REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 124ª, en jueves 21 de enero de 2016 (Ordinaria, de 10.39 a 12.53 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y Vallespín López, don Patricio. Presidencia accidental del señor Carmona Soto, don Lautaro. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 11 II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15 III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15 IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15 ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN .................................................................................... 16 V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 17 FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9790-07) .................................................................................... 17 VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 47 1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10057-06. ............................ 47 2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9895-11) .............................. 47 3.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10217-15) ............................ 47 4.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 6252-09) .............................. 47 5.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° N° 10368-04) ....................... 47 6.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8584-15) .............................. 47 7.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10043-04) ......................................................................... 47 8.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10154-07) ......................................................................... 47 9.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO SOBRE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO AL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “DISCUSIÓN INMEDIATA”, SOBRE “FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA”, EN TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. (BOLETÍN N° 9790-07) .............................................................................................................................. 47 10.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “PERFECCIONA LA JUSTICIA TRIBUTARIA Y ADUANERA.”. (BOLETÍN N° 9892-07) ............................................................................................................... 47 11.- INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO RECAÍDO EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO AL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL OBJETO DE REGULAR EL COBRO DEL SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS EN LOS LUGARES QUE INDICA,” EN TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. (BOLETÍN N° 9729-03) ............................................................................................................... 48 12.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “ESTABLECE EL DÍA 22 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO DÍA DE LAS CALETONINAS Y LOS CALETONINOS.”. (BOLETÍN N° 10056-08) ................................... 48 Pág. 13.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.010, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y OTRAS OBLIGACIONES DE DINERO QUE INDICA, CON EL OBJETO DE ELIMINAR EL COBRO DE INTERESES SOBRE INTERESES”. (BOLETÍN N° 10531-05) ............................................................................... 48 14.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES DE MUSSY, ALVARADO, ANDRADE, JARAMILLO, PAULSEN, RINCÓN, SAFFIRIO, SQUELLA Y TRISOTTI,Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EN MATERIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO, TRATÁNDOSE DE CAUSAS RELATIVAS A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”. (BOLETÍN N° 10528-07)................................................................. 48 15.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEÓN, ARRIAGADA, OJEDA, PILOWSKY, RINCÓN, SAFFIRIO, SILBER Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PROVOSTE, QUE “MODIFICA EL D.F.L. N° 1, DE 2004, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA , FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL D.L. Nº 211, DE 1973, PARA ESTABLECER LA PENA DE FIJACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS EN CASO DE COLUSIÓN “. (BOLETÍN N° 10532-03) .......................................................................................... 48 16.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, ALVARADO, CAMPOS, CERONI, ESPINOSA, FUENZALIDA, JARAMILLO, MEZA Y SILBER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE DELITOS TERRORISTAS”. (BOLETÍN N° 10533-07. .............................................................................................................. 48 17.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, ALVARADO, CERONI, JARAMILLO, LETELIER, MEZA, PÉREZ, DON JOSÉ, Y SILBER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 10.419, QUE REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO, PARA PROHIBIR FUMAR EN PLAYAS Y PISCINAS DE ACCESO PÚBLICO, Y APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES”. (BOLETÍN N° 10534-11) ....... 49 18.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.010, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO Y OTRAS OBLIGACIONES DE DINERO QUE INDICA, EN EL SENTIDO DE PROHIBIR LAS CLÁUSULAS DE ACELERACIÓN”. (BOLETÍN N° 10535-03)..................................................................................... 49 19.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y FERNÁNDEZ, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AGUILÓ, ARRIAGADA, CARMONA, ESPINOSA, DON MARCOS; GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON DANIEL; POBLETE, Y TEILLIER, QUE “AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN CONMEMORACIÓN DEL ESCRITOR Y ARTISTA PEDRO LEMEBEL, EN LA COMUNA DE RECOLETA”. (BOLETÍN N° 10536-24)....................................................................... 49 20.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR BARROS SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO ENTRE LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2015, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA. ............................................... 49 21.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR MEZA SOBRE SU PARTICIPACIÓN, EN CONJUNTO CON LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS, NORAMBUENA, Y URÍZAR, EN EL XLVII PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, EFECTUADO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, ENTRE LOS DÍAS 28 Y 30 DE OCTUBRE DE 2015. .................................................................................................... 49 Pág. 22.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR MONCKEBERG, DON NICOLÁS, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO, DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO ENTRE LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. ................................................................. 49 VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Notas: Del diputado señor Hernández por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 15 de enero de 2016, para dirigirse a Vancouver, Canadá. Del diputado señor Lorenzini por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 13 de febrero de 2016, para dirigirse a Estados Unidos. De la diputada señora Girardi, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 21 de enero, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión ordinaria celebrada con esta fecha. 2.- Licencias médicas: Otorgada a la diputada señora Nogueira por la cual acredita que debió permanecer en reposo el 19 de enero de 2016. Otorgada al diputado señor González por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de treinta días, a contar del 18 de enero de 2016. 3.- Comunicaciones: De la diputada señora Pascal, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa que durante el día de hoy, 21 de enero, realizará una gestión encomendada por la Corporación, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión ordinaria celebrada con esta fecha. Del diputado señor Pérez, don José, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia el día de hoy, 21 de enero, por impedimento grave. De la diputada señora Sabat, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión ordinaria de hoy, 14 de enero, por impedimento grave. 4.- Oficios: De la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios por el cual reitera la solicitud contenida en el oficio N° 400-16, de 13 de enero de 2016, en orden a recabar el acuerdo de la Sala para que se le remita el proyecto de ley sobre “Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez” (boletín N° 10.315-18), luego de ser informado por la Comisión de la Familia y Adulto Mayor, donde se encuentra radicado actualmente. De la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios por el cual solicita el asentimiento de la Sala para que se le remita el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (Boletín N° 10.526-06), luego de ser informado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, donde se encuentra radicado actualmente. De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en mensaje, que “Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales” (boletín N° 10368-04), una vez que sea despachado por la Comisión de Educación, donde se encuentra radicado actualmente, a fin de emitir un informe sobre las materias propiamente laborales que contempla dicho proyecto. De la Comisión de Minería y Energía por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, sobre “Reforma constitucional que permite la nacionalización de recursos naturales de carácter estratégico y establece normas especiales sobre la materia respecto de la Gran Minería del Cobre.”, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. boletín N°10187-07. De la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades ocurridas en Junaeb durante los años 2014 al 2015, con ocasión de la ejecución del programa de alimentación escolar en distintas regiones del país, por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Monsalve. Respuestas a Oficios cuenta Contraloría General de la República Diputado Rocafull, Remitir el informe de investigación especial N° 4 del 27 de junio de 2013 sobre la ejecución del proyecto “Portal Alto” en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, y respuesta del mismo Servicio, respecto a las observaciones detectadas. (2866 al 14101). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la efectividad de que el señor Jorge Bustos Nielsen estaría gestionando ante ese Servicio, con mecanismos al margen de la legalidad vigente, la regularización de una embarcación de su propiedad. (289 al 14908). Ministerio de Hacienda Diputado Robles, Informe acerca del tratamiento que se ha dado a las distintas denuncias de incumplimiento del contrato suscrito entre la empresa Soquimich Comercial S.A. y la Corporación de fomento de la producción (Corfo) para la explotación de litio en el salar de Atacama y las actuaciones de este organismo durante los últimos cinco años para garantizar el cumplimiento del señalado contrato. (01 al 9973). Diputado Sandoval, Informe las medidas de fomento que se adoptarán para el desarrollo de las zonas extremas de nuestro país (111 al 13265). Diputado Sandoval, Informe las medidas de fomento que se adoptarán para el desarrollo de las zonas extremas de nuestro país (112 al 13265). Diputado Silva, Baja ejecución del gasto capital en el Ministerio de Educación y su planificación. (116 al 9644). Diputada Rubilar doña Karla, Informe la factibilidad de condonar, vía decreto supremo, las deudas derivadas del no pago de contribuciones, para los pacientes de enfermedades de alto costo. (118 al 10864). Diputada Cicardini doña Daniella, Informe sobre los recursos económicos que el gobierno central ha designado para afrontar la catástrofe natural ocurrida en la Región de Atacama. (136 al 7875). Diputado Rincón, Inmuebles arrendados por los ministerios, servicios y embajadas, en el territorio nacional e internacional, precisando su costo anual, emolumento mensual y valor de los arriendos mensuales por región. (142 al 9100). Diputado Espinoza don Fidel, Manifiesta su solidaridad con la Universidad de Los Lagos, entidad que se vería perjudicada por el Fallo del Tribunal Constitucional que estableció los requisitos que deberán cumplir las universidades estatales para ser beneficiarias del sistema de gratuidad (145 al 1567). Diputada Provoste doña Yasna, Informe a esta Cámara en forma pormenorizada sobre la ejecución del gasto autorizado para enfrentar la emergencia y la reconstrucción de la Región de Atacama, con el detalle por comuna e ítem. (151 al 12370). Diputado Trisotti, Solicita que tenga a bien instruir a la Zona Franca de Iquique S.A. para revisar los contratos suscritos con sus usuarios, con el objeto de establecer cláusulas propias de un contrato de arrendamiento con participación de ambos contratantes en su contenido, informando a esta Corporación las medidas que se adopten en la materia. (152 al 13085). Diputado Trisotti, Disponga la adopción de las medidas necesarias para lograr un acuerdo en las tarifas que la Zona Franca de Iquique S.A. cobrará a sus usuarios, informando a esta Corporación el contenido de las mismas. (160 al 13084). Diputado Silva, Estado de cumplimiento, en sus dependencias, del principio de accesibilidad universal para personas con discapacidad. (161 al 9808). Diputado Espinoza don Fidel, Remitir estadísticas respecto del número de vehículos y personas que han utilizado el Paso Internacional Cardenal Samoré, en la comuna de Puyehue, con el objeto de salir o ingresar el país durante el presente año, realizando una comparación con los datos correspondientes al 2014. (496 al 14680). Proyecto de Resolución 364, Solicita a S.E. la Presidenta de la República el envío de un Proyecto de Ley que establezca medidas de protección en favor de los Pequeños y Medianos Empresarios. (153). Diputado Boric, Se sirva informar respecto al número y montos involucrados en las Becas de Integración Territorial que se entregaron durante el año 2015 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, número de becas presupuestadas para el año 2016 y la posibilidad de aumentar los cupos. (060 al 10713). Ministerio de Obras Públicas Diputado García don René Manuel, Solicita informar sobre los planes y plazos para el mejoramiento del camino Huichahue ubicado en el sector urbano de la comuna de Padre Las Casas. (080 al 14970). Diputado García don René Manuel, Solicite informe del estado de ejecución del proyecto de construcción del tercer puente para el mejoramiento de interconexión vial entre Temuco y Padre de las Casas. (081 al 14971). Diputado García don René Manuel, Solicita informar los motivos que habrían provocado la paralización de los trabajos de pavimentación de la calle Guido Beck de Romberga en la comuna de Padre Las Casas (088 al 14972). Diputado Berger, Se sirva informar la factibilidad de reunirse con las personas de las juntas de vecinos de Arique y de Cerro Molino y tomar a bien la solicitud que han realizado en relación al mejoramiento y mantención del denominado “Camino San Antonio”, en la comuna de Valdivia. (100 al 11353). Diputado Gahona, Se sirva informar, respecto los trabajos de mejoramiento de la Ruta 41-CH que estaría realizando la empresa Branex, las medidas adoptadas por la Dirección de Vialidad para asegurar la ejecución del contrato, los pagos que se han suspendido, su estado de avance y de otras obras que se encuentra ejecutando la misma empresa en el país y señalar las medidas adoptadas en caso de abandono de las obras por parte de la empresa. (101 al 11421). Diputado Farcas, Medidas adoptadas para evitar los cobros por servicios no acreditados y los pagos indebidos que se efectúan a través de los sistemas automáticos de recaudación en las carreteras concesionadas. (94 al 12367). Diputado Chahin, Posibilidad de destinar recursos para la ejecución de proyectos de mejoramiento de agua potable rural, disponiendo los suplementos que se requieran, especialmente en la Región de La Araucanía. (95 al 14789). Ministerio De Salud Diputado Chahin, Disponga la agilización de la intervención quirúrgica que requiere la señora Rosa Neculpan Quilapan, quien se encuentra en lista de espera desde hace 5 años. (076 al 14794). Ministerio de Vivienda y Urbanismo Diputado Ward, Solicita remitir información respecto de las viviendas entregadas en la Región de Atacama, con ocasión del aluvión que afectó a esa zona el 25 de marzo de 2015, dando respuesta a las consultas específicas contenidas en documento adjunto. (055 al 14617). Diputado Sandoval, Informar sobre la posibilidad de acelerar el proceso de mejoramiento de la vivienda en sitio propio del matrimonio de la señora María Güenul y Ricardo Guichapay de la comuna de Coyhaique. (080 al 14984). Diputado Farcas, Solicita informar el estado de avance y la fecha de término de obras que se ha estipulado, para el colector de aguas lluvias Barón de Juras Reales en la comuna de Conchalí. (14499 al 13209). Diputado Silber, Informe sobre el plan de traslado de viviendas y demolición de naves en la comuna de Quilicura, especialmente en la Población Parinacota. (48 al 7757). Ministerio Secretaría General de la Presidencia Diputado Monsalve, Se sirva informar sobre los cálculos que se habrían realizado para el pago de la indemnización por retiro del señor Fernando Fredes Inostroza, quién se desempeñó en la Delegación Provincial de Sanidad de la Región del Biobío. (3570 al 1541). Proyecto de Resolución 369, Solicita a S.E. la Presidenta de la República establecer dentro de la Ley del Deporte N° 19.172 y su reglamento, un fondo nacional de financiamiento para la actividad deportiva amateur y aumentar el financiamiento directo del Fondeporte para el fútbol amateur. (827). Diputado Saldívar, Solicita ejecución de las obras necesarias para refaccionar el camino Piedra de Buitre, que une al sector Las compañías con la Ruta 5 Norte, en la comuna La Higuera de la Región de Coquimbo, informando las medidas que se adopten en este sentido. (37 al 14715). Diputado Farcas, Ejecución del plan de expropiaciones de terrenos destinados a la red del Metro en la calle Independencia, en la comuna del mismo nombre y en la de Conchalí. (4393 al 13431). Servicios Diputada Álvarez doña Jenny, Remitir antecedentes y cifras respecto al número de adultos mayores de la Región de Los Lagos, que durante el año 2015 han sido beneficiados con viajes sociales o vacaciones con financiamiento de ese Servicio o complementado con aportes municipales, comparando dichas cifras con las del año 2014. (41 al 14682). Diputado Espinoza don Fidel, Informe a esta Cámara, al tenor de la intervención que se acompaña, sobre la posibilidad de asignar recursos para la construcción de un pozo profundo a fin de superar los problemas de abastecimiento de agua de las localidades de Río Frío y Cañitas de la comuna de Los Muermos en la Región de Los Lagos. (97 al 14117). Varios Diputado Monsalve, Se sirva informar el estado de ejecución de los trabajos de electrificación en el sector de Lomas Largas, Villa Laureles de la comuna de Arauco, y se dé cuenta a esta Corporación de las medidas adoptadas en la materia. (471 al 14214). Proyecto de Resolución 522, Solicita al Supremo Gobierno, a Carabineros de Chile, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y al Poder Judicial, tomar las medidas necesarias para terminar con la violencia en los espectáculos deportivos en Chile. (78). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (026 al 13865). Diputado Campos, Requiere informar los motivos por los cuales no se ha concretado la construcción de una sede para la Junta de Vecinos del Conjunto Habitacional Padre Alberto Hurtado N° 1 de la comuna de Hualpén, no obstante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo aprobó los recursos necesarios para la concreción de dicha obra (038 al 14828). Diputada Núñez doña Paulina, Se sirva informar los planes de esa Municipalidad para establecer una farmacia municipal, indicando los costos involucrados, los planes de implementación y las restricciones que se establecerían. (1387 al 13622). Diputado Ulloa, Solicita informe del estado de avance de la construcción del gimnasio del Liceo A-21 en la comuna de Talcahuano, particularmente si presenta fallas, indicando las medidas que se adoptarán para finalizar la obra señalada (2099 al 13081). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (46 al 15176). Diputado Becker, Número de funcionarios de planta, a contrata y bajo la modalidad a honorarios que prestan servicios en su municipio. (600056599 al 12029). Diputado Sandoval, Se sirva informar si algún concejal de ese municipio se verá afectado por la incompatibilidad que incorporó la ley N° 20.742, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, al inciso primero del artículo 75 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, modificación que entrará en vigencia el 6 de diciembre del año 2016, de acuerdo al artículo tercero transitorio de la norma sustitutiva. (820 al 12798). Diputado Macaya, Diputado Monckeberg don Nicolás, Diputado KAST, Informe a esta Cámara sobre el total de fondos municipales, en millones de pesos, aportados en 2014 a la educación de su comuna, precisando los destinados directamente a la función educacional dentro de establecimientos educacionales, los asignados a nueva infraestructura o a mantención de establecimientos; y, los dedicados a gastos administrativos propios de la gestión del sostenedor o de la corporación educacional. (845 al 14559). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (949 al 13777). Presidencia de la República Diputado Letelier, Solicita establecer un sistema de cobro diferenciado para el cobro de infracciones derivadas del no uso del dispositivo electrónico que efectúa un cobro automático en vías concesionadas de la Región Metropolitana de Santiago, que distinga entre automóviles que provengan de las distintas regiones del país y aquellos que pertenecen a las comunas de dicha región. (93 al 1485). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Fernández Allende, Maya -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Godoy Ibáñez, Joaquín -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, además, el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán. -Se contó con la asistencia, también, de la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: La diputada señora Karla Rubilar Barahona, y los diputados señores Ramón Farías Ponce, Iván Flores García, Javier Hernández Hernández, Roberto León Ramírez, Jorge Rathgeb Schifferli y Raúl Saldívar Auger. -Con licencia médica: La diputada señora Loreto Carvajal Ambiado, y los diputados señores Rodrigo González Torres y Juan Enrique Morano Cornejo.- * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 115ª se declara aprobada. El acta de la sesión 116ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se ofrece la palabra sobre la Cuenta. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud. El señor TARUD.- Señor Presidente, quiero referirme al proyecto de resolución N° 484, presentado por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, que fue leído en la sesión de ayer y que quedó pendiente, cuyo título decía: “Apoyo a la demanda de Bolivia”. Ayer me comuniqué con el señor Secretario, quien me señaló que en el título hubo un error, el cual ha sido subsanado. Sin embargo, creo que la presentación de este proyecto de resolución es extemporánea, por lo que pido a todos los colegas con los que firmé este proyecto que lo retiremos. Ya no tiene sentido su presentación, porque se mencionan las declaraciones del Presidente de Ecuador, quien posteriormente las desmintió, y señaló que los medios de comunicación de Bolivia tergiversaron sus dichos. En consecuencia, si les parece bien a los colegas firmantes, debemos retirar el proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor Tarud, el proyecto en comento fue retirado ayer por los firmantes, tal como usted lo concordó con el Secretario de la Cámara de Diputados. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre “Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez”, luego de ser informado por la Comisión de la Familia y Adulto Mayor, donde se encuentra radicado actualmente. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas” (Boletín N° 10526-06), luego de ser informado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, donde se encuentra radicado actualmente. ¿Habría acuerdo? Acordado. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales” (Boletín N° 10368-04), una vez que sea despachado por la Comisión de Educación, donde se encuentra radicado actualmente, a fin de emitir un informe sobre las materias propiamente laborales que contempla dicho proyecto. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, por favor, ¿puede solicitar nuevamente el acuerdo de la Sala sobre esta petición de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social? El señor MELERO.- Señor Presidente, de acuerdo al Reglamento no corresponde solicitar nuevamente el acuerdo de la Sala. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Minería y Energía, en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre “Reforma Constitucional que permite la nacionalización de recursos naturales de carácter estratégico y establece normas especiales sobre la materia respecto de la Gran Minería del Cobre” (Boletín N° 10187-07), actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. V. ORDEN DEL DÍA FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9790‐07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 123ª de la presente legislatura, en 20 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SOTO (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, corresponde a nuestra comisión pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar la aprobación o el rechazo de las enmiendas. En ese sentido, cabe señalar que las modificaciones introducidas por el Senado dicen relación con las siguientes materias: 1.- Propaganda electoral a) Sobre definición de propaganda. Se amplía el ámbito de sujetos que pueden ser objeto de propaganda electoral, de modo que no quede limitada a la figura de precandidato, candidato, partido político o partido político en formación. Se excluye expresamente del concepto de propaganda la difusión de ideas efectuada por personas. b) Se elimina la competencia del seremi de Vivienda y Urbanismo. Se elimina la competencia del seremi de Vivienda y Urbanismo de la región respectiva para elaborar y enviar informes al Servicio Electoral que indiquen los lugares públicos para efectuar propaganda, en caso de que el concejo municipal no lo efectúe. De esa forma, a falta del informe del concejo municipal, el Servicio Electoral dictará la resolución sin él y podrá solicitar a cualquier organismo público información que requiera para su elaboración. c) Sobre propaganda en espacios públicos. Se amplía a cualquier espacio público que el Servicio Electoral autorice y se elimina distinción entre zonas rurales y urbanas, y rige para ambas el mismo marco normativo. Además, se repone la facultad del concejo municipal para proponer al Servicio Electoral aquellas plazas, parques o espacios públicos aptos para propaganda, la cual debe contar con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros. Asimismo, se aprobó la indicación del senador Carlos Montes, que obliga a los directores regionales del Servicio Electoral a convocar a una reunión de las directivas regionales de los partidos, para informarles sobre los lugares que preliminarmente han sido definidos en cada comuna para autorizar propaganda, con el fin de que estos puedan presentar observaciones no vinculantes para el servicio. El Servel deberá publicar, junto con la resolución que determina las plazas, parques o espacios públicos permitidos para propaganda, un plano en el que los indique. d) Se precisa distribución de espacios públicos para propaganda. Se incorpora la atribución del Servicio Electoral para dictar instrucciones, con el fin de velar por el uso equitativo de los espacios públicos autorizados para efectuar propaganda entre las distintas candidaturas y partidos políticos. En dichas instrucciones, el Servel podrá determinar el máximo de elementos de propaganda permitidos para cada candidato o partido en una misma elección. e) Contratación de propaganda en prensa y radioemisoras. Se aprueba la indicación del senador Carlos Montes, para exigir que la propaganda que se contrate a estos medios solo pueda ser celebrada entre el candidato, el partido respectivo o los administradores electorales, y dichas empresas. f) Fiscalización y retiro de propaganda ilegal. Se hace explícita la responsabilidad de los alcaldes en el retiro de la propaganda ilegal. Para este fin, deberán repetir en contra de los partidos políticos y candidaturas independientes por el monto de los costos en que hubieren incurrido. El Servicio Electoral deberá certificar la infracción cometida y los gastos asociados al retiro de propaganda, a los efectos de que las municipalidades cobren los montos ante la Tesorería General de la República. Además, se hace referencia a la procedencia del reclamo de ilegalidad frente a omisiones o arbitrariedades por actos del alcalde en esa materia. Se repone el rol de Carabineros de Chile para fiscalizar, retirar o suprimir la propaganda ilegal en espacios públicos, quienes procederán de oficio o por medio de denuncia ciudadana. g) Límite sobre gigantografías. Se incorpora un inciso que prohíbe la propaganda mediante carteles cuyas dimensiones superen los dos metros cuadrados. h) Propaganda por brigadistas o activistas. Se incorpora un inciso que autoriza a brigadistas o activistas a realizar propaganda por medio de banderas, lienzos u otros elementos que identifiquen la candidatura. i) Se crea el estatuto de brigadistas y reglas de responsabilidad para candidatos. Esto recoge los elementos de la iniciativa conocida como “proyecto Luciano Rendón”. j) Norma especial para divulgación de encuestas. El nuevo artículo 32 ter señala que solamente se podrán divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales hasta el décimo quinto día anterior a la elección, inclusive. 2.- Sobre gastos electorales y campaña a) Se crea la figura de la “precampaña” desde 200 días antes de la elección, para recibir aportes y hacer gastos electorales. b) Se establecen topes máximos para donaciones de personas naturales. Se incorpora un nuevo inciso final al artículo 9° para establecer los montos máximos de donaciones realizados por personas naturales a cada elección. De este modo, cada persona podrá donar, para cada candidatura, un máximo de 1.000 UF, tratándose de una elección de alcaldes o concejales, y de 2.000 UF si se trata de elecciones de diputados, de senadores o presidenciales. c) Se tipifican infracciones graves que darán lugar a la pérdida del escaño. Conocerá de ellas el Consejo Directivo del Servicio Electoral. 3.- Sobre aporte a partidos políticos El 20 por ciento del monto total se distribuirá de forma proporcional -es decir, lineal-, entre todos los partidos que cumplan con los requisitos para optar al aporte, al número de regiones en las que estén constituidos. En el caso de los partidos que estén constituidos en la totalidad de las regiones del país, se les distribuirá lo que correspondiere como si estuviesen constituidos en una región adicional. El 80 por ciento restante del monto total se distribuirá a prorrata entre los partidos que cuenten con representación parlamentaria conforme a los votos válidamente emitidos en favor de cada partido que cumpla con los requisitos para optar al aporte. En la discusión en el Senado se agregó que, para la distribución del 80 por ciento del monto anual del aporte público a repartir para los partidos, se establece que si un parlamentario que fue elegido estando afiliado a un partido se desafiliare de él, entonces ese partido perderá solo el 50 ciento del financiamiento equivalente a los votos favorables obtenidos por el parlamentario que se desafilió. 4.- Sobre funciones y estructura del Servel a) Se aumenta la dotación del Servicio Electoral. b) Se modifica el estatuto del director del Servicio Electoral. Se aclara su sujeción a las reglas de la Alta Dirección Pública. Se aclara el estatuto que rige al director del Servicio Electoral y se indica que le son aplicables los párrafos 5° (De los convenios de desempeño y su evaluación) y 6° (De las remuneraciones) del Título VI de la ley N° 19.882. En este caso, el convenio de desempeño será celebrado entre el Consejo Directivo y el director del Servicio Electoral, y tendrá una duración de cinco años. Al Consejo le corresponderá determinar el grado de cumplimiento de los objetivos acordados. c) Por lo mismo y para asegurar coherencia entre normas, se incorpora un nuevo artículo que modifica la ley N° 19.882 en lo referido al Servel. d) Se regula la duración del cargo y las causales de cesación. 5. Sobre reinscripción de militantes a) Concepto y forma de reinscripción. Se les da un plazo de 12 meses a partir de la publicación de la ley. Durante esos primeros 12 meses a partir de la publicación de la ley, todos los partidos que cumplan los requisitos recibirán el ciento por ciento del aporte público que les corresponda (ya sea solo el basal o el basal más el variable). Una vez cumplido dicho plazo, los partidos tendrán un padrón de militantes actualizado y transparente, en el que solo contarán aquellos ciudadanos que se hayan refichado o los nuevos inscritos (bajo las normas que ha fijado el Servel a partir de octubre de 2014). Los militantes que no se reinscribieren en virtud de este artículo quedarán suspendidos de sus derechos de afiliado al partido correspondiente y no serán contabilizados por el Servicio Electoral para efectos de determinar los mínimos que exige el artículo 42 de la ley N° 18.603. Las normas sobre reinscripción no se aplicarán a los partidos políticos constituidos a partir del 5 de mayo de 2015 ni a los que se encuentren en proceso de formación a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. 6. Nuevo requerimiento para declaración de candidaturas a Presidente de la República Se establece que quienes declaren candidaturas a Presidente de la República deberán presentar un programa de gobierno que detalle las acciones, medidas, programas y políticas que impulsará durante su gobierno y administración. El Servel no aceptará declaraciones de candidaturas que no cumplan con este requisito y dará un plazo para subsanar las omisiones. 7. Sobre precampaña Se restringe la precampaña solamente para el cargo de Presidente de la República. Se introduce límite de gastos que podrán efectuar precandidatos durante la precampaña, que será equivalente al 10 por ciento respecto de lo que autoriza el artículo 4°. Además, se establece que a los precandidatos a Presidente de la República que declaren candidatura definitiva para este cargo u otro, se les imputará lo que hayan gastado durante el período de precampaña por un máximo del 25 por ciento de lo permitido para la candidatura que finalmente haya declarado. En dicho sentido, también es modificada la ley N° 20.640 (artículo 6° del proyecto de ley). 8. Sobre límite de aportes a) Límite de aportes a la propia campaña. Se aumenta el límite de aportes personales que cada candidato podrá efectuar a su propia campaña para candidaturas a senador, diputado, consejero regional y alcalde, del 20 por ciento del gasto permitido al 25 por ciento. Para concejal, se aumenta desde 40 unidades de fomento o 20 por ciento del gasto electoral permitido a 50 unidades de fomento o 25 por ciento del gasto electoral permitido. b) Límite de aportes anónimos. Se aumenta el límite de aportes anónimos que una persona puede donar a diversas candidaturas. Desde 10 UF a 15 UF para concejal; desde 10 UF a 20 UF para consejero regional; desde 20 UF a 30 UF para diputado y desde 50 UF a 60 UF para Presidente de la República. Los límites para senador y alcalde no son alterados. Finalmente, se aumenta el límite máximo que una persona puede donar de forma anónima, en una misma candidatura, desde 100 UF a 120 UF. Además, se aclara que los aportes anónimos son aquellos que son conocidos tanto por el Servel como por el candidato. 9. Sobre prohibiciones de contratar servicios Se ajusta la prohibición de contratar servicios por parte de partidos políticos, suprimiendo la restricción para empresas que tengan saldos insolutos o cotizaciones impagas de sus trabajadores, y se ajusta a dos años la prohibición de contratar con empresas que hayan sido condenadas por ilícitos anticompetitivos, sancionados por el decreto ley N° 211. 10. Ajustes al sistema de recepción de aportes y cuenta única bancaria La cuenta única bancaria del candidato para recibir aportes deberá ser abierta por el director del Servel, para lo cual el candidato, al momento de declaración de su candidatura, debe autorizarlo para ello. Además, el director del Servicio será responsable de cerrar la cuenta, una vez que la cuenta general de ingresos y gastos electorales haya sido aceptada o rechazada. Se deja constancia de que el Servel debe acreditar los aportes recibidos para candidaturas o partidos. 11. Prohibición de aportes de personas jurídicas Se precisa que se considerará aporte todo desembolso o contribución avaluable en dinero y, tratándose de contratos onerosos, las diferencias manifiestas entre el valor de la contraprestación y el precio de mercado. Además, no se considerará aporte de personas jurídicas la facilitación gratuita de inmuebles de propiedad de personas jurídicas sin fines lucro destinados habitual y gratuitamente a encuentros de la comunidad, para la realización de actividades propias de campaña. Este uso deberá ser autorizado por escrito por el representante legal de la entidad respectiva, debiendo enviarse copia de esta al Servicio Electoral por el partido, candidato o sus administradores electorales. 12. Delitos Respecto del cohecho (artículo 27). Se incluye a los alcaldes y directores de departamentos municipales en la prohibición de ordenar o incentivar a los funcionarios bajo su dependencia a promover, por medio de aportes o de cualquier modo, a precandidatos, candidatos o campañas electorales. Se amplían los rangos de pena para los delitos de aportes ilegales tanto de personas naturales como de personas jurídicas, los que se sancionan con presidio menor en su grado mínimo a medio. Respecto del delito de aportes ilegales, se rebajó el porcentaje de diferencia entre lo aportado y lo permitido de 50 por ciento a 40 por ciento. Respecto del delito referido a recibir u otorgar aportes de personas jurídicas, se establece que excepcionalmente el Servel podrá prescindir de la persecución penal tratándose de aportes aislados por montos inferiores a 50 UF. El delito de utilización de los fondos del fisco para fines distintos a los fines legales, se acotó a los partidos políticos respecto de los aportes que regula la ley N° 18.603. Asimismo, se eliminó la hipótesis del tercero que se beneficia a sabiendas. Además, se enmienda el artículo 28 bis, en el sentido de establecer que los tribunales con competencia en lo criminal deben informar al Servel sobre toda sentencia que condene a candidatos por los delitos que constituyan infracción grave a las normas sobre financiamiento electoral. Se dejan como hipótesis de infracción grave el haber sobrepasado en 25 por ciento el límite del gasto electoral, siempre que dicho porcentaje sea superior a 100 unidades de fomento y resultar condenado por los delitos que se señalan en la ley. Con ello, se elimina la hipótesis de pérdida de escaño por declaración de ingresos y gastos que difiere de lo determinado por el Servel en más de un 20 por ciento. También se elimina la pérdida de escaño directa por sanción administrativa en caso de recepción de aportes ilegales, lo que quedará subsumido en el delito de recepción de aportes ilegales de personas jurídicas. Por último, se aumenta la prescripción de los delitos que la ley N° 19.884 establece desde un año contado desde la respectiva elección a dos años desde la comisión del delito. 13. Aumento del límite de aportes a partidos políticos Se aumenta el límite de los aportes que personas podrán donar a los partidos en virtud del artículo 33 de la ley N° 18.603. Para ello, se aprueba una distinción entre afiliados y no afiliados. Quienes no estén afiliados al partido podrán donar hasta 300 UF al año y quienes sean militantes del partido podrán donar hasta 500 UF al año. 14. Ajuste al aporte permanente para partidos políticos Se incluye como gasto permitido el arrendamiento de inmuebles. También se refuerza la idea de que los partidos deben gastar dichos aportes en la difusión de ideas y principios. Se ajusta toda mención al número necesario de afiliados que un partido requiere para optar al aporte, estableciendo para ello que estos deben cumplir con los requerimientos que la ley establece para estar constituidos. Se incorpora la situación de un parlamentario que fue elegido como afiliado de un partido y luego este se disuelve dentro de la hipótesis de parlamentario independiente no asociado a partido político. Se asocia a uno y sus votos son contabilizados para determinar el aporte que recibe el partido al cual adhiere. Se elimina el requerimiento de partidos de tener que actualizar su registro de afiliados para optar al aporte, toda vez que ahora es obligación del Servel mantener actualizado dicho registro. Se resuelve el caso de la mora y ahorro de partidos. Se aclara que en caso de que los partidos estén en mora con el Servicio Electoral, este retendrá el aporte público que le corresponda, solo por los montos retenidos hasta tres trimestres, luego de lo cual, si el partido no ha cumplido, no serán distribuidos. Respecto del ahorro, se señala que en el caso en que en un año presupuestario el partido político no gaste el total del aporte público recibido en los ítems que la ley establece, estos podrán ser traspasados al de los años siguientes. Por último, se modifica el artículo 34 en el sentido de señalar que las auditorías externas que deban contratar los partidos políticos que reciban financiamiento público no obligatorio deben financiarse con cargo a los aportes públicos. 15. Perfiles de subdirectores Se establece que el Consejo Directivo del Servicio deberá aprobar los perfiles para llamar a concurso de subdirector. 16. Facultad expresa de consultar programas presupuestarios del Servel Se faculta al Servicio Electoral de manera expresa para consultar en los respectivos programas presupuestarios los recursos necesarios para la contratación de personal en la respectiva Ley de Presupuestos. 17. Planta del Servel y asignación electoral Se aumenta en 38 cupos la dotación máxima del Servel, que deberán proveerse dentro del plazo de dos años desde la publicación de la ley. Además, se otorga la Asignación Electoral para el personal de planta y a contrata del Servel. Dicha asignación contiene un componente fijo, de 100.000 pesos mensuales, reajustables, y otro variable, de 10 por ciento resultante de la suma del sueldo base, más la asignación de los artículos 17 y 18 de la ley N° 18.185, más la asignación del artículo 19 de la ley N° 18.185, más la asignación del artículo 6° del decreto ley N° 1.770. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, quiero saber de cuánto tiempo dispone cada parlamentario para intervenir respecto de este proyecto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El límite de tiempo es de diez minutos, señor diputado. El señor SAFFIRIO.- Muchas gracias. Señor Presidente, el país ha sido testigo de la forma lamentable, sostenida y gradual en que se ha producido el deterioro de la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones de la república. Dentro de las instituciones de la república, las más afectadas son el Parlamento en general, la Cámara de Diputados en particular, los partidos políticos y todas aquellas instituciones que tienen que ver con los denominados asuntos públicos. El sector privado tampoco ha quedado exento del descrédito y del deterioro de la credibilidad ciudadana. Esos mismos ciudadanos, en tanto consumidores, han sido testigos de escándalos financieros y de transgresiones legales que se han traducido en importantes perjuicios patrimoniales. Digo lo anterior, porque en este proyecto de ley, que busca el fortalecimiento y la transparencia de la democracia, se está haciendo un esfuerzo francamente trascendental para iniciar un proceso orientado a revertir la mala percepción ciudadana sobre las instituciones de la república. El proyecto contiene materias dignas de destacar: establece un conjunto de limitaciones al gasto electoral y a la forma como se realizarán las futuras campañas electorales. Pero, por sobre todas las cosas, establece limitaciones que permitirán asegurar la separación entre el dinero y la política. Ello hará menos importante la disponibilidad de recursos económicos en las campañas electorales y propiciará que se ponga particular énfasis en los contenidos de las campañas por sobre las imágenes. La Cámara de Diputados y el Senado de la República han hecho un esfuerzo digno de destacar. El proyecto define el concepto de propaganda, sin perjuicio de que tenemos algunas diferencias al respecto, motivo por el cual hemos pedido votación separada de la norma correspondiente. En efecto, en el concepto de propaganda hay una frase que establece expresamente que se excluye la difusión de ideas efectuadas por personas, con lo cual corremos el riesgo de reeditar la vieja práctica de decir que “no es propaganda electoral, en tanto no llame a votar por una determinada persona”. En otras palabras, podríamos tener carteles con rostros a lo largo del país con el nombre de una determinada persona, los cuales, si no llaman o no inducen el voto, no serán considerados propaganda. Eso debemos rectificarlo. También se elimina la intervención de terceros en la contratación de servicios, lo cual era un vicio producido durante las campañas electorales. Así, tendrán que ser el propio candidato, o el propio administrador electoral o el partido quienes definan, por ejemplo, la contratación de los servicios de prensa y de radioemisoras. Entre las materias más relevantes del proyecto cabe señalar el fortalecimiento de la estructura del Servicio Electoral, para que cumpla con los nuevos fines que se le asignan, y la sanción severa de pérdida del escaño dispuesta para quien incurra en alguno de los tipos delictivos establecidos en esta futura ley. Sin embargo, tenemos una deuda en relación con un asunto contenido en una disposición, respecto de la cual también hemos pedido votación separada. La separación del dinero y la política así como la transparencia en el financiamiento electoral son aspectos fundamentales en este proyecto. En todo el espíritu del proyecto está presente el transparentar la forma como se financian las campañas electorales; pero ese espíritu es contradictorio con una norma en particular, que viene establecida a partir de lo resuelto por el Senado. Me refiero a los aportes anónimos. Desde mi punto de vista, los aportes anónimos son la reedición de los aportes reservados, con la sola diferencia de que los aportes anónimos que se establecen en el proyecto, por una parte, están limitados en cantidad, y, por otra, serán conocidos por el candidato. Haciendo un poco de ficción, es fácil comprender que un candidato que tiene limitada la posibilidad de financiar su propia candidatura en un porcentaje superior al 25 por ciento del total del gasto autorizado, entregue sus propios recursos a terceros para que estos aparezcan donando a su campaña. Es una triquiñuela a la que quedaremos expuestos si aprobamos los aportes anónimos. Por qué se da como argumento el que la existencia de los aportes anónimos tiene por objeto evitar –dicen perjuicios o situaciones molestas para el donante. Eso podría ocurrir hoy, pero no en un régimen en que el financiamiento total de las campañas electorales es entera y absolutamente transparente. Nadie puede tener miedo de donar a una campaña electoral si esa donación se produce dentro de los límites establecidos por la ley, en la forma como esta lo dispone y de frente, mostrando su rostro a los ciudadanos, porque el sistema en su conjunto funcionará con esos niveles de transparencia. La filosofía de este proyecto, en su origen, es precisamente limitar cada vez más los aportes privados para financiamiento electoral y que, en consecuencia, el esfuerzo que hagamos los candidatos esté asociado a financiar nuestras respectivas campañas con los aportes provenientes del aparato público, a través del Servicio Electoral, con los debidos controles, porque eso -lo manifesté al inicio de mi intervención además nos permite reducir el gasto y profundizar en el discurso, en el mensaje más que en las imágenes. Por eso pedimos votación separada de la norma que establece los aportes anónimos, pues queremos que tanto esa disposición como la que define el concepto de “propaganda electoral” se resuelvan en una comisión mixta. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- La Mesa ha tomado debida nota para los efectos de las votaciones pertinentes. Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE.- Señor Presidente, este es un buen proyecto, y debemos respaldarlo. Se hace cargo de una necesidad política, ética; de un reclamo ciudadano; de un reclamo de -a veces esas personas son exageradamente reconocidas como tales connotados pensadores e intelectuales, quienes este último tiempo han demostrado tener un inusitado conocimiento de los partidos, del financiamiento de la política. Una comisión les dio ese carácter y, bueno, habrá que respetarlos. Reitero que este es un buen proyecto. Fue mejorado en muchos aspectos en el Senado; sin embargo, ha retrocedido en una cuestión que, para mi gusto, es esencial. La matriz conceptual y doctrinaria del financiamiento de la política que este gobierno nos ha señalado y que hemos concordado con él es que dicho financiamiento es público, porque eso establece igualdad de condiciones para competir y además permite que haya un proceso transparente de traspaso de los recursos de todos los chilenos para financiar una actividad que para muchos sigue siendo noble, a pesar de lo deteriorada que se halla ante la opinión pública. Pero, ¿por qué hemos tenido un retroceso? Porque, sin perjuicio del establecimiento del financiamiento público -es una novedad interesante, y de esa manera terminamos con los aportes de empresas a campañas y a candidatos-, el Senado no se hizo cargo plenamente de esta conceptualización e introdujo un elemento que en la Cámara de Diputados expresamente dejamos sin efecto: el aporte anónimo, una especie de aporte reservado incluso más trasgresor aún. Ello, porque en el caso del aporte reservado el candidato no sabe -así es hasta la fecha quién es su aportante; en cambio, en el del aporte anónimo sí lo conoce, lo acepta. Entonces, hoy tenemos cuatro fuentes de financiamiento: el aporte público, que entiendo que es el centro y, conceptualmente, a lo que el gobierno intentó dar mayor prevalencia; el aporte propio del candidato -su patrimonio, por decirlo de alguna manera-, al que intentamos ponerle un límite en la Cámara de Diputados, el cual se respetó e incluso se bajó en el Senado; el aporte de personas naturales -se mantiene vigente-, es decir, de personas no jurídicas que aportan a las campañas -en el caso de los candidatos a diputado o a senador dicho aporte alcanza las 315 UF por aportante-, que, claro, tiene un límite general, pero que efectivamente consagra la alternativa de que una persona natural, públicamente, dando la cara, sin ningún temor, pueda hacer aportes a campañas. Sin embargo, en el Senado se reeditó una institución que en la Cámara de Diputados no consideramos justamente porque queríamos terminar con el aporte reservado como criterio, como concepto. Dicha Corporación lo perfeccionó: ahora se llama “aporte anónimo”. Es verdad: los montos de dichos aportes son bastante más exiguos que los de los aportes personales; pero cuando pueden ser varios -la experiencia de las últimas campañas lo demostró-, cuando una bolsa importante de dinero se distribuye en muchos aportantes anónimos, efectivamente puede producirse la situación. Claro, dichos aportes también tienen límites. Pero si uno empieza a sumar todas las limitaciones del aporte propio, del aporte de personas naturales, de los aportes anónimos, se encuentra con la ingrata novedad de que el financiamiento público de la política pasa a ser el lado B del tema, y mantenemos el concepto de que son los privados los que financian la política. Eso me parece un desacierto político mayor. Por eso, como bancada pedimos que se vote separadamente la norma respectiva. Creo que otras bancadas -escuché al diputado Saffirio hacer la misma solicitud también lo han planteado así. Entiendo que aquí hay un problema: existe cierto apuro del gobierno, por motivos razonables, probablemente hasta legítimos, desde el punto de vista de la necesidad de contar muy pronto con esta ley en proyecto para aplicarla en las próximas elecciones, incluidas, por cierto, las municipales. En consecuencia, no se trata de armar un problema en las orillas del proyecto, en aquello que no es lo más trascendental. Por eso he querido concentrar mi intervención en este aspecto en particular, porque en él se transgrede un principio básico: que la política se financie a través de aportes públicos y no mediante aportes privados, que, a pesar de las limitaciones, superan porcentualmente a los primeros. En consecuencia, con ello se desnivela conceptual y doctrinariamente lo que el propio gobierno anunció al inicio de este proceso, pues ahora nuevamente serán los privados los que financien la política, no lo público. Por último, haré una observación de otra naturaleza. Estoy de acuerdo en que también vale la pena hacer una discusión un poquito más amplia del concepto de “propaganda electoral”. Creo que en este sentido el diputado Chahin pedirá votación separada de la disposición correspondiente. La definición de dicho término no queda clara, en particular respecto de la situación de los partidos políticos. No se determina de modo preciso cuándo se trata de propaganda electoral o cuándo es divulgación de ideas. Como esa ambigüedad puede generar mucha controversia y que finalmente terminemos judicializando la actividad partidaria, especialmente cuando estamos ad portas de campañas electorales, creo que valdría la pena definir de mejor manera el mencionado concepto. Si el proyecto va a una comisión mixta acotada, que se haga cargo de precisar lo relativo a los aportes anónimos -ello, ya sea dejándolos sin efecto, como es nuestra pretensión, o rebajándolos en forma sustantiva, como una alternativa de transacción y al concepto “propaganda electoral”, creo que valdría la pena darnos una semanita más y hacer el esfuerzo para sacar una buena ley. Respecto del resto de las modificaciones, anuncio mi pleno respaldo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, estamos en el tercer trámite constitucional de un proyecto de gran importancia. La iniciativa estuvo bastante tiempo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Cámara. También fue objeto de un debate muy profundo en el Senado. A mi juicio, las modificaciones introducidas por dicha Corporación, en términos generales, le suman al proyecto, salvo ciertas materias que paso de inmediato a señalar. Es curioso que no obstante que se trata de un proyecto que ha concentrado la atención y el análisis de una serie de instituciones y personas, como las que formaron parte del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, también conocido como “comisión Engel”, quienes lo consideran un gran aporte para la democracia, nadie reparará en los límites que se establecen a la propaganda electoral y a las consecuencias que ello producirá en cuanto a las posibilidades de ingreso de nuevas personas a la política, particularmente al Congreso Nacional. Eso me parece a lo menos curioso. Lo dijimos cuando el proyecto estaba en primer trámite constitucional: las normas que limitan la propaganda electoral e incluso los ítems para su financiamiento incorporan trabas adicionales al ingreso de nuevas personas, los llamados desafiantes, y, en consecuencia, otorgan una ventaja tremenda a quienes ya somos conocidos en nuestros respectivos distritos. A lo anterior se suma el hecho de que ya cambiaron los distritos electorales, por lo que se diluirá el efecto del mayor grado de conocimiento que concite una persona en una localidad determinada. Todos saben que de 60 distritos pasaremos a 28 y que el efecto electoral que da el ser conocido en una comuna determinada, por grande que sea, no será el mismo, pues los distritos serán bastante más amplios, más grandes. Es evidente que dicho cambio ya significaba una dificultad adicional para los nuevos aspirantes a representar a la ciudadanía, muchos de ellos jóvenes que quieren ingresar a la política e incorporarse al Congreso Nacional, quienes se encontrarán con una barrera enorme, precisamente porque quienes somos “incumbentes”, aparte de contar con la ventaja que constituye tener la tribuna que nos aporta el hecho de ser parlamentarios, impondremos estas restricciones y prohibiciones adicionales a través de la ley en proyecto. Si el escenario ya era complejo en el marco de la ley vigente, después de aprobada esta iniciativa lo será aún más. Cuando competí por primera vez, uno de los problemas que comentábamos era lo difícil que era darse a conocer, debido a las restricciones a la propaganda. Ahora bien, las restricciones adicionales que impuso el Senado a través de sus modificaciones a este proyecto se pueden corregir, razón por la cual solicitaremos votación separada del numeral 6, que pasaría a ser numeral 7, del artículo 1° del proyecto, y del numeral 7, que pasaría a ser numeral 8, del mismo artículo. Por cierto, después de mi intervención nos acercaremos a la Mesa para precisar las normas del proyecto respecto de las cuales solicitaremos votación separada. Sin embargo, en términos generales considero que todo lo que restrinja más la propaganda no es un aporte, sino todo lo contrario: rema en contra de la democracia. En segundo lugar, respecto del debate que se está generando -ya lo escuché en dos intervenciones-, creo que falta conocimiento y que quizás se deba al olvido, pues la iniciativa se vio hace bastante tiempo en la Cámara de Diputados, recién ayer conocimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el comparado del proyecto -tiene casi 200 páginas-, y, obviamente, en un solo día todos los datos no quedaron registrados. No obstante, en relación con el debate suscitado en torno a los distintos tipos de ingresos, recuerdo a quienes ya han intervenido que uno de los aspectos que más criticaron las instituciones que se dedican al tema de la transparencia, como la fundación Ciudadano Inteligente, acerca del proyecto que despachó la Cámara de Diputados, se vincula con lo recomendable que es contar con un pequeño margen de aportes anónimos, precisamente pensando en la democracia, en aquellas personas que, por su profesión, oficio u ocupación, no pueden decir públicamente que se sienten identificados con una candidatura determinada. Por lo demás, por algo la Constitución consagra el carácter secreto del voto. En la lógica de la ley vigente -la que va a cambiar-, nadie sabía, ni siquiera el Servicio Electoral, quiénes realizaban aportes a las candidaturas, y creo que aquello constituía un profundo problema. Sin embargo, ese no es el caso de la modificación incorporada por el Senado, pues lo que permite es aportar un pequeño monto con resguardo de la identidad del donante. Piense usted, señor Presidente, en un profesor o en un periodista que perdería imparcialidad si apareciera en un listado como donante de dinero para tal o cual candidato. Es del todo razonable mantener el anonimato para ese tipo de casos, y así lo hicieron presente las instituciones que se dedican a estos temas. Como consigna el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la fundación Ciudadano Inteligente destacó la importancia de mantener el anonimato de los pequeños aportes. También recuerdo la opinión en el mismo sentido del profesor Lucas Sierra. En fin, fue una de las preguntas que formulamos a todos los expositores de las ONG que se dedican a estudiar las materias vinculadas con la transparencia, y todos coincidieron en que era importante establecer un pequeño margen para aportes anónimos, con límites y que no tenga mayor incidencia en la campaña total de un candidato determinado. Así se incorporó en el Senado y todos estuvieron de acuerdo en que era lo correcto, lo adecuado, lo que había que hacer. En todo caso, además es lo que se estila en el derecho comparado. Desde esa perspectiva, considero que estaría de más abordar esto en una comisión mixta, pues se estaría corriendo el riesgo de que la ley en proyecto, no obstante su importancia, no entre en vigencia para las próximas elecciones municipales, y solo por revisar una norma que, al analizar en detalle hoy el comparado, entendemos que cuenta con los debidos resguardos. Estaríamos cometiendo un tremendo error si llevamos esto a comisión mixta. Hay expectativas, pero no soy de los que creen que toda la ciudadanía esté preocupada por este proyecto. Me parece más bien que es preocupación de una minoría, de una elite, pero que influye efectivamente en los medios de comunicación, y muchas veces, quizás por torpezas que se cometen en el Congreso Nacional o por malas intenciones de algunos comentaristas, terminan perjudicando el prestigio de esta Corporación y el del Senado, con lo cual, al final, todo Chile pierde. Es importante no poner en riesgo la posibilidad de despachar la iniciativa en enero, para otorgar los tiempos necesarios -el Servel ha dicho que están sobrepasados-, para lo cual es necesario que aprobemos hoy la iniciativa, sin necesidad de entorpecer aún más el trámite legislativo enviando la iniciativa a comisión mixta. Por último, sobre los aportes anónimos se ha dicho que alguien podría financiar la totalidad de su campaña a través de esos pequeños aportes, lo cual sería muy difícil, porque serían montos marginales respecto del gasto electoral total que demandarán las campañas en los nuevos distritos. Debemos recordar que los distritos crecen en cantidad de electores y, en consecuencia, aumenta el límite del gasto electoral en términos proporcionales, no obstante que los redujimos a la mitad. Lo importante es aclarar que la incidencia que pueden tener estos aportes anónimos es ínfima, dado el tamaño de los nuevos distritos. Además, las modificaciones del Senado establecen un límite total para cada campaña, de modo que estos aportes no podrán superar el 20 por ciento del gasto electoral autorizado para cada candidato o partido. Considero que los resguardos son suficientes, por lo que sería una torpeza y un error arriesgar el pronto despacho del proyecto, ya que el propósito es que la nueva ley esté en vigencia para las próximas elecciones municipales. En lo demás, señor Presidente, insisto en que los límites a la propaganda son un obstáculo que se le impone a la democracia, lo que no se condice con el nombre del proyecto de ley en debate, por lo que espero que dichos límites se corrijan y que todo lo que está al margen de las instrucciones que otorgará el Servel se corresponda con lo bien que le hace al país que se renueven las caras en la Cámara de Diputados y en el Senado, en términos razonables. Por último, considero que todo lo relativo a la nueva institucionalidad, a los tipos penales que se incorporan para sancionar el financiamiento irregular de la política está bien concebido. Juristas, especialmente penalistas, trabajaron en esta materia, y si bien no abordamos el tema durante el primer trámite constitucional, se incorporó en el Senado y quedó bien logrado. Ayer lo revisamos y, en términos muy generales, conversa muy bien con la modificación que hace pocos meses hicimos a la Constitución Política en cuanto a la posibilidad de perder el escaño para casos de infracciones graves a la normativa vigente. Así es que tampoco tengo reparos desde ese punto de vista. En consecuencia, en líneas generales, mi bancada votará a favor las modificaciones del Senado. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, lo primero que debemos decir y sentir es que estamos frente a la posibilidad de despachar un proyecto de ley que tiene importancia estratégica para el presente y el futuro de la democracia chilena, porque apunta a resolver problemas esenciales que afectan y tienen enferma a nuestra democracia. El problema principal es la relación entre el dinero y la política; el segundo es lo que se pone en juego en una campaña electoral, es decir, qué se busca, cuáles son las razones de la sociedad chilena para animar a los electores a tomar una decisión en favor de un representante para una comuna, un distrito, una circunscripción o el país, y tercero, la igualdad de los candidatos frente a los ciudadanos a la hora de exponer sus ideas y de competir por representarlas. No sé si los colegas recuerdan que hace más de un año repartí una hoja, que provocó algún escándalo, en la que figuraban los datos del Servel respecto de los aportes reservados y de lo que le había costado a cada uno de los candidatos el voto obtenido. Ese monto variaba desde 300 pesos por voto para un candidato hasta 10.000 pesos por voto para otro. En cuanto a los aportes reservados, veíamos que un partido político se llevaba cuatro veces más que otro, a pesar de ser de la misma coalición. En consecuencia, el dinero se había convertido en un grandísimo elector, es decir, en un factor incidente, ya que un grupo de privados intentaba reproducir la concentración económica que existe en Chile a la hora de distribuir los escaños y la representación popular. La conclusión de eso es que el aporte a las campañas debe ser básicamente fiscal, o sea, igualitario y determinado por la gente, porque la diferencia entre los aportes privado y fiscal es muy simple: el aporte privado lo decide uno y antes lo decidía una empresa o una persona jurídica; mientras más grande era la empresa, más podía incidir en una elección. En cambio, el aporte público es definido por los ciudadanos, porque la magnitud de lo que reciba cada candidato será definida por el número de personas que adhieren a él. En la práctica, el aporte fiscal es de la gente. Celebro que exista ahora unanimidad, porque hace un año no había ni la más mínima concordancia para eliminar los aportes reservados de las personas jurídicas y para establecer la pérdida del escaño en la eventualidad de que el candidato infringiese gravemente las leyes de financiamiento de la política. No seamos odiosos, celebremos la modificación del pensamiento a través del tiempo y que hoy exista consenso de que las campañas deben centrarse básicamente en los aportes del Estado y de las personas naturales. Asimismo, estamos transformando de manera muy relevante el modo de entender una campaña, porque buscamos que la decisión de la gente a la hora de votar se base en las ideas programáticas de los candidatos. Convengamos en que con la cantidad de dinero derrochado en las campañas políticas y con el gigantesco despliegue publicitario que se había desatado en Chile en la última década, en las campañas se veía menos la competencia de trayectorias y de ideas programáticas, porque se habían transformado cada vez más en competencias de carismas, como si se tratara de la elección de una pasta dentífrica, en lugar de una manera de representar a los ciudadanos o algún proyecto de país. Me fui descontento con un solo punto de los que aprobamos en la Cámara. Tampoco puedo estar contento con el proyecto, pero lo aprobaré porque sé que es un cambio histórico y entiendo la urgencia que tiene. Sin embargo, me reservo el derecho de continuar reduciendo significativamente en el futuro los límites del gasto electoral, porque siguen siendo elevadísimos. El distrito 20, que represento y que ha sido fusionado con el distrito 16, tiene 970.000 electores y su límite de gastos es mayor a 350 millones de pesos, suma que me parece completamente excesiva, porque no se entendió que ahora no habrá dos candidatos por lista, sino muchas listas, nueve en mi caso. Una sola lista podrá gastar 2.700 millones de pesos en mi distrito, lo que me parece francamente un exceso, por lo que me reservo el derecho a enmendarlo en lo sucesivo. Imagínense que en cuatro listas importantes de un solo distrito tendríamos un límite de gasto electoral de más de 10.000 millones de pesos en una campaña parlamentaria. Hay que apuntar en un futuro próximo a reducir el límite del gasto electoral, por lo que invito a los colegas a sumarse a esta campaña. Tampoco quedé contento con el límite del aporte de las personas naturales, pues 25 millones de pesos es demasiado, porque el bien a defender es la autonomía del parlamentario a la hora de tomar decisiones y su independencia respecto de la influencia que una persona puede ejercer sobre él. En consecuencia, el límite debió haberse establecido en un porcentaje máximo de lo que gaste un determinado candidato. En mi opinión, una persona natural no debiera aportar más del 5 por ciento de dicho gasto, porque más allá de eso podría ejercer una influencia indebida o que el candidato se podría sentir como que tiene una suerte de dependencia respecto de un interés privado. También me reservo el derecho a enmendar esto en un futuro próximo. Sin embargo, a mi juicio, el Senado introdujo muy buenas modificaciones al proyecto; por ejemplo, estrechó aún más el límite de la propaganda aérea, ya que de 3x2 metros la dejó en 2x1, es decir, en solo 2 metros cuadrados. Eso significará un abaratamiento muy significativo de las campañas, lo que es una buena noticia para los colegas, porque normalmente uno termina copiando lo que hace el otro candidato, lo que se transforma en un círculo vicioso. El registro de brigadistas fue una cuestión muy demandada. Al respecto, debemos hacer un homenaje a la familia de Luciano Rendón, que transformó su dolor en una demanda para incluir esto en la iniciativa. Me parece razonable la norma sobre divulgación de encuestas, pero creo que debemos exigir a todas las encuestas, independientemente de su fecha, la ficha con que son elaboradas y el acceso a la base de datos, porque se intenta incidir en las elecciones a través de agencias de encuestas que nacen para las campañas y luego desaparecen. Me parece muy bien la figura de la precampaña para la declaración de gastos y la consideración del límite, porque a veces se gastaba tanto dinero en los seis meses previos como en el mes de campaña propiamente tal. Por lo tanto, se deben considerar esos recursos, lo que es un desafío para el Servel. Finalmente, disiento de la opinión de algunos colegas en relación con los aportes anónimos. No puedo seguir con mi intervención porque se me acabó el tiempo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne. El señor BROWNE.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro que estemos discutiendo este proyecto y que esté avanzando de manera efectiva para convertirse en ley. Está de más decir que todos los escándalos relacionados con el financiamiento de la política que hemos conocido en el último tiempo, hacen necesario desde hace mucho tiempo introducir modificaciones importantes en la forma de financiar las campañas y a los partidos políticos. Se habla mucho de las campañas, pero poco respecto de cómo se financian los partidos políticos, por lo que es sumamente necesario avanzar en materia de transparencia. Es bueno recordar que la discusión de este tema no se debe a la contingencia, porque en junio de 2014, cuando no se conocía ningún escándalo, se firmó un protocolo de acuerdo para reformar el sistema electoral, que incluía modificar la ley de partidos políticos y el sistema de financiamiento de la política. Por lo tanto, no estamos discutiendo este tema debido a la contingencia. Aclaro que la bancada Independiente propuso al gobierno, con mucha fuerza, este tema cuando se avanzaba en el cambio al sistema electoral. Por eso, se valora en gran medida lo que tenemos. Por supuesto, hay algunas dudas y todavía se pueden hacer los perfeccionamientos que se requieren. Se busca evitar los conflictos de intereses, que los candidatos a parlamentarios, a alcaldes o a cualquier otro cargo de elección popular reciban algún tipo de presión. Llama la atención en este caso el financiamiento personal, porque hay una contradicción. A fin de cuentas, no hay conflictos de intereses con uno mismo, sino que ese conflicto va a existir siempre, más allá de que haya o no aportes a la campaña. Por lo tanto, qué situación más transparente puede ser el autofinanciamiento, que alguien pida un crédito para cubrir los costos de su campaña, y no requiera de la ayuda de terceros para ello. Al respecto, tiene que existir un equilibrio, porque no puede ser excluyente; de lo contrario, solo podrán participar en la política quienes tengan patrimonio personal, y quedarán excluidos quienes no lo tengan. Es un debate abierto. Creo que el 25 por ciento podría ser bajo respecto de la realidad de muchas campañas. Por otra parte, me parece bien que se haya avanzado respecto del financiamiento de los partidos políticos. Se agradece que el gobierno haya entendido la necesidad de contar con un aporte basal. No era posible que un partido que se formaba, no pudiese tener garantías mínimas de financiamiento para funcionar, a diferencia de aquellos partidos que ya están constituidos. Sin duda, era una barrera a la competencia bastante compleja de superar. Me sigue llamando la atención y haciendo ruido el hecho de que el 80 por ciento del financiamiento esté vinculado, única y exclusivamente, a la elección parlamentaria. La política no puede ser tan reduccionista y decir que se hace única y exclusivamente en el Congreso Nacional. Los partidos políticos pueden tener una visión más local, por ejemplo, en los gobiernos municipales. En el caso de los partidos políticos, la elección de concejales también debiera ser relevante en el financiamiento de la política, así como los gobiernos regionales, que se excluyen completamente. Esa sería una medida bastante más justa y equitativa para determinar la representatividad de los partidos, los cuales no se miden única y exclusivamente por la cantidad de escaños parlamentarios que tienen. Su representatividad debe medirse también en los consejos regionales y en los concejos municipales a lo largo del país. Eso debiera ser modificado en el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos. En cuanto a las campañas políticas, considero que vamos en la dirección correcta. Hasta ahora, las campañas se han convertido en una guerra desatada en las calles, con conceptos que tienen que ver más con el conflicto que con las ideas: brigadistas, comandos, etcétera. La cantidad de letreros colgados en los postes no puede ser el elemento determinante para que alguien resulte elegido. Además, hay un tema de seguridad pública involucrado, debido a los inconvenientes que producen esos letreros, colocados muchas veces de manera ilegal. También hay un tema de seguridad en los propios equipos de trabajo, por los conflictos que campaña tras campaña hemos ido conociendo y a los que no se les ha puesto atajo. Al entregar al Servel herramientas de fiscalización para evitar la propaganda callejera y acotarla a lugares específicos, se va a evitar que se produzca ese tipo de conflictos. El diputado Squella señaló que limitar la propaganda en la vía pública iba a constituir una traba a la competencia. En mi opinión, sucederá exactamente lo contrario, porque en la práctica son los incumbentes los que instalan más publicidad en las calles. Lo vemos campaña tras campaña: quienes van a la reelección son los que tienen tomados todos los postes y son los que ponen los grandes letreros en las campañas parlamentarias y municipales. Por lo tanto, no significa que vaya a haber mayores dificultades para la competencia; al revés, quienes estén en posesión de los cargos no van a poder basar sus campañas, única y exclusivamente, en la vía pública. Van a tener que volver a hacer campaña en terreno, a tocar puertas, porque los candidatos que desafían a los incumbentes van a estar en contacto directo con las personas. Eso hará que la política se acerque a la gente y tengamos que entregar ideas y propuestas para ganar y no basarnos en quién cuelga más letreros en la vía pública. Comparto lo planteado por el diputado Saffirio sobre la importancia de definir qué es la difusión de ideas, porque queda fuera de la propaganda. Eso tiene implicancias porque, durante el tiempo de campaña, difundir ideas con el nombre de uno es lo más parecido a estar publicitándose uno mismo. Además existe una contraindicación que es más grave: se podría hacer fuera del plazo de campaña y no se estaría incumpliendo la ley electoral. Por lo tanto, tanto incumbente como desafiante podrían empezar a difundir ideas en la vía pública a través de letreros monumentales, y eso no sería considerado propaganda electoral. Por lo tanto, la precisión sobre qué es propaganda electoral y qué significa la difusión de ideas es sumamente importante para evitar que se produzca una pequeña fisura en la ley, que permita hacer trampas, impidiendo que las campañas sean más claras, transparentes y equitativas. Al respecto, comparto la idea de pedir votación separada. Espero que en comisión mixta se pueda corregir de buena manera la situación. Finalmente, quiero hacer un alcance respecto de la reinscripción de militantes en los partidos políticos. La inscripción y reinscripción de nuevos militantes está establecida en múltiples sistemas, lo que me parece muy bueno, porque tenemos que acercar la posibilidad de militar a los ciudadanos. No puede reiterarse la situación que se vive con los notarios, que es muy compleja. Hay que hacer una precisión respecto de la ley de inscripción de partidos políticos, porque hoy el Servel exige que quien se inscribe por primera vez tiene que llevar, en un solo acto, todas las fichas. Por lo tanto, no sirve la inscripción electrónica, porque ella se hace de manera secuencial, en la medida en que se van inscribiendo las personas. Habría que hacerle esa precisión al Servel, para que también acepte y vaya acumulando esas fichas electrónicas y no las exija en un solo acto. Ese es un tremendo avance, porque la gran dificultad que han tenido los partidos políticos que están en formación principalmente está en las notarías. Cuando hay buenas ideas, buenos proyectos, la gente se motiva a participar. Pero cuando no hay un notario que esté dispuesto a cooperar en el proceso, se hace bastante difícil cumplir con los requisitos. Insisto en el tema de la pérdida del escaño. Lo dije hace un tiempo en la Sala y lo reitero ahora. Me parece muy bien que quede establecido en el proyecto cómo se pierde el escaño parlamentario; pero también debiéramos avanzar en cómo se pierde el cargo de alcalde y otros de elección popular. Sería importante regular aquello. En el caso de los senadores y de los diputados, me parece complejo que, una vez perdido el escaño parlamentario, el partido al que pertenece el parlamentario no tenga ninguna sanción. No solamente va a mantener la cantidad de dinero que recibe como financiamiento por haber elegido a ese parlamentario, sino que el presidente de ese partido va a elegir al reemplazante. Por lo tanto, podría generarse un incentivo para colocar un nombre atractivo en la campaña, que sea excelente candidato, pero que transgreda las normas, incluso con el riesgo de perder el escaño, sabiendo que después se va a poner a un reemplazante. No me parece que sea lo correcto. Lo correcto sería que cuando alguien pierda el escaño debido a una condena judicial, existiera una elección complementaria. No debiese ser el mismo partido el que elija al reemplazante del parlamentario sancionado con la pérdida del escaño, partido que, además, sigue recibiendo los recursos. Ese tipo de modificación sería importante, pues contribuiría mucho a que la ciudadanía percibiera que se están perdiendo ciertos privilegios, lo que hoy, muchas veces, no estamos dispuestos a hacer. Los partidos políticos también debieran dar esa señal. Por eso, hago un llamado a todas las fuerzas políticas a avanzar en elecciones complementarias para el reemplazo en caso de pérdida del escaño por una infracción a la ley electoral. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro señor Nicolás Eyzaguirre. El señor EYZAGUIRRE (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, interrumpo este debate solo para hacer unas aclaraciones que pueden servir al momento de la votación. En primer lugar, respecto de lo dicho por el diputado Pedro Browne, quiero precisar que en este proyecto tanto los partidos formados como los en formación tienen derecho -sobre esto no se informó en la prensa a usar el expediente electrónico de autentificación, a efectos de inscribir nuevos adherentes. No hay diferencia alguna entre unos y otros. Efectivamente, existe un pequeño detalle administrativo que arreglar, toda vez que decía que el Servel recibiría adhesiones en un solo acto. Sin embargo, ese es un tema administrativo que arreglaremos; lo señalo para que quede en la historia fidedigna de la ley. En segundo lugar, la idea de sacar del concepto de propaganda electoral la difusión de ideas ha producido una natural confusión. Quiero ser claro en que ustedes aprobaron el siguiente texto: “No se entenderá como propaganda electoral la difusión de información sobre actos políticos o actividades habituales del funcionamiento de los partidos políticos…”. Sobre ese texto se agregó, a sugerencia del senador Montes, “la difusión de ideas”, y se subentiende que se trata de los partidos políticos. Como es natural, la difusión de ideas por parte de los partidos políticos, que forma parte de su actividad normal, no constituye propaganda electoral. Si bien el orden de la frase podría llevar a la confusión de que se incluye también a las personas, no es así. Estas tres actividades no son propaganda solo si son efectuadas por los partidos. Respecto de los aportes anónimos, tema que ha suscitado mucho debate, quiero aclarar lo siguiente. El proyecto despachado por la Cámara de Diputados no fijaba límites para el aporte propio. Al no fijarlos y al tener muy poca trazabilidad, en términos de si efectivamente eran recursos propios o de terceros, ofrecía la posibilidad de que terceros, de manera anónima, aportaran ingentes cantidades de dinero. En cambio, lo que viene del Senado aumenta la trazabilidad, ya que el candidato debe demostrar que efectivamente son recursos propios. Además, limita el aporte de recursos legítimamente propios a solo 25 por ciento. Por lo tanto, la diferencia que se hizo respecto del aporte propio es mucho más significativa para eliminar la influencia del dinero en la política que el haber permitido pequeños aportes anónimos que, aunque son discutibles y es legítimo que haya distintas opiniones, están limitados al 20 por ciento del total del límite del gasto electoral. No pueden hacer aportes anónimos las personas menores de 18 años, por lo que no es posible que una familia grande multiplique los aportes anónimos por medio de sus hijos. Fundamentalmente, se tratará de proteger la identidad del aportante a efectos de que no tenga repercusiones en su trabajo o en su medio, pero no es ciego para el candidato. Por lo tanto, el candidato no podrá decir que no sabía, sino que lo debe aceptar; por ende, no tendrá relación con los eventuales vicios que pudieran generar los denominados “aportes reservados”. No son aportes ciegos para el candidato, y solo pretenden proteger la identidad del aportante. Si sumamos los aportes anónimos al aporte propio, tendremos una cantidad acotada que no se limitaba en el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, porque, reitero, el aporte propio no tenía trazabilidad ni límite. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier. El señor TEILLIER.- Señor Presidente, como dijo el diputado Browne, estaba en el pensamiento del gobierno, y de muchos de nosotros, enviar un proyecto de esta naturaleza, de reforma a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, incluso antes de conocer muchos de los actuales escándalos políticos y financieros. Sin embargo, considero que estamos legislando con premura, tratando de promulgarla lo antes posible, porque justamente se produjeron estos escándalos. No obstante, me parece que debemos legislar con premura, porque estamos ante una situación o ante una atmósfera de muy baja estima y consideración hacia los partidos políticos, hacia los parlamentarios y hacia la política, en general, que se produjo por hechos que, incluso, se constituyen en delitos por la relación perversa que existe entre la política y los negocios que hemos conocido, que se está develando y que está siendo investigada en los órganos de justicia de nuestro país. Con la aprobación de este proyecto de ley, todos esperamos -me alegro de que todas las bancadas estemos más o menos de acuerdo despejar la imagen absolutamente negativa del Congreso Nacional. Como bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, presentamos un proyecto de anulación de la ley de pesca. Pusimos como causal de dicha iniciativa el origen de esa ley, que está inmersa en esta atmósfera de corrupción, y consideramos que una norma con ese origen puede ser anulada. De ninguna manera nuestra intención es desmantelar la institucionalidad. Algunos dirán que el proyecto es inconstitucional, pero por la discusión pública que se ha generado, parece que el tema es discutible. Más allá de las acusaciones al Partido Comunista y a la Izquierda Ciudadana, en el sentido de que queremos desmantelar la institucionalidad -ese no es nuestro propósito ni lo es crear un vacío legal respecto de la pesca-, quiero decir que el ambiente ciudadano que se ha creado es de adhesión a la presentación del proyecto de anulación de la ley de pesca, no porque lo haya presentado el Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, sino porque la ciudadanía está esperando que se haga algo para despejar los actos de corrupción. Alguien podría replicar que quizás ese no es el mejor camino y que habría que recurrir a los tribunales. Puede ser discutible. No creo que, como afirmó un colega diputado, a la ciudadanía no le interese lo que estamos discutiendo; por el contrario, le interesa enormemente, y va a estar pendiente del tema. Por eso, creo que lo mejor que podemos hacer es finalizar pronto. Acordar el financiamiento del Estado a la política y a los partidos políticos va en directa relación con evitar el tipo de situaciones vergonzosas que hemos vivido como institución parlamentaria. Si esta ley hubiese existido antes, no habríamos tenido que presentar un proyecto de anulación de ley. En todo caso, espero que ese trámite termine con una propuesta de una nueva ley de pesca o con una reforma a la actual. Permítanme ahondar más en esto. Un titular de la prensa de hoy dice: “Los diez mayores proveedores de SQM con documentos cuestionados”. Y a continuación agrega: “El informe de Shearman & Sterling detalla el total de documentos rectificados y los vínculos políticos de los propietarios de las empresas”. Más adelanta viene un listado de los partidos que se vieron más beneficiados con las platas que emanaron de los documentos cuestionados. Estas son las situaciones con las que queremos terminar, y creo que este proyecto de ley ayudará definitivamente a ello. En general, estamos de acuerdo con las modificaciones del Senado. Esta iniciativa abrirá paso a la transparencia y nos obligará a responder por nuestros actos y a ser realmente merecedores de la fe pública. Todos aquellos que depositan su confianza, junto con su voto, al elegirnos, podrán estar seguros de que ya no se vulnerará la fe pública y que serán menos los actos que atenten contra la ética política. En el Senado se rebajaron las penas para los que infrinjan estas normas. Me parece que eso ha producido un ruido en casi todo el sistema comunicacional formal, pero sobre todo en el informal, donde la gente más nos mira. Me temo que lo mismo puede ocurrir con los aportes económicos anónimos, aun cuando sean pequeños. Desde ese punto de vista, poner en duda determinados mecanismos que acompañan el proceso eleccionario puede causar equívocos al despachar la iniciativa. Lo que necesitamos, como Parlamento, como gobierno, es que esta iniciativa aparezca tan transparente y limpia como el efecto que pretende producir en la ciudadanía. Por lo tanto, mi bancada aprobará todas las modificaciones del Senado, pero en este punto tenemos dudas. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Aldo Cornejo. El señor CORNEJO.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que el esfuerzo que han hecho la Cámara de Diputados y el Senado para perfeccionar la normativa que se refiere no solo a los partidos políticos, sino, también, al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y, en particular, a transparentar y regular con mayor rigor el financiamiento de las campañas electorales, constituye un avance, pero al mismo tiempo plantea un enorme desafío. En el actual clima que vive el país, especialmente la actividad política, no solo es necesario un gesto de esta naturaleza, que se traduce en una nueva legislación, sino hacer esfuerzos para que cuando la ley empiece a regir tengamos la mayor certeza posible de que es un cuerpo legal que va a tener un efecto que la ciudadanía va a poder percibir y apreciar en la práctica. Estamos ad portas de una campaña municipal en la que debiera regir esta normativa. Ella solo va a producir el efecto deseado por todos en la medida en que tenga un efecto práctico visible y efectivo. Desde esa perspectiva -lo dijimos en la comisión y lo repetimos acá-, nos parece necesario que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que en nuestra opinión hay artículos que no cumplen con claridad el propósito que buscamos. Me refiero en particular al artículo 30, relacionado con la propaganda. Creo que resulta necesario precisar en este debate que, tal como está redactado el inciso primero de dicha disposición, puede conducir a que en la próxima campaña municipal, incluso en un momento posterior o anterior a ella, se ocupe una legislación perforada. Si es así, es posible que la opinión pública se pregunte para qué se hacen tantos esfuerzos desde el punto de vista legislativo si, en la práctica, en las calles, radios, medios de comunicación, nos damos cuenta de que no existe ninguna variación sustantiva en la forma de hacer campaña. Me parece que haber sujetado la actividad de propaganda solo a los fines electorales puede conducir a que esa norma sea fácilmente vulnerada. Por ejemplo, en marzo, cualquier persona podría llenar las calles de la ciudad saludando a las mujeres de Chile a propósito del día internacional de la mujer. Si alguien quisiera objetar la promoción de esa persona, esta va a alegar que ese acto no tiene ningún fin electoral, que no está asociado a una campaña, que solo se trata de un mensaje de afecto por las mujeres de Chile. Ese ejemplo podría multiplicarse con otros que la imaginación nos entregue. Entonces -lo dije en la comisión y lo reitero acá-, debe quedar absolutamente claro que ese tipo de propaganda tiene ligazón con el fin electoral próximo, porque –repito las calles se pueden llenar de saludos por el día de la mamá, de la mujer, del adulto mayor, materias que no están asociadas a un fin electoral explícito, pero sí lo están en relación con la promoción de una persona. Por otra parte, el gasto que ese particular podría hacer en cualquier lugar del país no está regulado. En consecuencia, estamos generando un problema que, desde el punto de vista de su aplicación práctica, en dos, tres o cuatro meses estará absolutamente develado en las calles de nuestro país. El inciso segundo del artículo 30 se refiere a la difusión de información sobre actos políticos o actividades habituales del funcionamiento de los partidos políticos. Debe quedar establecido en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, como un elemento de interpretación para el nuevo Servel, que la promoción o difusión de ideas está asociada a la actividad política de un partido, no de una persona natural, porque con ese criterio una persona natural podría difundir ideas diariamente en un medio de comunicación y podría sostener que no tiene un fin electoral, por lo que está cumpliendo con la ley. Podría difundir, por ejemplo, las ideas que tiene sobre el aborto, sobre el cambio climático o sobre cualquier materia que resulte de interés público. Solo me voy a referir a esta materia, porque el resto de los temas que la ley en proyecto regula me parece que constituyen un avance importante. Hay algunos discutibles, opinables, pero la Sala tendrá que pronunciarse. Me interesa que estas reflexiones, que naturalmente podrían estar equivocadas, queden establecidas claramente en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Los fines electorales son un elemento a considerar, pero el Servel debe considerar otros. Todos hemos sido testigos de que en la actual legislación había un subterfugio. La promoción de un candidato sin llamar a votar por él era perfectamente legal; sin embargo, varios meses antes se llenaban las calles con fotografías de esa persona. Entonces, si es posible, me gustaría que el señor ministro, si comparte esta inquietud, pudiera contribuir desde el punto de vista del Ejecutivo para que esta materia quede claramente establecida en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, para que mañana podamos resolver cualquier dificultad en la que el Servel sea llamado a tomar una decisión o a interpretar una determinada norma. Señor Presidente, con su venia, me permito conceder una interrupción a la diputada Yasna Provoste por los minutos que restan de mi tiempo. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Señor diputado, según el Reglamento la interrupción no puede exceder de dos minutos. Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, quiero enfocar este proyecto de ley desde la igualdad y la incorporación de mujeres en la política. Ello forma parte del programa de gobierno como medidas propuestas para hacer frente a nuevas demandas ciudadanas por mayor probidad, mayor transparencia, pero también por mayor inclusión. Los cambios que ha experimentado la sociedad ponen de relieve la necesidad de que nuestra legislación evolucione de igual forma, de manera que se puedan resolver los crecientes niveles de desigualdad política, económica, social y cultural y, por cierto, de desafección hacia la actividad política. Valoro que este proyecto de ley incorpore en su artículo 33 bis que al menos el 10 por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres. Esto es consistente con lo que el Parlamento y el gobierno de la Presidenta Bachelet han planteado, por ejemplo, en el sistema para eliminar el binominal, en el que se incorporó la exigencia de las cuotas de género. No podríamos pensar en aumentar las cuotas de género sin que ello traiga aparejado que los partidos tengan la exigencia de fomentar la participación política de las mujeres en la democracia. Desde la recuperación de la democracia hemos visto que no más del 15 por ciento de las candidaturas de todos los partidos ha correspondido a mujeres. Tras la aprobación de la ley que eliminó el sistema binominal se establecieron exigencias más altas respecto de las cuotas para hombres y mujeres, a propósito de la instalación de listas en los partidos. En consonancia con ello, este proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia exige a los partidos que al menos el 10 por ciento del total de los recursos que les sean aportados sean destinados a fomentar la participación política de las mujeres. Ello permitirá hacer realidad la incorporación, cada día más masiva, de mujeres a la política, porque con mayor inclusión de mujeres también apostamos a una mejor democracia. He dicho. El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, haré varios comentarios respecto de este proyecto de ley, de lo que estamos viendo en general, del paso que estamos dando y de la forma en que estamos avanzando. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al exministro Rodrigo Peñailillo -aunque la Nueva Mayoría a lo mejor lo tenga medio escondido-, pues fue él quien presentó este proyecto de ley y planteó la necesidad de regular de buena manera el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Por su parte, nuestro amigo, el ministro Nicolás Eyzaguirre, quien está presente en la Sala, tomó la posta y avanzó en sacar adelante este proyecto, que es muy importante y necesario. La elaboración de esta iniciativa implicó un trabajo de más de un año, que hoy está dando resultados. Este proyecto constituye una señal legislativa clarísima. Como miembros del Parlamento podemos hacer declaraciones de prensa, pedir perdón y decir que cosas como las ocurridas no se volverán a repetir, pero en el momento de los “quiubos”, en el momento de las decisiones, cuando debemos apretar el botón verde, o el rojo o el amarillo para votar desde nuestro pupitre, es cuando uno da señales potentes de que en el Parlamento queremos que las cosas cambien. Este proyecto de ley -entiendo que puede ser mejorado, que tiene una serie de imperfecciones y que no hay ley perfecta mejora bastante la situación en materia electoral, pues permite que como Parlamento nos hagamos cargo de lo que ocurrió con el financiamiento ilegal de las campañas y generemos una mejor regulación de los partidos políticos. Porque cabe señalar que los partidos serán regulados, en parte, en este proyecto de ley y fundamentalmente en otro que ya aprobó el Senado y que llegará la próxima semana en tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados. Son dos proyectos de ley relevantes, que constituyen señales legislativas del Parlamento, de nosotros, en términos de que estamos regulando un sistema de manera distinta. Además, lo hacemos con la dificultad de que nos estamos autorregulando, porque si hay normativas complejas de modificar, son aquellas que deben ser votadas por los propios incumbentes. El proyecto establece dos sistemas de financiamiento: uno público y otro privado. Este último será regulado y transparente. Celebro que el aporte anónimo esté dentro del concepto de financiamiento privado. En su momento planteé la necesidad de que existiera el aporte anónimo, no para privilegiar aportes millonarios, sino para permitir el secreto del voto. Muchas personas expresan a través del secreto su intención no solo de votar por un candidato, sino también de apoyarlo reservadamente con montos pequeños. Ello permite, con los resguardos establecidos en esta futura ley, que esos montos no formen parte del financiamiento total de la campaña, sino que constituyan un aporte muy acotado. Eso me parece absolutamente normal. Establecer el aporte anónimo también permitirá, por ejemplo, que un trabajador cuyas ideas son de derecha, aporte en la campaña de un candidato de su línea de pensamiento, y que su empleador, que es de izquierda, no lo despida por ese hecho. Lo mismo respecto de un trabajador cuyas ideas son de izquierda. Eso es lo que permitirá el aporte anónimo, que estará regulado y que –reitero será pequeño y acotado, porque va de la mano con el secreto del voto. Otro aspecto que cabe destacar en el proyecto es que considera la fiscalización de esta nueva normativa. Esa responsabilidad se entrega al Servel, organismo que cumplirá un rol fundamental en ese sentido. Ahora bien, el Servel que estamos creando puede transformarse en un monstruo, con facultades nuevas, que impidan la participación ciudadana o que impidan a los candidatos manifestar sus intenciones, sus propuestas y sus planteamientos, o transformarse en un organismo que regule de buena manera el sistema electoral, de modo que la ciudadanía reciba la información que corresponde para que pueda tomar una decisión clara al momento de votar. Lo que ocurrirá será lo segundo; no me cabe la menor duda, dada la organización que se establece del Servel en términos de su consejo directivo y de su composición. Con esta futura ley se acabarán esas campañas millonarias de tres meses que se realizaban cuando llegaba un candidato ajeno a una determinada zona, cargado de regalos, bombos, platillos, circo, anteojos y otros recursos que se conocen, y lograba influir decisivamente en el voto de los electores. Eso se acabó. Las campañas serán de trabajo, de planteamientos potentes, de tiempo, de metodicidad. La idea es volver a la esencia de la organización de una campaña, cual es traspasar información a la ciudadanía para que tome buenas decisiones. La regulación de los partidos me parece una buena norma de este proyecto. Antes de referirme a la regulación de los partidos, recuerdo que el diputado Aldo Cornejo planteaba su duda respecto del artículo 30 que el proyecto introduce en la ley N° 18.700 y de las dudas que podría producir su interpretación por el Servel. Creo que el artículo 30 propuesto es claro y constituye un avance en relación con la norma vigente. Actualmente está prohibido que cualquier candidato induzca al voto. La nueva norma es mucho más amplia, toda vez que elimina el concepto de “candidatos” y lo reemplaza por el de “personas” que promuevan ideas con fines electorales. Por lo tanto, los carteles o propaganda desplegados a destiempo que promuevan a una determinada persona, aunque esta no haya lanzado oficialmente su candidatura, estarán afectos a esta futura ley y a la regulación que establezca el Servel. La ley no puede cubrirlo todo; por eso el Servel cumplirá un rol fundamental al momento de aplicar la normativa como corresponde. Me alegro de que se hayan incorporado algunas normas sobre intervención electoral. Sé que costó, porque al gobierno le cuesta establecer normas sobre intervención electoral que impidan que se regulen materias como la incorporación del gobierno a las campañas. Finalmente, logramos dulcificar al gobierno, sobre todo en el Senado, para que dispusiera algunas normas pequeñas que permitirán un avance en lo que nosotros creemos que es fundamental. Por suerte hoy nos enteramos por el diario La Tercera de que la Contraloría le va a refrescar la memoria al gobierno en materia de intervención electoral. Me imagino que el instructivo que va a dictar el nuevo contralor vendrá acompañado de una bolsita de pasas, para que en el gobierno tengan claro qué significa intervención electoral y qué significa la involucración de recursos públicos y del gobierno en campañas. Para terminar, quiero señalar dos cosas: la primera, que ya planteé, es el concepto de aportes anónimos, que creo bueno que se establezca, que se regule de buena manera y que sea acotado, pues permite el secreto del voto al momento en que una persona quiera aportar y ayudar con montos exiguos a un determinado candidato. La segunda dice relación con una preocupación manifestada por algunos parlamentarios, que quiero hacer presente para que quede consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley: se reguló de buena manera lo relativo a la precampaña de los candidatos presidenciales, en términos disponer para ella un plazo de 200 días antes de la elección. La discusión legislativa sobre este asunto se dio respecto de todos los candidatos, pero finalmente se dispuso que se aplique solo respecto de los candidatos presidenciales. Por lo tanto, que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que el plazo de 200 días estará acotado a los precandidatos presidenciales. En el caso de las elecciones del resto de las autoridades, las campañas tendrán una regulación que dispone 30 y 60 días, por lo que entrarán en la normativa general. El Servel deberá hacer ese distingo. Este proyecto plantea una legislación más estricta y más reguladora. Sabemos que tiene puntos flacos y complejos, pero constituye un avance y una respuesta legislativa de los parlamentarios de cada uno de los partidos en relación con el fortalecimiento y la transparencia de la democracia. He dicho. El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa. El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto de ley forma parte de una demanda ciudadana que en los últimos días ha ido creciendo de manera significativa. Por qué no decirlo también, es un tema que ha ocupado la agenda pública de manera importante. El financiamiento de las campañas políticas hoy está en tela de juicio; el financiamiento de las campañas políticas en la actualidad es objeto de investigaciones; el financiamiento de las campañas políticas hoy ha generado el rechazo y la desconfianza de la ciudadanía. En consecuencia, era un tema respecto del cual había que legislar. No es casualidad que, antes de que estallara este conjunto de escándalos, la Presidenta de la República tomara la decisión de incorporar en su programa de gobierno materias relacionadas con transparencia, probidad y fortalecimiento de la democracia. Para eso se constituyó un consejo asesor presidencial que discutió esos asuntos: la denominada “comisión Engel”, que los sintetizó y produjo un insumo, que se transformó en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Esta iniciativa no solo regula y -de manera rigurosa controla el financiamiento de las campañas por parte de terceros, sino que también establece normas para el desarrollo de campañas bastante más estrictas que las existentes. Ello, no solo en término de tiempos para iniciar una campaña, sino también de forma, pues ya no es sostenible tener campañas parlamentarias, presidenciales, municipales con calles, avenidas y ciudades prácticamente invadidas por propaganda política. La presente iniciativa se hace cargo de aquello; lo regula, lo ordena. Esa es una señal muy importante y una respuesta a una demanda de la ciudadanía, que –reitero ha ido creciendo cada día más. Al respecto, debo manifestar que tengo confianza en que no habrá mayores diferencias en el Parlamento porque existe un acuerdo transversal de apoyo al proyecto en discusión, como una forma de fortalecer nuestra democracia y la política en general, aun cuando el Senado introdujo varias modificaciones al texto aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Entre tales enmiendas destaco principalmente lo relativo a campañas electorales, propaganda y gastos de campaña. Además, se hacen más estrictos los requisitos respecto de los aportes a campañas políticas. En este último punto, valoro especialmente que se establezcan topes máximos para donación de personas naturales. De esta forma, cada persona podrá, para una misma elección, donar un máximo de 1.000 UF, si se trata de una elección de alcaldes o concejales, y 200 UF, si se trata de una elección de diputados, de senadores o de Presidente de la República. Asimismo, valoro que exista un límite de aportes a la propia campaña, el cual corresponde a solo el 25 por ciento del gasto total permitido. De igual forma, que se establezca un límite a los aportes de personas naturales a los partidos políticos, distinguiendo en este último punto entre personas afiliadas y no afiliadas al partido de que se trate. Además, valoro que se tipifiquen infracciones graves, que darán lugar a la pérdida del escaño, cuestión que no contemplaba nuestro ordenamiento jurídico y que hoy, una vez que aprobemos este proyecto de ley, se incorporará como una sanción ejemplarizadora a aquel que incurra en prácticas que no son consistentes con nuestra legislación. Esta pérdida del escaño significa que quienes participamos en la política deberemos actuar con total compromiso con la transparencia del sistema. Por lo demás, dicha norma se hace cargo de la crítica permanente que hace la ciudadanía respecto de quienes participamos en la vida pública. No obstante lo dicho, no estoy de acuerdo con el restablecimiento de los aportes anónimos, los cuales fueron suprimidos en esta Corporación. Si queremos transparentar en forma amplia los procesos electorales, y particularmente el origen de los aportes, para que no exista ni un atisbo de duda sobre la legitimidad de la elección o la probidad de los candidatos, es necesario eliminar ese tipo de fórmulas que, a todas luces, aparecen como beneficios que pudieran recibir quienes se presenten a una elección, privilegiando eventualmente a determinados sectores, que son los que hacen el aporte y ejercen la influencia. Respecto de las modificaciones a la forma como se hará la propaganda, rescato y hago énfasis en la ampliación del concepto de “propaganda electoral” y los espacios públicos donde esta debe practicarse. Ello, además del establecimiento de fiscalizaciones y sanciones más rigurosas al retiro de propaganda ilegal o de la propaganda utilizada una vez pasado el día de la respectiva elección. Esas también son materias bastante demandadas por los ciudadanos en su conjunto y muy relacionadas con el respeto al medio ambiente. Por consiguiente, este proyecto viene a zanjar muchas dudas planteadas por la ciudadanía sobre cómo se llevan a cabo las campañas electorales y en qué forma se financian, pues corrige errores cometidos en el pasado, lo cual constituye un gran avance para fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema político en general. En nombre de la bancada del Partido Radical, anuncio desde ya nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, porque nos permitirá avanzar significativamente en volver a recuperar la confianza de la gente en sus representantes y hacer una separación definitiva en esta relación perniciosa, y muchas veces espuria, entre el dinero y la política. He dicho. El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, qué duda cabe de que la situación que afecta a nuestro país desde el punto de vista de la crisis de confianza en la política y en sus instituciones, en parte se ha visto agravada por hechos de financiamiento ilegal, espurio; por una relación absolutamente indeseable entre los negocios y la política, en la que un poder económico, además concentrado en pocas manos, ha intentado controlar también el poder político a través del financiamiento. Cuando el año 2003 se intentó avanzar en materia de financiamiento, de fiscalización, de control, algunos fueron reticentes a ir más allá, impidieron cambios más sustantivos; quisieron buscar una solución que sorteara la crisis del momento, pero la cual era incapaz de resolver los problemas que se podían presentar en el futuro. Es más, dicha solución sería fuente de un conjunto de dificultades en el futuro. Señalo lo anterior porque no podemos tropezar con la misma piedra. No podemos aprobar hoy las modificaciones de un proyecto que busca fortalecer y transparentar la democracia; que busca regular el financiamiento de la política, de las campañas a través de un financiamiento público, terminando con los aportes reservados, con los aportes de las empresas, porque su urgencia fue calificada de “discusión inmediata” y debemos despacharlo ahora, ni porque algunos creen que sería muy dramático llegar a una comisión mixta. No podemos no resolver pequeños problemas que tiene esta iniciativa y que mañana pueden ser fuente no solo de cuestionamientos, sino también de prácticas que terminen desvirtuando el sentido de esta ley en proyecto y diluyendo este esfuerzo realizado por el gobierno y el Parlamento. De lo contrario, a lo mejor en dos, tres o cinco años más, después de las próximas campañas, habrá nuevos escándalos, otras crisis y probablemente nuevas lamentaciones porque en esta oportunidad no hicimos todo lo necesario para poder cerrar al máximo brechas, de manera de regular efectivamente las campañas y evitar un financiamiento empresarial de la política. Es cierto que hay avances importantes en materia de definición de espacios públicos; de cómo se realizará la propaganda en ellos, desde el punto de vista de su contratación y fiscalización; de las atribuciones que entregamos al Servel, incluso atribuciones para que pueda ejercer sus facultades de manera intrusiva. Es cierto que se establecen sanciones importantes, no solo penales, sino también la pérdida del escaño para quienes infrinjan gravemente la ley; es cierto que se establece el principio de la publicidad de los aportes, que solo personas naturales podrán hacer esos aportes y que se reduce el máximo de los gastos autorizados. Sin embargo, hay al menos un par de temas que se han planteado acá que me llevan a respaldar el rechazo a algunas normas cuya votación separada se ha solicitado. El primero dice relación con la definición misma de propaganda. No tengo ninguna duda en cuanto a que lo que nos ha dicho el ministro respecto de que la definición del concepto de propaganda buscaba abarcar las actividades de los partidos y no las de las personas; pero él reconoce que hay un problema de orden en la norma. Bueno, ese problema de orden es el que nos lleva a una conclusión distinta a la que planteó como intencionalidad el Ejecutivo y que probablemente tuvo presente el Senado cuando incorporó la modificación al artículo 30. Si el centro de las facultades que tendrá el Servel es justamente fiscalizar el ejercicio de la propaganda electoral, y tenemos un problema conceptual respecto de lo que es y lo que no es propaganda, tal como expresó el diputado Aldo Cornejo, estamos ante una gran dificultad, porque tenemos un concepto ambiguo que dice relación con el objetivo central del control y la fiscalización que deberá ejercer el Servel. Entonces, si el proyecto debe pasar a comisión mixta el lunes para votarlo el martes en la Sala y resolver así ese problema, que así se haga, porque es la manera de evitar que el día de mañana nos encontremos con un montón de propaganda instalada que no promueva una candidatura, sino que solo contenga difusión de ideas y, por tanto, no se considere propaganda electoral, razón por la cual no se le aplicarían las restricciones ni las sanciones del caso. Es lo mismo que ocurre hoy, con la ley vigente, que exige que la propaganda induzca al voto, por lo que uno puede llenar de carteles una ciudad en tanto no digan “vote por”, porque así no se entiende como propaganda electoral. Si no mejoramos esa definición, podríamos estar dejando un tremendo forado por el cual se nos cuele un conjunto de actos de propaganda que, de acuerdo con el concepto que contiene el proyecto, no se entendería como propaganda electoral, y, por consiguiente, no quedaría sujeta al control del gasto electoral, a la fiscalización del Servel, ni restringida a las limitaciones de tiempo para campañas que establece la normativa que regula estos actos. En consecuencia, creo que estamos ante un problema enorme. El segundo tema al que voy a referirme es el de los aportes anónimos. Se terminan los aportes reservados, se terminan los aportes de las empresas. En la Cámara de Diputados lo discutimos mucho, pero creo que hay buenos argumentos de quienes sostienen que hay que mantener un nivel acotado de aportes anónimos de personas naturales, en tanto eso tiene que ver con resguardar el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos. Así, por ejemplo, si un periodista, alguien que forme parte de cierta institución, alguien que integre las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad, o alguien que trabaje para una empresa que es propiedad de alguien que es un connotado dirigente político de un sector distinto a aquel al cual el trabajador quiere apoyar mediante un aporte económico, es obvio que el hecho de que el aporte sea público puede ser complejo para esa persona natural. Por lo tanto, debemos resguardar que en esos casos se puedan hacer aportes reservados, anónimos, en tanto sean pequeños y a candidatos determinados, como una forma de ejercer los derechos ciudadanos y de contribuir a la actividad política. Eso me parece sano si los montos de los aportes son bajos. Creo que es lo que intentaba expresar el diputado Pepe Auth. Sin embargo, hay un problema: el límite total de los aportes que podría recibir un candidato por la vía anónima. Estamos hablando del 20 por ciento del total autorizado por ley para el distrito del cual se trate. Ni siquiera del total del gasto, sino del total autorizado para ese distrito. Por esa vía podemos llegar a cifras enormes, en la medida en que haya muchos aportes anónimos pequeños, lo que puede ser una vía indirecta para que personas naturales, incluso empresas, vulneren la norma y el objetivo buscado, diciéndole a los candidatos que le lleven treinta o cuarenta voluntarios, familiares, amigos o lo que sea, y les pasen dinero para que hagan varios aportes anónimos que totalicen hasta el 20 por ciento del total autorizado. Entonces, después nos acusan de que hecha la ley, hecha la trampa; pero aquí estamos dejando un forado por el cual podemos obtener un financiamiento anónimo que en nada dice relación con lo que efectivamente se busca con esta norma, que incluso se discutió en la comisión Engel y se recomendó establecer para ciertos casos. Así, en lugar de resguardar el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos de ciertas personas, podemos estar dejando, por la vía de no regular el límite del total que puede recibir cada candidato, un nuevo forado para que se reinstale el control del capital, del dinero sobre la política, en circunstancias de que eso es lo que precisamente se busca evitar a través de este proyecto de ley. Por eso, si bien comprendo la urgencia del gobierno, que nos está mirando, me pregunto qué nos dirán los ciudadanos: “Se demoraron tres o cuatro días más, pero resolvieron ese problema” o “por legislar y votar de inmediato no enviaron el proyecto a comisión mixta y terminaron dejando un forado que probablemente generará los mismos problemas que se pretendía combatir con esta nueva legislación.”. Si eso ocurre, en cuatro o cinco años más otros diputados, en este mismo hemiciclo, deberán decir: “Nos equivocamos, fue un error. ¿Por qué? Porque no lo corregimos oportunamente.”. Legislemos con sentido de urgencia, tal como lo hemos hecho hasta ahora, porque hemos dedicado muchas horas a esto, pero, por sobre todo, legislemos bien, para que esta iniciativa satisfaga efectivamente las expectativas ciudadanas, empecemos a recuperar la confianza de los ciudadanos y pongamos barreras reales a la relación entre el dinero y la política. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Señores diputados, nos quedan cinco minutos para que llegue la hora de término de la sesión. Voy a dar el uso de la palabra al diputado Sergio Aguiló y luego informaré cómo continuaremos este debate el próximo martes. Como sus señorías saben, hoy no se votará el proyecto, dado que aún quedan 19 diputados inscritos para intervenir y se trata de una iniciativa importante para el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y el financiamiento de las campañas políticas. El señor WALKER.- Señor Presidente, una precisión de Reglamento. Imagino que para la continuación de la discusión en la sesión del martes se respetará el orden de inscripción que ya tenemos. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se respetará ese orden, señor diputado, tal como se ha hecho hasta ahora. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en el reducido tiempo que me otorga, intentaré referirme a dos o tres materias que quiero destacar. En primer lugar, por desgracia, este debate no tiene que ver con un interés puramente académico relacionado con mejorar las normas de nuestra democracia, sino que es consecuencia -digámoslo con todas sus letras de una práctica profundamente corrupta que se viene produciendo desde 1990; es decir, una práctica que ha perdurado por casi 26 años. Ha habido una relación corrupta entre el dinero y la política; ha habido un intento sistemático de grandes grupos empresariales por comprar la voluntad de los parlamentarios; ha habido un intento sistemático de grandes riquezas del país por influir indebida y espuriamente en la política, en lo que deciden la Cámara de Diputados y el Senado; ha habido un esfuerzo sistemático de grandes grupos económicos por reemplazar la soberanía popular por el poder del dinero. Eso es lo que queremos terminar con esta iniciativa, que aunque es perfectible, porque no todas las normas salieron como queríamos, apunta en la dirección correcta. Este proyecto que nos presentó la Presidenta de la República a partir de las sugerencias que le propuso la comisión Engel, viene a poner, de una vez por todas, un “parelé” a esa relación corrupta entre el dinero y la política. ¡Qué duda cabe de que ese es, lejos, el factor que más ha influido en el deterioro dramático del prestigio del Congreso Nacional, el más grave que ha sufrido en toda su historia! ¡Y somos nosotros quienes lo integramos! Si logramos solucionar ese problema, es posible que logremos resolver uno de los factores más decisivos -si no el más importanteen el deterioro dramático -hoy con relaciones poco creíbles y poco confiablesentre el Parlamento y la ciudadanía. Estamos poniendo límites, en primer lugar, al gasto de las campañas; estamos diciendo que las campañas deben financiarse con recursos de nítida y clara procedencia; estamos diciendo que el Parlamento debe generarse sobre la base de las ideas y no del dinero. Al respecto, quiero decir tres cosas. En primer lugar, lo que ha denunciado aquí el diputado Pepe Auth es grave. Me refiero a que hay distritos que todavía tienen un límite excesivamente alto, ya que cada candidato podrá gastar 350 millones de pesos como límite, lo que significa que el conjunto de la lista podrá gastar dos mil y tantos millones de pesos. Repito, eso es grave, porque todavía deja un margen para que la influencia del dinero genere la composición de la Cámara. En segundo lugar, tenemos que modificar lo que ha resuelto el Senado, ya que no es posible que subsistan los aportes anónimos, que permiten que un conjunto de personas puedan financiar hasta el 20 por ciento de las campañas. Por último, un matutino de hoy dio a conocer un ranking sobre la influencia indebida y corrupta del dinero en la política, en el que figuran los miles de miles de millones que aportó Soquimich a la política. Quiero decir con toda solemnidad en la Cámara que el Partido Comunista de Chile, Revolución Democrática, la Izquierda Ciudadana y la Izquierda Autónoma no han recibido un solo centavo de esa empresa ni de ninguna otra, como aparece en este informe, ni siquiera a través de aportes legales, conocidos como aportes reservados, que contabiliza el Servel. De manera que pertenecemos a una bancada que cree que hay que regular esta materia de una vez por todas, para que nunca más el dinero pueda influenciar indebidamente en la política. Como bien dijo el presidente del Partido Comunista, el compañero Guillermo Teillier, esa es la razón principal por la que presentamos un proyecto de ley en su oportunidad para declarar la nulidad de la ley de pesca, que se logró aprobar en el Congreso Nacional gracias a la influencia indebida del dinero, como se está analizando en los tribunales. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Con la intervención del diputado Sergio Aguiló, ha terminado el Orden del Día. Debo informar a la Sala que este debate continuará en la sesión del próximo martes, que 21 diputados están inscritos para intervenir y que se han cerrado las inscripciones. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 12.53 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.