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El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, quiero expresar mis razones para apoyar toda iniciativa legal que procure la modificación del sistema electoral chileno para eliminar de las elecciones parlamentarias el binominalismo. En primer término, debo señalar que los análisis comparados de los sistemas electorales en el mundo comprueban que el sistema binominal imperante en nuestro país es uno de los que más distorsionan la voluntad del soberano expresada en el apoyo popular: con solo cerca de un tercio de los votos -¡y que el país escuche esto!-, una coalición política está en condiciones de obtener un escaño, es decir, la mitad de los escaños a disputarse en una circunscripción o en un distrito.
De esa forma, en más del 90 por ciento de las circunscripciones y distritos la distribución de los escaños implica uno para la Concertación y uno para la Alianza, manifestándose una tendencia al empate no obstante la diferencia de votos existente a favor de la Concertación.
Esa distorsión de la voluntad del pueblo soberano implica, además de la alteración de la representatividad de la mayoría de los electores, una falta de competitividad en las elecciones de parlamentarios: algunos son elegidos antes de que se efectúen los comicios, porque van en lo que hemos conocido como "sistema de los blindajes".
El señor BIANCHI .-
¡Aquí tiene uno que no!
El señor MUÑOZ BARRA.-
Y eso, evidentemente, también implica que a un grupo de partidos le sea imposible acceder a una representación política, por más reducida que sea.
No es sorpresa, entonces, que los efectos del binominalismo influyan en los altos niveles de abstención electoral, que no solo se expresan en los inscritos en los registros electorales que no se presentan a emitir su sufragio, sino también en los votos nulos y blancos, y por sobre todo, en los más de 3 millones de personas que, hallándose en condiciones de inscribirse, no lo hacen.
El sistema electoral binominal constituye una de las causas -y no nos engañemos- que estimulan el poco interés de la gente en la política e incluso en las bondades del sistema democrático.
Una encuesta señala que casi la mitad de nuestros ciudadanos se declara indiferente ante la posibilidad de un gobierno autoritario, y aun, estima que podría justificarse en ciertas circunstancias. Únicamente el 45 por ciento de los consultados apoya de manera irrestricta la democracia, lo que ubica a Chile entre los países más débiles en este aspecto.
En segundo lugar, el sistema binominal concentra el espectro político, particularmente diverso en la historia chilena, en dos bloques que, desde la Izquierda y desde la Derecha, alcanzan a representar al Centro, impidiendo la representación política de partidos pequeños pero relevantes en nuestro sistema político, los cuales tienen que buscar diversas formas de expresión, como la que vimos hace algunos minutos en las tribunas de esta Alta Corporación, para hacerse presentes en el sistema democrático.
Cualquier sistema electoral debe optar, para ubicarse en un lugar determinado, al interior de la dicotomía entre la gobernabilidad (comprendida como la formación de mayorías y gobiernos estables) y la representatividad (comprendida como una representación política lo más cercana posible a la preferencia electoral popular).
Algunos países optan por el principio proporcional en la conversión de votos en escaños, pero agregan barreras legales de 3, 5 o hasta 12 por ciento con el fin de disminuir el riesgo de fragmentación del sistema electoral.
Otros prefieren un principio mayoritario en la conversión de votos en escaños, lo que implica una barrera natural muy alta, debido a que solo puede haber un ganador por circunscripción o distrito.
En Chile contamos con un sistema binominal que, siendo un mecanismo de tipo proporcional, tiene la mayor barrera natural.
Dicha barrera cercana al 30 por ciento, en la experiencia de los comicios pasados, excluye de facto a cualquier partido que solo o en un pacto electoral obtenga menor apoyo ciudadano.
En otras palabras, de los sistemas que se rigen por el principio proporcional, el nuestro es el menos proporcional y el más excluyente.
Soy partidario de un sistema electoral competitivo, representativo y que genere gobernabilidad; de un sistema electoral que produzca una representación política proporcional al apoyo ciudadano obtenido por los partidos, que ponga término a la exclusión de sectores políticos relevantes y que conceda a cada cual una representación equivalente a su fuerza electoral, sin sobredimensionarla como ocurre en nuestro país.
El sistema electoral de circunscripciones y distritos binominales tiene una fuerte tendencia al empate, por lo que no genera mayorías estables, al contrario de uno de los principales argumentos a favor de un sistema binominal y en contra de uno proporcional. Con más de 90 por ciento de circunscripciones y distritos empatados entre Concertación y Alianza, la mayoría contundente de la preferencia para el conglomerado de Gobierno se traduce en una mayoría frágil en la representación política.
El proyecto de reforma constitucional que estamos debatiendo constituye un paso en la dirección correcta, ya que permite incluir a partidos que, no obstante tener un significativo apoyo electoral, hoy son víctimas de un sistema que distorsiona la voluntad del soberano, poniendo inusualmente altas barreras de votación que les impiden contar aunque sea con una pequeña cantidad de representantes elegidos por la ciudadanía.
En tal sentido, anuncio que votaré a favor de la iniciativa propuesta, pero no sin expresar mi convicción de que se trata de un primer paso que por sí solo sería absolutamente insuficiente, debido a que únicamente busca resolver la exclusión generada por un sistema muy sui géneris con medidas igualmente sui géneris.
De limitarnos a agregar escaños para los partidos o pactos excluidos por la barrera natural del sistema binominal pero que hayan superado la barrera legal del 5 por ciento y de seguir eligiendo los 158 parlamentarios por medio del sistema binominal, no avanzaremos hacia una mayor competitividad ni a una justa representatividad en nuestras elecciones. Por ende, no resolveremos el problema de fondo.
Si queremos avanzar en el sentido planteado por el programa de Gobierno y asegurar la competitividad, la representatividad y la gobernabilidad, más allá de poner término a la exclusión de sectores políticos, debemos caminar hacia un debate en torno al sistema electoral en su conjunto. Y esto incluye las dimensiones de las circunscripciones y distritos; es decir, su tamaño o número de escaños a disputar y su localización. Incorpora asimismo las formas de candidaturas -habitualmente de listas cerradas y bloqueadas en el caso de las parlamentarias- y de votos, y en especial, las fórmulas de conversión de sufragios en escaños.
Adicionalmente, señores Senadores, debemos modificar el régimen de inscripción en los registros electorales, para que sea automático y considere la obligatoriedad del sufragio. De esta manera ayudaremos a crear una cultura de votación electoral, la que hoy es sumamente débil en nuestro país.
He dicho.
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