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El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, el funcionamiento del sistema eléctrico comprende tres funciones básicas, a saber: la generación, la transmisión y la distribución.
El proyecto de ley se centra en la función de la conectividad o transmisión de la energía, respecto de la cual existen dos actividades centrales: la red y el operador del sistema.
El proyecto apunta a mejorar la regulación de ambos segmentos. En general, en el mundo es un desafío la manera de regular esta materia. El proyecto de su excelencia la Presidenta de la República platea anheladas mejoras, pero no es un cambio total, así que siempre es un sistema perfectible, hacia lo cual debemos avanzar a futuro en las características básicas del sistema actual.
La transmisión ha sido, en nuestro mercado, la base de la competencia y permite que el mercado se cree y luego circule el servicio. Sin embargo, este mercado ha desarrollado economías de escala, lo que afecta los precios a los consumidores finales. Por ejemplo, hasta antes de que esta ley en proyecto entre en vigencia, ha sido más barato construir una línea por potencia transmitida que dos líneas, o sea, es mejor que haya una línea potente que transmita, aunque sea un monopolio, porque en términos económicos es más conveniente que varias líneas más pequeñas.
Entre los ejes centrales de la agenda de energía se encuentra la conectividad. Este aspecto busca establecer mecanismos y garantías para la optimización global y futura del sistema y la planificación de la transmisión desarrollada por la autoridad de manera vinculante para las empresas, para permitir el desarrollo de proyectos de transmisión que generen un beneficio nacional que vaya más allá de la simple reducción de los costos operacionales de corto plazo del sistema eléctrico, lo que permite la reducción de barreras de entrada, elimina los desacoples económicos entre distintas zonas del país y facilita una mayor incorporación de las energías renovables que el país posee en alto potencial.
El proyecto de ley pretende traer una serie de mejoras; por ejemplo, en planificación, polos de desarrollo, remuneración de los actores y emplazamiento.
En efecto, en lo que respecta a la planificación, desde la instalación de los capitales privados en materia de energía había faltado una mirada de largo plazo. Hay energías baratas que no pueden llegar donde quieren. En el norte, por ejemplo, hay exceso de energía que no se puede llevar a Santiago porque no hay líneas para ello.
El proyecto hace una mejora sustancial en la planificación, toda vez que la transmisión troncal contará con una visión estratégica de largo plazo, al incorporar en los procesos de planificación variables fundamentales que hoy enfrentan quienes desarrollan proyectos de generación de energía y que redundan en la disminución de los riegos y la incertidumbre, y menores costos, además de contar con las herramientas para desarrollar un sistema de transmisión troncal que considere obras con holguras, en sintonía con la visión de largo plazo.
Los cambios que se efectuaron en la Comisión de Hacienda respecto del inciso segundo del artículo 85°, que se refiere a los proyectos de los polos de desarrollo, y que venía desde la Comisión de Minería y Energía, implica que el Estado identifica zonas y ayuda a generar las condiciones para sacar la energía de esos lugares y transmitirla, lo cual el proyecto de ley aborda apropiadamente, no obstante la disminución de generación eléctrica con energías renovables no convencionales de 70 a 20 por ciento.
Aunque entendemos que no son para megacentrales, que por sus tamaños pueden construir líneas de transmisión por sí mismas, quizás es un mensaje equivocado a las zonas que representamos, como la Región de Coquimbo u otras más al norte, en donde ya existen procesos muy avanzados y con bastante éxito respecto de la producción de electricidad con energías renovables no convencionales.
Quizá sería posible desechar ese guarismo o modificarlo para dar una mirada hacia el futuro que apunta el país.
En el ámbito de la remuneración, había mucha incertidumbre a la hora de cobrar los peajes, ya que los generadores determinaban ese costo en sus contratos, lo que eventualmente termina perjudicando a los consumidores.
Para simplificar y transparentar el proceso, el proyecto de ley propone que paguen la transmisión quienes consumen la energía, es decir, la demanda. Esto debería implicar, al final, una reducción de los costos, con lo que no se premiarían los riesgos ni las deficiencias operativas.
Respecto del emplazamiento de proyectos, también existe un problema de planificación. Actualmente, el privado debe hacer todo y los problemas que surjan los debe resolver por su cuenta. En este ámbito, el proyecto de ley da un nuevo rol activo al Estado como garante del bien común.
En este sentido, pienso que las comunidades deben ser escuchadas y respetadas, en lugar de recurrir a ese concepto atávico que existe en cada uno de ellos desde épocas prehispánicas respecto del atropello que sufren y cómo ven el paso del desarrollo desde la vera del camino.
El operador del sistema es el Centro de Despacho Económico de Carga. El proyecto de ley busca independizar el sistema para que no esté sujeto a ninguna presión por parte de las empresas, dotándolo de independencia y autonomía, lo cual pasa por el nombramiento de sus miembros y la determinación de sus remuneraciones, fijada por el proyecto de manera democrática y transparente, lo que constituye, sin lugar a dudas, un gran avance.
Finalmente, destacamos que el proyecto también realiza otros cambios regulatorios relativos a la definición de segmentos de la transmisión, el libre acceso a las instalaciones dedicadas, la expansión de la transmisión zonal, el establecimiento de una nueva tasa de descuento, entre otros. De modo que los principales problemas que busca resolver el proyecto de ley se refieren a la transmisión y a la coordinación del sistema, los cuales se verían zanjados.
La transmisión está hoy muy ajustada, por lo que el principio es contar con una transmisión más holgada, invertir en los polos de desarrollo, eliminar las centrales más ineficientes para así bajar los precios de la energía, observaciones que hicimos en la Comisión de Minería y Energía. Lo fundamental es bajar los precios -los actuales son los más caros de América Latina-, con lo que se dará una satisfacción a los chilenos.
Por todo lo anterior, no puedo menos que dar mi voto favorable al proyecto de ley, dejando claras las observaciones al artículo 85°.
He dicho.
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