REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 356ªSesión 50ª, en miércoles 9 de julio de 2008(Especial, de 18.04 a 19.39 horas) Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan; y Ulloa Aguillón, don Jorge. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 4 II. Apertura de la sesión 7 III. Actas 7 IV. Cuenta 7 - Permiso constitucional 7 V. Objeto de la sesión. - Reforma tributaria con menor carga impositiva para los contribuyentes. Proyecto de acuerdo 8 VI. Documentos de la Cuenta. 1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto sobre “declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”. (boletín N° 5971-17) 29 2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que “modifica la ley N° 18.290, de tránsito, en lo relativo a la suspensión de la licencia de conducir de menores y a las categorías de licencias clase C)”. (boletín N° 5179-15) (S) 35 3. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recaído el proyecto, iniciado en moción, que “modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo referente a la publicidad de sus acuerdos”. (boletín N° 5824-16) 36 4. Moción de los diputados señores Ulloa, Ortiz, Chahuán, De Urresti, Egaña, Moreira, Ojeda, Quintana, Silber, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “propone incorporar a indemnizaciones cubiertas por el seguro automotriz obligatorio las operaciones de rescate, reanimación y traslado de víctimas de accidentes del tránsito efectuadas por los cuerpos de bomberos”. (boletín N° 5964-22) 39 VII. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicación: - Del diputado señor Vallespín quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 15 de julio en curso para dirigirse a Perú y Alemania. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (109)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aedo Ormeño, René RN III 5 Alinco Bustos, René PPD XI 59 Allende Bussi, Isabel PS RM 29Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro IND II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto RN X 53Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15 Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Briere, Guido PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13 Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Isasi Barbieri, Marta PAR I 2 Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5León Ramírez, Roberto PDC VII 36Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23 Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PRI III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván PS I 1Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16 Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban CH1 VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Asistió, además, el ministro de Hacienda, don Andrés Velasco. -En misión oficial estuvo ausente el diputado señor Iván Norambuena.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 18.04 horas. El señor BUSTOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor BUSTOS (Presidente).- El acta de la sesión 45ª se declara aprobada. El acta de la sesión 46ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor BUSTOS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para conceder el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Vallespín para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 15 de julio en curso, para dirigirse a Perú y Alemania? El señor BARROS.- No, señor Presidente. El señor BAUER.- No, señor Presidente; que se vote. El señor BUSTOS (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 1 abstención. El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Dittborn Cordua Julio; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Lobos Krause Juan; Paya Mira Darío; Rojas Molina Manuel; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo el diputado señor Ulloa Aguillón Jorge.-o- El señor ULLOA (Vicepresidente).- Informo a la Sala que la sesión especial que pretende “analizar la pertinencia y eficacia de la actual legislación para enfrentar situaciones irregulares como las que se han conocido en algunos municipios del país, y explorar las posibilidades de acercar posiciones, con el objeto de fortalecer las municipalidades como órganos del gobierno local”, fijada originalmente para el martes 15 de julio, ha sido cambiada para el martes 5 de agosto. Tiene la palabra el diputado señor Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, ¿cuál es la razón para posponer nuevamente esa sesión? El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señor diputado, se hizo a petición de los requirentes. Tiene la palabra el diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, lo que sucede es que algunos parlamentarios de regiones manifestaron que tienen dificultades para encontrar vuelos. Por lo tanto, de subsanarse ese problema, podría insistirse en convocar la sesión para el día señalado originalmente. V. OBJETO DE LA SESIÓNREFORMA TRIBUTARIA CON MENOR CARGA IMPOSITIVA PARA LOS CONTRIBUYENTES. Proyecto de acuerdo. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Esta sesión fue motivada en una presentación suscrita por 40 honorables diputados y diputadas, con el objeto de “analizar una reforma tributaria que beneficie a las personas, haciendo menos gravosa su carga impositiva”. A esta sesión fue invitado el ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma, quien se excusó de asistir por compromisos contraídos con anterioridad. También están invitados el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco; el director de Presupuestos, señor Alberto Arenas, y el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Ricardo Escobar. En el tiempo de previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité Demócrata Cristiano, hará uso de la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Patricio Vallespín y, posteriormente, por los siete minutos restantes, el diputado señor Carlos Montes. La señora ALLENDE (doña Isabel).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, ¿esto significa que no va a estar presente en esta sesión ninguna autoridad de Gobierno? El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señora diputada, se está verificando la presencia de los invitados. Hasta la Mesa sólo ha llegado la excusa del ministro del Interior. No puedo responder por las otras autoridades invitadas. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, de acuerdo con la citación, hay cuatro autoridades invitadas, ninguna de las cuales está presente. No sé si tiene sentido realizar la sesión en estas circunstancias. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señor diputado, como su señoría indicó, a la sesión han sido invitadas las autoridades. En consecuencia, la sesión se va a hacer igual. En todo caso, acaba de llegar el ministro de Hacienda. Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, algunos manifiestan su satisfacción por la llegada del ministro de Hacienda, pero nosotros representamos a los chilenos y a las chilenas. El propósito de la presente sesión es discutir sobre la forma como poner a disposición de todo Chile una estructura tributaria que responda a los desafíos del futuro de nuestro país. Por tanto, con autoridad presente o sin ella, es importante desarrollar esta discusión. Es clave darnos cuenta de que hay cuatro impulsos de futuro que requerirán, probablemente, mayores recursos públicos para desarrollar el país. Primero, el informe de competitividad global 2007-2008 pone a Chile en el vigésimo sexto lugar, pero con desafíos importantes en materia de rezago tecnológico, mejoramiento de la calidad de la educación, reforzamiento de la fuerza laboral de clase mundial, expansión de oportunidades para hombres y mujeres y modernización del Estado. A nuestro modo de ver, ello requerirá recursos públicos. Segundo, cambios en el mercado laboral, en el que las mujeres de más de 35 años tienen una participación del 50 por ciento, lo que generará una demanda creciente por servicios de apoyo y servicios públicos vinculados a la atención de niños y al cuidado de adultos mayores. Tercero, la expansión de la matrícula de educación superior y la especialización técnica de clase mundial que Chile requiere significarán, probablemente, reforzamiento de recursos para dar el acceso a la educación superior que se merecen los sectores de menores ingresos. Cuarto, la transición demográfica de Chile muestra un aumento de la expectativa de vida cercana a los 77 años y una disminución de la tasa global de fecundidad, lo que generará una relación de creciente dependencia entre la población laboralmente activa y la pasiva. Estos impulsos nos dicen que nos preocupemos del tema, porque puede que a futuro tengamos problemas. ¿Cuáles son las características de nuestra carga tributaria? A modo de ver de quien habla y de la Democracia Cristiana, es altamente inequitativa. Primero, la carga tributaria en materia de seguridad social representa el 19,3 por ciento del PIB, es decir, la mitad de la existente en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, en los cuales ella alcanza al el 38,1 por ciento del PIB. Respecto del IVA, existe gran dispersión entre los países, pero el 19 por ciento de Chile es levemente superior al promedio del existente en los países de la Ocde. Respecto de América Latina, la distancia es mayor, porque el promedio en ella es de 13,6 por ciento, es decir, tenemos un IVA mayor. En cuanto al impuesto que pagan las empresas, en Chile es bastante inferior en promedio al que se paga en los países de la Ocde, resultando que la tasa en Chile es de 17 por ciento, mientras que el promedio de la Ocde es de 31,6 por ciento. Del análisis de ochenta países de Europa, América, Sudeste Asiático, Chile se ubica en el quinto lugar más bajo en materia de impuesto a la renta de las empresas. Asimismo, si seguimos analizando el sistema tributario chileno, una de sus principales características es su mayor concentración en la recaudación de impuestos indirectos, que afectan proporcionalmente más a los sectores de ingresos medios y bajos, y que equivalen, en conjunto, a más del 50 por ciento de los ingresos tributarios totales, cosa que no ocurre en los países de mayor desarrollo, donde, por ejemplo, la recaudación por IVA es de menos del 25 por ciento. Asimismo, en la Ocde, el porcentaje de recaudación a través del impuesto a la renta es, en promedio, del orden del 39 por ciento, mientras que en Chile, en los años en que disponemos de referencia, esto es, 2001 y 2002, es del orden del 26 por ciento. Estudios realizados recientemente, sobre la base del examen de la distribución del ingreso en Chile, determinaron que el 20 por ciento de la población con ingresos bajos, que representa el 4,3 por ciento del ingreso total del país, después de los impuestos, contribuyen con un 22,8 por ciento del total del IVA recaudado. Esta relación se altera para el caso del quintil de mayores ingresos, pues su participación en los ingresos totales, después de los impuestos, es de 56,8 por ciento del total y sólo aporta el 4,3 por ciento del IVA. Es decir, en el Chile actual, con la actual estructura tributaria, el quintil más pobre aporta en proporción un 60 por ciento más del total del IVA recaudado que el quintil más rico. Del mismo modo, como todos saben, los esfuerzos que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos para reducir la evasión tributaria han sido crecientes. Lamentablemente y a pesar de esos esfuerzos, se estima que ésta alcanza alrededor del 18 por ciento -lo que representa cerca de tres mil millones de dólares-, lejos del 10 por ciento existente en los países desarrollados. Igualmente, el costo del conjunto de franquicias tributarias, que corresponden a recursos que el fisco deja de percibir en su recaudación anual por concepto de diversas leyes que establecen regímenes especiales, alcanza del orden de cinco mil millones de dólares, equivalentes al 4,4 por ciento del PIB. Compartimos la mirada que han dado destacados economistas, como Sergio Molina y Mauricio Gelves, quienes señalan que, en verdad, en Chile, a diferencia de lo que plantean sectores de la derecha, que tratan de construir la imagen de que durante los gobiernos de la Concertación ha subido la carga tributaria, ésta se ha mantenido más o menos estable. En segundo lugar, la carga tributaria chilena se sitúa en la mitad de la vigente en los países de la Ocde. Asimismo, desde una perspectiva comparada, nuestra estructura tributaria presenta una alta concentración de los impuestos indirectos, con la evasión y las exenciones que mencioné. Por tanto, nos parece fundamental avanzar hacia el aumento los impuestos directos, la disminución de los impuestos indirectos, sin descartar, por cierto, una disminución a los impuestos de las personas. ¿Qué queremos como estructura tributaria? Obviamente, queremos una estructura tributaria que articule en forma equilibrada cuatro objetivos: suficiencia, eficiencia, equidad y simplicidad, pero asegurando los desafíos actuales y futuros del país. Por ello, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista creemos que esto debe generar un debate de cara a la gente en 2009 y 2010, porque, responsablemente, podemos hacer una estructura tributaria más equitativa, pensando en los desafíos de nuestro país. Por ello, en términos concretos y precisos, ponemos a disposición de la discusión un conjunto de ideas. Primero, creemos fundamental que el Gobierno, en relación con las decisiones que se tomen a futuro, analice la rentabilidad social de las franquicias y exenciones tributarias actuales, eliminando o disminuyendo progresivamente aquellas que sean poco rentables desde el punto de vista social. Segundo, disminuir sostenidamente la evasión y la elusión tributarias, a través del uso de tecnologías que permitan una regulación rápida y confiable. Tercero y muy importante, garantizar mayor equidad, a través de la reestructuración del Fondo de Utilidades Tributables, FUT, mejorando la fiscalización de esto. Cuarto, reemplazar algunas franquicias por subsidios directos, de manera de poner énfasis en el gasto directo antes que en el gasto tributario, que muchas veces algunos utilizan mal y del cual se aprovechan. Quinto, establecer impuestos dinámicos, que estén de acuerdo con los altibajos de los ciclos de la economía. Sexto, diseñar el cobro de una renta respecto de los recursos naturales que presenten signos de sobreexplotación y agotamiento similar a lo que ocurre en muchos países del orbe. Por ello, consideramos prioritario establecer un impuesto específico a la minería y un incentivo tributario al ahorro personal. Un nuevo tema fundamental dice relación con que el país se abra a la discusión para, por ejemplo, permitir a las personas naturales, de la misma manera que a las empresas, ciertos gastos en que se debe incurrir para producir la renta o, al menos, las inversiones o gastos en elementos socialmente rentables y que generen externalidades positivas, porque son claves para las familias, como la inversión en vivienda, educación y otras. Estos son algunos temas que queremos poner sobre la mesa para disminuir la actual estructura tributaria, que grava mucho a las personas. La idea es avanzar en impuestos directos proporcionales a la renta y que las empresas paguen más impuestos. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, el tema es muy importante y la presentación del diputado señor Vallespín, muy sólida. Pero, lamentablemente, no había el silencio suficiente para apreciar el alcance de todas las cosas que planteó. Entrando en materia, debiéramos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué sentido tiene discutir el sistema tributario chileno en la coyuntura actual? En primer lugar, quiero decir que esta materia ha sido largamente postergada. Por si no lo sabe el ministro de Hacienda, en la época del ministro Eduardo Aninat se presentaron dieciséis propuestas y nunca tuvimos un debate o un resumen de ellas. En segundo lugar, el tema ha estado en el debate, fundamentalmente con ocasión de las franquicias tributarias que hemos discutido una y otra vez. Sólo en este Gobierno se han presentado diez proyectos de franquicias tributarias. Eso significa que hemos tratado sólo en forma parcial la materia. También se debatió durante la tramitación del proyecto sobre IVA a la construcción y con ocasión del debate sobre el impuesto específico a los combustibles. En todas esas oportunidades, en especial desde la Concertación, se dijo que es necesario realizar una discusión global. Esto no dice relación sólo con un problema de rebajas o de franquicias. Por lo tanto, es necesario debatir globalmente nuestra estructura tributaria dado los distintos problemas que enfrenta. El debate también es pertinente porque en esta coyuntura hay que hacer precisiones de política que no pueden partir del supuesto de que la estructura tributaria es inamovible. Ojalá se produjeran suficientes consensos para avanzar y lograr una mejor. La actual coyuntura es bastante paradójica. Existen grandes reservas, alta inflación -debido a presiones externas y con tendencia a seguir elevándose- y bajo crecimiento. Por eso, se requiere mucha reflexión y precisión sobre las medidas por tomar. La respuesta no es fácil. En la actual coyuntura, es un gran error limitarse a mover hacia arriba las tasas de interés y reducir el gasto fiscal, porque eso puede provocar un nefasto frenazo en la economía. No es el momento para discutir esto -tal vez el ministro nos planteará algo-, pero quiero decir con mucha claridad que para los socialistas, lo central es que el conjunto de medidas no debe profundizar las desigualdades. Por el contrario, queremos revertir esa situación, porque los sectores de menores ingresos y de ingresos medios no pueden ser los factores de ajuste. Chile es un país muy desigual para que ocurra eso. En este contexto, debemos analizar el sistema tributario. Nuestro sistema tributario responde bien a las necesidades actuales de política fiscal, a lo que necesitamos. Sin duda, a futuro hay que plantearse un conjunto de desafíos. Además, tiende a ser más eficiente porque ha disminuido la evasión, debido a los planes de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. El sentido principal de una reforma tributaria tiene que ver con la forma cómo enfrentar las desigualdades y la inequidad de nuestro sistema tributario. Los sectores de ingresos bajos y medios aportan tributos en mayor proporción a sus ingresos. Dicho de otra manera, los sectores de altos ingresos aportan menos de lo que debieran para enfrentar los desequilibrios, debilidades y desigualdades de nuestra sociedad. El sistema tributario chileno es muy poco equitativo en relación con el existente en los países desarrollados, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde. Esa inequidad profundiza las desigualdades y la injusticia social. Además, produce otros efectos regresivos que distorsionan la economía. Una sociedad más equitativa y menos desigual exige una reforma tributaria consistente con el crecimiento y la equidad. ¿Cuáles son los principales problemas? Esquemáticamente, los ordenaremos en cuatro ejes. Primero, la alta evasión y elusión. Es cierto que han disminuido, pero todavía están cercanas al 4 por ciento del producto interno bruto, PIB. Por lo tanto, hay que reforzar las medidas para disminuirlas. La evasión y la elusión son muy regresivas. Los sectores de altos ingresos son los que tienen más posibilidades para practicarlas y en mayor cantidad. Segundo, las altas franquicias, que significan altos gastos tributarios. En 2006, ellas llegaron al 4,3 por ciento del producto interno bruto, lo que se tradujo en más de 4 mil millones de dólares. Son regresivas porque en un 70 por ciento favorecen a los sectores de más altos ingresos. El sistema, además, es muy complejo y difícil de evaluar su impacto real. Tercero, el fuerte desequilibrio entre impuestos directos e indirectos, y el mayor aporte proporcional de las rentas de trabajo que el de las rentas de capital. Actualmente, alrededor del 50 por ciento corresponde a impuestos indirectos y 30 por ciento a impuestos directos. Además, los directos recaen en forma más fuerte sobre las rentas de trabajo de sectores medios que sobre las rentas de capital. En Chile, el impuesto a la ganancia contribuye con el 4 por ciento del producto interno bruto, mientras que en naciones desarrolladas aporta un 17 por ciento del PIB. Además, las rentas de capital pueden hacer descuentos que no pueden efectuar las rentas del trabajo en aspectos como salud, educación, capacitación, etcétera. Cuarto, algunos sectores de la economía no han sido asumidos por el sistema tributario. Me refiero en concreto al suelo urbano, al medio ambiente y a los recursos no renovables. El suelo urbano no está considerado de manera adecuada en nuestro sistema tributario. Existe gran especulación. Forbes dice que Chile es el paraíso para invertir en suelo urbano, pues tiene gran rentabilidad y utilidad. Mediante la ley Nº 20.033, se estableció un sistema. Sin embargo, después vino una modificación incomprensible, que bajó la sobretasa a nueve terrenos de más de 50 hectáreas y a los no urbanizados dentro del área urbana. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señor diputado, ha terminado su tiempo. Sin embargo, puede continuar con cargo al de su Comité. El señor MONTES.- Gracias, señor Presidente. Como decía, no hay normas que regulen esta situación. Se han planteado cosas elementales, como destinar un 5 por ciento de aporte a viviendas sociales, lo que generó gran escándalo. Chile es un país anormal en relación con la forma como trata el suelo urbano. Lo mínimo es que la plusvalía se comparta entre la ciudad con las ganancias individuales. En cuanto al medio ambiente, está claro que la tributación y la contaminación no se han abordado en ningún momento. Para qué hablar de los recursos naturales no renovables. En ese sentido, se toman medidas respecto del cobre que no guardan relación con lo ocurrido. ¿Qué propuestas de reforma tributaria nos atrevemos a proponer respecto de esos cuatro ejes, que aglutinan los principales problemas? Reitero, una reforma tributaria integral y moderna no debe limitarse a la posibilidad de elevar la carga tributaria, sino que debe orientarse a superar las desigualdades e injusticias del sistema. Varias de las propuestas pueden generar mayores ingresos fiscales, que debieran destinarse, por lo menos en parte, a disminuir el IVA, que es el impuesto más regresivo. 1. Propuestas para evitar la evasión y elusión. Analizar alternativas para blanquear el Fondo de Utilidades Tributarias, FUT, y estudiar su reestructuración. Eso traerá mayor seguridad jurídica y disminuirá los espacios de elusión. Cobrar impuestos a la renta sobre excedentes reales y no sólo a los retirados y no reinvertidos. Esto también evita la elusión, que se presenta con bastante fuerza. Introducir el concepto de asociación ilícita respecto de los que se ponen de acuerdo para evadir tributos. Enfrentar las compras de empresas quebradas. No puede ser que las empresas quebradas en los años 80 todavía se transen en el mercado. Es necesario enfrentar ese problema hacia atrás, por las anormalidades que se produjeron, y hacia delante. 2. Propuestas en relación con el gasto tributario. Es fundamental revisar las excepciones existentes, especialmente las que surgieron durante realidades económicas muy distintas de la actual. Evaluar las franquicias tributarias y analizar el impacto o beneficio que realmente generan. ¡Para qué hablar del IVA a la construcción, materia respecto de lo cual tuvimos un largo debate! El ministro se comprometió a que durante la primera semana de octubre el Congreso Nacional contará con un informe sobre la evaluación de esa situación y la posibilidad de transformar dicho impuesto en un subsidio. Analizar la franquicia a viviendas DFL 2, que surgió hace mucho tiempo, incluso para zonas francas; la depreciación acelerada para las grandes empresas, impuestos diferidos, etcétera. Debemos evaluar y revisar una gran cantidad de franquicias y ver si tienen pertinencia hoy. 3. Propuestas en relación con la desproporción de impuestos indirectos y de rentas al trabajo. Estas situaciones son muy regresivas. No es suficiente el argumento de que los ingresos que generan los impuestos indirectos no serían regresivos porque favorecen a los sectores que más pagan. En esa misma lógica, los impuestos directos podrían ser más progresivos. Reiteramos que los mayores ingresos fiscales que se generan deberían orientarse, al menos en parte importante, a bajar el IVA. También es necesaria una más clara separación entre el pago de impuesto a la renta de las empresas y el pago de impuesto a la renta de las personas. Esta confusión genera un conjunto de dificultades que no tengo tiempo de analizar. Además, sobre todo en la coyuntura actual, debemos evaluar el IVA a la leche, al pan, al transporte público, a los medicamentos, a la educación, a la capacitación y, en especial, a los libros. Debemos analizar la materia con otro enfoque, con flexibilidad, porque genera una serie de situaciones que afectan a sectores que no queremos perjudicar. Asimismo, otra cosa que se ha planteado muchas veces: la necesidad de estudiar la posibilidad de introducir un descuento a la base tributable de las personas, en especial a los sectores medios, a lo menos respecto de lo que tenga que ver con educación y capacitación. Finalmente, señalaré algunas propuestas de tratamiento tributario a sectores específicos. Respecto del suelo urbano, lo mínimo que queremos es que el Servicio de Impuestos Internos establezca la cantidad, superficie y localización de los terrenos ubicados en los límites urbanos en todas las regiones, definidos como de uso agrícola, considerando la pérdida que ello implica al no declarar su uso efectivo como urbano. También debemos considerar la situación de las parcelas de agrado a lo largo de todo Chile. Al respecto, no tenemos ninguna opción. En general, son terrenos en engorda. Es importante tratar en forma adecuada esa materia, pensando en el desarrollo de las ciudades y por el aspecto tributario, sobre todo de las finanzas municipales. Debemos optar por un modelo de impuestos a la ganancia de capital, como el de Estados Unidos de América, o un modelo de cobro de plusvalía, como los de España, Colombia o Brasil. Entonces, se trata de compartir excedentes entre los propietarios y la ciudad. Además, debemos tratar el tema del medio ambiente. Como he dicho, deberían aumentarse o crearse impuestos para las actividades económicas que tienen impacto en el medio ambiente y las que producen descargas contaminantes. De igual modo, sería conveniente disminuir los impuestos a quienes desarrollan actividades sanas, por ejemplo, a quienes tratan los residuos sólidos. El país debe trabajar sobre el particular, porque no tenemos cultura ni trayectoria, teniendo en cuenta de que se trata de un campo de mucha iniciativa y creatividad. No se ha tratado el tema de los recursos naturales no renovables. Algún día, el cobre se terminará. Como respecto de ese recurso existe una inversión de capitales extranjeros, es necesario revisar si las empresas están aportando en proporción a los recursos no renovables que se están llevando del país. Las empresas mineras extranjeras no pagan suficientes impuestos en relación con lo que se están llevando. De igual forma, hay que revisar lo que sucede con la pesca, no sólo desde el punto de vista tributario, porque también hay que incorporar la mantención de fondos marinos, la siembra de peces, etcétera, como se está haciendo en gran parte de los países. En suma, el tema de los recursos no renovables no están en la cultura del Ministerio de Hacienda y del país. Entonces, debemos ver la forma como enfrentar esa materia. Finalmente, esperamos que se abra la discusión sobre un tema que, desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el gobierno del Presidente Frei, el Congreso ha evitado tratar. De hecho, existe una obligación que esta Sala impuso a la Comisión de Hacienda, pero que no se ha cumplido. No hemos llegado con un informe sobre el tema tributario, pues se ha evitado traerlo a discusión, a pesar de que el borrador está listo en la Comisión. Por lo tanto, deberíamos ponerle fecha y discutirlo cuanto antes, a fin de profundizar mucho más sobre la materia, pensando en la coyuntura, pero también en el tipo de organización y de justicia que el país quiere en este campo y en la estructura tributaria más adecuada, justa y correspondiente con el crecimiento y el desarrollo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, el sistema tributario del país data de hace muchos años. En Chile no ha existido un cambio sustantivo en la forma de recaudar tributos, de manera que el Estado disponga de los recursos necesarios para llevar adelante los programas del Gobierno. Por lo tanto, en mi opinión, la materia amerita hacer una discusión, a fin de contar en algún momento con un sistema tributario generado de manera distinta. Las actuales normas del sistema, que datan de hace muchos años, se establecieron cuando la realidad del país era distinta. Hace más de veinte años que no se hace alguna modificación sustantiva. Durante ese lapso, Chile cambió ya que su economía pasó de ser cerrada a abierta, y se convirtió en un país exportador. Por cierto, todavía se están desarrollando fuertemente las potencialidades del sector primario y no se ha avanzado en la incorporación de valor agregado a los productos nacionales. Sin embargo, una gran cantidad de empresas y sociedades que generan muchas riquezas y utilidades, no responden de manera adecuada con sus tributos para que el país siga avanzando en materia de desarrollo de programas sociales. En efecto, la mayor parte de las empresas del rubro retail, exportadores y empresas mineras privadas cuentan con una estructura impositiva igual a la existente hace treinta años, cuando no se obtenían los resultados que hoy alcanzan los grandes grupos que se benefician del sistema económico del país. Entonces, es hora de revisar la estructura tributaria. No es posible mantener la misma existente desde hace más de veinte años, cuando la realidad del país era distinta. El porcentaje por concepto de impuesto a la renta que pagan las empresas -17 por ciento- es uno de los más bajos del mundo. Sin embargo, la tasa impositiva aplicada a las personas es una de las más elevadas, pues en algunos casos llegan a pagar cerca del 40 por ciento cuando declaran haber obtenido determinados ingresos. Entonces, tenemos una sociedad diferente y, por lo tanto, debe existir un sistema tributario distinto. Por otra parte, somos testigos de la forma como el país debe soportar el elevado precio del petróleo a nivel internacional. En alguna oportunidad, cuando su precio era normal, decidimos que ésa era una fuente adecuada para recaudar impuestos. No obstante, la recaudación de impuestos no parece serlo, dado el elevado precio de los combustibles. En mi opinión, a pesar de que el mayor impacto sobre el precio no lo produce el impuesto, éste es regresivo y afecta a quienes tienen menos recursos. A mi juicio, ese impuesto no debe ser eliminado, sino sustituido por otro, aplicado a las empresas más grandes que declaran utilidades. Concuerdo con los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a la necesidad de contar con un nuevo sistema de recaudación tributaria. Es el momento de que exista justicia en esta materia. Asimismo, en relación con las utilidades retenidas y el FUT, también se deben analizar, a fin de introducir las modificaciones necesarias sobre la base de una mirada distinta de país. En suma, es necesario adecuar los tributos y su forma de recaudación a la realidad de crecimiento existente durante los últimos veinte años, en especial respecto de utilidades. Por eso, es indispensable que esta sesión sirva como punto de partida para generar el gran cambio que se requiere en el sistema tributario nacional. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Aedo. El señor AEDO.- Señor Presidente, dentro del contexto latinoamericano, Chile es uno de los países que mejor paga tributos. Las personas pagan impuestos bastante elevados a los bienes raíces, por lo que difícilmente la gente aceptaría un aumento de ese gravamen. Los impuestos a las personas alcanzan tasas cercanas al 40 por ciento y son pocos los tramos que separan unos tributos de otros. Por lo tanto, en esta materia, lo único que cabe es aumentar los tramos o disminuir los impuestos. Por otro lado, el impuesto a las utilidades de las empresas alcanza al 17 por ciento. Al respecto, no cabe duda alguna de que ellas han colaborado en forma importante a la formación de capital y al desarrollo del país. En la actualidad, el país se encuentra inmerso en un escenario económico bastante delicado, con altas tasas de inflación. De hecho, en los últimos doce meses ésta alcanzó al 9,5 por ciento, es decir, estamos a punto de tocar los dos dígitos. Lo anterior se ha visto acompañado de bajas tasas de crecimiento y de productividad, situación que se está volviendo crónica. Como consecuencia de ello, ha aumentado la tasa de desempleo, que en la actualidad alcanza a alrededor de 8 por ciento. En otras palabras, más de medio millón de personas se encuentra sin trabajo, lo que afecta particularmente a los más jóvenes. Analizado este escenario, es muy difícil pensar en el aumento de los impuestos, medida de consecuencia deletérea para la economía. Por el contrario, el país necesita reducir algunos impuestos, entre ellos el IVA, gravamen regresivo que afecta a los más pobres. Ello estimularía la economía y el crecimiento, reduciría la inflación y aumentaría la masa monetaria. El Gobierno debería tomar alguna decisión al respecto, por cuanto el escenario económico se torna cada vez más complejo. Si no lo hace, lo más probable es que el Banco Central, entidad independiente, suba las tasas de interés, lo que provocará un efecto deletéreo sobre el crecimiento económico y el desempleo, y la corrección económica será débil. Por tal motivo -repito-, el Gobierno debe tomar medidas procrecimiento. Es posible efectuar algunas modificaciones al sistema tributario, pero por ningún motivo aumentar los impuestos, por cuanto ello apuntaría en contra del desarrollo económico. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, revisemos la carga tributaria de algunos países: Nueva Zelandia, 38 por ciento; Brasil, 25 por ciento; España, 24 por ciento; Estados Unidos de América, 21 por ciento; Chile, 18 por ciento. Así las cosas, se concluye que Chile tiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo, lo que no corresponde a un país como el nuestro. Tengo claro que durante este Gobierno no se llevará a cabo una reforma tributaria. Lagos logró concluir el Plan Auge, y Michelle Bachelet, la reforma previsional. Espero que Eduardo Frei o Soledad Alvear puedan dar cuerpo a la reforma tributaria durante el próximo período. El sector olvidado del país es la clase media. En la actualidad se paga un 19 por ciento de IVA, que es responsable de cerca de la mitad del total de la recaudación tributaria; las empresas tributan un 17 por ciento por concepto de utilidades, y las personas pagan en el último tramo un 40 por ciento. Son cifras perfectamente debatibles y el director del Servicio de Impuestos Internos las puede rebatir. Con todo, deberíamos tender a una tasa plana de impuesto a las personas que tributan en segunda categoría, que signifique poca complejidad en el cobro del tributo. No quiero hacer publicidad gratis a El Mercurio, pero para calcular los impuestos hay que comprar la edición que trae un suplemento de 120 páginas, que ni siquiera el Servicio de Impuestos Internos entiende. Ha habido tal cúmulo de cambios durante los últimos treinta años que sin la ayuda de un contador o de un experto tributario es imposible entender esas materias. Es cierto que las empresas pagan un impuesto de 17 por ciento sobre sus utilidades, pero deducían gastos por la compra de verduras, de vehículos 4X4, etcétera. Al menos, eso se corrigió. En cambio, las personas pagan tributos según una escala, sin ninguna deducción, excepto quienes reciben devolución de intereses por la compra de una vivienda. El diputado señor Tuma preguntó por qué las personas no pueden deducir gastos por concepto de salud, educación o por la ocurrencia de hechos extraordinarios, como una operación intempestiva. ¿Qué sucede con la solidaridad? ¿Por qué los discapacitados, por ejemplo, los no videntes, pagan lo mismo que una persona sin discapacidades? ¿Qué lógica tiene eso? Deberíamos tender a aligerar la carga tributaria de la clase media. Según mis cálculos, eso cuesta 250 millones de dólares. El ministro de Hacienda preguntará cómo se compensa ese desembolso. Contrapregunto, ¿alguien conoce los niveles de elusión y de evasión en ese tramo? Un profesional que percibe 500 mil pesos y tributa una tasa marginal de 40 por ciento, ¿creen ustedes que pagaría 200 mil pesos en impuestos? Con esto, se elimina la posibilidad contable, abierta, de trabajar y se consigue incrementar la elusión y la evasión. En Chile, el impuesto a las personas consta de ocho tramos; en cambio, la Ocde maneja cuatro. Si se simplifica el sistema y se hace entendible, las personas pagarán sin la necesidad de contar con asesores y aumentará la recaudación. Como no se quiere reducir el impuesto al valor agregado, elevemos el impuesto a las utilidades a 19 por ciento y establezcamos un impuesto a las personas del mismo porcentaje. Eso significaría manejar una tasa plana que entregará claridad y transparencia, recogiendo la posibilidad de reducir ciertos gastos. Para terminar, hay una serie de exenciones a favor de los que más ganan dentro de la clase media que, por supuesto, no corresponden. El APV adicional tampoco corresponde. Entonces, pido que se estudie la forma de morigerar los impuestos de la clase media mediante el establecimiento de cuatro tramos y, ojalá, con tasa plana, claridad -cada uno sabe lo que debe pagar- y 19 por ciento para todos. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, a veces, es complejo discutir sobre este tema debido a la naturaleza de este tipo de sesiones, sobre todo cuando implican propuestas un tanto genéricas y sin un proyecto de ley específico sobre el cual uno pueda pronunciarse. También es complicado discutir esta clase de materias dada la actual situación económica, inestable y de cierta incertidumbre, y con un crecimiento dificultoso en materia de productividad. Pero también se pueden sacar lecciones o propuestas a partir de este tipo de sesiones. En primer lugar, quiero insistir en que, en los últimos años, a diferencia de lo que han sostenido algunos diputados, ha habido cambios extraordinariamente relevantes en la estructura tributaria del país. Los tres elementos clásicos en nuestros impuestos -el hecho gravado, la base imponible y las tasas- han sido modificados sustancialmente en los últimos dieciocho años. Por tanto, descarto que en Chile estemos en la misma situación tributaria de hace treinta años, como alguien dijo. No, han existido cambios esenciales en impuestos de primera categoría, en los personales y en el IVA. Ha habido alzas constantes de impuestos. Los gobiernos de la Concertación han aumentado al menos nueve veces los impuestos a los combustibles y cinco veces el IVA, los cuales muchos de los señores diputados quieren bajar, lo que me parece correcto. Pero, reitero, la estructura tributaria ha sido creciente. Las últimas modificaciones, por ejemplo, estuvieron relacionadas con la minería. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, fue el primero que estableció un sistema de bajas transitorias de impuestos en materia de combustibles, en circunstancias de que, como se decía hace un instante, la tendencia ha sido siempre al alza en ese tipo de tributo. Al menos, en este caso, hubo una baja transitoria. Por lo tanto, la realidad tributaria chilena es más compleja de lo que algunos señalan. Ha habido cambios constantes; al menos, tres grandes proyectos de ley contra la evasión y la elusión tributaria. Voté en contra de alguno, porque lo consideré absolutamente inadecuado. El tema ha sido discutido de manera constante en el Congreso Nacional y no sé si éste es el mejor momento para hacerlo nuevamente, dada la actual realidad de la economía, de nuestras finanzas y de nuestra productividad y crecimiento. Dicho eso, me parece que hay algunas ideas que deben ser analizadas. Evidentemente, uno puede buscar una mejor simplificación del sistema tributario. El impuesto de tasa plana al que se refirió el diputado Lorenzini, puede, al menos, estudiarse desde el punto de vista de las cifras de recaudación fiscal. Además, la principal contribución que podría hacer el Congreso Nacional en materia de discusión tributaria es despachar cuanto antes el proyecto de ley de tribunales tributarios independientes, sobre el cual se ha avanzado un poco más en el Senado. Recuerdo que uno de los diputados que más lo impulsó, hace ocho años, ya no forma parte de la Cámara. Por consiguiente, ha transcurrido mucho tiempo. Recuerdo la labor del diputado Lorenzini y del entonces diputado Krauss. Este último, cuando presidía la Democracia Cristiana, patrocinó en su momento una sesión similar a ésta para discutir sobre la carga tributaria. Repito que la contribución principal que podría hacer el Congreso Nacional en beneficio de los contribuyentes es despachar cuanto antes el proyecto de tribunales tributarios independientes. Asimismo, me parece muy bien unirse a la idea que planteamos acá, por primera vez, hace once años, a través de un proyecto de acuerdo, y que ha sido reiterada en cuanto discurso hemos podido hacer en materia tributaria, cual es la de reconocer ciertos gastos a las personas naturales. Algo hay en materia de vivienda y de cálculos previsionales, pero se puede mejorar mediante la incorporación de gastos en educación y en salud. Ése sería un potente mensaje a la clase media y a los sectores profesionales. Recuerdo que el primer proyecto de acuerdo que firmé, hace ya diez años, fue en ese sentido: lograr que personas de clase media y profesionales pudieran descontar fácilmente de sus impuestos los gastos en educación y en salud. Hoy también podemos estudiar la situación del IVA y de los impuestos a los combustibles. La primera línea que ha usado el actual director del Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de favorecer los derechos de los contribuyentes, debe mantenerse no sólo en lo que dice relación con la facilidad existente para la recaudación tributaria -el país dispone de los sistemas más modernos del mundo-, sino también en materia de defensa de los derechos de los contribuyentes. Para los políticos de Estados Unidos de América -el ministro Velasco, probablemente, más de alguna vez conversó con alguno-, hay tres o cuatro temas electorales muy relevantes -que en Chile casi no son tomados en cuenta- debido a que para el lector norteamericano es absolutamente necesario saber lo que piensa ese político sobre la defensa nacional, el aborto y los impuestos. En Chile esas materias no son propias de la discusión electoral. Probablemente la mayor parte de los ciudadanos no saben qué pensamos los políticos sobre esos temas. Ojalá exista cada vez más conciencia en los electores de que ellos son personas con un derecho especial por exigir. ¿Por qué? Porque contribuyen a la carga pública. Desde la persona más pobre, que es la que más se ve afectada por el IVA, hasta la más rica, están contribuyendo y, por lo tanto, tienen derechos. Esa vieja imagen exhibida en muchas películas norteamericanas, de que “soy contribuyente, tengo mis derechos y los exijo”, ojalá fuera más real en Chile. En ese sentido, reconozco que el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Ricardo Escobar, ha hecho un esfuerzo importante; pero, reitero, es imprescindible que los chilenos tengamos cada día más conciencia de nuestros derechos por ser contribuyentes y, por lo tanto, partícipes del esfuerzo común. Señor Presidente, han existido discusiones tributarias muy importantes en el Congreso Nacional, y no las desmerezco, sobre hechos gravados, bases imponibles, tasas, alzas de impuestos, subsidios, etcétera. Pero, ojalá -insisto-, nuestro principal aporte, durante el año y meses que queda del actual período legislativo, sea despachar, de una vez por todas, el proyecto de tribunales tributarios independientes, que es clave, incluso, para muchos de los planteamientos formulados por colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, tiene razón el colega Pablo Lorenzini, en cuanto a que Chile tiene una tasa tributaria media-baja. Escuché a un diputado de la Alianza por Chile decir que han existido modificaciones en estos años; pero, siendo estrictos, estamos en la misma situación de fines de los 80. En los últimos treinta años, la carga tributaria de Chile ha sido del orden de 16,5 a 18,5 por ciento. Es cierto que hay países que sorprenden. Así, por ejemplo, Costa Rica tiene una tasa tributaria bastante baja y altos indicadores en materia de salud y educación, lo cual demuestra mucha eficacia en el gasto. Pero no inventemos la pólvora. Debemos mirar el promedio de los países de la Ocde cuyas tasas se sitúan en torno del 23 ó 24 por ciento, lo cual debiera ser una meta razonable para nuestro país. Ahora, hay una coyuntura amplía, debido a los altos excedentes derivados del precio del cobre. Todo ello indicaría que más bien se debe apuntar hacia la prudencia, puesto que no es un contexto apropiado para subir la carga tributaria o para bajarla substancialmente, a pesar de dichos excedentes, porque es obvio que ese escenario puede cambiar. Sin embargo, hay cuestiones de forma que causan mucho consenso ante una eventual reforma tributaria, que ojalá las autoridades estén dispuestas a pensar. Nombraré tres. En primer lugar, se ha dicho en forma, reiterada que el país debiera, de manera moderada, elevar el impuesto a las utilidades de las empresas y rebajar el impuesto a las personas, que produce una carga excesiva a sectores profesionales e incentiva modelos de elusión a través de sociedades de inversión. En segundo lugar -respecto de este punto, la ortodoxia de la autoridad de Hacienda es muy grande-, se señala en forma reiterada que Chile debe abrirse a rebajar el IVA de bienes culturales y de elementos básicos. Siempre se argumenta que esto podría redundar en una avalancha de peticiones de rebaja del IVA, lo que terminaría afectando la recaudación fiscal. Sin embargo, hay que dejar los temores de lado y dar pasos en este sentido. Nos hemos ido llenando de subsidios específicos, en lugar de abrirnos a rebajar algunos impuestos, en especial el IVA a bienes culturales y a elementos básicos. Hace algunos días, el afamado economista Michael Porter afirmó que el centralismo chileno es brutal y que el país no ha aprendido la lección, porque aún es manejado como un fundo o una provincia del siglo XIX. Es cosa de mirar los fracasos de los gobiernos centrales, que se hacen cargo del transporte, de tapar hoyos y, en general, de cuanta cosa hay. ¿Qué hacen los países desarrollados? Entrega una parte de los impuestos a las regiones, que están obligadas a la corresponsabilidad fiscal, a colaborar con sus servicios de impuestos internos en la recaudación de los tributos; pero, a su vez, ellos se obligan a manejar ciertas competencias y atribuciones con excelencia y responsabilidad. Chile sería otro país si entregara niveles de autonomía y de responsabilidad fiscal a los gobiernos regionales, de manera que recibieran impuestos y se hicieran cargo, entre otras materias, del transporte, del medio ambiente, que es un fiasco. De ser así, a lo mejor los gobiernos regionales no deberían esperar por años que el nivel central dictara las normas sobre calidad de la leña, porque esa materia pertenece a su competencia. Entonces, los impuestos no son ingenuos; tiene que ver con los tipos de juego político y la lógica de los sistemas. La discusión tributaria debiera apuntar a que las regiones manejaran tributos; a elevar algunos impuestos en la capital, dadas las externalidades negativas que se originan en Santiago, y a disminuirlos progresivamente en las regiones, no sólo en las extremas. Esa sería una reforma progresista y desarrollada, que nos pondría al día en las tendencias mundiales. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza. El señor INSUNZA.- Señor Presidente, comparto la opinión de que enfrentamos esta discusión en un escenario de mucha incertidumbre económica y que es necesario precisar cómo combinamos una situación delicada y compleja con planteamientos de largo plazo que nos permitan enfrentar problemas sociales que requieren ser atendidos con urgencia. A propósito de este debate, voy a plantear un punto adicional que me parece relevante. Desde principios del año 2000, la discusión se centró en la forma como organizar la regla del superávit estructural. Costó mucho entender su naturaleza y el alcance anticíclico de la medida. Además, era necesario que esa comprensión no quedara en el nivel técnico, sino que llegara también a la conversación política y ciudadana. Hoy, parte de los frutos de esa medida nos permite enfrentar de mejor manera momentos de déficit y evitar el sobrecalentamiento de la economía en momentos de altos excedentes, como los que tenemos actualmente. Sin embargo, hay un cambio en las condiciones para esa regla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la regla suponía que en el transcurso de los años, la suma y resta de superávit y déficit tendería a un cierto equilibrio, es decir, a cero. Algunos años con excedentes y otros con déficit, permitiría gastar más y, por lo tanto, se equilibrarían los fondos en uno u otro sentido. Pero, ¿qué viene ocurriendo desde 2004 a la fecha? Que tenemos una joroba -por graficarlo de alguna manera-, muy significativa, ya que los altísimos precios del cobre están generando excedentes mucho mayores, que ya no se ajustan a esa regla de curva más estrecha que tendería a cero. Por lo tanto, hoy podemos proyectar una reserva de capital que antes no teníamos, por lo que se hace necesario ponerla en el debate. Hoy, eso se traduce en un fondo de estabilización económica y social, que permitirá enfrentar los déficit inyectando recursos a la economía; en un fondo de pensiones, y hoy, gracias a una medida que anunció la Presidenta de la República el 21 de mayo recién pasado -lamentablemente ha pasado inadvertida del debate público-, existe un fondo de capital humano de 6 mil millones de dólares, que permitirá otorgar una capacitación completamente inédita en la historia de nuestro país. Por lo tanto, si enfocamos esos excedentes como reserva de capital, pero que al mismo tiempo nos permitan otro tipo de inversiones, tendremos un marco distinto para discutir una reforma tributaria. Lo señalo, porque mi mayor preocupación apunta al surgimiento de una especie de populismo tributario, que nos invita a aprovechar la fiesta del cobre bajando impuestos. Francamente, eso sería repetir en forma dramática la historia de Chile. Eso ya ocurrió a principios del siglo pasado, cuando el salitre aportaba mucho al Estado y se rebajaron muchos los impuestos. Al margen de esa reserva de capital, debemos dar una mirada más estructural a los impuestos. Chile necesita aumentar su carga tributaria, amén de realizar una serie de perfeccionamientos. Con todo, pido que no nos perdamos del núcleo: los excedentes del cobre son un capital para el futuro de Chile, y debemos definir qué hacer con ellos. Pero, reitero, llamo a no caer en ese populismo tributario que exige rebajas de todo tipo, todas con cargo a los excedentes del precio del cobre, que son una oportunidad para el país. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, los socialistas y los democratacristianos pedimos esta sesión especial para dejar de lado los eufemismos y empezar a discutir en forma seria la forma como enfrentar la desigualdad. La sociedad democrática tiene tres instrumentos clave para revertir la desigualdad: fortalecimiento de la educación pública, porque el mercado, aún con superintendencia y agencia de calidad, nos puede garantizar calidad pero no equidad; fortalecimiento del sindicalismo y extensión de la negociación colectiva, y estructura tributaria. ¿Qué pedimos al Gobierno? Nada que signifique ir más allá de su programa. En primer lugar, que cumpla con la revisión de exenciones y franquicias y, en segundo lugar, que facilite los elementos para establecer un diálogo con su coalición en torno a la estructura tributaria, porque, junto con los otros dos, es un tema clave de cara al debate político democrático del próximo año y medio. Nada más. Aclaro que la Democracia Cristiana no está disponible para rebajar impuestos, sobre todo los pocos tributos progresivos, sin compensaciones. ¡Está claro! La estructura tributaria. Primera falacia del no debate, en esta sociedad donde la derecha ha desplazado el campo de lo debatible. Chile, con el mismo ingreso per cápita que tenía Estados Unidos de América entre 1951 y 1955, tiene una estructura tributaria completamente distinta. En efecto, la carga tributaria en Chile es de 18,3 por ciento, mientras que en dicho país ascendía a 23,9 por ciento. La composición de la estructura tributaria en Chile está dada básicamente por impuestos indirectos. Las declaraciones que el ex ministro Eyzaguirre hizo hace algunos días a El Mercurio van en esa lógica. La composición en Estados Unidos de América, sobre la base del 75 por ciento de la recaudación tributaria en la época que acabo de señalar, porque el 25 por ciento no era federal, sino estadual era la siguiente: 55 por ciento de impuestos directos, 11,8 por ciento de impuestos indirectos y 7,9 por ciento de seguridad social. El resto que falta para llegar al ciento por ciento, corresponde al nivel de los estados. Esta estructura tributaria se basa en impuestos indirectos. No ayuda a la equidad y profundiza la inequidad. La brillante exposición del colega Carlos Montes dejó claro que la evasión y la elusión favorecen normalmente a los más ricos, quienes pueden contratar a magos tributarios -contadores auditores, administradores de empresas, abogados- para usar las ventanillas que deja el sistema. Hay que avanzar mucho en materia de elusión, ya que hay demasiadas ventanillas para no pagar impuestos. Además, las tasas tributarias para las empresas son, comparativamente, muy bajas. Termino con el tema de los grupos medios. Esta inequidad tributaria provoca una bomba en los grupos medios, porque además de la carencia de políticas sociales universales, salvo el Auge y algo que está haciendo el gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de viviendas, pagan mucho impuesto, pues no tienen ventanillas para eludirlo y reciben muy poco del Estado. Por eso existe este malestar en las personas. Por lo tanto, hay que discutir esto en serio y tomar decisiones. Reitero, la estructura tributaria chilena es injusta, porque castiga duramente a las personas y no les deja vías de salida. No obstante, es demasiado amigable con las empresas en materia de tasas impositivas y de facilidades para evadir y eludir impuestos. Hemos puesto este tema en el debate público. En los próximos meses, junto con el Partido Socialista, vamos a poner en el debate público el sindicalismo, la negociación colectiva y el fortalecimiento de la educación pública, porque queremos pasar a una discusión en serio y no retórica sobre la forma de enfrentar las profundas desigualdades existentes en el país. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, al debatir en esta Sala una probable “reforma tributaria que beneficie a las personas”, como dice el título de la convocatoria, buscamos determinar qué cosas hacemos en Chile para que el Estado recaude los recursos necesarios para desarrollar las políticas sociales y lograr una cierta equidad entre su población. Qué duda cabe de que el Estado necesita recaudar recursos para desarrollar sus políticas. Ésa es la razón de los impuestos. Pero el sistema de recaudación tiene formas distintas. Los países desarrollan y planifican su carga tributaria dependiendo de su concepción de Estado. A mi juicio, el problema que tenemos en Chile es que, desde 1973 hasta 1989, se impuso una mirada de Estado distinta. Por lo tanto, la carga tributaria de nuestro país cambió en forma muy desigual, porque favoreció principalmente a las empresas, para que invirtieran y desarrollaran riquezas, pero se olvidó de las personas y de que la carga tributaria de un país debe reflejar las políticas que su sociedad quiere para todo su Estado. Chile tiene que volver a una política tributaria razonablemente justa con las personas, con los trabajadores y con la clase media. Señor Presidente, hoy estamos pagando un impuesto al valor agregado, IVA, bastante alto. Pero lo peor es que quienes más pagan, proporcionalmente, son los más pobres, ya que consumen todos sus ingresos, por lo que casi el 20 por ciento de sus escasos recursos va a parar a las arcas del Estado para financiar políticas sociales. Es verdad que a los pobres se les devuelve parte de ese impuesto a través de las políticas sociales. En todo caso, es una carga tributaria muy fuerte para la gente de menores recursos. Sin embargo, la carga tributaria de las empresas existente en Chile, que asciende al 17 por ciento, debe ser una de las más bajas del mundo -tal vez, el ministro nos pueda dar información al respecto. Dicho porcentaje me parece absolutamente menguado, por una razón muy sencilla: muchos capitales extranjeros tienen grandes utilidades en Chile, como las empresas mineras, cuyos patrimonios, con excepción de Codelco, pertenecen a accionistas extranjeros. Por lo tanto, las riquezas chilenas van al exterior y en el país sólo queda el 17 por ciento, más el 3 por ciento que logramos aprobar hace poco como impuesto específico a la minería. Otras grandes empresas presentes en Chile, como las de la salud, también están en manos extranjeras. Algo similar ocurre con las administradoras de fondos de pensiones. En verdad, las empresas pagan pocos impuestos. Por lo tanto, existe una carga tributaria bastante desigual para nuestra gente, ya que los profesionales, principalmente los de la clase media, pagan prácticamente todos los impuestos que les corresponden, ya que es difícil su elusión. El Servicio de Impuestos Internos cuenta con una base de datos y un sistema computacional de tal magnitud, que al contribuyente le entrega lista su declaración de impuestos. En cambio, como dijo el diputado Saffirio, las empresas tienen un staff de profesionales integrado por gente muy capaz, que les permiten evadir o eludir impuestos. Señor Presidente, a juicio de la Concertación, hay que tener una mirada distinta en el Chile de hoy y determinar la voluntad política del Estado. No queremos que la voluntad política siga orientándose a favorecer al empresariado para que cree riqueza y que después chorreen las utilidades. Si queremos un Estado más solidario y más equitativo, debemos tener una mirada más distributiva de nuestra carga tributaria. Por lo tanto, es necesario definir si queremos más impuestos directos o menos impuestos directos; si bajamos el IVA, que afecta a los más pobres, pero aumentamos los impuestos a quienes están llevándose nuestro capital hacia afuera, con el objeto de que dejen recursos para hacer labor social; si aumentamos los impuestos a las empresas, racionalizamos los impuestos a las personas y creamos una carga tributaria distributiva para que Chile sea más equitativo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, me parece que existe una cierta liviandad de parte de quienes hablan de reducir el IVA y el impuesto específico a los combustibles, pero afirman de inmediato la imposibilidad de aumentar los impuestos a las grandes empresas. Debe existir una correlatividad en esto. Es cierto que en otros países de América Latina se paga menos impuesto específico por los combustibles, pero tienen una estructura tributaria distinta, en que el impuesto a la renta es mucho mayor. Por lo tanto, debiéramos hacer una análisis como el que hicieron el diputado Rodrigo Álvarez, de la UDI, y diputados de la Concertación, en relación con la estructura tributaria global y no tener temor a su discusión. Lo que tenemos en la actualidad es un sistema crecientemente complejo y costoso, con elevada evasión, de 3 a 4 por ciento del PIB; el impuesto a la renta no cumple con el atributo de equidad horizontal; existen diferentes exenciones, pese a los esfuerzos que hemos hecho en especial en materia de construcción, muy costosas, que según estimaciones representan el 4,3 por ciento del PIB; el impuesto a la renta no influye en la distribución del ingreso. Sé que existe la tesis de que no hay que pedir progresividad a la estructura tributaria, sino al gasto. Obviamente, éste es un tema completamente discutible, sobre todo cuando los mismos que piden reducir impuestos aconsejan reducir fuertemente el gasto social para no producir mayor inflación. Debemos pensar, en primer lugar, en un aumento del impuesto a la renta que cree condiciones para eliminar otros impuestos. De aplicarse, podría significar una disminución del impuesto específico a los combustibles, de las contribuciones para sectores medios y adultos mayores e, incluso, una disminución del IVA. Pero para eso se requiere, repito, un aumento del impuesto a la renta, en especial del de primera categoría. Esto se fundamenta, sobre todo, en el caso de las empresas mineras. Es cierto que en el caso de éstas hay volatilidad y que, en el tiempo, los proyectos tienen distintos precios, razón por la cual ellas deben considerar ese fenómeno. Pero cuando el precio del cobre llega a 4,07 dólares la libra y en el mercado mundial los precios de los otros metales se encuentran también en niveles muy altos, no hay un aumento sustantivo del impuesto a las empresas mineras, que tienen ventajas comparativas cuando invierten en Chile. Hay una cierta correlación entre el aumento del precio del petróleo y el de los minerales. Sin embargo, el aumento del precio del petróleo lo pagan todos los chilenos, incluso los más modestos. Empero, las grandes empresas, que están obteniendo utilidades por el mayor consumo de cobre y de otros minerales, no pagan un impuesto más significativo, pese a las enormes utilidades que obtienen. Se debe tener en cuenta que proyectos nuevos tienen depreciación acelerada. Por lo tanto, si bien el tramo será más corto, debido al precio del cobre, no pagarán impuestos durante algunos años, pese a contar con enormes utilidades. Soy partidario de eliminar el impuesto específico a los combustibles, pero de manera transitoria, mientras dure el precio del petróleo en los actuales niveles, y establecer una cierta relatividad en relación con el precio del petróleo y los combustibles a nivel internacional. Pero también es necesario tener en cuenta las externalidades, que las paga el Estado. Por lo tanto, también respecto del impuesto a los combustibles debe haber correlación en relación con el resto de la carga tributaria del país. Es necesario abordar la situación de las energías renovables, materia cuyo tratamiento es urgente y tiene que ver con este problema. Me gustaría que tuviéramos una mayor fantasía, como la que ha tenido el gobierno mexicano, que acordó en conjunto con los empresarios el congelamiento durante un año, del precio de ciento cuarenta productos alimenticios básicos, como las tortillas que comen los mexicanos. Pero es un acuerdo, no una ley ni una reforma constitucional, entre los empresarios y el gobierno mexicano, de manera de enfrentar la inflación. Por lo tanto, pido a Hacienda mayor fantasía y, ojalá, abrir un debate sobre la reforma tributaria en este período. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este debate lo tuvimos hace varios años. Recuerdo que durante el ejercicio de Alejandro Foxley como ministro de Hacienda, logramos sacar adelante una reforma tributaria primordial después de la recuperación de la democracia, pues hasta ese entonces -estoy hablando del año 90- la evasión de impuestos alcanzaba a alrededor de 28 por ciento. En la discusión y votación de dicha iniciativa sobre evasión y elusión tributaria, participaron, con mucha seriedad, parlamentarios de la Concertación y de la Alianza, y una vez que se convirtió en ley de la República significó reducir ese 28 por ciento de evasión a 10 por ciento. Es decir, se ha actuado con seriedad. Pero, ¿cuál es el problema de fondo? Chile es un país dependiente del petróleo. En 1990, los pozos petrolíferos en Magallanes significaban, más o menos, un 28 ó 30 por ciento de la producción de petróleo y sus derivados que consumía el país. Sin embargo, en este instante esa producción alcanza sólo al 1 por ciento y, por lo tanto, se debe importar el 99 por ciento restante. Hace un año, el precio del petróleo era de 60 dólares el barril; ahora ha superado la barrera de los 140 dólares. Ése es el tema de fondo y la situación que está viviendo todo el mundo, no sólo nuestro país. ¿Qué ha pasado en nuestro país? La Cámara conoció el proyecto de ley que inyectó recursos al Fondo de Estabilización de precios de los combustibles. Sus defensores sabemos lo que ha significado la compensación para la ciudadanía. De lo contrario, el precio del litro de bencina bordearía los 800 pesos. Reitero que hemos actuado con mucha seriedad. Como militante de la Democracia Cristiana, soy partidario de sentarnos a conversar. Firmé el proyecto de acuerdo que se presentó en ese sentido. Los diputados Patricio Vallespín y Eduardo Saffirio dieron a conocer el planteamiento oficial de nuestra bancada. Por lo tanto, creo que es el momento de terminar con algunas falacias que se han dicho aquí, como por ejemplo, que la reducción del IVA favorecería a los sectores más modestos. Los sectores de mayores ingresos son los que hacen más aportes por concepto del IVA. Por eso, por el bien del país, debemos sentarnos a conversar y seguir actuando en forma seria, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, hoy hemos escuchado a grandes economistas. Veo la cara del ministro y no sé si es de preocupación o de “lata”, porque aquí han aparecido nuevas teorías económicas. No son los “Chicago Boys”, sino los “Concerta Boys” quienes, en esta universidad del Congreso, han inventado un nuevo modelo de tributación. Soy médico. En relación con la materia que nos ocupa, mi única aspiración es trabajar y que los impuestos sean suficientes, equitativos, simples y, por supuesto, eficientes. Al respecto, no debemos perder de vista que el motivo por el cual se generan impuestos es la redistribución y el cuidado a la población; porque lo que importa, en el fondo, es eso: el cuidado de los ciudadanos. Se habla de subir los impuestos en un área y de bajarlos en otras, de gravar a las empresas con mayores tributos, etcétera. Pero lo que importa, en el fondo, es incentivar el ahorro de las personas y la incorporación de valor agregado a los productos. El país produce materias primas. Entonces, es momento de incentivar el emprendimiento, de manera que lleguen empresas que quieran producir en Chile. Se trata de que los ciudadanos tengan trabajo. Si la gente tiene un buen trabajo y un buen salario, le da lo mismo pagar los impuestos. Pero el problema es que hoy no hay suficientes fuentes laborales y existe gente subempleada. Empresas que podrían haberse instalado en Chile no lo hacen debido a la maraña tributaria existente con el afán de aumentar y seguir aumentando la carga impositiva, y terminan emigrando a países más competitivos. En ese sentido, en forma reciente Chile perdió muchas inversiones de ese tipo. Por eso, si queremos hablar de esto, debemos escuchar a los expertos y no seguir fantaseando en esta sesión, con una Sala, casi vacía, lo que me avergüenza. El mérito que tenía esta convocatoria se perdió desde el inicio, pues la sesión ha tenido una concurrencia muy reducida. Por lo tanto, señor Presidente, si seguimos haciendo sesiones de este tipo, continuaremos haciendo el ridículo. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el ministro de Hacienda señor Andrés Velasco. El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero destacar que hoy hemos escuchado un debate con altura de miras, en el que me parece muy importante -hago mías las palabras de varios diputados- no caer en el populismo tributario. En ese sentido, es necesario no desaprovechar las lecciones del pasado y enfocar esto con la seriedad que ha caracterizado a los chilenos y que el tema exige, porque es una materia importante, en la que se juegan no sólo asuntos de equidad, sino también de crecimiento y de futura prosperidad. Por lo tanto -reitero-, su tratamiento exige la seriedad con la cual se ha abordado hoy. Además, me interesa aportar algunos datos relevantes a esta discusión. El primero es que la carga tributaria en Chile -lo he afirmado en distintos foros y lo reitero ahora- es coherente con el nivel de ingresos que tiene el país. Un dato bastante duro del comportamiento de las naciones dice relación con que los países con ingresos muy altos suelen tener cargas tributarias más altas y, a la inversa, los países más pobres generalmente tienen menores impuestos. Si hacemos el cálculo, podremos constatar que en un país de ingresos medios, como Chile, el peso de los impuestos en el PIB también es de nivel medio. Está por sobre algunos países latinoamericanos y por debajo de otros, como Brasil, y ciertamente muy por debajo de los escandinavos o de los del norte de Europa. Por lo tanto, no tenemos impuestos bajos, sino una carga tributaria acorde con nuestro nivel de desarrollo. El segundo asunto que quiero destacar es que la composición de la recaudación en Chile ha ido variando con el tiempo. De hecho, a diferencia de los datos históricos, este año y el anterior, por primera vez, los impuestos directos, fundamentalmente a la renta, han recaudado más que los impuestos indirectos, principalmente el IVA. Esta realidad es distinta a la que ocurrió en forma histórica en Chile. En 2000, por ejemplo, el impuesto al valor agregado constituía el 50 por ciento de la recaudación total. En 2007, alcanzó el 42 por ciento. Este cambio se debe, fundamentalmente, a que los impuestos a la renta han subido su participación, entre otras razones, porque las empresas mineras han aumentado sus pagos a raíz de los mayores precios de los recursos naturales, en general, y del cobre, en particular. Esta realidad nos permite recaudar hoy en impuesto a la renta un 44 por ciento del total, cifra que en 2000 era sólo de 27 por ciento. Por lo tanto, estas variaciones permiten que, con el tiempo, en la medida que los ingresos suben, la estructura del país también vaya cambiando de naturaleza. El tercer aspecto dice relación con que, entre los países en desarrollo, Chile destaca por tener una buena fiscalización. En otras palabras, existen bajos niveles de evasión. El director del Servicio de Impuestos Internos conoce muy bien esta materia. Es importante constatar, por ejemplo -hay que buscar la información con cuidado, porque no todos los países tienen datos para el mismo año-, que, en el caso del IVA, las estimaciones con que se cuenta sugieren que en Chile la tasa de evasión del IVA es inferior a la de países como España, Italia o México. Es decir, contamos con una buena labor de fiscalización, que se traduce, fundamentalmente respecto del IVA, en un alto nivel de eficacia y en una baja tasa de evasión. Esos son algunos datos que, a mi juicio, contribuyen a la conversación que se ha desarrollado hoy. Quiero rescatar, una vez más, la importancia de afrontar estas materias con responsabilidad, con sentido de país y con una mirada de largo plazo, tal como ha ocurrido en este debate. He dicho. El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo presentado. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 609, de los señores Saffirio, Vallespín, Montes, Ortiz, Súnico, Tuma, Robles, Duarte, Jaramillo e Insunza, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: 1. Evacuar el informe realizado por la Comisión de Hacienda sobre la revisión de la estructura tributaria nacional y propuesta de modificaciones. 2. Solicitar al ministro de Hacienda que forme una Comisión Ad hoc para estudiar una reforma tributaria, que debiera contemplar los siguientes puntos: Evaluar la pertinencia e impacto de todas las franquicias y exenciones tributarias actuales, eliminando o disminuyendo progresivamente aquellas que sean poco rentables socialmente, proponiendo, además, el posible reemplazo de franquicias por subsidios directos. Disminuir sostenidamente la evasión y elusión tributaria, a través del uso de tecnologías que permitan una recaudación rápida y confiable. Garantizar mayor equidad mediante la reestructuración del Fondo de Utilidades Tributable (FUT), mejorando la fiscalización de éste. Fijar impuestos dinámicos que fluctúen de acuerdo con los altos y bajos de los ciclos económicos. Instalar, con prontitud, tribunales tributarios especializados e independientes. Existe en actual tramitación un proyecto de ley que fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria (boletín Nº 3139-05). Diseñar un cobro de renta para aquellos recursos naturales que presenten signos de sobreexplotación y agotamiento similar a lo que ocurre en otros países del orbe. Por ello, cabe establecer un impuesto específico a la minería. Crear la figura del Ombudsman Tributario, que sea una efectiva defensa para hacer frente a los abusos y vulneraciones que el contribuyente pudiera sufrir en sus derechos. Evaluar la disminución de la tasa marginal máxima del impuesto global complementario, así como del impuesto a los salarios, sueldos y pensiones. Fijar un incentivo tributario al ahorro personal. Estudiar la posibilidad de que las empresas paguen una tasa única sólo por las utilidades distribuidas a sus dueños, sea en la forma de retiros, dividendos, etcétera, y que los dueños no incluyan en su base imponible las utilidades distribuidas por las empresas. Permitir a las personas naturales, de la misma manera que a las empresas, ciertos gastos en que se debe incurrir para producir la renta o, al menos, las inversiones o gastos en elementos socialmente rentables que generan externalidades positivas y que son claves para las familias, tales como la inversión en vivienda, educación y salud. Definir un sistema de tributos para el suelo urbano, la contaminación ambiental y la destrucción de recursos no renovables. Clasificar y perfeccionar la compra de empresas quebradas”. El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Egaña Respaldiza Andrés; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Lobos Krause Juan; Recondo Lavanderos Carlos; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.-Se abstuvo el diputado señor Chahuán Chahuán Francisco. El señor ULLOA (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 19.39 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas. (boletín Nº 5971-17)“Honorable Cámara de Diputados: Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.I. FUNDAMENTOS. Los gobiernos de la Concertación, desde 1990 en adelante, han hecho esfuerzos sistemáticos para lograr la recuperación de las profundas heridas sociales y personales sufridas en el periodo 1973-1990. Producto de dichos esfuerzos, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que produjo el llamado “Informe Rettig”; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; el Programa de Reconocimiento al exonerado Político; la Oficina Nacional de Retorno, para prestar asistencia a los retornados del exilio; la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Además, los gobiernos democráticos han impulsado políticas dirigidas a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, si bien los esfuerzos desplegados han contribuido a cerrar heridas y alivianar el peso de las víctimas directas, quedan temas pendientes. La situación de la desaparición forzada, tal como está definida en la normativa sobre la materia en el ámbito internacional de los derechos humanos, no está tratada ni reconocida en la ley nacional expresamente. Por ello, los familiares de los detenidos desaparecidos no han tenido un modo legal de dar curso a los asuntos patrimoniales y de familia ocasionados por la desaparición de sus familiares por muy largo tiempo. Ello es así, porque la única manera de dar estatuto legal a los derechos de los familiares sobre los bienes de un detenido desaparecido, de acuerdo a la legislación actualmente vigente, pasa por reconocer la muerte natural o presunta de la persona víctima de la desaparición forzada. Es públicamente conocida la posición de los familiares de los detenidos desaparecidos sobre ese punto: no es posible ni aceptable reconocer la muerte de sus familiares, sin que se aclare cuál fue la suerte que corrieron y cuál fue la participación precisa de agentes estatales, o que actuaron a nombre del estado, en su desaparición. El uso de esas instituciones, en la medida que suponen la muerte, podría, producto de indeseables interpretaciones, debilitar la legítima demanda por verdad y justicia que ha sido el fundamento de una labor de más tres décadas. Entonces, la respuesta a la demanda de los familiares por dar razonable administración y goce a los bienes de la familia, así como disolver vínculos matrimoniales, ha pasado, durante más de tres décadas, por el uso de las instituciones de la sucesión por causa de muerte y declaración de muerte presunta. Ello equivale a limitar gravemente los derechos asociados al matrimonio y al patrimonio de los familiares de detenidos desaparecidos. Además, y no es justo exigirles que, para el ejercicio de dichos derechos, deban poner en juego un punto central de la lucha de esta organización ciudadana, en un ámbito tan sensible como el desaparecimiento de un ser querido en las circunstancias históricas que todos conocemos. La desaparición forzada de personas a manos de agentes estatales, sin que los familiares puedan saber de su paradero y por ello, sin que pudieran ejercer los derechos básicos asociados a un debido proceso, no es una entelequia legal ni una ficción, sino una realidad histórica que la sociedad chilena ha enfrentado. Reconocer estos hechos, es una forma de evitar que vuelvan a ocurrir. Este proyecto de ley pretende consagrar legalmente aquello que hemos reconocido como sociedad y, a partir de ello, establecer mecanismos institucionales que permitan el adecuado y satisfactorio ejercicio de derechos, a los familiares de las víctimas, en el ámbito patrimonial y de familia. Como ya se señalara, la desaparición forzada de personas es una situación de hecho y una realidad histórica. Ésta no sólo ha ocurrido en Chile y por ello, ha tenido consagración a nivel del derecho internacional, básicamente para obligar a los Estados suscriptores de los respectivos instrumentos, a tomar las medidas necesarias para que situaciones de este tipo no ocurran en sus territorios. Con esta categoría, de desaparición forzada, se describe derechamente la realidad que enfrentaron las personas que en Chile fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar. Por ello, es un concepto adecuado para abordar las consecuencias que se siguen de la referida desaparición, en los ámbitos patrimonial y de familia. Así, reconocida la realidad efectiva de la cual emanan los derechos de los familiares, la ley regula los efectos de dicha desaparición, sin obligar a los titulares de los derechos a alegar la muerte del desaparecido, con lo cual se respeta un punto central de la demanda por verdad y justicia que sostienen.II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 1. Contenido general. Básicamente, se pretende dar curso a los asuntos patrimoniales y de familia asociados a la desaparición forzada, por medios no asociados a la sucesión por causa de muerte. Esto se hace usando conceptos que reconozcan sin disimulos la categoría de la desaparición forzada, como la situación de hecho que la ley pretende regular. Se pretende además, dar a las familias afectadas, toda la autonomía para decidir qué medio institucional usar y, si deciden optar por la declaración prevista en este proyecto, un procedimiento expedito y simplificado. 2. Conceptos. En la presente ley se establecen dos categorías que es necesario mencionar y cuya presencia en el proyecto tiene como fundamento la directa revelación de la realidad que hace necesaria la dictación de esta ley. La primera de ellas, es la de desaparición forzada. Para ello se tomó el tenor literal de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas, elaborado por Naciones Unidas en 2006. De esta forma, se evita dar definiciones ad, hoc, y se opta por un texto conocido por todos y con elementos predefinidos. La segunda es la declaración de ausencia por desaparición forzada. Se trata de una sentencia que, a partir de la declaración de desaparición forzada de una persona, ordena la disolución del matrimonio cuando el cónyuge no desaparecido lo solicite; produce el efecto de transferir los bienes del mismo, a las personas señaladas en la propia ley. Esta sentencia no produce efectos sino en el estricto ámbito de los aspectos patrimoniales y de familia regulados en esta misma norma. 3. Legitimidad activa. Este es un punto que merece atención en el proyecto, pues dado que lo que esta institución pretende hacer es dar curso a los efectos patrimoniales y de familia de la desaparición forzada y que estos efectos (que generarán por ejemplo, la situación de que los bienes sometidos a un régimen registral, tales como la casa familiar, ya no estén a nombre de la persona desaparecida o la misma disolución del matrimonio) pueden tener un fuerte contenido simbólico y emocional para algunas familias. De ahí que se pretenda resguardar muy celosamente la facultad privativa de los familiares más cercanos de pedir la declaración de ausencia o de no hacerlo si consideran que vulnera elementos que quieren mantener intocados. Serán, entonces, las propias familias las que deciden qué medio usarán para dar curso a los asuntos patrimoniales y de familia, o si no usarán ninguno. Por eso, en la casuística de este proyecto de ley, los familiares más cercanos, tienen exclusivamente la acción para solicitar la declaración y por ello excluyen a los familiares más lejanos. De ahí que, en el evento en que se genere disputa entre familiares en torno a la declaración de ausencia, el Juez siempre deberá preferir la pretensión del familiar que tiene la acción, es decir, el más cercano, y sólo en el evento contencioso entre dos familiares con igual legitimidad activa, el Juez resolverá de acuerdo al mérito del caso. 4. Simplificación del procedimiento. Esto se ha generado por dos vías: una procedimental propiamente tal y a través de la simplificación de la rendición de prueba. Por la primera vía, se crea un procedimiento muy simplificado y, por regla general, no contencioso. Sin embargo, en el evento en que devenga en contencioso, se tramita de acuerdo a las reglas del juicio sumario. El segundo aspecto merece más atención, pues tiene que ver con los casos mismos de desaparición forzada de personas y su prueba. El proyecto establece que si el caso está contenido en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, así como aquellos de otros órganos que pudieren crearse con los mismos fines, dicha inclusión será prueba suficiente de la desaparición forzada. Con dicha norma se simplifica al máximo el trámite de los casos que ya han sido investigados y de los cuales dan cuenta los informes referidos. Lo mismo sucede con los casos en que la desaparición forzada esté contenida en una sentencia penal firme, de acuerdo a la definición que de ella ha dado la propia ley. 5. Delimitación de los efectos. Se deja establecido que la declaración de ausencia por desaparición forzada es una sentencia judicial que tiene el mérito de asignar los bienes del desaparecido y disolver el matrimonio en su caso. Esto significa, por un lado, que no es necesaria la declaración para que quede establecida la desaparición forzada de un desaparecido, para efectos diferentes a los previstos en esta ley; y, por otro, acota los efectos de la presente declaración al exclusivo ámbito de lo regulado en esta ley. La razón para esto radica en que existen familias que han optado por el uso de la muerte presunta y aún hay otras que no están dispuestas a usar esta institución y seguirán con los asuntos patrimoniales y de familia pendientes. Estas diferentes opciones que naturalmente tienen fundamentos diferentes, no pueden limitar la naturaleza de detenido desaparecido de una víctima ni su estatus de víctima de desaparición forzada, de acuerdo al derecho internacional. Así, la declaración que prevé este proyecto de ley, sólo limita sus efectos al ámbito patrimonial y de familia. 6. Disolución del matrimonio. Otro elemento en que hay que resguardar muy cuidadosamente la opción de las familias, es la disolución del vínculo matrimonial como consecuencia de la declaración de ausencia por desaparición forzada. En efecto, existen casos en que el cónyuge no desaparecido pretende disolver el vínculo, adquiriendo el estado civil de soltero o soltera, y otros muchos en que el cónyuge de la víctima no quiere hacerlo. Los motivos para estas opciones residen, claro está, en el ámbito más íntimo de las personas que se encuentran en esa situación y ésta ley no puede sino dar la opción exclusiva al cónyuge no desaparecido, para solicitar la disolución del vínculo. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1°.- Para los efectos de la presente ley, se considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquiera otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Artículo 2°.- La declaración de ausencia por desaparición forzada la dictará, a petición de parte, el Juez de Letras en lo Civil del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile o del domicilio del solicitante, a elección de éste. Artículo 3°.- Podrán solicitar la declaración de ausencia por desaparición forzada, el cónyuge o los hijos de la persona desaparecida. A falta de estos, podrán solicitarla los descendientes. Si no existieren estos, podrán pedirla sus ascendientes. A falta de ascendientes y descendientes, podrán solicitarla los colaterales. En todo caso, para efectos de la legitimidad para la solicitud, los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Artículo 4°.- Con la acreditación de la legitimidad activa, por medio de los certificados correspondientes, emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación o de servicios de similar naturaleza de Estados extranjeros debidamente legalizados, y con los antecedentes a que se refiere el artículo siguiente, destinados a acreditar la desaparición forzada aportados por la solicitante, el Juez se pronunciará sobre la admisibilidad de la solicitud. El juez podrá declarar inadmisible la solicitud, incluso por falta de fundamento o pedir al solicitante, en un plazo prudente que no excederá de 30 días, que allegue más antecedentes. Artículo 5°.- La sentencia judicial firme que configure la desaparición forzada de una persona, de acuerdo a la definición del artículo 1° de esta ley, así como la inclusión de una persona en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, así como en informes de comisiones de la misma naturaleza que pudieran crearse, ya como detenida desaparecida, ya como ejecutada, en el caso en que no exista el certificado de defunción correspondiente o, habiéndolo, la familia no haya tenido acceso a los restos, serán prueba suficiente de la desaparición forzada. Para estos efectos, la copia autorizada de la sentencia o el certificado emitido por el órgano competente de la administración, producirán plena prueba. Artículo 6°.- En la resolución que acoja a tramitación la solicitud de declaración de ausencia por desaparición forzada, se ordenará la publicación, por una sola vez, en un diario de circulación nacional, de un extracto de la solicitud, el cual deberá contener, en todo caso, la individualización de la persona víctima de desaparición, así como la de la o las solicitantes. Artículo 7°.- Transcurridos treinta días desde la publicación referida en el artículo anterior, el Juez declarará derechamente la ausencia por desaparición forzada. Si se dedujere oposición, el procedimiento continuará su sustanciación de acuerdo a las reglas del juicio sumario. La oposición sólo puede ser deducida por quienes tengan la legitimidad activa de la solicitud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de esta ley. El Juez deberá resolver siempre a favor de la pretensión de quien sea hábil para la solicitud de ausencia por desaparición forzada. Sólo en caso de que el o los solicitantes de la declaración, así como el o los oponentes a la misma, sean hábiles para hacerla, podrá el Juez resolver el conflicto de acuerdo al mérito probatorio de los antecedentes sobre la desaparición forzada. Sólo en estas circunstancias, cuando el fundamento de la solicitud sea alguno de los instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 5° de esta ley, el Juez deberá declarar la ausencia por desaparición forzada. Artículo 8°.- De acuerdo a las reglas de esta ley, la declaración de ausencia por desaparición forzada es la sentencia judicial que, reconociendo la desaparición de una persona en los términos del artículo primero, transfiere los bienes del desaparecido, y en su caso, disuelve el matrimonio. Dicha sentencia será impugnable de acuerdo a las reglas generales. Artículo 9°.- La declaración sólo producirá efectos hacia el futuro. La sentencia contendrá, a lo menos, la individualización de los solicitantes, la de los oponentes en su caso, la del desaparecido, el hecho de la desaparición, los fundamentos que se tuvieron a la vista para su establecimiento y la declaración de ausencia fundada en la desaparición forzada. No será necesario que la sentencia contenga la data exacta de la desaparición. Artículo 10.- Ejecutoriada la sentencia, se transferirán los bienes del desaparecido de acuerdo a las siguientes reglas: a) Si hubiere hijos, todos los bienes serán transferidos a éstos y al cónyuge, si lo hubiere. Si sólo hubiere un hijo, la transferencia de los bienes del desaparecido, se hará en partes iguales a éste y al cónyuge. Si hubiere más de un hijo, el patrimonio del desaparecido será repartido entre estos y el cónyuge de modo tal que al cónyuge no le corresponda menos que la cuarta parte del patrimonio del desaparecido. Asegurándose lo anterior, al cónyuge le corresponderá la transferencia del doble de lo que le corresponda a cada hijo. b) Si no hubiere cónyuge, todos los bienes se transferirán en partes iguales entre los hijos. c) Si no hubieren hijos, los bienes se transferirán al cónyuge y a los ascendientes de grado más próximo, dividiendo el patrimonio en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. d) Si no hubiere hijos ni cónyuge, los bienes se trasferirán a los ascendientes en partes iguales. Los ascendientes de grado más próximo excluirán a los demás. e) Si no hubiere hijos, cónyuge, ni ascendientes, los bienes se transferirán a los colaterales en partes iguales hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de grado más próximo excluirán a los demás. En el caso de los hermanos, los carnales tendrán derecho a que se les trasfiera el doble respecto de los maternos o paternos. En el caso de los colaterales, los de doble conjunción tendrán derecho al doble de lo que les corresponda a los de simple conjunción. f) Los hijos y hermanos de la persona desaparecida concurrirán a la transferencia personalmente o representados por sus descendientes, por estirpe. Si el desaparecido hubiese dejado testamento, se aplicarán las reglas sobre sucesión testada en la parte del patrimonio afectada por éste. Artículo 11.- La sentencia ejecutoriada que declare la ausencia por desaparición forzada producirá, sólo en el caso en que el cónyuge no desaparecido lo haya solicitado, la disolución del matrimonio. No obstante, aun cuando la sentencia estuviere ejecutoriada, el cónyuge no desaparecido podrá solicitar, ante el mismo tribunal que la hubiere dictado, la ampliación de la sentencia en el sentido de ordenar la disolución del matrimonio. Artículo 12.- Una vez ejecutoriada la sentencia, el Juez oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual tomará las medidas correspondientes, de conformidad al reglamento, para registrar la disolución del matrimonio, en su caso, y dictará un acto de transferencia de todos los bienes del desaparecido de acuerdo a las reglas de esta ley. Para estos efectos, el solicitante deberá presentar al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación un inventario simple de los bienes del ausente por desaparición forzada. Respecto de los bienes inmuebles, los beneficiarios de la transferencia se entenderán poseedores desde la inscripción del acto de transferencia en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Respecto de los bienes muebles, se aplicarán las reglas generales sobre posesión y dominio. Artículo 13.- Los solicitantes de la declaración de ausencia por desaparición forzada, así como los beneficiarios de las trasferencias reguladas en la presente ley, gozarán de privilegio de pobreza. Las trasferencias realizadas en virtud de esta ley, están exentas de todo impuesto. Artículo 14.- La declaración de ausencia por desaparición forzada no podrá ser considerada para la prescripción penal, ni para ningún otro efecto civil o penal que no sean los regulados en esta ley.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; EDMUNDO PÉREZ YOMA, Ministro del Interior; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia; CARLOS MALDONADO CURTI, Ministro de Justicia”.2. Oficio del Senado. “Valparaíso, 8 de julio de 2008. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Modificase la ley Nº 18.290, de Tránsito, de la siguiente forma: 1) Agrégase, en el artículo 12, en el párrafo relativo a la “licencia no profesional”, Clase C, el siguiente inciso final, nuevo: “La licencia clase C presentará las siguientes categorías: a.- Clase C1, que habilitará al conductor a conducir motos de hasta 50 centímetros cúbicos; b.- Clase C2, que habilitará al conductor a conducir motos de hasta 250 centímetros cúbicos. Esta licencia se transformará automáticamente en una licencia clase C3 después de dos años contados desde su otorgamiento, y c.- Clase C3, que habilitará al conductor a conducir motos de 251 o más centímetros cúbicos.”. 2) Modifícase, en el artículo 13, el número 1 del párrafo relativo a la “licencia no profesional clase B”, como se señala: a.- Agrégase, en su inciso cuarto, la siguiente oración final: “Lo mismo procederá en el caso que el menor incurra en una infracción grave o gravísima.”. b.- Incorpórase el siguiente inciso quinto, nuevo: “En caso que el menor sea sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, se le suspenderá la licencia de conducir por un plazo de tres años.”. 3) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 18, la siguiente oración final: “No obstante, la licencia otorgada por primera vez tendrá una vigencia de tres años.”.”.-o- Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.3. Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el Reglamento de la Cámara de diputados en lo referente a la publicidad de sus acuerdos. (boletín N° 5824-16)“Honorable Cámara: La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar el proyecto de acuerdo, iniciado en una moción de la Diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y los diputados señores Pedro Araya Guerrero, Eduardo Díaz Del Río, Jaime Mulet Martínez, Carlos Olivares Zepeda y Esteban Valenzuela Van Treek, cuyo propósito es modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados en lo concerniente a publicítar en mejor forma los acuerdos adoptados cuando se solicite el asentimiento unánime del Pleno, especialmente, en el caso de quienes expresen su negativa a los mismos.I. ANTECEDENTES GENERALES. Los autores de la moción señalan que la Constitución Política de la República establece en el inciso segundo de su artículo 8° que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como su fundamento y los procedimientos que utilicen. Agrega que, sin embargo, sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de esos actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. En el caso del Congreso Nacional corresponde que sea su ley orgánica la que regule la reserva o secreto de sus actos, resoluciones, sus fundamentos y procedimientos, conforme a las normas que fija el proyecto de ley en actual tramitación. En principio, dicha iniciativa establece la obligación de publicidad en los actos y resoluciones de los acuerdos que adoptan ambas ramas del Congreso Nacional, fijando un procedimiento especial para aquellos aspectos que se mantendrán en reserva o secreto cuando se cumplan los requisitos que para tal efecto exige la Ley Matriz. No obstante lo anterior, un avance significativo se dio en esta materia con la reforma reglamentaria sancionada en mayo de 2006, en la que se reguló, entre otras cuestiones, la publicidad de las actas, las votaciones y la asistencia de los Diputados tanto en el pleno como en las comisiones y, al mismo tiempo, se reglamentó la difusión de tales actos. Los autores de esta iniciativa consideran que aún existen en el Reglamento de la Corporación ciertos vacíos en materia de publicidad de sus procedimientos, pues en aquellos casos en que se requiere el asentimiento de los diputados presentes en la Sala para adoptar alguna resolución, no se registra adecuadamente la identidad de quienes expresan un voto negativo. Debe tenerse en cuenta que los acuerdos que requieren de la unanimidad de los diputados presentes son excepcionales en el sistema regulatorio de los procedimientos de la Cámara de Diputados y, sobre todo, tal unanimidad es demandada cuando se trata de dejar sin efecto una o más disposiciones reglamentarias, oportunidad en la que es entendible tal exigencia.II. IDEA MATRIZ Y FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA. La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en regular la forma en que se deberá dejar constancia de los nombres de los Diputados que se opongan a la adopción de un acuerdo por parte de la Cámara de Diputados cuando para alcanzarlo se necesite la unanimidad de los presentes. Argumentan los autores del proyecto que requerir la unanimidad es una práctica parlamentaria que no se encuentra claramente regulada. En ella, es tradicional que quien presida no tenga la obligación de precisar quién o quiénes no dan su asentimiento para perfeccionar un determinado acuerdo y, con ello, se incurre en una inconstitucionalidad, pues no está sancionada por ley de quórum calificada tal reserva y sólo se trata de una práctica que debe ser abolida de raíz. Fundamentan su moción en la circunstancia de que este procedimiento puede dilatar el despacho de proyectos de ley o el ejercicio de otras atribuciones constitucionales de los diputados o de la propia Cámara o que se utilice como un subterfugio para esconder posibles conflictos de interés que puedan afectar a un parlamentario. Finalmente, expresan que la transparencia que cabe exigir a la labor parlamentaria tiene su correlato en la responsabilidad de naturaleza política que compete asumir a cada diputado por sus actos, cuestión que debe ser conocida por los ciudadanos que son en definitiva sus mandantes.III. DISPOSICIONES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA. El proyecto de acuerdo motivo de este informe consta de un artículo único que sustituye el artículo 161 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tal precepto declara la publicidad de las sesiones de la Cámara de Diputados, de los documentos y antecedentes de las mismas, de las actas de sus debates, de sus acuerdos y de las votaciones que en ellas se produzcan. La referida norma precisa que cuando dicha publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de los órganos de la Cámara de Diputados, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, el Presidente, con el voto favorable de los dos tercios de los diputados presentes, podrá declarar secreta la sesión o una parte de ella, dejándose constancia de los fundamentos de tal declaración. La moción en informe agrega que para aquellos casos en que se requiera la unanimidad, el Presidente deberá informar el o los nombres de los diputados que se hubieren opuesto.IV. DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR DE LA INICIATIVA. En el debate surgido en el seno de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, se consideró que la práctica reiterada de no señalar la identidad de quienes se oponen a dar la unanimidad para revisar o modificar un acuerdo ya adoptado por la Corporación o para dejar sin aplicación una norma del Reglamento no necesariamente significa una alteración del principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Ley Matriz. Se sostuvo que si bien esta es una materia que debe ser regulada en el proyecto que adecua la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional a las modificaciones efectuadas por la ley N° 20.050, que modificó la Carta Fundamental, tampoco resulta insustancial tratar desde ya esta materia en el Reglamento de la Cámara de Diputados, reconociendo eso si que tal enmienda puede resultar contradictoria con lo que se legisle en definitiva. Se precisó que con esa misma prevención se aprobaron una serie de modificaciones reglamentarias en materia de publicidad de las sesiones, sus debates, sus documentos y actas, en mayo de 2006. En mérito de lo anterior, se aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de los Diputados presentes. Durante la discusión particular de esta moción, varios diputados observaron lo poco adecuado que resulta insertar un nuevo inciso en el artículo 161, referido básicamente a los casos en que las votaciones pueden ser públicas. Se recordó que la materia que aborda la iniciativa no implica una votación, sino que un acuerdo unánime de la Corporación para no aplicar un precepto reglamentario o modificar un acuerdo anterior, lo que en estricto rigor no constituye una votación en los términos que establecen los artículos contenidos en el párrafo 40 del Título IV del Libro I del Estatuto Interno. Se sugirió la posibilidad de trasladar a otro título del Reglamento la incorporación de esta idea de registrar de manera precisa la identidad de quien no dé su acuerdo, y, luego de un breve debate, se propuso modificar la redacción del actual artículo 24, de manera de dar cabida a la propuesta de esta moción. Para cumplir el objetivo anterior, diversos diputados formularon una indicación que sustituye el artículo 24 antes referido y que precisa los casos en que habrá la unanimidad de la Sala, señalándose que ella existirá si ningún diputado o diputada manifiesta su oposición de viva voz, con lo cual tal negativa quedará registrada en acta e individualizado su autor. Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada en forma unánime.-o- En consecuencia, en atención a las razones expuestas y a los demás antecedentes que dará a conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento recomienda aprobar el siguienteProyecto de acuerdo: “Artículo único.- Sustitúyese el artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados por el siguiente: “Artículo 24.- Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, sólo podrá suspenderse el cumplimiento de las normas de este reglamento para un caso particular cuando: a) Exista unanimidad de los diputados presentes en la Sala. Se entenderá que hay acuerdo si ningún diputado manifiesta su oposición de viva voz. b) Exista acuerdo unánime de los Jefes de los Comités Parlamentarios. Estos acuerdos sólo regirán para las sesiones en que se adopten y para el caso particular referido.”.”. Se designó diputado informante al señor Araya, don Pedro. Sala de la Comisión, a 4 de junio de 2008. Acordado en sesión celebrada el día 4 de junio de 2008, con la asistencia del señor Bustos, don Juan (Presidente) y de los señores Ulloa, Alvarado, Araya, Duarte, señora Pascal, Recondo, Saffirio, Sule, señora Cristi, Godoy y Ward. Concurrió, asimismo, el diputado señor Fidel Espinoza. (Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario General de la Cámara de Diputados”.4. Moción de los diputados señores Ulloa, Ortiz, Chahuán, De Urresti, Egaña, Moreira, Ojeda, Quintana, Silber, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra. Propone incorporar a indemnizaciones cubiertas por el seguro automotriz obligatorio las operaciones de rescate, reanimación y traslado de víctimas de accidentes del tránsito efectuadas por los cuerpos de bomberos. (boletín N° 5964-22) “Históricamente se ha reconocido que los Cuerpos de Bomberos son creados para combatir los incendios que afectan los bienes de la Comunidad y ponen en peligro la vida o la salud de las personas. Así ha ocurrido desde los albores de la República; especialmente, a propósito de incendios catastróficos que, en su oportunidad, conmovieron la conciencia nacional, como ocurrió con el incendio de la Iglesia de la Compañía, el 8 de diciembre de 1863, en cuya memoria se ha levantado un monumento a las más de 2.000 víctimas del siniestro, del cual la H. Cámara de Diputados tiene el honor de ser su actual custodio al estar levantado en los jardines aledaños a su sede recientemente restaurada en Santiago A partir de aquel siniestro, se moviliza toda la ciudadanía, para formar Cuerpos de Bomberos en todo el país, a los que se incorporan los mejores valores de la juventud chilena: filantropía, aún con sacrificio de la vida si fuere necesario para ayudar al amenazado por el fuego. Muy pronto, en 1870, uno de sus voluntarios cae víctima de su entrega: el Teniente 3° Germán Tenderini muere calcinado en el incendio del Teatro Municipal. Hoy, no hay ciudad de Chile que no cuente con un Cuerpo de Bomberos. Son 307 a lo largo del país, y 35.000 los voluntarios enrolados en sus filas. Bomberas y bomberos unidos por un ideal común, permanente e irrenunciable: servir voluntaria e incondicionalmente a la comunidad en la protección de los bienes y, vida de los habitantes de la ciudad, aún a riesgo de la propia vida. Ayer “Caballeros del Fuego”, hoy, además, “Voluntarios de la Emergencia”, como consecuencia de los cambios que ha experimentado la sociedad de nuestro tiempo. Las estadísticas internacionales muestran que, a escala mundial, cada 2 minutos muere una persona producto de un accidente de tránsito. La gran amenaza social no viene del fuego sino del movimiento vehicular de la población. En Chile, los accidentes de tránsito son la cuarta causa de muerte a nivel general, después de las enfermedades cardiovasculares, tumores y enfermedades respiratorias. Es la primera causa de muerte en los adultos jóvenes. En nuestro país fallecen anualmente alrededor de 1.700 personas por esta causa, sin considerar las personas que fallecen en días posteriores al accidente. Un solo ejemplo ilustra la magnitud de esta nueva actividad bomberil, que tiende a desplazar al combate del fuego como actividad principal. Actualmente, los Cuerpos de Bomberos de Maipú atienden alrededor de 272 accidentes de tránsito en la comuna, y 155 rescates de personas, de los cuales el 25% son provocados por personas en estado de ebriedad. En estos casos, el objetivo principal de Bomberos en un rescate vehicular es liberar a las víctimas que se encuentran atrapadas en el interior del vehículo, brindando el primer soporte de vida y realizando una óptima atención que evite aumentar las lesiones y permita un rápido y seguro traslado de la víctima a un centro hospitalario. Para estos efectos, la institución bomberil capacita debidamente a sus voluntarias y voluntarios y las dota de los elementos materiales de rescate, reanimación y recuperación de pacientes graves en el sitio del suceso, antes de su traslado a un centro hospitalario, aumentando sus probabilidades de sobrevida. Estos cambios, los ha impuesto la llamada “epidemia silenciosa” que sufre la sociedad de estos tiempos, en la que el intercambio de energía que supera la resistencia del cuerpo humano, produciéndole lesiones, se ha convertido en una grave amenaza para nuestras vidas. En efecto, para los menores de 45 años, es la primera causa de mortalidad, y el 70% de los traumas se originan en accidentes vehiculares. Las estadísticas mundiales señalan que las personas que sufren accidentes y no mueren de inmediato tienen grandes posibilidades de sobrevivir, aun cuando tengan lesiones muy graves, si reciben una pronta atención especializada. Este lapso crítico ha sido denominado la “hora del trauma”, pasada la cual la mortalidad en las personas accidentadas crece rápidamente. Por otra parte, se hace notar que gran parte de las muertes o del daño posterior se deben no al accidente mismo, sino a que la persona rescatada fue transportada al hospital con procedimientos inadecuados. Muchas víctimas mueren o quedan inválidos porque son sacadas del vehículo a tirones por una ventanilla o las dejan tiradas de espaldas en el suelo con lo cual las personas inconscientes se asfixian con su propia, lengua. En estas circunstancias, el rescate practicado por bomberos es socorro fundamental para la salvación de las víctimas. En nuestro país, desde hace 25 años, Bomberos ha asumido la tarea de concurrir a los accidentes vehiculares, tanto para proteger a las víctimas de los riesgos de incendio del vehículo como para atender a los lesionados o liberarlos si se encuentran atrapados dentro del vehículo. Así, Bomberos define su acción en el rescate vehicular como de apoyo a salud; se trata de liberar a la persona atrapada, de facilitar y colaborar con su atención médica en el mismo lugar del siniestro o prepararla para su rápido y seguro traslado a un centro hospitalario, incluso en un vehículo bomberil si la urgencia lo hiciere necesario. En nuestra normativa legal, los accidentes personales por accidentes automovilísticos están cubiertos por el seguro automotriz obligatorio establecido por la ley N° 18.490, sin el cual no es posible obtener el permiso de circulación del vehículo. Al tenor del artículo 25 de la ley, el seguro obligatorio de accidentes personales (Soap) indemniza el daño de muerte (300 UF), el de incapacidad permanente total (300 UF), el de incapacidad permanente parcial (200 UF), y los gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para su rehabilitación (300 UF). Estas 300 UF se destinan sólo al pago o copago de los gastos señalados precedentemente. Se establece que la indemnización de los gastos de atención médica, quirúrgicos y de hospitalización no puede exceder de los montos señalados en la póliza. El artículo 26 dispone en su inciso segundo que no se deducirán de las indemnizaciones que deban ser pagadas, en caso de incapacidad total, las sumas pagadas por el asegurador por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica o farmacéutica. Puede observarse, entonces, Honorable Cámara, que el legislador de la ley N° 18.490, no previó las operaciones de rescate y de reanimación pre hospitalaria practicadas por Bomberos ni el traslado de urgencia del accidentado a los establecimientos hospitalarios en vehículos de los Cuerpos de Bomberos; lo que constituye una omisión que pesa crecientemente en el financiamiento de la institución bomberil, la que, no obstante su vocación filantrópica, debe cubrir los gastos cada vez más onerosos por la movilización de sus vehículos, en cualquiera de sus especialidades, según la emergencia de que trate. Esta omisión es la que se propone salvar incorporando al artículo 25, que regula la cobertura de las indemnizaciones que se pagan conforme al Soap, los referidos servicios que, eventualmente, prestan los Cuerpos de Bomberos, a propósito de su intervención en un accidente vehicular y, lo mismo, en el artículo 26, inciso segundo, que determina las deducciones que no podrán hacerse a tales indemnizaciones. Por lo señalado y como formal reconocimiento de la creciente labor que, sin fines de lucro, desarrollan los Cuerpos de Bomberos, proponemos al siguienteProyecto de ley: Artículo 1°. Introdúcense en la ley N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados, las modificaciones siguientes: a) En el numeral 4 de su artículo 25 intercálase, entre las expresiones “concepto de gastos” y “de hospitalización” la expresión siguiente: “rescate, reanimación pre-hospitalaria practicadas por voluntarios de bomberos y traslado de urgencia de las víctimas a centros hospitalarios en vehículos propios de los Cuerpos de Bomberos;”, b) En el inciso final de su artículo 25 intercálase, entre las expresiones “gastos de” y “atención médica” la frase siguiente: “rescate, reanimación pre-hospitalaria y traslado de urgencia de las víctimas a los centros hospitalarios en vehículos de los Cuerpos de Bomberos”; c) En el inciso segundo del artículo 25, entre la expresión “gastos de” y el término “hospitalización”, intercálase la frase: “rescate, reanimación pre-hospitalaria practicada por voluntarios de bomberos y traslado de urgencia de las víctimas, a los establecimientos hospitalarios en vehículos de los Cuerpos de Bomberos, y d) En el artículo 30, agrégase el inciso final siguiente: “Tratándose de las operaciones de rescate y reanimación practicadas por voluntarios, bomberos y de traslado de urgencia de las víctimas en vehículos de los Cuerpos de Bomberos, los gastos correspondientes se pagarán al Cuerpo de Bomberos respectivo, según monto declarado por su Comandante, y certificación extendida por Carabineros de Chile de la ocurrencia del accidente vehicular; de las operaciones practicadas por los voluntarios bomberos y del vehículo bomberil en que se efectuó el traslado de urgencia”.