REGULACIÓN DE LOBBY. Observaciones de su excelencia la Presidenta de la República.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Corresponde pronunciarse sobre las observaciones formuladas por su excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el lobby.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 3407-07, sesión 36ª, en 10 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 9.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BURGOS .-

Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar las observaciones formuladas por su excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que regula el lobby, originado en un mensaje de la Primera Mandataria .

Conforme lo establece el inciso cuarto del artículo 119 del Reglamento de la Corporación, la Comisión debe pronunciarse -es importante hacerlo presente- sobre los alcances de cada una de las observaciones formuladas y proponer su aceptación o rechazo. En consecuencia, ni en la Comisión ni en la Sala pueden presentarse indicaciones. El veto se agota en la presentación que hace su excelencia la Presidenta de la República , el cual puede ser objeto de aprobación o rechazo, pero no de enmiendas.

Para el despacho de esta iniciativa, la Jefa de Estado hizo presente la urgencia, calificada de “suma”, para todos sus trámites constitucionales.

Durante el análisis del proyecto, la Comisión contó con la colaboración de las personas señaladas en el informe.

Las modificaciones introducidas por el veto, en parte aditivo, supresivo y modificatorio, son las siguientes:

Al artículo 1º.

El texto del Congreso plantea las finalidades de la iniciativa. Establece que regula la actividad profesional de promoción, defensa o representación de intereses de personas, entidades u organizaciones ante los órganos de la Administración del Estado y el Congreso Nacional -el lobby- y propende a fortalecer la transparencia en las relaciones con el Estado.

El veto suprime la expresión “profesional”, consecuente con la idea de considerar también lobbysta al que ejerce habitualmente la actividad sin percibir remuneración. El tema es muy importante, por cuanto se cambia la lógica de que no sólo se es lobbysta cuando se tiene la calidad de profesional, sino también cuando haya habitualidad. Más adelante veremos que hay una presunción legal de habitualidad.

Al artículo 2º.

El texto propuesto por el Congreso define en cuatro letras los conceptos de lobby, lobbysta, registro de lobbystas y sujeto pasivo del lobby.

El veto presidencial suprime en el inciso primero la expresión “remunerada” por la razón ya señalada, y sustituye los términos “individual, sectorial o institucional” por “individual o sectorial”; agrega, a continuación de los términos “Congreso Nacional”, la frase “a que se refiere el artículo 15 de esta ley.”, con lo que, como consecuencia de la modificación que se introduce más adelante al artículo 11 del veto y la supresión de todo el párrafo que sigue al punto seguido, el que pasa a ser punto final, se eliminan a las empresas públicas como sujetos pasivos de lobby.

En el inciso segundo se agrega que también se entenderá lobby cuando las actividades señaladas se realicen ante los jefes de gabinete de los parlamentarios o los secretarios de comisiones del Congreso Nacional.

Además, el veto presidencial define el concepto de lobbysta como la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que realiza actividades remuneradas de promoción, defensa o representación de intereses individuales, sectoriales o institucionales y que está inscrita en el Registro de Lobbystas , a que se refiere la letra c) de este artículo.

Su inciso segundo considera lobbysta al que presta servicios a una empresa o persona jurídica, con el objetivo preciso de realizar las acciones de gestión de intereses referidas en la letra a).

Su inciso tercero excluye de la categoría de lobbystas y les exime de inscribirse en los registros correspondientes, a los miembros de las directivas de organizaciones gremiales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudio y demás que señala. No obstante, las audiencias y reuniones que soliciten formalmente con autoridades o funcionarios de la Administración del Estado, deberán someterse al procedimiento de registro público establecido en el artículo 16.

El veto define lobbysta como la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que realiza en forma remunerada o habitual las actividades señaladas en la letra a).

Asimismo, intercala un nuevo inciso segundo para definir habitualidad como la realización de ocho o más gestiones de lobby en el período de un mes o más de quince en un trimestre, sobre una misma materia, ante una o más autoridades, miembros o funcionarios de la Administración del Estado y/o el Congreso Nacional. Esta es la presunción de habitualidad que incorpora el veto. Por eso, se puede ser lobbysta profesional o habitual. Se es habitual cuando se cae en la presunción legal de habitualidad.

Además, sustituye en el inciso segundo actual, que pasa a ser tercero, las expresiones “acciones de gestión de intereses” por “gestiones de lobby”, y elimina el inciso tercero, como consecuencia de la definición de lobbysta, que propone, la que incluye también la habitualidad.

Define lo que se entiende por Registro de Lobbystas, señalando que es un registro de carácter público en el que deben inscribirse todas las personas que opten por desarrollar actividades de lobby.

El veto sustituye las expresiones “opten por desarrollar” por “realicen”, y en consecuencia, debe inscribirse no sólo el que se dedica profesionalmente a la actividad de lobbysta.

Define el concepto de sujeto pasivo del lobby como las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos estatales mencionados en la letra a) precedente, hasta el nivel que determine el reglamento.

El veto sustituye en esta letra las expresiones “en la letra a) precedente” por “en el artículo 15”, por la misma razón de excluir a las empresas públicas.

Al artículo 3º.

Éste señalaba que toda persona que contrate los servicios de un lobbysta deberá informarlo en sus sitios electrónicos.

El veto propone suprimir este artículo en atención a que se lo considera impracticable.

Al artículo 4º, que pasa a ser 3º.

Señala las categorías de decisiones a las que estarán dirigidas las actividades de lobby.

Su letra a) incluye la elaboración, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, resoluciones, decretos, proyectos de ley, leyes, políticas públicas, programas o políticas del gobierno y de los órganos de la Administración del Estado.

Su letra c) agrega la celebración, modificación o terminación a cualquier título de los actos y contratos que realicen los órganos a que se refiere la letra a) del artículo 2º, que sean necesarios para su funcionamiento.

El veto intercala en su encabezado, a continuación de la palabra “dirigida”, la expresión “preferentemente”, con lo cual flexibiliza la actividad.

En su letra a), agrega, luego de los términos “La elaboración”, la expresión “dictación”, y

En su letra c) reemplaza la referencia a la letra a) del artículo 2º por otra al artículo 15, para hacerlo concordante con las otras modificaciones.

Al artículo 5º, que pasa a ser 4º.

Enumera en forma no taxativa las actividades que no constituyen lobby.

El veto, mediante su letra a), suprime en el encabezamiento las expresiones “y sin que la enunciación sea taxativa” e introduce las siguientes modificaciones:

Por su letra b) suprime la letra f); para fusionarla con la letra l) en la nueva letra k) que se señala a continuación.

Por su letra c) reemplaza la letra l), que pasa a ser k), por otra que incluye las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas, de cualquier tipo, ante una comisión del Congreso Nacional, sean permanentes, especiales o mixtas, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudio y cualquier otra entidad análoga que no represente intereses económicos específicos, lo que, sin embargo deberá ser registrado por dichas comisiones.

Por su letra d) incorpora una nueva letra, la que pasa a ser m), para incluir dentro de las actividades que no constituyen lobby, las gestiones desarrolladas por los miembros de las directivas de organizaciones gremiales, sindicales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudios, colegios profesionales, así como por los representantes legales, directores, gerentes y abogados institucionales de las personas jurídicas que persigan fines de lucro, ante las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos estatales enumerados en el artículo 15 (órganos de la Administración Pública), salvo que aquéllas se efectúen con habitualidad, según lo indicado en la letra b) del artículo 2º y sin perjuicio de la obligación de registro por parte de las autoridades respectivas, establecida en el aludido artículo 15.

Los artículos 6º y 7º, pasan a ser 5º y 6º, sin enmiendas).

Al artículo 8º, que pasa a ser 7º.

Establece la existencia de tres registros públicos de lobbystas.

En su letra a) crea un registro público a cargo del Ministerio de Justicia, en el que deberán inscribirse quienes desarrollen sus actividades ante cualquiera de los órganos de la administración señalados en el párrafo primero de la letra a) del artículo 2º de la futura ley.

En su letra b) establece dos registros públicos de lobbystas, uno a cargo de la Comisión de Ética del Senado y otro a cargo de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados.

Su inciso segundo señala que los lobbystas podrán realizar sus actividades ante cualquiera de los sujetos señalados en la letra a) del artículo 2º de esta ley, siempre que se inscriban en los registros.

El veto sustituye en la letra a) la mención del Ministerio de Justicia por otra al Consejo para la Transparencia y reemplaza las expresiones finales destacadas, por una referencia al artículo 15 (autoridades y funcionarios que deberán contar con registros de las reuniones efectuadas con lobbystas).

Es decir, introduce un cambio importante y estructural. En el texto aprobado por el Congreso Nacional, el control de los lobbystas lo ejercía el Ministerio de Justicia; en el propuesto por su Excelencia la Presidenta de la República , éste queda radicado en el Consejo para la Transparencia, institución que se creó en virtud de la ley de acceso a la información pública, pronta a ser promulgada.

Sustituye, asimismo, la frase destacada del inciso segundo para referirlo al artículo 15 de esta ley, y agrega al final del inciso, la frase “que correspondan, según el caso.”. Es decir, la inscripción se hará ante el Registro de la institución o Poder del Estado ante quien se realicen actividades de lobby.

El artículo 9º, que pasa a ser 8º.

Señala que todo aquel que se desempeñe como lobbysta estará obligado a informar semestralmente, por escrito u otros medios electrónicos, a la autoridad encargada de llevar el Registro , sobre cualquier cambio o modificación de la información que exija el Registro .

El veto reemplaza la expresión semestralmente por trimestralmente.

El artículo 10, pasa a ser 9º, sin enmiendas.

Al artículo 11, que pasa a ser 10.

Señala que los lobbystas no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos, campañas electorales, incluso las internas de los partidos, pactos o coaliciones de partidos.

El veto refiere esta norma únicamente a los lobbystas que ejerzan remuneradamente su actividad. Se trata de una disposición que inhibe a los lobbystas ejercer su trabajo en campañas políticas. Como existe la distinción entre lobbystas profesionales y habituales, el veto sólo prohíbe ejercer la actividad a los primeros.

La mayoría de los integrantes de la Comisión votó a favor esta disposición, con el pronunciamiento en contra de quien habla

Al artículo 12, que pasa a ser 11.

Enumera las autoridades y miembros de los distintos Poderes del Estado y demás personas que no podrán ejercer la actividad de lobbystas.

En su letra a) menciona a las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos a que se refiere la letra a) del artículo 2º de la futura ley y las autoridades unipersonales de los partidos políticos, durante el ejercicio de sus funciones.

En su letra b) incluye a las personas sancionadas con la cancelación de su inscripción en el registro de lobbystas, agregando que no podrán ejercer esta actividad hasta después de dos años de cesados en sus cargos, los siguientes:

1) En la Administración del Estado, las autoridades y funcionarios mencionados en los números 7º y 10º del artículo 32 de la Constitución Política que se desempeñen en los ministerios, intendencias, gobernaciones, en los órganos y servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, y en las empresas públicas creadas por ley.

El veto sustituye en la letra a) la referencia destacada por otra al artículo 15 de esta ley.

En el número 1) de la letra b) se refiere directamente a los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y demás funcionarios de la exclusiva confianza presidencial, es decir, los mismos cargos mencionados en los números 7º y 10º del artículo 32 de la Constitución Política, salvo los que correspondan a las empresas públicas creadas por ley.

El artículo 13, pasa a ser 12, sin enmiendas.

Al artículo 14, que pasa a ser 13.

Se refiere a los requisitos que debe llenar la solicitud de audiencia presentada por un lobbysta a una autoridad, miembro o funcionario de los órganos a que se refiere la letra a) del artículo 2º.

El veto reemplaza la referencia que figura destacada por otra al artículo 15 por las razones ya señaladas.

Al artículo 15, pasa a ser 14 sin enmiendas.

Al artículo 16, que pasa a ser 15.

1.- En su encabezamiento señala las autoridades y funcionarios que deberán contar, sin perjuicio de la información contenida en los registros públicos de lobbystas, con procedimientos de registro de las reuniones y comunicaciones efectuadas con lobbystas y con los miembros de las entidades a que se refiere el párrafo final de la letra b) del artículo 2º de la futura ley, vale decir, quienes no tienen la calidad de lobbystas y, por tanto, no están obligados a inscribirse en los registros de lobbystas, pero, no obstante ello, estarán sometidos a la obligación de registro que indica este artículo.

2.- En su letra a) se refiere a la Administración Central y en ella incluye al Presidente de la República , los ministros y sus asesores y los subsecretarios; los jefes de servicios, los embajadores, los jefes de división o de departamento de un ministerio o servicio público y los consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

3.- En sus letras f), h), i), j), k) y l) incluye:

En las empresas públicas creadas por ley o en que el Estado o sus organismos tengan participación, el presidente del directorio, los miembros de ese directorio y el gerente general;

En el Poder Judicial los ministros, los fiscales judiciales y los secretarios de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones.

En el Ministerio Público el Fiscal Nacional y los fiscales regionales.

En el Tribunal Constitucional los ministros y el secretario.

En la justicia electoral los ministros y el secretario del Tribunal Calificador de Elecciones y los ministros titulares y suplentes y los secretarios relatores de los tribunales electorales regionales.

Los directivos de los demás órganos del Estado cuyo nombramiento o remoción corresponda al Presidente de la República con acuerdo del Senado.

4.- En su letra g) se refiere al Congreso Nacional e incluye a los diputados y senadores, a los asesores permanentes de los parlamentarios y a los abogados secretarios de Comisión.

5.- En su letra m) se refiere a las embajadas y consulados chilenos y también tras viajes en comisión de servicio dentro o fuera del país, incluye a todos los funcionarios del Gobierno, del Congreso Nacional y del Poder Judicial.

6.- Su inciso segundo señala que en el caso que la autoridad o funcionario del Estado haya sido sujeto pasivo de lobby en reuniones o audiencias efectuadas en sitios diferentes a la oficina o despacho de trabajo, deberá informarlo en la forma y plazo establecido en el reglamento.

Su inciso tercero agrega que los procedimientos de registro que señala el inciso anterior, serán fijados por el reglamento, el que señalará también los antecedentes que deberán consignarse y hacerse públicos

7.- Su inciso final establece que la información contenida en el registro señalado en el inciso primero será pública. Deberá ser publicada en el sitio electrónico institucional pertinente o, en su caso, en el del obligado a efectuar la publicación. Si en cualquiera de dichos casos, no se dispusiere de sitio electrónico, la publicación se hará por cualquier otro medio que garantice efectivamente su acceso público.

El veto:

1. Mediante su letra a) sustituye el encabezamiento para disponer que las autoridades y funcionarios que señala a continuación, deberán registrar de forma centralizada, (es decir, sin considerar el lugar en que se realicen) conforme al reglamento, las audiencias y reuniones que efectúen con los lobbystas, especialmente, el lugar y fecha de la reunión y la individualización de los asistentes y las materias tratadas, como también las reuniones y audiencias con los miembros de las instituciones que no tienen calidad de lobbystas, cuando dichas reuniones o audiencias se efectúen en sus oficinas o despacho de trabajo.

2. Por su letra b) agrega en la letra a) un inciso segundo para permitir al Presidente de la República y a los ministros del Inte-rior, de Defensa y de Relaciones Exteriores exceptuarse de la obligación de registro cuando se encuentre comprometido el interés general de la Nación o la seguridad nacional.

3. Por su letra c) suprime las letras f), h), i), j), k) y l).

4. Por su letra d) agrega en la letra g), que pasaría a ser f), un segundo inciso para permitir a los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado exceptuarse de la obligación de registro cuando se encuentre comprometido el interés general de la nación o la seguridad nacional.

5. Por su letra e) reemplaza la letra m), que pasaría a ser g), para incluir entre las personas de las embajadas y consulados chilenos que deberán registrar las audiencias y reuniones, a los jefes de la misión diplomática y consular y quienes los subroguen.

6. Por su letra f) suprime sus incisos segundo y tercero.

7. Por su letra g) reemplaza su inciso final para disponer que la información contenida en el registro a que se refiere el inciso primero, será siempre pública, y para agregar que dicha información deberá ser publicada en el sitio electrónico que al efecto lleve el Consejo para la Transparencia o en los sitios que administre la Cámara de Diputados o el Senado, según el caso, debiendo asegurarse siempre un fácil y expedito acceso a los mismos.

Observación.

Respecto de la letra c), que suprime las actuales letras f), h), i) j), k) y l), la Comisión se inclinó por la opinión del diputado señor Burgos , quien consideró que no parecía acorde con el principio de la transparencia que ministros, fiscales judiciales y secretarios de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones, como también los demás cargos que se señalan en estas letras, estuvieran exentos de registrar las reuniones y comunicaciones que pudieran tener con los lobbystas.

En otras palabras, la Comisión rechazó lo propuesto por el veto e insiste en que las autoridades señaladas deben registrar públicamente sus audiencias.

En consecuencia, sería prudente votar esta materia en forma separada.

Al artículo 17, que pasa a ser 16.

En su inciso primero dispone que las autoridades encargadas del control y fiscalización de quienes ejerzan actividades de lobby serán, según corresponda, el Ministerio de Justicia y las comisiones a que se refiere la letra b) del artículo 8º, vale decir, las Comisiones de Ética del Senado y de Conducta de la Cámara de Diputados.

El veto sustituye la mención del Ministerio de Justicia por otra al Consejo para la Transparencia y la referencia a las Comisiones señaladas en el artículo 8º por otra a las mismas Comisiones pero indicadas en el artículo 7º.

Al artículo 18, que pasa a ser 17.

Se refiere al procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas a los lobbystas por infracciones a esta normativa, señalando que éste se iniciará con la formulación precisa de los cargos y su notificación al imputado para que presente su defensa, fijándosele un plazo para ello que no podrá ser inferior a quince días.

Su inciso segundo agrega que se podrá dar lugar a las medidas probatorias que solicite el imputado en sus descargos, debiendo fundamentarse la resolución que las rechace. La resolución que se dicte en definitiva, se pronunciará sobre las alegaciones y defensas del imputado y contendrá la declaración de la sanción impuesta o la absolución. Deberá, asimismo, dictarse esta resolución definitiva dentro de los treinta días de evacuada la última diligencia ordenada en el expediente.

El veto reemplaza íntegramente este artículo para explicitar mejor el procedimiento, señalando que la aplicación de cualquiera de las sanciones que enumera el artículo siguiente, deberá fundarse en un procedimiento justo y racional, que se iniciará, de oficio o a petición de parte, con la formulación precisa de los cargos, los cuales deberán contener una descripción de los hechos constitutivos de la infracción y de la norma que se estima infringida. Los cargos deberán notificarse al afectado en el domicilio que tenga registrado en alguno de los Registros Públicos de Lobbystas, teniendo un plazo de diez días hábiles, a contar de la notificación, para presentar los descargos.

El inciso segundo señala que con la respuesta del afectado, la autoridad fiscalizadora podrá resolver de plano cuando pueda fundar su resolución en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En caso contrario, abrirá un término probatorio de hasta cinco días.

El inciso tercero indica que la resolución definitiva deberá ser fundada y deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.

El inciso cuarto aplica a este procedimiento, en forma supletoria, las disposiciones de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado.

El artículo 19, pasa a ser 18 sin enmiendas.

Al artículo 20, que pasa a ser 19.

Señala que de las sanciones que aplique la autoridad competente, podrá reclamarse dentro del plazo de treinta días ante la Corte de Apelaciones con jurisdicción sobre el lugar en que tenga domicilio el lobbysta. De este reclamo se dará traslado a la autoridad que aplicó la sanción, la que tendrá un plazo de quince días para aportar antecedentes y fundamentar su decisión. Una vez evacuado el traslado o declarada la rebeldía, se dictará sentencia dentro de quince días.

El veto, con el mismo propósito anterior de mejorar el procedimiento, sustituye íntegramente este artículo para señalar que de las sanciones que aplique la autoridad competente, luego de rechazada la impugnación administrativa prevista en el artículo 17, podrá reclamarse fundadamente y sin ulterior recurso, dentro del plazo de treinta días, ante la corte de apelaciones de la jurisdicción donde tenga su domicilio el lobbysta. De dicho reclamo se dará traslado a la autoridad que aplicó la sanción por un plazo de diez días para que evacue su informe. Con dicho informe o en su rebeldía, la Corte ordenará traer los autos en relación.

El inciso segundo agrega que el recurso gozará de preferencia para su vista y no procederá la suspensión de la vista de la causa por el motivo señalado en el número 5 del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, es decir, a solicitud de alguna de las partes o por petición de común acuerdo de sus procuradores.

Los artículos 21 y 22 pasan a ser 20 y 21 sin enmiendas

Al artículo 23, que pasa a ser 22.

Sanciona al que ejerciere la actividad de lobby ilegalmente, es decir, sin cumplir con la obligación de inscribirse en los registros que se establecen, o bien, continúe desarrollando la actividad una vez eliminado de dichos registros, con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales.

El veto eleva la multa dejándola en de ciento cincuenta a trescientas unidades tributarias mensuales y agrega un párrafo final para disponer que en caso de reincidencia las multas se elevarán de doscientas cincuenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Añade, asimismo, un inciso segundo para establecer que de las sanciones que se apliquen en virtud de esta norma, podrá reclamarse en conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 19.

Al artículo 24, que pasa a ser 23.

Señala que el reglamento a que aluden la letra d) del artículo 2º y el inciso segundo del artículo 16, en el caso del Congreso Nacional, será para cada Cámara, el que apruebe la Sala de cada una de ellas, a proposición de la Comisión de Ética o de la Comisión de Conducta, según corresponda.

El veto se limita a sustituir la referencia al reglamento señalado en el inciso segundo del artículo 16 por otra al inciso primero del artículo 15.

Al artículo 2º transitorio.

Dispone que el reglamento de esta ley se fijará mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, debiendo indicarse en él los requisitos, exigencias e informaciones que deberán acompañar los interesados al momento de su inscripción en los registros públicos.

El inciso segundo agrega que el reglamento deberá dictarse dentro de los ciento ochenta días de publicada la ley, añadiendo que los registros señalados en el artículo 8º y los procedimientos a que se refiere el artículo 16 en su inciso primero, deberán quedar establecidos dentro de ciento veinte días de publicado el reglamento

El inciso tercero precisa que los reglamentos a que alude el artículo 24, en el caso del Congreso Nacional, se dictarán en la forma prevista en ese artículo.

El veto sustituye este artículo para encomendar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia la dictación del reglamento dentro de ciento ochenta días, el que deberá contener, entre otros aspectos, los requisitos, exigencias, procedimientos, antecedentes e informaciones necesarias para inscribirse en los Registros Públicos de Lobbystas.

Artículo 3º, transitorio (nuevo).

El veto agrega este nuevo artículo para disponer que esta ley entrará en vigencia ocho meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Recomendaciones de la Comisión.

La Comisión acordó recomendar la aprobación de todas las observaciones formuladas por su excelencia la Presidenta de la República , salvo la que se refiere a la letra c) del número 11 por las razones que se indicaron.

Las observaciones aprobadas lo fueron por unanimidad, en los casos que se señalan en el informe, y por mayoría de votos, en los casos del número 2), letras a) y b),i.; del número 3), del número 5, letras a) y d); del número 8), del número 9), letra b) y del número 11), letra a).

Las disposiciones del veto que requieren de quórum especial están consignadas detalladamente en el último párrafo del informe.

Antes de finalizar, quiero hacer notar que el tratamiento de las normas del veto es similar al que se le otorga a las disposiciones del proyecto de ley de Presupuestos, en cuanto se aprueban o se rechazan, pero, con un agregado, cual es que la tradición indica que, agotado el plazo, no puede haber enmiendas o indicaciones, ni siquiera del Ejecutivo, para mejorar o cambiar el veto. Pasaron treinta días y el veto es lo que es.

Ergo, existe complejidad desde el punto de vista de las cuestiones que se detecten y, en ese sentido, el señor ministro expresó en la Comisión que, como hay un par de cosas que es importante resaltar, el Gobierno, en el plazo de ocho meses entre la aprobación del veto y la publicación de la ley, tiene la disposición de mandar un proyecto de ley, con discusión inmediata, para corregir lo siguiente:

En primer lugar, en cuanto a la presunción de lobbysta de una persona natural o jurídica, que no se reconozca como tal, pero que termine siéndolo, porque realiza actividades de lobby en un mes o trimestre, como dispone la ley, lo cual será declarado por el Consejo para la Transparencia, que dicho pronunciamiento también sea susceptible de recurso ante la propia autoridad y ante la corte de apelaciones. Es decir, es justo que esa persona pueda alegar, repudiar y reprochar la presunción de lobbysta ante la ley a través de un procedimiento.

En segundo lugar, dejar claro que los centros de estudio no son lobbystas en ninguna circunstancia, ni per se ni por habitualidad.

Entiendo que ésas son las dos modificaciones que se incluirían en un eventual proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

He dicho.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el ministro señor José Antonio Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO ( ministro secretario general de la Presidencia ).-

Señor Presidente , este proyecto es bastante complejo, porque regula una materia que no estaba sujeta a ley explícita en Chile y, en general, en países de nuestra tradición jurídica. Por eso, no ha sido fácil llegar a una precisión concreta sobre cómo enfrentar el tema.

Hubo una Comisión Mixta; se despachó el proyecto, pero fue objeto de múltiples críticas de una serie de personas que se interesan en estas materias y que escriben en la prensa y en seminarios de universidades, principalmente de la organización “Chile Transparente”.

El Gobierno recogió esas críticas, porque muchas de ellas parecían justas y, entonces, formuló el veto que fue informado a diputados representantes de distintas bancadas, tanto de Gobierno como de Oposición. A ellos -y me refiero principalmente a los diputados Jorge Burgos, Alberto Cardemil y Edmundo Eluchans-, en general, les pareció bien en los términos en que estaba redactado. Cuando se discutió en la Comisión surgieron algunas dudas, a las cuales ha hecho referencia el diputado informante . Para aclararlas, nos comprometimos a enviar un proyecto de ley, durante el período de vacancia de la vigencia de la norma, para precisar lo siguiente:

En primer lugar, que una organización que no ejerza lobby en forma remunerada, pero que habitualmente realice actividades en ese sentido, pueda reclamar si es calificada de lobbysta.

En segundo lugar, precisar mejor que los centros de estudio no realizan lobby. La preocupación de los parlamentarios se refiere, principalmente, a aquellos que hacen una asesoría más cercana.

En tercer lugar, si la definición de lobbysta comprende a una de las organizaciones empresariales o sindicales y fuera inscrita como tal en el registro, que pueda desincribirse en un plazo determinado, después de que deje de ejercer el lobby.

Esto fue concordado con los diputados Pedro Araya, Edmundo Eluchans y Alberto Cardemil.

Desgraciadamente, por reflexiones posteriores, me comunicaron que, principalmente respecto de la definición de lobbysta y que como consecuencia de la posibilidad de que instituciones que ejerzan lobby habitualmente en forma no remunerada pudieran ser consideradas como tales, las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI votarían en contra de esa parte del veto.

Llamo la atención de la Sala sobre dos puntos:

Primero, esto coloca en riesgo la aprobación de esa parte del veto. Si la Cámara no cuenta con los dos tercios para insistir en el artículo vetado, la norma quedaría sin artículo, lo cual tendría que ser subsanado eventualmente mediante una ley posterior.

Segundo, no me parece adecuada la calificación que la Comisión hizo sobre el quórum para aprobar estas normas. Desde el punto de vista práctico, el tema es bastante importante, porque de ello depende que haya norma en esta materia.

Al respecto, pido al señor Presidente que se pronuncie respecto a si las observaciones de la Presidenta de la República , signadas con el número 2), letras a) y b), y con los números 8) y 11), letras a) y b), requieren o no de quórum especial para su aprobación. A mi juicio, la observación número 2), letras a) y b), y la observación número 8), no necesitan quórum especial, porque no inciden en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

No se puede considerar que por el hecho de que desaparezca la mención a la definición de órgano de administración del Estado, se altere la ley de Bases Generales de la Administración. Muy por el contrario, el veto dice simplemente que se entenderá por lobby aquella actividad que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés de carácter individual o sectorial con decisiones de toda naturaleza que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los órganos de la Administración del Estado.

Al decir “los órganos de la Administración del Estado”, nos referimos precisamente a la vigencia del artículo 2º de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que define cuáles son esos órganos. No se modifica en absoluto.

Por tanto, la letra a) no tiene por qué ser considerada de quórum especial.

En lo que se refiere a la letra b), aún menos, porque se hace una mención genérica a la Administración del Estado y al Congreso Nacional, pero no se modifican ni la ley de Bases de la Administración ni la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Se trata de una definición de lobbysta y no tendría por qué requerir quórum especial para su aprobación.

Pasa lo mismo con la observación número 8), porque, simplemente, suprime la expresión “que ejerzan remuneradamente su actividad,”

Señor Presidente , esto es de vital importancia y pido a su señoría o a la Sala que se pronuncien al respecto, porque de ello depende si este veto se aprueba o no. Por lo que me ha informado el diputado Pedro Araya, es probable que la observación cuente con mayoría simple en la Sala y se apruebe, pero si se persiste en que se requiere quórum especial para su aprobación y de acuerdo con lo que me han señalado los diputados Cardemil y Eluchans, no se aprobaría y probablemente, como no se reunirían los dos tercios para insistir, tendríamos una ley que regula el lobby, pero que no define qué es lobby ni quienes son lobbystas, lo cual sería bastante absurdo.

Como consideración de fondo, quiero despejar qué estamos discutiendo. Si sólo se considera lobbysta a aquel que recibe remuneración entonces quedan excluidos de esta denominación los entes que realicen actividades de representación de intereses sectoriales o institucionales, como sindicatos u organizaciones no gubernamentales, en orden a influir sobre decisiones del Congreso o del Ejecutivo. Por eso, el veto considera que las actividades de estas instituciones son de lobbysta cuando se realizan en forma habitual y representan intereses individuales, sectoriales o institucionales. Tal como dijo el diputado Burgos, también se define la presunción legal de habitualidad. Dicho de otra forma, si mañana la Confederación de la Producción y el Comercio se reúne con los diputados para expresarle su preocupación por la inflación, eso no es lobby; pero si lo hace para referirse a una empresa en particular, eso sí es lobby.

Para presumir la habitualidad y definir si se trata de lobbystas, hemos establecido un número determinado de reuniones de las organizaciones con autoridades de la Administración o del Congreso Nacional. Por ejemplo, si las gestiones de equis organización con representantes de alguna bancada pasan de ocho, se podrá considerar que esa institución está haciendo lobby.

Por cierto, asumimos que la ley se va a cumplir de buena fe, porque existen otras fórmulas mediante las cuales una organización de ese tipo puede cumplir sus tareas.

Si esas organizaciones empresariales realizan actividades de lobby en forma habitual y lo hacen sin contratar a un lobbysta remunerado, lo lógico sería que fueran consideradas como tales y que se inscribieran en los registros de lobbystas, en este caso, de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Sin embargo, no quieren hacerlo y por eso se oponen a este punto, en circunstancias de que inscribirse no tiene mayor consecuencia en la vida real; sólo permite reconocer un hecho de práctica habitual.

En resumen, gran parte del veto contó con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión. Sin embargo, el aspecto sustantivo del proyecto, como son las definiciones de lobby y de lobbysta no tiene el apoyo de Renovación Nacional ni de la UDI. Si se mantiene la posición de que la aprobación de esas observaciones requieren quórum especial, no contaremos con la norma. Por eso, pedimos al Presidente o a la Sala, según sea el caso, se pronuncien sobre el quórum que efectivamente necesitan estas normas para su aprobación.

Es necesario contar con una ley que regule adecuadamente el lobby y no sólo a los lobbystas remunerados.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente , quiero saber si el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base y que figura en el número 1 de la tabla del Orden del Día va a ser considerado por la Sala en la sesión de hoy.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

Señora diputada , un problema de interpretación, que está siendo resuelto en estos momentos, obligó a los Comités a que su tratamiento se haga en segundo lugar. Por lo tanto, el proyecto será conocido en la presente sesión.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eluchans.

El señor ELUCHANS.-

Señor Presidente , sorprende que el Congreso Nacional esté tratando nuevamente este proyecto de ley, sobre todo después de su larga tramitación, que terminó con la proposición de la Comisión Mixta debido a los desacuerdos entre el Senado y la Cámara de Diputados, la que fue aprobada en esta Sala, el 1 de abril recién pasado.

Al día siguiente, el 2 de abril, el Senado la aprobó por 28 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Entre los votos favorables estuvieron los de la senadora Soledad Alvear, presidenta del Partido Demócrata Cristiano; del senador José Antonio Gómez , presidente del Partido Radical Social Demócrata , y del senador Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista . En consecuencia, todos los partidos de Gobierno manifestaron su decisión favorable. Es más, el ministro Viera-Gallo , en la Comisión Mixta y aquí en esta Sala, agradeció la votación, supongo que lo mismo hizo en el Senado.

Pues bien, este proyecto, aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso Nacional, fue criticado precisamente por los lobbystas profesionales, hecho que motivó que el Gobierno enviara este veto.

El proyecto que aprobó el Congreso Nacional es bueno; no es perfecto, pero se trata de un avance importante en un campo donde no había legislación. Es cierto, quedaron algunas disposiciones para posibles modificaciones futuras.

El diputado señor Burgos informó que vencido el plazo que tiene el Ejecutivo para formular el veto, no existe posibilidad de que sea modificado ni siquiera por el mismo Ejecutivo . En consecuencia, el ministro Viera-Gallo ofreció que, con posterioridad a la aprobación de este texto legal, el Ejecutivo enviaría un nuevo proyecto de ley. No nos parece sano ni conveniente legislar de esta forma.

El proyecto -insisto- fue latamente discutido en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por eso, algunos de los temas que contiene el veto nos llevan a rediscutir lo que ya se discutió, se analizó y se aprobó por abrumadora mayoría. En consecuencia, no estamos de acuerdo en modificar el texto aprobado por el Congreso Nacional en materias que son sustanciales.

Entiendo lo expresado por el ministro Viera-Gallo y por el diputado Burgos en cuanto a que no sólo se debe regular el lobby remunerado. Es cierto que la remuneración puede ser disfrazada, por lo que la ley debe ir más allá de la sola circunstancia de que se remunere mediante honorarios a quien realiza esta actividad.

Pero hay una cuestión más de fondo, que se planteó en la Comisión y también en la Sala. Es esencial que en la actividad del lobbysta se representen intereses de terceros. O sea, el oficio de esta persona es ser lobbysta, por lo que me parece bien que regulemos esa actividad, remunerada o no.

Reitero, no hay duda de que está haciendo lobby quien tiene por tarea representar intereses de terceros ante distintas autoridades, se remunere o no ese servicio.

En cambio, no hacen lobby un colegio profesional, una asociación gremial, un sindicato o la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, cuando se acerca a una autoridad para plantear su visión o sus inquietudes respecto de sus intereses. Desde mi punto de vista, eso no es lobby.

Como también nos interesa que exista transparencia en la materia, el proyecto aprobado por el Congreso Nacional obliga a registrar las reuniones que se realizan, con el objeto de que se hagan públicas.

Sin embargo, reitero que, a mi entender, no son lobbystas la Central Unitaria de Trabajadores, los colegios profesionales, los sindicatos, ya que ése no es su objeto. En consecuencia, me parece que hay una cuestión de fondo que está mal abordada en el veto. Esto lo discutimos largamente en las sesiones de las comisiones y aquí. Por eso, consideramos que el veto debe ser rechazado en lo sustancial, en esta cuestión de fondo, que, para mí, es sumamente importante y medular.

Hay otras materias del proyecto que contarán con nuestros votos favorables, como que el encargado del Registro Público sea el Consejo para la Transparencia y no el Ministerio de Justicia, así como otras disposiciones que son más bien referenciales.

Sin embargo, en lo sustancial, considero que la norma que dispone que hay lobby cuando existe habitualidad, es decir, cuando se han realizado más de ocho gestiones de lobby en el período de un mes, dará lugar a toda clase de malas interpretaciones y equívocos, por ejemplo, bastará con realizar siete reuniones en un mes y otra en el mes siguiente para que no exista lobby. En consecuencia, no debemos regular la actividad del lobby de la manera en que lo hace el veto.

Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente , anuncio a la Sala que la bancada de la UDI, en lo que se refiere a esa cuestión de fondo que señalé, votará en contra del veto, no así en las otras observaciones que son más bien de adecuación.

La futura ley tiene un período de vacancia de ocho meses, por lo que hay tiempo. Démosle oportunidad para que se pruebe y después la modificamos. Pero aquí estamos modificando textos que todavía no son leyes, lo que no me parece que sea una buena forma de legislar.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, en primer lugar, valoro el veto, porque mejora significativamente la ley sobre el lobby.

Cuando se debatió el proyecto en las diversas instancias, es decir, en la Comisión, en la Sala y en la Comisión Mixta, hubo opiniones muy críticas. La fundamental -que planteamos varios diputados- fue que el concepto de lobby de la iniciativa era muy restrictivo, ya que se señalaba que sólo cumplían esa función ciertas instituciones, organismos o empresas especializadas, en lugar de asumir que su espectro era mucho más amplio.

Me acuerdo que puse como ejemplo los lobbys que se realizaron respecto de los proyectos que se transformaron en las leyes de Pesca y la que reguló el uso del multicarrier -que buscaron influir en las decisiones del Congreso-, que fueron los más fuertes que me ha tocado ver en estos años, y no les efectuaron servicios especializados, sino que directamente organizaciones gremiales o las empresas.

El veto asume un principio mucho más amplio, que incluye a las instituciones especializadas en la intermediación lobbysta y también a los que defiende directamente sus intereses, como gremios, empresas, etcétera.

Por eso valoro el veto y discrepo con lo dicho por el diputado Eluchans , de que este debate no se dio, porque se realizó en la Sala, donde se plantearon distintas observaciones. Incluso, varios diputados votaron a favor del proyecto, pero diciendo: “Más vale este poquito que nada, ya que la redacción del proyecto es tremendamente limitada.” Eso se dijo con claridad cuando se discutió la iniciativa en la Sala.

Respecto de lo dicho por el ministro Viera-Gallo, de que estableció relaciones y acuerdos con algunos parlamentarios, me parece muy legítimo que un ministro converse con quien le parezca. No obstante, existen instituciones e instancias con las que deben concretarse los acuerdos.

Por lo tanto, quiero saber si los acuerdos fueron conocidos por todas las bancadas o por sus jefaturas, porque no me parece legítimo formalizarlos de esa manera, ya que tienen que concretarse a través de las instancias correspondientes.

Me parece que el veto y lo que ha sido aprobado por la Comisión Mixta, no tiene argumentos ni fundamentos serios para señalar que ciertas instancias no tienen obligación de registrar audiencias o las reuniones de lobby que realizan. Por ejemplo, es inexplicable que los ejecutivos de las empresas públicas no tengan que registrar las audiencias o las reuniones que buscan influir en ellos. Lo mismo sucede con el Poder Judicial , ya que permanentemente el Presidente de la Corte Suprema sostiene reuniones con sectores que buscan influir en sus integrantes, lo que es legítimo, pero que requiere transparencia. Algo similar está ocurriendo cada vez más con el Ministerio Público. ¡Para qué hablar de lo que sucede con el Tribunal Constitucional cuando se debaten determinadas materias! Por lo tanto, resulta fundamental que quede expresamente establecido quién ha intervenido para influir en sus miembros.

Además, no sé por qué razón se ha eliminado de esa obligación a directivos de otros servicios públicos, como a los de Chilecompra, o los de las instancias de fomento productivo, como Corfo, etcétera, en circunstancias de que esas influencias pueden incidir en decisiones, en políticas, en programas, en opciones.

Esto no me parece claro, por lo que, por intermedio del señor Presidente, solicito que el diputado informante o el representante del Ejecutivo expliciten por qué se propuso esta medida en el veto.

En segundo lugar, tampoco me parece clara la norma que se refiere a los aportes de los lobbystas para el financiamiento de campañas, de partidos, etcétera. El veto la restringe solamente a quienes ejercen remuneradamente la actividad de lobbystas y no la hace extensiva a quienes pertenecen a ciertas instituciones que cumplen directamente la función de lobbystas.

Considero que a quien ejerce la actividad de lobbysta, remunerada o no, no sólo debería impedírsele la posibilidad de hacer aportes a cualquier campaña política, sino que interceda ante un tercero para que los realice, porque, al menos la experiencia que me ha tocado vivir, los lobbystas rara vez hacen aportes, ya que sólo hacen gestiones ante un tercero para que éste los haga. No obstante, la redacción de la disposición es demasiado restrictiva. Si queremos evitar que se ligue el lobby al financiamiento de las campañas, de los partidos y de la actividad política en general, es bueno poner una frontera mucho más neta y precisa.

En tercer lugar, aquí se ha dicho que después de que entre a regir la futura ley se presentará un proyecto que, entre otras cosas, contendrá normas respecto de los centros de estudio, lo que, como aquí se ha planteado, no me parece convincente. Hay centros de estudios que son financiados para que cumplan funciones de lobby, para que influyan en los parlamentarios respecto de una determinada opción o acción.

Recuerdo que en los primeros años de vuelta a la democracia, la Concertación contó con un centro de estudios que se llamó PAL, cuyo objetivo era elaborar argumentos que convencieran a los parlamentarios para que aprobaran los proyectos enviados por el Ejecutivo .

Esto se da con mucha frecuencia. Por ejemplo, un senador de Renovación Nacional me comentó que hay un centro de estudios cuyo objetivo es elaborar argumentos para favorecer un determinado enfoque respecto de un proyecto de ley. Entonces, uno se pregunta ¿quién financia ese centro de estudios? ¿Cómo se financia? ¿Lo financian aquellos que requieren su función de lobbysta? ¿Aquellos que quieren influir en una determinada opción frente a un determinado problema?

En consecuencia, lo que aquí se ha planteado, en el sentido de que esos centros quedan al margen de esta posibilidad si no se establecen ciertas restricciones y determinados límites, puede ser poco realista y no asumir la forma en que efectivamente se está buscando influir en las decisiones, en este caso, del Congreso Nacional.

Por estas razones, voy a votar a favor del veto, por cuanto mejora significativamente el proyecto desachado por el Congreso Nacional.

Los argumentos de los diputados de la UDI, que ya conocemos, pretenden restringir al mínimo la actividad del lobby, porque hoy son aquellos que tienen más poder, económico o de distinto tipo, quienes lo pueden ejercer. En tal circunstancia, es bueno para la democracia que esto tenga plena transparencia. Por eso, deben ser incluidos en la actividad del lobby todos los sectores, no sólo los profesionales que la ejercen.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente , en primer lugar, no advierto, para nada -los hechos objetivos dan la razón a este aserto-, que aquí haya un conflicto ideológico, una concepción, yo diría, egoísta, particularmente aprovechadora de las prerrogativas o de las situaciones parlamentarias.

Para nada es efectivo el argumento esgrimido por mi estimado colega Carlos Montes, en cuanto a que aquí haya alguien que esté pensando en restringir esta normativa, a fin de que haya la menor cantidad de lobby posible, y para que el poder económico y el lobby de la Derecha vayan en perjuicio, como se ha dicho, de que lo pueda hacer la Izquierda. Para nada. Eso no ha sido así en las discusiones de las comisiones, ni en la Sala, ni en la Comisión Mixta. Por el contrario, ha habido ánimo de avanzar en una materia difícil, complicada en cualquier parte del mundo, que está desregulada, pero que es preciso acotar.

No hay ningún parlamentario -cosa lógica-, que ante la oleada de críticas respecto de la función parlamentaria no quiera precaverse de ser objeto de planteamientos, preguntas o presiones, en definitiva, de lobby, para votar de determinada forma. Sin embargo, todos aspiramos a que en esta materia haya transparencia. Ésa es la demanda de los tiempos, que afecta por igual a parlamentarios de Centro, de Izquierda y de Derecha .

En consecuencia, desechemos la idea de que en la discusión de esta iniciativa hay intenciones oscuras, de contrabando, porque eso nada aporta, falsea la realidad y entrega elementos de juicio a quienes, muchas veces, injustamente, nos han criticado.

Sin duda, hemos avanzado en un buen proyecto de ley. Hay mocionantes, especialmente el diputado Jorge Burgos , que han puesto gran empeño. Se ha avanzado de manera consistente, con votaciones contundentes. En la Cámara de Diputados este proyecto fue aprobado casi por unanimidad, pues sólo dos colegas se abstuvieron. Del mismo modo, en la Comisión Mixta se aprobó por unanimidad, con la participación de los mocionantes.

No creo que ésta sea una iniciativa perfecta, pero se avanzó bastante.

Como hubo críticas, por ejemplo, lo manifestado por el diputado Carlos Montes , en el sentido de que el concepto lobby está demasiado restringido, el proyecto fue objeto de lo que se ha llamado “veto”.

Pero el veto no existe, son indicaciones del Ejecutivo , las cuales dieron lugar a una discusión muy rica en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues entendió que, al extender el concepto, había cometido algunas equivocaciones que era preciso subsanar.

El veto, como mecanismo constitucional, es extraordinariamente rígido; no permite moverse en ningún sentido. Hay que votarlo, prácticamente, en bloque. Al ser así, quedan cosas que no gustan y los parlamentarios no saben qué hacer, cómo reaccionar frente al problema.

¿Cuál fue la decisión del Ejecutivo ? Pidió aprobar el veto, para, acto seguido, comprometerse a mandar un proyecto de ley que corrija determinados puntos, que se tramite en forma rápida y subsane el error cometido con el veto, que pretendió ir desde un concepto restringido de lobby a otro demasiado extenso.

Ahora bien, el problema es que los diputados de la Alianza nos han planteado, con razón -al diputado Eluchans y al que habla-, que esto no es serio, pues ¿cómo van a aprobar un proyecto de ley que se va a promulgar cuando ya se ha pactado una corrección?

Por ello, me han propuesto algo que es lógico: ¿Por qué no aprobar la ley y, acto seguido, después de ser promulgada y de siete u ocho meses de vigencia, en otro proyecto, recoger todas las observaciones que corrijan las deficiencias, entre ellas, las indicadas por el diputado don Carlos Montes?

En verdad, ese argumento es de peso y nada tiene que ver con confrontaciones doctrinarias o propósitos egoístas para permitir la actividad de lobby, cubierta o encubierta, sin regulación, para beneficiar determinados intereses.

¿Cuál es la corrección que hace el veto?

En la letra d) del número 5), de las observaciones al artículo 5º, que pasa a ser 4º, dice:

d) Incorpórase la siguiente letra n), nueva, que pasa a ser m):

“m) Las gestiones desarrolladas por los miembros de las directivas de organizaciones gremiales, sindicales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudio, colegios profesionales, así como por los representantes legales, directores, gerentes y abogados institucionales de las personas jurídicas que persigan fines de lucro, ante las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos estatales enumerados en el artículo 15,”, en tal caso no son lobbystas, salvo que actúen con habitualidad.

Muchos planteamos que los sindicatos, que los gremios, por naturaleza, no deberían ser lobbystas. Los gremios, por definición, tienen que plantear la defensa de sus intereses sectoriales ante las autoridades.

También está el problema de los institutos profesionales. Todos los parlamentarios se reúnen más de ocho veces al mes con institutos profesionales que los asesoran, y esas entidades, por definición, no deberían ser lobbystas.

Ésas son las materias que hay que corregir, pero no se puede, por la especie de jaula de hierro que significa el veto.

La observación sobre el tema de la habitualidad también es muy discutible. ¿Por qué se consideran sólo ocho gestiones de lobby en el período de un mes? ¿Por qué no nueve o diez? ¿Por qué se produce esta restricción en cuanto al número?

El diputado Burgos , con mucha lucidez, planteó una posible corrección al respecto: que sea el Consejo para la Transparencia el que defina si se está actuando o no con habitualidad. Por lo tanto, este punto también requiere una corrección, pero ahora estamos impedidos de realizarla. Por lo tanto, pediremos votación dividida respecto de algunas materias. Además, anuncio que aprobaremos algunas observaciones -la mayoría-, pero rechazaremos otras, por las razones que he señalado.

El veto corrige algunos errores del proyecto aprobado por el Congreso Nacional, pero incurre en otros relacionados en materias tan delicadas como las que trató de subsanar, que no se pueden resolver en el contexto de las mismas observaciones, debido a las normas contenidas en la Constitución Política, en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, lo más conveniente es que estas observaciones sigan su tramitación en el Senado, que tendrá que resolver en consecuencia, y que el proyecto se despache finalmente para que, con posterioridad, se promulgue como ley. Si en el futuro es necesario efectuarle algunas correcciones, siempre tendremos la mejor voluntad para hacerlo cuando el Ejecutivo lo considere pertinente.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señor Presidente , una de las tareas más difíciles de quienes desarrollamos el trabajo legislativo es intentar hacer profundos cambios culturales a partir de un proyecto de ley. Y, sin duda, esta iniciativa presenta esa dificultad.

Seamos francos: en Chile, el lobby, o como se le quiera denominar, ha sido una costumbre histórica. Somos un país pequeño, en que el establishment se conoce más de la cuenta, en el cual no se producen muchos cambios y en el que la conversación y el amiguismo siempre han tenido una consideración cotidiana bastante importante. Sin embargo, las sociedades pueden ir mejorando en esta faceta.

Sin ir más lejos, a propósito de una situación similar a la del lobby, hace unos días leí en el diario “El Mercurio” que el 80 por ciento de los agentes del mercado accionario usaban información privilegiada. ¡El 80 por ciento! ¡Pero si el uso de información privilegiada está penalizado!

Si nos comparamos con el resto de los países del mundo, constataremos que, como sociedad, somos mucho menos corruptos -lo cual es una buena noticia-, pero tenemos un trecho gigantesco para avanzar en el camino de la transparencia. Y este proyecto -que, a mi juicio, no es el único- avanza justamente en esa dirección y constituye uno de los antídotos más importantes para evitar la lacra de la corrupción, aspecto en el que, al parecer, todos estamos de acuerdo, porque las propuestas de los candidatos presidenciales y de todas las comisiones de ética que se han constituido han establecido como un elemento fundamental para avanzar en el camino de la transparencia la regulación del lobby, actividad que, hasta hoy, ha estado absolutamente desregulada. Tanto es así que hasta a los propios lobbystas no les gusta declararse como tales. Existen connotados personajes -políticos, además- que dicen que cuando llaman a tal o cual diputado sólo están ejerciendo su profesión. Es decir, estamos insertos en una sociedad a la que le cuesta mucho reconocer lo que se hace.

Me han señalado que en otra época, respecto de profesiones que después se legalizaron, también costó mucho reconocer su ejercicio. Por lo tanto, esto no es novedad.

Por lo tanto, este proyecto y las observaciones que ahora discutimos avanzan en el camino de la transparencia.

Por otra parte, me permito disentir de lo que ha afirmado el colega y amigo Edmundo Eluchans . El veto no es sorprendente; más bien, es positivo. Y es tan poco sorprendente que los propios miembros de las bancadas de la Alianza por Chile votarán favorablemente varias observaciones, lo cual indica que el proyecto aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional presentaba ciertos inconvenientes, más allá de la unanimidad con que fue aprobado.

Por ejemplo, uno de esos problemas no menores que vamos a cambiar -sobre el cual, al parecer, no hay discusión- es, ni más ni menos, la institución que va a regular el lobby. De acuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, quien regula la actividad es el Ministerio de Justicia. Pero el Ejecutivo llegó a la conclusión de que era mejor que esa función la realizara una entidad autónoma, con capacidad y que tuviera una relación directa con el tema, el Consejo para la Transparencia, que, entre otras cosas, tiene una génesis mixta, porque concurre no sólo el Ejecutivo , sino también el Senado, ya que para la designación de los consejeros se requiere el acuerdo de, al menos, dos tercios de los miembros de esa Cámara.

Entonces, en un tema tan central como determinar la institución que regulará la actividad, el proyecto era perfectible, y por ello la Presidenta de la República tomó la decisión correcta al formularle observaciones.

Se podrá discutir que en el veto hay algunos aspectos mejores que otros. Consiento en tal afirmación, y no presumo ninguna conducta aviesa en sostener tal posición. Pero no califiquemos el veto de inoportuno, sorprendente o que no tiene importancia alguna, porque no corresponde.

Estas modificaciones se deben no sólo al lobby de los propios lobbystas, y sería injusto calificarlo así. Obviamente, los lobbystas, o quienes se reconocen como tales -por lo demás, no son muchos-, hicieron gestiones en tal sentido y puntualizaron que se generaba una situación injusta, porque se les atribuía la responsabilidad sólo a ellos, en circunstancias de que puede haber otras personas que realicen también la actividad, pero que no son lobbystas, y a través de ellos se buscará el atajo para lograr el objetivo que se busca. Pero también hubo personeros ligados a la política, a los medios de comunicación y a las organizaciones pro transparencia que formularon declaraciones que indicaban que el proyecto se podía mejorar.

Por su parte, la Presidenta de la República actuó de una forma legítima y conveniente: asumió las críticas públicas antes de que la iniciativa se transformara en ley de la república y propuso mediante estas observaciones las enmiendas que, en lo sustancial, mejoran el proyecto, especialmente para que tenga consistencia con el cambio cultural que implica.

Sin duda, el tema de la habitualidad es complejo. En lo personal, me gustaba mucho más el texto que aprobamos en esta Cámara, en que la regulación se le aplicaba a todos los que realizaran la actividad del lobby. Sin embargo, no había “agua en la piscina” para aprobar esa definición, razón por la cual se optó por presumir que nunca hay lobby no remunerado, pero hoy se busca un camino intermedio, que consiste en establecer una presunción legal que, por cierto, es de difícil prueba, que ya no estará en manos del Ministerio de Justicia, sino de un consejo bastante autónomo.

Estas observaciones son positivas, por lo que debiéramos aprobarlas, salvo aquella que excluye a varias autoridades públicas, fundamentalmente del Poder Judicial y del Ministerio Público, de su obligación de publicar en las páginas web institucionales o donde corresponda las audiencias y reuniones que efectúen con los lobbystas -al parecer, existe consenso en que esto es inconveniente-, lo que no tiene ninguna justificación, porque lo que pretende el proyecto es avanzar en el camino de la transparencia.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.

El señor DITTBORN .-

Señor Presidente , sólo quiero formular algunos breves comentarios.

En primer lugar, por su intermedio, señor Presidente, decir al diputado Burgos que cuando se alude a información publicada en la prensa hay que hacerlo con mucho cuidado.

Cuando se afirma que el 80 por ciento de los agentes de bolsa ha usado información privilegiada en sus actuaciones, lo que se quiere decir es que han actuado en función de ciertos datos. Pero lo que no se precisa es cuánta de esa información era correcta y cuánta no lo es.

El diputado Burgos , que es aficionado a la hípica, seguramente muchas veces apostó a caballos basándose en datos, lo que, en cierta forma, también constituye información privilegiada. Alguna persona vinculada al mundo hípico puede “soplar” la información de que un caballo ha estado muy bien en los aprontes y quizás el diputado Burgos haya apostado a ese caballo con esa información privilegiada, aunque no sé si eso constituya un delito. En todo caso, lo que hay que considerar es si los datos son correctos o no.

En todos los países, muchas de las personas que compran acciones lo hacen basándose en datos. Ahora, obviamente, no todos ganan con esas operaciones.

El señor BURGOS.-

También los operadores; eso es un delito.

El señor DITTBORN .-

También los operadores.

Volviendo al tema central, sinceramente, tengo la convicción de que el proyecto inicial era malo, porque contenía una definición muy restringida del lobby, y por eso me abstuve en la votación correspondiente.

Sin embargo, tiendo a estar de acuerdo en la ampliación de la definición y en la incorporación de más instituciones y personas como lobbystas. Para mí, la distinción entre defender los intereses de terceros o los propios no es conceptualmente potente para definir unas actuaciones como lobby y otras no. Ésa es la gran inquietud que tengo en relación con el proyecto. Creo que lo correcto es ser más amplio en la definición de lobby. En ese sentido, el veto tiende a ir en esa dirección.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación las observaciones formuladas por su excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que regula el lobby, con excepción de las consignadas en los números 2), letras a), b) i., b) iii., y d); 4), letra c); 5), letras a) y d); 6), letras a) y b); 9), letra a); 10) y 11), letras a), c) y f), para las cuales se ha pedido votación separada.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se aprobarán con la misma votación las observaciones 5), letra c); 7), 11), letra g); 12), 14) y 15), letra b), que inciden en materias propias de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

¿Habría acuerdo?

Aprobadas.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Corresponde votar la letra a) de la observación número 2).

La Mesa estimó que esta observación debe aprobarse con quórum simple, por no incidir en materias que la Constitución señala como propias de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y de la ley de Bases de la Administración del Estado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Corresponde votar la letra b), i, de la observación número 2).

La Mesa estimó que esta observación debe aprobarse con quórum simple, por no incidir en materias que la Constitución señala como propias de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y de la ley de Bases de la Administración del Estado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra b), iii, de la observación número 2).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra d) de la observación número 2).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra c) de la observación número 4).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra a) de la observación número 5).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra d) de la observación número 5).

Hago presente que esta observación requiere, para su aprobación, del voto favorable de 67 diputados y diputadas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra a) de la observación número 6).

Para su aprobación, requiere del voto favorable de 67 diputados y diputadas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra b) de la observación número 6).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra a) de la observación número 9).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la observación número 10).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Corresponde votar la letra a) de la observación número 11).

La Mesa estima que esta observación debe aprobarse con quórum simple por no incidir en materias que la Constitución Política señala como propias de ley orgánica del Congreso Nacional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

En votación la letra c) de la observación número 11).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Jarpa Wevar Carlos Abel; Salaberry Soto Felipe; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Por tratarse de una observación sustitutiva, debe votarse por la insistencia del texto aprobado por el Congreso Nacional, para lo cual se requiere del voto conforme de dos tercios de los diputados y diputadas presentes.

Esto es muy importante, puesto que, de lo contrario, no hay norma.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Errázuriz Eguiguren Maximiano.

El señor BUSTOS (Presidente).-

En consecuencia, la Cámara de Diputados acuerda insistir.

En votación la letra f) de la observación número 11).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Verdugo Soto Germán.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Despachado el proyecto.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE SALARIOS BASE. Tercer trámite constitucional.

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base, cuya urgencia ha sido calificada de “suma”.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín 5433-13, sesión 44ª, en 19 de junio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 4.

El señor BUSTOS (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente , sólo para expresar mi opinión favorable a las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que incorpora en el Código del Trabajo importantes elementos sobre la jornada de trabajo, cuestión que fue considerada por la Cámara en su primer trámite constitucional.

La iniciativa consiste en modificar el artículo 22 del Código del Trabajo en relación con los trabajadores que están afectos al cumplimiento de una jornada de trabajo.

En ese sentido, se establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador. Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador sólo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, en especial en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes de la del domicilio del empleador.

En ese sentido, se viene a dar respuesta a una serie de irregularidades y abusos que están sufriendo muchos trabajadores asimilados al artículo 22 del Código del Trabajo, cuando, en efecto, en su vida laboral diaria y cotidiana cumplían una jornada y se les hacían exigencias en cuanto a firmar tarjetas, reportarse, etcétera. Creo que el Senado ha dado una buena respuesta a esta situación.

Por otra parte, también se incorpora el derecho de la remuneración del séptimo día, semana corrida, de aquellos trabajadores que tienen una remuneración mixta, vale decir, fija más variable, estableciendo que igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero, en este caso, el promedio se calculará sólo en relación a la parte variable de sus remuneraciones.

A mi juicio, son muy importantes las modificaciones que le ha introducido el Senado al proyecto y es de urgencia que lo despachemos a la brevedad, sobre todo, porque responde a una larga inquietud de quienes forman parte de organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y otras, respecto de cuyos trabajadores ha habido un abuso muy grande.

Resulta increíble que, aun cuando todos los años el Congreso Nacional realiza un debate sobre el salario mínimo con el propósito de fijar un nuevo monto, hay una gran cantidad de trabajadores sometidos a un acuerdo sobre un sueldo base como piso, al cual se le agrega una serie de elementos como horas extras, comisiones, etcétera, y de esta manera los empleadores eluden una responsabilidad que se fija por ley todos los años y que beneficia a todos los trabajadores.

Por esta razón, la Comisión del Trabajo recomienda aprobar las modificaciones del Senado y despachar con prontitud el proyecto.

He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado don Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ .-

Señor Presidente , tal como lo expresó nuestra colega Adriana Muñoz , éste es uno de esos clásicos proyectos que, sin perjuicio de haber tenido su origen en el Ejecutivo , es el resultado de demandas de muchos sindicatos y organizaciones de trabajadores, quienes cotidianamente experimentaban el abuso de ver que sus sueldos base eran irrisorios y muy inferiores al salario mínimo legal.

Nos acompaña en las tribunas un grupo de trabajadores de Ripley y sus dirigentes sindicales, quienes son emblemáticos en la lucha por que este proyecto de ley sea una realidad, pues a igual que otros trabajadores, sobre todo del área del comercio y del retail, sufrían este abuso. Incluso, en algunas empresas se pagaban 5 ó 10 mil pesos de sueldo base y el resto eran comisiones.

Lo que hace el proyecto es equiparar el sueldo base al salario mínimo legal en términos de que, una vez que sea ley de la República, ningún trabajador va a ganar menos de 159 mil pesos mensuales. Todas las comisiones y estímulos por las ventas realizadas o por otras labores deberán hacerse sobre este piso que es el salario mínimo legal, el cual nunca podrá ser distinto del sueldo base.

Además, el proyecto tiene otros alcances, relacionados con los derechos de los trabajadores que son contratados por una empresa pero desempeñan cotidianamente sus labores fuera del edificio de la misma, o sea, trabajan en ventas, recorren ciudades, en fin. Ellos deben marcar tarjeta muy temprano en la mañana en sus respectivos lugares de trabajo y después salir a realizar su labor. Sin embargo, no les reconocen sus horarios de trabajo y su dependencia contractual, por lo que no quedaban comprendidos dentro de los beneficios que establece el proyecto. A través de una disposición introducida por el Senado, se logró incluirlos.

Por ello, nos alegramos mucho de haber aportado un grano de arena a una normativa legal que el ministro del Trabajo se ha comprometido a mejorar paso a paso. Incluso, ha comprometido públicamente el envío de otras iniciativas de ley para el segundo semestre, con lo que espero tengamos un mejor Código del Trabajo, complementado con las herramientas de fiscalización con que cuenta el país, para resguardar los derechos de los trabajadores.

Mis felicitaciones al Gobierno y a los dirigentes sindicales respectivos, quienes han hecho posible esta iniciativa.

He dicho.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado don Felipe Salaberry.

El señor SALABERRY.-

Señor Presidente , anuncio nuestra disposición a votar favorablemente el proyecto. No obstante, quiero comentar algo de lo que señaló el diputado Aguiló en su intervención.

Ya en el proyecto anterior se había subsanado la inequidad a que hace referencia el señor diputado , principalmente respecto a qué se entendía como sueldo base para calcular las horas extraordinarias, ya que en el mundo del retail, del comercio, eran pagadas de acuerdo a dicho sueldo. Es decir, había trabajadores que recibían un sueldo base de un peso y el resto de su remuneración era variable. De manera que las horas extraordinarias -es algo muy común en el comercio- eran calculadas sobre ese sueldo.

Pero esta situación fue corregida hace más o menos un año. A partir de entonces, todas las horas extraordinarias se pagan de acuerdo el ingreso mínimo legal. Además, ningún trabajador puede recibir un salario inferior a éste. Es decir, era una especie de incentivo -en algunos casos, perverso- llegar al ingreso mínimo con las comisiones o con la remuneración variable. En todo caso, a los trabajadores se les debía pagar siempre. Por lo menos, ése fue el espíritu de la modificación anterior.

Entonces, lo que hace este proyecto de ley -ya fue discutido y aprobado por la Cámara y ahora vuelve del Senado con algunas modificaciones- es profundizar el espíritu con que el Congreso Nacional aprobó esta idea hace un año.

Tal como lo dijo el diputado Aguiló, las modificaciones del Senado mejoran sustancialmente el proyecto. Algunas presentan problemas de redacción relacionados con los beneficiarios del proyecto; es decir, con los trabajadores que no laboran en un espacio físico determinado, pero que tienen un superior jerárquico y que se dedican a las ventas. No afecta, obviamente, a los vendedores viajeros y a otros.

Finalmente, a propósito de la forma en que se materializará la modificación del artículo transitorio, estamos por acoger la modificación del Senado, en cuanto a que el cálculo del nuevo sueldo no afectará las remuneraciones de los trabajadores cuando la norma esté en plena vigencia.

He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO .-

Señor Presidente , antes de expresar dos o tres ideas sobre las modificaciones del Senado, quiero decir que me siento orgulloso de los colegas a quienes les correspondió discutir el proyecto relativo al lobby, porque ello me permitió apreciar con claridad lo que somos: trabajadores leales a la función para la cual fuimos elegidos. Me refiero a los diputados Eluchans , Burgos , Cardemil , Montes, Dittborn y Leal; todos ellos hicieron una transparencia óptima sobre ese proyecto. Es un pequeño alcance importante para quienes concurrimos día a día a trabajar en el Congreso Nacional.

Esta iniciativa, que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base, sin duda, también es motivo de satisfacción para la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, tal como lo señala el mensaje de la Presidenta de la República , una de las causas que motivaron su envío al Congreso Nacional fue el resultado de las comisiones investigadoras sobre la materia, que informaron de la existencia de contratos de trabajo con sueldos irrisorios e indignantes, cuya base para completar el ingreso mínimo eran los ingresos variables de los trabajadores. Esto, antes de 2004, era particularmente grave, porque el sueldo base pactado era la plataforma de cálculo para las horas extraordinarias.

En este momento, recuerdo la posición invariable y la firmeza que demostró la diputada Adriana Muñoz para trabajar en el tema. Considero que es bueno decir que fue una tremenda defensora de la iniciativa.

El proyecto iguala el sueldo base con el ingreso mínimo. De esta manera, como lo han dicho los colegas, una buena parte de trabajadores y trabajadoras del país, especialmente los que trabajan a porcentaje, es decir, los que tienen una remuneración variable, siempre tendrán asegurado un porcentaje fijo que no podrá ser inferior al ingreso mínimo. De manera que su remuneración variable se calculará a partir del monto que éste tenga.

Con esto, como se ha expresado muy bien aquí, se beneficiará mayoritariamente a los trabajadores del comercio, a los vendedores de instituciones financieras, de seguros y a los vendedores de planes de isapres, AFP, etcétera, que eran los grandes perjudicados porque recibían un ingreso mínimo que no correspondía a la realidad.

Como el proyecto ya fue discutido suficientemente por la Cámara, ahora corresponde opinar sobre las modificaciones introducidas por el Senado. Al respecto, debo señalar que concuerdo con la mayoría de ellas. En todo caso, sólo son tres.

Por eso, sólo quiero comentar la modificación del Senado a la letra a), número 1) del artículo único, que excluye del concepto de jornada laboral a los trabajadores que sólo entregan resultados de sus gestiones y se reportan esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes de la del domicilio del empleador.

En esta situación se encontrarían, por ejemplo, los denominados vendedores viajeros que recorren las zonas más apartadas del territorio nacional para vender productos de distintas empresas. Por lo general, ellos no tienen una jornada de trabajo establecida; la realizan en los más diversos horarios y jornadas, y no siempre están supervisados por un superior, sino que son controlados sobre la base de lo que producen.

En estos casos, sí existe un contrato de trabajo entre la empresa y el trabajador, pero no me queda muy claro, dadas las especiales condiciones en que realizan su labor. Como digo, se les excluye de los trabajadores beneficiados por este proyecto; más aún, se considera que el ingreso mínimo es sólo una referencia obligatoria para el pago de su remuneración y, como queda claro, ningún trabajador aspira a producir para obtener un salario mínimo, sino para percibir la mayor remuneración posible.

Para el que habla es una salvedad muy importante. Como la discusión llega a su fin, considero que no hay que entorpecer el despacho de esta iniciativa que, por lo demás, ha sido objeto de numerosos comentarios. Sin embargo, para el establecimiento de la historia fidedigna de la ley, quiero que quede constancia de mi opinión sobre la modificación del Senado a la letra a), número 1) del artículo único del proyecto.

He dicho.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente , me voy a referir exclusivamente a los cambios y adiciones hechas por el Senado al proyecto de ley en discusión.

Quiero ser muy franco. Si bien tiendo a coincidir con el propósito de las modificaciones del Senado, creo que su redacción no es la más feliz. A lo mejor, esta discusión puede servir para ir esclareciendo ciertas dudas y como antecedente a la hora de interpretar la norma.

Voy a hacer algunas reflexiones que me gustaría que el señor ministro del Trabajo , que es quien más ha defendido las modificaciones introducidas por el Senado, nos aclarara si es la correcta interpretación que les dan.

En primer lugar, quiero despejar algo que al parecer no queda claro. La norma, que establece como sueldo base para los comisionistas el ingreso mínimo, se aplica únicamente a los trabajadores que están afectos a una jornada laboral ordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de los comisionistas no están afectos a esta jornada de trabajo, por ejemplo, porque venden productos de distintas empresas o empleadores o porque trabajan en jornadas parciales; en consecuencia, no se les podría aplicar como base el sueldo mínimo.

Entonces, remitamos la discusión a quienes se aplicará la norma, que son únicamente aquellos trabajadores que ganan comisiones o sueldos variables y están afectos a jornada de trabajo.

El diputado Sergio Aguiló dio el mejor ejemplo. Muchas veces en el retail los trabajadores laboran exclusivamente para el empleador en jornada completa; sin embargo, tienen sueldos base inferiores al mínimo. A ellos apunta el proyecto, pero hay que decir que son la minoría de los trabajadores comisionistas del país.

Se dice que el proyecto incorpora el pago del séptimo día a los trabajadores comisionistas afectos a jornada de trabajo, a los que perciben renta fija, lo que me parece positivo, porque actualmente no se les paga.

El séptimo día no se calculará sobre el sueldo base, que es el mínimo, sino sobre el total de la remuneración, lo que me parece justo, porque si a un trabajador se le paga el día de descanso, debe hacerse en relación con lo que efectivamente gana después de haber trabajado todo el mes, no sólo sobre el sueldo base.

El proyecto establece un artículo transitorio, cuya redacción, insisto, no me parece afortunada, que faculta al empleador para que, unilateralmente, haga los ajustes que dispone el proyecto en las liquidaciones de sueldo y después en el contrato, ajustes que son muy simples -no quiero que se creen falsas expectativas-; y consisten en que el mayor monto que se pagará al trabajador para fijar su sueldo base igual al salario mínimo, se sacará de sus comisiones; es decir, si un trabajador tiene un sueldo base de sesenta mil pesos y de acuerdo con el proyecto hay que subirlo a 159 mil pesos, la diferencia se saca de las comisiones del trabajador. Esto quiere decir que, en la práctica, se faculta al empleador para no pagarle un peso más al trabajador comisionista, sino que, sencillamente, lo que antes se le pagaba por comisión, ahora se le pagará por sueldo base. Así es como interpreto el proyecto.

Es muy importante, no sólo para los trabajadores, que el ministro ratifique o no esta forma de interpretar la norma, porque, de paso, la iniciativa establece algo bastante inédito, ante lo cual expreso mis dudas: cuando la estructura de comisiones vigente está en un contrato colectivo de trabajo, se faculta al empleador para modificarla o hacer los ajustes necesarios unilateralmente, sin siquiera consultar al sindicato o a quienes negociaron colectivamente.

Me preocupa la constitucionalidad de la norma, porque, aun cuando no se modifican los valores y no se perjudica al trabajador, este perfectamente puede decir: ¿quién me preguntó si quiero esta nueva estructura? ¿Por qué no nos sentamos a dialogar sobre eso? No estoy pidiendo que me aumenten mi comisión o el sueldo, sino que analicemos la situación, porque la estructura anterior puede ser mejor para mí.

Estoy haciendo un análisis de principios. Estamos diciendo que un contrato colectivo podrá ser modificado unilateralmente por el empleador.

Señor Presidente , por su intermedio le pido al ministro que confirme, si esa es la interpretación correcta de la norma, pues la redacción de la propuesta del Senado no me parece suficientemente clara. Por lo tanto, es menester que evitemos cualquier aplicación distorsionada de la Dirección del Trabajo o de la jurisprudencia.

He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Goic.

La señora GOIC (doña Carolina).-

Señor Presidente , sin perjuicio de que el ministro aporte todos los antecedentes necesarios para responder a las consultas planteadas y que permitan la mejor comprensión del proyecto, en representación de la bancada de la Democracia Cristiana quiero manifestar nuestro apoyo, porque las modificaciones del Senado hacen que efectivamente sea justo para los trabajadores, sobre todo para quienes no están afectos a jornada de trabajo.

Lo importante es que el proyecto sea lo más claro posible en su redacción e interpretación, para que ojalá todos los trabajadores comisionistas tengan garantizado un sueldo base no inferior al mínimo.

Quiero destacar la urgencia que ha puesto el Gobierno a la iniciativa, luego de aprobarse el reajuste al salario mínimo, hoy fijado en 159 mil pesos, porque de alguna manera ello garantiza que no se sigan cometiendo abusos con los trabajadores que debían cumplir metas de ventas y hacer un gran esfuerzo para acceder a lo que por ley debió estar consagrado.

Nunca más queremos sueldos base de 5, 10 ó 25 mil pesos, sino que el derecho que consagra el proyecto sea efectivo para todos los trabajadores.

He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , celebro que el proyecto equipare el sueldo base al ingreso mínimo mensual. Es una conquista para miles de trabajadores que, sobre todo en la industria del retail y en muchas otras actividades, perciben un sueldo base irrisorio y, peor aún, cuando no pueden desarrollar su actividad durante todo el mes, muchas veces reciben una cifra muy inferior.

La posibilidad de incorporar como sueldo base el salario mínimo permite establecer un piso superior para futuras negociaciones.

Comentaba con el diputado Nicolás Monckeberg que no necesariamente significará un aumento de sus rentas, porque seguramente el sueldo base se les imputará a las comisiones, pero los trabajadores tendrán la capacidad de negociar en el futuro mejores comisiones, partiendo de una base.

Es efectivo que, tal vez, no habrá un aumento automático del sueldo del trabajador, pero establecer una base mínima permitirá que en el futuro, las comisiones, se negocien con el empleador sobre una base superior.

Es importante también que avancemos en otros aspectos de la legislación laboral, como la negociación colectiva, que permitirá a los trabajadores, agrupados en este caso en sindicatos en las grandes tiendas, obtener comisiones que aumenten las remuneraciones sobre la del sueldo mínimo, establecido en 159 mil pesos.

El avance del proyecto lo constituye la posibilidad de que el mejor desempeño se refleje en la liquidación de fin de mes en el pago de las comisiones.

Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al diputado Nicolás Monckeberg que ahí se reflejará el aumento.

Por otra parte, es importante la modificación del Senado que dispone que el empleador, dentro de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley, debe ajustar el sueldo base al ingreso mínimo, y así, en conjunto con los trabajadores beneficiados, establecer comisiones más adecuadas, en función de la productividad de los trabajadores. Eso apunta a asegurar derechos, pero también productividad, la que estará dada por el porcentaje de comisiones que recibirán y que asegurará a los trabajadores obtener mejores sueldos y una mejor participación en la fuerza de venta.

También es importante que estén consagrados los derechos de los trabajadores que laboran como fuerza de venta. Muchas personas se desempeñan vendiendo seguros, contratados con AFPs y distintos productos. Es conveniente que eso esté regulado, pues marcan tarjeta a primera hora y, generalmente, durante el día sólo reciben un par de llamados telefónicos de su empleador. Deben estar afectos a un régimen que permita consagrar sus derechos.

Felicito al ministro en este día que comienza a regir la reforma previsional. Es una buena noticia que se suma a la aprobación de la iniciativa en debate, mediante la cual miles de trabajadores ya no verán en sus liquidaciones de sueldos bases indignos de ocho mil o treinta mil pesos, pues ahora se consagra el sueldo mínimo como condición básica para el cálculo de la remuneración de todo trabajador que desempeñe su labor en este país.

He dicho.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Osvaldo Andrade.

El señor ANDRADE ( ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , el proyecto avanza en un aspecto que no es muy propio del mercado, menos del relacionado con el trabajo: la dignidad del trabajador. Ellos ya no estarán expuestos a tener sueldos base del orden de los tres, cinco o seis mil pesos, lo que es una indignidad.

Quiero aclarar algunas inquietudes del diputado Nicolás Monckeberg. Efectivamente, el proyecto se aplica a los trabajadores que cumplen jornada. En las indicaciones presentadas en el Senado se establecieron claramente presunciones de jornada, y así quedarán consagradas en el texto.

Con las indicaciones resolvimos también un tema muy importante, en particular para los trabajadores del comercio, que es el séptimo día o la semana corrida. Así quedó perfectamente establecido.

Desde ese punto de vista, más que responder, estoy ratificando los dichos del diputado Monckeberg en esa dirección.

El ajuste es una responsabilidad del empleador, el que tiene un plazo para resolverlo. Debe ser así, pues si fuese bilateral nos encontraríamos con que podría negociarse una cosa distinta. Por eso, es una obligación perentoria del empleador que en ese plazo debe ajustar la remuneración de forma tal que el sueldo base no pueda ser inferior al mínimo. Debe resolver cómo lo hace. Pero, reitero, el proyecto no tiene la intención de provocar un aumento de las remuneraciones. Por cierto, de ningún modo una disminución, lo dice expresamente. Por ello, en el ajuste que haga el empleador para configurar el sueldo base no inferior al ingreso mínimo, tendrá que pagar las remuneraciones variables.

Ahora, en el largo plazo, con una estructura de remuneración como la que se busca aprobar hoy -esperamos el respaldo de la Sala de la Cámara de Diputados-, es probable que los trabajadores en sus futuras negociaciones puedan mejorar su estructura de remuneración desde un sueldo base que hoy no puede ser inferior al mínimo.

Como es una obligación unilateral del empleador -quedará autorizado por ley-, no hay inconveniente para que en los contratos o convenios colectivos pueda operar de manera directa, toda vez que el principio es que no afecte de modo alguno el patrimonio del trabajador.

Muchas gracias.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.

El señor DITTBORN .-

Señor Presidente , el proyecto es muy simple y los cambios que le introdujo el Senado aclaran algunos puntos. Teníamos algunas dudas respecto de la redacción, pero no del fondo. Entiendo que el diputado Monckeberg continúa con dudas, pero no sobre el fondo. Por lo tanto, vamos a votarlo favorablemente.

Como dijo el ministro , el proyecto no significa un aumento de remuneraciones ni un gran cambio para los trabajadores. Por eso, es importante mantener los pies en la tierra y no vender ilusiones. Sin embargo, hace algo muy razonable: establece que el sueldo mínimo sea válido para todos los trabajadores que cumplan una jornada laboral completa, cualquiera sea el tipo de labor que realizan.

En la actualidad, mucha gente, en especial la que gana comisiones, tiene un salario base inferior al sueldo mínimo, y la diferencia entre ambos sueldos la completan o superan con sus comisiones.

El proyecto consigna que no es digno ni justo que un trabajador parta con un sueldo base inferior al mínimo. Agrega que todo trabajador que cumple una jornada laboral completa debe ganar, al menos, el sueldo mínimo. Y de ahí para arriba tendrá una mejoría en su remuneración en caso de que sus comisiones así lo justifiquen.

Eso nos parece de toda justicia y significa añadirle un elemento de dignidad, porque no es razonable que un trabajador comience el mes con 30, 40, 50 ó 100 mil pesos, aunque sabe que a fin de mes recibirá el mínimo, ya que por ley no puede recibir menos. Por eso, el proyecto nos parece justo y lo votaremos a favor.

Sin embargo, debo ser franco y aclarar que no es enteramente cierto el comentario irónico que formuló el ministro al principio de su intervención, cuando expresó que no es propio del mercado la dignidad y que por eso la introducen el Estado o la ley. Creo que las leyes pueden causar indignidad.

De hecho, sin ir más lejos, hoy aparece un muy buen artículo en “El Mercurio”, que les recomiendo leer. Tal vez no es un diario del gusto del ministro , pero dice cosas interesantes. El respetado analista de Economía y Negocios, Pablo Obregón Castro , habla de que la “rigidez laboral, y no el nivel de los salarios, es la principal causa del desempleo”.

A lo mejor, el mercado sin leyes habría llevado a una situación de mayor o menor desempleo, más dignos, sin duda, que los que tenemos hoy.

Además, aparece un gráfico que deja al descubierto que Chile es uno de los pocos países en que la tasa de desempleo a nivel nacional avanza. En el último trimestre llegó a 8 por ciento, es decir, es notablemente superior a la de hace un año. El desempleo juvenil dobla esa cifra.

Lamentablemente, el mundo no es tan simple como para decir que el mercado en sí no añade dignidad y que por eso la agrego yo, como legislador o Ejecutivo. En este caso, comparto que esta iniciativa da dignidad.

Sería conveniente tener amplitud de criterio y reconocer que tal vez nos hemos equivocado en la legislación laboral, lo que ha provocado no mayor dignidad, sino mayor dificultad a una persona para encontrar trabajo.

¡Qué más indigno es que un ser con sus dos brazos, sus dos piernas y en edad de trabajar, tenga que recorrer las calles de Santiago durante meses sin encontrar trabajo!

Eso es lo más indigno que me puedo imaginar como situación. A lo mejor, es lo que tenemos que evaluar es si somos los causantes con una legislación inadecuada.

Pido que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para analizar la situación con amplitud y sin dogmas, porque no siempre es el mercado el que introduce la cuota de indignidad, sino nosotros.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.

El señor ALINCO.-

Señor Presidente , salario mínimo, salario básico. ¿Mínimo básico para vivir o para sobrevivir? Pero ése no es el tema en discusión. Sigo pensando que el salario básico debe ser el que permite a un jefe de hogar o a un trabajador vivir en forma digna y decente.

El acuerdo logrado entre la CUT y el Gobierno, representado en su oportunidad por los ministros de Hacienda y del Trabajo, señores Velasco y Andrade , respectivamente, en relación con un aumento del salario mínimo de 10,4 por ciento, concluyó con un sueldo mínimo nacional de 159 mil pesos, a partir del 1 de julio del presente año.

Todo hace indicar que los trabajadores negocian hacia abajo, porque el año pasado la CUT pedía 180 mil pesos, y en 2008 ha habido un notorio incremento del costo de la vida. En esta práctica anual -me refiero a las negociaciones del sueldo mínimo-, que parece más un ritual, cuyos acuerdos muchas veces salen con fórceps o mediante cesárea política, los trabajadores representados por la CUT, en este caso por el compañero Arturo Martínez , suelen quejarse de intransigencia y falta de voluntad política por parte de las autoridades económicas. En este episodio regular y permanente los trabajadores por lo general salen pensando que pudo haber sido peor o, como decimos en mi tierra, “van por lana y vuelven trasquilados”. Estos resultados, porque no se les puede llamar conquistas salariales, contrastan abiertamente con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas, que siempre han tenido el respaldo y apoyo de la unidad de fomento, como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.

Estoy convencido de que hay que rediseñar la forma de determinar el famoso y controvertido salario mínimo, por ejemplo vía ajuste automático de reajustabilidad, incluidos los salarios que los trabajadores reciben por contrato. ¿Y por qué no, si la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF? Con ello, evitaríamos el desangre permanente de los trabajadores en los procesos de negociación, buscando aminorar el impacto que producen las alzas en su poder adquisitivo dentro del mal llamado sistema neoliberal, el que en realidad debiera llamarse neoconservador.

La historia salarial de los trabajadores muestra signos contrarios a la banca privada y a los inversionistas nacionales y extranjeros, muchas veces meros especuladores financieros que ponen sus huevos en gallinas ajenas. Sabemos que la fijación del nivel de salarios es objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular, resultando que la actualización del salario, en función del nivel de inflación, está condicionada a las escasas o mínimas posibilidades de los trabajadores de incluir cláusulas de indexación en sus contratos, principalmente a través de procesos de negociación y convenios colectivos más que a contratos colectivos.

Ahora bien, si ponemos en la mesa el hecho de que el número de trabajadores que negociaban colectivamente en nuestro país entre 1990 y 2007 no alcanzaba a cubrir el 15 por ciento del total de trabajadores ocupados, tendremos muy clara la película respecto de hacia dónde va la ingeniería política laboral. En ese sentido, la Derecha se soba las manos. Se sube el salario mínimo y los empresarios bajan las comisiones; por lo tanto, se sigue jugando con la letra y el espíritu de la ley. Si un trabajador no firma un anexo de contrato, las puertas son bastante anchas y se puede ir.

La baja participación sindical da muestras de la poca efectividad de dejar a la parte más débil de la relación laboral la responsabilidad de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios respecto de las utilidades, porque las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.

El ciclo económico va en sentido contrario al que registran anualmente las utilidades de las empresas salmoneras y mineras, como La Escondida, entre otras.

Siempre voy a estar de acuerdo y apoyando cualquiera iniciativa legal o de otra índole que signifique compensar económicamente la fuerza de trabajo de los trabajadores. Debemos ser claros en que la explotación, la plusvalía se ha modernizado a través de la tecnología, de la informática, con intelectuales reclutados al servicio de la causa empresarial, cuya máxima es “a menor inversión mayor ganancia”. Los nacionalismos son parte del pasado, aunque los yanaconas siguen reproduciéndose como mala hierba y escribiendo en sus medios de comunicación amarillentos, presionados y pidiendo más libertades económicas. Pero, al primer problema corren a pedir que intervenga el Banco Central o, de lo contrario, hacen berrinches políticos y se toman los caminos y amenazan con despidos masivos o con llevarse el capital a otras latitudes, como en este momento, lo están haciendo, por ejemplo, las empresas salmoneras.

Después de este preámbulo, anuncio mi voto a favor de manera leal y consecuente con la clase trabajadora. No obstante, por su intermedio señor Presidente , pido al ministro del Trabajo que piense en que si bien Chile es un Estado nacional, recuerde la lucha que dieron los miles de trabajadores que estuvieron detenidos en el Estadio Nacional. Ellos lucharon por una sociedad más justa y libre de explotación, donde el objetivo iba más allá de las reivindicaciones meramente economicistas. La lucha estaba cifrada en terminar con la explotación del hombre por el hombre, donde una minoría de la clase privilegiada hacía uso y abuso de las leyes hechas como traje a su medida.

Los sueños de Luis Emilio Recabarren , Clotario Blest y del compañero Salvador Allende - Luis Figueroa , recalca el diputado Hales - están vigentes y más vivos que nunca, encarnados en las nuevas generaciones de quienes tomaron las banderas de lucha desde distintos puestos, incluso, por qué no decirlo, desde el Poder Legislativo en que hoy estamos.

Doy mi respaldo al proyecto, pero creo que falta más para los trabajadores chilenos.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente , dado que no me quedó claro uno de los aspectos señalados por el ministro Andrade , me gustaría saber si la intención del Ejecutivo con la indicación que dice “sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22” es excluir de la presunción de jornada ordinaria a todas aquellas personas señaladas en dicho artículo.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.

El señor RECONDO .-

Señor Presidente , los temas laborales en general requieren para su análisis desideologizar al máximo el debate para lograr consenso. Estas son las típicas materias en las que se requieren amplios consensos para avanzar en lo que necesitamos.

En esta oportunidad, el Congreso Nacional ha atendido una petición muy sentida de los trabajadores, que compartimos, la cual se expresó muy claramente en la Comisión Investigadora radicada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, para atender precisamente los requerimientos de los trabajadores del mundo del retail y de los supermercados. Ellos plantearon muy insistentemente la necesidad de hacer una modificación legal a través de este proyecto para equiparar el sueldo base con el ingreso mínimo mensual. En ese sentido, puedo observar dos hechos que, en mi opinión, son muy importantes.

Primero, eso no significa que aumentarán las remuneraciones o los sueldos de los trabajadores, sino que, probablemente, variará la proporción entre el sueldo base y las comisiones o la variable de que está compuesta la remuneración. Sin embargo, ése no es el punto central de la discusión. Segundo, al llevar a cabo esta adecuación, que no modifica la remuneración total del trabajador, el Congreso contribuye a dignificar a los trabajadores en dos aspectos: por una parte, otorga mayor seguridad relativa a sus remuneraciones y, por otra, mejora la apreciación del empleado respecto de su propia condición laboral. Para éste no puede resultar lo mismo recibir un sueldo base equivalente al ingreso mínimo mensual que veinte mil pesos.

Repito, la Cámara de Diputados, en forma consensuada y amplia, ha contribuido a realzar la dignidad del trabajador. Por tal razón, anuncio que mi bancada votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Tiene la palabra el ministro del Trabajo.

El señor ANDRADE ( ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , respecto de la pregunta del diputado señor Nicolás Monckeberg, debo señalar que la expresión “sin perjuicio de” no excluye a todos los trabajadores señalados en el inciso segundo del artículo 22, pero sí precisa con exactitud lo que debe entenderse por supervisión y control directo para determinar la presunción de si existe o no jornada laboral.

En segundo lugar, concuerdo plenamente con lo señalado por el diputado señor Dittborn, en cuanto a que el proyecto avanza mucho en materia dignidad. Como su señoría indicó, fue necesaria la dictación de una norma legal para establecer ese avance.

He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor BUSTOS (Presidente).-

En votación las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bertolino Rendic Mario; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Díaz Nicolás; Sepúlveda Hermosilla Roberto.

-La Mesa saluda a la embajadora de la India en Chile, excelentísima señora Susmitha Gongulee Thomas, quien viene a reunirse con el Grupo Interparlamentario Chileno-Indio con ocasión del término de su misión diplomática en el país.

V. PROYECTOS DE ACUERDO

PENSIÓN DE GRACIA A EX TRABAJADORES MARÍTIMO-PORTUARIOS QUE INDICA. (Votación).

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 588.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Jarpa Wevar Carlos Abel; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Vargas Lyng Alfonso; Walker Prieto Patricio.

-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado, señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN .-

Señor Presidente , muchos de los diputados presentes en la Sala -hay más de 26- no votaron.

Por eso, pido que la Mesa repita la votación y conmine a esos diputados a votar el proyecto de acuerdo. De lo contrario, que se aplique el Reglamento en lo pertinente.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , el proyecto fue votado por última vez y se rechazó.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, pido que aplique el Reglamento, por cuanto muchos diputados presentes en la Sala no votaron.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , no corresponde porque la sesión no fracasó.

¿Habría acuerdo para repetir la votación?

No hay acuerdo.

REBAJA DE VALOR DE LICENCIA DE PESCA RECREATIVA Y AMPLIACIÓN DE EDAD PARA EXENCIÓN DE DICHO PAGO.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

El señor Prosecretario va dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 589.

El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-

Proyecto de acuerdo Nº 589, de los diputados señor Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; Martínez; de la diputada señora Rubilar, doña Karla, y de los diputados señores Becker, Díaz, don Eduardo; Escobar, Olivares, García y Palma, que en su parte resolutivo dice:

“La Cámara de Diputados acuerda:

Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que, por una parte, modifique el monto de los derechos para la obtención de licencia de pesca recreativa, de modo que éste se fije en una suma no superior a 0,25 unidades de fomento, y por otra parte, que la exención del pago de derechos para la obtención de dicha licencia rija no sólo para los menores de 12 años, sino que se haga extensiva a los menores de 18 años”.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN .-

Señor Presidente , el propósito del proyecto de acuerdo es fomentar la participación de la juventud y de los escolares en la pesca recreativa, en conformidad a las normas de la ley Nº 20.256, publicada el 12 de abril recién pasado, que fue objeto de un intenso debate legislativo durante su tramitación en nuestra Corporación.

No obstante estar plenamente de acuerdo con su normativa, consideramos que el costo de la licencia de pesca recreativa, de 0,7 unidades de fomento, es decir, alrededor de 14 mil 500 pesos, es muy elevado. Si a ese costo se suma el de los aparejos de pesca, dicha actividad deportiva resulta bastante onerosa, lo que desincentiva a quienes desean desarrollar ese tipo de recreación, que contribuye a fomentar la cultura de preservación de la fauna íctica.

Por eso, con el fin de motivar a los pescadores deportivos, el proyecto propone rebajar el valor de la licencia de pesca a 0,25 unidades de fomento.

Asimismo, estimamos que la exención de pago de derechos que establece la ley sobre pesca recreativa para los menores de 12 años, debe extenderse a los menores de 18, de modo que los escolares puedan dedicarse en forma masiva a la pesca recreativa y deportiva, de acuerdo con el genuino espíritu de la ley.

En razón de estas consideraciones, solicitamos a los colegas aprobar el proyecto de acuerdo y así solicitar a la Presidenta de la República el envío a tramitación de un proyecto de ley para rebajar el valor de la licencia de pesca deportiva y hacer extensivo a los menores de 18 años la exención de pago de ese derecho, de manera de fomentar la pesca recreativa.

Con todo, no quiero terminar mis palabras sin antes señalar que me avergüenza que diputados que representan intereses ciudadanos y se deben a la ciudadanía, en especial a la gente que los votó, no tuvieran el más mínimo respeto por la Sala, pues no obstante encontrarse presentes, no votaron el anterior proyecto de acuerdo.

Espero que, a través del Canal de televisión de la Cámara de Diputados, la ciudadanía se haya enterado de esa falta de respeto hacia esos trabajadores portuarios que estuvieron en las tribunas y esperaron por una solución a la situación indigna y dolorosa que siguen sufriendo como consecuencia de la privatización de los puertos. En su momento, ellos fueron marginados del trabajo portuario sin una compensación digna, y, con posterioridad, obtuvieron una sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, por desidia, esos diputados no votaron. Por lo tanto, espero que respondan a los trabajadores portuarios de Chile.

He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO .-

Señor Presidente , entiendo el objetivo de los diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo, que no es otro sino rebajar el monto de los derechos que se pagan por concepto de licencia de pesca recreativa como una forma de alivianar el costo que tiene esa práctica. Sin embargo, cuando se discutió ese aspecto en la Comisión de Pesca, con ocasión de la tramitación de la iniciativa sobre pesca recreativa, se estimó que establecer un valor de 0,7 unidades de fomento para licencias nacionales y un costo mayor para las de extranjeros, amén de las exenciones de pago de esos derechos para los mayores de 65 años y menores de 12, era hacerse cargo de una realidad mínima para quienes practican la pesca deportiva.

Pienso que el costo de las licencias de pesca deportiva no desincentiva a los pescadores federados; al contrario, el cobro de algún monto permite recaudar recursos para fiscalizar mejor la actividad pesquera.

Si pensamos que una entrada al cine o al teatro cuesta entre 3 mil y 3 mil quinientos pesos, pagar 14 mil pesos anuales, que llevados a la temporada de pesca representan un poco más de dos mil pesos mensuales, no es una gravamen que pudiera desincentivar la pesca recreativa.

El monto fijado es apropiado. Por lo demás, se aprobó en forma unánime cuando se votó el proyecto.

A mi juicio, no es sano, a pocos meses de haberse publicado la ley, empezar a cambiar las reglas del juego.

Repito que entiendo el objetivo de los autores del proyecto de acuerdo. Sin embargo, el valor de las licencias de pesca deportiva se acerca a la realidad si lo comparamos con el que tienen otras actividades recreativas. Por lo demás, los dineros recaudados contribuyen al financiamiento de la fiscalización de esa práctica.

He dicho.

El señor CERONI (Vicepresidente).-

Para hablar en contra del proyecto acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente , aun cuando encuentro toda la razón a mi colega y amigo el diputado Chahuán en relación con la falta de respeto que, muchas veces, existe entre nosotros al momento de tratar los proyectos de acuerdo, y la falta de compromiso al votarlos, no puedo estar de acuerdo con el proyecto en discusión.

La ley sobre pesca recreativa, que fomenta esa actividad, se publicó, hace muy pocos meses, por lo que no existe una evaluación que permita determinar los efectos del costo de las licencias de pesca. Además, lo que hoy se nos plantea es absolutamente contradictorio a lo que la Corporación aprobó hace pocos meses.

Por lo tanto, no corresponde aprobar el proyecto de acuerdo en discusión.

He dicho.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

No hay quórum.

Se va a repetir la votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

Nuevamente no hay quórum.

Se va a llamar a votar a los señores diputados por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

En votación.

El señor CERONI ( Vicepresidente ).-

No hay quórum.

Por lo tanto, el proyecto de acuerdo se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria.

-El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise ; Goic, doña Carolina ; Muñoz , doña Adriana ; Pacheco , doña Clemira , y de los diputados señores Escobar ; Enríquez-Ominami ; Encina .

Establece la prohibición a los bancos e instituciones financieras de otorgar cuentas corrientes de crédito a personas que no acrediten ingresos. (boletín N° 5932-03)

I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS

No cabe duda que una realidad que está presente hoy en los chilenos es el gran nivel de endeudamiento y sobreendeudamiento que los afecta, y en especial a los jóvenes. En efecto, en Junio del año 2007, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) dio a conocer la Quinta Encuesta Nacional de Juventud, la que permitió, por primera vez en nuestro país, conocer el nivel de endeudamiento de los jóvenes chilenos.

Según estos datos, 1.237.191 de los jóvenes entre 15 y 29 años presenta algún nivel de endeudamiento en nuestro país, lo que corresponde a un 33,18%. De ese número, un 54,06% son mujeres y un 45,94% son hombres, correspondientes mayoritariamente a sectores medios y bajos de la sociedad. Este estudio también muestra que la mayoría de los jóvenes endeudados (51,04%), sólo alcanzó la educación secundaria, mientras que el 29,79% estudió en la universidad. Entre otras conclusiones tenemos que el promedio de deudas alcanzado por los jóvenes es de $ 884.657. De este monto, el promedio de las deudas que se encuentran en situación de mora es de $ 398.104. Por otra parte, de los jóvenes endeudados, un 72% utiliza instrumentos financieros, donde las tarjetas de crédito de multitiendas corresponden a casi un 70% de uso, seguido por las tarjetas de crédito bancarias con un 57%. Preocupante resulta a su vez, la parte del estudio donde se indica que de los jóvenes endeudados, solo un 56% se encuentra trabajando

Estas cifras son preocupantes, principalmente porque en la mayoría de los casos, estamos hablando de jóvenes que no tienen una capacidad económica para enfrentar las deudas contraídas, produciéndose, por tanto, un perjuicio no solo en sus finanzas, sino que muchas veces, en la de sus familias.

La entrada de los jóvenes universitarios al sistema bancario es creciente desde los últimos 5 años, lo que ha generado una apertura masiva de cuentas corrientes respecto de personas que no tienen los ingresos suficientes o, derechamente, no tiene ingresos, para mantener la variada oferta de instrumentos crediticios que las instituciones financieras ponen a su disposición, ofreciéndoles los mismos, literalmente, en el patio de sus universidades, al instalar los bancos a sus ejecutivos en las propias casas de estudio, sin mas costo para el estudiante que llenar un formulario. Lo preocupante de esto es que la banca para jóvenes trabaja por plan o apertura de cuenta, y al contratarlo viene con los 4 productos básicos que tiene un cliente regular, esto es, chequera, línea de crédito, tarjetas de crédito y de cajero automático.

Nos preguntamos, ¿Qué sucede cuando los bancos e instituciones financieras ofrecen en las mismas casas de estudios apertura de cuentas corrientes, líneas de crédito y tarjetas de crédito a jóvenes que no tienen ingresos como para hacerse responsable del uso de dichos instrumentos financieros? Lo que finalmente sucede, es que quienes se ven obligados a responder son sus padres, debiendo enfrentar juicios ejecutivos e interponer tercerías por deudas que no han contraído.

En efecto, la responsabilidad ante una eventual deuda de jóvenes en sus cuentas corrientes no está reglamentada en la ley. Si un estudiante no tiene con qué responder y el banco no pidió ninguna garantía al firmar el contrato -como así pasa- legalmente no tiene a quién reclamar, más que emprender acciones legales contra el deudor entre las que destaca su traspaso a Dicom.

Sin embargo, es común que los padres deban pagar estas cuentas que muchas veces exceden el monto de la línea de crédito. Aún así, en el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) señalan que esta situación no es obligatoria si es que los padres nunca firmaron una letra o si no fueron eventuales avales. A pesar de esto el organismo advierte que el acreedor puede incautar los bienes del lugar donde el alumno declaró residencia, incluso si es en una pensión.

Aunque los expertos no hablan de un sobreendeudamiento generalizado, advierten que hay un sector de la población que atraviesa serios problemas. Gran parte de esta responsabilidad recae en los bancos e instituciones financieras que ofrecen y otorgan sin escrúpulos, créditos y otros instrumentos financieros a personas que no cuentan con una realidad económica que les permita responder frente a esos compromisos y que, más aún, no cuentan con hábitos crediticios. Hoy en día existe en nuestro país una oferta de créditos indiscriminada, donde no existen límites, lo que deja a los deudores en una completa indefensión legal, que alcanza muchas veces, no solo a los deudores, sino que a sus familias, sobretodo tratándose del caso de los jóvenes.

Lo cierto es que en nuestra legislación no existen normas jurídicas destinadas a evitar el endeudamiento de personas naturales que no gozan de ingresos suficientes para enfrentar su carga financiera. Por lo anterior, ha quedado entregado al mercado el establecimiento de requisitos mínimos para acceder a las distintas alternativas crediticias que éste ofrece. Así, las entidades bancarias y las entidades financieras, en general, gozan de libertad para fijar criterios destinados a evaluar a sus clientes de instrumentos crediticios.

Con respecto a las tarjetas de crédito, la normativa del Banco Central nada dice respecto de requisitos relativos al acceso a este tipo de instrumentos financieros. Esta carencia de regulación se produce también en cuerpos normativos, tales como la ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, y la ley N° 19.496, de protección al consumidor.

Ahora, en relación con las cuentas corrientes, instrumentos crediticios regidos tanto por la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques (D.F.L. N° 707 de 1982, del Ministerio de Justicia) como por la Ley General de Bancos, observamos que tampoco existen normas destinadas a evitar que quienes no tienen ingresos suficientes contraigan obligaciones como las derivadas de líneas de crédito asociadas a una cuenta corriente.

Lo único que existe al respecto es una disposición de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que a través de su circular N° 3.396, de fecha 3 de julio de 2007, instruyó a los bancos a velar por el cumplimiento de exigencias mínimas para la apertura de cuentas corrientes. Al efecto, dispuso: “Para abrir una cuenta corriente a una persona natural, las empresas bancarias deben cumplir con las siguientes exigencias mínima: f) “Obtener antecedentes acerca de la actividad y solvencia del cliente”. No obstante, esta disposición se trata de una declaración de intenciones más que de un requerimiento expreso de velar por la exigencia de solvencia para la apertura de una cuenta corriente. En efecto, en la práctica, no implica más que la recolección de datos, pero no constituye una exigencia real de considerar la situación patrimonial de los clientes como un aspecto fundamental a la hora de otorgar el crédito.

En virtud de todo lo expuesto, podemos observar que nuestra legislación es sumamente permisiva, ya que permite otorgar créditos a personas que no cuentan con un respaldo económico suficiente para cumplir con sus obligaciones contraídas, llevándolas a caer en un espiral de problemas económicos del cual sólo podrán salir luego de años y años de pagar el doble, el triple y a veces, mucho más de la deuda originalmente pactada.

II. IDEA MATRIZ

Por todos los antecedentes esgrimidos, venimos en presentar la siguiente propuesta legislativa, que tiene por objeto proteger a los clientes, consumidores, y usuarios del sistema crediticio, estableciendo la obligatoriedad de los bancos e instituciones financieras de verificar la solvencia del cliente al momento de la apertura de una cuenta corriente y estipulación del crédito a que ésta va asociada, quedando prohibido celebrar este contrato respecto de personas que no acrediten ingresos o que no contaren con las garantías reales o personales suficientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, bajo pena de nulidad del mismo. Además, tratándose de personas que logren acreditar renta, se establece una limitación con respecto al monto de la línea de crédito asociada a la cuenta corriente, el que no podrá exceder del doble de sus ingresos.

Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo Único. Incorpórese al artículo 1 ° del DFL N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, Ley General de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, un nuevo inciso segundo, entre el actual primero y segundo, del siguiente tenor:

Tratándose de personas naturales, al momento de la apertura de una cuenta corriente y estipulación del crédito a la cual ésta pueda ir asociada, los bancos e instituciones financieras deberán verificar la solvencia del cliente, quedando prohibido celebrar este contrato respecto de personas que no acrediten ingresos o que no contaren con las garantías reales o personales suficientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, bajo pena de nulidad del mismo. Con todo, tratándose de personas que acrediten percibir ingresos, la línea de crédito asociada a la cuenta corriente, no podrá otorgarse por un monto que exceda al doble de dichos ingresos.”

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta ; Muñoz , doña Adriana , y de los diputados señores Accorsi , Lobos ; Palma , Robles , Rossi , y Silber .

Ley Marco sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos[1]. (boletín N° 5933-11)

Introducción

El proyecto de ley marco sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos tiene por objeto establecer las bases normativas generales para que el Estado de Chile asuma su responsabilidad internacionalmente comprometida en relación a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, señalar la manera cómo estos derechos representan no sólo el cumplimiento de obligaciones internacionales, sino que también la materialización de los derechos fundamentales incorporados al ordenamiento jurídico vigente, tanto aquellos emanados de los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y actualmente vigentes, así como los expresados en el propio texto constitucional que involucran aspectos de la sexualidad la y reproducción. El presente proyecto también tiene por finalidad sistematizar y dar contenidos específicos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en el entendido de que se trata de temas importantes para la sociedad chilena[2].

Los conceptos de salud y derechos sexuales y reproductivos han sido formulados por las agencias de las Naciones Unidas y son conceptos claves para comprender la orientación de este proyecto de ley marco y son construidos a partir de un consenso internacional del cual Chile es parte. Estos conceptos se definen a continuación.

Salud Sexual y Reproductiva

A partir de la definición del derecho a la salud acuñado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende que todas las personas tienen derecho a alcanzar el más elevado nivel de salud sexual y reproductiva (SSR). La SSR corresponde a lo definido por la OMS y se encuentra contenido en el

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994.

Salud sexual

La salud sexual ha sido definida por la OMS como la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales y culturales del ser sexual, de manera de enriquecer positivamente y fortalecer la personalidad, la comunicación y el amor.

La salud sexual es la capacidad que tienen mujeres y hombres de disfrutar y expresar su sexualidad, sin coerción, violencia, ni discriminación y sin riesgo de adquirir infecciones transmitidas sexualmente y/o de tener embarazos no planificados o no deseados. La salud sexual significa ser capaz de expresar y sentir placer, tener relaciones sexuales que se desean y se escogen. Supone tener relaciones sexuales sin riesgos y tener acceso a educación sexual y servicios de salud integrales.

Una sexualidad sana exige conocimiento de sí mismo/a, respeto hacia uno/a mismo/a y hacia los demás, comprensión, responsabilidad en el manejo de la libertad, sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades propias y de otras personas.

La salud sexual está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de infecciones de transmisión sexual. (Cipd, El Cairo, párrafo 7.2)[3].

Salud reproductiva

La salud reproductiva es la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionadlos con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Incluye el derecho de acceder a la información, a los métodos de regulación de la fertilidad y a servicios de salud integrales.

Estas definiciones implican que las personas tengan la capacidad de reproducirse, que puedan hacerlo con los mínimos riesgos, que se pueda regular la fertilidad de modo que las personas o las parejas puedan decidir libremente si tener o no hijos, cuantos y cuando, y que puedan disfrutar de relaciones sexuales sanas, felices y voluntarias. También implican que la reproducción se complete de modo satisfactorio a través de la supervivencia, el crecimiento y desarrollo del lactante de modo que los hijos y las hijas puedan llegar en óptimas condiciones a la vida adulta. Implica además que la mujer puede vivir con seguridad el embarazo y el parto, que puede conseguir la regulación de su fertilidad sin riesgos para su salud, y que las personas pueden tener relaciones sexuales seguras.

Sobre este tema, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cipd 94) estableció “el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva” (párrafo 7.3) y “el propósito de los programas de planificación de la familia debe permitir a las parejas y las personas decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos y obtener la información y los medios necesarios para hacerlo, asegurándose de que ejerzan sus opciones con conocimiento de causa y tengan a su disposición una gama completa de métodos seguros y eficaces” (párrafo 7.12)[4].

Para poder tomar y, consecuentemente ejercer las decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, en el contexto del respeto y protección que los derechos humanos, las personas deben contar con toda la información, educación y orientación en materias de sexualidad y reproducción, así como también con servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva y con medios o métodos adecuados a ello. Todas las personas tienen derecho a ser informadas y asesoradas con el fin de permitir la vivencia de la sexualidad libre del riesgo de contraer enfermedades, incluyendo infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida y embarazos no deseados o no planificados. Es de especial interés reconocer los derechos de los y las adolescentes a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, tanto en el acceso a servicios como a la información para preservar su salud sexual y reproductiva.

El concepto de salud sexual y reproductiva está centrado en las personas y sus derechos y en la perspectiva de género, más que en metas poblacionales, programáticas o políticas. En este enfoque, las personas son sujetos activos en lo que se refiere a su salud, más que objetos pasivos. Es un enfoque integral, que transciende el enfoque tradicional, centrado en la biología y la medicina, y cobra una dimensión mayor al abarcar un ámbito más amplio de las necesidades humanas e involucrar aspectos tales como libertad, desarrollo individual, género y calidad de vida. Se relacionan con el concepto de derechos sexuales y reproductivos, en la medida en que el pleno bienestar en el plano sexual y reproductivo se obtiene cuando las personas ejercen y exigen sus derechos.

Conceptos fundamentales del proyecto ley marco

Libertad

La libertad se encuentra profundamente involucrada en los derechos sexuales y reproductivos en dos niveles decisivos. Por un lado, la sexualidad ha sido espacio de dominación y esclavitud a lo largo de la historia, expresión de una pérdida inaceptable de libertad en el campo de la intimidad y de la afectividad. Esta ausencia ha permitido la violencia de género, el maltrato y el abuso sexual de menores, retardando una reacción social y comunitaria al respecto. Por otra parte, históricamente la libertad ha consistido en la capacidad de instaurar nuevos comienzos en la vida individual y colectiva. La libertad permite el nacimiento de acciones creativas que instauran nuevas condiciones de existencia para la justicia social e individual.

Preservar la libertad en el ámbito de la sexualidad y de la afectividad es equivalente a conferir a la subjetividad de cada persona, la posibilidad de un accionar responsable, voluntario y creativo en el ámbito de los comportamientos sexuales y afectivos.

Autonomía

La noción de autonomía ha sido objeto de múltiples publicaciones y reflexiones. Se define la autonomía como la capacidad que tiene cada persona para adoptar normas, reglas y criterios que permiten la construcción de una voluntad individual, expresada en múltiples comportamientos y respetuosa de la autonomía de las otras personas.

La autonomía no quiere decir ni autarquía, ni rechazo de toda trascendencia, ni un dominio total de la vida psíquica. Nacemos y vivimos en medio de otros, en una sociedad que no hemos elegido, en un medio lingüístico, en una cultura específica. Ella manifiesta la decisión y la voluntad de acompañar el conjunto de procesos que se desprenden de la vida sexual y afectiva sin olvidar la propia biografía, el respeto de los/las otros/as y la exigencia de derechos que aseguren el adecuado desarrollo de la vida individual.

La autonomía es la posibilidad para que a cada persona se le reconozcan sus derechos, sin renunciar a la propia identidad, a sus deseos y proyectos.

Igualdad/ Equidad/ Empoderamiento

Es posible afirmar que las nociones de igualdad/equidad/empoderamiento son parte de un mismo proceso. La igualdad/equidad cuando se promueve por medio de derechos hace visible el espacio legítimamente ocupado por cada persona. La visibilidad permite y posibilita el empoderamiento. A través de éste las personas se apropian de su realidad social convirtiéndose en actores.

La igualdad en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos precisa el empoderamiento y la capacidad de asumirse de forma autónoma. Este empoderamiento es aún más importante cuando abordamos el amplio tema de la supresión de la desigualdad de género.

La relación entre perspectiva de género y Derechos Sexuales y Reproductivos introduce estos derechos en el ámbito de la igualdad de género, de la autonomía de las personas respecto de los estereotipos sociales, de la promoción y del reconocimiento de las diferencias.

La dificultad de la igualdad/equidad de género es que supone un tipo de igualdad que impone el reconocimiento y la aceptación de la diferencia. De ahí la íntima relación entre igualdad/equidad y empoderamiento.

Justificación ética

Habitualmente la ética se enuncia a través de principios, pero su presencia en el mundo social e individual se expresa a través de la capacidad de discusión y diálogo, de apropiación y traducción de estos principios a los problemas concretos de las personas.

La justificación ética de este Proyecto de Ley amerita una distinción entre interpretación y apropiación. La interpretación está presente en toda actividad de la vida y, en particular, en la construcción de ciencias y saberes. Pero la ética es algo más que la interpretación. Es la capacidad de apropiarse de las interpretaciones en el marco de la propia vida y de la corporalidad. Esta apropiación genera una nueva capacidad de interpretación, atenta a las realidades individuales profundas.

La justificación ética de este proyecto se concentra en dos aspectos específicos:

En primer lugar, a través de la necesidad de volver visibles comportamientos, decisiones y opciones que se expresan en el ámbito de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos. Su invisibilidad impide la reflexión y la evaluación ética de las prácticas en el campo de la sexualidad y afectividad. El reconocimiento, evaluación y reflexión de estos comportamientos son esenciales para la profundización de la ciudadanía que se expresa en función de nociones como bienestar, calidad de vida, acceso equitativo a la riqueza social, posibilidad de opción, de regulación y de responsabilidad individual y colectiva.

En segundo lugar, la ética que se desarrolla en el ámbito del sujeto y de la subjetividad, permitiendo la apropiación individual de los derechos que se desprenden de la ciudadanía, corregir y enriquecer estos derechos en función de la experiencia personal.

Al respecto, los Derechos Sexuales y Reproductivos manifiestan una nueva manera de comprender la ciudadanía y la democracia de las diferencias. Este tipo de democracia se manifiesta como un gran progreso respecto de formas políticas anteriores, puesto que estos derechos permiten la existencia de comunidades que al ser capaces de convivir con la diferencia incorporan los nuevos patrones culturales sobre sexualidad y afectividad.

Diferencia y subjetividad son fuente de reflexión esencial del campo de la ética. En este sentido, los Derechos Sexuales y Reproductivos abren la posibilidad de vivir la propia sexualidad y reproducción protegida por la información y el acceso a servicios.

Finalmente, la ética nos plantea un desafío que sobrepasa a los Derechos Sexuales y Reproductivos, esto es, construir discursos, generar reflexiones que tengan por objeto dar cuenta de las vidas cotidianas, en lugar de construir modos que terminan por esclavizar, ignorar y despreciar los comportamientos más íntimos y vitales.

Derechos Sexuales y Reproductivos

Los Derechos Humanos constituyen el marco general en el cual se construye la noción de derechos sexuales y reproductivos, en consecuencia el actual proyecto de ley es una iniciativa cuyo contenido se erige como receptor y complemento de los enunciados del artículo 5° de la Constitución Política del Estado. Los derechos sexuales y reproductivos son un reflejo del carácter progresivo de los derechos humanos. Estos últimos no se agotan en un catálogo determinado, pues están incluidos todos aquellos que pertenecen a las personas, por el solo hecho de ser tales.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el concepto de derechos sexuales y reproductivos está ligado al conjunto de derechos humanos. No son separados ni separables de los derechos civiles, políticos y sociales. Implican una concepción más amplia de ciudadanía, y se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión, a la información y educación, a la decisión de formar o no una familia, a vivir libre de maltrato y al acceso a los beneficios del progreso científico, entre otros.

Originalmente, los derechos reproductivos se entendieron como el derecho básico de las parejas e individuos para decidir, libre y responsablemente, sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y el derecho de tener la información, educación y medios para hacerlo. En términos más amplios, hoy se considera que, además, incluyen aquellos derechos básicos de las personas a acceder y obtener la información, los servicios y el apoyo necesarios para tener una vida sana, libre y plena en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, sin discriminación de edad, género, raza, identidad sexual, estado civil, condición socioeconómica, etc. Las personas tienen el derecho de poder ejercer o no la sexualidad y poder vivirla en forma segura, sin riesgo de infecciones de transmisión sexual y en forma independiente de la reproducción. Esto implica el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, así como el derecho a adoptar decisiones sobre la sexualidad y la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia.

El Estado de Chile ha hecho expreso reconocimiento que los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos humanos, ya recogidos en instrumentos internacionales y en el ordenamiento jurídico nacional[5]. Como derechos que han servido de piedra angular de los derechos sexuales y reproductivos se hallan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la integridad física y síquica a la libertad personal y seguridad individual, el derecho a la privacidad e intimidad, el derecho a la salud, y el derecho a la educación principalmente, los que se encuentran consagrados en nuestra Constitución.

Acuerdos y convenciones suscritos por Chile

En el contexto de los acuerdos y convenciones internacionales suscritos por Chile, el Estado debe garantizar la provisión de servicios en salud, educación y justicia, de modo que las personas puedan contar con adecuada protección de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos mencionados. Chile ha suscrito diversos instrumentos y acuerdos internacionales en este sentido, entre los que destacan:

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Dto-778 D. Of. 29 de Abril de 1989), adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 2200 A (20 de Agosto de 1992).

Convención Americana de Derechos Humanos (1969).

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, 1979).

Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cipd, El Cairo 1994), en la cual el concepto de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) reemplazó el concepto de control demográfico del crecimiento de la población.

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), la cual ratifica el concepto de SSR aprobado en la Cipd.

Los derechos y libertades fundamentales que derivan de derechos humanos reconocidos como tales por diversos instrumentos jurídicos internacionales se encuentran incorporados al ordenamiento jurídico chileno y tienen rango constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Por otra parte, y a pesar de que los acuerdos internacionales no tienen un carácter vinculante se les reconoce como fuentes generadoras de consenso a los cuales han llegado los Estados, y sirven para que los Estados diseñen las bases de las políticas públicas y desarrollen acciones tendientes a alcanzar los objetivos internacionalmente acordados. Con el fin de otorgarle exigibilidad al marco de los derechos, no puede prescindirse de los tratados internacionales de derechos humanos que recogen los derechos sexuales y reproductivos, en especial la Observación General N° 28, sobre la igualdad entre hombres y mujeres del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Observación General N° 14, sobre el Derecho a la Salud del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[6]; la Observación General N° 15, Comité Cedaw para evitar la discriminación contra la mujer en las estrategias nacionales de acción preventiva y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida)[7]; Observación General N° 24, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[8]; la Observación General N° 5, del Comité de Derechos del Niño, sobre medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños 2003.

La Cedaw contiene importantes estándares y observaciones generales sobre el derecho a la salud de las mujeres y ha hecho recomendaciones específicas al Gobierno de Chile. Lo mismo ha hecho el Comité de Derechos Humanos, el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura en temas y áreas relativas a la sexualidad y la reproducción.

Al acoger el marco de Derechos Humanos en el cual se encuentran insertos los derechos sexuales y reproductivos, el Estado Chileno se ha comprometido a que su accionar respete, garantice y promueva estos derechos y a asegurar a la población la posibilidad de ejercerlos.

En la perspectiva anterior le corresponde al Estado promover los cambios culturales, sociales, económicos, políticos e institucionales necesarios para el pleno ejercicio de estos derechos. El Estado a través de los órganos centralizados y descentralizados deberá promover e impulsar en miras del bien común, en concordancia con el artículo 1° de la Constitución Política de la República,[9] una educación no discriminatoria. Vale decir, promover una educación que reconstruya los roles socialmente asignados que mantienen la desigualdad de género y que enfatice una valoración positiva de la sexualidad entendida como un aspecto fundamental en todas las etapas de la vida, con el fin de contribuir a que las personas asuman las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la sexualidad, en todos sus aspectos, de tal manera que hombres y mujeres decidan con plena autonomía el ejercicio de su vida sexual y reproductiva. También le corresponde al Estado un rol preponderante en la generación de espacios pluralistas que permitan el debate y diálogo públicos sobre esta materia.

Todos los órganos y agentes del Estado deberán elaborar, ejecutar y evaluar sus acciones en esta materia respetando y promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo todas las políticas y acciones públicas en la materia deberán ser elaboradas, ejecutadas y evaluadas del modo que mejor aseguren la efectiva vigencia de estos derechos para todas las personas y teniendo en cuenta la necesaria participación de la comunidad.

Las políticas públicas, programas, servicios y acciones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos deberán siempre promover relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres. Deberán, además, promover y reforzar la responsabilidad masculina, a fin de que los hombres, adultos y jóvenes, tengan responsabilidad de su comportamiento sexual y reproductivo en la perspectiva de modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres. Eliminando de esta manera las prácticas y los prejuicios que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Es obligación del Estado prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, tanto aquellas que se ejercen en espacios públicos como privados, de acuerdo a lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, vigente en Chile, también conocida como la Convención de Belém do Pará. Las obligaciones de derechos humanos también se inscriben en el desarrollo formulado en la Recomendación General N° 19 sobre Violencia de la Cedaw adoptada en 1992.

Los derechos sexuales y reproductivos, en tanto derechos humanos, se erigen sobre el principio de igualdad de todas las personas, y dan sustento a la construcción de una sociedad democrática, pluralista, tolerante que se basa en el reconocimiento de la diversidad, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En consecuencia, se prohíbe toda forma de discriminación en el ejercicio de estos derechos. Se entiende por discriminación cualquier exclusión, menoscabo, restricción o diferenciación arbitraria basada en el sexo, la edad, la orientación sexual, el estado civil, el origen étnico o social, religión o creencias, discapacidad o cualquier causa análoga. Las personas y la sociedad civil tienen el derecho a exigir del Estado que cumpla sus deberes, lo que es consecuencia de la responsabilidad que se reconoce a los/las ciudadanos/as para generar sus derechos.

En esta perspectiva, el Estado se debe a la acción de los sujetos a fin de construir una sociedad más justa, más conforme a sus propios intereses y a sus necesidades. De esta forma se construyen los derechos fundamentales, los tratados internacionales, las conferencias y las leyes. Esta construcción da cuenta de una historia a través de la cual las personas van estableciendo estos derechos. Por lo tanto, no podemos sino concluir que la breve historia de los derechos sexuales y reproductivos es parte de la generación de un orden jurídico en respuesta a necesidades humanas. En definitiva una ley marco sobre salud y derechos sexuales y reproductivos viene a ser la consagración de una realidad histórica indesmentible.

Los servicios necesarios

La atención integral de la salud sexual y reproductiva incluye el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo, al prevenir y resolver los problemas relacionados con la sexualidad y la reproducción. Incluye, también, como objetivo, el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no solamente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción e infecciones de transmisión sexual. Para responder a las necesidades en los diferentes períodos de la vida, los centros que imparten programas de educación y servicios en salud sexual y reproductiva deben incluir:

La educación sobre la sexualidad y la reproducción, que permita a las personas tomar las decisiones informadas más adecuadas.

La información, educación y medios para decidir si tener hijos, cuándo y cuántos. Esto incluye la entrega de métodos anticonceptivos, conjuntamente con la educación y orientación necesarias que permita a las personas escoger los que son más apropiados para ellas. Para esto se requiere acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, tanto femeninos como masculinos, y a la esterilización quirúrgica voluntaria, así como poder decidir qué método usar de acuerdo con las circunstancias y preferencias de cada cual y conforme a sus pautas de valores y creencias.

La educación y atención vinculadas al embarazo, parto y postparto, incluyendo los roles parentales.

El cuidado del crecimiento y desarrollo de los hijos y las hijas, incluyendo la promoción de la lactancia, de modo que puedan llegar en óptimas condiciones a la vida adulta.

La prevención de la infertilidad y el tratamiento y apoyo de la pareja infértil.

La atención adecuada y humanitaria de las complicaciones del aborto, desde un enfoque de derechos humanos.

La prevención, detección precoz y tratamiento oportuno de las infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida.

La atención adecuada y humanitaria a las personas viviendo con el VIH/Sida, desde un enfoque de derechos humanos.

La prevención, detección precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades del aparato reproductivo, incluyendo el cáncer cervicouterino, de mama y de próstata y de la patología endocrina relacionada.

La atención de las personas que son o han sido víctimas de violencia sexual, incluyendo una efectiva protección legal contra la violencia sexual e información sobre las instancias y los mecanismos para enfrentar este problema.

La información suficiente para poder tomar decisiones libres sobre intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos sobre el propio cuerpo.

La educación y atención de las necesidades biomédicas y psicosociales de la mujer fuera de los períodos reproductivos de la vida, como son la infancia, menopausia y post-menopausia, lo que incluye la preparación para la vida sexual y reproductiva así como la atención de las consecuencias de la vida sexual y reproductiva.

-La atención de los aspectos relacionados de salud mental.

La atención en los servicios de salud con perspectiva de género, confidencialidad y respeto por la intimidad de las personas.

Situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Chile

Chile ha experimentado grandes cambios sociales, culturales, políticos y económicos en las últimas décadas. Hay una creciente libertad política, desarrollo de la economía, mayor acceso a bienes de consumo y a diversas tecnologías, cambios en la estructura de las familias y mayor participación femenina en el ámbito laboral y educacional. Estas transformaciones se acompañan de escasa participación de la ciudadanía, acceso inequitativo al desarrollo económico y discriminación de género en el mercado laboral. Hay también cambios importantes en el ámbito de la sexualidad y la reproducción como el inicio más precoz de las relaciones sexuales, la disminución de la fecundidad y la conformación de muy diversos tipos de parejas y de familias. Hay altas tasas de embarazos en adolescentes en un ambiente que no reconoce la sexualidad juvenil y donde el acceso de los jóvenes a la educación y los servicios está seriamente limitado[10].

En este contexto, se ha privilegiado la atención de las madres y los/las niños/as, tema importante pero no único en salud sexual y reproductiva. Algunos indicadores de salud de las mujeres -especialmente en su etapa reproductiva-, y de la salud infantil muestran grandes avances y son similares a los de países desarrollados. Chile es actualmente uno de los países de la región y del mundo con los mejores indicadores en el campo de la salud maternal e infantil.[11][12][13]

Chile ha desarrollado políticas y programas exitosos en materia de regulación de la fertilidad[14]. La mortalidad materna era muy elevada en 1964, con una tasa de 118 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, siendo el aborto la causa de alrededor de 40% de esta muertes. Por eso, durante e1 gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se formuló la política de planificación familiar del Gobierno de Chile, cuyo objetivo fue “reducir tos riesgos asociados a la práctica del aborto inducido en condiciones inseguras”... “garantizando el respeto a la conciencia de las personas y su dignidad”.

El éxito de este programa se ha expresado en la continua reducción de la tasa de mortalidad materna, la que llegó en el año 2004 a 17 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, cifra comparable con la de los países desarrollados[15]. Por esta razón, el Gobierno de Chile ha mantenido el apoyo a las actividades de regulación de la fertilidad, con objetivos similares a los iniciales. La población de usuarias de anticonceptivos bajo control en establecimientos del Snss ha crecido notablemente de 600.374 mujeres en 1990 a 1.141.798 en 2005, siendo este importante aumento atribuible a una mayor demanda espontánea de parte de la población[16]. Avances recientes han sido las nuevas Normas Nacionales sobre la Regulación de la Fertilidad y la aprobación de la comercialización de la anticoncepción de emergencia.

Otra razón para el descenso de las tasas de mortalidad materna es que las atenciones por embarazo, aborto, parto y puerperio se realizan mayoritariamente en servicios públicos de salud y que la mayoría de los partos son atendidos por personal profesional. Sin embargo, la medicalización de la atención del parto ha tenido consecuencias positivas y negativas para las mujeres y sus hijos. Por una parte, ha mejorado significativamente los indicadores de salud materno-infantiles y, por otro lado, ha aumentado en forma desproporcionada los partos por cesárea.

También se han realizado algunos avances en otras materias que conciernen a la salud sexual y reproductiva. La ley de VIH/Sida, N° 19.779, de 17 de diciembre de 2001, constituyó uno de los primeros hitos de formulación y propuestas legislativas en que organizaciones de la sociedad civil trabajaron en conjunto con miembros del poder Legislativo. Además se han realizado campañas periódicas de prevención de esta infección. Cabe destacar también la legislación en el área de violencia intrafamiliar y sexual y la normativa que regula la atención de las personas que han sufrido violencia sexual, la ley de divorcio y la creación de los tribunales de familia.

Sin embargo, hay numerosos problemas pendientes. A pesar del programa de planificación familiar, siguen existiendo embarazos no deseados o no planificados, lo que constituye un grave problema de salud personal, familiar y social. En Chile el aborto es ilegal y está penalizado, por lo que no hay estadísticas sobre el tema. El número de abortos que se practican en Chile es desconocido. Las estimaciones del número de abortos clandestinos que se practican anualmente en el país varían entre 159.650[17], 200.000[18], y alrededor de 60.000[19] abortos. Los egresos hospitalarios por aborto, en los servicios de salud públicos y privados del país, disminuyeron de 36.528 a 29.546 entre 1990 y 2000[20] y el aborto fue la causa de 4 de las 42 muertes maternas registradas en el año 2004[21].

Por otra parte, los y las jóvenes no cuentan con suficiente información y educación en sexualidad y reproducción, ni tienen acceso adecuado a servicios de salud sexual y reproductiva que brinden atención integral, confidencial y de calidad. Un alto porcentaje de adolescentes inicia su vida sexual sin protección anticonceptiva: se embaraza sin planificarlo y sufre las consecuencias de ello, situación que se ve agravada cuando las jóvenes provienen de sectores de bajos ingresos y de áreas rurales. La elevada tasa de embarazos en adolescentes es uno de los problemas más serios de salud reproductiva y salud pública que debe enfrentar el país. Estas tasas se derivan de la edad temprana de inicio de actividad sexual, en la mayoría de los casos sin uso previo de protección anticonceptiva. En las últimas dos décadas, del total de nacidos vivos en Chile, cerca del 15% (entre 35 y 40 mil nacidos cada año) es de madres menores de 19 años. Estos niños y niñas están expuestos/as a mayores riesgos biológicos, psicológicos y sociales. La gran mayoría de los embarazos en adolescentes se produce en los sectores más pobres de la población y, en muchos casos, los embarazos en niñas de corta edad se relacionan con violencia sexual y, específicamente, incesto. De acuerdo a las cifras disponibles, hoy hay cerca de 680 mil niños y niñas que tienen menos de 19 años y cuyas madres eran adolescentes cuando les tuvieron, perteneciendo la gran mayoría a los sectores de menores recursos[22].

El inicio precoz de la vida sexual sin protección también ha determinado un aumento de la prevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) en los jóvenes. Esta situación es muy preocupante, dado que las ITS, además de afectar la salud de mujeres, hombres y niñas/os, predisponen a que las personas puedan adquirir el VIH/Sida y/o desarrollar un cáncer cervical en el caso que la ITS sea provocada por el virus papiloma humano. Algunas ITS también pueden dejar otro tipo de secuelas, como dolor crónico, complicaciones del embarazo e infertilidad, entre otras.

La infertilidad afecta a un 10% a 15% de las parejas en Chile. Ha aumentado el acceso de algunos sectores de la población a las tecnologías modernas para el diagnóstico y tratamiento y ha incrementado el número de centros a nivel nacional que ofrecen atención a parejas infértiles, pero casi todos estos centros son privados. Los procedimientos para el diagnóstico de la infertilidad y las técnicas de reproducción asistida tienen un costo muy alto, y las isapres no cubren la mayoría de estos gastos que la mayoría de las parejas infértiles debe pagar con recursos propios. Las parejas de escasos recursos no pueden acceder a los procedimientos para el diagnóstico de la infertilidad y a los procedimientos de reproducción asistida, herramienta esencial en muchos casos para el tratamiento de la infertilidad.

El cáncer cervicouterino ocupa el cuarto lugar entre las muertes por cáncer en las mujeres en nuestro país[23]. Existen diferencias en la realización del PAP, examen que permite el diagnóstico temprano, según estrato socioeconómico. El cáncer cervicouterino está asociado a la infección por virus del papiloma humano (VPH), resultado de la actividad sexual. Por lo tanto, podría prevenirse si existieran programas adecuados de prevención de las infecciones transmisibles por vía sexual y si se promoviera el uso del condón, particularmente entre los y las jóvenes, como una manera de evitar la infección por el VPH. El cáncer mamario ocupa el segundo lugar como causa de muerte por tumores malignos en las mujeres, pero los índices de detección precoz dejan mucho que desear.

Los hombres han tenido y tienen una muy baja participación en el cuidado de los procesos reproductivos. Hay barreras socioculturales relacionadas con un espacio que tradicionalmente se ha considerado femenino y con el temor a la disminución del placer o la virilidad por el uso de métodos anticonceptivos, así como también con la falta de información de los hombres respecto de cuestiones relacionadas con su sexualidad, anticoncepción, infertilidad y, en general, con sus propias patologías en salud sexual y reproductiva. La participación masculina en la regulación de la fertilidad es muy escasa. Estudios con varones indican que los hombres no se sienten responsables por las consecuencias del ejercicio de su sexualidad, delegando en la mujer la responsabilidad frente a la prevención de un embarazo[24]. Los datos provenientes de las atenciones en los servicios públicos de salud muestran que la mayoría de los condones son solicitados por las mujeres. La vasectomía es un procedimiento casi desconocido, que se realiza sólo a partir de 2002, en muy pocos hospitales y en un porcentaje muy bajo (0.8% de todas las esterilizaciones quirúrgicas). Los últimos datos dan cuenta de esta realidad: según informe de Flacso-Chile y Unfpa, la mayor proporción de esterilizaciones masculinas son realizadas a mayores de 35 años (78,7%), mientras que para el caso de las esterilizaciones femeninas, si bien también en su mayoría son efectuadas a mujeres mayores de 35 años de edad (53,1%), existe una prevalencia de un 46,3% en mujeres de entre 20 y 25 años, lo que hace relación con la actual tendencia a la disminución de las tasas de fecundidad en Chile[25].

Los estudios de calidad de atención y enfoque de género en servicios de salud reproductiva y planificación familiar en Chile son escasos y no muy recientes. Muestran que los positivos indicadores biomédicos no están acompañados de adelantos en la calidad de atención desde una perspectiva de género ni de actualización en los contenidos técnicos. Todos informan que hay muchas carencias en los distintos niveles y estamentos, como gestión en salud, infraestructura, recursos materiales y humanos y relaciones interpersonales. No se incorpora la satisfacción de necesidades y el ejercicio de derechos de las usuarias. En muchos servicios no se brinda la atención adecuada, sea por falta de capacitación de los/las proveedores/as, ausencia de normas actualizadas, desinformación de las/os usuarias/os, oferta limitada de anticonceptivos, infraestructura inadecuada, personal limitado y atención discriminatoria contra los/as jóvenes y/o sin un enfoque de género.

La violencia contra las mujeres, el femicidio y la violencia sexual siguen siendo un grave problema nacional, aunque en los últimos años la violencia contra las mujeres ha sido objeto de extendidas campañas de denuncia, ha constituido tema de investigación y se han aprobado numerosos instrumentos legales y recomendaciones. La aprobación de la ley Nº 20.066, de Violencia Intrafamiliar del año 2005, produjo una mayor sensibilización de la población frente al tema y permitió debatir y develar este problema en el ámbito público, lo que se ha traducido en un aumento significativo de las denuncias por violencia intrafamiliar.

No se han implementado los mecanismos necesarios para difundir los derechos sexuales y reproductivos, de modo que la población los desconoce y no puede exigir el cumplimiento de estos acuerdos[26].

Hay sectores de la población que se ven particularmente afectados por esta situación. Entre ellos están los y las jóvenes, las mujeres excluidas socialmente, y las personas que expresan una orientación sexual diferente del sexo biológico.

El derecho a la información se ve vulnerado en el caso de los/as adolescentes. Frente a la mayor incidencia de relaciones sexuales prematrimoniales, el inicio sexual de las mujeres a edades más tempranas y la alta tasa de embarazos en adolescentes, resulta particularmente grave la falta de educación sexual en los colegios. Al no implementar una política preventiva eficaz en salud sexual y reproductiva respecto a la población joven, especialmente la falta de información, educación y servicios, se contradicen los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno, los que establecen que hombres y mujeres (jóvenes o adultos) puedan ejercer su derecho a estar informados y a tener acceso a métodos seguros, efectivos y aceptables de regulación de la fertilidad y prevención de infecciones de transmisión sexual.

El derecho a la equidad es tal vez uno de los menos respetados, ya que todos los indicadores de salud sexual y reproductiva revisados muestran que los problemas se concentran en los sectores más pobres de la sociedad. Ejemplos claros de esto es la distribución de los embarazos en adolescentes, la menor cobertura anticonceptiva en las mujeres menos educadas y el que sólo las mujeres pobres son condenadas por practicarse un aborto.

El derecho a la libertad de conciencia se ve coartado, un ejemplo de esto es la reciente resolución del Tribunal Constitucional que determina que la anticoncepción de emergencia no esté disponible en los servicios públicos de planificación familiar y que este método solo está disponible en farmacias con receta retenida. El derecho a la elección está limitado por las escasas opciones a métodos anticonceptivos en el sistema público de salud y por las dificultades que tienen hombres y mujeres para acceder a la esterilización quirúrgica. El derecho a los beneficios del progreso científico se ve coartado porque los procedimientos de reproducción asistida están disponibles en un solo centro en el sistema público de salud.

El derecho a la salud se ve afectado por la falta de información y de campañas efectivas de prevención de ciertas patologías como las ITS o por la escasa prioridad que tiene la atención de la salud de los hombres ya que, en la perspectiva de los servicios de salud y en el contexto social y cultural, la salud sexual y reproductiva es tema de mujeres. También se ve afectada la salud de las mujeres por la inadecuada prevención del cáncer de mama, de la infección por el virus del papiloma y su secuela, el cáncer de cuello uterino, o por el incremento de los partos por cesárea.

Por lo tanto,

Los diputados que suscribe vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente

PROYECTO DE LEY MARCO SOBRE SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Titulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.-

La presente ley tiene por objeto establecer las bases normativas generales para la protección de la salud sexual y reproductiva y para el reconocimiento, garantía, protección y promoción del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República. Por consiguiente obliga a todos los órganos del Estado y al conjunto de la comunidad a dar cumplimiento a las obligaciones aquí establecidas.

Artículo 2.-

El Estado, a través de sus órganos, deberá promover las acciones de salud sexual y reproductiva y los cambios culturales, sociales, económicos políticos e institucionales necesarios para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Con especial énfasis, el Estado, a través sus órganos, deberá promover e impulsar en miras del bien común, una educación no discriminatoria y que promueva la equidad de género. Esta educación debe enfatizar una valoración positiva de la sexualidad, entendida como un aspecto fundamental en todas las etapas de la vida, con el fin de contribuir a que las personas asuman las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la sexualidad y reproducción, en todos sus aspectos, de tal manera de que hombres y mujeres decidan en forma libre e informada sobre el ejercicio de su vida sexual y reproductiva.

Artículo 3.-

Todos los órganos y agentes del Estado deberán elaborar, ejecutar y evaluar sus políticas, normativas y acciones sobre sexualidad y reproducción, con participación de la comunidad, promoviendo la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos del modo que mejor aseguren la efectiva vigencia de los mismos.

Artículo 4.-

Las políticas públicas, normas, programas, servicios y acciones sobre sexualidad y reproducción deberán siempre promover relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres. Deberán, además, evitar patrones socioculturales sexistas, promoviendo la responsabilidad, la no discriminación y el respeto y eliminando los prejuicios y las prácticas que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Artículo 5.-

Se prohíbe toda forma de discriminación en el ejercicio de estos derechos. Para efectos de esta ley, se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción o por omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquiera otra condición social o individual. En particular, se prohíbe la discriminación contra las y los jóvenes en edad escolar a causa de la maternidad o paternidad, según se establece en la ley orgánica constitucional de Educación. De la misma manera se prohíbe toda exclusión, marginación o menoscabo al derecho a la educación o la salud a causa de la pertenencia a un grupo social u orientación sexual determinada, que se manifieste, por ejemplo, en la expulsión de los establecimientos educacionales, públicos o privados, en cualquier otra acción vejatoria o en la negación de servicios o acciones de salud.

Titulo II

Conceptos Generales

Artículo 6

La salud sexual y reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social en todos los aspectos de la vida humana vinculados a la sexualidad y a la reproducción. No se trata solamente de la ausencia de enfermedades ni de una esfera meramente médica sino de una noción integradora de las múltiples facetas humanas comprendidas en las decisiones, comportamientos y vivencias sexuales y reproductivas.

Artículo 7

Los derechos sexuales y reproductivos aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas en cuanto a su vida sexual y reproductiva, y de ejercer su sexualidad y reproducción sin ningún tipo de coacción y/o violencia. Ellos suponen que todas las personas puedan contar con la información, la educación, el acceso a los servicios, medios y mecanismos que se requieren para tomar dichas decisiones.

Título III

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

Artículo 8

Es deber del Estado diseñar y ejecutar las políticas públicas que garanticen y promuevan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, mediante los programas y acciones necesarios a tal efecto, especialmente las que aseguren la información, la educación y acceso a los servicios que esta ley regula, para todas las personas, y las que prevengan las infecciones de transmisión sexual, y el embarazo no planeado y/o deseado.

Artículo 9

Se reconoce el derecho a toda persona a ejercer la sexualidad independiente de la reproducción, y la libertad para elegir con quien vivir la sexualidad.

Artículo 10

Se reconoce el derecho a la libertad sexual e integridad física y síquica de las personas en materia sexual, lo que implica el derecho a decidir libremente sobre el ejercicio de la sexualidad, a la autonomía y control corporal y a no ser sometido a ninguna forma de coacción, abuso, tortura, o violencia sexual.

Artículo 11

Se reconoce el derecho de todas las personas a acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual desde la temprana edad, posibilitando su bienestar, su desarrollo y el ejercicio de la sexualidad en forma plena, libre e informada. Es deber del Estado orientar, informar y educar sobre la sexualidad y la reproducción utilizando contenidos actualizados y basados en la evidencia científica y metodologías adecuadas según la edad y la etapa de escolaridad de las personas.

Artículo 12

Se reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones libremente respecto de la procreación, lo que implica que las personas puedan decidir libre, informada y responsablemente si desean o no tener hijos/as, el número de estos y el intervalo entre los nacimientos. Se reconoce también el derecho de mujeres y hombres a recuperar la fertilidad cuando ésta no se ha conseguido por falta de información y/o por falta de tratamientos adecuados. Se prohíbe toda forma de violencia, coacción y discriminación de cualquier naturaleza en el ejercicio de este derecho.

Artículo 13

Es deber del Estado asegurar y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y adecuados a las necesidades de mujeres y hombres en todo el ciclo vital, que promuevan la salud integral y ayuden a recuperarla.

Lo anterior implica la promoción de servicios en salud sexual y reproductiva destinados a las personas en todo su ciclo vital, incluidas/os las y los adolescentes. Los servicios deben entregar atención prenatal, atención del parto, cuidados post-natales; prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida; prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad; prevención y tratamiento adecuado del cáncer cérvico uterino, de mama, de testículo y de próstata; prevención del embarazo no planeado o no deseado; acceso libre a los mecanismos de anticoncepción de cualquier naturaleza; atención de calidad, humanitaria, confidencial y digna en el tratamiento de las complicaciones del aborto y sus efectos en la salud de las mujeres; orientación y consejería en regulación de la fertilidad post aborto y servicios multidisciplinarios adecuados para la menopausia y la tercera edad.

Artículo 14

Se reconoce el derecho a acceder a servicios de orientación y consejería que entreguen información clara, comprensible y completa sobre todos los métodos de regulación de la fecundidad y de prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/Sida. Se reconoce el derecho de todas las personas a acceder a todos los métodos anticonceptivos seguros y eficaces de regulación de la fertilidad que cumplan con los estándares internacionales de seguridad y eficacia según la evaluación hecha por la Organización Mundial de la Salud[27]. Se reconoce el derecho de todas las personas a acceder a los tratamientos necesarios de las patologías relacionadas con la actividad sexual y las funciones reproductivas. Se prohíbe toda discriminación que implique menoscabo, restricción o limitación al ejercicio de este derecho por razones de edad o sexo.

Al funcionario que niegue el acceso a la información y a los servicios señalados en el inciso primero se aplicará lo dispuesto en el artículo 55 letras a), b), y c) del Estatuto Administrativo y será sancionado conforme a dicha norma.

Artículo 15

La esterilización femenina y masculina sin el consentimiento de la persona o supeditada al consentimiento de terceros y el uso forzado de anticonceptivos son actos discriminatorios y de violencia que constituyen violaciones a los derechos humanos, por lo que dichos actos deben ser prohibidos y eliminados.

Ninguna persona con discapacidad mental podrá ser esterilizada sin su consentimiento, salvo autorización judicial o las excepciones contempladas en el ordenamiento jurídico vigente. Sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudieren incurrir los órganos o personas involucradas.

Artículo 16

Las experimentaciones sobre métodos anticonceptivos y acciones para regular la fertilidad deben estar sujetas a los protocolos de experimentación científica que fije la autoridad y ser aprobados conforme a las normas vigentes.

Artículo 17

Se reconoce a las/los usuarias/os de los servicios de salud públicos y privados el derecho a la confidencial de la información relacionada con la salud sexual y reproductiva. Todo profesional y funcionario/a de un servicio de salud pública o privado que incurriere en una infracción a la violación de la confidencialdad establecida en el inciso anterior será penado conforme al artículo 246 del Código Penal y será responsable civilmente de acuerdo a las normas generales.

Anexo

El presente proyecto de Ley Marco sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos está basado en el proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, impulsado por el Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, entre los años 1998 y 1999, y por instituciones de la sociedad civil, con apoyo de la ex Diputada Fanny Pollarolo . Este proyecto fue elaborado por un equipo de profesionales formado por: Lidia Casas ; Claudia Dides ; Leonardo Estradé ; Timothy Frasca ; Josefina Hurtado ; Alvaro Magaña ; María Isabel Matamala Camila Maturana ; Pilar Maynou ; Hugo Ocampo ; Gabriela Pischedda ; Sergio Zorrilla .

La versión actualizada en el año 2008 ha sido elaborada gracias a la colaboración de: Soledad Díaz, Instituto Chileno de Medicina Reproductiva; Verónica Schiappacasse , Prosalud , Chile; Claudia Dides , Programa Género y Equidad, Flacso-Chile ; Lidia Casas, Universidad Diego Portales , Dr. Guillermo Galán Aprofa .

Organizaciones participantes del proceso 1998-1999:

1. Foro Red Salud de Derechos Sexuales y Reproductivos:

Cadoc-Centro de Apoyo y Desarrollo de Organización Comunitaria; Colectivo Con-spirando ; Comisión Chilena de Prevención del Sida; Comité de Servicio Chileno; Corporación de Salud y Políticas Sociales- Corsaps; Corporación de Desarrollo de la Mujer, La Morada; Educación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida. Eduk; Corporación de Desarrollo de La Mujer. Domos; Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena-Memch; Sol; Laura Anguita, Educadora ; Dora Canales, Teóloga ; Jan Hopman, Teólogo ; Margarita Ibarra , Enfermera Salud Ocupacional; Foro I Región: Centro de Encuentro de la Mujer. Cedemu; Foro V Región: Casa de La Mujer de Valparaíso; Católicas por el Derecho a Decidir; Cidpa-Centro de Investigación y Desarrollo Poblacional Achupallas; Colectivo Caleidas ; Cotra-Adolescentes y Medio Ambiente. Las Sembradoras. Memch 83. Unión Comunal de Centros de Madres de Viña del Mar; Rucar-Participación Ciudadana; Foro VII Región: Casa de la Mujer Yela; Casa de la Mujer Sol y Esperanza; Foro VIII Región: Pachamama; Casa de Los Colores; Foro X Región: Corporación El Medán; Red de Mujeres Valdivia ;

2. Grupo Iniciativa: Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer-Cedem; Centro de Estudios de 1a Mujer-CEM; Corporación de Desarrollo de La Mujer-Domos; Fempress-Red de Comunicación Alternativa de la Mujer para América Latina; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Flacso; Fundación Ideas; Instituto de la Mujer; Isis Internacional; Corporación de Desarrollo de La Mujer, La Morada; Memch; Prosam - Programa de Acción con Mujeres.

3. Asociación Chilena de Protección a la Familia-Aprofa.

4. Centro de Investigaciones en Bioética y Salud Pública. Cibisap. Universidad de Santiago.

5. Centro de Alumnos. Escuela de Obstetricia. Universidad de Santiago.

6. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva-Icmer.

7. Federación de Estudiantes Usach.

8. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y El Caribe-Rsmlc.

19. Oficio de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Valparaíso, 25 de junio de 2008.

Ref.: Artículo 419 del Código Procesal Penal.

Mat.: Solicitud de desafuero H. Diputada M. Amelia Herrera Silva .

Oficio Nº 1111-08 PP

En Antecedentes Rol Nº 37-08, se ha dispuesto oficiar a U.S., a fin de comunicar que por sentencia definitiva pronunciada por la Excma. Corte Suprema con fecha cuatro de junio de dos mil ocho, se confirmó la sentencia pronunciada por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, el pasado dos de mayo, que declaró que se hace lugar a la formación de causa respecto de la H diputada M. Amelia Herrera Silva , por los hechos señalados en la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público a fojas 26 de los autos en referencia y que inciden en causa R.U.C. 050073760-9-R.I.T. 474-2005 del Juzgado de Garantía de Quilpué .

Lo que se comunica a U.S. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 419 del Código Procesal Penal y para los efectos allí establecidos.

Saluda atentamente a U.S.

(Fdo.): JULIO MIRANDA LILLO , Presidente Subrogante ; ELENA ORTEGA ARANDA , Secretaria.

AL HONORABLE DIPUTADO

SEÑOR

JUAN BUSTOS RAMÍREZ

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO”.