REPÚBLICA DE CHILE/CÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 356ªSesión 51ª, en jueves 10 de julio de 2008(Ordinaria, de 10.37 a 13.31 horas) Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; Ceroni Fuentes, don Guillermo, y Ulloa Aguillón, don Jorge. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 5 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 - Supresión de Incidentes 9 - Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 10 - Minuto de silencio por fallecidos en accidente aéreo en la décima región 10 - Suspensión de tratamiento de proyectos de acuerdo 10 V. Fácil despacho. - Tipificación del maltrato o crueldad con los animales. Segundo trámite constitucional 10 VI. Orden del Día. - Informe de Comisión investigadora encargada de analizar el proceso de producción del cobre y sus derivados 21 VII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros”. (boletín N° 5849-15) 49 2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto “sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica”. (boletín N° 5081-15) 49 - Oficios del H. Senado mediante los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos de acuerdo: 3. “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”. (boletín N° 4733-10) 54 4. “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte”. (boletín N° 4732-10) 54 5. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Arenas, Cardemil, Correa, Egaña, Estay, Kast, Lobos y Salaberry, que “modifica la ley N° 19.925, en lo relativo a menores sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública”. (boletín N° 5968-11) 55Pág. 6. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Cristi, doña María Angélica y de los Diputados señores Barros; Bauer; Cardemil; Correa; Fuentealba; Ulloa; Uriarte y Vargas, que “sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile”. (boletín N° 5969-02) 57 7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Valenzuela, Araya, De Urresti, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Sepúlveda, doña Alejandra, que “introduce modificaciones a diversas disposiciones del Código Civil, consagrando el derecho de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, de administrar los bienes propios que adquiera a título de herencia, legado o donación”. (boletín N° 5970-18) 58 8. Oficio de la Excma Corte Suprema por el cual remite su opinión acerca del proyecto que “crea juzgados de Policía Local en las comunas que indica”. (boletín N° 5906-07) 61 9. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que “extiende la bonificación por retiro voluntario creada por la ley N° 20.209, crea una bonificación adicional para el personal que indica e introduce modificaciones a la ley N° 20.209. Rol N° 1150-08-CPR. (Oficio N° 2080) 64 VIII. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios. Ministerio de Salud: - Diputado Araya, multas cursadas a la I. Municipalidad de Antofagasta, desde 2003 a la fecha. - Diputada Valcarce, situación que afecta a señora que indica. - Diputado Bobadilla, catastro sanitario en lugares donde podría existir uranio en la Octava Región. - Diputada Turres, declaración de impacto ambiental del proyecto “Central de Generación Eléctrica 90 MW Trapén”. - Diputado Álvarez-Salamanca, situación ocurrida en hospital de Curepto. - Diputado Lobos, si el alimento “ADN” es producido en Chile o es importado por la empresa Bbraun Medical Chile S.A. Comisión Nacional de Energía: - Diputado Venegas don Samuel, consecuencias del alza del petróleo, a fin de superar la crisis energética y de transporte. Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones: - Diputado Delmastro, situación de solicitud de señor que indica. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (102)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aedo Ormeño, René RN III 5 Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Allende Bussi, Isabel PS RM 29Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro IND II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto RN X 53Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15 Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23 Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mulet Martínez, Jaime PRI III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16 Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban CH1 VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Asistió, además, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Laura Albornoz.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor BUSTOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor BUSTOS (Presidente).- El acta de la sesión 46ª, se declara aprobada. El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. El señor BUSTOS (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, tengo entendido que ingresaron a esta Cámara tres mociones que dicen relación con la ciudad sede del Poder Legislativo. El señor BUSTOS (Presidente).- No es materia de la Cuenta, señor diputado. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, precisamente, quiero saber qué pasa con dichas mociones y por qué aún no se ha dado cuenta de su ingreso. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, esas mociones están siendo analizadas por los diversos Comités.-o- El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, una vez más, quiero pedir formalmente que se trate el informe de la Comisión Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en la Sala, porque hace varias semanas que está listo. No veo por qué se ha retrasado tanto su tratamiento, en circunstancias de que se utilizó mucho tiempo en hacer las investigaciones. Pido que sea incluido en la Tabla al regreso de la semana distrital. Muchas gracias. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, como hemos tenido que tratar diversos proyectos con suma urgencia, no ha sido posible poner en Tabla dicho informe. Lo haremos en alguna de las sesiones que tendremos después de la semana distrital. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, veo que el diputado René Manuel García está muy preocupado de un informe que está listo desde hace unas semanas; pero el informe sobre los supermercados que cometen abusos con los trabajadores tampoco ha sido tratado, a pesar de que contiene importantes propuestas sobre la materia. Por eso, solicito que se ponga en Tabla, incluso antes que el de la Comisión Investigadora de EFE, porque fue emitido por la respectiva comisión con anterioridad. He dicho.-o-SUPRESIÓN DE INCIDENTES. El señor BUSTOS (Presidente).- Con el objeto de discutir en profundidad el informe de la Comisión Investigadora de Codelco, solicito el acuerdo unánime de la Sala para suprimir Incidentes. ¿Habría acuerdo? Acordado.AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor CERONI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para autorizar a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para sesionar simultáneamente con la Sala, el próximo lunes 14 de julio, a partir de las 18 horas. ¿Habría acuerdo? Acordado.MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIDOS EN ACCIDENTE AÉREO EN LA DÉCIMA REGIÓN. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, hoy en la mañana, una nueva tragedia enluta a la Décima Región y, en mi nombre, y en el de los parlamentarios de la zona, pido un minuto de silencio por los fallecidos. Asimismo, quiero hacer presente los problemas de conectividad que tenemos en la zona y que significan desgracias muy dolorosas para todos nosotros. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señoras diputadas y señores diputados, la señora Turres se refiere a un accidente aéreo que ocurrió esta mañana y donde fallecieron varias personas. Por ello, solicito de la Sala guardar un minuto de silencio. -Los señores diputados, las señoras diputadas, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio. SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO. El señor ULLOA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para suspender el tratamiento de proyectos de acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHOTIPIFICACIÓN DE CONDUCTA DE MALTRATO O CRUELDAD CON LOS ANIMALES. Segundo trámite constitucional. El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales. Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, es el señor Álvaro Escobar. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, boletín Nº 3327-12 (S), sesión 115ª, en 12 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 6. El señor BUSTOS (Presidente).- A este proyecto se le dará tratamiento de Fácil Despacho, es decir, se destinará un máximo de 30 minutos para su debate, con el objeto de discutir en profundidad el informe de la Comisión Investigadora de Codelco, que figura en segundo lugar de la Tabla del Orden del Día. Tiene la palabra el diputado informante. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, voy a tratar de resumir el informe. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente discutió, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales, iniciado en moción del senador señor Antonio Horvath Kiss y de los ex senadores señores Rodolfo Stange, Gabriel Valdés, Ramón Vega y José Antonio Viera-Gallo. La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria celebrada el 9 de agosto de 2007, aprobó en general este proyecto de ley, luego de lo cual, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, fue remitido a esta Comisión con todas las indicaciones presentadas durante su tramitación para segundo informe reglamentario. Para el despacho de esta iniciativa se ha hecho presente la urgencia, con carácter de “suma”, de la cual se dio cuenta en la Sala el martes 4 de diciembre de 2007. Artículos que no han sido objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones en la Comisión. En esta situación se encuentran los artículos 5º, que pasa a ser 4º; 6º, que pasa a ser 5º; el 7º, que pasa a ser 6º; el 8º, que pasa a ser 7º; el 9º, que pasa a ser 8º; el 10, que pasa a ser 9º, y el artículo transitorio. No hay disposiciones calificadas como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Los artículos 2º y 3º fueron suprimidos del texto del aprobado en el primer trámite reglamentario. La Comisión modificó las siguientes disposiciones propuestas en su primer informe:Artículo 1º. Como los colegas recordarán, la norma aprobada en el primer informe tenía por objeto sancionar a quien cometiera actos de maltrato o de crueldad con animales con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de una a veinte unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última. La presidenta de la organización Proanimal, que fue recibida por la Comisión con el objeto de que entregara su opinión sobre esta norma, se refirió al marco jurídico actual sobre el bienestar animal e hizo referencia al proyecto de ley sobre protección de los animales (boletín Nº 1721-12), mediante el cual se procuró dar solución a los vacíos legales de la normativa vigente en esta materia. Hizo notar que durante la tramitación de esta iniciativa legal se presentaron algunas dificultades que entrabaron su despacho, entre las cuales destacó la eliminación del delito de maltrato animal contenido en el artículo 291 bis del Código Penal, sin que se obtuviese, como contrapartida, la aprobación de las normas propuestas para tipificar nuevas figuras destinadas a sancionar dicha conducta. Indicó que esta situación trajo como consecuencia la paralización en la tramitación de ese proyecto, por considerarse que carecería de sentido la entrada en vigencia de una ley de protección animal que deje en la impunidad el maltrato y la crueldad animal. Asimismo, puso en evidencia que hay otros vacíos en el ámbito sancionatorio de infracciones de carácter administrativo. Planteó la conveniencia de reemplazar el artículo 1º, que sanciona a quien cometa actos de maltrato o de crueldad con animales, por una norma de reenvío que disponga la aplicación del artículo 291 bis del Código Penal en estos casos, y por otra que tenga por objeto restablecer este precepto, en atención a que el proyecto de ley sobre protección animal aprobado propuso derogarlo. Argumentó que el delito de maltrato y crueldad con animales ha sido contemplado en dicho cuerpo legal desde 1874, y que en 1989 fue incorporado entre los delitos relativos a la salud animal y vegetal, siendo efectivo en su aplicación. Destacó la importancia de mantener la unidad de fundamento jurídico en la tipificación, interpretación e integración de la norma y de conservar la tradición legislativa en esta materia. Sostuvo que si bien, generalmente, los tribunales han sancionado al autor de este delito sólo con multa, es aconsejable que el maltrato animal sea considerado un delito y no una falta que sea de competencia de los juzgados de policía local, que carecen de las facultades de los órganos que conforman la justicia penal. Los diputados Ascencio, Burgos, Chahuán, García-Huidobro, la señora Carolina Goic, y los diputados Hales, Ojeda, Valenzuela y el que habla presentamos una indicación para sustituir el artículo 1º, la cual fue aprobada por unanimidad.Artículo 2º. La norma aprobada en el primer informe tiene por objeto sancionar con la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales al que, sin incurrir en la conducta descrita en el artículo anterior, deja a un animal en situación de peligro o de padecer sufrimiento innecesario. Los diputados Ascencio, Burgos, Chahuán, García-Huidobro, la señora Carolina Goic, y los diputados Hales, Ojeda, Valenzuela y el que habla presentamos una indicación para suprimir este artículo. El propósito de la indicación es eliminar un tipo penal cuya descripción se considera vaga e insuficiente, en términos tales que podría ocasionar problemas de interpretación e, inclusive, configurar una ley penal en blanco. La indicación fue aprobada por unanimidad.Artículo 3º. La norma aprobada en el primer informe faculta al juez para conmutar la pena de multa aplicada en los casos de simple delito, por determinadas actividades en beneficio de la comunidad, las que deberán fijarse de común acuerdo con el infractor. Establece la forma en que se determinará la duración de estos servicios, las menciones que debe contener la resolución judicial a este respecto, y dispone que la conmutación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, en caso de que no se realicen en forma cabal y oportuna los trabajos determinados por el tribunal, debiendo cumplirse íntegramente la sanción originalmente aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa. Los mismos diputados presentamos una indicación para suprimir este artículo. Si bien durante el debate se plantearon dudas respecto de la conveniencia de eliminar la facultad del juez para conmutar una pena pecuniaria por trabajas en beneficio de la comunidad, al final, se tuvieron en consideración los argumentos proporcionados por la presidenta de Proanimal para respaldar la eliminación de esta norma, los cuales dicen relación con la eventual ausencia de un efecto rehabilitador que tendría la realización de este tipo de trabajos. La indicación fue aprobada por mayoría de votos: siete a favor y una abstención. Los Diputados Chahuán, Escobar, Meza, la señora María Antonieta Saa y el señor Sepúlveda presentaron una indicación para incorporar el siguiente artículo nuevo, que pasa a ser 2º: “Artículo 2º.- Podrán querellarse en los delitos de maltrato o crueldad con animales, las organizaciones con personalidad jurídica que tengan por finalidad la protección de los derechos de los animales.” La indicación pretende otorgar legitimación activa a ese tipo de organizaciones para presentar querellas en contra de quienes cometen esos delitos, habida consideración de que, en virtud de la reforma procesal penal, ello no es posible, ya que actualmente sólo pueden querellarse la víctima, su representante legal, su heredero testamentario y los órganos o servicios públicos cuando sus leyes orgánicas les otorguen facultades para ello. A juicio de los autores de la propuesta, la limitación en materia de legitimación activa es especialmente grave en el caso del delito de maltrato o crueldad con animales, ya que coloca a estos en una situación de indefensión, especialmente cuando las mascotas son agredidas por sus propios dueños. Adicionalmente, se argumentó que la norma beneficiará al Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal, al permitir que esas organizaciones coadyuven con su labor. Se aprobó la indicación por unanimidad. Artículo 4º, que pasa a ser 3º. La norma aprobada en el primer informe exige que los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales, los laboratorios de diagnóstico veterinario, los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, cuenten con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud, así como también que adopten las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Se presentó una indicación de los diputados Escobar, Meza y Sepúlveda, para incorporar el siguiente inciso segundo: “Iguales obligaciones recaerán en hospitales, clínicas, consultas veterinarias, y en los establecimientos destinados a la investigación o docencia sobre animales, adiestramiento, concursos y hospedaje de éstos.” El objeto de la indicación es consagrar, respecto de los establecimientos que se señalan, las obligaciones de contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Se aprobó la indicación por unanimidad. En consecuencia, el texto del proyecto es el siguiente: “Artículo 1º.- En casos de maltrato o crueldad con animales se aplicará lo previsto en el artículo 291 bis del Código Penal. Artículo 2º.- Podrán querellarse en los delitos de maltrato o crueldad con animales, las organizaciones con personalidad jurídica que tengan por finalidad la protección de los derechos de los animales. Artículo 3º.- Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales, los laboratorios de diagnóstico veterinario, los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Iguales obligaciones recaerán en hospitales, clínicas, consultas veterinarias, y en los establecimientos destinados a la investigación o docencia sobre animales, adiestramiento, concursos y hospedajes de éstos. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, el proyecto es de Fácil Despacho, por lo que le ruego sintetizar su intervención. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, los señores diputados tienen el informe en sus pupitres y estoy cierto de que lo han leído y conocen el resto del articulado. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a la sugerencia de su señoría al artículo 291 bis, que se incorpora como artículo 10 del proyecto. A mi juicio, el Senado debiera agregarlo con todos sus reglamentos y legislaciones vigentes. El estudio de los informes que analiza el proyecto me lleva a la convicción de que es de suma importancia contar con un cuerpo legal moderno y eficiente en el tema de la crueldad con los animales. Considero positivo mantener que en caso de maltrato o crueldad con animales se aplicará lo dispuesto en el artículo 291 bis del Código Penal. Sin embargo, para las penalizaciones, debiéramos introducir indicaciones. Como no se hizo en la Cámara, espero que el Senado presente una indicación que defina en forma más explícita el contexto en que puede verificarse crueldad animal. Es muy distinto el caso de personas que, siendo dueñas de una mascota, le proporcionan una vida cruel, sin alimentarlos adecuadamente, en hacinamiento y abandono, de aquel que trepa una pandereta de una casa, se asoma a la del vecino, lacera a un perro de raza boxer y delante de los niños propietarios del perro lo ahorca, porque le molestan sus ladridos. Este es un caso verídico. Imaginemos el daño sicológico para esos niños al ser testigos de atrocidades de características como las que he descrito, que los pueden marcar para toda la vida y dañar irreparablemente, mientras el criminal -porque ese individuo es un criminal- no pagará por el daño producido. Más que multas o indemnizaciones, debemos aplicar una penalidad mucho mayor, aumentando la sanción al doble o al triple de la propuesta en este cuerpo legal, ya que el daño psicológico a personas, sobre todo a niños, por el maltrato animal, debe considerarse una agravante del delito. Siguiendo con la contextualización de los hechos, el proyecto debiera introducir una cláusula que se refiera a las actividades deportivas en que participan animales. Por ejemplo, los saltos ecuestres, el polo, el rodeo, donde por diversas circunstancias, los animales podrían sufrir algún daño. En el caso de esos deportes, debidamente regulados por reglamentos elaborados y controlados por entidades con personería jurídica, las denuncias por crueldad debieran radicarse en los organizadores de los eventos y no quedar sujetas a la interpretación de personas u organizaciones externas que puedan considerar esos deportes como crueles. Es claro que el rodeo ha sido uno de los impedimentos para que tengamos una buena ley que sancione el maltrato animal. Por ello, debemos atrevernos a poner el tema en la mesa, y buscar una salida que evite, en el corto plazo, la paralización de una actividad que tiene tantos adeptos en Chile. Esa indicación permitiría incluso a esas organizaciones denunciar malas prácticas en el adiestramiento de los animales utilizados en esos deportes. Otra situación que se debiera sancionar con penas mayores son las riñas de perros, que sabemos que se realizan clandestinamente en Chile. Ésa es una crueldad máxima que merece una sanción mucho mayor que la penalización de las apuestas ilegales. Las sanciones debieran ser del doble o del triple de las propuestas en el proyecto. En el artículo 2º, que dice que podrán querellarse en los delitos de maltrato o crueldad con animales, las organizaciones con personalidad jurídica que tengan por finalidad la protección de los animales, yo agregaría la siguiente expresión: “las organizaciones con personalidad jurídica cuyo objetivo sea el fomento y control de la crianza de animales”, ya que, de ese modo, esos organismos tendrían la potestad de controlar, en lo que se refiere a la crueldad, la forma de criar de quienes están en dicha actividad y así, más que sanciones, los clubes o federaciones podrán patrocinar ante la justicia causas contra personas que, en lugar de criar, explotan animales y les dan un trato indigno y soez. En síntesis, hay que avanzar en la materia, hay que aprobar el proyecto, que significará un gran paso en un tema que desde hace tiempo debiera estar mucho más claro y definido en nuestra legislación. He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, quiero señalar que hay un error formal en el proyecto, el cual tendría que ser corregido para cumplir con el objeto de despacharlo en esta sesión. El artículo 10 incorpora el artículo 291 bis en el Código Penal. El problema es que ya existe un artículo 291 bis en ese cuerpo legal. Por lo tanto, de aprobarse la norma, como se propone, habría dos artículos 291 bis, diferentes y con la misma numeración. Al parecer, el error se produjo porque en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente no se advirtió que el artículo 291 bis estaba vigente. Se argumenta que el proyecto sobre protección de los animales, boletín Nº 1721-12, propone su derogación. Sin embargo, esa iniciativa todavía está en trámite; por lo tanto, el artículo 291 bis todavía está en vigor. En consecuencia, si queremos dictar una buena ley debemos modificar el artículo 10 y cambiar la forma verbal “Incorpórase” por “Reemplázase” He dicho. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, después de leer el título del proyecto, creo que nadie podría dejar de preocuparse por el maltrato o crueldad con los animales. Pocas veces se ve que el ser humano le entregue cariño a los animales. Si bien es cierto existe la obligación de contar con instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud, iguales obligaciones recaerán en hospitales, clínicas, consultas veterinarias y en los establecimientos destinados a la investigación o docencia sobre animales, adiestramiento, concursos y hospedajes de estos. Me interesa saber sobre el financiamiento que propone el proyecto para que cuenten con hospedaje, especialmente los perros vagos o maltratados, porque no veo claridad al respecto. Eso tiene un costo, que debe ser financiado. ¿Quién lo hará? En virtud de esta norma, existe obligación de tener hospedaje en las distintas provincias y regiones. Conozco muy de cerca un lugar destinado a ese menester en una comuna de mi distrito, pero es muy precario. Cuando las municipalidades carecen de medios, hacen lo que pueden. Por eso, debería haberse incorporado el financiamiento de los hospedajes de los animales vagos en esta norma. Ésa es mi consulta al diputado informante o a algún miembro de la Comisión. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar a los autores de la moción y a las organizaciones que han participado en su discusión, en especial a Proanimal-Chile. En segundo lugar, pido mayor información sobre el artículo 3º, el cual plantea que los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario, los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. ¿Cómo se determinarán las “instalaciones adecuadas”? ¿Serán materia de reglamento? ¿Cómo se fiscalizarán las instalaciones adecuadas para las respectivas especies? ¿A través del Servicio Agrícola y Ganadero o de los servicios de salud? ¿En el reglamento figurarán la determinación de las especies, las categorías de los animales y la definición de las instalaciones adecuadas? A mi juicio, es muy bueno el proyecto, pero me gustaría saber dónde se especificarán algunas atribuciones y aspectos que quedan un poco vagos. El artículo 4º expresa que “en el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios”. Como veterinaria, me he dado cuenta de que no se emplean tales métodos y que, en cambio, se aplican unos bastante cruentos. Me gustaría saber qué métodos se utilizarán y dónde se especificarán, según las especies y categorías de animales. Me parece muy interesante que la fiscalización de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º, así como el transporte de ganado mayor y menor, esté a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero. Sin embargo, este último tema debiera reestudiarse con más acuciosidad. La pregunta es dónde lo haremos. Antes de terminar mi intervención -sé que el informe sobre Codelco es más importante que este proyecto-, quiero manifestar mi preocupación por los reglamentos de las leyes que se dictan. Los parlamentarios no tenemos idea qué establecen y, al final, a veces no tienen nada que ver con el espíritu de la ley. Insisto, quiero una explicación de estos detalles, por el diputado informante o por algún miembro de la Comisión. Que me diga si lo que he mencionado quedará en el reglamento o en la ley. He dicho.El señor ULLOA (Vicepresidente).- Quiero señalar que todos los proyectos son importantes.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- No se nota, Presidente. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Lamentablemente, este proyecto se ha tratado en Fácil Despacho y debemos respetar el Reglamento, como usted muy bien lo sabe. Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, considero que estamos tratando un muy buen proyecto. Es importante que nos pongamos, en general, a tono con el tema, porque cuando protegemos la biodiversidad estamos generando que todos los seres vivos existentes en la tierra no sean mirados desde la perspectiva del hombre, sino de acuerdo con sus propias capacidades. Se ha demostrado que todos ellos tienen la capacidad de adaptarse, en diferentes grados, a un determinado hábitat, lo cual hay que proteger. Sin embargo, estimo que el proyecto tiene una gran cantidad de vacíos y problemas técnicos. En ese sentido, la Unión Europea, al igual que otros países europeos, hizo una legislación sumamente rigurosa al respecto. Por ejemplo, en la ley hay que distinguir entre lo que se establece respecto de animales en general y animales domésticos o de adiestramiento. Entonces, hay muchas fallas de carácter técnico. Además, el artículo 291 bis que se propone incorporar en el Código Penal es sumamente abierto y, por lo tanto, no corresponde. En este tipo de delitos siempre se hace una remisión a otras leyes o reglamentos, lo cual es fundamental, porque necesariamente hay que restringir aquello que está prohibido. Eso no está contemplado en el artículo 291 bis, que aparece como un tipo penal que podría ser inconstitucional por su amplitud y porque no hay ninguna posibilidad de señalar concretamente a qué se está refiriendo. Dicho artículo debería señalar los elementos de carácter normativo, como ocurre, por ejemplo, con los delitos contra el medio ambiente y la salud pública, los cuales tienen el carácter colectivo, es decir, que afectan al mismo tiempo a todos y cada uno de los individuos dentro de la sociedad. Por eso, se requiere la remisión al reglamento o a las leyes correspondientes. Si ello no es así, está errado desde el punto de vista del bien jurídico y, por lo tanto, lo está tratando como un delito individual, aunque no lo sea, porque está en otra concepción respecto de la biodiversidad y la pluralidad existente en el país. De manera que el Senado debería introducir algunas modificaciones a esta iniciativa. Ello, sin perjuicio de considerarla sumamente importante y que está dentro de los términos que debemos aprobar. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, más allá de las eventuales falencias que pudiera tener el proyecto, aborda una materia cuya discusión es de larga data, ya que en 1995 los diputados de todas las bancadas impulsaron iniciativas legislativas con el objeto de proteger a los animales, estableciendo sanciones para las conductas de maltrato o crueldad hacia ellos. Este proyecto tiene por objeto primordial resolver el vacío que se produciría al dejar impune las conductas de maltrato o crueldad con animales, o bien para que quien dejare un animal en situación de peligro o de padecer un sufrimiento innecesario sea castigado. Asimismo, aborda aspectos igualmente relevantes y que merecen ser destacados: otorga personería activa a las organizaciones de protección de los derechos de los animales; fija umbrales mínimos que deben cumplir todas las personas que tengan animales en cautiverio; establece exigencias para el beneficio y sacrificio de animales, evitando los sufrimientos innecesarios; entrega facultades al Servicio Agrícola y Ganadero y al Servicio Nacional de Pesca para fiscalizar el cumplimiento de la ley, e impone la incorporación en los programas de educación del respeto y de la protección a los animales. En relación con las propuestas contenidas en el segundo informe, orientadas a la promulgación de una ley pro animal, cabe agregar que son necesarias para la convivencia armónica en nuestra sociedad. En los países desarrollados se encuentra regulada la forma en que los seres humanos deben relacionarse con los animales. Más allá de la casuística que puede analizarse, el proyecto recoge la materialización de un profundo cambio en nuestra sociedad, que es la conciencia creciente de que el mundo no sólo pertenece a la especie humana, por lo que no nos asiste facultad alguna para afectar en forma irracional a otros seres vivos. Las demás especies vivas que comparten con nosotros también son parte de la naturaleza y de la misma creación y, por lo tanto, no pueden ser víctimas de la crueldad o descuido del hombre. Nuestra responsabilidad no sólo es para con nuestros semejantes, sino que también alcanza a todos los seres vivos y, en definitiva, a toda la naturaleza. Por estas razones, más allá de las dificultades o vacíos legales que pueda tener el proyecto, insto a nuestros colegas a aprobar el texto propuesto por la Comisión, como testimonio de nuestro compromiso con todos los seres vivos y nosotros mismos. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, tanto el diputado Sepúlveda como otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra han destacado la importancia de esta iniciativa, la cual se justifica por la necesidad de suplir la falta de sanción que conlleva la despenalización de la conducta hacia el maltrato animal, prevista en el artículo 291 bis del Código Penal. Desde ese punto de vista, considero muy relevante que hoy se pueda aprobar el proyecto en la Sala, puesto que castiga al que cometiere actos de crueldad o maltrato con los animales con la pena de presidio menor en su grado mínimo y con multas, y a quienes dejen a los animales en situaciones de peligro de padecer sufrimientos innecesarios, entregando más facultades a los jueces, atendidas las circunstancias socioeconómicas del infractor para conmutar las penas por determinadas actividades en beneficio de la comunidad. No quiero alargar mi intervención para dar a conocer a la honorable Sala argumentos sobre la importancia de que hoy aprobemos el proyecto, porque, de una u otra forma, ha estado en discusión durante muchos años en el Congreso. Es necesario que tengamos una legislación que tipifique la conducta de maltrato o crueldad con animales, a fin de dar un paso importante en esta materia. No hay que olvidar los hechos lamentables ocurridos a consecuencia de la tragedia de Chaitén hace pocos meses. Allí se comprobó que nuestro país todavía se encuentra en una situación de mucha carencia en el ámbito de protección de los animales. Además, vimos todas las acciones de colaboración que debieron realizar organismos como Proanimal y otros para que se pudiera evitar la muerte de muchos animales que quedaron sin sus dueños, como consecuencia de su desalojo de la comuna de Chaitén. El proyecto constituye un paso importante para avanzar. No es lo último ni lo definitivo, pero si hoy lo aprobamos en forma mayoritaria en esta Sala, estaremos contribuyendo a la protección de los animales, lo cual es fundamental en la sociedad chilena. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, el diputado Cardemil ha cometido una inexactitud al señalar que existen dos artículos 291 bis. Lo que ocurre es que el proyecto de ley contenido en el boletín Nº 1721-12 ya fue aprobado y está pronto a promulgarse como ley de la República. Sin embargo, ese trámite está a la espera de lo que ocurra con esta iniciativa. De promulgarse la ley que deroga el artículo 291 bis, del Código Penal, por algunas horas esa norma no existirá. Por lo tanto, al hacer remisión al artículo 291 bis, el proyecto incorpora en otra disposición el artículo indicado, que señala que el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y medio y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales, o sólo esta última. Se ha tildado de vago el tipo penal consignado en el Código Penal, que data de 1874. Por el contrario, el diccionario de la Real Academia Española es muy preciso al definir los verbos rectores de esta disposición. “Maltrato” es la acción y efecto de maltratar o maltratarse, es decir, tratar mal a uno de palabra u obra. Por otra parte, la voz “crueldad” se define como inhumanidad, fiereza de ánimo e impiedad. Por lo tanto, es posible concluir que no es vaga la definición del tipo penal consignada en esta disposición. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, como bien señala el diputado señor Cardemil, el proyecto a que se refiere su señoría se encuentra radicado en el Senado y, además, tiene veto. El señor JARAMILLO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en el informe se hace referencia a los hospedajes. Me gustaría que el diputado informante explicara quién los financia, por cuanto el informe es escueto en ese punto. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, la respuesta quedará pendiente, pues estimo que no es posible por el momento responder esa consulta. El señor ESCOBAR.- Pido la palabra, su señoría. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Escobar. El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, es habitual que debamos discutir proyectos complejos que la Mesa, a mi juicio, en forma equivocada, coloca en Tabla de Fácil Despacho. Hay muchas consultas que quedaron sin responder y varios diputados no han podido intervenir. Esto no se condice con la preocupación que manifestamos por los animales. El diputado informante que habla ha querido responder las consultas formuladas, pero no ha podido. Además, he debido apurar la lectura del informe y los diputados acortar sus intervenciones. No me parece la manera más adecuada de proceder. En tal sentido, pido a la Mesa que estudie mejor la calificación de los proyectos, en especial los que coloca en Tabla de Fácil Despacho, por cuanto -repito- quedan demasiadas inquietudes sin responder. El señor BUSTOS (Presidente).- Señor diputado, la Mesa no tiene inconveniente en dejar pendiente la discusión del proyecto.Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor DITTBORN.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, no doy la unanimidad para ello. Pido que el proyecto se vote al término del Orden del Día. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, tal como lo señaló el diputado señor Escobar, muchos proyectos, a pesar de su complejidad, se colocan en Tabla de Fácil Despacho. Respaldo la posición del diputado señor Dittborn, en cuanto a votar hoy el proyecto, pues hace muchos meses que se encuentra en Tabla a la espera de ser sancionado. En todo caso, anuncio que la bancada de la UDI lo votará a favor. -Aplausos. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto que lleva casi cinco años de discusión legislativa, tiene por objeto establecer en forma definitiva diversas normas regulatorias para evitar el maltrato y crueldad con los animales. Compartiendo plenamente sus disposiciones, al debatir nuevamente su articulado, hemos decidido incorporar algunas indicaciones, que tienen por objeto mejorar la eficacia de este cuerpo legal. Se hace necesario, en nuestra opinión, educar a toda nuestra comunidad en la protección y respeto a los animales, que forman parte importantísima de la naturaleza, y con los cuales debemos convivir a diario. Por esta razón resulta fundamental que en el proceso educativo de la niñez y adolescencia se inculquen estas normas, como lo establece el artículo 6º del proyecto en análisis. De igual modo, concordamos con las facultades fiscalizadoras que se entregan tanto al Servicio Agrícola y Ganadero y al Servicio Nacional de Pesca, para el debido cumplimiento de esta ley. Asimismo, las penas que se establecen en el artículo 291 bis del Código Penal que se incorpora a dicho texto, constituyen en nuestro concepto, una condigna sanción para quienes con sus actitudes de maltrato o crueldad para con los animales, infrinjan este principio. La aprobación de este proyecto de ley, nos permitirá alcanzar el grado de desarrollo que tienen todos los demás países, donde los seres humanos saben convivir plenamente con los animales y todos los seres vivientes, prodigándoles el respeto y protección que se merecen. Por esta razón, pido a los colegas que demos nuestro voto favorable a esta moción. He dicho.El señor BUSTOS (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación particular el texto contenido en el segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, recaído en el proyecto de ley que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales y entrega competencia para conocer de la infracción, con la modificación formal propuesta por los señores Cardemil y Ojeda. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado. -Aplausos. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. VI. ORDEN DEL DÍAINFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL COBRE Y SUS DERIVADOS. El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde ocuparse del informe de la Comisión investigadora de la empresa estatal Codelco, encargada de analizar todos los elementos que directa o indirectamente influyen en el proceso de producción, refinación, comercialización y distribución del cobre y sus derivados. Diputado Informante es el señor Jorge Insunza. Antecedentes: -Informe de la “Comisión Especial Investigadora de la Empresa Estatal Codelco, sesión 27ª, en 13 de mayo de 2008. Documentos de la Cuenta N° 18. El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor INSUNZA.- Señor Presidente, la Cámara de Diputados, en su sesión de 12 de septiembre de 2007, aprobó la creación de una Comisión especial investigadora para analizar el alza de costos de Codelco Chile. El texto de esa presentación, formulada por 54 diputados, indicaba expresamente que Codelco “ha tenido un alza considerable en los costos y, para estos efectos, creemos necesario determinar las causas que han provocado este aumento”. En consecuencia, el foco de la solicitud era evaluar la situación de la empresa. El contexto era delicado. La Comisión investigadora surge como consecuencia del paro realizado por los trabajadores contratistas de Codelco, que se prolongó por más de 30 días, y de las propias declaraciones de los altos ejecutivos de la empresa, que advertían sobre los riesgos que esas demandas generaban para los costos de Codelco. El alza general de costos era un argumento esencial para descartar o limitar las aspiraciones planteadas por los trabajadores contratistas. Obviamente, ese paro también transparentó otras dificultades de Codelco que hacían necesario mirar en profundidad sus dificultades y desafíos. El conflicto develó injustas desigualdades entre trabajadores que realizan un mismo trabajo, la lentitud de Codelco para cumplir la ley de subcontratación e internalizar trabajadores, y sus retrasos de inversión, entre otros aspectos. El problema de los costos se relaciona con un problema de competitividad, pero la competitividad de una empresa no se limita a sus costos. Como veremos, a medida que surgían nuevos antecedentes de los mercados, de la industria minera global y de los vertiginosos cambios en el mapa de las empresas mineras que se están sucediendo en el mundo, aparecían asuntos decisivos para el futuro de Codelco. Es decir, el alza de costos, que además es un fenómeno global en la industria minera, es sólo una veta de lo que Chile debe evaluar en el escenario mundial de la minería. Es necesario que Chile vuelva a conversar sobre su futuro minero. Es paradójico que en Chile se haya diluido tanto el debate público sobre Codelco y la industria del cobre, a pesar de su enorme peso en el producto interno. Es curioso, pero hay un gran desconocimiento sobre lo que ocurre en ese sector e, incluso, hay un cierto desapego. Hemos perdido el sentido de apropiación de lo que ahí ocurre y, luego, como país, no sentimos la urgencia de tomar decisiones. Las elites del país se han desvinculado de estos debates, porque la minería privada es básicamente extranjera y no está mezclada -salvo excepciones- con los principales grupos económicos chilenos. Codelco se fue transformando en un enclave público, algo encerrada en sí misma, que debilitó sus redes y relaciones sociales y políticas. Codelco dialoga poco con la sociedad chilena y lo que le ocurre tiende a suceder al interior de sus contornos. Este año, mañana mismo, se cumplen 37 años desde la nacionalización del cobre. Ese debate, que cruzó al país entero, que era parte de la conversación cotidiana y que generaba muchas esperanzas, está lejos de la conciencia que hoy los chilenos tenemos de cuán importante sigue siendo la minería para nuestro desarrollo y bienestar. Pero, así y todo, entre los chilenos subsiste una sensibilidad pública, sobre todo a nivel popular, de fuerte raigambre histórica, que valora lo que significa Codelco para el futuro de Chile. Es casi una intuición, todavía latente. La minería ya no tiene la valoración de antaño en la cultura económica de la población, porque se han consolidado otros sectores productivos, pero el alto valor del cobre de los últimos años ha vuelto a despertar la importancia de Codelco y de la minería para Chile. Hay plena conciencia de que sus excedentes son un capital de futuro y que su holgura permite atacar déficit sociales urgentes. No hay dos lecturas al respecto. En ese contexto, creo que es clave la responsabilidad política que todos tenemos de trazar un nuevo imaginario sobre el futuro de Codelco y fijar un camino de transformaciones. La Comisión investigadora logró un informe de consenso, lo que tiene un gran valor en estos tiempos, en que a ratos el debate se ha vuelto tan áspero y beligerante. Hubo un giro; primero, porque éste es un asunto fundamental para Chile, pero también porque logramos crear un clima de diálogo e hicimos un esfuerzo por comprender los puntos de vista de cada cual. Salimos de la lógica de las denuncias y la estridencia. La Comisión investigadora hizo un trabajo silencioso, pero profundo. No buscó el titular fácil, pero creo que su trabajo fue fecundo y puede ser útil para las decisiones que el país debe tomar para transformar Codelco. Lograr este cometido fue posible sobre la base de que priorizamos un enfoque orientado a examinar la situación de la empresa y fijar una mirada de futuro. Las Ideas Base del Informe. El Informe de la Comisión investigadora comienza con un resumen ejecutivo que condensa las ideas centrales de sus conclusiones en cinco puntos: 1. El desafío de Codelco es seguir siendo la principal empresa mundial de cobre y transformarse en una empresa global competitiva. Para ello, es fundamental que Codelco sea tratada como una empresa y no como un servicio público, lo que exige ajustar su arquitectura jurídica, elevar sus estándares corporativos, mejorar su sistema de inversiones y cuidar sus fortalezas de capital humano; 2. Codelco se encuentra en riesgo de perder su liderazgo a nivel mundial. Es el primer productor de cobre, pero su participación de mercado está bajando peligrosamente; 3. Codelco ha sufrido un ostensible deterioro competitivo. Sus costos han aumentado comparativamente más que el resto de la industria; ha enfrentado serios problemas de gestión de inversiones, de manejo de recursos y dificultades económicas, técnicas y humanas que han retrasado la entrada en producción de sus proyectos de expansión y reposición; 4. Gran parte de los problemas de Codelco, que se expresan en aumento de costos y baja de producción, obedecen a que no cuenta con la institucionalidad de un gobierno corporativo adecuado a los requerimientos de una empresa de importancia y categoría mundial; Un cambio en la institucionalidad de su gobierno corporativo debe cuidar simultáneamente varios bienes: resguardar la propiedad ciento por ciento estatal de Codelco, crear un sistema de balances de poder, fortalecer su transparencia y someterse a mecanismos de control eficientes. Esto es, ser una empresa del Estado, no de un gobierno, que se proyecte al largo plazo y maximice sus resultados para todos los chilenos. En esa línea, el control político debe estar puesto en sus orientaciones estratégicas y su gestión enfocada a las mejores prácticas de mercado, y 5. Codelco es muy relevante para el desarrollo global del sector minero en Chile. Nuestro país cuenta con significativas reservas mineras, pero eso no garantiza por sí sólo su competitividad. Hay cambios globales en la industria minera que Chile debe asimilar en sus decisiones públicas. Esas tendencias también son claves para trazar el futuro de Codelco en los mercados globales. Cada una de estas afirmaciones requiere de precisiones y distinciones. Una Nueva Visión para Codelco. La primera frase del informe condensa una definición esencial, que debe articular la visión estratégica de la empresa, esta es: “el desafío de Codelco es seguir siendo la principal empresa mundial de cobre y transformarse en una empresa global competitiva”. Esta frase habla de riesgos y oportunidades. De riesgos, porque existe el peligro de que Codelco pierda su liderazgo a nivel mundial a manos de BHP-Billiton, Xstrata, Río Tinto, Vale o Vdanta, empresas que tienen agresivos planes de expansión que están enfocados a su fusión con otras compañías o que, simplemente, están adquiriendo a sus competidores. Codelco está ausente de esta tendencia que ordena las estrategias corporativas en la minería. De oportunidades, porque esa frase fija un horizonte posible: que Codelco puede transformarse en una empresa minera global, sobre la base de que posee enormes reservas; es un productor integrado; puede explotar otros minerales; podría invertir mucho más en Chile y en el extranjero y tiene la expertise minera y el capital humano capaz de asumir ese desafío. Codelco puede proyectarse como una empresa global y, a mi juicio, es absolutamente esencial que tenga esa visión. Tomar esa decisión significa una ruptura, necesita de un gran liderazgo y, probablemente, generará suspicacias y reticencias; pero creo que es imprescindible para Chile colocar esa ambición. ¿Cuáles son los fundamentos de esta apreciación? Distinguiré tres campos que nos exigen una nueva interpretación sobre las tendencias en juego: qué está pasando en el mercado de la minería, qué efectos geopolíticos está generando el alza de los commodities y cómo todo ello está cambiando el mapa de las empresas mineras. Tendencias del Mercado. En los últimos años, se ha producido una inusitada alza en el precio de los commodities de la minería, motivada principalmente por dos tendencias: en primer lugar, por la fuerte inversión en infraestructura que están impulsando países de gran tamaño, como China e India, y otras economías emergentes, como Brasil y, en segundo lugar, por la brecha que se produjo en los últimos años entre las proyecciones de producción minera estimadas versus lo efectivamente producido. Las cifras asociadas al crecimiento de China e India son impresionantes. Cerca del 45 por ciento del aumento en el PIB mundial, de 2007, es aporte de sus economías. La producción industrial de China ha crecido a un promedio de 16 por ciento en los últimos años. Aunque moderen su expansión y algunos períodos recesivos bajen su demanda, lo más probable es que su consumo de cobre, hierro, cemento y molibdeno, que posibilitan ese crecimiento económico, sigan en las altas tasas de los últimos años. Dado que la expansión del mercado de los commodities obedece a necesidades de crecimiento de la industria y la infraestructura de las economías emergentes del mundo, su demanda es bastante inelástica y, por ende, es de esperar que si el dinamismo de sus economías se mantiene, los precios de dichos insumos conservarán sus elevados niveles en el mediano plazo. Pero, hay un punto adicional. Hasta fines de los 90 era generalmente aceptada la apreciación de que, en la medida que los países fueran alcanzando el desarrollo, las tasas de consumo de cobre tenderían a disminuir, basada en la evidencia empírica de que a mayor desarrollo hay menor relevancia del sector primario, el principal demandante de cables y tubos. Esa tesis general sigue siendo válida para el comportamiento de ese sector de la economía, pero en los países desarrollados se amplió el consumo de cobre a otras áreas, en especial por su uso en las nuevas tecnologías. Algunos sostienen, ilustrando este fenómeno, que la mayor reserva de cobre del mundo está en la isla de Manhattan por la gran cantidad de celulares que hay entre sus habitantes. Además de estas presiones que la demanda China ejerce sobre el precio, debe tomarse en consideración la estrecha oferta mundial de cobre y otros metales base que ha podido apreciarse en el mercado desde 2003. La brecha entre el consumo y la oferta de cobre encuentra su causa en la escasa exploración, ampliación y desarrollo de nuevos proyectos durante los años de precios deprimidos que hubo en el período 1997-2003. Estos cambios en el comportamiento del metal no fueron previstos por ninguno de los agentes del mercado. La industria minera y las empresas proveedoras de bienes y servicios asociadas a ella, venían saliendo de un largo período de precios bajos, por lo que no se realizaron las inversiones necesarias para dar cuenta de esta mayor presión de la demanda. La consecuencia de estos fenómenos fue que las proyecciones de oferta fallaron reiteradamente. Un gráfico de la consultora Brook Hunt, que refleja este yerro de las proyecciones, puede verse en la página 223 del informe. A partir del año 2001, la diferencia entre las proyecciones de oferta global de cobre de mina para cada año, hechas el último trimestre del año anterior, muestran errores crecientes, ya sea por sobreestimación de la capacidad de afrontar este shock de demanda o porque los costos le impidieron satisfacer las necesidades de manera eficiente. Lo concreto es que el margen de error alcanzó un peak el año 2005, donde el déficit entre lo proyectado y lo real ascendió a casi 1 millón de TM. A la falta de capacidad de los proyectos mineros para hacer frente a la explosiva demanda, se han sumado otros factores que han presionado el precio del cobre al alza: las huelgas en yacimientos de la India, Perú, México y Estados Unidos, además de las de Chile, en Escondida, Collahuasi y dos veces en Codelco; la huelga en la refinería canadiense CCR; el escape de gas en Mopani Cooper Mines, en Zambia; la falla eléctrica en el molino de Collahuasi; las inundaciones en Bajo La Alumbrera, Argentina, entre otras dificultades. La mención no es casuística, sino que revela que cada uno de estos episodios logra alcanzar rápidamente un efecto global por la estrechez de la oferta versus la presión de la demanda. Hay un aspecto adicional que evaluar: qué influencia tienen en estos precios los fenómenos especulativos. En esta inflación de los commodities hay burbujas que al reventar pueden derivar en una caída de los precios, pero hay que tener cuidado con una lectura lineal a este respecto. Han cambiado los fundamentos de las previsiones. El cobre se encuentra en sus máximos históricos, reales y nominales, por la escasez de oferta versus el aumento de la demanda que explicábamos antes, pero también por la debilidad del dólar y el ingreso de los fondos de inversión al mercado de los commodities. Hay que explorar más en profundidad sobre lo que está ocurriendo, porque hay hechos inéditos y surgen nuevas tendencias. La valorización de las materias primas es una oportunidad para los inversionistas, que ven un espacio de ganancia al comprar, retener posiciones de stock de materias primas y luego vender. Pero no es sólo eso. En otros casos, lo que atrae a los fondos de inversión no es el corto plazo. Es decir, el fundamento de esa atracción no es meramente especulativo. Los enormes volúmenes de dinero que fluyen hacia las materias primas, que provienen principalmente de inversionistas institucionales o que están vinculados a los fondos de pensiones, indican que su diagnóstico es que esta alza de precios obedece a factores duros que no variarán drásticamente. Invierten ahí, porque ven que es un mercado que puede conservar o aumentar sus precios. Basados en esa apreciación, distintos metales se transforman en un mercado de refugio frente a la inestabilidad de otros mercados. Al mismo tiempo, el ingreso de los fondos de inversión al mercado de las materias primas cambia la lógica tradicional de este mercado de materias primas. La cultura de los mercados financieros pasa a ser parte de su comportamiento. Este es un fenómeno nuevo, al menos mucho más intenso que antes. El debate actual ya no es preguntarnos cuándo volveremos a un dólar por libra, sino si alguna vez bajará de dos e, incluso, de tres dólares. De acuerdo con las últimas proyecciones de Cochilco y del ICSG (International Copper Study Group) el mercado debiera mantenerse en déficit al menos hasta el primer semestre de 2009. Ahora bien, las estimaciones de ambos coinciden en que la expansión de la demanda se mantendrá en tasas entre 3 y 4 por ciento anual, mientras que los rangos previstos para la oferta son mucho más amplios e imprecisos. En otras palabras, existe alta incertidumbre de si la industria será capaz de cumplir con sus proyectos. Nada indica que estas condiciones cambien abruptamente. De hecho, el precio del cobre es hoy más alto que al momento en que la Comisión Investigadora concluyó sus sesiones, y todo parece indicar que la demanda por cobre se expandirá a una tasa de entre 3 y 4 por ciento anual, durante los próximos 10 o, quizás, 20 años. Efectos geopolíticos del alza de los commodities. El escenario de precios tiene efectos globales que Chile necesita ponderar con mayor profundidad. Hay consecuencias más profundas. Quisiera explicar una mirada que ayudará a colocar en contexto esta discusión: los altos precios de los commodities están generando cambios geopolíticos globales. El alza del cobre es sólo una parte de las alzas en la minería, y más determinantes son el aumento del precio del petróleo y la energía y, ahora, este peligroso incremento del valor de los alimentos. Vale decir, la inflación de los productos básicos está creando una nueva dinámica en el sistema internacional. Hay una gran inestabilidad de los precios, sobre todo del petróleo y los cereales, que todavía no comprendemos del todo. Hay un elemento especulativo, que todavía no sabemos cómo se va a enfrentar, y puede que los precios bajen, que retrocedan del altísimo valor que tienen actualmente. Sin embargo, nadie espera razonablemente que los precios desciendan a los niveles del año 2003, cuando el barril de petróleo costaba entre 25 y 30 dólares. Podrá haber fluctuaciones a la baja, pero no llegará a esos valores. Los precios se mantendrán más altos. En consecuencia, si esa previsión es correcta, algunos analistas internacionales sostienen que es inevitable que ello produzca un impacto generalizado en el sistema internacional. Esta tendencia ya está generando un desplazamiento desde el eje político-militar, muy dominante en los últimos años, a causa de la guerra de Estados Unidos contra el fundamentalismo islámico, hacia el eje económico-financiero que los commodities están generando en los mercados globales. Los conflictos de Estados Unidos con el mundo islámico están perdiendo su importancia; ya son menos incisivos, porque se transformaron en un problema más acotado o porque militarmente están más controlados. Ya no tienen la urgencia de principios de la década. La incertidumbre económica global, la inestabilidad financiera por la crisis subprime y, especialmente, la inflación mundial de los productos básicos se han vuelto dominantes en las decisiones globales. No es la sustitución de un eje por otro, sino un desplazamiento del centro de gravedad. Es propiamente un cambio geopolítico en la medida en que fija un marco en la toma de decisiones sobre los tiempos, prioridades y actores de la agenda global. Lo relevante es que, cada vez más, esas alteraciones en los mercados tienen efectos globales. Esos shocks no son hechos aislados o de alcances acotados. Al contrario, su recurrencia es actualmente la normalidad, siendo una gran fuente de incertidumbre. Al mismo tiempo, los requerimientos económicos globales transforman en poco tiempo un commoditie en un bien estratégico. Esto no involucra tan sólo a los tradicionales mercados del petróleo o del acero. Esta misma lógica se está desplazando hacia otros productos que han alcanzado relevancia mundial, porque las economías necesitan asegurar el suministro de ellos para preservar su desarrollo. Esto altera las nociones tradicionales de qué es un mercado estratégico o qué mercado se vuelve estratégico, transitoriamente o en mediano o largo plazo. Esto pasa a ser un problema geopolítico, porque la intervención de esos mercados es una fuente de poder mundial o regional decisiva, que los países o los grandes actores globales no dejan al libre juego de la oferta y la demanda. Para ellos es fundamental garantizar la seguridad de los suministros, aunque los precios sean más altos. Esa certeza de suministros es un punto de seguridad estratégica para sus economías. Los países productores de petróleo, minerales y alimentos van a ganar posiciones de poder en este escenario global. La capacidad de controlar las exportaciones, de decidir dónde ir y dónde no ir, se transforma en poder político. Los países petroleros vuelven a tener una enorme liquidez financiera, parecida a la de los años 70, aumentando su influencia regional. La capacidad de exportar petróleo no sólo aumenta la riqueza, sino que también aumenta la capacidad de coacción. La crisis alimentaria tiene un efecto distinto, porque resucita las corrientes proteccionistas y la intervención del Estado, para evitar el desabastecimiento o la inflación. Por ejemplo, India limitó algunas exportaciones agrícolas para cubrir sus necesidades internas. Rusia está recuperando su influencia en Europa y Asia a partir de su poder energético y puede aprovechar, ahora, su enorme potencial alimentario. China está en una situación más compleja, porque su economía está orientada a las exportaciones y depende cada vez más de los insumos que sostienen su industrialización. Por eso, China está empeñada en una agresiva estrategia corporativa para garantizar esa seguridad de suministros. Este ciclo de precios está cambiando radicalmente el mapa de las empresas mineras y varias de ellas quieren transformarse en actores dominantes del mercado. Tienen esa vocación. Hay tres expresiones de este fenómeno. En primer lugar, países emergentes como Brasil, India y Rusia, están potenciando oportunidades para sus empresas. Hay políticas de Estado en torno a ellas. La compañía india Vedanta está ad portas de alcanzar un acuerdo por los activos de Asarco por un valor 2.600 millones de dólares. Con esa adquisición produciría más de 600 mil toneladas de cobre y sus expectativas apuntan a llegar al millón de toneladas. Vedanta produce aluminio, cobre, zinc y plomo. Además, cuenta con operaciones de cobre en India, Australia y activos en Zambia. En Rusia, las tres grandes mineras Norilsk, Rusal, Basic Element, están en conversaciones para fusionarse, con el respaldo del gobierno, para crear un gigante minero y metalúrgico con inversiones de hasta 60 mil millones de dólares, que sea capaz de competir con empresas como BHP Billiton, Río Tinto, Vale y Anglo American. Su cercanía geográfica a China puede ser una ventaja respecto de América Latina. Vale ya intentó ir por Xstrata y acaba de realizar un aumento de capital por 15 mil millones de dólares, que el mercado prevé tienen como destino una oferta por Anglo American o por Freeport. Si eso ocurre, significa que entrará a Chile. Y, entonces, cabe la pregunta sobre por qué Codelco no tiene una política más agresiva en esta materia. En segundo lugar, la estrategia de China no apunta, en general, a adquirir firmas enteras, sino a tomar posiciones minoritarias relevantes y, en lo posible, tener voto en las decisiones de precio y abastecimiento de los recursos. Las firmas chinas están comprando compañías mineras más pequeñas o financian proyectos de exploración en Australia y Sudamérica. Sin embargo, actualmente China concentra la mayor parte de sus intereses en África, sobre todo en petróleo, uranio, carbón y cobre. En tercer lugar, en el caso de las líderes tradicionales, es relevante el hecho que la fusión entre BHP-Billiton y Río Tinto encuentre resistencias de los reguladores antimonopolio. Será sujeta a revisión por estos organismos en Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica. Algunos ven con temor que esa fusión podría elevar los precios del acero y afectar el crecimiento económico. China también intenta contener esa fusión porque teme que la suma entre BHP y Río Tinto tendría demasiado poder al negociar los precios de materias primas que son vitales para su expansión industrial. En consecuencia, debemos asumir que hay una geopolítica del cobre o una geopolítica de la minería, que impacta a Chile y en la que Codelco no puede operar desde los márgenes. Perder posiciones en ese mapa de poder es una irresponsabilidad mayúscula. Codelco tiene que ser un actor en ese juego, esto es, ser una empresa minera diversificada y globalmente competitiva. Poner ese horizonte implica una profunda transformación de Codelco y nos exige a nosotros mismos mirarla de otra manera. También exige despertar una ambición y movilizar sus energías. Esto es provocar una tercera revolución para Codelco. La primera fue su transformación en una empresa estatal tras la nacionalización del cobre en 1971. La segunda se produjo cuando la gestión de los presidentes ejecutivos Villarzú-Lima, del período 1994-2000, cambió su modelo desde una cultura de producción a un enfoque de negocios, lo que le permitió mejorar su competitividad y sus resultados. La tercera debe ser su transformación en una empresa minera diversificada y global. Una empresa que aproveche sus reservas, que aproveche las oportunidades en otros minerales, que potencie su capacidad de refinación, que explote yacimientos en otros países, que invierta en otros países de América Latina, que aumente su presencia en Asia, que haga alianzas con otras empresas para penetrar mercados. Su fortaleza de largo plazo está en aprovechar sus ventajas en Chile y en ampliar su presencia en el mundo. Codelco es la única empresa chilena de tamaño global y debe potenciar esa condición. Codelco es clave para Chile. Si la minería es un mercado que adquiere relevancia geopolítica, cuidar su posición es cuidar una fuente de poder e influencia mundial para el país. En estos tiempos de incertidumbre e inestabilidad eso puede ser decisivo y es una definición política clave para Chile. Codelco en el mercado del cobre, por sí solo, es más relevante que Arabia Saudita en el mercado del petróleo y a precio de mercado vale, quizás, tanto como el PIB del país en los últimos años. Perder o debilitar esta riqueza estratégica no sólo no tiene lógica sino que sería una grave irresponsabilidad. Este horizonte estratégico de Codelco debe hacerse cargo del deterioro competitivo que ha tenido la empresa. Ese aspecto de fondo incluye, desde luego, el alza de costos de la empresa y de la minería en general. Las exposiciones de directores y ejecutivos de Codelco, de connotados especialistas, empresarios y dirigentes sindicales coinciden en un aumento global de costos en la industria minera, producto de un brusco aumento de la demanda y de precios que no fue previsto. Esta falta de capacidad de reacción, por lo brusco e impredecible del alza, sumada a problemas técnicos, climáticos y laborales generan retraso y mayor costo en los nuevos proyectos. El sector minero, además, enfrenta problemas asociados con la escasez de profesionales, demora en la entrega de equipos y fuertes aumentos en los costos de producción. Vale decir, hay consenso en la industria minera que a mundial se ha enfrentado en los últimos años un fuerte y generalizado aumento en los costos asociados a la labor extractiva. Las razones de esta alza son muy diversas. La siguiente es una síntesis de los principales factores que influyen en este aumento de costos presentada ante la Comisión Investigadora por los expertos de Cochilco: La industria extractiva alcanzó un cierto nivel de madurez, es decir, los depósitos con mejores leyes de mineral son más difíciles de obtener. En consecuencia, los nuevos proyectos son, en general, de menor calidad y más complejos. Yacimientos más profundos, con una metalurgia más compleja y menores leyes de mineral son lo habitual en las nuevas extracciones. En todo el mundo hay un aumento sostenido de los costos de energía. En las últimas décadas ha tenido un comportamiento alcista de carácter estructural, encabezado por el petróleo, que actualmente ya supera los 140 dólares el barril. Hay un alza en el precio de los equipos, de los contratistas, de la mano de obra y otros suministros claves. El propio aumento del precio del cobre genera una enorme presión sobre el costo de los insumos en la minería. El incremento de productividad es insuficiente para contrarrestar este aumento de los costos. Una de las principales herramientas para paliar el aumento de costos en la minería es el crecimiento sostenido de la producción de las empresas mineras. Dados los enormes costos fijos de la industria, el crecimiento sostenido es el único modo de revertir significativamente los efectos del alza en los costos por medio de la generación de aumentos en la productividad. Estrechamente ligado a lo anterior, el intervalo de tiempo que existe entre el proceso de exploración y el de producción efectiva eleva los costos de la inversión y genera costos financieros muy elevados. A nivel mundial, la legislación es cada vez más estricta en materias ambientales, lo que genera un aumento en los costos de operación. Y, por último, cabe destacar el aumento en las obligaciones que las empresas mineras deben asumir al cierre de una faena. Si bien el incremento de costos es generalizado, existen algunos factores que han agudizado la situación en Chile. Los más relevantes son la energía, el agua y el deterioro de la ley del mineral. Finalmente, el efecto del tipo de cambio también ha ejercido una importante presión sobre los resultados de las empresas cupríferas. En ese escenario general, Codelco ha sufrido un alza mayor de sus costos, que está por sobre el promedio de la industria, esto es, no se explica sólo por los factores señalados. En el caso de Codelco, ya a principios de los años 90’ se detectaba una tendencia de costos crecientes, para lo cual la administración de ese entonces tomó medidas que se reflejaron en reducciones del orden de 0,15 a 0,20 de dólar para el período 1994-1999. Tras ese período, los costos han retomado una tendencia alcista, por diversas causas, entre ellas: leyes de mineral, costos de insumos, tipo de cambio, endeudamiento, provisiones contables, etc. Asimismo, al existir menor eficiencia que lo esperado en la gestión del Proyecto Común de Empresa (PCE), se ha hecho difícil revertir los efectos anteriores. Los costos de Codelco varían según la metodología que se emplee. El informe explica los distintos tipos de costos que utiliza la industria y qué resultados tiene la empresa según cada uno. En gruesa síntesis, Codelco aún se compara favorablemente con la industria si consideramos el cash-coast, que no incorpora el costo de inversión, manteniéndose en el primer cuartil de costos, a 39,7 centavos. Sin embargo, en el año 2007, por primera vez en la última década, Codelco pasa al segundo cuartil en el costo neto a cátodo, que es el costo total menos lo que se obtiene por los subproductos, que en el caso de Codelco y Los Pelambres es principalmente el molibdeno y en otras empresas el oro u otros productos, llegando a los 86,7 centavos. En cambio, si aplicamos a Codelco la metodología de costos totales, estos llegan a 115,6 centavos de dólar, valor que supera el precio referencial histórico del cobre. Para salvar la diferencia entre estas comparaciones, que hace difícil contrarrestar los resultados según cada empresa, el Centro de Estudios del Cobre, Cesco, elaboró un estudio a nivel mundial con un método distinto que permite ponderar los costos, que ha resultado útil para evaluar la situación de Codelco. En ese método el costo total en cada etapa del proceso es prorrateado entre todos los productos de acuerdo a sus valores netos en cada una de ellas. De ese modo, Cesco determinó los costos de operación de los distintos países en la producción minera, considerando los costos asociados a los procesos de extracción, molienda, concentración, lixiviación y electroobtención; los cargos de tratamiento para la refinación en el caso de los sulfuros y el transporte, flete, comercialización, impuestos no asociados a la renta, excluyendo los créditos por subproductos, la depreciación y los costos financieros. Con base en esa metodología, Cesco determinó que los costos de producción aumentaron en el mundo 29,3 por ciento entre los años 2002 y 2006, en circunstancias de que en Chile las empresas estuvieron bajo el promedio, con un aumento de 28,4 por ciento. A nivel nacional, en el análisis hecho empresa por empresa, el panorama no resulta tan alentador. Según este análisis, Codelco lidera el alza en los costos a nivel nacional con una variación porcentual de 40,1 por ciento entre 2002 y 2006. El alza de costos de Codelco es comparativamente mayor a otras empresas; está sobre el promedio de la industria y, por lo tanto, resulta evidente que ha sufrido un deterioro competitivo a partir de 2001. Ahora bien, esta debilidad por el aumento de sus costos contrasta con las ventajas que Chile y Codelco conservan en su potencial minero. Un reciente estudio de Credit Suisse hace notar que en los últimos 17 años Chile proveyó cerca de los dos tercios del crecimiento mundial de cobre de mina. En dicho período, la producción global aumentó en 6,9 millones de toneladas, de los cuales 4,1 millones fueron aportados por la producción minera de nuestro país. En cambio, en los próximos 10 años, Chile proveería tan sólo el 26 por ciento de las 8,2 millones de toneladas del incremento de producción esperado. Esto se debe a que los 15 mayores proyectos de Chile tendrán una ley de mineral promedio de 0,6 por ciento, mientras que países como el Congo y Zambia, que cuentan con menos de la mitad de las reservas que Chile, tienen leyes de mineral promedio de dos a ocho veces más elevadas. En consecuencia, la intensidad de capital por tonelada extraída será un 25 por ciento inferior a la de nuestra industria. Tras el enorme crecimiento exhibido por la producción cuprífera nacional durante la década pasada, la minería chilena parece haber llegado a un punto de madurez y no repetirá esas tasas de crecimiento. Más bien, la tasa de crecimiento de la producción esperada para Chile tenderá a estancarse. Si bien del estudio de Credit Suisse se desprende que la situación de liderazgo mundial de Chile, y principalmente de Codelco, en la producción de cobre está amenazada, es importante destacar que las reservas mineras de Codelco le permiten mantener una posición estratégica privilegiada. Aun cuando las leyes de esas reservas son más bajas o están bajo el rango promedio de la industria, éstas se compensan por el hecho de que la mayor parte de las extracciones esperadas corresponden a proyectos del tipo brownfield, esto es, desarrollos consistentes, básicamente, en expansiones de explotaciones en curso, que son sustancialmente más baratas y fáciles de ejecutar. Esta dualidad entre bajas leyes de mineral versus altas reservas asociadas a proyectos de expansión, implica que Codelco puede mantener una tasa de intensidad de capital competitiva en relación con el resto de la industria. Como se puede apreciar en el gráfico que está en la página 228 del informe, Codelco puede desarrollar proyectos con costos inferiores a los observables, incluso, en minas de mayores leyes y, en general, puede seguir bien ubicado dentro de sus competidores. En consecuencia, Codelco puede seguir siendo el primer productor mundial de cobre, por el volumen de sus reservas, por los costos asociados a su explotación y por su nivel de integración. Todo ello le otorga importantes ventajas competitivas. Debilidades de Codelco. En el Capítulo III del informe de la Comisión Investigadora analizamos las debilidades y falencias de Codelco, que se condensan en tres aspectos: la empresa no cumplió sus metas de producción, tuvo un deterioro de la productividad laboral y su sistema de inversiones afecta gravemente a la empresa. Todos éstos son factores estratégicos que han afectado la competitividad de Codelco y explican que su alza de costos sea mayor que el resto de la industria. Precisemos cada uno de estos puntos. Metas de producción incumplidas. La Comisión pudo constatar que Codelco no cumplió sus propios objetivos de producción y que sus planes de expansión, en gran medida, se frustraron. Es decir, hay un quiebre entre las proyecciones de producción versus la producción real, que inevitablemente afecta la posición de la empresa. La exposición del director ejecutivo del Centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, ayudó a dilucidar este problema. Habitualmente, en la industria de la minería las proyecciones se consideran en un horizonte de cinco años. Los expertos suelen señalar que en un horizonte de cuatro años las proyecciones pueden alcanzar su óptimo de exactitud. En ese sentido, entre los años 1998 y 2002, ambas curvas se movieron dentro de rangos aceptables. Por el contrario, en el período 2002 a 2006, la proyección de producción cambió abruptamente hacia expectativas mucho más ambiciosas, que luego se alejaron mucho de la producción real. Las proyecciones del año 2003, que se pueden ver en el gráfico que está en la página 237 del informe, estuvieron relativamente cerca sólo para el año 2004. Ya los años 2005 y 2006 registran una distancia relevante, pero hacia el cuarto año, en 2007, la desviación representa aproximadamente 300.000 toneladas de producción deficitaria respecto de lo proyectado; y hacia el quinto año, para el 2008, el déficit real total es de 625.000 toneladas de cobre fino proyectadas. Estas diferencias entre las metas y el desempeño real, se reiterarían en las siguientes proyecciones. En las proyecciones que se realizaron en septiembre de 2004, ocurre algo muy semejante, como se puede ver en el gráfico que está en la página 238 del informe. Las proyecciones de enero de 2005 vaticinaban producciones para 2008 que hoy sabemos no serán alcanzadas sino, al menos, hasta 2012. Eso también está en el gráfico de la página 238 del informe. Hacia fines del año 2005 la proyección de producción se corrige drásticamente a la baja. Y si bien nuevamente esas expectativas de producción real no fueron cumplidas, las metas se hacen más realistas y presentan una desviación mucho más acotada. Aunque estos datos se sinceraron a partir del año 2005 y terminaron por ser drásticamente reducidos por la actual administración, lo relevante es la extrema distorsión entre la producción y las expectativas de sus directivos. Esto es, Codelco tuvo que corregir la política de expansión que se pretendió impulsar, pues no había dado los frutos esperados. Aumento de los costos laborales. Los costos laborales de Codelco han aumentado en los últimos años por un crecimiento de las remuneraciones de la dotación propia y por un fuerte incremento de los componentes no remuneracionales, especialmente aquellos asociados a la salud y beneficios sociales de los trabajadores, quienes han conseguido un alza sustancial en sus remuneraciones y otros beneficios. El aumento de los precios del cobre derivó en nuevos beneficios, como ha ocurrido en toda la industria. Sin embargo, hay un riesgo por el divorcio entre las mejoras remuneracionales y sociales y la productividad de los trabajadores propios. Diversos expositores señalaron que la productividad de Codelco se ve afectada por el envejecimiento de la dotación propia. A esto se sumaría una mayor tasa de ausentismo y uso de licencias médicas. En el gráfico 21, en la página 239, del informe, se puede apreciar el descenso que viene dándose desde 1999 en la productividad de los trabajadores de Codelco. Tras una significativa alza en la década de 1990, en los últimos años ese logro se ha revertido al rango que tuvo en 1995. Por último, otro factor relevante son los gastos y costos asociados a servicios de terceros, que también han experimentado un fuerte incremento. Este efecto es una de las consecuencias del atraso en los proyectos de inversión. Los contratistas mineros se dividen en aquellos de carácter eminentemente provisorio, denominados como “de inversión”, y aquellos que forman parte de manera permanente de las labores de producción, denominados “de operación”. Como veremos, los retrasos en algunos proyectos claves para la expansión de Codelco, especialmente el Plan de Desarrollo de El Teniente, generan efectos en cadena que se irradian a otras etapas de los proyectos, alargando por un período mayor, no previsto, la vinculación de contratistas de inversión. Además, es probable que progresivamente estos contratistas se fueran incorporando a faenas propias del giro minero de Codelco. Nuestra interpretación es que los problemas de Codelco con sus trabajadores contratistas se originaron en dicho proceso. Al respecto, ninguno de estos antecedentes explica por qué ha habido tanto retraso en la internalización de trabajadores. Ese proceso debe acelerarse, sin perjuicio del derecho de Codelco para seleccionar a aquellos que tengan la mayor idoneidad para esas funciones. Los problemas de inversiones. Los problemas de inversión, los errores de algunos planes y los cambios de estrategia sobre sus prioridades, han sido determinantes para que actualmente Codelco produzca unas 500 mil toneladas menos que las proyectadas para este año. Las metas de producción se distanciaron significativamente de la realidad. Desde luego, estos atrasos incidieron en los costos, porque tuvieron que utilizar a terceros para compensar las pérdidas de producción asociadas a dichos atrasos de inversión, porque los contratos que tenían un horizonte de corto plazo significaron un incremento de costos en los servicios prestados, por ejemplo, en el desarrollo de mina en El Teniente y Andina, y porque el reemplazo de equipos con vida útil, superior a la económicamente conveniente, se traduce en un incremento de los gastos de mantención. Los efectos de estos tres factores pueden visualizarse en el gráfico Nº 22, en la página 241 del informe, donde se indica la relación entre el aumento de la productividad, tanto de la dotación propia como de la dotación total, esto es, incluyendo a los trabajadores contratistas y la puesta en marcha de proyectos nuevos o expansiones de antiguos, que se verifica entre los años 1993 y 1999. Por el contrario, el retraso en los proyectos de inversión, inciden en un descenso de la productividad de la dotación, especialmente en la de los contratistas. Este fenómeno se genera a partir del retraso en el Plan de Desarrollo de El Teniente, PDT, inicialmente previsto para el 2002 y que sólo estuvo en niveles óptimos el 2004. A partir de ese año, la postergación de proyectos previstos para los años siguientes incide claramente en una baja de la productividad. Este punto, que es absolutamente esencial, generó un amplio debate. Marcos Lima, ex presidente ejecutivo de Codelco, precisó cuál era el escenario inicial en el que Codelco se encontraba en 1994. En los hechos, la empresa prácticamente no aumentó su producción desde la chilenización del cobre hasta 1994. Entre 1982 y 1994, Codelco se mantenía estancada entre 1 millón y 1 millón 200 mil toneladas de cobre. Esa situación derivó en que, a partir de 1985, aumentaran sus costos, principalmente por el deterioro de la ley del mineral, realidad que se agravó con el “Davilazo”. Como señaló Marcos Lima, “estaba claro que se estaba en una situación extraordinariamente crítica, desde el punto de vista de los costos, de la moral de la compañía, de la productividad y la eficiencia, y también como una señal de que había problemas organizacionales relativamente serios.”. Efectivamente, a partir de 1994 se produce una inflexión. Hubo un cambio en la orientación estratégica de la empresa, pasó de una cultura de la producción a un enfoque de negocios y se estructuró una alianza estratégica con los trabajadores, que permitió reducir los costos y bajar la dotación de trabajadores propios y contratistas sin conflictos laborales. En ese período, por primera vez, con la mina Radomiro Tomic, Codelco invierte en un proyecto propio. Pero ya entonces había un obstáculo: el financiamiento de esas inversiones sólo fue autorizado por Hacienda sobre la base de la venta de activos y no a través de una capitalización de la empresa. El ex presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú apuntó a este nudo del problema al señalar lo siguiente: “¿Por qué pasan 25 años sin que Codelco aumente su capacidad de producción? ¿Por qué, a pesar del tremendo esfuerzo que hacemos a partir de 1994, aumentamos en 600 mil las toneladas, pero la actividad privada aumenta en 4 millones de toneladas? Al respecto, hay que considerar las condiciones en que opera Codelco, las restricciones que se le imponen y las dificultades para tomar decisiones por el hecho de que, en parte, se le mira como una inversión pública. De hecho, durante mucho tiempo, Codelco fue considerada una variable de ajuste por el Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, el plan de inversiones no existió y se juzgaba en función de las condiciones del año o de la mayor o menor fuerza del presidente de Codelco versus el ministro de Hacienda.”. Esa controversia está en el corazón de las debilidades del sistema de inversiones de Codelco, de su proceso de toma de decisiones y de la fragilidad para trazar estrategias de inversión de largo plazo. Un problema esencial es que, en los hechos, Hacienda actúa como el dueño y sucede que ese “dueño” no cree en la empresa. Éste es un problema institucional, de la concepción de su estatuto jurídico y de la estructura de poderes que toma las decisiones. En Codelco no hay un equilibrio de poderes que procese estos problemas. En el período 2000-2005, hubo otras dificultades adicionales. Se produjeron problemas en materia de formulación, evaluación y ejecución de parte importante de la cartera de inversiones. A ese respecto, Juan Villarzú sostuvo ante la Comisión que “en efecto, hubo que reformular varios proyectos importantes; pero, una vez detectados los problemas, se actuó con rapidez y decisión. Por una parte, se sometió a cirugía mayor al sistema de gestión de inversiones y se trabajó intensamente, con ayuda de los mejores expertos a nivel mundial, en formular uno nuevo, actualmente en aplicación. Por la otra, se reformularon los proyectos en problemas y se siguió avanzando en su evaluación, construcción y ejecución. El resultado fue el aumento de la capacidad de producción en 470.000 toneladas anuales y los mayores ingresos y excedentes que esa mayor producción ha hecho posibles.”. El actual director de Codelco, señor Jorge Bande, señaló que en este período el manejo de las inversiones no fue el adecuado y que hubo “serios problemas (…) en la gestión de proyectos entre 2002 y 2004…”. Y más adelante agregó: “Es decir, claramente había un problema importante en el sistema de gestión de proyectos que la administración de esa época detectó y que corrigió hacia finales de la administración anterior, lo cual dio origen al sistema sobre el cual operamos en la actualidad, con algunas mejoras que le hemos introducido… (…) Eso contesta el tema de por qué estamos hablando de 1 millón 800 y no de 2 millones 200 mil toneladas. Expliqué que en nuestro sistema de inversión de capital, el enfoque que hoy estamos dando es uno donde queremos asegurarnos de que los proyectos que entran al Plan de Negocio y Desarrollo tengan un nivel de sustento que nos permita responsablemente ponerlos ahí y, por tanto, comprometerlos con los dueños de Codelco, que son todos los chilenos. Esto significa que hemos puesto una aduana mucho más exigente a los proyectos que entran al Plan de Desarrollo. De hecho mencioné que hubo proyectos que estuvieron en el Plan de Desarrollo y que hoy no están. Además, creo que eso responde el tema del valor, porque el valor se medía con el PND. Si el PND es más chico, el valor es menor.”. Cabe precisar que este enfoque fue objetado por el señor Villarzú, que cuestiona la revisión de proyectos que ha hecho la actual administración y que, a su juicio, “pareciera que Codelco abandonó la meta de maximizar valor para sus accionistas y optó por una estrategia de crecimiento “a prueba de errores”. Vale decir, optó por Codelco servicio público.”. Resulta evidente que los cambios de expectativas y proyecciones de la empresa varían radicalmente de una administración a otra, lo que refuerza la tesis de que Codelco carece de planes de largo plazo que sobrepasen los gobiernos de turno. Éste es uno de los fundamentos de por qué es tan importante el cambio de su gobierno corporativo: éste le dará más continuidad de gestión, lo desacoplará del ciclo político y le permitirá diseños y ejecución de largo plazos. Sin embargo, si ello no va acompañado de un cambio en su sistema de inversión y de una voluntad del dueño de invertir y capitalizar la empresa, se tratará sólo de una reforma de la carcaza. De los antecedentes tenidos a la vista por la Comisión Investigadora se desprende que Codelco enfrenta al menos cuatro nudos estratégicos, que explicaré sintéticamente a continuación. Primero, el cambio de su gobierno corporativo. Codelco cuenta con una institucionalidad anticuada y limitante, que no le reconoce su carácter de empresa estratégica que compite en los mercados globales. La Comisión Investigadora planteó la convicción de que es urgente modificar la institucionalidad del gobierno corporativo y elevarla a estándares de calidad modernos y competitivos. Dada la importancia estratégica de Codelco, este cambio debería ser impulsado por un verdadero consenso nacional, que involucre a todos los estamentos de nuestra sociedad. En ese sentido, solicitamos al Ejecutivo perfeccionar y calificar la urgencia al proyecto de ley correspondiente actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. Su esencia es que la transforme en una empresa del Estado, y no del Gobierno, que fortalezca el poder del directorio, de modo que ejerza la conducción estratégica y que asegure la transparencia y eficiencia de su gestión. Segundo, reformar su sistema de inversiones. Codelco necesita mejorar su sistema de inversiones y retiro de utilidades, que cuide el equilibrio entre su potencial de inversión y crecimiento y su aporte al financiamiento del presupuesto público. Asimismo, ello exige eliminar definitivamente la ley reservada del cobre, que afecta su disposición de recursos frescos y constituye una obstrucción obvia para su internacionalización. Además, Codelco se encuentra sujeto a una serie de instancias burocráticas y evaluaciones reiterativas dentro de la administración pública que difuminan la voluntad del dueño, limitan su capacidad de anticipación, de desarrollo de políticas productivas y afectan su capacidad para realizar inversiones estratégicas. La tendencia global apunta al establecimiento de planes de largo plazo, con capacidad de adecuación y flexibilidad a los cambios en los mercados en que las empresas compiten. Los entes y los tiempos en que se evalúan, proyectan y aprueban los planes de inversión y el presupuesto de Codelco deben ser modernos, eficaces, transparentes y claramente definidos. Tercero, mejorar su productividad. El foco crítico para Codelco es establecer mecanismos modernos y eficientes de incentivo a la productividad de los trabajadores, de acuerdo con su estrategia de negocios, esto es, la expansión de los grandes yacimientos y la explotación de sus reservas de manera rentable y oportuna. Cuarto, modificar sus mecanismos de control. Codelco carece de un adecuado sistema de control, tanto externo como interno. El modelo actual es insuficiente para los estándares de una empresa moderna. Un directorio integrado por directores independientes ayudará a mejorar su transparencia y auditoría internas. Pero, al mismo tiempo, es necesario fortalecer a Cochilco como asesor del dueño, no como cogestor, reforzando su capacidad de fiscalización sobre Codelco. Este informe de la Comisión Investigadora de costos, que ponemos a disposición de la Sala de la Cámara de Diputados, puede servir como una base para las transformaciones que Codelco debe encarar. Nosotros tenemos una primera responsabilidad, que es crear un nuevo consenso que facilite la tramitación del proyecto de ley de gobierno corporativo. Pero ese será sólo el comienzo. Cumplida esa primera fase, debemos definir, con visión histórica y de país, qué tipo de Codelco queremos, vale decir, cómo y cuándo explotar nuestras reservas, la internacionalización de la empresa o si vamos a entrar en serio en la ola de fusiones y adquisiciones que domina el mercado minero en la actualidad. El desafío de transformar a Codelco en una empresa minera global y diversificada es enorme y requiere de mucho liderazgo. Necesita articular una visión, ponerla en movimiento y movilizar muchas voluntades. En ese camino, mi convicción es que Codelco cuenta con una fuerza sindical madura, que cuida el futuro de la empresa. Eso crea una base esencial para impulsar estos cambios. Tenemos la oportunidad de darle un impulso estratégico a Chile si sacamos adelante estas reformas. No será fácil, porque se cruzan distintas visiones, rigideces dificultades institucionales y surgirán presiones corporativas de distinto tipo. Pero tenemos que encarar este cambio y hacernos responsables del futuro de Codelco. Es algo demasiado relevante para Chile como para que nos quedemos a medias tintas. Ser responsables con Codelco significa ser responsables por Chile. Muchas gracias. El señor CERONI (Vicepresidente).- En discusión. En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Felipe Ward. El señor WARD.- Señor Presidente, primero, quiero agradecer a la Sala por permitirnos constituir esta Comisión Investigadora; asimismo, felicitar a los miembros de la Comisión y a quienes tuvieron la posibilidad de asistir a sus sesiones en calidad de citados o invitados. A su vez, hay que felicitar al Presidente de la Comisión por el trabajo desplegado. El informe da cuenta de la contundente, seria y acuciosa labor desarrollada durante estos meses, lo que es justo reconocer en forma pública. Quienes siguieron atentamente la lectura del informe, pueden concluir lo mismo que nosotros. Aquí hay factores externos que han incidido en el alza de los costos que no tienen que ver con gestión ni con responsabilidades de los ejecutivos ni de los trabajadores de la empresa. Esta tendencia alcista no sólo se ha producido en la minería del cobre, sino en la minería en general, tanto a nivel nacional como internacional. Es algo que hay que reconocer. Pero también pensamos -y estamos contentos de que se señale y afirme de manera clara en el informe- que hay un alza de costos que tiene que ver con gestión, con definición y ejecución de proyectos; con una no aplicación de la teoría de los incentivos, es decir, alinear comportamientos individuales con los objetivos de la empresa; con falta de definición de objetivos de la empresa y con una carencia de autocrítica. Siempre se ha dicho que la mitad de la solución de un problema parte por reconocerlo. Creemos que en cierto estamento de Codelco hay poca tolerancia a la crítica; existe una autonomía que nos parece razonable, pero a veces mal entendida. Cuando un parlamentario de la Alianza por Chile habla de Codelco, siempre se dice: “Si ustedes analizan su discurso, lo que hay detrás es un intento por privatizar Codelco”. Por eso, me parece importante insistir en que todas y cada una de las veces que los parlamentarios de la Alianza hablemos sobre Codelco, estamos absolutamente convencidos de que tiene que seguir siendo una empresa ciento por ciento estatal. Sin embargo, el tema no va por ahí, sino por reconocer que en las distintas divisiones de Codelco hay asuntos de gestión que no están bien desarrollados. Por la zona que represento en la Cámara, conozco más sobre el tema en la División Codelco Norte, donde varios proyectos han sido seriamente cuestionados y han fracasado. No ha habido una conciliación entre lo que se dijo que se iba a gastar y lo que finalmente se gastó o se invirtió. A nuestro juicio, el informe es contundente y categórico e implica un desafío para Codelco. A veces, el cuestionamiento que se hace de las Comisiones Investigadoras tiene que ver, precisamente, con qué se llega hasta la Sala. Por eso, esperamos -sabemos que en Codelco están siguiendo este debate- que esto tenga un efecto práctico en decisiones concretas que se apliquen en la empresa. La pelota ha quedado dando bote en el lado de Codelco. En tal sentido, esperamos que este informe contundente de la Comisión Investigadora implique la aplicación de medidas concretas por parte de la empresa para paliar, de alguna forma, esta tendencia alcista que está afectando a nuestra principal empresa. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, no cabe duda de que Codelco es una empresa relevante para el país. En el escenario mundial los precios del Cobre han tenido un ascenso importante. China, que ha crecido a tasas superiores a un 10 por ciento; que tiene un crecimiento industrial del orden del 15 ó 17 por ciento, ha sido un actor significativo en el consumo de cobre en el mundo, junto a Estados Unidos, Europa y Japón. En la actualidad los inventarios de cobre se encuentran bajos, en alrededor de 124.175 toneladas. Su precio ha estado en cifras cercanas a los 4 dólares la libra y, hoy, en alrededor de 3,70 dólares. En este escenario, Codelco ha vendido cobre por 17 mil millones de dólares, lo que ha significado excedentes para el fisco de 9.200 millones de dólares en 2006, y de 8.451 millones de dólares, en 2007. Es una cifra importante, además, considerando que Codelco produce un tercio de la producción de cobre del país, que es de alrededor de 5,5 millones de toneladas. A pesar de estas buenas noticias, Codelco ha tenido una serie de problemas y dificultades, que las podríamos resumir en dos: En primer lugar, un alza de costos que va más allá de la industria general del cobre. En segundo lugar, un hecho inédito, una baja en la producción. De hecho, en 2006 fue de 1.783 miles de toneladas y, en 2007, de 1.665 miles de toneladas. Y es más. Las proyecciones que se tenían para 2008 eran de 2,3 millones de toneladas, lo que no se ha cumplido, porque se ha deteriorado la capacidad de Codelco para llevar a cabo los proyectos de inversiones. Esa es la verdad. El alza de costos va más allá de la industria cuprífera. Ha subido el precio de la energía, ha habido dificultades en el envío del gas natural desde Argentina, etcétera. Pero eso no es suficiente para explicar las alzas en la industria del cobre. También sabemos que ha habido una baja de la ley del mineral, que es histórica. En 1990 era de 1,4 y el 2008 se aproxima a 0,8. Pero esa es una condición natural que está considerada incluso en los planes de expansión de Codelco. El alza de costos es impresionante. En 2006, ascendía a 115 centavos de dólar la libra; en 2007, a 142 centavos; y, para el primer trimestre de 2008, a 191 centavos. Es decir, ha habido un ascenso importante en el costo neto a cátodo, al cual se deben restar los ingresos importantes por el molibdeno, que dicho sea de paso, su valor ha aumentado en más de seis veces, lo que ha aportado al país más de 3.800 millones de dólares. En 2006-2007 y primer trimestre de 2008, el costo neto a cátodo aumentó de 68 a 115 centavos de dólar la libra. Es decir, no obstante el excelente precio del molibdeno, hemos tenido un aumento de los costos totales y del costo neto a cátodo. Por estas circunstancias, los resultados de Codelco, que podrían ser mucho mejores, se han visto deteriorados. Codelco es la empresa que tiene las más importantes reservas mundiales de cobre; Chile posee el 39 por ciento de ellas, y Codelco cubre el 11 por ciento de la producción mundial de cobre. Por eso, tiene grandes posibilidades de aumentar su producción; sin embargo, la hemos visto reducida. Con esto quiero decir que lo que no se ha hecho ha sido lo que más daño ha producido a Codelco y al país; de lo contrario, se habrían resuelto muchos problemas sociales. Por eso, es necesario que se tomen medidas que corrijan el deterioro competitivo que ha tenido Codelco en estos dos aspectos. Se requiere mayor transparencia y eficiencia, para lo cual hay que modificar el gobierno corporativo. Pensamos que es necesario llevarlo a cabo a corto plazo. En resumen, hay dos hechos relevantes que han dañado a Codelco. Primero, el aumento de costos, que es algo evidente. Entre 2002 y 2006, la empresa creció alrededor del 28 por ciento, pero sus costos operacionales subieron cerca del 40 por ciento. Estos porcentajes demuestran claramente que Codelco ha aumentado sus costos en un porcentaje no acorde con el del resto de las empresas chilenas del cobre. Por eso, reitero, hay que corregir este aspecto, modificando su gobierno corporativo, mejorando la transparencia y realizando una serie de modificaciones legales. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, mis primeras palabras son para felicitar al Presidente de la Comisión Investigadora de los costos de Codelco por el trabajo que realizó. Quiero destacar la labor cumplida por el diputado Jorge Insunza, no sólo por la forma en que condujo el trabajo de la Comisión -me correspondió participar en ella-, sino que por el esfuerzo personal que hizo para ayudarnos, en forma muy aplicada, a ordenar las ideas que considero que constituyen un aporte de nuestra Cámara de Diputados. Me refiero a las conclusiones consensuadas, aunque no unánimes, que constituyen un esfuerzo por expresar opiniones comunes, en este caso, sobre el funcionamiento de Codelco, lo que no siempre es fácil de lograr. Creo que en esto todos los miembros de la Comisión Investigadora hicimos esfuerzos que estuvieron acompañados por la presencia de muy destacados personeros que expusieron ante nuestra Comisión sus puntos de vista e inquietudes y que se tradujeron en un conjunto de ponencias que figuran en el informe. Sin duda, a cualquier persona que esté interesada en el futuro de la principal empresa de nuestro país, le gustaría conocerlas y analizarlas. En segundo lugar, quiero plantear que me parece muy relevante que hayamos logrado unanimidad en algunas conclusiones. En este sentido, me parece positivo reiterar ciertas ideas, tanto ante los colegas como a nivel nacional. En el informe se enumeran en forma bastante positiva algunos puntos que aparecen como centrales, producto del un trabajo de varios meses, que deberían ser rescatados por muchas instituciones, como un efectivo aporte de nuestra Cámara de Diputados al futuro de Codelco. En primer lugar, el desafío de Codelco es continuar siendo la principal empresa mundial de cobre y transformarse en global y competitiva. Esta no es una simple frase; conlleva también la necesidad de abordar varios temas y, para ello, es necesario reiterar que es fundamental que Codelco sea tratada como una empresa y no como un servicio público. Ello exige ajustar, como lo dice el informe, su arquitectura jurídica y cuidar sus fortalezas de capital humano, es decir, a su gente que, muchas veces, es tentada por otras empresas del mismo sector que le ofrecen mejores condiciones laborales y de ingresos. Asimismo, es necesario mejorar expresamente su sistema de inversiones, que aparece como uno de los aspectos críticos que pudimos analizar y que dice relación con un aspecto central: el futuro de una empresa de este tipo. Tal como se señala en el informe, es necesario elevar sus estándares corporativos. En segundo lugar, el informe se refiere a una idea sobre la cual no quiero extenderme y que dice relación con que Codelco es la única empresa global del país. Al mismo tiempo, el sector minero es clave para el desarrollo de las economías emergentes. La influencia que tiene para Chile el liderazgo que está llamado a jugar Codelco y que no debe perder, también fue un punto central en el análisis que efectuamos en la Comisión. En tercer lugar, la pérdida de las condiciones de competencia es otro aspecto que nos preocupa, y la referencia que han hecho algunos colegas al aumento comparativo de costos frente al resto de la industria es uno de los temas que analizamos con mucha objetividad, estudiando los problemas existentes en materia de inversiones y otras dificultades económicas, técnicas y humanas que, en su momento, las comisiones especializadas de la Cámara también han tenido que abordar. Respecto de esta materia, quiero plantear algo que quedó pendiente en el trabajo de nuestra Comisión. Codelco es considerada como una sola empresa. Muchas veces, no se menciona que está constituida por divisiones, con distintas condiciones de explotación y tecnología, que están enfrentando situaciones diversas. No es lo mismo el desafío que hoy debe enfrentar Codelco, por ejemplo, en El Salvador, con la actividad de El Teniente, Andina o las divisiones de Codelco Norte. Deberíamos buscar un procedimiento que nos permita estudiar mucho más en detalle lo que ocurre en cada una de las divisiones y analizar un trabajo por separado, de manera que no nos limitemos a emitir juicios generales, que muchas veces esconden situaciones que en algún momento debemos enfrentar con claridad. Por ejemplo, el país debe saber y no ocultar si algunas divisiones están ayudando a subsistir a otras. Entonces, aquellos que vienen muchas veces a defender la permanencia de determinadas tareas que se realizan en algunas divisiones, deben tener presente que muchas de esas posibilidades de desarrollo sólo se pueden mantener si se concilian con lo que ocurre en el resto de las divisiones. Ésa es una realidad que no se expresa y muchas veces se esconde cuando se analiza la situación de Codelco. Resalto este punto, porque durante el trabajo de la Comisión, en cuatro o cinco oportunidades, planteé la conveniencia de obtener información con mucho mayor detalle de cada división de Codelco y no limitarnos a conocer datos de orden general, que difícilmente pueden constituir rigurosamente elementos de comparación con lo que ocurre en el resto de la industria. Más allá de las exigencias que se le impone a Codelco en su producción, no siempre hay condiciones de comparación con lo que ocurre en el resto de la industria nacional. Desde luego, en esto aprovecho de marcar un punto que me parece central, cual es que de todo el análisis de los costos de Codelco, de conocer lo que está pasando en el resto de la industria en el país, surge una inquietud de fondo para todos nosotros: ¿cómo vamos a seguir de brazos cruzados ante el hecho evidente de que recursos mineros chilenos, con muy poco valor agregado, están saliendo del país sin que nosotros los aprovechemos más? Ese es un elemento no menor, que en alguna oportunidad aquí, de manera transversal, deberemos abordar, porque no puede ser que nuestro país esté entregando en forma bastante magnánima sus recursos mineros para que a veces sean parte de la riqueza de grupos empresariales extranjeros, sin exigir un mayor valor agregado a nivel nacional. Termino mis palabras señalando que este informe prestigia a la Cámara de Diputados. No lo digo por la participación de algunos de nosotros, sino, simplemente, porque refleja un trabajo que partió con la inquietud de algunos por demostrar que Codelco era una caja pagadora de favores políticos; incluso, en esa forma se han expresado en varias oportunidades algunos colegas. Sin embargo, hemos terminado con un informe que, lejos de entrar en ese tipo de planteamientos, da cuenta de un esfuerzo en común para indicar medidas con el fin de rescatar la principal empresa de nuestro país, que todos debemos cuidar. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, mañana se cumple un aniversario más de la nacionalización del cobre. Ese es un tema no menor, por la enorme cantidad de recursos que esta empresa del Estado, desde su formación en Codelco algunos años después, le ha entregado al patrimonio nacional. Por tanto, quiero destacar que en mis diez años de permanencia en la Comisión de Minería y Energía, tal vez éste sea el documento más completo y relevante que se ha podido configurar en el Congreso Nacional en materia de costos y estudios de la situación de la empresa y de la minería en general. En este trabajo quiero destacar el rol del diputado Jorge Insunza, presidente de la Comisión, y la actitud positiva de sus integrantes, sobre todo al momento de sacar conclusiones y escuchar a las personas que concurrieron -que fueron muchas- a entregar su opinión a la Comisión. Lo primero que debemos señalar es que, efectivamente, hay un problema de costos que tiene que ver con el conjunto de la industria minera. Eso ha quedado meridianamente claro con las diversas exposiciones que hemos escuchado. Obviamente, el encarecimiento internacional de los insumos, en particular de aquellos que constituyen los elementos de generación en la matriz energética, influyen en los costos de la industria minera en general. Pero no hay ninguna duda de que hay aumentos de costos que tienen que ver con particularidades de Codelco. En ese sentido, el informe hace un análisis bastante profundo. Además, cada uno de los participantes que concurrió a la Comisión entregó su visión respecto de la especificidad de los costos de Codelco, que se relaciona con el aumento de los costos de la industria en general, pero también con situaciones ocurridas en Codelco, con errores que se han cometido, con roles sociales que tiene esta empresa y no el resto de la industria; que tiene que ver con el hecho de que para capitalizar, recurre a créditos que generan tasas de interés, porque el conjunto de los recursos se los entrega al Estado, y una parte de ellos, específicamente, a las Fuerzas Armadas. Una de las grandes medidas sugeridas por la Comisión fue la constitución de un gobierno corporativo distinto. Se ha dicho que Codelco cuenta con una institucionalidad anticuada, limitante; que no reconoce su carácter de empresa estratégica que compite en los mercados globales. La Comisión hizo hincapié en la necesidad de acelerar el trámite legislativo para que Codelco tenga un gobierno corporativo que participe directamente de la gestión, que tenga un rol diferente; que no sólo se dedique a certificar o a fiscalizar lo que hace su plana ejecutiva, sino que tenga un rol más activo en la conducción de la empresa. Además, que en su composición haya cambios, de manera que sus integrantes no sólo sean nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, en su caso, sino por expertos independientes en la materia. Tendremos que discutir, como lo estamos haciendo con el proyecto presentado, la manera de nominar a esos representantes. Pero queremos un gobierno corporativo de gestión, que asegure una total transparencia a la empresa. Mucho más activo, de modo que tenga una función relevante, distinta de la actual, cuya composición está superada por el tiempo. Además, somos partidarios de que en este gobierno corporativo estén presentes representantes del mundo laboral y de los supervisores. Otra cuestión relevante que tiene que ver con las inversiones, con la necesidad de que Codelco capitalice, es el de la ley reservada del cobre. Nos alegramos de que el presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, haya puesto sobre la mesa este tema, que por muchos años hemos planteado los parlamentarios. Algunos de nosotros, hace unos siete u ocho años, entregamos un documento sobre el punto. Diversos partidos de la Concertación, incluso parlamentarios de la Oposición, han opinado sobre la materia y me alegro de que hoy eso se concrete. Hace pocos días, parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido por la Democracia, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Radical concurrimos a hablar con el ministro Goñi, a pedirle que, en definitiva, se envíe el proyecto que termina con la ley reservada del cobre, que este año ha significado más de 1.500 millones de dólares. Creemos que las Fuerzas Armadas deben tener financiamiento plurianual. Todos estamos convencidos de eso y no queremos cambiar cañones por mantequilla. Queremos que las Fuerzas Armadas tengan su presupuesto; nadie discute ese tema ni menos la rebaja del gasto militar por la vía de terminar con la ley reservada del cobre. Estamos diciendo que no hay ninguna empresa que pueda vivir y armonizar su política de inversiones, si el 10 por ciento de sus ventas se asigna a un gasto fijo, como el financiamiento del gasto militar y de las Fuerzas Armadas, cuestión que, además, genera complejidades desde el punto de vista de la presencia internacional de la empresa, porque cada vez que Codelco hace negocios en el exterior, todo el mundo tiene claro que una parte de sus ventas están destinadas al gasto militar. Eso, sin duda, es una complejidad de la cual debemos desembarazarla. Todos en la Comisión tenemos claro, también los parlamentarios que fuimos a conversar con el ministro de Defensa Nacional, que debe haber un financiamiento plurianual y que los 1.500 millones de dólares a los cuales ascenderán los montos devengados por la ley reservada del cobre este año, deberían utilizarse para capitalizar a la empresa, de forma tal que pueda crecer de manera significativa. En tercer lugar, hemos leído y escuchado opiniones de expertos, que respeto, de diversas posiciones, en orden a que el tema de los costos, eficiencia y transparencia de Codelco podría resolverse sobre la base de que se transformara en una sociedad anónima abierta y que abriera todo o una parte de su capital a la bolsa. Al respecto, quiero manifestar que, por lo menos en el Partido por la Democracia no existe posibilidad alguna de que Codelco pueda abrirse a la bolsa, pues estima que debe ser ciento por ciento estatal. Por eso, expresamos que incluso el mineral Gabriela Mistral, que es de reposición respecto de la mina Chuquicamata, debe ser explotado en un ciento por ciento por el Estado. (Aplausos en las tribunas) No es conveniente que Codelco se transforme en una sociedad anónima abierta. Tampoco es necesario que sea fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, como ocurre con las sociedades anónimas, puesto que Codelco emite bonos y eso puede realizarse sin que se abra a la bolsa. No creemos indispensable que Codelco para capitalizar requiera el 10 ó 15 por ciento de recursos privados, como lo han propuesto algunos expertos que están pensando en una empresa mixta. Al allegar recursos privados en esa dimensión, se visualiza una empresa que deja de ser estatal, lo que ocurriría en forma paulatina. De manera categórica, sostengo que no somos partidarios de eso, pues no es la manera de capitalizar. Codelco tiene recursos para ello -los que actualmente se entregan a las Fuerzas Armadas- y para elevar su producción, que es uno de los mecanismos que debemos emplear para bajar costos, de modo que en el futuro produzca no sólo el 33 por ciento del cobre, sino que cumpla la meta de llegar al 50 por ciento, lo cual se puede lograr con la capitalización de sus propios recursos. El foco crítico se ha puesto en la productividad. Ese tema debe ser estudiado por los ejecutivos de Codelco y las autoridades económicas del país. En la Comisión se analizó profundamente la productividad en el sector minero en general y, particularmente, en Codelco. También es relevante profundizar el debate, más allá de lo que hizo la Comisión, sobre los mecanismos de control y fiscalización. Somos partidarios de que Codelco sea fiscalizada. Sin embargo, debemos buscar una relación de mayor normalidad para el cumplimiento de esa tarea. No puede ser que sea inspeccionada por veinte organismos y que cada uno le pida cosas distintas, lo que, en el fondo, la hace funcionar como una empresa muy diferente al resto de la industria minera. Eso le quita competitividad, eficiencia e inhibe la acción de los ejecutivos. Por tanto, no somos partidarios de que exista este exceso de fiscalización, sino de que haya un directorio corporativo que responda, incluso con su patrimonio, de la conducción de la empresa. Tampoco es obligatorio que lo integren los ministros. Pero, conjuntamente con la fiscalización que realiza la Cámara de Diputados, deben acotarse los organismos responsables de esa función. Por tanto, a un día de celebrar de nuevo la nacionalización del cobre, reafirmo mi oposición a cualquier tipo de privatización de Codelco. Lo digo, porque en las tribunas se encuentran varios de los altos exponentes de los intelectuales que opinaron sobre este tema y algunos son muy amigos míos. Les expreso que en este Congreso Nacional no hay ni habrá votos en favor de esa idea lesiva al patrimonio nacional. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, la Comisión trabajó en forma muy seria y responsable y su informe final fue aprobado por unanimidad. Asimismo, quiero destacar el trabajo de su presidente, diputado Jorge Insunza, y del resto de sus miembros. Ahora, voy a dar a conocer la opinión de los dos miembros de la Comisión del Partido Socialista, diputados Sergio Aguiló y de quien les habla, sobre el tema de Codelco. En general, el ánimo de la Comisión queda reflejado en las Conclusiones del informe. A saber, el gobierno corporativo, el sistema de inversiones, la productividad y los mecanismos de control. Asimismo, los problemas medulares de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco. También son importantes las recomendaciones para mejorar la gestión, el control y la transparencia en una empresa tan importante como Codelco. Es necesario ratificar el rol insustituible de esta empresa en la estrategia de desarrollo nacional y su carácter histórico, que surge de la nacionalización del cobre el 11 de julio de 1971. Codelco ha sido capaz de generar excedentes por más de 22 mil millones de dólares en los últimos tres años para financiar las políticas sociales del Estado. Además, de ser una empresa estatal, agrega un plus al desarrollo nacional. Con mucho énfasis, quiero expresar que cada vez que enfrenta un problema, surgen las voces que señalan que la única solución es privatizar parte de su capital. ¿Qué habría pasado en el país si le hubiésemos hecho caso a algunos postulantes a la Primera Magistratura que hace cinco o seis años atrás sostenían que Codelco valía 5 mil millones, 8 mil millones ó 12 mil millones de dólares? ¿Qué habría pasado con esos 22 mil millones de dólares que ha entregado al país en los últimos tres años? Ésa es la gran incógnita. De ahí debería surgir un compromiso de todas las fuerzas políticas y de los candidatos presidenciales para que Codelco siga siendo estatal y la principal empresa nacional. Pese a algunos problemas operacionales, se ha mantenido como una de las principales empresas de cobre del mundo. Durante los últimos quince años ha entregado alrededor del 11 y 15 por ciento de la producción mundial. Debemos valorar la compleja red de generación de valor agregado de Codelco, como las refinerías, molibdeno, plantas de concentrados, fundiciones, posición expectante en el mercado del cobre y todo lo que signifique el desarrollo y la innovación en materia metalúrgica y cuprífera. Esto no quiere decir que no haya problemas en Codelco. Pero debemos buscar dónde se generan y cuáles son las principales causas que impiden que se desarrolle como una empresa dinámica en un mercado global. A mi juicio, hay un montón de factores que obstaculizan su desarrollo real, entre otros, los indicados por muchos señores diputados, que tienen que ver con su falta de capitalización y la ley reservada del cobre, que es una verdadera mochila que le dificulta una buena gestión en los mercados internacionales. Entendemos que hay que abordar tales problemas en esa perspectiva. Pero muchas veces las cosas se olvidan. Según lo planteado por especialistas, habría que privatizar una parte de Codelco y así se solucionaría el problema. Aquí no se advierten los problemas de fondo, ni se analiza el liderazgo. Se separa la producción de cobre y de molibdeno, hacemos una serie de figuras desde el punto de vista contable, pero finalmente no se va al fondo del problema. Codelco tiene un conjunto de factores que señalan y proyectan su liderazgo. Eso es lo que debemos fortalecer concretando las conclusiones de esta Comisión. El nivel de deuda de Codelco, comparado con el de otras empresas, es mucho más bajo: 1,1 dólar por dólar generado; en cambio, algunas tienen 2 dólares de deuda. La clasificación de riesgo de Codelco es muy positiva respecto de otras empresas mineras. En ese contexto, el informe es muy serio y señala un camino seguro para modernizar Codelco y mantenerla en su carácter estatal. Los diputados del Partido Socialista queremos que continúe en tal carácter, se modernice y sea competitivo. Hay un desafío de crecimiento tendiente a asegurar el éxito del programa de inversiones y de sus proyectos estructurales en cuanto a oportunidad, calidad y costos competitivos. Sin embargo, tenemos un problema muy serio, ya que cualquier proyecto de inversión de Codelco debe pasar por el Ministerio de Hacienda, el cual sin saber nada de minería muchas veces decide cuáles son los proyectos que debemos aprobar, e incluso, en otros casos, Mideplan o Cochilco, institución que debe fiscalizar. Pero, ¿qué saben algunos sectorialistas de Hacienda sobre las empresas mineras? Probablemente, muchas veces hubo interés en resguardar los fondos estatales y públicos de la empresa, que ha sido capaz de entregar una gran cantidad de millones de dólares para el desarrollo social de Chile e invertirlos en vivienda, salud, educación o en tantos otros aspectos. Por eso, el desafío del crecimiento debe enfrentarse para destrabar todos los impedimentos existentes. También hay desafíos tecnológicos, de control y para probar un nuevo modelo institucional o de gobierno corporativo, lo que todos han señalado como solución. En definitiva, es posible y necesario que Codelco se convierta en una empresa estatal, moderna y competitiva y que se terminen todos los intereses voraces de privatizarla, lo que por ningún motivo se debe hacer, porque es el corazón de la producción y del desarrollo para Chile. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Sule. El señor SULE.- Señor Presidente, en primer lugar, con absoluta claridad los diputados radicales reafirmamos categóricamente que la estructura de propiedad de Codelco debe seguir siendo ciento por ciento estatal. Por ello, haremos todos los esfuerzos necesarios para que la mina Gabriela Mistral siga siendo de Chile, lo que, a la luz de los antecedentes, es posible que podamos lograr. Agradezco al diputado señor Espinosa que haya permitido dirigirme a ustedes, porque él nos representó en la Comisión Investigadora de Codelco. Quiero destacar los principales aspectos de las reformas que es necesario hacer en Codelco. En primer lugar, modificar su institucionalidad, ya que la actual es anticuada y limitante y no le reconoce su carácter de empresa estratégica que compite en los mercados globales. Tenemos la convicción de que es urgente modificar su institucionalidad para lograr estándares modernos y competitivos. Dada la importancia estratégica de Codelco, ese cambio debe estar impulsado por un consenso nacional auténtico que involucre a todos los estamentos de nuestra sociedad. En ese sentido, solicitaremos al Ejecutivo perfeccionar y calificar la urgencia del proyecto de ley actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, además de destacar la reforma a su sistema de inversiones, que nos parece fundamental, se necesita mejorar fuertemente el sistema de inversiones y el retiro de utilidades, cuidando el equilibrio entre su potencial de inversión, su crecimiento y, sobre todo, su aporte al financiamiento del presupuesto público. Cabe destacar que se exige la eliminación definitiva de la ley reservada del cobre, que afecta su disposición de recursos frescos y constituye una obstrucción obvia para su internacionalización. Además, celebramos que el Ejecutivo tenga la disposición para hacerlo y esperamos que sea lo más pronto posible. En tercer lugar, debemos mejorar la productividad. Este tema es fundamental para mantener o reducir los costos de producción de Codelco. En cuarto lugar, la modificación de sus mecanismos de control, ya que la empresa carece de un sistema adecuado. El actual modelo es insuficiente en comparación con los estándares de una empresa moderna. Por lo tanto, su directorio, que también estará integrado por algunos directores independientes, con seguridad nos ayudará a mejorar su transparencia y su nivel de auditoría interna. Me parece fundamental que el informe que la Comisión Investigadora sobre los Costos de Codelco ha colocado a disposición de la Sala nos servirá como base para las transformaciones que debe encarar la empresa de cobre más grande del mundo. Tenemos la primera responsabilidad de crear un nuevo consenso que facilite la tramitación del proyecto sobre gobierno corporativo. Pero eso sólo será el comienzo. Cumplida la primera fase, habrá que definir -como señala el informe- la visión histórica de país, qué tipo de Codelco queremos, es decir, cómo y cuándo explotar nuestras reservas; la internacionalización de la empresa o si vamos a entrar en serio en la ola de fusiones y adquisiciones que domina el mercado minero en la actualidad. Este desafío es enorme y requiere de mucho liderazgo en una empresa minera global. En ese camino, mi convicción es que Codelco cuenta con una fuerza sindical fuerte y potente que cuida el futuro de la empresa. Eso creará una base esencial para el impulso del cambio necesario. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, he escuchado algunos discursos que sostienen que algunos quieren privatizar Codelco. Nosotros estamos lejos de esa discusión o, al menos, yo lo estoy. Como integrante de la Comisión que investigó el aumento de costos en las operaciones de Codelco, debo decir que terminé frustrado porque las conclusiones son buenas intenciones para fortalecer la transparencia en los actos de Codelco. En la industria minera chilena el costo promedio de producción de una libra de cobre es de aproximadamente 90 centavos de dólar. Imagino que ese valor considera el alza de los precios de los combustibles y de energía a que se ha hecho alusión en intervenciones anteriores. Sin embargo, el costo de producción en Codelco es de 1,40 o dos dólares. Un ejecutivo de la empresa nos señaló que gran parte de ese costo se explica por el aumento de trabajadores. Planteé que deberíamos dejar el tema de los trabajadores a un lado y asumir el problema desde un punto de vista político y de país. En el momento en que abordamos el tema en la Comisión, la diferencia entre 90 centavos de dólar y 1,40 dólares se traducía en un mayor costo de producción para Codelco que fluctuaba entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, en circunstancias de que la contratación de mayor cantidad de trabajadores significaba un desembolso de 300 ó 400 millones de dólares. Descontada esa cantidad, ¿dónde quedó la diferencia? Una de las conclusiones a que llegó la Comisión investigadora señala que Codelco se amparó en una interpretación del artículo 9º de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, privando a la Comisión de información relevante para sus fines. Es decir, no tuvimos acceso ni siquiera a los listados de los contratos a honorarios y de asesorías. ¿De qué conclusiones estamos hablando? Atendido lo anterior, encuentro razón a quienes hablan en contra del Congreso y del establishment político. En lo personal, he quedado insatisfecho con las conclusiones a las que arribó la Comisión. Por otro lado, se afirma que es necesario cambiar el gobierno corporativo. ¡Se trata sólo de intenciones! Me hubiese gustado que se concluyera con una ley que abordara ese tema y no sólo con intenciones de llevarlo adelante. Si uno suma éste y otros temas se puede apreciar por qué me siento frustrado como integrante de la Comisión. Se recomienda impulsar un proyecto de ley que tenga por objeto amparar y proteger al trabajador de una empresa pública o estatal que detecte y denuncie, fundadamente, irregularidades al interior de dichas instituciones, en los mismos términos que establece la ley de probidad. Pues bien, tuvimos oportunidad de contactarnos con un supervisor de Codelco -hoy se encuentra en las tribunas- que efectuó determinadas denuncias. Sin embargo, por querer ir a la Comisión lo echaron de la empresa. Lógicamente, no comparto ese tipo de acciones. Como integrante de la Comisión no concurrí con mi firma para aprobar las conclusiones del informe; sin embargo, aparecen ratificadas por unanimidad. Quiero ser muy claro en esta materia: no quedé conforme con muchos temas abordados en la Comisión. Repito: las autoridades de Codelco no lograron explicar dónde están los 1.000 ó 1.500 millones de dólares de costo adicional surgidos de la diferencia entre el costo de producción de Codelco y el costo promedio de la minería nacional, descontado el aumento por concepto de contratación de trabajadores. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están las listas de asesorías? ¿Dónde están las listas de contratos de honorarios? ¿Dónde están las listas de contratos? Para no entregar esa información, se ampararon en la privacidad para no poner en peligro a Codelco. Si era necesario tratar algún asunto privado, perfectamente se podría haber solicitado sesión secreta. ¡Basta de ampararse en subterfugios que entrega la ley o el Reglamento, pues se trata de acciones que no colaboran en nada a la transparencia con que deberían tratarse los temas de Codelco! He dicho. -Aplausos. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo que resta a Renovación Nacional, tiene la palabra la señora Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, agradezco al Comité Renovación Nacional el tiempo que me ha cedido. Felicito a la Comisión por el trabajo efectuado. A diferencia de lo señalado por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, estimo que se trabajó en forma seria y rigurosa. Estamos cerca del 11 de julio, día de la Dignidad Nacional, fecha propicia para reiterar que Codelco es y será una empresa estratégica para Chile. Desde 1971, Codelco ha aportado más de 50 mil millones de dólares al país. Gracias a ello, hoy es posible llevar adelante una reforma previsional y proyectos sociales directamente focalizados en sectores de menores recursos. Es cierto que el buen precio del cobre nos ha acompañado, pero también es necesario reconocer que hubo un Presidente que tuvo la visión de nacionalizar el cobre. Por eso, hoy más que nunca, reitero la importancia estratégica del cobre para Chile. Es necesario derogar la ley reservada del cobre, razón por la cual ya sostuvimos una reunión con el ministro de Minería. Además, se creó la bancada del cobre, cuyo objetivo es defender ese preciado bien, elemento sustantivo para el desarrollo nacional. Para la bancada que represento, Codelco debe continuar siendo una empresa pública. Sin embargo, es necesario modernizarla a fin de que compita en las mejores condiciones en el mercado. Nuestra bancada jamás entregará sus votos para transformar a Codelco en una sociedad anónima abierta. Con todo, debemos dotarla de herramientas para que continúe produciendo y entregue los recursos necesarios para invertirlos en programas de protección social. Hay conciencia de la importancia estratégica de Codelco. Si hacemos un esfuerzo, esta idea puede llegar a ser transversal. Tanto los ejecutivos como los trabajadores de Codelco tienen la madurez para mejorar su rendimiento y, por sobre todo, proyectarla como una empresa estratégica. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, hoy culmina el proceso llevado adelante por la Comisión investigadora de Codelco, abocada a recabar antecedentes de los costos relacionados con la empresa más importante de Chile. La Comisión logró algunos de sus propósitos. Sus conclusiones son acertadas, serias y documentadas, pero no es posible afirmar que ha sido plenamente exitosa en su cometido. Lo digo porque de las cuatro materias que la Sala le encomendó investigar, sólo se abocó a tres de ellas, pues la empresa -lo señaló el diputado señor Hernández- se negó sistemáticamente a entregar los antecedentes solicitados en el proyecto de acuerdo que dio origen a la Comisión Investigadora. Las denuncias de coimas, irregularidades e ilícitos recibidas en la Comisión fueron entregadas a la Contraloría General de la República, a fin de que ese órgano y el Consejo de Defensa del Estado investiguen lo sucedido. Con todo, también quiero rescatar lo positivo del trabajo realizado; sin embargo, no soy optimista respecto de las conclusiones a que arribó la Comisión. Por ejemplo, se llegó a la convicción de que es urgente modificar la institucionalidad de Codelco, pues ya no le sirve al país. La empresa ha dejado de ser competitiva. Cada día que pasa sin que se tomen medidas para cambiar el gobierno corporativo significa perder recursos para el desarrollo económico y social del país. En segundo lugar, quedó absolutamente establecido en las conclusiones el fracaso de las inversiones en Codelco. Lo que se pretendió, con miles de millones de dólares, fue aumentar la producción y bajar los costos. ¿Qué ocurrió? Bajó la producción -o siguió igual- y aumentaron los costos. Es decir, en general, las inversiones que se proyectaron fueron un fracaso absoluto y, hoy, Codelco está produciendo quinientas mil toneladas menos de cobre, a pesar del compromiso de los gobiernos de la Concertación con el país. En tercer lugar, se habla de productividad. Justamente, una de las conclusiones es establecer mecanismos de incentivo a la productividad al interior de la empresa, como en cualquiera otra, los cuales no existen en la actualidad, para que tengamos trabajadores capacitados, contentos y con equidad; no sólo trabajadores de planta, con mejor estándar, sino también contratistas que tienen todo el derecho, como cualquier otro chileno, a desempeñarse en buenas condiciones laborales en una empresa del Estado. Además, respecto de los mecanismos de control, la Comisión investigadora dice que Codelco carece de un adecuado sistema tanto interno como externo. La conclusión de la Comisión es que Cochilco debe ser rediseñada, pues no está cumpliendo con su rol y, por lo tanto, da la impresión que Codelco es una empresa que se manda sola, que está sin control y que parece una república independiente en el país, en circunstancias de que pertenece a todos los chilenos. Por eso, es muy importante lo que se acuerde respecto a ese punto. Por último, en relación con las medidas que se proponen, es fundamental amparar o proteger a los trabajadores que denuncien. En el Congreso aprobamos una ley que protege al denunciante al interior de los servicios públicos; pero el gobierno todavía no ingresa la materia a que se comprometió para proteger al trabajador que denuncie irregularidades e ilícitos al interior de empresas del Estado. Hasta hoy ha habido cero preocupación en ese sentido y, como bien dijo el diputado Hernández, en las tribunas está presente un supervisor que fue echado por haber solicitado declarar en la Comisión Investigadora de Codelco para hacer denuncias. En todo caso, les informo que dichas denuncias ya están donde corresponde para ser investigadas, por cuanto Codelco hasta ahora no nos ha dado ninguna explicación al respecto. También es importante fortalecer la transparencia. Codelco debe ser la empresa más transparente del país, porque le pertenece a todos. Sin duda -y lo digo responsablemente-, ha existido una sistemática protección de parlamentarios de la Concertación para que no se entreguen los antecedentes a la Comisión y a la Sala respecto de muchos asuntos que fueron requeridos. Codelco no informó sobre ninguna de las asesorías. Queríamos verlas. Quizás algún día podremos. Porque hay partidos que por intermedio de centros de estudio reciben dinero todos los meses para mantener sus gastos fijos. Existen también relaciones incompatibles. A las empresas de uno de los tres ejecutivos más importantes de Codelco se le asignaron miles de millones de pesos justamente después de que ingresó, hace un par de años. Estas situaciones deben ser superadas; no pueden seguir así. Por eso, es fundamental la prohibición absoluta de negocios de personas relacionadas con ejecutivos de la empresa. En esto debe haber absoluta transparencia, porque un ejecutivo que ha estado en los mejores cargos, después lo vemos en una empresa contratista. ¿Se crean relaciones con las personas que quedan en la empresa? Así es. Eso ocurre. Y cuando uno ve los problemas de los contratistas, obviamente se advierte que se pateó la mesa para judicializar todo, porque lo que les interesaba a muchos de estos ejecutivos era mantener su negocio al interior y al exterior de la empresa. Por eso, el análisis o el trabajo que realizó la Comisión investigadora va en el sentido correcto. Es urgente el cambio de gobierno corporativo para que esta empresa sea transparente, eficiente y, en definitiva, pertenezca a todos los chilenos y no a unos pocos que la dirigen. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos: El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación el informe de la Comisión investigadora de la empresa estatal Codelco, encargada de analizar todos los elementos que directa o indirectamente influyen en el proceso de producción, refinación, comercialización y distribución del cobre y sus derivados. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.-Votó por la negativa el diputado señor Hernández Hernández Javier. -Se abstuvieron los diputados señores: Ascencio Mansilla Gabriel; Díaz Del Río Eduardo; Olivares Zepeda Carlos; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.31 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante. VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea un subsidio nacional para el transporte remunerado de pasajeros. (boletín Nº 5849-15). Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio del Senado. “Valparaíso, 9 de julio de 2008. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, sobre operación de embalses frente a alertas y emergencias de crecidas, y otras medidas que indica, correspondiente al Boletín Nº 5081-15, con las siguientes modificaciones:Artículo 1º.- Lo ha sustituido, por el siguiente: “Artículo 1°.- La presente ley norma la operación de los embalses de control que, por su capacidad de regulación o por su cercanía a lugares habitados, permita, en casos de crecidas inminentes de caudales de agua, evitar o mitigar los riesgos para la vida, la salud o los bienes públicos y privados, junto con otros derechos y obligaciones que indica.”.Artículo 2º.-Letra c) La ha reemplazado, por la siguiente: “c) Embalse de control: es todo embalse que contribuya a la regulación de las crecidas, declarado como tal por la Dirección General de Aguas, en adelante DGA. Para calificarlo como de control, la DGA deberá considerar, entre otras características, el volumen de regula-ción del respectivo embalse y la localización de éste respecto de la cuenca hidrográfica, y que aquél permita regular las crecidas de los caudales de agua, con el objetivo de evitar o mitigar las situaciones de peligro para la vida, la salud o los bienes de la población.”.Letra f) -Ha intercalado, a continuación de la expresión “autorizadas por la DGA,”, la frase “las que deberán velar, entre otras, por la seguridad de las presas y buenas prácticas, tanto en la ingeniería de las obras civiles como en su operación,”, y agregado la siguiente oración final: “El mencionado Manual de Operación deberá contener un Plan de Contingencia de Crecidas.”. -Ha incorporado el siguiente párrafo segundo, nuevo: “En los casos en que se trate de un embalse de control de generación hidroeléctrica, se requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional de Energía, la que deberá ser emitida por ésta dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha en que reciba la solicitud. Dicha opinión no será vinculante para los efectos de la aprobación del Manual de Operación.”.Letra g) La ha suprimido.Letra h) Ha pasado a ser letra g), sin enmiendas.Letra i) Ha pasado a ser letra h), eliminándose la frase “, que estarán comprendidos en el respectivo Manual de Operación”.Letra j) Ha pasado a ser letra i), sin enmiendas.Artículo 3º.- -En su inciso primero, ha sustituido la expresión “10 días” por “30 días”. -Ha reemplazado su inciso segundo, por el siguiente: “Una vez registrado un embalse y su operador en el Inventario Público de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas calificará en el plazo de 30 días, mediante resolución, si corresponde a un embalse de control, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, letra c).”.Artículo 4º.- -En su inciso primero, ha reemplazado la frase “Dichos sistemas deberán, a lo menos, medir caudales y niveles de cotas, realizar pronósticos de caudales y generar sistemas normalizados de avisos y alertas;” por “Asimismo deberán, a lo menos, medir caudales y niveles de cotas y generar sistemas de información que permitan a la autoridad respectiva adoptar las medidas contempladas en los artículos 8° y siguientes,”. -Ha sustituido su inciso segundo, por el siguiente: “En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el inciso anterior, la DGA denunciará la infracción ante el juez de letras respectivo, quien deberá requerir el cumplimiento dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación, bajo apercibimiento de imponer multa a beneficio fiscal por un monto de 50 hasta 500 unidades tributarias anuales. En caso de reincidencia, el juez reiterará el apremio, tantas veces como sea necesario, hasta que se dé pleno cumplimiento a la resolución referida en el inciso precedente.”. -Ha incorporado un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor: “Para los efectos de lo señalado en el inciso primero de este artículo, el operador deberá instalar los referidos sistemas dentro del plazo de 60 días contados desde la notificación de la resolución que califica el embalse de control.”.Artículo 6º.- Ha reemplazado su inciso segundo, por los siguientes: “El reglamento establecerá el contenido del Manual de Operación, el cual, considerando la seguridad del embalse y las restricciones constructivas propias de éste, deberá tomar en cuenta los impactos de generación, riesgo y control de crecidas. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, dicho manual y su plan de contingencia de crecidas, considerará en su contenido: a) Un hidrograma de crecida pluvial afluente al embalse; b) La programación de evacuación anticipada desde el embalse para disponer del volumen de regulación que permita atenuar la crecida del o de los afluentes. Dicho programa deberá considerar las diferentes condiciones de volumen inicial del embalse, como las distintas alternativas para el inicio del proceso de evacuación de caudales, es decir, la antelación respecto del ingreso de la crecida al embalse; c) El tránsito de hidrograma de crecida y estado final del embalse, considerando proporcionar la información de caudal afluente, el nivel del embalse, el caudal descargado y vertido desde el embalse a nivel horario, y d) Un análisis para situaciones de retorno de 100, 150, 200, 250 y 300 años y el tiempo de antelación, que deberá considerar desfases de 6, 12, 24 y 48 horas.”.-o- Ha incorporado el siguiente artículo 6º bis.-, nuevo: “Artículo 6º bis.- Las resoluciones que se dicten de conformidad con los artículos 3º y 6º, podrán ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación consagrados en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas, respectivamente. La sola interposición del recurso de reconsideración suspenderá los efectos de la resolución administrativa impugnada.”.-o-Artículo 8º.- Ha intercalado, a continuación de la expresión “estado de alerta de crecidas,”, la frase “de conformidad a sus facultades y competencias,”, y, a continuación de “zona geográfica del país”, las palabras “o área administrativa respectiva”.Artículo 9º.- Ha consignado con minúscula inicial la palabra “Reglamento”, e intercalado, a continuación de la misma, la frase “, sin perjuicio de las acciones de comunicación establecidas en el Plan Nacional de Protección Civil”.Artículo 11.- Lo ha sustituido, por el siguiente: “Artículo 11.- Si la crecida efectivamente producida fuere menor a la pronosticada, y producto del cumplimiento de las nuevas medidas dispuestas por la DGA, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 10, el embalse no recuperare el nivel de aguas que tenía antes de la aplicación de tales medidas, por haber evacuado aguas, en circunstancias que estaba en condiciones de conservarlas, el Fisco deberá indemnizar al operador, siempre que éste probare un daño o perjuicio efectivo y avaluable en dinero. La procedencia y el monto de dicha indemnización serán establecidos de común acuerdo por las partes, y a falta de éste, por un árbitro de derecho con facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, designado por las partes de común acuerdo o, en caso de no producirse tal acuerdo, por la justicia ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el Título IX del Código Orgánico de Tribunales. Si el propósito principal del embalse es la generación de energía eléctrica, la avaluación del daño se determinará calculando la diferencia entre el resultado económico que se produce por la operación del embalse, como consecuencia de la aplicación de las nuevas medidas, y el resultado económico que se hubiera producido por la operación del embalse si hubiere estado en condiciones de conservar las aguas que se ordenó evacuar. En el caso contemplado en el inciso precedente, el monto de la indemnización será establecido de común acuerdo por las partes, y a falta de éste, por el Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos, de existir acuerdo en ello. De lo contrario, el monto de la indemnización será establecido por un árbitro de derecho con facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, designado por las partes de común acuerdo o, en caso de no producirse, por la justicia ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el Título IX del Código Orgánico de Tribunales. Dentro de los 60 días siguientes a la aplicación de las medidas adicionales indicadas en el inciso anterior, que hubieren producido el resultado también señalado en dicho inciso y siempre en carácter previo al acuerdo de las partes o al sometimiento de la determinación del monto de indemnización a una de las instancias antes referidas, deberá existir sobre la materia un informe de la Dirección de Operaciones del CDEC respectivo. En el caso del panel de expertos, su dictamen deberá optar por la alternativa del operador o de la DGA, sin que pueda adoptar valores intermedios. Será vinculante para todos los que participen en el procedimiento respectivo y no procederá ninguna clase de recursos jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.”.Artículo 12.- Ha reemplazado la frase “desde 200 hasta 10.000 unidades tributarias anuales” por “desde 200 a 2.000 unidades tributarias anuales.”.Artículo 14.- -Ha reemplazado su inciso segundo, por el siguiente: “Se presumirá el incumplimiento de las normas e instrucciones a que se refiere el inciso anterior, con el solo informe fundado emitido por la Dirección General de Aguas que así lo declare, a requerimiento del tribunal respectivo.”. -Ha suprimido su inciso tercero.Artículo 17.- Ha sustituido la segunda oración por la siguiente: “En caso de incumplimiento, dicha autoridad lo denunciará ante el juez de letras competente, quien impondrá una multa a beneficio fiscal, desde 200 a 2.000 unidades tributarias anuales, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 13 y el período de tiempo durante el cual se hubieren infringido la o las normas respectivas.”.-o- Ha consultado el siguiente artículo 21, nuevo: “Artículo 21.- Intercálase, en el inciso segundo del artículo 172 del Código de Aguas, a continuación del vocablo “Dirección”, las siguientes frases: “le impondrá una multa mínima de 100 y máxima de 1.000 unidades tributarias anuales, según fuere la magnitud del entorpecimiento ocasionado al libre escurrimiento de las aguas o el peligro para la vida o salud de los habitantes, y”.”.-o-ARTÍCULO TRANSITORIO Ha suprimido este epígrafe.Artículo único transitorio.- Ha eliminado la palabra “único”, y sustituido la frase “publicación de esta ley” por “publicación del reglamento de esta ley”.-o- Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 22 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, y, en particular -sus artículos 4°, 11, 12, 13, 15, 16 y 17-, con el voto afirmativo de 22 señores senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.089, de 6 de noviembre de 2007. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.3. Oficio del Senado. “Valparaíso, 9 de julio de 2008. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, y suscrito por Chile el 10 de septiembre de 2001, correspondiente al Boletín Nº 4.733-10. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.210, de 2 de enero de 2008. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.4. Oficio del Senado. “Valparaíso, 9 de julio de 2008. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte”, adoptado por la Asamblea General de la ONU, el 15 de diciembre de 1989, correspondiente al Boletín Nº 4.732-10. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.209, de 2 de enero de 2008. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS; Secretario General del Senado”.5. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Arenas, Cardemil, Correa, Egaña, Estay, Kast, Lobos y Salaberry. Modifica la ley N° 19.925 en lo relativo a menores sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública”. (boletín N° 5968-11)ANTECEDENTES GENERALES. El 19 de enero del año 2004 fue promulgada la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que actualizó nuestra legislación ese esta materia, adecuándola a los nuevos estilos de vida y patrones de consumo de los chilenos. La nueva Ley introdujo cambios importantes en materia de prevención del consumo entre los adolescentes, estableciendo la obligación de impartir programas para estimular hábitos de vida saludables en todos los establecimientos de educación, desde la educación parvularia; prohibiendo el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad en cualquier establecimiento, el ingreso de menores de 18 años a los bares, tabernas y cabarets, y el ingreso de menores de 16 años a los salones de baile (discotecas). Sin embargo, la aplicación de la norma en estos dos años y medio demuestra que es necesario hacer algunas adecuaciones, que garanticen el conocimiento de la familia y su participación activa en la orientación de los adolescentes que incurren en ciertas conductas que arriesgan su seguridad y salud. La 58ª Asamblea Mundial de la Salud manifestó su alarma por la magnitud de los problemas de salud pública asociados al consumo nocivo de alcohol y las tendencias del consumo peligroso, en particular entre los jóvenes. En la novena sesión plenaria, que tuvo lugar el 25 de mayo de 2005, solicitó a los Estados Miembros, entre otros, que elaboren, apliquen y evalúen estrategias y programas eficaces para reducir las consecuencias sanitarias y sociales negativas del consumo nocivo de alcohol. La situación más grave respecto del consumo excesivo tiene lugar entre los adolescentes y jóvenes. Chile es el país con el mayor índice de América Latina en materia de consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes, superando incluso a los Estados Unidos. Todos los expertos han concluido que el alcohol es la principal puerta de entrada a las drogas y el 90% de los jóvenes calificados como bebedores problema están al mismo tiempo consumiendo algún estupefaciente. El VI Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2005, realizado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) y aplicado a cerca de 60 mil estudiantes de octavo básico a cuarto medio de 1.475 colegios de todo el país, acusó el aumento de la prevalencia mensual de consumó de alcohol entre los alumnos de primero a cuarto medio, respecto de la medición anterior. Los medios de comunicación han dado cuenta, insistentemente, de la magnitud que ha alcanzado este problema y de la relación que existe entre consumo de bebidas alcohólicas entre los menores, con el consumo de drogas ilícitas, violencia, delincuencia, abuso sexual, entre otros.CAMBIOS PROPUESTOS POR EL PROYECTO 1. Modificar las disposiciones en el caso de menores de 18 años sorprendidos en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas o circulando bajo los efectos del alcohol. Las normas adecuatorias a la Reforma Procesal (ley N° 19.806) despenalizaron el consumo de bebidas alcohólicas y la circulación bajo los efectos del alcohol en la vía pública. Con posterioridad a la entrada en vigencia de esas normas, fue publicada la ley N° 19.814 para sancionar esas conductas con el pago de una multa. Respecto de los menores de dieciocho años que sean sorprendidos consumiendo alcohol en la calle, la ley vigente dispone que ser conducidos por Carabineros hasta la unidad policial respectiva o su domicilio. Sólo si tal situación ocurriere más de tres veces en un año sus antecedentes serán enviados al Servicio Nacional de Menores. El procedimiento parece a todas luces insuficiente, pues no sólo no logrado disuadir a los menores, sino que el consumo de alcohol en la vía pública se ha masificado de forma alarmante en todas las comunas del país. Por tal razón se propone, primero, disponer una sanción a partir de la primera conducta del menor y, en segundo lugar, establecer la responsabilidad judicial para el padre o la madre y el hijo(a), en virtud de la responsabilidad que les cabe a los progenitores sobre los actos de sus hijos menores de edad, y la obligación de orientarlos “en todas las etapas de su vida”, como lo establece el artículo 236 del Código Civil. 2. Retrasarla entrega de licencia de conducir a los menores de 18 años que hayan sido sorprendidos en el último año consumiendo bebidas alcohólicas o circulando bajo los efectos del alcohol en la vía pública. El artículo 13 de la ley N° 18.290 establece como requisito a los postulantes a cualquier clase de licencia de conducir, acreditar mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas. Proponemos agregar a esta disposición, la condición de no haber sido sorprendido en las conductas descritas en los artículos 25 y 26 de la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Si bien esta nueva disposición tiene alcances tanto para los adultos como para quienes solicitan por primera vez una licencia de conducir, situación que mayoritariamente tiene lugar cuando recién se ha cumplido la mayoría de edad, tenemos fundadas razones para señalar que constituirá un desincentivo al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en el segmento adolescente y, asimismo, contribuirá a generar una cultura de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol. En los últimos 5 años, los accidentes de tránsito protagonizados por jóvenes entre 18 y 25 años que conducen bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad han tenido gran connotación pública. Los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol son la primera causa de muerte de los jóvenes chilenos. El año pasado fallecieron más de 400 jóvenes por esta razón.PROYECTO DE LEY Artículo primero: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas: 1) Reemplázace el artículo 28 de la ley Nº 19.925, sobre Expendió y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por el siguiente: “Artículo 28. Si un menor de dieciocho años de edad fuere sorprendido realizando alguna de las conductas prohibidas en los artículo 25, inciso primero, y 26, inciso primero, como medida de protección ser conducido por Carabineros al cuartel policial o a su domicilio.' En el cuartel policial, Carabineros adoptará las medidas necesarias para informar a su familia o a las personas que el menor indique acerca del lugar en el que se encuentra, o bien le otorgará las facilidades para que se comunique telefónicamente con alguna de ellas. Al devolver al menor a sus padres o a la persona encargada de su cuidado, Carabineros extenderá una citación al padre, madre o tutor y al menor, para que comparezcan ante el juez de policía local competente, quien podrá aplicar en contra de los mayores algunas de las sanciones dispuestas en el artículo 25; y, en contra del menor, la realización de las tareas descritas en el inciso sexto del mismo artículo, si fuera mayor de 14 años, y la concurrencia a alguno de los programas de prevención o rehabilitación señalados en el artículo 26, según corresponda.” 2) Agrégase el siguiente inciso 4° al artículo 28: “Los menores de dieciocho años sorprendidos incurriendo en las conductas descritas en los incisos primero de los artículos 25 y 26 no tendrán derecho a obtener licencia de conducir, de acuerdo al artículo 13 de la ley N° 18.290, hasta transcurridos doce meses desde la última detención. El juez de policía local correspondiente deberá enviar los antecedentes del menor al Registro Civil, para que sean incorporados al Registro de Conductores.”. Artículo segundo. Agrega el siguiente N° 5. , nuevo, al artículo 13, de la Ley N° 18.290 de Tránsito. “5. No haber sido sorprendido incurriendo en las conductas descritas en los incisos primero de los artículos 25 y 26 de la Ley N° 19.925 en los últimos 12 meses”.6. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Cristi, doña María Angélica y de los diputados señores Barros, Bauer, Cardemil, Correa, Fuentealba, Ulloa, Uriarte y Vargas. Sanciona el maltrato de palabra a Carabineros de Chile. (boletín N° 5969-02) “Que el artículo 417 del Código de Justicia Militar señala que: “El que amenazare en los términos de los artículos 296 y 297 del Código Penal a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, unidades o reparticiones, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”. Sin embargo, se trata de las mismas disposiciones que pueden aplicarse a cualquier tipo de sujetos. Así las cosas, la conducta relativa a insultos, improperios o expresiones que denoste o infiera injuria o calumnia a un funcionario público de Carabineros de Chile, hoy en día no tienen una sanción diferente a la de quien ostente la calidad de tal, toda vez que no se encuentra en el artículo antes en comento de una forma expresa que lo señale, y no designa una sanción diferente a la cual se le brindaría a otro tipos de personas. El maltrato de palabras se encuentra regulado, en consideración a la calidad de funcionario público, sólo por mencionar algunas instituciones, en el SII, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Salud, donde existen sanciones para las personas que cometan maltrato verbal con dichos funcionarios e, incluso, con la posibilidad de llamar a las fuerza publica, que en este caso es Carabineros de Chile; sin embargo, la Policía no cuenta con dicho resguardo. El delito en comento está contemplado en el Título II, Libro IV del Código de Justicia Militar, titulado Disposiciones Especiales Aplicables a Carabineros de Chile. Los primeros artículos de este título contemplan delitos en que pueden incurrir los funcionarios de Carabineros, para finalizar, los tres últimos, en figuras delictivas que protegen a estos funcionarios. Existe en nuestra normativa, que por una parte hay un cúmulo de disposiciones que regulan el comportamiento de los funcionarios policiales y que los sancionan penalmente cuando lo quebrantan y, por otra, como justo resguardo, el legislador ha dispuesto normas que los protegen y velan por su dignidad, como representantes del orden público, para el mejor cumplimiento de sus deberes de vigilancia, que la Constitución de la República y las leyes les asignan. Basta señalar que, por mandato prescrito en el artículo 90, inciso 3°, de la Carta Fundamental, Carabineros, al igual que Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Al radicarse las palabras ofensivas en un representante de una de las instituciones garantes de dichos valores ciudadanos, más aún, quien las recibió se encontraba en pleno cumplimiento de sus funciones, sin duda constituye un delito cuando existe una clara acción ofensiva en contra de un funcionario policial, representante del orden y la tranquilidad ciudadana. Que el debido entendimiento de esta norma constitucional indica que el bien jurídico lesionado por el ilícito no es otro que el orden y la tranquilidad en el territorio de la República, al radicarse las palabras ofensivas en un representante de una de las instituciones garantes de dichos valores ciudadanos, más aún si este se encuentra en pleno cumplimiento de sus funciones.PROYECTO DE LEY Artículo único: Agregase un nuevo artículo 417 bis al Código de Justicia Militar de la siguiente forma: 417 Bis: El que maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, sufrirá la pena de prisión en su grado mínimo más una multa de 3 UTM a beneficio fiscal.7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami, Valenzuela, Araya, De Urresti, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Sepúlveda, doña Alejandra. Introduce modificaciones a diversas disposiciones del Código Civil, consagrando el derecho de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, de administrar los bienes propios que adquiera a título de herencia, legado o donación”. (boletín N° 5970-18)I. CONSIDERACIONES PREVIAS. En nuestro país, en la primera década del siglo XXI, la anhelada igualdad entre los derechos de hombres y mujeres todavía no es absoluta. Debemos reconocer que mucho se ha avanzado en materia de promoción de políticas que abogan por terminar con la desigualdad de oportunidades, de remuneraciones y por proteger la integridad física y psíquica de las mujeres. Existe un área en que la ignorancia conspira con las disposiciones legales en contra de la mujer, conduciéndola a una situación de incapacidad de hecho que se traduce en la imposibilidad de administrar los bienes propios que la mujer adquiera por herencia, legado o donación. Es la situación que padece la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal. En las próximas líneas abordaremos del modo más didáctico posible la compleja estructura de la sociedad conyugal respecto de este punto. Llama la atención que el régimen patrimonial del matrimonio tenga una regulación tan compleja, en circunstancias que de hecho no son muchas las personas que entienden a cabalidad cómo funciona este régimen. Consecuencias del positivismo y de la aplicación del principio de seguridad jurídica, puede ser. Debemos reconocer que en materia de derecho civil esta es una las materias más fecundas en materia de doctrina y también de las más controversiales. Por eso nos centraremos en un punto específico, con absoluta conciencia de que existen propuestas que, por abarcar temas más generales, pueden tardar años en ver la luz.II. LA SITUACIÓN DE LOS BIENES PROPIOS DE LA MUJER CASADA EN SOCIEDAD CONYUGAL EN LO QUE RESPECTA A SUS BIENES PROPIOS. -Cabe señalar, en primer término, que la sociedad conyugal es el régimen legal supletorio vigente en Chile y operará siempre, a menos que los cónyuges manifiesten su voluntad en pactar otro régimen. -Para entender la sociedad conyugal hay que precisar que no es una sociedad ni una comunidad. Tampoco es una persona jurídica. Se trata de una institución de carácter especial que tiene diversas implicancias. -En primer lugar, al interior del matrimonio se distinguen claramente 3 patrimonios. Cada cónyuge tiene su patrimonio y existe el patrimonio social. Aquí podemos apreciar que la ley previene que el marido administra libremente sus bienes propios. La mujer en cambio se encuentra privada de la administración de sus propios bienes, conservando la titularidad sobre ellos. -Respecto de terceros, sólo existen dos patrimonios. Decimos esto, porque en la práctica se confunde el patrimonio social con el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer. -La mujer casada en sociedad conyugal, en el evento que ejerza profesión, oficio o industria separada de su marido se mirará como separada de bienes respecto de esa actividad y de los que de ella obtenga. Esta figura se conoce comúnmente como “patrimonio reservado de la mujer casada”. Cabe consignar que dentro de este patrimonio no se consideran los bienes que la mujer puede adquirir por herencia, legado o donación. -En torno a este último punto, corresponde consignar que, en la práctica, se plantean numerosas dificultades al celebrar actos de disposición sobre esta clase de bienes: se requiere la actuación del marido como administrador de la sociedad conyugal y la mujer, que es la dueña de los bienes, concurre al acto autorizando la celebración de dicho acto o contrato. En los hechos es el marido, administrador de la sociedad, el que toma la decisión, negocia, suscribe, percibe y gasta. Es, además, quien actúa ante la familia de su mujer administrando los intereses de ésta. -Algunos civilistas podrán sostener que existen numerosas disposiciones en el Código Civil que permiten sustraer estos bienes de la administración del marido. Por ejemplo, tenemos las capitulaciones matrimoniales o, en lenguaje común, contratos prenupciales. La realidad nos indica que no es de común ocurrencia la celebración de este contrato. Otro camino es hacer a la mujer una donación, herencia o legado con la condición precisa de que éstas no sean administradas por el marido. El problema en este caso es muy simple: en nuestro país no existe cultura de otorgar testamento. Además, una cláusula de este tipo pueden ocasionar una serie de conflictos familiares, por cuanto en el afán de proteger a la mujer se puede actuar en desmedro de la confianza que se tiene hacia el marido de ésta. -Creemos que cada cónyuge debe administrar y disponer libremente de los bienes propios adquiridos por sucesión por causa de muerte o por donación entre vivos. Con ello se descongestionarían notoriamente la celebración de actos y contratos que recaigan sobre esos bienes y cada cónyuge decidiría libremente que hacer con ese dinero y se ahorrarían conflictos que distancias al marido con la familia de su mujer. -Debemos recordar, finalmente, que en doctrina se ha sostenido que el régimen de sociedad conyugal protege a la mujer, especialmente a aquellas que pertenecen a los segmentos medios y bajos. También, para muchas parejas todavía la sociedad conyugal es un símbolo del compromiso de amor, de la voluntad de unir vidas y de confiar, hasta el punto de que aún en algunos círculos más conservadores casarse bajo otro régimen es visto como una señal de desconfianza y de falta de amorIII. CONTENIDO DEL PROYECTO. -El presente proyecto hace posible que la mujer administre parte de su patrimonio propio y que consiste en los bienes que adquiera por herencia, legado o donación. Los frutos de esos bienes no pertenecerán en caso alguno a la sociedad conyugal. Por tanto, la mujer podrá administrar y disponer libremente de estos bienes al igual lo hace el hombre hoy en día. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados, venimos en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: ARTÍCULO ÚNICO: a) Deróganse los artículos 166 y 167 del Código Civil. b) Sustitúyese el artículo 1724 del Código Civil por el siguiente: “Los frutos de las cosas donadas, heredadas o legadas a alguno de los cónyuges no pertenecerán, en caso alguno, a la sociedad conyugal” c) Agrégase al artículo 1725 número 2 del Código Civil, a continuación de la palabra “matrimonio” y antes del punto y coma, la siguiente expresión: “con la excepción prevista en el artículo anterior”. d) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1726 del Código Civil por el siguiente: “Lo previsto en el inciso anterior también se aplicará si el bien adquirido es mueble.” e) Introdúcense las siguientes al artículo 1749 del Código Civil: e-1) Agrégase en el inciso primero, a continuación de la expresión “mujer', fa siguiente expresión: “con la excepción de los bienes que haya adquirido o adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal por herencia, legado o donación.” e-2) Derógase el inciso tercero del artículo 1749 del Código Civil pasando los actuales incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser tercero, cuarto, quinto, sexto, y séptimo respectivamente” f) Agrégase el siguiente nuevo inciso segundo al artículo 1753 del Código Civil, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y final. “Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los frutos de los bienes propios de la mujer que ella adquiera por herencia, legado o donación.”8. Oficio de la Corte Suprema. “Oficio N° 98 Informe proyecto ley Nº 16-2008 Antecedente: Boletín N° 5906-07 Santiago, 30 de junio de 2008 Por Oficio N° 7488, de 10 de junio de 2008, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que crea 77 Juzgados de Policía Local en las comunas que indica. Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 20 de junio del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia Araneda Briones y señor Carlos Künsemüller Loebenfelder, y el suplente señor Julio Torres Allú, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las siguientes observaciones: El citado proyecto se inició por Mensaje de S.E. la Presidenta de la República mediante oficio de 12 de mayo pasado, a la H. Cámara de Diputados. La iniciativa legal consta de siete artículos permanentes y dos transitorios; su fundamento -además de la existencia de diferentes solicitudes y planteamientos que sobre la materia habrían formulado al Gobierno tanto municipalidades como autoridades regionales y diversos organismos locales y regionales- radica en el propósito de procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, preferentemente la que habita en zonas apartadas y para quienes resulta indispensable facilitar, particularmente en el ámbito local, el acceso a la justicia. 1. Antecedentes generales La ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, dispone que en aquellas comunas en que no existe el cargo de juez de policía local, las funciones correspondientes serán desempeñadas por los respectivos alcaldes. No obstante, la misma ley también establece diversas materias de competencia de estos tribunales que sólo pueden ser conocidas por jueces de policía local letrados, y, para el caso de las comunas que no cuentan con esta clase de jueces, las correspondientes causas deberán ser conocidas y resueltas por el Juzgado de Policía Local más inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó y que cuente con juez que sea abogado. De este modo, las personas interesadas o involucradas en tales causas quedan en la obligación de tener que trasladarse desde su comuna de residencia para comparecer ante el tribunal competente, debiendo soportar tanto el costo económico que ello implica como los tiempos necesarios para esos traslados. A lo anterior, cabe agregar que esta situación significa, además, un perjuicio para la municipalidad en cuyo respectivo territorio se cometió una infracción de aquellas sancionadas con multas, por cuanto percibirá finalmente un ingreso menor, atendido que el 20% del monto de la multa quedará en beneficio del municipio al cual pertenece el Juzgado de Policía Local que aplicó la sanción, conforme lo dispone la ley N° 18.287 que establece el Procedimiento ante Juzgados de Policía Local. Por otro lado, cabe agregar que existe un gran y diverso número de materias que hoy están entregadas al ámbito de competencia de los Juzgados de Policía Local, que corresponden a asuntos e infracciones derivados de distintos cuerpos legales, referidos, entre otros, a: tránsito y transporte público; rentas municipales; urbanismo y construcciones; decreto ley Nº 539, de 1974, sobre pago de dividendos de deudas habitacionales; ley Nº 19.496, sobre protección de los consumidores; decreto ley Nº 679, de 1974, sobre calificación cinematográfica; decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1978, del Ministerio de Minería, sobre comercialización de combustibles; decreto ley Nº 701 y Nº 2.565, sobre terrenos forestales; ley Nº 18.119, sobre servicio de agua potable y alcantarillado; ley Nº 18.348, sobre protección a los recursos naturales renovables; ley Nº 18.362, sobre áreas silvestres protegidas por el Estado; ley Nº 18.378, sobre conservación de tierras con riesgo de erosión; ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria; ley Nº 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios; etc. Además de lo anterior, debe considerarse que existe una variada gama de proyectos de ley en actual tramitación y que, de aprobarse, aumentarían la competencia de estos tribunales. En consecuencia, y de este solo punto de vista, esto es, la diversidad y especialidad de las materias sometidas a la competencia de los juzgados de policía local, exige que conozca de ellas un juez letrado, lo que desde ya hace que el proyecto sea positivo. 2. Contenido del Proyecto. En lo que se refiere a aspectos orgánicos, respecto de los cuales corresponde a la Corte Suprema emitir informe, el proyecto crea 77 nuevos Juzgados de Policía Local en todas aquellas comunas en que actualmente no cuentan con este tipo de tribunal dentro de sus territorios y en dos que ya cuentan con ellos. Los 75 nuevos tribunales se crean en los lugares que en el proyecto se señala; y los otros dos, en la comuna de Talca -que sería el Tercero de allí- ; y en Recoleta, que correspondería al Segundo de esa comuna. El proyecto adecua las respectivas plantas de personal de las municipalidades para incorporar, en cada uno de los municipios en que se crean nuevos juzgados de policía local, el cargo de juez de policía local, al cual le corresponderá el grado más alto de la respectiva planta de directivos; estableciendo, en todas ellas, la denominación del cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", el que por consiguiente deberá contar con dicho título profesional. 3. Conclusiones y opinión de este Tribunal Esta Corte estima adecuado informar favorablemente el proyecto en estudio, atendido que, según su parecer, se cumpliría con el propósito de acercar la justicia local a la gente que lo necesita, teniendo en cuenta, además, la variada e importante competencia que actualmente tienen y que se incrementa permanentemente, aliviando así la excesiva carga que tienen los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, estima que sería oportuno innovar, adecuando a la realidad actual, algunos aspectos regulados en la ley N° 15.231, como es el caso de los requisitos exigidos para ser juez de policía local y ahora secretario abogado del mismo, desde que ambos han de ejercer la jurisdicción. Al efecto, el artículo 3° de la citada ley exige que para ser juez de policía local -léase también secretario abogado- deben cumplirse las “calidades y requisitos necesarios para ser juez de letras de mayor cuantía de simple departamento”, lo cual nos remite al artículo 252 del Código Orgánico de Tribunales, en que actualmente se exige la habilitación consistente en aprobar el programa de formación que entrega la Academia Judicial, lo que lógicamente no sería exigible para el caso que se informa. Seguidamente, y para los efectos de financiar el proyecto -y que éste dispone habrá de ser de cargo del presupuesto de la respectiva municipalidad-, cabe recordar que ello acarrea serias dificultades al existir comunas remotas y sin recursos, que seguramente harían imposible concretar la instalación de los tribunales que se crean, motivo por el que sería conveniente que el legislador replantee el artículo 7° del proyecto, estableciendo fórmulas tendientes a resolver este grave inconveniente que produce desigualdades entre las comunas del país. Del mismo modo, y desde el punto de vista orgánico, cabe hacer presente que el proyecto que se informa, al contemplar a los jueces de policía local dentro de las plantas del personal directivo de las municipalidades (como, por lo demás, es la situación de los actuales jueces), se les somete a la estructura jerárquica municipal, es decir, a la dependencia directa del alcalde y con obligaciones ante el concejo, lo que importa de algún modo la pérdida de la independencia jurisdiccional, consagrada como principio en la Constitución Política de la República. Asimismo, esta situación conduce a reflexionar acerca de si la justicia de policía local y las variadas competencias que en la actualidad se atribuye legalmente a esos tribunales, dependientes de la administración municipal, resulta discordante con los principios constitucionales del debido proceso y de independencia judicial. Por lo anterior, tal vez sería conveniente revisar y alterar la antes aludida dependencia, insinuando que, además, debe estudiarse, entre otros aspectos, el límite de edad para cesar en las funciones de juez de policía local. Lo anterior es todo cuanto puedo informar. Saluda atentamente a V. S. (Fdo.): URBANO MARÍN VALLEJO, Presidente; BEATRIZ PEDRALS GARCÍA DE CORTÁZAR, Secretaria SuplenteAL SEÑORJUAN BUSTOS RAMÍREZPRESIDENTEH. CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSOPRESENTE”.9. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 3 de julio de 2008. Oficio Nº 2080Excelentísimoseñor Presidente: Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia de fecha 3 de julio del año en curso, dictada por el Tribunal Constitucional, recaída en el proyecto de ley remitido por el honorable Senado, que extiende la bonificación por retiro voluntario creada por la ley Nº 20.209, crea una bonificación adicional para el personal que indica e introduce modificaciones a la ley Nº 20.209 (boletín Nº 5922-05), Rol Nº 1150-08-CPR. Dios guarde a V.E. (Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL, Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, SecretarioAL EXCELENTÍSIMO PRESIDENTEDE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDON JUAN BUSTOS RAMÍREZPRESENTE”.