El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez . La señora NÚÑEZ (doña Paulina).- Señor Presidente, creo de suma importancia poner en contexto la situación de la energía en nuestro país. Se ha dicho una y otra vez que es la más cara de Latinoamérica, que tenemos fuertes presiones de la minería en el incremento del consumo, el cual, según ha informado recientemente Cochilco , se incrementaría en 53,3 por ciento en el periodo 2015-2026, a una tasa de 4,0 por ciento anual. Asimismo, nuestra escasa matriz energética y la dependencia de actores externos en esta materia hacen indispensables reformas que permitan fortalecer nuestra matriz propia y la solidez de nuestro sistema de transmisión eléctrica. Ahora, dentro de las decisiones que mayor relevancia han tenido para alcanzar estos dos últimos objetivos puede contarse la unificación de los mayores sistemas de transmisión eléctrica del país: el Sistema Interconectado Central (SIC), y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). En este contexto se inserta el proyecto de ley que hoy discutimos. Si bien el proyecto sometido a nuestra consideración tiene como ejes favorecer un mercado más competitivo, mejorar los estándares de seguridad y calidad del servicio, fortalecer las compensaciones a usuarios frente a indisponibilidades, incorporar al Estado en la definición de trazados y en el emplazamiento de los nuevos sistemas de transmisión, mejorar la planificación pública del desarrollo de la transmisión eléctrica con perspectiva de largo plazo y establecer el marco jurídico para el funcionamiento de lo que será el sucesor de los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), creo que su principal virtud radica en que, a fin de cuentas, permitirá contar con energía más barata y, generando sinergias con la ley Nº 20.805, sobre perfeccionamiento del sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de precios, que los usuarios finales cuenten con mejores y más bajas tarifas. Es decir, permite lograr una eficiencia que resulta socialmente justa en el uso de los recursos eléctricos. Quiero referirme a dos puntos del proyecto que considero especialmente relevante que sean votados a favor, sobre todo aquel que fue mejorado en la Comisión de Hacienda: la situación de los polos de desarrollo y la consolidación de la propiedad estatal sobre bienes privados una vez transcurrido el plazo de amortización de la inversión en las franjas. Respecto de lo primero, estimo que la introducción del concepto “polos de desarrollo” es prometedor para la consolidación de zonas con potencial generador, porque su diseño es precisamente para pequeños generadores. No se busca con ello instalar en las sombras -como han dicho algunos megacentrales, sino que potenciar la pequeña generación y fomentar la competencia. Por ello, me parece bien el cambio que realizó la Comisión de Hacienda, en orden a determinar que los polos de desarrollo cuenten con hasta un 20 por ciento de energías renovables no convencionales en vez de un 70 por ciento. Esto no obedece a una falta de compromiso, sino a una realidad objetiva: un 70 por ciento limitaría el desarrollo de muchos polos, especialmente en lugares del país donde hay potencial hidroeléctrico. Recordemos que en nuestro país se considera una energía renovable no convencional a las centrales hidroeléctricas de hasta 20 megawatts. Sin embargo, se espera que con los polos de desarrollo, en las zonas donde existe potencial generador, existan centrales hidroeléctricas levemente superiores a 20 megawatts. En este aspecto es donde se reprocha la introducción subrepticia de megacentrales. Pero hay que recordar que ellas son inviables en los polos de desarrollo, pues en estos no se permiten líneas de transmisión con la capacidad para llevar la producción que una megacentral genera. Es decir, la limitación -la garantía, si se quiere está dada por un factor técnico y objetivo. En relación con lo segundo, la Comisión de Minería y Energía estableció que respecto de las líneas de transmisión y del terreno en que se emplazan, serían de propiedad estatal una vez que su valor fuere amortizado. Es decir, una vez que el privado recupera el valor de la inversión, esta se vuelve de propiedad estatal. Tal como se indicó en la Comisión de Minería y Energía por parte de diversos técnicos, la vida útil de las instalaciones parten desde los cuarenta años; sin embargo, el plazo de amortización, de acuerdo a la ley, es de veinte años. Ello implica tres problemas: el primero, y más básico, es que la disposición es derechamente expropiatoria, porque el hecho de la amortización no constituye en caso alguno indemnización de acuerdo a lo que prescribe la Constitución; el segundo, un poco más sofisticado, es que la modificación de la Comisión de Minería y Energía no se armoniza con el resto del proyecto y de la legislación vigente, pues el eje es la servidumbre eléctrica, manteniéndose la propiedad de los terrenos en sus dueños y compensándolos en lo necesario. El tercer problema nace porque, como reza el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta modificación aumentaría los costos para los clientes finales, cosa que los expertos técnicos nos demostraron con números. Los promotores de la indicación en la Comisión de Minería y Energía solo nos hablaron de sus buenas intenciones. Por ello, celebro el hecho de que la Comisión de Hacienda haya revertido la modificación tan poco acertada que se aprobó en la Comisión de Minería y Energía. Al igual que el diputado Issa Kort , anuncio que votaremos en contra los artículos 92°, 93° y 212°-7 introducidos por el proyecto en la Ley General de Servicios Eléctricos, como lo hicimos en la Comisión de Minería y Energía. La razón de votar en contra el artículo 212°-7 es que no estamos de acuerdo con la composición ni con el funcionamiento establecidos para el Comité Especial de Nominaciones. Este es un proyecto extenso, complejo en sus materias y altamente técnico, por lo que demandó de la Comisión de Minería y Energía un extenso e intenso trabajo. No puedo dejar pasar mis felicitaciones al equipo del Ministerio de Energía, porque en la tramitación de esta instancia hizo todo lo contrario a lo que suele hacer el gobierno: no dialogar y no escuchar. En este caso sí dialogamos, sí se nos escuchó y sí se concordaron algunas indicaciones. Por lo expuesto, anuncio que votaremos a favor el proyecto, salvo los artículos que mencioné anteriormente, entre ellos –reitero el artículo 212°-7, porque, como lo hicimos ver en la comisión, nos parece que el Comité Especial de Nominaciones que se crea aún no ha quedado establecido como un organismo técnico. He dicho.