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La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo en forma muy especial al ministro de Energía, señor Máximo Pacheco .
Sin duda, el hecho de que el Congreso Nacional esté abocado a establecer un sistema de transmisión de energía eléctrica distinto y a crear un organismo coordinador, va en la dirección correcta de la política energética que el gobierno fijó hace algún tiempo y que dio cuenta de los desafíos de Chile en materia de energía como un pilar esencial para generar condiciones que permitan no solo el crecimiento y el desarrollo del país y avanzar hacia una mayor inclusión social, sino también el buen aprovechamiento y la adecuada explotación de los recursos del país. Para ello precisamente se requiere de energía.
Al mirar la gran minería nos damos cuenta de que la energía es cada día más determinante en los costos que conlleva esa actividad. Vemos que la demanda eléctrica aumenta año a año en valores en torno al 7 por ciento o más, que deben ser suplidos. La comunidad reclama energías baratas, que Chile tiene en su faceta más importante: la energía hidroeléctrica, y avanza en un desafío mayor en la búsqueda de sistemas de energías distintas a las tradicionales, que sean confiables, sustentables y que lleguen a los consumidores a precios razonables.
Por consiguiente, alcanzar una matriz energética que cumpla adecuadamente con esas características es un desafío de Chile en materia energética. En ese sentido, este proyecto avanza en muchos aspectos en la dirección correcta.
Vamos a respaldar, en términos generales, esta iniciativa. Los diputados de la Comisión de Energía pedirán votaciones separadas de ciertas disposiciones referidas a aspectos más de fondo.
Quiero destacar algunos puntos del proyecto que nos parecen importantes.
El primero es que crea un nuevo y único coordinador que tendrá como base las funciones de los actuales Centros de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central. Ese ente coordinador estará dotado de personalidad jurídica propia, no tendrá fines de lucro y le serán aplicables las normas de transparencia de acceso a la información pública.
Nos parece que ese es un paso muy importante en lo que ha sido la anhelada interconexión que el país ha demandado desde hace mucho tiempo.
El segundo punto que quiero subrayar y que considero muy positivo se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad con mayores atribuciones que las existentes actualmente en el sistema.
De acuerdo con este proyecto, desde ahora la administración estará a cargo de un consejo directivo integrado por miembros elegidos mediante concurso público por un comité especial de nominaciones.
También va en la dirección positiva el propósito de esta iniciativa de establecer una planificación de largo plazo.
Lo peor que les puede pasar a los países en estas materias es improvisar o no tener certidumbre sobre sus políticas energéticas, porque ello distrae la inversión o la aleja.
En una economía global, en la que los capitales y los inversionistas buscan certezas, el tener una planificación de largo plazo -lo explicó el diputado informante: la planificación energética se realizará cada cinco años, con un horizonte de treinta años, y será liderada por el Ministerio de Energía; la planificación de la transmisión se llevará a cabo anualmente, con un horizonte de veinte años, y la encabezará la Comisión Nacional de Energía constituye, sin duda, la determinación de una visión estratégica que no queda en lo mediático ni en lo contingente, sino que mira hacia delante -como señalé con una planificación mayor.
Uno de los aspectos complejos del proyecto son las sanciones que se imponen en relación con la calidad del servicio.
Las sanciones por indisponibilidad del suministro incrementan el valor de las compensaciones en 80 veces el precio que el cliente paga por la energía abastecida. Dichas compensaciones se determinarán valorizando la energía no suministrada al costo de la falla de corta duración.
A modo de ejemplo, la compensación tanto a clientes libres como regulados por una falla de 60 minutos en el Sistema Interconectado Central costará 92 millones de dólares. Esa misma falla en el Sistema Interconectado del Norte Grande costará 24 millones de dólares.
Para mayor claridad al respecto, debo mencionar que la falla de transmisión ocurrida el 14 de marzo de 2010 -o sea, con posterioridad al terremoto de ese mismo año-, con las nuevas sanciones que establece la presente iniciativa, pasaría, de los 3,8 millones de dólares que costó en esa época, a 62 millones de dólares, en circunstancias de que el precio final de la transmisión de la energía es marginal: tiene una incidencia de solo 3 por ciento.
Lo anterior implicaría -ello, si se mantuvieran las multas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que por el mismo hecho a una empresa se le podrían aplicar tres sanciones: por indisponibilidad del suministro y por indisponibilidad de instalaciones, más las multas de la SEC. Ello, a nuestro juicio, debe corregirse.
Finalmente, me referiré a las tres indicaciones que aprobamos en la Comisión de Hacienda y que consideramos positivas, pues subsanan situaciones, a nuestro entender, inconvenientes.
La primera modifica el artículo 85° contenido en el número 4) del artículo primero del texto del proyecto despachado por la comisión técnica. Al efecto, rebaja de 70 a 20 por ciento la proporción de energías renovables no convencionales para la producción de energía eléctrica, condición requerida para constituir un polo de desarrollo. Nos parece que esto tiene mucho mayor realismo, porque es lo que Chile puede alcanzar en una primera etapa. Fijar un guarismo tan alto como el aprobado por la Comisión de Minería implica autoimponernos una meta difícil de cumplir.
La segunda indicación -también la consideramos positiva reemplaza el inciso final del referido artículo 85°, que obliga a someter a evaluación ambiental estratégica la determinación de los polos de desarrollo.
Eso también fue muy debatido por los miembros de la Comisión de Minería y Energía. Se corrigió en la Comisión de Hacienda, y se estableció, entonces, que dicha evaluación deberá realizarse en el estudio de franja que dispone el artículo 93°, cuando se defina el trazado.
Mediante la tercera indicación aprobada por la Comisión de Hacienda -esta y la primera son del Ejecutivo se elimina el inciso final del artículo 97° contenido en el número 4) del artículo primero de la iniciativa, el cual señala que terminado el plazo de amortización de la inversión correspondiente la infraestructura de transmisión deberá pasar al Estado.
En consecuencia, pienso que esas tres indicaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda perfeccionan este proyecto, que, en términos generales, consideramos positivo y cuyo articulado analizaremos en particular.
He dicho.
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