elaboren, por ejemplo, formularios que faciliten a la gente el trámite respectivo a través de la página web del ministerio, y que con la ayuda y la asistencia de las direcciones de obras de los municipios, las personas de menores recursos puedan acceder a la regularización de sus viviendas con la mayor facilidad posible.
Por último, el proyecto permitirá que, al regularizarse, las viviendas estén afectas al impuesto territorial, lo que implicará un beneficio para los municipios. Las viviendas de autoconstrucción dejarán de estar en tierra de nadie y podrán ser bien catastradas para los efectos del pago de los derechos de aseo cuando corresponda, etcétera.
Estamos ante una excelente iniciativa, que espero que sea votada y aprobada en el día de hoy.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull.
El señor ROCAFULL.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo y felicito a la ministra Paulina Saball y a todos quienes integran el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por los cincuenta años que cumple este organismo. Ha sido un ministerio relevante en materia de superación de la pobreza en nuestro país. Creo que el primer ministro fue el señor Modesto Collados , durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva . Es importante recordarlo.
También quiero celebrar junto con mis colegas el significado que tiene este proyecto para la gente de escasos recursos.
Sin embargo, señora ministra -por su intermedio, señor Presidente-, a usted, que ha recorrido todo el país y que está consciente de toda la problemática de cada una de las regiones de Chile, que ha hecho propia, quiero hacerle presente que en nuestra Región de Arica y Parinacota hay un tema adicional que debemos abordar, más allá de la regularización de las viviendas de autoconstrucción, que entrega tranquilidad a la gente.
Por cierto, regularizar las viviendas es regularizar una deuda que Chile tiene con sus habitantes. Recodemos que la mayoría de las poblaciones en regiones como la de Arica y Parinacota y la de Tarapacá se construyeron a partir de la entrega de terrenos en los cuales se emplazaron las viviendas, las que debían ser construidas a costo de las familias. Solo se les instaló una caseta sanitaria.
La materia que debemos abordar es la siguiente: en mi región -creo que también en la de Tarapacáhay sectores como el cerro La Cruz, la población Miramar , la población Ciudadela y la población Baquedano , que están emplazados en sitios de suelo salino.
Por lo tanto, si bien es necesaria la regularización de las viviendas, nuestra región también requiere de un apoyo transversal, es decir, no solo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino también de otras instituciones, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, respecto de la regularización del suelo en el que se emplazan las viviendas. Cabe señalar que las viviendas de los sectores señalados no pueden ser ampliadas ni mejoradas porque existe un informe que establece que están emplazadas en suelo salino.
Por lo tanto, solicito que la señora ministra tome en consideración esta particularidad que tiene mi región.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, me siento bien por la presencia de la ministra Paulina Saball en esta sesión. Su empuje en este proyecto ha sido muy importante. La felicito por ello y también a quienes estuvimos detrás de esta iniciativa.
No entraré en el detalle técnico del proyecto. Sí debo decir que el problema que le dio origen está presente en casi todo Chile. De acuerdo con algunos catastros hechos en su momento, existen 705 lotes irregulares; pero cabe advertir que son alrededor de 31.000 familias las que tienen el problema que el proyecto busca solucionar.
Por eso, me alegro de que el Ejecutivo, en su propuesta, no se limite a exigir estándares, sino que también se comprometa a brindar apoyo técnico y económico a aquellas familias que por su situación de vulnerabilidad estén impedidas de financiar las obras o reparaciones necesarias que viabilizan la regularización de sus viviendas. De esta forma, se plantea facultar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que pueda otorgar subsidios e invertir recursos destinados a ello, lo que permitirá generar programas en que no sea menester tener la recepción municipal para ser beneficiario, ya que su propósito será, precisamente, conseguirla.
Por lo anterior, agradezco una vez más, en nombre de muchas familias de la Región de Los Ríos, lo que significará este proyecto, iniciado en moción, apoyado por muchos de nosotros y muy considerado por la ministra Paulina Saball . Muchas gracias, señora ministra.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa contará con el respaldo de toda la bancada del Partido por la Democracia.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social tiene como objetivo abordar la situación de aquellas viviendas que no cuentan con recepción definitiva, ya sea total o parcial, y que se encuentran emplazadas en áreas urbanas o rurales.
Quiero destacar la disposición de la ministra y de sus asesores respecto de este proyecto, que, si bien tuvo su origen en mociones refundidas, incluyó una indicación del Ejecutivo que permitió mejorarlo y darle un cauce rápido.
El proyecto dispone que podrán obtenerse permisos de edificación y recepción definitiva, siempre que las viviendas cumplan los siguientes requisitos:
1. Haber sido construidas antes de la publicación de esta ley en proyecto.
2. No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial.
3. Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento.
4. Tener una superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no exceda de 90 metros cuadrados.
5. No tener a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o el juzgado de policía local respectivo.
6. Cumplir con las normas exigidas para garantizar habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan.
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados no debatió mayormente este proyecto, sino que acordó someterlo a votación rápidamente, pues consideró que aborda una materia que requiere una solución urgente, que beneficiará a muchas personas. Debido a lo anterior, fue aprobado en general y en particular en la misma sesión en que fue sometido por primera vez a la consideración de la comisión.
El proyecto también irá en ayuda de los adultos mayores y de las personas con capacidades diferentes, quienes quedarán exentos del pago de contribuciones. El resto pagará 25 por ciento de los derechos municipales.
Lo más importante es que al regularizar sus viviendas de autoconstrucción, muchas familias podrán optar a subsidios para mejorar, ampliar o reparar sus casas.
Esta nueva normativa no solo ayudará a muchas personas de las comunas de la provincia de Arauco, que conforman el distrito que represento, sino también a las autoridades de la zona, pues los subsidios que se otorgarán a las familias que regularicen sus viviendas de autoconstrucción permitirán que no se distraigan recursos de las comunas para esos efectos.
En nuestro país, muchas personas construyen sin solicitar un permiso previo; es más, varias no cuentan ni siquiera con la recepción definitiva de sus viviendas. Esa es una realidad.
Las regularizaciones son útiles no solo para obtener beneficios destinados al mejoramiento de las viviendas, sino también por motivos de seguridad urbanísticos, toda vez que permiten a las autoridades respectivas conocer en qué situación material habitan las personas de determinadas zonas geográficas.
No obstante lo anterior, una vez más hacemos presente que este tipo de leyes deben ser excepcionales. Se debe avanzar en entregar incentivos para promover que los ciudadanos, especialmente aquellos de zonas más vulnerables, obtengan los correspondientes permisos antes de iniciar cualquier proceso de construcción o ampliación en sus inmuebles.
No tengo ninguna duda de que la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar favorablemente este proyecto, porque va en el camino correcto y se orienta hacia lo que todos queremos en nuestras iniciativas: ayudar al que más lo necesita.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, agradezco la presencia de la ministra Paulina Saball en la Sala y su constante concurrencia a la Comisión de Vivienda. Ello permite mejorar los proyectos de ley relacionados con la vivienda y lograr una mejor comprensión de las situaciones que se observan en terreno respecto de esta materia.
Luego de conocer esta iniciativa en la Comisión de Vivienda, mi voto fue favorable en la votación general. Sin embargo, en la votación particular me abstuve por una razón bien especial y lógica, que seguro entenderán los colegas presentes: no tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad los distintos artículos ni de hacer las invitaciones respectivas.
La mayoría de la comisión estuvo de acuerdo -respetamos esa decisión en votar este proyecto de ley en general y particular en la misma sesión. Sin embargo, no me sentí con la capacidad ni la propiedad de votarlo conscientemente, como corresponde a una iniciativa con las implicancias que esta tiene. Pero, además, estoy absolutamente consciente de que se trata de un proyecto importante, pues aborda un tema que, por lo menos, a quienes trabajamos con el mundo rural nos preocupa.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto tanto en general como en particular. No obstante, quiero hacerle algunas preguntas a la ministra. Ello, a la luz de la lectura del texto propuesto y de la reflexión sobre esta materia, que no pude hacerla en la comisión y que ojalá sea factible realizarla hoy en esta Sala.
Me parecen bien los cuatro títulos en que se estructura la iniciativa, pues corresponden a lo que se busca lograr con ella y tienen un hilo conductor general, desde el punto de vista de las exigencias.
Señor Presidente, por su intermedio quiero hacerle dos preguntas a la ministra relacionadas con el artículo 15, que faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subsidios e invertir recursos destinados al financiamiento de los gastos y las obras necesarias para la regularización de viviendas.
En primer lugar, si una vivienda, después de ser evaluada por el profesional correspondiente en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad, no cumple estos requisitos, ¿es posible que el ministerio otorgue un subsidio para complementar aquello que falte? En este sentido, no me refiero a los subsidios para reparación y mejoramiento de la vivienda, sino a uno especial para que aquella que no cumple con las referidas exigencias lo pueda hacer.
Entonces, quiero que la personera nos aclare cuál es el alcance de los subsidios a que se refiere el artículo 15, pues, a mi juicio, deberían destinarse a dos fines: primero, a los gastos que signifique la contratación del profesional, con la finalidad de reunir toda la documentación requerida para obtener la aprobación de que se trata; segundo, para que la vivienda cumpla con los requisitos exigidos.
Eso como primera pregunta.
Mi otra consulta se relaciona con los profesionales que realizarán tales certificaciones. Ello, porque además, según entiendo, el director de Obras Municipales no tendrá todas las atribuciones que hoy posee, sino que solo deberá chequear que estén todos los antecedentes. Y tendrá 180 días para verificar si determinada vivienda está o no emplazada en un lugar de riesgo.
Si eso es así, quiero saber si habrá -ello ha sido así en otras situaciones tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el de Vivienda un listado de profesionales acreditados en la cartera del ramo, cuestión que no advertí en el proyecto. Ese listado permitirá a la gente acudir no a cualquier profesional, sino a aquellos calificados por dicho ministerio. Por ejemplo, que se diga: “Estos son los diez, quince, veinte profesionales facultados para hacer este tipo de certificación en la Sexta Región.”.
Ojalá que el Ministerio de Vivienda pudiera tener también un tipo evaluación, no sé si aleatoria, a fin de chequear si efectivamente las viviendas cumplen los requisitos que fija este proyecto, por lo menos en cuanto a habitabilidad, seguridad y estabilidad, y, además, todas las normas propuestas.
En esta iniciativa se establecen las características de las viviendas en los títulos I, II y III, que permiten clasificarlas y entender qué se les exigirá. Esto, a diferencia de lo que disponen las leyes más generales.
Por lo tanto, me gustaría que la ministra respondiera mis preguntas relativas al artículo 15, y en lo referente al registro de profesionales, si este existirá, y de ser ello efectivo, cuáles serán sus características y exigencias.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo.
En verdad, no puedo estar más contento por el proyecto de ley en debate, porque dice relación con una antigua preocupación que comparto con otros colegas.
En el primer gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet fui promotor de un cuerpo legal que hoy conocemos como “ley del mono”. Cuando en ese gobierno la primera mandataria creó dos nuevos subsidios, los de reparación y de ampliación de vivienda, hubo una condición básica para acceder a tales beneficios, cual es que las viviendas tuvieran el respectivo permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales.
Con el apoyo del gobierno, y en particular de la Comisión de Vivienda, logramos aprobar la mencionada iniciativa. Desgraciadamente, esa ley se quedó corta en cuanto a sus alcances, toda vez que en el Senado se restringió el ámbito de su aplicación hasta solo 25 metros cuadrados de ampliación. Así, quedaron fuera del beneficio una enorme cantidad de viviendas que corresponden a la etapa de autoconstrucción que señala el informe del proyecto, la cual ha sido especialmente importante en regiones como la que represento, que tiene un fuerte y marcado carácter rural.
La migración campo-ciudad hizo que en los márgenes de nuestras ciudades -por ejemplo, Angol , Traiguén , Collipulli ; cualquier otra ciudad puede ser representativa de esto se generara un cordón de viviendas de personas que llegaron del campo e hicieron autoconstrucción, las que no han podido ser regularizadas.
Sin embargo, en este proyecto se aborda ese problema, porque llega hasta los 140 metros cuadrados, haciendo una escala que me parece razonable y justa: pagan más lo que tienen mayor superficie construida. Asimismo, se establece una graduación para efectos del pago de derechos municipales: 25 por ciento y 50 por ciento de ellos, en función del tamaño de las viviendas.
En el plano práctico, con la finalidad de no hacer burocrático el trámite de regularización, el Ministerio de Vivienda podría dar una instrucción a todos los directores de obras municipales, que son personajes que viven en una situación de limbo. ¿Por qué? Porque para efectos técnicos se reconocen dependientes del ministerio, y no necesariamente de los alcaldes. He visto cómo directores de obras municipales contradicen lo que quiere hacer el alcalde para regularizar en esta materia y así resolver problemas tan urgentes, como los ocasionados por el terremoto del 2010.
En consecuencia, dicha cartera debería dar una instrucción muy clara a los directores de obras municipales para que faciliten, no entorpezcan la entrega del beneficio que estamos intentando establecer mediante este proyecto de ley.
En esta materia estoy pensando en El Cañón, en Angol, y El Retiro, sectores habitados por esforzados campesinos que construyeron sus viviendas, a quienes debemos resolver problemas como falta de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, porque no tienen regularizadas sus construcciones y por esa razón no pueden acceder a muchos beneficios del Estado, entre ellos, los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda.
Hay otro tema que me preocupa y que planteó la diputada Alejandra Sepúlveda .
Quiero que las cosas se hagan con facilidad y que con esta futura ley lleguemos al mayor número de beneficiarios. En una ley anterior no limitamos a los arquitectos la firma de los planos que hay que presentar en la dirección de obras municipales (DOM), porque hay comunas pequeñas donde, a veces, es inexistente la presencia de un arquitecto, ya que encarece los costos del proceso.
Por eso agregamos a otros profesionales competentes en este proyecto.
Recuerdo un proyecto de ley -la señora ministra lo debe de conocer en que incorporamos a los ingenieros constructores y a otros profesionales para que pudieran firmar los planos que se deben presentar en la DOM.
En este caso, ello facilitará, ayudará, abaratará los costos, porque una carpeta de arquitecto hoy perfectamente puede llegar a costar 100.000 o 150.000 pesos -eso me consta-, lo que para muchas familias constituye una barrera de entrada muy importante.
Por su intermedio, señora Presidenta, invito a la ministra a mirar ese aspecto que –insisto en una ley anterior se amplió a profesionales más allá de los arquitectos.
Otro elemento que, con todo respeto, me gustaría mencionar como sugerencia, dada la importancia que le asigno a este proyecto de ley, es la realización de una campaña de carácter comunicacional para que la gente lo conozca, pues el plazo para hacer la regularización de que se trata es de solo tres años. Al respecto, me consta que a pesar del proyecto -creo que es del 2008que ayudé a impulsar en el gobierno de la Presidenta Bachelet , como el que promovieron recientemente el diputado Matías Walker y otros parlamentarios, aún hay mucha gente que se quedó fuera del beneficio por desconocimiento. Esas personas no supieron del beneficio y, por tanto, no accedieron a él.
Este proyecto da una mejor respuesta al problema, pues amplía la regularización de viviendas mucho más grandes: de 90 hasta 140 metros cuadrados. Por tanto, deberíamos publicitarlo lo suficiente para que ojalá resolvamos de una buena vez estos problemas que se generaron hace muchas décadas, tal como lo menciona el mismo mensaje.
En definitiva, se trata de un gran proyecto, por lo que felicito a sus autores. Asimismo, felicito al Ministerio de Vivienda por acogerlo y por presentar una indicación sustitutiva con muchas aclaraciones que lo hacen más viable.
Por último, señalo que, modestamente, hice tales sugerencias para que ojalá esta iniciativa tenga el éxito que todos esperamos. Así, desde ya anuncio mi voto favorable, porque la considero muy pertinente y tremendamente necesaria.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señora Presidenta, por su intermedio quiero saludar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo.
Los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ahondaron bastante en las bondades de este proyecto, que, aun cuando una vez que se encuentre vigente tendrá un plazo finito de tres años, viene a solucionar un problema que en nuestra sociedad es recurrente.
Quiero, sí, manifestar una preocupación.
De la lectura del texto de la discusión general y particular del proyecto llama la atención que se trata de obras que no han iniciado el proceso de regularización formal, es decir, no cuentan con permiso de edificación previo, o bien presentaron problemas al momento de la recepción porque tuvieron algún tipo de observación o no han podido completar lo requerido de acuerdo a la ley vigente para ser recepcionadas por las respectivas direcciones de obras municipales.
¿Por qué planteo esto? Porque represento a un distrito que si bien es bastante urbano y tiene una densidad habitacional muy grande, es antiguo y también posee comunas rurales. En la zona urbana se halla lo que se denomina construcción de viviendas en sitio residente, en terrenos que se heredaron, pues se trata de urbanizaciones bastante antiguas: los abuelos los dejaron a sus hijos, se hicieron subdivisiones, y hay una serie construcciones al interior de esos sitios, que son bastante grandes, lo que actualmente consideramos como lotes de viviendas.
Este proyecto viene a solucionar ese problema, y especifica de forma muy clara las condiciones en que se puede regularizar. No vale cualquier cosa. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque, si no, después vienen los reclamos y los desencantos de la ciudadanía.
Me preocupan particularmente las zonas rurales o zonas de expansión urbana en distintas partes de Chile, en especial en mi distrito. Lo digo, porque en la comuna de Pirque, fundamentalmente en los últimos diez años, más de la mitad de la población ha estado viviendo en situaciones bastante irregulares por loteos irregulares. Si bien ellos cuentan con servicios, no se cumple ninguna norma de urbanización o de aprobación de loteos por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, las construcciones que ahí se han llevado a cabo no cumplen con ninguno de los elementos básicos exigidos para iniciar un proceso de regularización. Eso, día a día, por el hecho de que no existe un control, ya que se trata de ventas de derechos, complica mucho a la autoridad municipal e imagino que también al seremi de Vivienda y Urbanismo, al menos, en muchas zonas de la Región Metropolitana que poseen tales características, porque son demasiadas las construcciones.
No creo que esa gente pueda acceder con esta ley en proyecto a regularizar sus viviendas, porque tiene un problema de raíz: su lote, o sea, su terreno no cumpliría con lo básico para poder realizar dicho proceso.
Por tanto, hago un llamado a la señora ministra para que tenga a bien, a partir de la implementación de una política pública desde su cartera hacia abajo, tomar en cuenta la situación descrita, dado que, al menos en la Región Metropolitana, se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. Además, porque a futuro eso conlleva un perjuicio bastante complicado, pues generará una serie de problemas no solo desde el punto de vista del cumplimiento de esta ley en proyecto, que votaremos a favor, sino también desde las perspectivas social, hereditaria y de otra tipo.
Solo quise manifestar lo anterior a objeto de que podamos ir complementando la legislación sobre la materia, porque esto no es un “perdonazo”, sino que debemos preocuparnos de la parte previa de este asunto: los loteos irregulares.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señora Presidenta, quiero saludar y felicitar a nuestra ministra de Vivienda y Urbanismo. Cuando discutimos el presupuesto de la nación hubo una opinión transversal y consolidada respecto de la gestión que está haciendo el ministerio, particularmente quien lo encabeza.
Eso conlleva a que hoy tratemos temas como el que nos ocupa, que dicen razón con el sentido común.
A raíz de diferentes circunstancias que ha vivido nuestro país, como catástrofes naturales -terremotos y aluviones, entre otras-, surge la necesidad de normalizar determinadas viviendas y edificaciones que han sido construidas sin contar con el respectivo permiso o que, pese a contar con este, no han obtenido su recepción definitiva por parte de la municipalidad.
Aquí ya se mencionó que muchas poblaciones históricas tanto en sectores urbanos como rurales surgieron fruto de su propio esfuerzo, con una importante inversión por parte de las familias, las cuales mediante distintos mecanismos, como el sistema de autoconstrucción, han podido avanzar y mejorar las condiciones de habitabilidad en sus diferentes hogares.
Hoy, muchas de esas construcciones no cuentan con el permiso respectivo ni con la recepción definitiva, lo cual entorpece el ejercicio del derecho de propiedad, por supuesto deprecia el valor comercial de tales inmuebles y, a la vez, también inhibe la inversión, el mantenimiento y el mejoramiento respecto de dichas viviendas porque constituye derechamente una barrera para acceder a los beneficios del Estado, como mejoramientos, subsidios y otros que se están haciendo carne de manera masiva en las distintas comunas de nuestro país, los cuales se canalizan a través del Ministerio de Vivienda.
Con este proyecto se trata justamente de regularizar viviendas completas y no solo sus ampliaciones. Hace algunos años eso se regularizó mediante las denominadas “leyes del mono”, lo que en este proyecto tiene otra connotación. Pero en esa época se entendió el hecho de que era necesario normalizar dichas construcciones.
Así, el 28 de agosto de 2015, mediante mensaje, el Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar los textos propuestos en las dos iniciativas parlamentarias refundidas, contenidas en los boletines Nos 9939-14 y 10076-14, respectivamente, con el objeto de consolidarlos en un solo articulado.
Para los efectos técnicos, es importante también destacar, a través de esta instancia, cuáles son los contenidos principales del proyecto.
La propuesta del gobierno comprende cuatro títulos. El primero define los requisitos para la regularización de viviendas, a saber, que hayan sido edificadas antes de la publicación de esta futura ley; no estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público; tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento; tener una superficie habitable que, incluidos baño y cocina, no exceda los 90 metros cuadrados; no tener reclamaciones pendientes por incumplimiento de la normativa urbanística; cumplir con las condiciones que se expresan en el proyecto para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas que correspondan.
Los propietarios interesados deberán presentar su petición dentro de los tres años siguientes a la publicación de la futura ley, acompañada de una declaración simple que los identifique como titulares del derecho de dominio sobre el inmueble y que señale que no hay reclamaciones en su contra a causa de incumplimientos de normas urbanísticas en relación con el bien raíz que se intenta regularizar.
También deberán acompañar un documento que contenga las especificaciones técnicas resumidas, un croquis de ubicación y un plano de emplazamiento, así como planos que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, y un cuadro de superficie total construida y superficie del terreno. Todos estos documentos deberán acompañarse suscritos por un arquitecto o profesional competente.
También se debe agregar el informe de un arquitecto o de un profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores que se mencionan en el proyecto, y que no se emplaza en los terrenos que indica la iniciativa.
Por último, se debe acompañar un certificado de avalúo fiscal.
La dirección de obras municipales respectiva, dentro del plazo de noventa días hábiles siguientes a la presentación, verificará que la vivienda no esté situada en las zonas antes consignadas y que se presentó la documentación exigida.
El procedimiento de regularización que establece el Título I del proyecto también podrá utilizarse por propietarios de viviendas que tengan una superficie habitable que, incluidos baño y cocina, no exceda los 140 metros cuadrados, siempre que su avalúo fiscal no supere las 2.000 unidades de fomento.
En el caso de los propietarios de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o a equipamiento social emplazadas en áreas urbanas o rurales, que hayan sido construidas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo permitidos por los planes reguladores, podrán, dentro del plazo de tres años contados desde la publicación de esta iniciativa, regularizar su situación cumpliendo con las disposiciones contenidas en el Título II del proyecto.
Si se tratare de viviendas financiadas con subsidios otorgados en llamados especiales, entregados a través del Ministerio de Vivienda para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010 -terremoto y posterior tsunami-, que no cuenten con los permisos de edificación o con recepción de obras definitiva, los respectivos servicios de vivienda y urbanización podrán, en el plazo de dos años contados desde la publicación de esta iniciativa como ley, obtener para su propietario el respectivo permiso de edificación y la recepción definitiva en forma simultánea, siempre que las viviendas cumplan con los requisitos que establece el proyecto en su Título III.
Como expresó el diputado Venegas , se hace necesaria la participación, la proactividad y la eficiencia de los directores de obras municipales, quienes estarán sujetos a las responsabilidades contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo al cumplimiento de la normativa que se establece, particularmente por el cumplimiento de los plazos que se fijan para emitir sus pronunciamientos.
Los profesionales que certifiquen el cumplimiento de las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores que menciona el proyecto responderán por la veracidad de sus informes y les serán aplicables las responsabilidades contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En el entendido de que estos mecanismos vienen a solucionar una situación de hecho y que se establecen procedimientos bastante acotados y simples para asegurar el entendimiento del común de las personas, me atrevería a decir que estamos ante un excelente proyecto de ley, que busca, justamente, garantizar la estabilidad, la habitabilidad y la seguridad de las viviendas y demás edificaciones que considera.
En consecuencia, hago un llamado a quien corresponda para que esta información se entregue, a través de los mecanismos pertinentes, a todos los vecinos y municipios, porque en la medida en que todos regularicen sus edificaciones, las familias obtendrán algo que es muy importante para ellas: tranquilidad en lo que respecta a su propiedad.
Muchas personas que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para reconstruir sus viviendas no saben si pueden acceder a beneficios. Incluso algunos adultos mayores se preguntan qué pasará si su vivienda no está regularizada ni cuánto les costará contratar a un arquitecto para estos fines y pagar el impuesto correspondiente.
Este es un proyecto que valoro, pues es de tremenda utilidad, y no me cabe duda alguna de que, dado lo que se ha expresado en este debate, contará con el apoyo de toda la Corporación, ya que alude a algo que debiéramos tener muy presente en estos días: el sentido común.
Felicito a los autores de la iniciativa por la gestión eficiente que han realizado. Espero que una vez aprobado el proyecto, el ministerio ponga rápidamente en ejecución sus disposiciones.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta, hay proyectos de ley en los que debemos explayarnos mucho para que se comprendan, pero no es el caso de este, pues es de muy fácil explicación: quienes se acojan a sus disposiciones y regularicen la situación de sus viviendas o demás edificaciones que se mencionan en la iniciativa, podrán optar a otros beneficios fiscales. ¡Tan fácil como eso!
Hoy, cuando la gente quiere optar a un subsidio, por ejemplo, le exigen que acompañe los documentos que acreditan la regularización de su terreno, esté en el campo, en la ciudad o donde sea.
Estábamos muy contentos cuando la ministra dijo que se habían aumentado los subsidios rurales a 5.000; sin embargo, vemos que las exigencias o requisitos para obtener esos subsidios son exactamente los mismos que para obtener uno urbano, por lo cual si un señor tiene un abasto de agua, por ejemplo, le piden que sea de agua potable, y si tiene fosa común, le piden alcantarillado.
La señora ministra nos ha dicho que con la aprobación de esta iniciativa eso ya no se exigirá, porque se tomarán en consideración las condiciones de vida de las personas que viven en sectores rurales. Indudablemente, es mucho mejor tener agua potable, luz y alcantarillado; eso no se pone en cuestión. Pero hay que tener en cuenta que la gente del campo jamás podrá regularizar una vivienda ni optar a los subsidios de ampliación o de mejoramiento térmico si no tiene su vivienda regularizada, porque es uno de los requisitos principales que exigen los programas respectivos.
Una vez que analizamos la parte rural, nos trasladamos a la parte urbana. Hay mucha gente que hace ampliaciones en sus viviendas, pero cuando las quiere regularizar, suelen encontrarse con que no cumplen la normativa correspondiente. El caso más común es que no cuentan con cortafuegos.
Hay muchos que piensan que da lo mismo ser correcto o incorrecto; pero si uno lee el proyecto de los senadores José García, Juan Pablo Letelier , Carlos Montes , Manuel José Ossandón , Víctor Pérez y Eugenio Tuma , verá que dice que deben cumplir los requisitos que establece la ley para regularizar.
Cuando vamos a la ciudad, vemos algo que nos preocupa: terrenos y casas que se encuentran en condiciones de peligro desde el 27F. Esa situación se debe arreglar, pero bajo los requerimientos que se establecerán con esta iniciativa.
También se le dice a la gente que construyó mal y que debe hacerse responsable si pasa algo. Hay muchas personas que han vivido gran parte de su vida en una casa, y ahora se les dice que deben abandonarla, aunque sea la primera vez que sufren los efectos de un terremoto.
Por otra parte, tenemos las edificaciones destinadas a empresas inofensivas o a equipamiento social. Uno se pregunta cómo regularizarán las edificaciones que, por ejemplo, funcionan como talleres.
A los señores parlamentarios les recuerdo que hay una ley anterior que ya puso condiciones para estos casos, como que no pueden emitir ruidos molestos o malos olores que provengan del funcionamiento de esos talleres. Es decir, esas edificaciones deberán cumplir con todos esos requerimientos y, además, con todas las condiciones que exigirá esta nueva ley en proyecto.
Me preocupa esa situación, y lo he conversado largamente con los senadores. De hecho, esta mañana me llamó el senador José García para pedirme que apoyáramos esta iniciativa.
Otra cosa que me preocupa del proyecto es que hasta ahora dábamos la posibilidad de que un funcionario de la dirección de obras municipal es respectiva firmara los planos exigidos para la regularización. En este caso no me queda muy claro si seguirá operando ese mecanismo, ya que contratar a un arquitecto o a un ingeniero cuesta bastante plata.
En los municipios que cuentan con arquitectos o ingenieros no habrá problema, pero en las municipalidades chicas no tienen ese tipo de profesionales, lo cual podría dificultar o impedir la regularización de las edificaciones que nos preocupan, con el consiguiente perjuicio para mucha gente que está muy esperanzada en que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto de ley.
No obstante estas aprensiones, creo que el paso que estamos por dar es importante.
La señora ministra demuestra mucho interés en que esto salga luego. Prueba de ello no es lo que yo pueda decir, sino que ha calificado con suma urgencia esta iniciativa. Eso demuestra claramente cuál es la intención de la ministra y del gobierno: contar lo más luego posible con este proyecto aprobado, para que se otorguen los beneficios que se establecen en favor de la gente que necesita regularizar sus propiedades.
Raya para la suma, para no alargar más mi intervención, Renovación Nacional apoyará este proyecto de ley porque consideramos que es sumamente necesario para miles y miles de chilenos que esperan poder normalizar la situación de sus propiedades y terminar con ese verdadero dolor de cabeza que les produce el no poder optar a ningún subsidio por esa situación.
Nuevamente felicito a los senadores José García, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez y Eugenio Tuma.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball.
La señora SABALL, doña Paulina (ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señora Presidenta, por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas.
Agradezco a los parlamentarios que presentaron esta moción, pues nos ha permitido realizar un trabajo muy interesante entre el Ejecutivo y el Legislativo. También agradezco las opiniones vertidas por las señoras y los señores diputados en el curso de este debate.
Estamos ante un proyecto de ley que, como bien se ha dicho, afectará directamente el bienestar de muchas familias, por la vía de darles seguridad respecto de las viviendas que habitan. También permitirá resolver la situación pendiente de las viviendas no regularizadas después del 27F, y pondrá un piso de seguridad al proceso de reconstrucción que estamos emprendiendo en el sector rural de la Región de Coquimbo.
Lo expresado permite comprender por qué como Ejecutivo le hemos puesto urgencia a la tramitación del proyecto, que es de la mayor importancia para miles de familias, pero que es de suma urgencia para quienes resultaron damnificados a consecuencia de la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
En cuanto a los temas que se han planteado en el debate, en primer lugar considero necesario hacer una aclaración respecto de la pregunta formulada por la diputada Sepúlveda , sobre si el subsidio habitacional que posibilita esta futura ley para regularizar las viviendas es complementario o no. La respuesta es que sí es complementario.
La idea es que con este subsidio del Estado se favorezca el trámite administrativo de la regularización, en tanto se cumplan los requisitos de mejoramiento y de habitabilidad de las viviendas que se establecen.
Respecto de la consulta del diputado Rocafull , es precisamente la regularización la que posibilitará que en el caso de Arica, con el subsidio de mejoramiento de vivienda y barrio, podamos intervenir los suelos salinos sobre los cuales se han instalado viviendas que presentan importantes niveles de inestabilidad e inseguridad.
En cuanto a la otra pregunta de la diputada Sepúlveda , también formulada por el diputado Venegas , aclaro que cuando hablamos de profesional competente para certificar las condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, nos referimos al profesional que se define en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, no solo hablamos de arquitectos, sino de todos los profesionales que la ley faculta para esos efectos, quienes, para ejercer esa función, deben tener la patente profesional correspondiente.
Lo que planteó el diputado Venegas es un tema importante. En la discusión de este proyecto de ley, la comisión del Senado citó a los representantes de la Asociación de Directores de Obras, donde tuvieron una activa participación. Fue de gran importancia lo que convinieron sobre el rol que se asigna en esta iniciativa a las direcciones de obras para simplificar los trámites, asegurar que las viviendas no estén emplazadas en zona de riesgo y que se cumplan todos los requisitos que establece el proyecto, a fin de no llenar a esas reparticiones municipales de trámites que luego no podrán despejar.
Finalmente, respecto de lo que planteó el diputado Leopoldo Pérez sobre la existencia de loteos irregulares en algunas comunas de su distrito, es una dificultad que se extiende a otras regiones. En tal sentido, debo señalar que este proyecto se complementa con una ley que promulgamos hace poco, que tiene que ver con mejorar las condiciones para abordar la situación de esos loteos irregulares.
Para ese caso, entonces, haremos confluir lo establecido en la ley sobre loteos irregulares y en el subsidio de mejoramiento de viviendas y barrios con lo que dispone este proyecto.
En definitiva, lo que buscamos es alinear normas, recursos y gestión para que las condiciones de habitabilidad de las familias chilenas, tanto del sector urbano como del rural, mejoren sustantivamente.
Asumo absolutamente lo que se ha planteado acá, porque dada la importancia de este proyecto, y porque sabemos que es extraordinario y que no queremos que fomente la irregularidad, nos haremos cargo de lo planteado en el sentido de que es necesario acompañarlo con una campaña educacional y comunicativa que no solo convoque a las familias a usar este mecanismo, sino también a prevenir futuras irregularidades.
Señora Presidenta, señoras diputadas y señores diputados, solo me queda agradecer la gestión que se ha dado a esta iniciativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social, con excepción de las normas que requieren quórum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar el inciso segundo del artículo 2°, el inciso cuarto del artículo 3°, el inciso cuarto del artículo 7°, el inciso primero del artículo 8° y el inciso segundo del artículo 10, que requieren para su aprobación el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett , Bernardo ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado además en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
-Aplausos.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/9939-14