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- rdf:value = " INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR. Oficios.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , a raíz de la fiscalización que hice en mi distrito durante el último tiempo y de los ilícitos descubiertos en las municipalidades de Recoleta y de Huechuraba, en la Región Metropolitana, me he enterado de algunas denuncias relacionadas con graves irregularidades en la municipalidad de Viña del Mar.
Quiero referirme a ello, dado que las conductas y procedimientos observados en dicho municipio son muy semejantes y, en algunos aspectos, más graves, con la única diferencia de que han sido cuidadosa y sistemáticamente silenciados con una cortina de protección.
En efecto, estos hechos se hallan concatenados con los de mi distrito, y paso a detallarlos.
La Contraloría General de la República, en su informe final Nº 30, de 2008, sobre la fiscalización efectuada a la municipalidad de Viña del Mar, señala que trece personas percibieron honorarios por más 500 millones de pesos, durante los casi tres años de inspección y auditoría de la concesión del Casino Municipal, desde el inicio de la gestión de la alcaldesa Virginia Reginatto .
Tengo en mi poder el detalle de algunos casos. Por ejemplo, un señor de apellido Minoletti , a contrata, aparece con un sueldo municipal de 1 millón 299 mil 191 pesos, y honorarios, pagados por la concesión del Casino Municipal, por 2 millones 584 mil 716 pesos.
Otras doce personas que trabajan a honorarios recibieron, además de sus sueldos municipales, en tres años, la suma de 544 millones 315 mil 68 pesos, pagados por el Casino Municipal. Si sumamos sus sueldos municipales a esta cantidad, llegamos a una cifra cercana a los 900 millones de pesos.
Esos funcionarios forman parte del personal de planta y a contrata del municipio en diferentes grados de la escala de sueldos municipal. Sin embargo, los honorarios adicionales que reciben, en casi todos los casos, son varias veces superiores a su remuneración como funcionarios municipales.
Si se comparan las remuneraciones promediadas de esos trece funcionarios, ellas quintuplican el promedio de las remuneraciones del resto de los trabajadores municipales.
La Contraloría constató que el pago de esos honorarios es abiertamente ilegal y fue hecho por instrucciones de la alcaldesa, mediante oficio remitido al concesionario del casino, sin que la autoridad comunal dictara el debido decreto alcaldicio, existiendo expresa prohibición de hacerlo por parte de la Contraloría, a través de dictamen Nº 27.050, de junio de 2005, sin que se le hubiesen remitido tales actos administrativos para el trámite de registro, vulnerando con ello el artículo 4º del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales -ley Nº 18.883- y el artículo 53 de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.
Estos antecedentes permiten señalar que estamos claramente ante la figura de sobresueldos, vulnerándose así normas esenciales de la administración financiera del Estado, que prescriben que ningún funcionario puede percibir remuneraciones mayores que sus superiores de grado. Además, tienen que ser debidamente autorizadas por la ley.
El informe señala que el pago de esos honorarios desmedidos vulnera el principio de igualdad ante la ley, dado que la alcaldesa, al ejercer en forma irrestricta la libertad contractual, incurre en diferencias arbitrarias y discriminatorias, en relación con el resto del personal municipal.
En suma, aquí se privilegió a unas pocas personas en desmedro de los casi 1.500 funcionarios de planta y a contrata del municipio.
En efecto, el informe de Contraloría señala: “No resulta lógico entender que quienes excepcionalmente son llamados a prestar servicios -a honorarios- para la Administración del Estado, sin integrarla, tengan derechos que se les confieran en virtud de un acuerdo de voluntades, que el ordenamiento jurídico legal no ha otorgado a quienes sí pertenecen a aquélla y que, por mandato legal, están naturalmente destinados a ejecutar las tareas propias de la institución respectiva y tienen responsabilidad administrativa”.
El informe agrega que la autoridad -en este caso, la alcaldesa-, al mantener estos contratos a honorarios, también vulneró “los principios de eficiencia y probidad que rigen la Administración del Estado.”
La situación anterior se agrava aún más al existir -así lo señala el informe- “un conflicto de intereses”, dado que es el concesionario fiscalizado quien paga directamente a los trece servidores a honorarios, en circunstancias de que sólo es legal y éticamente aceptable que “estas cancelaciones sean efectuadas directamente por la municipalidad” y que todos los recursos provenientes de la concesión “deben ingresar previamente a la corporación edilicia”, conforme a la ley.
El informe agrega otra agravante. A los funcionarios tan generosamente remunerados “no fue posible comprobar de modo alguno la efectiva ejecución de labores contratadas”. Se trata, entonces, de pagos por trabajos no realizados, pues la fiscalización practicada por el órgano contralor arrojó que estos funcionarios entregaron informes de su labor “sin visación de supervisor responsable y cuyo contenido no puede considerarse suficiente para dar cuenta de algún trabajo efectivamente realizado”.
Más adelante, el informe agrega: “En el Casino de Viña del Mar tampoco se encuentra evidencia documental alguna de las tareas y jornada cumplida por los contratados a honorarios”, al tiempo que las declaraciones prestadas por ellos señalan en forma olímpica que las labores fueron realizadas muchas veces “en horarios de colación”, “en su domicilio” o “en dos a tres visitas por semana”. Además, algunos de ellos relataron que cumplían la misma función, “produciéndose con esto duplicidad de labores”.
A mayor abundamiento, la Contraloría constató que sólo respecto de dos de los trece contratados “existen algunos antecedentes que pudieran respaldar parcialmente las labores comprometidas”, tales como oficios, observaciones, exámenes de cuenta, informes de balances y otros, concluyendo, finalmente, que la municipalidad no ha podido rendir cuenta “de la efectividad de las labores realizadas por el personal a honorarios”.
Estos empleos millonarios, que ascenderían, con los sueldos municipales, a casi 900 millones de pesos, habrían configurado un despilfarro municipal.
Otro hecho que agrava la situación es que a esos funcionarios también se les pagan horas extraordinarias. En efecto, el informe dice: “Los funcionarios en comento, además de su jornada ordinaria de trabajo en la municipalidad y de los referidos contratos a honorarios que mantienen vigentes para fiscalizar el Casino, perciben pagos por horas extraordinarias, las que, en algunos casos, se extienden, incluso, a días sábados y domingos, lo que, en suma, arroja jornadas de trabajo que son materialmente imposibles de cumplir a cabalidad”.
En el anexo Nº 20 se acompaña el detalle de los valores pagados por este concepto en el período comprendido entre enero de 2007 y febrero de 2008.
Estos hechos son muy tristes e indignantes, cuando, en general, los funcionarios municipales no tienen grandes sueldos. Pero el problema es aún más grave, porque algunos de esos funcionarios ganaron horas extraordinarias incluso durante sus períodos de vacaciones, en enero, febrero y marzo de 2007.
Cabe señalar que las leyes ordenan que las horas extraordinarias sólo se fijen para “tareas impostergables, con orden del jefe del servicio -en este caso, la alcaldesa-, y que los trabajos se realicen a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días festivos”. Ninguna de estas normas ha sido respetada en el caso de Viña del Mar.
El abuso, la dilapidación, el daño al patrimonio público y los ilícitos que están implícitos en estos hechos y conductas son una burla para los pobladores y ciudadanos honestos de Viña del Mar y deben ser investigados a fondo para establecer las responsabilidades administrativas y penales que pudiesen involucrar.
Cabe agregar que en este festival de recursos públicos mal utilizados, de esos trece servidores a honorarios remunerados, sólo cuatro pertenecen a la anterior administración y siete de ellos son del nuevo régimen, de la alcaldesa, y en la mayoría pertenecen al mismo partido político en que milita la autoridad.
Entonces, legítimamente cabe preguntarse si se trata de prebendas políticas o incluso, dado el elevado monto de las sumas involucradas, si esos recursos fueron prodigados con tanta generosidad para ser destinados a otros fines. Esta es una materia que también debe ser investigada, dado que existen indicios y rumores generalizados que así lo acreditan.
Respecto de estos hechos acreditados por la Contraloría, la alcaldesa ha argumentado, para justificar su conducta, que esas prácticas de inspección vía honorarios pagados son de larga data en el municipio viñamarino. Sin embargo, el informe de la Contraloría se encarga de desmentirla, señalando que “el dictamen 27.050, de junio de 2005, fijó la jurisprudencia definitiva sobre la materia, reconsiderando todo otro criterio previo aplicado en contrario”. Ello significa que esa autoridad, al enviar los oficios que ordenaban el pago de esos honorarios, desobedeció explícitamente los dictámenes de Contraloría y, por ende, la legalidad vigente.
Por otra parte, la existencia anterior del régimen de auditoría fue aplicado por las administraciones anteriores, pero de una manera mucho más recatada. No sobrepasaron los niveles de honorarios normales y proporcionados en relación con las remuneraciones permanentes del personal convocado, cumpliendo en general los contratados con las labores encomendadas en los contratos y con una alta participación de funcionarios antiguos y de planta de la municipalidad.
Lo más importante en relación con el argumento justificatorio basado en la conducta de administraciones anteriores de todas las tendencias, es que éstas gozaron del beneficio de la buena fe, lo que no puede decirse de esta administración después del explícito mandato del dictamen de la Contraloría de junio de 2005, que deliberadamente la alcaldesa no acató. En efecto, la Contraloría sentencia categóricamente en su informe que nunca, desde 2005, pudo haberse contratado a funcionarios a honorarios para supervisar e inspeccionar la concesión sin violar la ley, dado que, de acuerdo con las normas universales de nuestro ordenamiento jurídico, expresamente reiteradas por el dictamen, bajo ninguna circunstancia “pueden servidores a honorarios realizar labores inspectivas -incluso si se trata de funcionarios municipales de planta o a contrata, a los que adicionalmente se les encomienda que presten esos servicios inspectivos a honorarios-, dado que los servidores a honorarios-, ejerciendo bajo dicha modalidad, no poseen la calidad de funcionarios públicos y carecen de responsabilidad administrativa”.
Por otra parte, en la primera parte del informe, la Contraloría señala -conectando la situación de Viña del Mar con la de Recoleta y Huechuraba - que esa misma conducta abusiva, discrecional e ilegal se materializó al contratar la alcaldesa a su compañero de filas de la UDI, Marcelo Teuber , concejal y principal hombre de confianza del alcalde de Recoleta , quien también enfrenta graves acusaciones ante la justicia. Dicho contrato, materializado entre noviembre 2006 y febrero 2008, le reportó a Teuber la suculenta suma de 28 millones 431 mil 150 pesos, por servicios computacionales relacionados con la “ficha vecino” de la empresa GMA.
La Contraloría, en este caso -igual que en los honorarios del Casino Municipal-, no pudo verificar cabalmente el cumplimiento de esos servicios, y para prestarlos el señor Teuber no pudo acreditar que contaba con la idoneidad y competencia profesional indispensable. En la pagina Nº 8 del informe se señala que en esta contratación hubo “abuso y arbitrariedad”, por cuanto “en este convenio no se observa proporcionalidad entre el trabajo encomendado y las remuneraciones pagadas al señor Teuber , quien no acreditó mediante antecedentes fidedignos los conocimientos, la experiencia y la condición de experto, como egresado de la carrera de administración pública, para desarrollar el trabajo de diseño del software informático encomendado”.
Cosa similar ocurrió con otro asesor contratado por la señora alcaldesa, el señor Jaime Jullian Pope , también correligionario de la UDI, socio de la empresa GMA y ex administrador municipal de Recoleta , a quien se pagó los mismos 28 millones 430 mil 150 pesos, más otros 2 millones de pesos mensuales correspondientes a un nuevo contrato que se le extendió en febrero 2008 por un año, y que el propio señor Jullian admitió que podía cumplir en dos meses, renunciando bruscamente y sin explicación al resto del período.
En total, más de 60 millones de pesos por un trabajo que no los valía, violando en forma expresa normas legales, con resultados poco comprobables, con escasa idoneidad profesional de los ejecutores, con una vaguedad y generalidad total en la definición de las labores que se debían prestar, sin asegurar que la propiedad del software contratado quedara en manos del municipio, con violación al principio de formalidad e irretroactividad que rige a los actos de administración del Estado y en una ligazón turbia con la empresa GMA, situación que requiere ser investigada por configurar a todas luces los rasgos de una asociación ilícita.
Suma y sigue el informe constatando que el contrato suscrito por la alcaldesa con la empresa GMA, de la cual esas dos personas formaban parte o mantenían estrechos vínculos, se hizo sin licitación pública, sin constituir completas las garantías comprometidas y sin la publicación que exige la ley de compras públicas.
Son demasiadas las casualidades para no constituir el conjunto de estos hechos situaciones que revisten con presunciones fundadas carácter de delito y que requieren urgente investigación criminal.
Este contrato con GMA costó al municipio, además de los honorarios pagados a Teuber y Jullian , otros 15 millones de pesos (dos cuotas de 395 UF), a lo que hay que sumar la obligatoria adquisición de un sistema computacional a la empresa Esri Chile por 36 millones 325 mil 716 pesos, lo que, junto con los dos servidores por 968 mil 660 pesos, cada uno, comprados directamente a GMA, suman en total para toda esta aventura de la dudosa y controvertida “ficha vecino” más de 120 millones de pesos.
En suma, la señora alcaldesa vulneró y violó abiertamente la legalidad vigente en esta operación, y en particular el artículo 5º, inciso primero, de la ley Nº 18.575, que obliga a velar por la eficiente e idónea administración de los bienes públicos; los artículos 49 y 50 del reglamento de la ley Nº 19.886; el articulo 2º, letra a), inciso segundo, de la citada ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y diversos dictámenes de la Contraloría que no es del caso citar, pero que se encuentran detallados en el informe.
En virtud de lo expresado, pido oficiar al fiscal nacional del Ministerio Público y al presidente del Consejo de Defensa del Estado para que inicien una investigación acerca de las conductas irregulares e ilícitas -profusamente descritas e implícitas, constatadas por la Contraloría Regional y detalladas en esta intervención- del municipio de Viña del Mar y de todos quienes resulten responsables o estén implicados en ellas, dentro de las cuales pueden encontrarse figuras de fraude al fisco, malversación, negociación incompatible, asociación ilícita y otros ilícitos penales que ese organismo pueda determinar.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
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