REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 355� Sesi�n 84�, en mi�rcoles 16 de enero de 2008 Ordinaria (De 16:19 a 19:45) PRESIDENCIA DEL SE�OR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOS� LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... V. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, sobre acceso a la informaci�n p�blica (3773-06) (se aprueba su informe)����� Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que adiciona recursos a Fondo de Estabilizaci�n de Precios de Combustibles derivados del petr�leo, establecido en la ley N� 20.063 (5721-05) (se aprueba en general y particular)���.. Oficio de S. E. la Presidenta de la Rep�blica mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la se�ora Cecilia Garc�a-Huidobro Freifrau Zu Knyphausen y al se�or Hugo Antonio Pirovich Battiza (S 1037-05) (se aprueba su solicitud)��.. VI. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�����. Medidas para enfrentar agotamiento de acu�fero Copiap�. Oficio (observaciones del se�or N��ez)�����.. Solidaridad con j�venes chilenos enjuiciados en Espa�a (observaciones del se�or Naranjo)������.. Inquietud ante traslado de do�a Patricia Troncoso a hospital y c�rcel de Chill�n. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����.. Acceso de comuneros mapuches a beneficios intrapenitenciarios. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����.. Reparo a declaraciones interpretativas en proyecto que aprueba Convenio N� 169 de la OIT. Oficio (observaciones del se�or Navarro)����.. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Allamand Zavala, Andr�s --Alvear Valenzuela, Soledad --Arancibia Reyes, Jorge --�vila Contreras, Nelson --Bianchi Chelech, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Chadwick Pi�era, Andr�s --Coloma Correa, Juan Antonio --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Flores Labra, Fernando --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Garc�a Ruminot, Jos� --G�mez Urrutia, Jos� Antonio --Horvath Kiss, Antonio --Kuschel Silva, Carlos --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Letelier Morel, Juan Pablo --Longueira Montes, Pablo --Matthei Fornet, Evelyn --Mu�oz Aburto, Pedro --Mu�oz Barra, Roberto --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Ominami Pascual, Carlos --Orpis Bouch�n, Jaime --P�rez Varela, Victor --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Romero Pizarro, Sergio --Sabag Castillo, Hosa�n --V�squez �beda, Guillermo --Zald�var Larra�n, Adolfo Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros de Hacienda, don Andr�s Velasco Bra�es y Secretario General de la Presidencia, don Jos� Antonio Viera-Gallo Quesney, y la se�ora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, do�a Paulina Urrutia Fern�ndez. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:19, en presencia de 19 se�ores Senadores. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 79�, ordinaria, en 8 de enero; 80�, especial, y 81�, ordinaria, ambas en 9 de enero, todas del a�o en curso, que no han sido observadas. IV. CUENTA El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios Del se�or Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador se�or Horvath, referido al Fondo de Ayuda Mutua que funcionaba en el Ej�rcito. Del se�or Ministro de Hacienda, con el que contesta un oficio cursado en nombre del Senador se�or Horvath, relativo a los problemas que afectan a los habitantes de la comuna de Ais�n. Del se�or Subsecretario de Aviaci�n, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador se�or Frei, referido a los antecedentes presentados por la Ilustre Municipalidad de Osorno con relaci�n a la implementaci�n del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) para el aer�dromo Ca�al Bajo, de la referida comuna. Del se�or Embajador Director de la secci�n Am�rica del Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Senador se�or Navarro, referido al env�o a las embajadas chilenas de Am�rica Latina y el Caribe de una copia de su intervenci�n en homenaje a Sim�n Bol�var con ocasi�n del 177� aniversario de su muerte. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que cambia la denominaci�n del Estadio Nacional por "Estadio Nacional Julio Mart�nez Pr�danos" (con urgencia calificada de "discusi�n inmediata") (boletines N� s 5.695-06 y 5.689-06, refundidos). De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, reca�dos en el proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y el Gobierno del Per� que modifica y sustituye el Acuerdo de Complementaci�n Econ�mica (ACE) N� 39, sus anexos, ap�ndices, protocolos y dem�s instrumentos suscritos a su amparo, adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, y el Acuerdo que lo modifica (con urgencia calificada de "suma") (bolet�n N� 5.128-10). De la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, reca�do en el proyecto, iniciado en moci�n de los Senadores se�ores Espina, G�mez, Larra�n y Navarro, que modifica el C�digo Penal y la Ley de Control de Armas con el fin de sancionar a los internos de un establecimiento penitenciario que fabriquen, proporcionen o porten armas que indica (bolet�n N� 5.653-07). Nuevo segundo informe de la Comisi�n de Econom�a reca�do en el proyecto de ley, iniciado en moci�n del entonces Senador se�or Bombal, que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisi�n. (bolet�n N� 3.606-03). Segundo informe de la Comisi�n de Econom�a reca�do en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 19.983 y el decreto ley N� 825 con el objeto de facilitar la factorizaci�n de facturas por peque�os y medianos empresarios (bolet�n N� 4.928-26). De la Comisi�n de Econom�a, reca�do en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N� 1, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, de 2004, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (con urgencia calificada de "simple") (bolet�n N� 4.234-03). De las Comisiones de Econom�a y de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a, reca�dos en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 17.336, sobre propiedad intelectual (con urgencia calificada de "simple") (bolet�n N� 5.012-03). --Quedan para tabla. Moci�n De los Senadores se�ores Bianchi y V�squez, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que obliga a crear una administradora de fondos de pensiones de car�cter p�blico (bolet�n N� 5.729-13). --Pasa a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. Comunicaci�n Del Comit� Renovaci�n Nacional, mediante la cual informa que eligi� representantes a los Senadores se�ores Alberto Espina Otero y Sergio Romero Pizarro. --Se toma conocimiento. El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento lleg� a la Mesa el informe de la Comisi�n de Hacienda reca�do en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que adiciona recursos al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de Combustibles Derivados del Petr�leo, establecido en la ley N� 20.063 (con urgencia calificada de "discusi�n inmediata") (bolet�n N� 5.721-05). --Queda para tabla. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta. El se�or MU�OZ ABURTO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or PIZARRO.- Pido la palabra. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Antes de otorgar la palabra a Sus Se�or�as, el se�or Secretario dar� una explicaci�n. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Conforme al nuevo sistema electr�nico implementado en la Sala, cada vez que un se�or Senador desee hacer uso de la palabra, bastar� con que apriete el bot�n que hoy se utiliza para conectar el micr�fono. De ese modo Sus Se�or�as quedar�n inmediatamente registrados en la pantalla que tiene enfrente el se�or Presidente, en el orden en que dicho implemento haya sido pulsado. Hasta el momento lo han hecho los Honorables se�ores Mu�oz Aburto y Pizarro. Si alguien desiste de intervenir, ser� suficiente apretar por segunda vez el bot�n, con lo cual se borrar� el nombre del registro. En caso de que un se�or Senador requiera una interrupci�n mientras otro est� exponiendo, bastar� con que pulse la tecla n�mero 3 para que su nombre se registre en la pantalla del se�or Presidente. )----------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Aburto. El se�or MU�OZ ABURTO.- Se�or Presidente, la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social solicita autorizaci�n para sesionar paralelamente con la Sala a fin de analizar el proyecto modificatorio del procedimiento laboral, que, atendida su urgencia, calificada de "suma", debe ser despachado hoy. --Se autoriza. )----------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pizarro. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, solicit� la palabra para consultar si en reuni�n de Comit�s la Mesa recibi� del Ejecutivo informaci�n en cuanto al retiro de la urgencia del proyecto que cambia la denominaci�n del Estadio Nacional, cuya calificaci�n es de "discusi�n inmediata". Formulo la pregunta porque, m�s all� de la discusi�n que pueda existir al respecto, yo hab�a planteado, al menos al Ministro Secretario General de la Presidencia, la conveniencia de retirar dicha urgencia. No veo necesidad de analizar con tanta premura una iniciativa como esa. Adem�s, por lo que conversamos con algunos colegas -no s� cu�ntos-,� El se�or �VILA.- Varios. El se�or PIZARRO.-�se va a generar un debate que tendr� otra significaci�n. Por tanto, tal vez lo l�gico y natural ser�a que cont�ramos con un lapso m�s razonable� El se�or �VILA.- As� es. El se�or PIZARRO.-�para analizar el punto, conversarlo, discutirlo, y no solo en la Comisi�n pertinente, sino tambi�n entre las bancadas. El se�or �VILA.- Es absurdo debatirlo ahora. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Ya se plante� el punto, se�or Senador, y estamos esperando que llegue a la Mesa el cambio de la urgencia. Apenas eso suceda lo comunicaremos. V. ORDEN DEL D�A FACILIDADES PARA ACCESO A INFORMACI�N DE �RGANOS P�BLICOS. INFORME DE COMISI�N MIXTA El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde ocuparse en el informe de Comisi�n Mixta reca�do en el proyecto de ley sobre acceso a la informaci�n p�blica, con urgencia calificada de "discusi�n inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (3773-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Gazmuri y Larra�n). En primer tr�mite, sesi�n 23�, en 4 de enero de 2005. En tercer tr�mite, sesi�n 26�, en 19 de junio de 2007. En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 36�, en 18 de julio de 2007. Informes de Comisi�n: Gobierno, sesi�n 54�, en 18 de mayo de 2005. Gobierno (segundo), sesi�n 34�, en 7 de septiembre de 2005. Gobierno (tercer tr�mite), sesi�n 34�, en 17 de julio de 2007. Mixta, sesi�n 82�, en 15 de enero de 2008. Discusi�n: Sesiones 3�, en 8 de junio de 2005 (queda pendiente su discusi�n general); 4�, en 8 de junio de 2005 (se aprueba en general); 38�, en 4 de octubre de 2005 (votaci�n pendiente); 39�, en 5 de octubre de 2005 (se aprueba en particular); 36�, en 18 de julio de 2007 (se rechaza y pasa a Comisi�n Mixta). El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Cabe recordar que la iniciativa en que recae el informe de la Comisi�n Mixta tuvo su origen en una moci�n de los Honorables se�ores Gazmuri y Larra�n, quienes conformaban la Mesa del Senado al momento de presentarla. La controversia entre las dos C�maras se produjo a ra�z del rechazo por el Senado de todas las enmiendas introducidas en la Honorable C�mara de Diputados. La Comisi�n Mixta propone en el texto que se consigna en su informe la forma y modo de resolver las divergencias entre ambas Corporaciones. La proposici�n de dicho �rgano fue acordada en forma un�nime, salvo la definici�n del principio de gratuidad, en que se abstuvo el Diputado se�or Burgos; el qu�rum de la C�mara Baja para solicitar la remoci�n de los miembros del Consejo para la Transparencia, que recibi� el voto en contra del Diputado se�or Cardemil; la obligaci�n de publicar las remuneraciones de los directivos superiores de las empresas p�blicas y de las empresas del Estado, donde se abstuvo el Diputado se�or Jarpa, y la derogaci�n de la norma que proh�be a los empleados del Archivo Nacional proporcionar informaci�n en poder de esa entidad, en que se abstuvo el Diputado se�or Jarpa. Sus Se�or�as tienen a disposici�n un bolet�n comparado dividido en cuatro columnas que transcriben, la primera, las normas legales vigentes; la segunda, el proyecto que aprob� el Senado; la tercera, las enmiendas que introdujo la C�mara de Diputados, y la cuarta, el texto que propone la Comisi�n Mixta. Por �ltimo, hay que tener presente que el art�culo PRIMERO; los art�culos 1� a 20, 22 a 49 y 2� transitorio de la Ley de Transparencia de la Funci�n P�blica y Acceso a la Informaci�n, y los art�culos SEGUNDO a NOVENO del proyecto revisten car�cter org�nico constitucional, por lo que para su aprobaci�n se requieren 22 votos conformes. Asimismo, los art�culos 21 y 1� transitorio de la Ley de Transparencia de la Funci�n P�blica son de qu�rum calificado, por lo que para su aprobaci�n se necesitan 20 votos favorables. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n el informe de la Comisi�n Mixta. Tiene la palabra el Senador se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, quiero informar a la Sala en mi calidad de Presidente de la Comisi�n Mixta. En primer lugar, deseo se�alar que se celebraron numerosas sesiones, en las que participaron los miembros de la Comisi�n, Senadores se�ores Bianchi, N��ez, Orpis, P�rez Varela y Sabag, y Diputados se�ores Burgos, Cardemil, Ceroni, Eluchans y Jarpa. Asistieron tambi�n en forma permanente a cada una de esas reuniones diversos personeros. Del Ministerio Secretar�a General de la Presidencia: su titular, don Jos� Antonio Viera-Gallo; el Subsecretario, don Edgardo Riveros, y las asesoras se�oras Karina Henr�quez y Ver�nica Garc�a de Cort�zar; de la Contralor�a General de la Rep�blica: el Contralor, don Ramiro Mendoza, quien estuvo pr�cticamente en toda la discusi�n detallada del proyecto; la Contralora Regional de Valpara�so, se�ora Dorothy P�rez; el Jefe de la Divisi�n Jur�dica, don Gast�n Astorquiza; el Subjefe de la Divisi�n Jur�dica, don Osvaldo Vargas; el abogado se�or Jos� Ram�n Correa, y la Asistente de Coordinaci�n, se�ora Marcela Abarca; del Banco Central: su entonces Presidente, don Vittorio Corbo; el Fiscal, don Miguel Angel Nacrur, y el asesor se�or Luis Alvarez; de la Agenda de Probidad y Transparencia: su Secretario Ejecutivo, don Rafael Blanco, quien estuvo en todas las sesiones; el Asesor Jur�dico, se�or Enrique Rajevic, y el asesor se�or Rodolfo Aldea; del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director de Asuntos Jur�dicos, don Claudio Troncoso; de la Direcci�n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Subdirector de Racionalizaci�n y Funci�n P�blica, don Julio Valladares, y la asesora se�ora Macarena Lobos; de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat�lica de Valpara�so, el profesor de Derecho Administrativo se�or Jorge Berm�dez; de la Corporaci�n Chile Transparente: su Vicepresidente, don Edgardo Boeninger, y el Jefe de Estudios, don Felipe del Solar; de la Fundaci�n Pro Acceso: su Presidente, don Juan Pablo Olmedo; el Director Ejecutivo, don Mois�s S�nchez, y el director se�or Tom�s Vial; de la Fundaci�n Jaime Guzm�n, la asesora se�ora Carolina Infante, y del Instituto Libertad y Desarrollo, el asesor se�or Sebasti�n Soto. Adem�s, asisti� a varias reuniones el Senador se�or Carlos Kuschel. Todas las sesiones fueron muy concurridas y participativas. Seg�n ya se expres�, la iniciativa en que recae el informe de la Comisi�n Mixta tuvo su origen en una moci�n de los Honorables se�ores Gazmuri y Larra�n sobre acceso a la informaci�n p�blica, que fue aprobada en el Senado como C�mara de origen. Fue enmendada en la C�mara de Diputados, la cual introdujo entre sus preceptos un cuerpo legal sistematizado y org�nico que contiene disposiciones sobre protecci�n y garant�a para el acceso p�blico a la informaci�n de los �rganos del Estado, con lo cual se da cumplimiento a los prop�sitos que inspiraron a la moci�n. El nuevo texto, complementado con normas especiales que involucran a otros �rganos constitucionales aut�nomos en materia de transparencia de la funci�n p�blica y acceso a la informaci�n del Estado, fue rechazado por el Senado en el tercer tr�mite constitucional, pero no porque hubiera desacuerdo con su contenido, sino porque ello provocar�a la conformaci�n de una Comisi�n Mixta que permitir�a a la C�mara Alta discutir esos asuntos con mayor flexibilidad, posibilidad que estar�a ausente de haber existido un pronunciamiento positivo sobre la iniciativa en dicho tr�mite. Esa fue la raz�n por la que el proyecto fue considerado finalmente por la Comisi�n Mixta, cuyo informe nos ocupa en esta sesi�n. Se�or Presidente, los aspectos medulares del nuevo texto apuntan a garantizar a los administrados un acceso cabal a la informaci�n del Estado y al conocimiento de los procedimientos y modalidades con que la Administraci�n ejerce sus cometidos. Para ello, el proyecto da forma a un estatuto que considera diversos principios que garantizan la efectividad que se quiere lograr con estas materias en relaci�n con la oportunidad, gratuidad, divisibilidad, divulgaci�n, facilitaci�n, no discriminaci�n, y otros que pretenden rodear a estos derechos c�vicos de elementos que aseguren su aplicaci�n efectiva. Adem�s, en el orden institucional, se crea el Consejo para la Transparencia, como un organismo de alto nivel encargado de velar por esta �ltima y por el acceso a la informaci�n p�blica, con tuici�n, respecto de estos temas, sobre todo el aparato administrativo del Estado y de las empresas p�blicas. Los dem�s �rganos del Estado que gozan de autonom�a constitucional, aunque no quedan vinculados a la ley en proyecto a trav�s del Consejo, deben ajustar su actuaci�n a los principios de transparencia y acceso a la informaci�n que inspiran tanto al articulado como a la normativa constitucional que le da sustento. La iniciativa recoge tambi�n otras experiencias que han probado ser exitosas en nuestro sistema democr�tico, como las que remiten al conocimiento judicial los conflictos contencioso administrativos que generen las normas. De este modo, y as� como el Consejo interviene como un tribunal de primera instancia frente a las controversias que se susciten entre la Administraci�n y los gobernados en materia de transparencia y acceso a la informaci�n, cabe tener presente que una segunda revisi�n, a trav�s de recursos procesales de reclamaci�n, entrega al Poder Judicial, en particular a las cortes de Apelaciones, la resoluci�n de las actuaciones del organismo que se estimen violatorias del r�gimen legal regulador de estos asuntos. Concluye el texto en las sanciones que proceden por incumplimiento de sus disposiciones y que afectan en particular a los directivos responsables de los �rganos administrativos obligados, herramienta de evidente y probada eficacia para que sus reglas no queden como letra muerta. Finalmente, como ya se indic�, el proyecto tambi�n involucra a los otros Poderes del Estado y dem�s organismos constitucionales, comprometi�ndolos con las nuevas modalidades de conducta pol�tica, pero cuidando siempre de no invadir o menoscabar las funciones que est�n llamados a cumplir. Al terminar, se�or Presidente, quiero destacar el esp�ritu con que los integrantes de la Comisi�n Mixta abordaron el trabajo, quienes, tras laboriosos debates y an�lisis acerca de las disposiciones, acordaron casi todo por unanimidad, como ya se ha se�alado, salvo ciertos art�culos donde hubo alguna abstenci�n o alg�n voto en contra. Por lo tanto, proponemos a la Sala la aprobaci�n integral del informe de la Comisi�n Mixta. Durante el debate tambi�n se hizo referencia a la privacidad de numerosos antecedentes que los diversos funcionarios p�blicos se encuentran obligados a entregar. La cuesti�n se abord�, sobre todo, porque nos visit� la Presidenta del organismo pertinente de Estados Unidos, quien nos dec�a que ellos ya ven�an de vuelta respecto de muchos tipos de informaci�n, en especial la relacionada con los bienes de las personas. Porque est� bien que exista transparencia completa para todo, pero alguna gente anda detr�s, no de la informaci�n, sino del plagio, de la extorsi�n, del ataque a las personas. Estos d�as hemos visto c�mo una se�ora fue secuestrada y posteriormente asesinada. Entonces, los maleantes pueden hacer uso malicioso de antecedentes que obtendr�n apretando un bot�n, pues todos nos encontramos obligados a entregarlos en su totalidad. Si bien esa materia no se considera en el articulado, el Ejecutivo la tiene presente para, a trav�s de otra legislaci�n, buscar tambi�n la manera de proteger a las personas, a fin de que no sean v�ctimas de esos delitos, que, lamentablemente, ya estamos viendo con alg�n grado de asiduidad en nuestro pa�s, y que en otras naciones suceden a diario y en forma permanente. Se�or Presidente, hemos desarrollado este trabajo con mucho agrado. Agradezco a todos los Diputados y Senadores que participaron en el estudio del proyecto. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Se�ores Senadores, respecto del nuevo sistema de micr�fonos, denantes omit� se�alar que al comenzar una intervenci�n los n�meros que consignan el tiempo aparecen en blanco; cuando faltan dos minutos para el t�rmino, se tornan amarillos; y cuando resta un minuto, se ponen en rojo. Y, naturalmente, al concluir el tiempo se corta el micr�fono. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, quiero formular unos breves comentarios antes de referirme a las modificaciones y al texto aprobado finalmente por la Comisi�n Mixta. La presente iniciativa, que elaboramos junto con el Senador se�or Gazmuri, tuvo como finalidad asegurar en nuestra legislaci�n la m�s absoluta y plena vigencia de los principios de transparencia y de acceso a la informaci�n p�blica. Consideramos que un Estado moderno, un Estado verdaderamente democr�tico, debe hacer realidad a lo largo de toda su institucionalidad la vigencia de esos principios. Este proyecto fue presentado incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional que los incorpor� en el art�culo 8� de la Carta. Y es reflejo de una decisi�n que el Senado ha tomado de modo bastante ejemplar y con mucho liderazgo en cuanto a no solo dar la sensaci�n, sino tambi�n a configurar una realidad nueva en el �mbito p�blico, en todas las instancias, respecto de que se trata de un compromiso real, porque esa es la forma como se ejercen las responsabilidades p�blicas. Por definici�n, lo p�blico es lo accesible, lo que es de todos, lo que es com�n. Por lo tanto, toda privacidad, todo secretismo, al final se encuentran re�idos con la funci�n correspondiente. Incorporar lo anterior provoca numerosas consecuencias, todas ellas muy importantes. Quiz�s la principal es que hace posible que el ejercicio de las tareas p�blicas se desarrolle con el m�s amplio sentido de la responsabilidad. Ello permite que la ciudadan�a exija el debido cumplimiento de las funciones de las distintas autoridades de los �rganos de la Administraci�n del Estado. Al mismo tiempo, facilita que nuestra democracia representativa sea tambi�n una democracia participativa. Porque solo con informaci�n los ciudadanos pueden opinar. Hoy, los medios electr�nicos son un aliado muy importante de los ciudadanos, pero en la medida que haya acceso f�cil a la informaci�n proveniente de las distintas entidades que conforman el Estado. A la vez, constituye un mecanismo para la eficiencia en el trabajo de nuestras autoridades y en el uso de los recursos p�blicos. Ello, porque en la medida que las acciones de las distintas autoridades, en todos los planos y �mbitos, sean susceptibles de r�pido y f�cil conocimiento por parte de los ciudadanos, de los interesados, de los afectados, y ciertamente de la prensa, las posibilidades de un trabajo m�s esmerado -no solo m�s transparente, sino tambi�n m�s efectivo- ser�n mayores. Finalmente -esto resulta esencial, dados los problemas del �ltimo tiempo-, la transparencia, el acceso a lo que hacen nuestras autoridades, constituye la mejor garant�a a fin de evitar las irregularidades, la corrupci�n, y, desde luego, para detectarla y corregirla con mucha fuerza. Esos conceptos b�sicos han quedado recogidos en la normativa, que, entre otras cosas, modifica la Ley Org�nica Constitucional sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado, texto que contiene en sus art�culos 13 y 14 disposiciones sobre la materia que fueron incorporadas hace alg�n tiempo y que constituyeron un primer paso en esta direcci�n. Pero los problemas que se generaron obligaron a una modificaci�n, que fue la base y la justificaci�n del presente proyecto. Por eso, este �ltimo recoge, en lo fundamental, los principios contenidos en la iniciativa que presentamos en enero de 2005. A la vez, modifica conceptualmente algunos aspectos de esa moci�n que son relevantes. Se habla, en la propuesta en an�lisis, de transparencia activa y pasiva. La primera se entiende como la obligaci�n de los �rganos, sin que haya requerimiento de parte, de entregar toda la informaci�n posible por los medios m�s expeditos y universales. La segunda se refiere a la certeza de la respuesta de las autoridades cuando se les requiere alguna informaci�n espec�fica. Ambos principios recibieron en la indicaci�n del Ejecutivo esa nomenclatura, esa conceptualizaci�n, que mejora en forma muy importante lo que establec�a la iniciativa despachada por el Senado, la cual los conten�a, de hecho, en su formulaci�n. Se ha mantenido en la normativa en an�lisis un procedimiento expedito que facilita la presentaci�n, pero muy especialmente la reclamaci�n, para asegurar que se entreguen los antecedentes. Se han redactado las causales de reserva con la suficiente precisi�n, a fin de evitar lo ocurrido con la aplicaci�n de la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, antes referido. En efecto, la autoridad de un servicio pod�a dictar un reglamento para declarar -as� lo hicieron m�s de 50 organismos- que a lo menos la mitad de la informaci�n en la repartici�n era reservada o secreta, por lo cual se imped�a el acceso a ella. Sin embargo, eso queda cautelado en la normativa que nos ocupa, ya que solo por ley ser� posible calificar de reservada o secreta alguna materia. El proyecto incluye algo que no pudimos proponer inicialmente, porque era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que es la creaci�n de una institucionalidad estatal para garantizar el funcionamiento de estas disposiciones. En su oportunidad, solicitamos el patrocinio de un texto en tal sentido, mas en ese momento no se consider� necesario. Pero, luego de algunas situaciones complejas registradas a prop�sito de los casos de CHILEDEPORTES o de los planes de empleo de emergencia, el Gobierno envi� una indicaci�n sustitutiva. Ello permiti� darle al proyecto, en la C�mara de Diputados, la estructura que presenta ahora y crear el Consejo para la Transparencia. Me parece que esta �ltima entidad es realmente un elemento complementario indispensable -como dije, no pudimos incorporarlo por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo- y otorga al articulado su logro m�ximo. Es decir, aquellas normas de otro �mbito que se modificaron han tenido un significado de mucho perfeccionamiento, probablemente, pero creo que el real cambio y mejor�a de la normativa se debieron a la indicaci�n del Ejecutivo, que incluy� al Consejo. Por cierto, �rganos como el mencionado son siempre muy discutibles, porque pareciera que se aumenta la burocracia del Estado. Sin embargo, la experiencia internacional recomienda la existencia de entidades de esa naturaleza, para asegurar la fiscalizaci�n del cumplimiento de las normas de la ley, incluso para constituirse como organismos a los cuales se puede reclamar cuando una autoridad no entrega la informaci�n -siempre con la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia, como �ltima palabra, a trav�s del recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones - y para promover y crear una nueva cultura de transparencia frente a la tradici�n del secretismo. Estas materias no se hacen por s� solas. Existe mucho temor. No obstante, un Consejo independiente, que va a ser integrado por cuatro personas nominadas por el Primer Mandatario, con acuerdo del Senado, y cuya presidencia ser� rotativa, garantiza una total neutralidad, como organismo de Estado m�s que de Gobierno, en el ejercicio de sus funciones. Por �ltimo, asumiendo tambi�n una necesaria realidad, debo decir que no se trata solo de corregir y de asegurar la vigencia de estos principios en los �rganos de la Administraci�n del Estado -l�ase ministerios, subsecretar�as, distintos servicios p�blicos, intendencias y gobernaciones a lo largo del territorio nacional, las respectivas secretar�as regionales ministeriales y otras entidades-, sino tambi�n de incorporar a todo el aparato estatal. Se ha generado un estatuto que incluye -como lo contempl� desde el principio el proyecto despachado por el Senado, producto de nuestra iniciativa- a los municipios, la Contralor�a, el Banco Central, el propio Congreso, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio P�blico y las empresas del Estado, comprendidas tambi�n aquellas que deben ser modificadas con especial designaci�n, porque, de lo contrario, primar� el que las rige. Y se obligar� a todos a ce�irse, en lo pertinente, a la normativa de acceso a la informaci�n p�blica, o bien, a modificar lo propio e incorporar disposiciones para que se garantice ante el pa�s, ante la ciudadan�a, el cumplimiento de la responsabilidad recogida en el art�culo 8� de la Constituci�n. Por estas consideraciones, se�or Presidente, creo que el trabajo de la Comisi�n Mixta -que estuvo presidida por el Senador se�or Sabag y cont� con el apoyo de la Comisi�n de Gobierno, por intermedio de su Secretar�a, y donde hubo una participaci�n muy amplia de muchas autoridades, de personas externas y, ciertamente, de Diputados y Senadores- se ha traducido en un informe que, en lo fundamental, nos satisface plenamente. Por lo tanto, votaremos a favor. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Alvear. La se�ora ALVEAR.- Se�or Presidente, me parece de gran relevancia que esta tarde podamos despachar el proyecto en estudio, que representa un paso muy significativo en la agenda de transparencia que han trabajado el Gobierno y el Congreso. A mi juicio, es muy importante destacar las medidas y las definiciones tomadas en la Comisi�n Mixta con relaci�n al principio de transparencia activa, inserto en el articulado, respecto de lo cual formul� indicaciones en su momento y present� una iniciativa, la que qued� subsumida en el texto que nos ocupa. Cuando hablamos de transparencia activa, nos estamos refiriendo a la obligaci�n de los servicios de mantener a disposici�n de la ciudadan�a, en sus respectivos sitios electr�nicos, una serie de antecedentes fundamentales, los que deben ser actualizados una vez al mes. Al mismo tiempo, ello abarca la transferencia de fondos p�blicos, incluido todo aporte econ�mico que se entregue a personas jur�dicas o naturales, directamente o trav�s de procedimientos concursales, sin que se realice una contraprestaci�n rec�proca en bienes o servicios. Tambi�n quedan comprendidas dentro del concepto de transparencia activa las contrataciones para la prestaci�n de servicios, para la ejecuci�n de acciones de apoyo o de obras, y las contrataciones de estudios, asesor�as y consultor�as vinculadas a proyectos de inversi�n, como tambi�n los montos asignados y el criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo �rgano, adem�s de las n�minas de beneficiarios de los programas sociales en ejecuci�n. Considero que esto �ltimo es de gran importancia, porque se puede advertir que personas que evidentemente se encuentran en situaci�n de pobreza tienen todo el derecho a postular a los diferentes programas; pero muchas veces los nombres se repiten en uno y otro ministerio. Es posible que sea totalmente justo que as� ocurra, pero en algunas ocasiones pudiese no serlo. Ahora, entonces, se podr� observar esa situaci�n. Todo lo anterior se realizar� con el debido resguardo de la informaci�n de car�cter personal y privado, la que no debe ser objeto de publicaci�n. A mi juicio, el informe de la Comisi�n Mixta recoge los aspectos sustantivos del proyecto que en su momento presentamos, complementando la iniciativa. Finalmente, me parece importante destacar que el Consejo para la Transparencia puede ser un paso fundamental para avanzar en pol�ticas y pr�cticas integrales de resguardo a la probidad p�blica, adem�s de fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la informaci�n de los �rganos de la Administraci�n del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la informaci�n. Pienso, se�or Presidente, que la agenda de transparencia experimenta un progreso importante al aprobarse la presente iniciativa legal, la que -reitero- fue objeto de un trabajo en la Comisi�n Mixta por el cual extiendo mis felicitaciones. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Coloma. El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, deseo formular m�s bien una consulta al se�or Presidente de la Comisi�n Mixta o a alg�n miembro de ella, porque, m�s all� del fondo, me parece dif�cil de entender la forma de la redacci�n de la normativa. Y me gustar�a que nos ayudaran a hacerlo. Se�or Presidente, le pido una reflexi�n sobre lo siguiente. El ART�CULO PRIMERO del proyecto dice: "Apru�base la siguiente ley de transparencia de la funci�n p�blica y de acceso a la informaci�n de la Administraci�n del Estado". El ART�CULO SEXTO, por su lado, establece: "El Congreso Nacional se rige por el principio de la transparencia en el ejercicio de la funci�n p�blica consagrado en el inciso segundo del art�culo 8� de la Constituci�n Pol�tica y en los art�culos 3� y 4� de la Ley de Transparencia de la Funci�n P�blica y Acceso a la Informaci�n de la Administraci�n del Estado.". O sea, la referencia es a la misma ley. Entonces, hay algo que a m� no me calza. Probablemente, debe tener una explicaci�n. Si una normativa crea en su ART�CULO PRIMERO una ley y en su ART�CULO SEXTO hace referencia a esta misma, hay algo que no cuadra. Es posible que se haya buscado otro objetivo, pero no me parece que, desde el punto de vista de la t�cnica legislativa, quede todo en un correcto entendimiento. Por tal raz�n, quiero saber si eso se puede aclarar para la historia de la ley, porque, as� como est�, no se entienden las referencias hechas ni hay armon�a entre los ART�CULOS PRIMERO y SEXTO de la iniciativa. Lo planteo para ver si existe alguna explicaci�n que yo no conozco u otra forma de interpretar el asunto. Porque -repito- as� no queda claro. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- El Honorable se�or Larra�n ha pedido una interrupci�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, deseo responder la inquietud manifestada por el Senador se�or Coloma, que es bastante razonable. El proyecto consta de once art�culos permanentes y de uno transitorio. El ART�CULO PRIMERO contiene toda la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica. El resto modifica distintos cuerpos legales: el ART�CULO SEGUNDO introduce enmiendas a la Ley sobre Bases Generales de la Administraci�n del Estado; el TERCERO, a la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos; el CUARTO, a la Ley de Municipalidades; el QUINTO, a la Ley de la Contralor�a General de la Rep�blica; el S�PTIMO, a la Ley Org�nica del Banco Central, etc�tera. De ese modo, aparece primero el estatuto general, referido a los �rganos del Estado, y luego, normas espec�ficas que modifican los cuerpos legales pertinentes. �Qu� ocurri� con el ART�CULO SEXTO al cual aludi� el Honorable se�or Coloma? Originalmente, dicha disposici�n, igual que las posteriores al ART�CULO PRIMERO, introduc�a modificaciones a una normativa en particular, espec�ficamente a la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional. Pero, como esa ley se encuentra en revisi�n, la referencia a un art�culo determinado probablemente iba a caer en el vac�o cuando ella fuera publicada. �Qu� se decidi� hacer entonces? Establecer de todas maneras la norma relativa al Congreso, a fin de que este no quedara fuera de los conceptos que se est�n consagrando. No quer�amos que figuraran todas las instituciones del Estado menos el Parlamento, como si nosotros estuvi�ramos legislando para el resto y excluy�ndonos del principio de transparencia y acceso a la informaci�n p�blica. Por lo tanto, el Poder Legislativo fue incluido en el ART�CULO SEXTO, y sus incisos primero y segundo hacen referencia a determinados preceptos de la Ley de Transparencia. �Cu�les son estos? Los contemplados en el ART�CULO PRIMERO, que dice: "Apru�base la siguiente ley de transparencia", y luego reproduce todas las disposiciones que la comprenden. La t�cnica legislativa aplicada a lo mejor parece confusa. Tal vez habr�a sido m�s entendible hacer la referencia al ART�CULO PRIMERO en lugar de hacerla a la ley. Y con eso habr�a quedado zanjado el problema. Pero, a pesar de todas las dificultades de esta explicaci�n, el ART�CULO SEXTO, adem�s de su alcance obligatorio, tiene un sentido muy testimonial: que se entienda a nivel nacional que nosotros tambi�n estamos obligados por el ART�CULO PRIMERO, por todo el texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica. Esa es la aclaraci�n de t�cnica legislativa que fundamenta esta situaci�n un tanto absurda de que una ley se cite a s� misma. En realidad, la cosa es as�: el ART�CULO SEXTO se refiere al ART�CULO PRIMERO, que aprueba la ley a la cual, a su vez, hace referencia el ART�CULO SEXTO. El se�or COLOMA.- �Es enredado! El se�or LARRA�N.- Es bien enredado, �pero es lo que hay...! El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- �Queda conforme, Senador se�or Coloma? El se�or COLOMA.- �Parece que no tengo otra alternativa...! El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez Varela. El se�or P�REZ VARELA.- Se�or Presidente, no voy a realizar un an�lisis acabado de las distintas normas que la Comisi�n Mixta aprob�. Sobre esa materia hago m�a la detallada intervenci�n que efectu� el Senador se�or Larra�n, quien adem�s es uno de los autores de la iniciativa, la cual tiene por objeto generar en nuestro ordenamiento institucional el derecho al libre acceso a las fuentes p�blicas de informaci�n, entendido como la posibilidad real que tendr� la ciudadan�a de tomar conocimiento de los actos de la Administraci�n del Estado. Ello es extraordinariamente significativo, porque tal instrumento legal va a permitir dar un salto cualitativo y excepcional en todo lo que es la transparencia y el control ciudadano frente a las acciones de la Administraci�n, de los distintos Poderes del Estado y de los dem�s organismos a los cuales se les aplicar� la presente normativa. Esta se basa en un principio fundamental: el de la transparencia, definido en el art�culo 4� de la ley. Toda autoridad y todo funcionario p�blico deber�n velar por que se respete y cautele la publicidad de los actos, las resoluciones, los procedimientos y documentos de la Administraci�n, as� como la de sus fundamentos. Del mismo modo, deber�n facilitar el acceso de cualquier persona a esa informaci�n, a trav�s de los medios y procedimientos que establezca la ley. Ese es el principio de transparencia que debe regir toda la acci�n de la Administraci�n del Estado, del Congreso, del Poder Judicial y de los distintos �rganos incorporados como sujetos pasivos de esta legislaci�n. Tal idea fue fruto del trabajo realizado por la Comisi�n Mixta presidida por el Senador se�or Sabag, pues el texto aprobado por la C�mara de Diputados dejaba afuera al Parlamento, a la Judicatura y a otros �rganos p�blicos. Por lo tanto, creo que hoy estamos dando un paso fundamental hacia la transparencia. Se les da poder a los ciudadanos a trav�s de la informaci�n, tanto mediante la transparencia activa, que es la obligaci�n que tiene la Administraci�n de entregar informaci�n acerca de sus actos y de los fundamentos de ellos, como por medio de la transparencia pasiva, que es la capacidad de cualquier ciudadano para requerir informaci�n a los �rganos del aparato estatal. Revisando las disposiciones del proyecto en an�lisis, que, sin duda, vamos a aprobar, se observa que el art�culo 7�, consignado en el ART�CULO PRIMERO, se refiere a la transparencia activa y contiene una serie de normas que nos habr�an evitado muchas de las dificultades que vivimos en el pasado y que provocaron profundos disensos pol�ticos en la materia. La letra d), por ejemplo, establece que los �rganos de la Administraci�n del Estado estar�n obligados a publicar "La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones". A�os atr�s hubo una seria discusi�n por la solicitud de todos los contratos a honorarios del aparato p�blico. Hasta se presentaron demandas a los tribunales de justicia para evitar que esos antecedentes se conocieran. Incluso la C�mara Baja realiz� una sesi�n especial para tratar de sancionar a los Diputados que, ejerciendo su rol fiscalizador, lucharon para dar a conocer los honorarios de los funcionarios contratados en el sistema estatal. Por eso, hoy estamos dando un paso fundamental. Si anteriormente hubiera existido una norma como aquella, de obvia transparencia para el conocimiento de la ciudadan�a, nos habr�amos evitado, sin duda, largos conflictos pol�ticos, como el suscitado a ra�z del llamado "caso MOP-Gate" o el vinculado a los traspasos de recursos a distintas ONG. Por lo tanto, este es un logro sustancial, que demuestra que nos habr�amos evitado problemas de haber existido antes una normativa sobre transparencia y publicidad. Me parece que se avanza de manera fundamental al darles ese poder a los ciudadanos. Adem�s, en el art�culo 21 se establecen con claridad, con rigor, con precisi�n cu�les ser�n las �nicas causales de secreto o de reserva que permitir�n a una autoridad denegar a la persona que lo solicite el acceso a una informaci�n. Se fija un procedimiento acotado, transparente, expedito y fluido para que todos conozcan las razones por las cuales tal autoridad no entrega determinada informaci�n. En otro art�culo se se�ala d�nde procede efectuar los reclamos de ilegalidad: la Corte de Apelaciones correspondiente. Tambi�n se resuelve adecuadamente -algo se ha hablado sobre esta materia- la institucionalidad del Consejo para la Transparencia, el cual present� dificultades en su dise�o original, porque le quitaba atribuciones a la Contralor�a General de la Rep�blica. Sin embargo, el trabajo de la Comisi�n Mixta y, en especial el aporte entregado por el Contralor, permitieron solucionar el punto de forma apropiada. Dicho Consejo, entre otros objetivos, garantizar� a la ciudadan�a la aplicabilidad de la ley. Por lo tanto, las personas podr�n acceder efectivamente a las informaciones, a los antecedentes, a los documentos y a los fundamentos de las actuaciones de todos los �rganos de la Administraci�n, los cuales tendr�n la obligaci�n de entregarlos. Porque no hay duda de que las resoluciones y los actos de los distintos Poderes del Estado son informaci�n importante. Y esa relevancia debe estar directamente relacionada con el derecho de las personas a conocer antecedentes de ese tipo. Se�or Presidente, creo que hemos estructurado un cuerpo legal adecuado, que protege en forma precisa el derecho de acceder a la informaci�n p�blica. En consecuencia, aprobar el proyecto esta tarde -como estoy seguro de que suceder�- permitir�, a partir de la promulgaci�n de la ley, contar con un Estado que posibilite efectiva y realmente la participaci�n ciudadana. Porque tendremos personas mucho m�s informadas sobre el uso de los recursos fiscales y los actos y las resoluciones de quienes trabajan para la ciudadan�a, rol que deber�amos cumplir todos aquellos que formamos parte del aparato p�blico. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Ominami. El se�or OMINAMI.- Se�or Presidente, tambi�n valoro el esfuerzo que representa esta iniciativa y celebro que una moci�n vaya a transformarse en ley de la Rep�blica. La verdad es que no son muchos los casos. Por eso, conviene destacar el hecho. Adem�s, comparto el diagn�stico impl�cito en el proyecto en el sentido de que la Administraci�n del Estado tiene, por su historia y trayectoria, una gran tendencia a la confidencialidad, cuando no al secretismo, respecto de materias que debieran ser de conocimiento p�blico. No me cabe la menor duda de que todo lo relacionado con la transparencia es finalmente el mejor ant�doto contra la corrupci�n y las malas pr�cticas. Entonces, existen muy buenas razones para felicitarse por la tramitaci�n de esta iniciativa y sus posibilidades de convertirse en ley. Tambi�n celebro la introducci�n del principio de transparencia activa, que espero pueda conmover a la Administraci�n P�blica y vencer su tendencia al secretismo, a la confidencialidad, a esconder la informaci�n. Quiero, s�, plantear una preocupaci�n vinculada con las dificultades para universalizar dicho principio. Hay instituciones que han tratado de exceptuarse de esta normativa. Una muy importante es el Banco Central, cuya situaci�n es abordada en un art�culo particular de la iniciativa. Una cosa es la autonom�a, y otra, distinta, someterse a criterios generales de transparencia, de rendici�n de cuentas. Respecto de esto �ltimo, siento que todav�a tenemos pendiente una resoluci�n que sea aplicable a todos los �rganos de la Administraci�n del Estado. El Consejo de Televisi�n Nacional tampoco posee un sistema de rendici�n de cuentas. Desconozco el efecto que tendr� esta iniciativa sobre dicho �rgano. Hoy, todos los acuerdos de su Directorio son confidenciales. Entiendo que deba ser as� en materias comerciales o de contrataci�n de "rostros"; pero hay cuestiones relacionadas con programaci�n, con criterios de pol�tica p�blica, que debieran ser de dominio general. Sin embargo, quiero llamar la atenci�n sobre el Banco Central. Creo que el Instituto Emisor ha experimentado avances en transparencia: en la actualidad se publican, con un retraso razonable, las actas de su Consejo -gracias a ello se sabe c�mo actuaron sus miembros- y el informe sobre reservas internacionales. Pero eso todav�a es ampliamente insuficiente. El Banco Central maneja reservas de su propiedad por -si no me equivoco- cerca de 18 mil millones de d�lares. Hoy est�n bajo su administraci�n todos los excedentes fiscales. Sobre eso, se�or Presidente, existe poca informaci�n. Y pienso que ello no se debe a que haya una voluntad deliberada de esconderla, sino a que la tendencia es a mantener privacidad respecto de esos antecedentes. La mayor parte de los recursos p�blicos est� administrada de una manera que se desconoce. Una cantidad muy importante se halla invertida en papeles de otros pa�ses, y otra -no mayoritaria, pero tampoco despreciable-, en dep�sitos bancarios. No se sabe, por ejemplo, en qu� bancos se encuentran depositados los excedentes, que son de propiedad de todos los chilenos. Tal informaci�n no aparece en el informe de reservas internacionales. Y debiera conocerse. Incluso m�s: tales dep�sitos deber�an ser objeto de licitaci�n. Porque estamos hablando de sumas muy considerables. Imag�nense que, a diciembre del a�o pasado, los excedentes fiscales sumaron 25 mil millones de d�lares; y con toda seguridad superar�n los 30 mil millones en 2008. Entonces, como resulta de inter�s conocer estos antecedentes, debemos avanzar en la transparencia sobre materias que muchas veces se rodean de secreto, bajo el pretexto de ciertos tecnicismos que no corresponden. Manifiesto cierta preocupaci�n porque en el caso del Banco Central hubo que establecer normas particulares dentro de la iniciativa, en circunstancias de que debieron aplicarse principios universales a todos los �rganos de la Administraci�n del Estado, independiente de que algunos cuenten con una autonom�a asegurada por ley. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Barra. El se�or �VILA.- �Me permite una interrupci�n, se�or Senador? El se�or MU�OZ BARRA.- Se la concedo, con la venia de la Mesa. El se�or �VILA.- Se�or Presidente, quiero formularle una consulta al Senador se�or Ominami. La inquietud que manifest�, que me parece muy leg�tima y extraordinariamente grave, �se ha discutido en la Comisi�n de Hacienda? Creo que no deber�a existir oposici�n para que se presentara una moci�n destinada a corregir el asunto que Su Se�or�a acaba de abordar. El se�or OMINAMI.- �Puedo responder, se�or Presidente? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, se�or Senador. El se�or OMINAMI.- Considero que se ha experimentado un avance en lo relacionado con el Banco Central. El a�o pasado se suscribi� entre la Comisi�n de Hacienda del Senado y el Instituto Emisor un protocolo tendiente a cumplir con ciertas obligaciones en materia de entrega de informaci�n. Pero son disposiciones voluntarias e insuficientes. Hoy tuvimos una reuni�n con el Consejo del Banco Central, donde de nuevo hice presente la necesidad de continuar avanzando en un sentido que asegure mayor transparencia. Tal vez debi�ramos impulsar un pronunciamiento m�s institucional del Senado sobre este asunto. En todo caso, invito a Su Se�or�a a asumir una iniciativa en conjunto para avanzar en esa direcci�n, que, a mi entender, es la correcta. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Mu�oz Barra. El se�or MU�OZ BARRA.- Se�or Presidente, al conocer el informe de la Comisi�n Mixta que analiz� el proyecto de ley sobre acceso a la informaci�n p�blica, creo que en todos ya existe la convicci�n de que estamos avanzando hacia la modernizaci�n del Estado y el perfeccionamiento de nuestras instituciones, materia que muchas veces ha generado debates en forma bastante intensa respecto de su acuciosidad. Por supuesto que compartimos la iniciativa que nos entrega dicho organismo t�cnico, cuyo prop�sito es -como se se�al�- establecer, regular y amparar el principio de transparencia de la funci�n p�blica y el derecho de acceso a la informaci�n de los �rganos de la Administraci�n del Estado. Se�ores Senadores, el acceso a la informaci�n p�blica significa el deber de publicidad de los actos y documentos de los �rganos de la Administraci�n, y su obligaci�n de responder a las demandas de los ciudadanos. Si bien la ley N� 19.653, sobre probidad administrativa, estableci� el derecho de acceder a la informaci�n p�blica por los ciudadanos, regulando un procedimiento para hacer efectivo tal derecho en caso de negativa del servicio p�blico al cual se le solicita, ella incuestionablemente -en eso estamos de acuerdo- fue insuficiente, ya que no siempre permiti� el objetivo que buscaba su dictaci�n. Es interesante tener presente que la Contralor�a General de la Rep�blica se ha pronunciado declarando la ilegalidad de muchas resoluciones que, supuestamente amparadas por la ley, declararon que no proced�a la entrega de la informaci�n solicitada. Por tales razones -entre otras-, qu� duda cabe sobre la necesidad de perfeccionar la legislaci�n respectiva. Pero hay un tema m�s de fondo, se�or Presidente, que se visualiza al leer el informe de la Comisi�n Mixta, el cual dice relaci�n a la exigencia de importantes sectores de la sociedad civil que han repudiado una antigua cultura basada en el secretismo del quehacer de los servicios del Estado. Las reformas a la Constituci�n de 1980 introdujeron un nuevo art�culo 8�, que en su inciso segundo dice: "Son p�blicos los actos y resoluciones de los �rganos del Estado, as� como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, s�lo una ley de qu�rum calificado podr� establecer la reserva o secreto de aqu�llos o de �stos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos �rganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Naci�n o el inter�s nacional.". Comparto, entonces, los principios en que se sustenta el proyecto de ley, as� como la institucionalidad que crea y las normas que regulan su accionar. Considero importante que los �rganos de la Administraci�n del Estado se�alados por la iniciativa tengan la obligaci�n de mantener actualizados los sitios electr�nicos que contienen la informaci�n p�blica, y que �sta se entregue de un modo tal que haga posible su f�cil identificaci�n y acceso p�blico. Trascendente es tambi�n la amplitud tem�tica de dicha informaci�n, con excepci�n de los denominados datos sensibles, como los antecedentes particulares referidos a caracter�sticas f�sicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de la vida privada o de su intimidad. Adem�s comparto lo dispuesto en el art�culo 21 del proyecto, que establece las causales de secreto o reserva en cuya virtud se podr� denegar total o parcialmente el acceso a la informaci�n, entre otras, cuando va en desmedro de la investigaci�n de un crimen o simple delito; cuando afecte los derechos de las personas, particularmente trat�ndose de su seguridad, su salud y su vida privada; cuando arriesgue la seguridad de la naci�n; cuando afecte al inter�s nacional o la mantenci�n del orden p�blico. Asimismo, me parece prudente establecer el car�cter secreto o reservado indefinido de los actos y documentos del �mbito de la defensa nacional que puedan afectar la integridad territorial, la interpretaci�n o el cumplimiento de un tratado internacional que aborde materias lim�trofes y otros. Por �ltimo, estoy de acuerdo -al igual que los se�ores Senadores- en la creaci�n del Consejo para la Transparencia en los t�rminos expuestos por la iniciativa. Por lo tanto, se�or Presidente, voto favorablemente el informe de la Comisi�n Mixta. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, particip� en la Comisi�n Mixta, y de las veces en que lo he hecho durante los a�os que llevo como Senador puedo decir que esta es una de las m�s sustantivas, porque se abordaron temas de Estado muy de fondo relativos a la necesidad de introducir modificaciones fundamentales en la forma de entender la Administraci�n P�blica. Pero lo m�s importante es que la iniciativa en estudio es otra de las que aborda -como ya vimos cuando se discuti� el proyecto presentado por los Senadores se�ores Gazmuri y Larra�n- la materia relativa a los llamados derechos ciudadanos. Aqu�, por primera vez, seg�n lo establece el art�culo 10, en ese �mbito, vamos a entregar la posibilidad a toda persona de acceder en forma muy directa a la Administraci�n P�blica, como una forma de terminar con la cultura del secretismo que la ha caracterizado por largos a�os, pero con la obligaci�n de cumplir con ciertos requisitos. El art�culo 12, en su inciso primero, contiene las menciones que deber�n incluirse en la solicitud de acceso a la informaci�n, como el nombre y apellidos del solicitante o de su apoderado, en su caso; la identificaci�n precisa de lo pedido; la firma del solicitante estampada por cualquier medio id�neo, y el ente administrativo al cual se dirige la solicitud. Por lo tanto, el hecho de que aqu� se establezcan deberes y derechos me parece parte de la modernidad que debe regir en la Administraci�n P�blica. Por lo dem�s, una de las modificaciones introducidas se refiere a la necesidad de que todos los �rganos de la Administraci�n publiquen lo relativo a sus funciones, competencia, responsabilidades en sitios electr�nicos, dejando de lado la idea de las p�ginas web, b�sicamente porque estimamos casi por unanimidad que ellas pueden ser restringidas por la alta probabilidad -dados los acelerados avances en el �mbito de la inform�tica- de que se coloque otro tipo de informaci�n en ellas. En consecuencia, a todas las reparticiones de la Administraci�n P�blica que tengan sitios electr�nicos -y aquellos que no los posean deber�n contar con uno obligatoriamente- ser� posible acceder por parte de cada ciudadano de nuestro pa�s, aumentando las posibilidades de ingreso a trav�s de internet, a objeto de conocer sus funciones, competencias y responsabilidades, claramente se�aladas en los art�culos pertinentes de la ley en proyecto. Tambi�n es muy importante tener a la vista, por ejemplo, que se termina con lo que parec�a una suerte de secretismo -se�alado por la Oposici�n en m�s de una oportunidad como un mecanismo usado por el Gobierno para los efectos de ganar el apoyo de la ciudadan�a-, pues van a ser de acceso p�blico todas las n�minas de beneficiarios de programas sociales en ejecuci�n. Vale decir, todos los chilenos conoceremos qui�nes son los favorecidos con los muchos programas sociales implementados directa o indirectamente a trav�s de los municipios, de modo tal que se podr� contar con mayor informaci�n al respecto. Adem�s, es muy trascendente hacer presente que, aparte de lo manifestado por el se�or Senador que me antecedi� en el uso de la palabra, la ley en proyecto continuar� protegiendo la vida privada, en los t�rminos establecidos en la letra g) del art�culo 2� de la ley N� 19.628, sobre protecci�n de la vida privada, materia en la que insistimos respecto de la necesidad de que ello forme parte de nuestra cultura. En otras palabras, no es admisible entender que, a trav�s de la transparencia, se pueda llegar al conocimiento de las caracter�sticas f�sicas o morales de las personas o de las autoridades de turno -porque en eso no hubo acuerdo- o a hechos o circunstancias de su vida privada o �ntima, tales como los h�bitos personales, el origen racial, las ideolog�as y opiniones pol�ticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud f�sicos o ps�quicos y la vida sexual de los funcionarios p�blicos. Por lo tanto, se establece claramente una limitaci�n que, junto con la relativa a la Defensa Nacional, nos pareci� necesario resguardar, sobre todo en un pa�s como el nuestro, donde existen altas probabilidades de que el conocimiento de la vida privada de los chilenos sea tal -como alguien se�al� en la Comisi�n Mixta; entiendo que fue su Presidente, el Senador se�or Sabag- que constituya un riesgo para la persona. Y se dio el ejemplo del reciente asesinato de la se�ora Lapostol, pues, al parecer, era f�cil acceder a sus datos personales, por lo que se sab�a perfectamente qu� tipo de veh�culo ten�a. En fin. En consecuencia, aparte la transparencia que se incorpora en el proyecto, hay medidas para proteger la vida privada, lo cual nos parece fundamental para que no se entienda que aquella puede llegar al punto de afectar la privacidad de la gente. Seg�n el art�culo 10 de la iniciativa -tengo el convencimiento de que se va a aprobar, ojal� por unanimidad y de mejor manera-, todos los chilenos tienen el derecho de solicitar y recibir informaci�n de cualquier �rgano de la Administraci�n. Esta disposici�n no exist�a en nuestro ordenamiento legal. Por lo tanto, tengo la impresi�n y la seguridad de que estamos dando pasos muy sustantivos en tal sentido. En la �ltima o pen�ltima sesi�n se discuti� largamente c�mo �bamos a considerar los preceptos que dicen relaci�n a la Defensa Nacional. Y hubo unanimidad en que deb�amos hacer todo lo posible para que ciertas informaciones -salvo que una ley en contrario lo se�ale con posterioridad- permanezcan en el �mbito de la privacidad que un Estado requiere, a fin de salvaguardar su integridad territorial y otros elementos relativos a la Defensa Nacional. En ese sentido, hubo consenso, porque tambi�n pod�a entenderse que en ese aspecto de la vida p�blica es posible generar algunos elementos que causen contradicci�n. Por esa raz�n, me alegro de haber participado en la Comisi�n, Mixta, porque se trata de un proyecto de ley que, en mi opini�n, camina en la direcci�n correcta de modernizar significativamente la vida p�blica de nuestro pa�s. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, las disposiciones de esta iniciativa y la creaci�n de un Consejo para la Transparencia no debieran inhibir un compromiso ya adquirido por dos Gobiernos de la Concertaci�n en cuanto la creaci�n del Ombudsman o Defensor del Pueblo. En este caso, dicho Consejo colabora. Pero, en definitiva, se requiere un �rgano que defienda a la ciudadan�a de los abusos del Estado. Aqu� estamos hablando de acceso a la informaci�n, que es igual que proteger a cualquier persona de abusos o de la negaci�n de informaci�n elaborada con fines p�blicos. En verdad, considero muy importante que ministerios, intendencias, gobernaciones, municipios, Fuerzas Armadas y de Orden, y �rganos y servicios p�blicos creados para el cumplimiento de la funci�n administrativa est�n incluidos en esta normativa y sean obligados a obedecerla. Las autoridades -cualquiera sea la denominaci�n con que la Constituci�n o las leyes que las designen- deber�n cumplir estrictamente dicho objetivo. Cabe destacar que, en mi opini�n, el art�culo 5� es uno de los m�s relevantes en cuanto a la informaci�n de los �rganos de la Administraci�n del Estado, pues en su inciso segundo establece lo siguiente: "Asimismo, es p�blica la informaci�n elaborada con presupuesto p�blico y toda otra informaci�n que obre en poder de los �rganos de la Administraci�n, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creaci�n, origen, clasificaci�n o procesamiento, a menos que est� sujeta a las excepciones se�aladas.". Ese conjunto de excepciones, por cierto, debe ser cautelado en cada una de las leyes de los organismos sometidos a control del Consejo para la Transparencia. En el caso particular del Congreso Nacional, me parece que la informaci�n que se debiera cautelar es la que el Reglamento determina. Sin embargo, precisamente uno de los mecanismos para poder eludir la entrega de la informaci�n p�blica es que esto quede sujeto a normas reglamentarias internas. En ese sentido, soy contrario al inciso cuarto del ART�CULO SEXTO, que establece que la informaci�n de la C�mara de Diputados o del Senado estar� disponible de acuerdo a los Reglamentos internos de cada Corporaci�n. Eso representa serias dificultades respecto de la persona que debe determinar qu� informaci�n es p�blica. No me parece una norma adecuada. He sido partidario de que sean p�blicas no solo las votaciones, sino tambi�n los debates en las Comisiones y los documentos del caso. Aqu�, cada vez que he pedido el acta de una sesi�n de la Comisi�n de Hacienda para saber c�mo votaron los se�ores Senadores, el Secretario de ella me comunica que no puede entregarla sin la autorizaci�n del Presidente. Y lo mismo ocurre en la C�mara de Diputados. De manera que, en verdad, ser�a complicada la situaci�n si dej�ramos consagrado, en el caso particular del Congreso, lo dispuesto en el inciso cuarto del ART�CULO SEXTO, que expresa textualmente: "Los reglamentos de ambas C�maras consignar�n las normas que cautelen el acceso del p�blico a la informaci�n de que trata este art�culo.". Es algo complejo. Seamos francos y claros: hay restricciones a la informaci�n p�blica en el caso particular de esta Alta Corporaci�n. Se�or Presidente, si fuera posible, pedir�a votaci�n separada del mencionado inciso cuarto del ART�CULO SEXTO, porque no me parece adecuado que el acceso a la informaci�n est� determinado por reglamentos internos. De esa manera, entonces, cada servicio p�blico, ministerio o municipalidad va a decretar ordenanzas o reglamentos que establezcan qu� tipo de informaci�n es de car�cter p�blico. Si la excepcionalidad es para la C�mara de Diputados y el Senado, no estar�amos en condiciones de no aceptar que otros servicios p�blicos la puedan solicitar. El art�culo 10, por su parte, se�ala: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir informaci�n de cualquier �rgano de la Administraci�n del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. "El acceso a la informaci�n comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, as� como a toda informaci�n elaborada con presupuesto p�blico,...". Por otro lado, debe ser revisada la letra k) del art�culo 11, que habla sobre el principio de gratuidad. Nosotros hemos despachado proyectos que dejan el pago de las costas al solicitante de la informaci�n. Por eso, debe efectuarse un an�lisis extraordinariamente minucioso y detenido de esta norma, porque si efectivamente aprobamos este principio conforme al cual "el acceso a la informaci�n de los �rganos de la Administraci�n es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley", se pueden producir algunos problemas. Si afirmamos que todo ciudadano puede acceder a la informaci�n que posean funcionarios p�blicos, y luego sostenemos que se va a cobrar por ella, en realidad estar�amos ante un m�todo restrictivo. En muchos casos los tr�mites -por ejemplo, el padr�n electoral- tienen un costo. Con ello, lo �nico que hace nuestra legislaci�n es sancionar, inhibir y minimizar las posibilidades de que los independientes ingresen al juego democr�tico, y una de las causales es el cobro excesivo por el padr�n electoral. No me parece justo que el principio de gratuidad de acceso a la informaci�n que consagramos en el proyecto sea vulnerado por disposiciones de los servicios que ponen precio a los antecedentes de que disponen. Comprendo que se pueda cobrar en el caso particular de una empresa que recaba datos para fines comerciales o desea saber si una instituci�n es solvente; pero, si se trata de un ciudadano que realmente pide una informaci�n para �l, este principio de gratuidad debe operar. As� funciona en el sistema judicial, lo que facilita el acceso a la justicia. El art�culo 46 dispone que la no entrega oportuna de la informaci�n se sancionar� con multa de 20 a 50 por ciento de la remuneraci�n del funcionario involucrado. Se ha asimilado que cuando se solicita algo a un �rgano p�blico, se hace directamente al jefe del servicio. Por tanto, la multa debe recaer sobre el responsable que, en este caso, es el citado jefe. Sin embargo, por mi experiencia de tres per�odos parlamentarios -estuve 12 a�os en la C�mara de Diputados-, puedo asegurar que, en definitiva, existen modalidades para eludir la entrega oportuna de informaci�n. Antes no hab�a una legislaci�n tan clara como la que hoy d�a estamos aprobando. Debemos saber qu� se entiende por entrega oportuna. Hay informaciones que, debido a la toma de decisiones de otros �rganos, requieren rapidez. Por consiguiente, el no fijar plazos breves puede ser un mecanismo de elusi�n. Si frente a la resoluci�n de una COREMA requiero informaci�n de la Direcci�n General de Aguas respecto de la venta y transferencia de derechos de aguas, pero los antecedentes se me env�an 60 � 30 d�as despu�s de la fecha de tal resoluci�n, en circunstancias de que se necesitan para decidir de manera informada y posteriormente comunicarla a la comunidad, se vulnera tal principio. Quiero recordar que no es tan importante la entrega oportuna de la informaci�n o su cantidad. La normativa establece que se tendr� acceso amplio a toda aquella susceptible de ser dada a conocer de acuerdo con el criterio fijado en la ley. Por ejemplo, cuando solicitamos antecedentes -esto no solo es anecd�tico, sino adem�s muy brutal-, respecto de la decisi�n de la CORFO de licitar la cartera vencida con m�s de 7 mil empresas, todas de fantas�a, que se constituyeron en sus acreedoras durante el Gobierno militar, se respondi� que exist�an 7 mil -entre las cuales estaba el fundo "El Viejo Roble" del General Contreras, acreedor de 200 millones de pesos pedidos a dicha Corporaci�n con la garant�a de una parcela cuyo valor, que no alcanzaba los 7 millones de pesos, fue abultado-, y me llegaron siete cajas con toda la informaci�n en fotocopias. En verdad, la informaci�n puede ser negada, o enviando muy poca, como le consta a algunos de los se�ores Senadores de enfrente, o mand�ndola toda en siete cajas, como en el caso antes mencionado. Es decir, es posible aducir que se cumpli� con informar, y que se busque, indague, profundice, contrate un ej�rcito para poderla revisar o, simplemente, entregarla en tres l�neas, de manera muy gen�rica. Por lo tanto, repito que lo importante no es ni la cantidad ni la oportunidad, sino la calidad de la informaci�n. Y en tal sentido, el ejercicio propio de la ley nos llevar� a determinar que, en definitiva, cuando los ciudadanos pidan la informaci�n tambi�n puedan exigir el principio de cautelar su calidad. Por otra parte, aun cuando la normativa que rige a CODELCO disponga que no puede entregar informaci�n, el proyecto establece que quedar� sujeta a esa obligatoriedad, independientemente de que no est� contemplado en aquella, lo cual me parece adecuado. No s� si dentro del listado de las empresas que se incluyen aparecen otras, pero lo anterior me parece un principio sano para la transparencia dentro de los �rganos del Estado. Por �ltimo, pienso que tiene que haber un proceso educativo para todos los funcionarios p�blicos. La iniciativa debe garantizar un per�odo de ajuste, de capacitaci�n, porque muchos bur�cratas y tecn�cratas no est�n acostumbrados a acceder a la entrega de informaci�n y lo van a tomar como una afrenta personal. Es decir, se requiere un lapso de instrucci�n, de manera que cuando aquella les sea solicitada, los funcionarios est�n capacitados para otorgarla. Siento que muchas instituciones estatales no cuentan hoy d�a con la capacidad de hacerlo, ya que, o siempre han negado la informaci�n o nunca se las han solicitado, y eso va a dificultar adicionalmente su obtenci�n. En consecuencia, anuncio que votar� a favor del proyecto. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Se�or Presidente, en la p�gina 93 del comparado que Sus Se�or�as tienen en sus manos, observar�n una referencia al decreto ley N� 488, de 1925, el cual dice: "Se proh�be a los empleados del Archivo proporcionar dato alguno relativo a los documentos existentes,", salvo en cuanto a documentos que acrediten servicios p�blicos para los efectos de jubilaci�n de los interesados. De acuerdo con esa norma, que data de 1925, solo es posible proporcionar copia de un documento a la autoridad competente, y si se quiere consultarlo, debe contarse con una autorizaci�n firmada por el se�or Ministro respectivo. Si los funcionarios del Archivo contravienen dicha disposici�n, incurren en los delitos contemplados en el C�digo Penal. Se trata de la filosof�a del secretismo a la cual tantos Senadores se han referido. No es algo abstracto, sino jur�dico, real. En tal virtud, se entend�a que el Estado se hallaba alejado de los ciudadanos y que �nicamente daba a conocer sus decisiones a las autoridades estatales. Era como la Rep�blica de Venecia, la que pod�a ser estable y hasta en cierta medida democr�tica en lo concerniente al funcionamiento de determinados �rganos colegiados, pero no transparente, ni menos a�n amigable con sus ciudadanos. Y casi cien a�os despu�s, el proyecto que nos ocupa, que forma parte de la agenda de transparencia, viene a invertir esa filosof�a, de manera que las resoluciones, los procedimientos y antecedentes del Estado sean ahora p�blicos y -como muy bien se�alaron varios se�ores Senadores-, est�n a disposici�n del ciudadano com�n y corriente, con las facilidades que se requieran para ello. A continuaci�n, no me voy a referir a todos los aspectos que aborda la iniciativa, sino que pondr� �nfasis en algunos de los argumentos que se han dado. El Banco Central se somete en todo a los principios de la iniciativa, al igual que la Contralor�a General de la Rep�blica, excepto en la tuici�n del Consejo para la Transparencia. Porque el Instituto Emisor y el �rgano Contralor revisten rango constitucional y el Consejo es un organismo legal, pero tanto el Banco como la Contralor�a est�n obligados a la transparencia activa y a la pasiva y, por tanto, tambi�n a responder cuando un ciudadano le pida determinada informaci�n -como se�al� el Senador se�or Ominami-, salvo que esta cuente con un resguardo especial establecido en la ley, y si no la entrega, puede recurrirse a los tribunales. En cuanto al Congreso Nacional, se dispone que est� obligado a la transparencia activa: a colocar en su p�gina web una serie de informaciones; pero en lo que se refiere a la pasiva, ser� menos transparente que el Instituto Emisor -que se halla sometido a esta �ltima-, salvo que los se�ores Senadores y Diputados la consagren en el proyecto que modifica la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional, en tr�mite de Comisi�n Mixta. Y no abrigo dudas de que as� ocurrir�. En cuanto a las empresas p�blicas, es muy importante lo dispuesto en el art�culo d�cimo transitorio, respecto al cual, despu�s de una larga discusi�n, hubo coincidencia en que deb�a reglar esta materia. Su idea fundamental es que las empresas p�blicas creadas por ley y aquellas en que la participaci�n accionaria del Estado sea superior al 50 por ciento o en que tenga mayor�a en el Directorio, tales como Televisi�n Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Miner�a, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, la Corporaci�n Nacional del Cobre de Chile o el BancoEstado, queden sujetas a las disposiciones consagradas en el proyecto, que son similares a las que hoy rigen en las empresas privadas respecto a la informaci�n que deben proporcionar a las Superintendencias respectivas, a la cual puede acceder cualquier ciudadano. Es decir, en materia de transparencia, Televisi�n Nacional de Chile no tendr� ninguna obligaci�n adicional a las que imperan en Chilevisi�n o Megavisi�n, con las cuales compite, pero tampoco ninguna menos. Y CODELCO, que rivaliza con las grandes empresas multinacionales del cobre, tambi�n estar� sometida a los mismos deberes de transparencia que una empresa privada. En esto se sigue la filosof�a del Estado empresario, que se encuentra consagrada en la Constituci�n. Otra cosa distinta son las facultades fiscalizadoras de que dispone la C�mara de Diputados respecto a las empresas p�blicas. Pero estamos hablando del simple ciudadano que, por ejemplo, podr� saber de CODELCO y de Televisi�n Nacional tanto como conoce acerca de La Escondida y de Canal 13, respectivamente. Por �ltimo, se crea un organismo nuevo: el Consejo para la Transparencia, integrado por cuatro personas que deber�n contar con el acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Dichos consejeros dispondr�n de la m�s amplia autonom�a a los efectos de dictar normas generales y obligatorias para observar la implementaci�n de la ley en proyecto en los distintos �rganos del Estado, desde los Ministerios hasta los municipios, pasando por los gobiernos regionales. Y, al mismo tiempo, tendr� que ir sentando jurisprudencia caso a caso acerca de la aplicaci�n del principio general de la publicidad, con las excepciones contempladas en el art�culo 21, que establecen el justo l�mite entre lo p�blico y lo reservado. Nunca ser� f�cil determinar en un caso concreto si un documento o resoluci�n entra o no en alguna de las causales de reserva que dispone el art�culo 21 del texto propuesto por la Comisi�n Mixta, el cual no hace otra cosa que explicitar el art�culo 8� de la Carta Fundamental. Adem�s, el art�culo 22 determina un r�gimen bastante estricto para establecer el secreto de los actos que ya ocurrieron y que, por ley, tienen dicho car�cter, o bien de aquellos que alguna autoridad, en uso de las facultades que le otorga la ley conforme a la Constituci�n, ha declarado como tales. Si se lee solo el art�culo 22 del informe de la Comisi�n Mixta, no me cabe la menor duda de que podr� ser objeto de cr�ticas. Pero, a mi entender, debe leerse seg�n el art�culo 8� del decreto ley N� 488, de 1925 -al cual me refer� al comienzo de mi intervenci�n-, para ver cu�nto hemos avanzado en esta materia. En ese sentido, habr� que tener en cuenta la cultura nacional, dentro de los rangos permitidos y de lo prudencialmente conveniente, para definir hasta d�nde y durante qu� plazo es admisible mantener la reserva de los actos ya ocurridos. Todos sabemos que desclasificar actos secretos es algo bastante complejo en las distintas instancias internacionales o en otros Estados. En consecuencia, se�or Presidente, quiero finalizar agradeciendo el trabajo de la Comisi�n Mixta, como muy bien expres� el Senador se�or Sabag; a los autores de la iniciativa, los Honorables se�ores Gazmuri y Larra�n, y a todos los se�ores Senadores que han intervenido en su perfeccionamiento. Asimismo, cabe recalcar que para el Gobierno este proyecto significa un paso trascendental en la agenda de transparencia. La iniciativa tendr� una vacancia de ocho meses. Esperamos en ese lapso echar a andar el Consejo para la Transparencia y contamos con la colaboraci�n de todos los se�ores Senadores para el nombramiento de sus integrantes. Al mismo tiempo, escucharemos todas sus sugerencias para que dicha instituci�n pueda cumplir la funci�n capital de la ley en proyecto y su mandato esencial: hacer el Estado mucho m�s cercano a todos los ciudadanos. Gracias, se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, me alegro mucho de que estemos aprobando una normativa como la que nos ocupa. La transparencia -como alguien dijo- es lo mismo que el alumbrado p�blico contra la delincuencia. Me da la impresi�n de que si este texto legal se hubiera aprobado antes o si estos principios se hubiesen puesto en pr�ctica en la Administraci�n P�blica, sobre todo en lo que dice relaci�n al manejo de los recursos fiscales, muchos de los delitos, de las desapariciones y mal uso de ellos no habr�an ocurrido. Creo que no se hubieran atrevido aquellos que usaron dineros de los Programas de Generaci�n de Empleos para financiar campa�as pol�ticas, ni tampoco algunos funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a mal utilizar platas fiscales para campa�as electorales u otros fines. Sin embargo, me cuesta creer que estas disposiciones vayan a funcionar, porque existe una legislaci�n vigente que no se cumple. Me llama la atenci�n -y lo reiterar� al final de mi intervenci�n- que el Ministro Viera-Gallo nos plantee ejemplos, que yo no comparto para nada, como la igualdad de condiciones entre las empresas del Estado y las empresas privadas. �Y por qu� digo esto? Porque cuando desaparecen recursos de Megavisi�n, los pierde su due�o. �Qu� le importa a los ciudadanos la p�rdida de tales dineros! Pero cuando se extrav�an de Televisi�n Nacional de Chile, los pierde el pa�s; cuando desaparecen de CODELCO o de ENAMI, los pierde el pa�s. Yo quiero preguntarles a los se�ores Senadores, �qu� pasar� con las demandas de mera certeza que tales empresas han presentado en los tribunales de justicia? �Las van a retirar? �Para qu� hacemos leyes si los directorios de las tres empresas que cit� est�n integrados por Ministros del actual Gobierno y no entregan informaci�n ni al Parlamento ni mucho menos al ciudadano com�n y corriente? Entonces, cr�anme, Sus Se�or�as, que en nuestro pa�s impera una cultura del secretismo. Tal como dijo el se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, existen normas, pero m�s bien hay una religi�n del secretismo. �Y pedir alg�n documento es ofender a algunas autoridades de Gobierno! A mayor abundamiento, dar� un ejemplo que a algunos les parecer� majadero, pero que sigue ocurriendo. Los oficios enviados por el Senado, se�or Ministro, a las diversas Carteras no se contestan ni en un 50 por ciento. Y no estoy incluyendo dentro de ese porcentaje aquellas respuestas que hablan de los ovnis o de cualquier otra materia que no se est� preguntando. Entonces, pienso que en el actual Gobierno no hay una actitud de enfrentar la realidad que estamos viviendo. Y podr�a dar muchos ejemplos. Hemos tenido que enfrentar en los tribunales de justicia a empresas fiscales, cuyos directorios -como dije- est�n integrados por Ministros de Estado quienes pagan, con recursos fiscales, sus abogados a fin de no informarle, en democracia, a la C�mara de Diputados. �Francamente, en ninguna democracia ello es explicable! No obstante lo anterior, quiero ser m�s positivo y valorar el esfuerzo que los Senadores se�ores Larra�n y Gazmuri han hecho a trav�s de la presentaci�n del proyecto de ley. Asimismo, pido a la Mesa del Senado, como tambi�n al Ministro Viera-Gallo, quien conoce nuestra Corporaci�n mejor que nadie, que ojal� partamos por las respuestas que est�n pendientes hacia nuestra Corporaci�n, con la finalidad de que nos pongamos al d�a. Cuando el se�or Viera-Gallo asumi� su Cartera y el proyecto iniciaba su tr�mite, le dije que yo no estaba en condiciones de hacerle ning�n cargo porque reci�n ven�a llegando. No dir� que ahora va saliendo, se�or Ministro, pero ya lleva un tiempo suficiente a la cabeza de su Secretar�a de Estado y me gustar�a que se pusiera al d�a con el Senado en esa materia. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- El �ltimo inscrito es el Senador se�or Garc�a. Abrir� la votaci�n, porque el informe de la Comisi�n Mixta requiere qu�rum especial. Tiene la palabra el Honorable se�or Garc�a. El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, yo hab�a borrado mi inscripci�n. Muchas gracias. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Cerrado el debate. En votaci�n el informe de la Comisi�n Mixta. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba el informe de la Comisi�n Mixta (28 votos favorables), dej�ndose constancia de que se reuni� el qu�rum constitucional requerido. Votaron las se�oras Alvear y Matthei y los se�ores Allamand, �vila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, Garc�a, Horvath, Kuschel, Larra�n, Letelier, Longueira, Mu�oz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, N��ez, Ominami, Orpis, P�rez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag. INCREMENTO DE FONDO DE ESTABILIZACI�N DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETR�LEO El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que adiciona recursos al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de Combustibles derivados del petr�leo, establecido en la ley N� 20.063, con informe de la Comisi�n de Hacienda y urgencia calificada de "discusi�n inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (5721-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 83�, en 15 de enero de 2008. Informe de Comisi�n: Hacienda, sesi�n 84�, en 16 de enero de 2008. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es adicionar recursos al Fondo mediante el cual opera el mecanismo de estabilizaci�n de precios de los combustibles derivados del petr�leo, facultando al Ministro de Hacienda a transferir al citado Fondo hasta el equivalente de 200 millones de d�lares. La Comisi�n de Hacienda discuti� el proyecto tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobaci�n por 4 votos a favor (Honorables se�ores Escalona, Garc�a, Ominami y Sabag) y una abstenci�n (Senador se�or Novoa), en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Senador se�or Escalona. El se�or ESCALONA.- Se�or Presidente, el mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica se�ala que "El mecanismo de estabilizaci�n de los precios de combustibles derivados del petr�leo creado por la ley N� 20.063 ha permitido reducir la volatilidad de estos en el mercado nacional, evitando de tal manera que eventos transitorios en los mercados internacionales generen excesivas variaciones en los precios dom�sticos.". Agrega que, "Como se ha explicado con ocasi�n de la propia ley N� 20.063 y sus modificaciones posteriores, leyes N� 20.115 y 20.197, este mecanismo compara el precio de paridad de importaci�n por combustible con un precio de referencia construido a partir de dos componentes: el promedio m�vil del precio del crudo de petr�leo y el promedio m�vil del diferencial de refinaci�n, que es el margen existente entre el precio del crudo de petr�leo y el precio del combustible refinado que se transa en el mercado internacional. De esta manera, el mecanismo permite mitigar de manera focalizada eventos relacionados con el petr�leo crudo que puedan afectar el precio final del combustible en el mercado local, as� como eventos en el diferencial de refinaci�n que puedan tener este mismo efecto.". Destaca, asimismo, que "Durante los �ltimos a�os, los mercados internacionales han experimentado, por diversas causas, importantes oscilaciones tanto en los precios del petr�leo crudo, como tambi�n en el margen de refinaci�n. El hecho de haber contado en forma oportuna con este mecanismo ha permitido reducir sensiblemente el efecto de tales oscilaciones en el mercado nacional.". Y a�ade que, de acuerdo con lo expuesto, "Durante el �ltimo a�o se ha visto un incremento sistem�tico en el precio internacional del petr�leo crudo, lo que se ha agudizado especialmente en los �ltimos meses.". "En el mismo per�odo" -prosigue el mensaje- "se ha observado un incremento importante en las importaciones de petr�leo di�sel destinadas a satisfacer la demanda energ�tica.". "Los eventos antes descritos" -contin�a- "han significado que el mecanismo ha operado a plena capacidad en meses recientes, consumiendo parte importante de los recursos originalmente contemplados para tres a�os. En este contexto, como muestra de la preocupaci�n constante de este Gobierno por implementar instrumentos que permitan reducir los efectos que generan las fluctuaciones de precios de los combustibles, en el presente proyecto de ley se propone adicionar recursos al mecanismo de estabilizaci�n, que permitan viabilizar su funcionamiento en el per�odo indicado ante el nuevo escenario experimentado en los �ltimos meses, y as� generar los beneficios sociales antes descritos.". En m�rito de lo rese�ado -expresa el mensaje-, "El proyecto que someto a vuestra consideraci�n propone permitir la adici�n de recursos adicionales al mecanismo, otorg�ndole la facultad al Ministro de Hacienda para realizar transferencias desde el Fondo de Estabilizaci�n Econ�mica y Social, al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de Combustibles Derivados del Petr�leo, hasta por el monto de recursos que sean necesarios para su adecuada operaci�n durante la vigencia del mismo, con un tope de US$200 millones.". Durante la tramitaci�n en la C�mara de Diputados, la iniciativa sufri� una leve modificaci�n: se elimin� la palabra "hasta" de la expresi�n "hasta en US$200 millones". De esa manera, su art�culo �nico establece: "Fac�ltase al Ministro de Hacienda para incrementar el Fondo en US$200 millones, mediante una o m�s transferencias de recursos existentes en el Fondo de Estabilizaci�n Econ�mica y Social, creado" -como ya dije- "por el decreto con fuerza de ley N� 1, de 2006, del Ministerio de Hacienda.". De acuerdo con la estimaci�n se�alada por el se�or Ministro de Hacienda en su informe a la Comisi�n, se espera que esa medida permita mitigar los precios en alrededor de 40 pesos por litro, lo cual, durante el verano, tendr� un impacto importante en la capacidad de consumo -sobre todo en el caso de las personas que se aprestan a hacer uso de sus vacaciones-, y en consecuencia, en la baja de la inflaci�n. Y, por otro lado, posibilitar� que las actividades productivas, en especial las energ�ticas, tengan un respiro derivado del precio m�s bajo del di�sel. En virtud de tales razones, la Comisi�n de Hacienda, por 4 votos a favor y una abstenci�n, aprob� la propuesta de ley en los t�rminos en que la despach� la C�mara de Diputados. Por cierto, queda pendiente para el reinicio de la actividad legislativa tras el receso la discusi�n acerca del impuesto espec�fico propiamente tal. El mismo Ministro de Hacienda ha manifestado en forma p�blica que el Gobierno asume la necesidad de abrir un debate con relaci�n a ese tributo, l�gicamente con la intenci�n, no de subirlo, sino de rebajarlo. El se�or PROKURICA.- �Qui�n sabe�! El se�or CHADWICK.- �Vienen las campa�as�! El se�or ESCALONA.- Conviene hacer esa precisi�n, ya que dicho Ministro se�al� su disposici�n a ese respecto. Pero solo habl� de "debatir". Yo entiendo que se trata de debatir con el �nimo de rebajar el referido impuesto. Como expres�, la Comisi�n de Hacienda acogi� en plenitud este proyecto, no obstante que el Senador se�or Novoa se abstuvo, por razones que no me corresponde a m� explicar y que, imagino, �l dar� a conocer durante su intervenci�n. Es cuanto puedo informar, se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Garc�a. El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, yo concurr� con mi voto a la aprobaci�n de este proyecto de ley porque creo que llevar alivio a las familias de clase media en lo concerniente al precio de los combustibles y, de paso, contribuir a rebajar la inflaci�n son objetivos deseados y compartidos. Sin embargo, uno quisiera -y, a mi juicio, es lo que debiera hacerse- ir definitivamente a una disminuci�n del impuesto espec�fico a los combustibles. No parece razonable que el Fisco est�, por un lado, aplicando en esta materia en tributo especial -como hemos dicho en muchas oportunidades, se cre� en la d�cada del 80 con el fin de construir la infraestructura vial que el pa�s necesitaba, lo que hoy se est� haciendo por la v�a de las concesionarias; por lo tanto, desde ese punto de vista, se trata de un impuesto obsoleto-, y por otro, devolviendo parte de los recursos recaudados -no todos-, por la v�a de un subsidio al precio de los combustibles. El Ministro de Hacienda, en declaraciones p�blicas de hace un par de d�as, se�al�, por primera vez, que el Ejecutivo se abr�a a la posibilidad de revisar el impuesto a los combustibles con el prop�sito de disminuirlo. La verdad es que hoy estamos frente a un precio internacional del petr�leo de un nivel al que nadie pens� jam�s que se pod�a llegar. Hace pocos d�as el barril sobrepas� los 100 d�lares; hoy est�, aproximadamente, en 95. Y todo parece indicar que esos van a ser los rangos en que se va a quedar el precio. Por lo tanto, creo que los recursos que estamos aportando al Fondo de Estabilizaci�n se van a agotar y que, al final, nos veremos en la obligaci�n de ir derechamente a una disminuci�n del impuesto a los combustibles. Sin embargo, esta es la propuesta que nos ha tra�do el Ejecutivo. Y he querido votarla a favor porque -repito- me parece que constituye un alivio para la clase media y, sobre todo, una contribuci�n a la lucha contra la inflaci�n. No olvidemos que esta lleg� a 7,8 por ciento a diciembre del a�o reci�n pasado. Esta ma�ana recibimos el informe de pol�tica monetaria del Banco Central. All� se nos se�ala que las alzas de precios se van a quedar por lo menos durante el primer semestre del presente a�o. Es decir, durante el 2008 tambi�n vamos a tener una tasa de inflaci�n bastante m�s all� de 3 por ciento, que es el rango meta que se fij� el Instituto Emisor. La inflaci�n es el impuesto que mayormente afecta a los m�s pobres. Por consiguiente, el Gobierno debe contribuir a las acciones que realice el Banco Central para lograr disminuirla. Y una forma concreta de hacerlo es precisamente bajando el precio de los combustibles; porque una de las razones por las cuales la inflaci�n se ha disparado ha sido el alto valor internacional de ellos. Entonces, nosotros mismos estamos importando una causa de inflaci�n, con lo cual hacemos que la peque�a y la mediana empresas deban soportar una carga financiera mayor, que las familias tengan que afrontar una carga financiera m�s elevada. La gran mayor�a de los hogares se encuentran tremendamente endeudados. Y estoy seguro de que ahora los costos de los cr�ditos que otorgan las casas comerciales a trav�s de tarjetas de diversa �ndole van a subir, lo cual significar� que las familias habr�n de destinar un porcentaje m�s alto de sus ingresos al pago de intereses. Sin embargo, podemos contribuir a disminuir todo eso -no digo a evitarlo, pero s� a rebajarlo- en la medida que bajemos el precio de los combustibles. �C�mo podemos disminuir el valor de los combustibles? Reduciendo significativamente el tributo que los afecta, que es bastante elevado, porque tiene el porcentaje espec�fico y, adem�s, el impuesto al valor agregado. Por eso, yo no reniego de mi voto favorable. Creo, s�, que a la Sala le gustar� mucho escuchar al Ministro de Hacienda explicar por qu� optaron por esta soluci�n y no por una m�s permanente, como ser�a la rebaja del impuesto a los combustibles, luego de que �l mismo as� lo manifestara a la prensa en d�as recientes. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Pizarro. El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, como lo expresaron el Senador informante y el Honorable se�or Garc�a, el Fondo de Estabilizaci�n es un instrumento que permite paliar o regular en parte los precios de los combustibles a los usuarios. Este es un asunto que se ha venido discutiendo por muchos a�os, cada vez que se producen per�odos de alzas en el valor del petr�leo y, por tanto, de los combustibles, lo cual genera bastante inestabilidad y provoca un da�o significativo a los bolsillos de los consumidores. La realidad que viven los precios del petr�leo ha superado los peores pron�sticos. Y esto, en mi opini�n, debe llevarnos a lo que aqu� se ha planteado con claridad y que -entiendo- el propio Gobierno est� tratando de asumir: la revisi�n a fondo del impuesto espec�fico a los combustibles. Nos expresaba el Honorable se�or Escalona que la aplicaci�n de dicho instrumento de estabilizaci�n, con un aporte de 200 millones de d�lares, como se establece en el proyecto, va a generar un indudable alivio a los usuarios. Porque se habla de que el precio de las bencinas podr�a bajar 40 pesos. Pero esa rebaja, con suerte, representar� 5, 6 � 7 por ciento del valor de cada litro de combustible. Por cierto, aquello implica un alivio; pero, claramente, no constituye una soluci�n. Los precios siguen extraordinariamente altos. Y si alguien necesita viajar, hacer turismo, efectuar transporte o trabajar, tal paliativo, con los elevados valores de los combustibles, no es una soluci�n efectiva. Entonces, como se trata adem�s de un factor que ha influido notoriamente en el alza del IPC, el problema ya no tiene solo dimensi�n sectorial, ni siquiera desde el �ngulo de los ingresos del Estado, sino que ahora reviste car�cter nacional, por lo que debe ser encarado con urgencia. Alguien dec�a hoy que la dificultad la constituyen los ingresos estimados en el Presupuesto de la Naci�n por concepto de impuesto espec�fico, que en la pr�ctica se encuentran destinados a inversi�n, a gastos y a satisfacer una serie de necesidades del Estado. Pero ese argumento es bastante relativo, porque, seg�n la informaci�n existente, a ra�z del aumento de los precios el a�o pasado se recaudaron alrededor de 500 millones de d�lares de m�s. Cabe preguntarse, entonces -porque, como se dijo, este tema no es nuevo-, qu� habr�a pasado si la revisi�n del impuesto espec�ficos a los combustibles se hubiese adoptado hace ocho meses o un a�o y cu�nto habr�a influido ello en el alt�simo IPC que tuvimos en 2007. Algunos hablan de un punto o dos. Y esa diferencia, en mi opini�n, justifica plenamente plantearse de una vez por todas y de manera m�s permanente la revisi�n del impuesto espec�fico. Normalmente, uno tiende a hacer referencia al impuesto a las gasolinas, que es m�s alto que el del petr�leo. Pero, de todas maneras, en este hay un porcentaje elevado. Y el petr�leo influye mucho m�s en servicios, en costos de producci�n, en transporte directo, en transporte de pasajeros y de carga. En este �ltimo existe una incidencia directa en los precios al consumidor. Y, sin duda, ha habido en alza en el sector, aunque no tan significativa como los transportistas quisieran, porque no han podido traspasarla al usuario. Pero es incuestionable que las tarifas por los servicios de transporte han subido, lo cual implica un mayor costo que despu�s se traspasa a los consumidores. Y, por supuesto, eso ha generado la inflaci�n de que aqu� se habla. Por lo tanto, se�or Ministro, me parece que el momento es bastante urgente, y la coyuntura, muy dif�cil y complicada como para no encarar el problema. En todo caso, me alegra lo que se ha planteado en t�rminos de revisar el impuesto espec�fico a los combustibles y que exista una apertura clara en tal sentido. Algunos dir�n que ya lleg� el tiempo de las elecciones y que, por tanto, hay que buscar alternativas como aquella. Francamente, para m�, la cuesti�n va m�s por la l�nea que he expuesto. Hay f�rmulas alternativas que permiten garantizar los ingresos tributarios ya comprometidos. Puede establecerse una escala m�vil o flexible que permita operar con la l�gica que he escuchado a ingenieros y a los propios parlamentarios: a mayor precio del petr�leo, menor impuesto, y viceversa. Y habr� que fijar las escalas o las tablas que posibiliten mantener los equilibrios y tener los ingresos tributarios asegurados, pero sobre la base de rebajar sustancialmente los precios de los combustibles al consumidor. Me gustar�a que el Ministro de Hacienda nos pudiera explicar si el Gobierno tiene una estimaci�n de lo que podr�a significar una rebaja sustancial del impuesto a los combustibles y del efecto que ello provocar�a en el IPC. Porque ese c�lculo debe estar hecho. Y es importante que lo tengamos sobre la mesa. Porque si hubi�ramos aplicado tal medida hace seis u ocho meses, probablemente habr�amos tenido un IPC menor y con ello estar�amos resguardando el bolsillo de la gente que vive de un ingreso permanente que, mientras los precios de todo suben a diario, no ha sido objeto de los aumentos que todos quisi�ramos. La otra discusi�n que permanentemente se registra a prop�sito del impuesto a los combustibles es si su rebaja favorece a los sectores de mayores ingresos o a los de menores ingresos. Aqu�, a mi juicio, no existen dos opiniones. Hoy d�a, la gente que tiene veh�culos para distintas actividades, desde lo particular hasta lo productivo, cruza -dir�a- pr�cticamente a la totalidad de la poblaci�n. De una u otra manera, las personas se ven directamente afectadas por estos precios, ya sea porque son usuarias de servicios de transporte o porque son propietarias de veh�culos en los cuales se desplazan o, lisa y llanamente, trabajan. Ello dice relaci�n al peque�o sector productivo agr�cola; al peque�o transportista; al habitante de la Capital que, por las dificultades del Transantiago, opt� por volver a salir en auto, en la medida en que el sistema de transporte p�blico no le garantiza todav�a los horarios, ni la seguridad, ni la eficiencia que todos quisi�ramos. Y si, m�s a�n, agregamos el hecho de que esos mismos usuarios -estoy hablando de particulares- deben pagar, adem�s, peajes bastante altos para desplazarse por las carreteras o ciudades, entonces estamos aplicando un doble impuesto a sectores que lo que realmente necesitan, como aqu� se ha dicho, es un poco de alivio. Me parece que debemos aprobar el proyecto, obviamente, porque da un alivio y permite al Gobierno tomar medidas r�pidas para rebajar los precios de los combustibles. Ac� se ha hablado de 40 pesos, lo que no es demasiado, pero s� reviste importancia. Y pienso que lo m�s relevante es que podamos tener alguna alternativa v�lida, ingeniosa, eficiente, viable, de aqu� a un mes o al empezar marzo, que permita una rebaja sustancial de los impuestos a los combustibles y garantice el equilibrio de los ingresos tributarios que el Estado ya tiene comprometidos. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or VELASCO (Ministro de Hacienda).- Se�or Presidente, como muy bien han dicho varios se�ores Senadores, el pa�s enfrenta hoy una situaci�n muy distinta y m�s dif�cil, evidentemente, en los precios de los combustibles. Hace algunos a�os, el barril de petr�leo costaba 20 d�lares; un a�o atr�s, 60 d�lares; en la actualidad, casi 100, lo que constituye una situaci�n in�dita, sin precedentes. Esto ha tenido dos impactos nocivos en Chile. Primero, ha tocado directamente el bolsillo de la gente, llegado el momento de ir a la bomba a echar bencina al auto o a la camioneta de la peque�a empresa. Segundo, ha contribuido a gatillar una mayor inflaci�n, como la vivida en los �ltimos meses, debiendo el Banco Central -esta ma�ana estuvo aqu� el se�or Jos� de Gregorio, su Presidente- enfrentar presiones por el lado de la oferta, de nuevo bastante in�ditas, tanto en el caso de los combustibles como en los precios de los alimentos. En seguida, justamente el alza, que nadie predijo, del precio de los combustibles ha llevado a que el Fondo de Estabilizaci�n -que el mismo Senado aprob�, estableciendo un monto de 60 millones de d�lares, en junio del a�o pasado- se haya gastado m�s r�pidamente de lo previsto. En ese momento, cuando vinimos a esta Corporaci�n, las proyecciones -no del Gobierno, sino de los mercados internacionales; las impl�citas en los precios- mostraban un precio del petr�leo m�s o menos plano. No es que nosotros lo invent�ramos: es lo que dec�an los mercados. Pues bien, dichas proyecciones no se dieron. Por lo tanto, esos 60 millones de d�lares se han ido agotando. Hoy d�a, el Fondo tiene aproximadamente 13 millones de d�lares. �Cu�l es la expresi�n concreta y tangible para la gente de lo que ha ocurrido? Dado el mecanismo contenido en la ley despachada por el Senado, cuando el Fondo no tiene para financiar doce semanas de cr�ditos a los niveles en que deber�an hallarse, se reduce autom�ticamente la contribuci�n al bolsillo de las personas. En consecuencia, hoy, con 13 millones de d�lares, estamos en una situaci�n en que el cr�dito, tanto para las gasolinas como para el di�sel y la parafina, ha convergido pr�cticamente a cero. En opini�n del Ejecutivo, entonces -y lo han considerado tambi�n as� la C�mara de Diputados y la Comisi�n de Hacienda del Senado-, resulta imprescindible, urgente, hacer un aporte. Y ha propuesto 200 millones de d�lares con una meta en mente: dar tranquilidad a la gente, a fin de que no se requiera enfrentar situaciones imprevistas porque el d�a de ma�ana el Fondo no pueda proporcionar la plata necesaria para la labor que ha realizado muy bien, cual es estabilizar los precios de los combustibles. En el �ltimo a�o, el cr�dito a la gasolina -obviamente, ello fluct�a, porque as� lo establece la ley, pero me refiero a los momentos en que ha sido mayor- ha alcanzado a 57 pesos por litro, y a m�s de 30 en el caso del di�sel. Es decir, cuando hemos visto un incremento brusco en los precios internacionales, el Fondo -por supuesto, cuando ten�a los recursos- ha contribuido a aplacarlo, menos en las �ltimas semanas, y a echarle una manito al bolsillo de la gente de clase media. Nos parece imprescindible contar con los recursos se�alados -ojal�, a la brevedad-, por lo cual agradezco de antemano la posibilidad de que el proyecto sea aprobado hoy, lo que permitir�, como lo dijeron algunos se�ores Senadores, restablecer el cr�dito a sus niveles normales, para estos precios. Y, en nuestra estimaci�n, ello significa aproximadamente 40 pesos -quiz�s, algo m�s- por litro, lo que deber�a reflejarse en un menor costo al comprar combustible. Lo anterior es una prioridad que pienso que todos compartimos. No he escuchado, en estos d�as de debate parlamentario, un matiz al respecto. Por consiguiente, insisto en la importancia de disponer de esos recursos prontamente, como espero que ocurra. Cada semana que pasa es un tiempo en el cual no est�n los fondos en el mecanismo de estabilizaci�n, y, por lo tanto, no se puede aplicar el cr�dito al precio de las bencinas, del di�sel y del queroseno. �Qu� m�s ha planteado el Gobierno en el contexto de esta nueva coyuntura? Ha dicho: "A circunstancias nuevas, miradas nuevas". Naturalmente, cuando el precio del petr�leo es de 20 d�lares por barril y la inflaci�n alcanza a 2 por ciento anual, la situaci�n es distinta y las pol�ticas aconsejables difieren de aquellas que corresponden cuando el precio del barril es de casi 100 d�lares y la inflaci�n sobrepasa 7 por ciento. Por eso, el Gobierno ha dicho -y lo reitero aqu�- que no descarta ninguna opci�n y que est� disponible para analizarlas todas, en el entendido de que el objetivo com�n es disminuir el efecto de estos precios en el bolsillo de la gente y apoyar al Banco Central en la labor, que es de todos, de disminuir la inflaci�n. Algunos se�ores Senadores han pedido mayores detalles. En respuesta a esas inquietudes, y m�s que coartar el debate o anticiparme a lo que pueda ser, quisiera proponer que lo llev�ramos a cabo como debe ser en democracia y que hici�semos los planteamientos con la informaci�n y los datos correspondientes. Me adelanto a a�adir que, justamente en una circunstancia de tanta volatilidad e incertidumbre en los precios, resulta muy importante ver c�mo va evolucionando el del petr�leo a la hora de tomar decisiones. Mas reitero aqu� la voluntad del Ejecutivo de no descartar opciones en la b�squeda de alternativas para disminuir el impacto de los mayores precios y, asimismo, contribuir a la baja de la inflaci�n. Pero, adem�s -y aqu� termino-, tenemos hoy un instrumento disponible, ya en operaciones, que es el Fondo. Nos parece imprescindible contar con los recursos de que se trata, de modo que pueda volver a operar, y que, al hacerlo, pueda echarle una manito a la gente, especialmente en este per�odo de verano, en que todos queremos salir a unas merecidas vacaciones. Gracias. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, pido que se abra la votaci�n, porque el proyecto es muy importante y quedan pocos minutos para que termine el Orden del D�a. Y la idea es despacharlo en esta sesi�n. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se abre la votaci�n. --(Durante el fundamento de voto). El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Conforme a la lista de inscritos, tiene la palabra el Senador se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, la verdad es que no comparto el diagn�stico planteado por el se�or Ministro de Hacienda. En general, hace varios a�os que todos los analistas y los estudios serios, nacionales y extranjeros, se�alaban que el precio internacional de los combustibles iba a subir de manera sistem�tica en el tiempo -aunque tal vez no con el alcance de que el petr�leo llegar�a a 100 d�lares el barril- y que, en definitiva, los precios altos hab�an llegado para quedarse. Por eso, no concuerdo con el diagn�stico de que "ante nuevas realidades, nuevas medidas". Para ver particularmente el asunto de la gasolina, cabe hacer presente que 58 por ciento del valor corresponde hoy al precio base y 42 por ciento solo a tributos. Y el impuesto espec�fico, creado originalmente para financiar la construcci�n de carreteras, se transform� despu�s, a medida que fue aumentando, y pas� a constituir un elemento de recaudaci�n fiscal. En 1992, su valor era de 3,6 UTM por metro c�bico; en 1995, de 4,4 UTM; en 2000, de 5,2 UTM, para permanecer en 6 UTM a partir de 2001. Por lo tanto, repito, primero, que los altos precios se hab�an previsto hace bastante tiempo, y segundo, que el impuesto espec�fico se transform� en un elemento de recaudaci�n. Algunos de nosotros preve�amos, se�or Presidente, coincidiendo con los analistas internacionales, que los precios altos hab�an llegado para quedarse. Por tal raz�n -y ello le consta al se�or Ministro de Hacienda-, en el a�o 2006 presentamos una propuesta para establecer, no el mecanismo transitorio de un Fondo, sino un sistema permanente, como lo es un impuesto m�vil a los combustibles. �Qu� se persigue con esa medida? Como el aumento del precio final de la gasolina se debe a un alza en el precio base y, por lo tanto, al impacto en la base tributaria del IVA, la propuesta del impuesto variable busca neutralizar el incremento del IVA mediante una disminuci�n del impuesto espec�fico de igual magnitud que el IVA. De esta manera, la recaudaci�n anualizada se mantendr�a pr�cticamente constante, al contrario de lo que sucede ahora, cuando sube al aumentar el precio. Repito: desde 2006 hemos sugerido un impuesto m�vil a los combustibles. Y el efecto fiscal no era feroz. Nos pusimos en tres escenarios distintos: cuando el precio sub�a 5 pesos por sobre los 600, que es donde se gatilla el mecanismo, y cuando se incrementaba en 25 y en 50 pesos. En el primer caso, la menor recaudaci�n tributaria en un per�odo de seis meses llegaba a no m�s all� de 2,7 millones de d�lares; en el segundo, a no m�s all� de 13,7 millones, y en el tercero, a no m�s all� de 27,5 millones. Esa propuesta se encuentra en poder del se�or Ministro de Hacienda desde hace dos a�os. De manera que no se trata de una improvisaci�n. Ante las constantes alzas en el precio de los combustibles, planteamos un sistema permanente. Reci�n ahora -ignoro si ello coincide o no con el cambio de Gabinete- el Gobierno se ha abierto a la posibilidad de establecerlo. Pero era necesario llegar a eso, se�or Presidente, cuando por un lado se otorga un subsidio y por el otro no se disminuye la recaudaci�n tributaria. Es decir, lo que se reduce en las arcas fiscales por concepto de subsidio, se recupera hoy v�a mayor recaudaci�n tributaria en raz�n de los aumentos de precio. Obviamente, es el mejor de los escenarios. Pero lo l�gico ser�a establecer un sistema permanente -vamos a seguir insistiendo en ello- y el impuesto m�vil, tantas veces planteado desde el a�o 2006. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, debo manifestar que mi abstenci�n en la Comisi�n tuvo como prop�sito preciso que se discutiera en profundidad ac� en la Sala cu�l es el sistema m�s adecuado para evitar que el precio internacional de los combustibles provoque un impacto en la poblaci�n y, al mismo tiempo, que se efectuara un an�lisis a fondo y se escucharan compromisos de parte del se�or Ministro de Hacienda con respecto a los anuncios efectuados en cuanto a la modificaci�n del impuesto espec�fico a los combustibles. Creo que, efectivamente -tal como manifest� el Senador se�or Orpis-, no resulta razonable que los ingresos fiscales aumenten en la misma medida en que se incrementen los precios internacionales de los combustibles. Por lo dem�s, esa situaci�n es tan insostenible que, por otro lado, es necesario compensar de alguna forma a la poblaci�n mediante el Fondo de Estabilizaci�n de Precios, el que en definitiva puede transformarse en gasto, como ha ocurrido en el pasado. Porque esos recursos se agotan, y lo que inicialmente se establece como un Fondo de Estabilizaci�n de Precios termina siendo un aporte fiscal, que constituye un gasto, o un subsidio, o una compensaci�n por el mayor precio de los combustibles. A mi juicio, estudiar un impuesto variable, que signifique disminuir el impuesto espec�fico cuando el precio internacional supere cierto margen, y, cuando este se halle en niveles normales o bajo ellos, aquel vuelva a la tasa habitual, es, quiz�s, el sistema m�s apropiado y objetivo. Porque, cuando suben los precios internacionales, los ingresos fiscales aumentan por concepto del IVA. Entonces, perfectamente podr�a aplicarse una rebaja equivalente en el impuesto espec�fico. Con ello se conseguir�a el prop�sito de la estabilizaci�n del precio y no disminuir�an los ingresos fiscales. Esa fue la raz�n por la cual me abstuve en la Comisi�n. Pero en la votaci�n ac� en la Sala me pronunciar� favorablemente, porque estimo fundamental acudir en auxilio de las personas afectadas por la inflaci�n, que es bastante alta. Y esta, debido al aumento internacional de los precios de los combustibles, se expresa, adem�s, en un alza muy significativa, que perjudica principalmente a los sectores de clase media, a los que perciben un ingreso fijo, que muchas veces no tienen capacidad para defenderse del efecto inflacionario. Finalmente, pienso que una modificaci�n al esquema tributario del impuesto a los combustibles podr�a ser una forma m�s objetiva o menos discrecional que el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles. Debemos reconocer que hace poco m�s de seis meses, cuando se dict� la ley que ahora se propone modificar, se fijaron par�metros m�s objetivos para la aplicaci�n del Fondo. Sin embargo, la iniciativa para aportarle recursos va a depender siempre del Poder Ejecutivo, y, desde ese punto de vista, puede ser discrecional. En efecto, el Gobierno podr� encontrarse dispuesto a enviar un proyecto antes de un proceso eleccionario, pero no en un per�odo normal. El establecimiento de un mecanismo permanente para modificar el impuesto espec�fico y compensarlo con el IVA asegura plena transparencia en la materia, lo cual creo que es muy importante para la ciudadan�a. Votar� que s�. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, el proyecto en debate tiene por objeto incrementar el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de Combustibles Derivados del Petr�leo. Si uno analiza el punto, el prop�sito de ese tipo de fondos lo indica su nombre. Pero el que nos ocupa no estabiliza los precios. En la pr�ctica, y todos lo saben, solo trata de amortiguar las alzas. Porque nadie pens� -ninguna revista especializada lo ha sostenido, ni la m�s modesta- que los precios no iban a subir. Le recuerdo al Ministro de Hacienda que hace unos cuatro meses enviamos una carta a la Presidenta de la Rep�blica y a su persona, que se denomin� "Carta de Atacama", donde dec�amos que todas las revistas t�cnicas afirmaban que el precio del barril de petr�leo llegar�a a 100 d�lares. O sea, esto no era una inc�gnita, sino un secreto a voces: todo el mundo sab�a que este producto iba en alza. Ahora, �por qu� me preocupa que el Gobierno env�e este proyecto y no uno que termine con la causa del problema? Porque, analizada en profundidad la situaci�n, si bien la medida propuesta resulta muy agradable para quienes tenemos que cargar combustible en las bombas hoy d�a y para quienes deben asumir costos importantes (taxistas, colectiveros, micreros y camioneros) pues se amortiguar�n los efectos de las alzas, tal soluci�n es como ponerle un parche curita a quien padece c�ncer o hacerle una transfusi�n a un enfermo descuidando la herida. Ello, porque tal situaci�n va a continuar. La cuesti�n de fondo ha sido planteada aqu� por los Senadores se�ores Garc�a y Orpis -y el se�or Ministro anunci� que se presentar� una iniciativa al respecto, lo cual me alegra mucho- y tiene que ver con hallar la manera de rebajar el impuesto espec�fico de los combustibles. Este es uno de los m�s altos del mundo y afecta -en esto no se equivoque, Senador Pizarro- no solo a la gente de clase media, sino tambi�n a las personas m�s modestas, quienes, en mi opini�n, pagan el mayor costo derivado del incremento en los precios de los combustibles. �Por qu�? Porque, aunque no tengan veh�culo, resulta que en Chile hay que transportar la leche, el pan, la carne, todo... El se�or PIZARRO.- �Yo dije eso! El se�or PROKURICA.- Me parece muy bien. Esa es la cuesti�n de fondo. De una vez por todas hay que analizar el problema en sus causas. La actual estructura impositiva, se�or Ministro, tiene un incentivo perverso. Pareciera que a todo el mundo le doliese cuando el precio internacional de los combustibles sube; no obstante, yo noto en usted una tremenda sonrisa, porque a Hacienda le conviene el alza. Parece incre�ble, pero es as�: cada vez que se eleva el precio internacional, como el IVA es proporcional, las arcas fiscales aumentan. El a�o antepasado la recaudaci�n lleg� a 1.600 millones de d�lares y el a�o pasado, a 1.900 millones de d�lares. Para 2008, algunas revistas estiman que, de seguir las cosas as�, se recolectar�n 2.300 millones de d�lares solo por concepto del impuesto espec�fico. Me alegro de que hoy d�a se haya visto la luz al final del t�nel, aunque es tarde, pues, en mi opini�n, no cab�a esperar para hacer este debate. De hecho, el proyecto en an�lisis nunca tuvo que haberse enviado. Debi� presentarse una iniciativa tendiente a modificar la estructura tributaria de los combustibles, a fin de resolver la causa del problema. Adem�s, aprovecho de pasarle un aviso al se�or Ministro que tambi�n estaba contenido en la denominada "Carta de Atacama": la gente que trabaja en el transporte de pasajeros (taxistas, colectiveros y otros) tambi�n vive una realidad muy dif�cil, porque el gasto en combustible constituye el 80 por ciento de sus costos. Por lo tanto, en la actualidad ella est� trabajando para subsistir. Ante tal realidad, le solicito -ojal� se incluya en la discusi�n sobre la rebaja del impuesto espec�fico- que esas personas puedan acceder al beneficio de descontar el 25 por ciento de tal tributo. Los camioneros cuentan hoy d�a con esa ayuda, pero no as� el sector de los colectiveros y taxistas. Muchas veces se me ha dicho: "No, es que no llevan contabilidad". Eso es un detalle. Arreglemos la situaci�n de ese sector, porque esa gente lo est� pasando mal, se�or Ministro. Si la queremos ayudar, d�mosle una mano en serio. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or V�squez. El se�or V�SQUEZ.- Se�or Presidente, me alegra mucho que este proyecto se haya visto hoy, porque, evidentemente, tiende a paliar una situaci�n urgente, grave e indispensable de abordar por parte del Gobierno. De modo que la cr�tica al hecho de que se haya enviado esta iniciativa y no otra es absolutamente reversible, porque otra habr�a sido de m�s lato conocimiento, de m�s larga tramitaci�n. Por tanto, no habr�amos podido reaccionar ante el impacto que estas alzas han generado en la poblaci�n, que es lo que queremos evitar. Adem�s, quiero discordar con aquellos que se�alan que el impuesto espec�fico de los combustibles es la causa del problema. Esta radica en otra parte: en Medio Oriente, en los conflictos derivados de las guerras o del cartel de la OPEP. Eso determina el precio internacional de los combustibles, que repercute en el pa�s no solo en el valor directo de estos, sino tambi�n en todos los costos asociados y derivados de su aplicaci�n. El que se ha mencionado aqu�, fundamentalmente, es el transporte. No olvidemos que hoy hasta la generaci�n de energ�a el�ctrica se basa m�s en la utilizaci�n del di�sel -incluso del carb�n-, por lo cual, los costos se asumen en funci�n del aumento del precio internacional de los combustibles. Concuerdo en que hay que rebajar el impuesto espec�fico y comparto el criterio general que tiene como meta la proposici�n de la Alianza, en el sentido de establecer una suerte de compensaci�n: como al aumentar el valor del tributo, que es la base imponible, sube la recaudaci�n por medio del IVA, deber�amos tener, por tanto, seg�n la teor�a, un impuesto m�vil. En esta �ltima parte yo no estoy de acuerdo. En mi opini�n, hay que modificar la estructura tributaria en t�rminos tales que resulte lo menos alterada posible pero con un efecto similar a lo planteado. He se�alado al se�or Ministro de Hacienda que mi proposici�n va en el mismo sentido, pero con un mecanismo distinto. Este consiste en que, tal como el IVA a la construcci�n constituye un cr�dito contra el IVA o contra otros grav�menes -como el de Primera Categor�a-, a partir de cierto rendimiento tributario el impuesto espec�fico al combustible debiera constituir un cr�dito contra otros tributos, con la gran ventaja de que el sistema recaudatorio -a diferencia del ejemplo del IVA a la construcci�n- se halla absolutamente focalizado. O lo paga ENAP, por la refinaci�n, o los importadores, por el ingreso al pa�s del di�sel, del queroseno o de la gasolina. De modo que no son m�s de diez los contribuyentes que deben recaudar el impuesto espec�fico a los combustibles y son ellos los que tendr�an derecho a la aplicaci�n del cr�dito. En ese sentido, creo que ser�a altamente conveniente realizar un estudio que permitiese mantener la estructura tributaria con el efecto de la compensaci�n del impuesto. Porque nadie puede prever que a lo mejor el d�a de ma�ana nos llenaremos de gas. No hay que olvidar que este gravamen se aplica solo a las gasolinas y al combustible automotor. En consecuencia, no todo combustible est� afecto al impuesto espec�fico. Por ello, cambiarlo resulta tremendamente complicado. Yo prefiero dejarlo como est� y, simplemente, buscar un mecanismo alternativo que posibilite la compensaci�n correspondiente. Me alegra mucho que el Ministerio de Hacienda haya propuesto esta modificaci�n al Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles, que voy a votar favorablemente. Y sugiero un cambio en el mecanismo para aplicar el impuesto espec�fico, tal como he se�alado. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Arancibia. El se�or ARANCIBIA.- Se�or Presidente, me sumo a la felicidad que siente el Senador se�or V�squez por la propuesta contenida en este proyecto, que aliviar� los bolsillos de los chilenos en cuarenta pesos, seg�n dicen, una vez aprobada la iniciativa, a la cual, ciertamente, voy a concurrir con mi voto favorable. En t�rminos generales, quiero expresar que, en su concepci�n b�sica, esta ley no solo se aplic� cuando el barril de crudo costaba 20 d�lares -despu�s subi� a 60 y ahora se halla en los 100-, sino que buscaba absorber las fluctuaciones que experimentaba el precio del combustible en determinado per�odo de tiempo. Ese era su prop�sito, y lo sigue siendo. Pero, si Sus Se�or�as atienden a c�mo se ha movido el valor de dicho precio en el �ltimo a�o, observar�n que las variaciones son m�nimas. La pendiente es pronunciad�sima; es decir, va en una escalada de incremento de precios absoluta, casi sin fluctuaciones. Por lo tanto, la regla de oro que opera en este caso, si bien ha funcionado, tal como se plantea ac�, no constituye la soluci�n del problema. Por cierto, vamos a apoyar este traspaso de 200 millones de d�lares, porque esos recursos le permitir�n al sistema, bien o mal, seguir funcionando. Como dijo el se�or Ministro, quedan 13 millones de d�lares para absorber las alzas, y con esos recursos el Fondo no operar� en la forma prevista. Por lo tanto, valoro esta iniciativa legal, porque, de alguna manera, va a mejorar el sistema. La otra cosa que me alegra es que se abriera la posibilidad de presentar un proyecto -entiendo que de eso se trata; despu�s discutiremos aqu� en forma amplia y profunda sus alcances y contenidos- que permita controlar el alza que se produce ciertamente por el incremento del precio del petr�leo -como expresaba el Senador se�or V�squez-, pero que se ve aumentada exponencialmente por los impuestos que se le aplican. Sobre este �ltimo aspecto vamos a poder operar. Pero dejo constancia de algo importante: cualquiera que sea el proyecto, su origen debe ser el Ejecutivo. Nuestras ideas pueden ser m�s o menos brillantes, m�s o menos trascendentes, pero la iniciativa -y, por lo tanto, la responsabilidad- con relaci�n al precio de los combustibles hoy d�a recae absolutamente en el Gobierno. Y el hecho de que le estemos aprobando el texto en an�lisis con la celeridad que hemos procedido habla de nuestra disposici�n a colaborar para mejorar una situaci�n que ha sido generada por un retardo de propuestas espec�ficas del Ejecutivo tendientes a controlar, entre otros indicadores, la inflaci�n. Quiero dejar claro eso. Mi voto va a ser favorable. La soluci�n que encontremos -sea la del Senador se�or V�squez, la del Senador se�or Orpis, la del Senador se�or Novoa, etc�tera-, que permita al Estado asegurar un nivel de ingresos por la l�nea impositiva que se establezca, me parecer� justa. Espero ver resuelto este problema en el mediano plazo. Escuch� en los medios de comunicaci�n que en marzo pr�ximo el Ministerio de Hacienda estar�a presentando el proyecto respectivo. Si fuese as�, tendremos tiempo para debatir sobre el particular antes del inicio del proceso eleccionario, que era otra de las preocupaciones que ten�amos sobre la materia. Ojal� seamos capaces de generar un buen debate en su momento y tengamos la suerte de que el incentivo para que ello suceda -el proyecto que debe mandar el Ejecutivo- se haga efectivo lo antes posible, a objeto de que la situaci�n actual no se mantenga en el tiempo. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Kuschel. El se�or KUSCHEL.- Se�or Presidente, nuestro pa�s posee un intensivo transporte interno de pasajeros y de carga por su fisonom�a f�sica, su geograf�a, y tambi�n por su comercio de exportaci�n. No comparto la idea del Senador se�or V�squez en cuanto a que el impuesto espec�fico a los combustibles lo pagan tres empresas. Lo pagamos todos los consumidores, y a veces con poco crecimiento o con inflaci�n considerable, como sucede ahora. Cada vez que se ha tramitado un alza del impuesto espec�fico he votado en contra, porque mi Regi�n se encuentra a mil kil�metros al sur de Santiago. El pa�s se halla concentrado. Y los altos precios de los combustibles, adem�s, favorecen la centralizaci�n. Por eso Chile est� amontonado alrededor de la Capital. Ahora el se�or Ministro nos dice que discutiremos este proyecto sin la informaci�n ni los datos de respaldo correspondientes. No se respondi� la pregunta del Honorable se�or Garc�a, ni la del Senador se�or Pizarro, en cuanto a saber cu�les son las alternativas que consider� dicha Cartera, cu�les fueron los detalles, c�mo se evalu� esta propuesta -para tener los antecedentes sobre la mesa, como se�al� el Honorable se�or Pizarro-, cu�les son los montos inyectados desde la creaci�n del Fondo de Estabilizaci�n, cu�les son las fechas que se manejan. �Por qu� digo esto �ltimo? Porque recordemos que una vez, con posterioridad a una elecci�n presidencial, se incrementaron los precios de los combustibles. Debieron haber subido mucho antes, pero lo hicieron una o dos semanas despu�s, cuando se hallaba asegurado el resultado eleccionario. Asimismo, �en cu�nto se estabiliza el precio de los combustibles?; �en cu�nto se rebaja la inflaci�n?; �qu� impacto tendr� sobre esta lo que se propone? Porque nos dicen que el objetivo de la iniciativa es ayudar a enfrentar la inflaci�n. Ahora, el aumento de esta se explica -como expres� el se�or Ministro cuando discutimos la Ley de Presupuestos- por un alza en el costo de la energ�a, en el precio de los combustibles de todo tipo y de los alimentos. Y yo agregar�a: por un incremento desordenado en el gasto p�blico. El gasto p�blico se elev� en casi 10 por ciento y estamos creciendo 4 � 5 por ciento. �Ser�n compatibles esos indicadores? Un pa�s que crece poco y gasta mucho sufre un impacto en su inflaci�n, a no ser que hayan cambiado mucho las reglas en Econom�a. Ahora bien, como aumenta la inflaci�n, el Banco Central sube las tasas de inter�s. Y eso repercute en los deudores -por la UF-, pero tambi�n en la actividad econ�mica. Como se eleva la tasa de inter�s, la gente compra menos; al comprar menos, se produce menos y nuestra econom�a de nuevo crece menos; al crecer menos, se vende menos, los empresarios invierten menos y se contrata a menos gente. Y son las contrataciones, los empleos, los que generan la riqueza. Por tal motivo, pido que se d� m�s informaci�n, porque hasta aqu� todo es vago, general. En Regiones nosotros tenemos problemas particulares; hay carencias mayores. La que represento se halla a mil kil�metros de Santiago; otras, se encuentran mucho m�s atrasadas y distantes. Chile sigue cortado. La gente de Chait�n, de Futaleuf�, de Palena tendr� que pagar m�s todav�a por un servicio de trasbordo que ya es de mala calidad, caro, lento, impreciso e irregular en sus horarios. De Puerto Montt al sur se cuenta con una sola v�a, a veces con mucho tr�fico, otras, con poco. El Plan Chilo� no avanza. Entonces, la cuesti�n energ�tica resulta fundamental para las Regiones, no solo para Santiago. Por los motivos expuestos, votar� que s�, se�or Presidente, dado que, por primera vez, se plantea bajar los impuestos en esta materia. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Letelier. El se�or LETELIER.- Se�or Presidente, es dif�cil oponerse a reforzar el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de Combustibles Derivados del Petr�leo. Resulta evidente que se trata de una contribuci�n para evitar las presiones inflacionarias originadas en el alza descomunal del precio internacional del petr�leo. Y ayudar�, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, a los bolsillos no solo de la clase media, sino tambi�n de varios otros sectores de la econom�a. Quiero compartir una paradoja que me llama la atenci�n. Por lo regular, cuando aumentan los precios, el consumo deber�a bajar. Pero en nuestro pa�s sucede que, a pesar del alza significativa que han experimentado, un segmento de consumidores contin�a un proceso acelerado de compra de veh�culos (entre 220 mil y 250 mil). La gran mayor�a de ellos funciona con bencina. Quienes adquieren autos petroleros pertenecen m�s bien al segmento ABC1. El resto prefiere los bencineros. Nos hallamos frente a un fen�meno que se presenta a nivel nacional. En alg�n momento tendremos que discutirlo en su m�rito, m�s a�n si somos una naci�n con poca producci�n de petr�leo o de sus derivados. Siento que habr� que analizar en su minuto si los acuerdos de libre comercio han afectado en esta materia. Adicionalmente, es evidente que, al abrir el debate acerca del Fondo de Compensaci�n, muchos estamos tentados de abordar lo relativo al impuesto espec�fico a los derivados del petr�leo. Soy de los que aplaudieron, al igual que muchos ciudadanos, la invitaci�n del Ministro de Hacienda a que en marzo se inicie una discusi�n para revisar dicho tributo. Ser�a ideal que pudi�ramos establecer alg�n tipo de instrumento m�vil, de acuerdo con el precio internacional. Creo que tendremos la capacidad de construir algo en tal sentido. Si fuera posible, incluso se podr�a ir un poco m�s all� en la reducci�n de tal gravamen, compens�ndolo con la eliminaci�n de subsidios que ya no son necesarios, como el dirigido a la construcci�n, gracias al cual se devuelve entre el 60 y el 70 por ciento del IVA. Sin duda, me parece que ser�a bueno contar con un instrumento que tuviera un impacto para desacelerar en forma importante el aumento de la inflaci�n. Lo expuesto nos lleva a otro debate, relacionado con lo que se discuti� con el Banco Central hoy en la ma�ana. Algunos vimos sin mucha satisfacci�n c�mo el Instituto Emisor no quer�a hacerse cargo de fen�menos que est�n afectando a diversos sectores de la econom�a con el alza del d�lar, situaci�n que est� llevando a la quiebra a muchos peque�os exportadores nacionales. Se trata de una situaci�n dram�tica. Por lo anterior, en la Comisi�n pregunt� varias veces a los representantes del Ministerio de Hacienda qu� pasar�a si los 200 millones de d�lares que se traspasan al Fondo de Estabilizaci�n -como se plantea- fueran comprados en el mercado. Ello permitir�a, por lo menos, parar el absurdo de ser el pa�s donde la moneda nacional se ha fortalecido m�s, pero con efectos dram�ticos para amplios sectores de la econom�a. Y esperamos que cuando en marzo se discuta lo relativo al impuesto espec�fico logremos entender que tambi�n debemos abordar una materia poco grata, en cuanto a qu� se hace con el impuesto al di�sel. El parque automotriz se "dieseliza" cada vez m�s. S� que eso constituye un debate inc�modo e ingrato. Pero en alg�n momento hemos de asumir qu� pasa con los sectores de mayores ingresos que compran veh�culos di�sel y terminan pagando menos impuestos en el momento de adquirir el combustible para dichos veh�culos, los que no son asequibles a todos los sectores. Se�or Presidente, considero que el Fondo de Compensaci�n es positivo. Hago m�as las reflexiones de la Presidenta Bachelet cuando convers� con el Presidente Ch�vez. Como este habla tanto de la regi�n y de la solidaridad, bueno ser�a que aumentara la producci�n de petr�leo en particular para nuestra regi�n, a fin de que los pa�ses pobres o en desarrollo no deban pagar tan altos precios por dicho combustible. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, el alza del petr�leo a nivel internacional ha significado para el Fisco chileno un gran negocio: ha ganado plata como nadie sin haber hecho ning�n esfuerzo. Simplemente, por efecto de los impuestos, los ingresos finales -se esperaban mil 400 millones de d�lares- terminaron siendo en el 2007 de mil 900 millones de d�lares, de acuerdo con informaciones aparecidas estos d�as en la prensa. Es decir, sin moverse de su escritorio, el Fisco gan� 500 millones de d�lares. El punto es de d�nde salieron: del bolsillo de la clase media chilena, la principal usuaria de los combustibles. Aqu� hay una situaci�n que creo francamente inequitativa. No puede ser que el Fisco crezca a costa de los chilenos sin justificaci�n y sin necesidad. Por lo tanto, cuando se plantea un proyecto de esta naturaleza - como dijo el Ministro de Hacienda, constituye "una manito" para la clase media-, yo pregunto por qu� no darle la mano. A esta se le ha dado un gran "manotazo", no digo intencionadamente, pues ello es el resultado del sistema tributario que afecta a los combustibles, y ha sufrido las consecuencias de esta situaci�n. Estimo que lo justo no es hacer las cosas como se est�n proponiendo. Por cierto que el Fondo y esta contribuci�n de recursos ayuda. El Ministro propone que en marzo nos sentemos a conversar y a resolver lo relativo al impuesto espec�fico a los combustibles. �Por qu� esperar ese mes? �Por qu� no podemos resolver estos temas ahora? �Hay temor a rebajar el impuesto, o a tener un tributo m�vil, como aqu� se ha dicho? Esta �ltima es una idea que ha circulado desde hace mucho rato, a objeto de que el Fisco no tenga perjuicios. Se esperaban mil 400 millones de d�lares. Con esta modalidad, si sube el precio, baja el impuesto; pero si disminuye -tambi�n hay que ponerse en ese escenario-, aquel aumenta. De esa manera, el Fisco no pierde plata. Pero se hace justicia. As�, la gente no deber� desembolsar frente a una situaci�n distinta en el mercado internacional, y el Fisco ganar� a costa de aquella cuando suba el precio, que es lo que ocurre hoy d�a. Este no es un fen�meno reciente. Llevamos ya varios a�os con el mismo escenario. Y aunque injusta, la situaci�n tiene remedio. Quiero ver al Gobierno y al Senado preocupados por la clase media. Y una se�al clara, precisa, ser�a rebajar el impuesto espec�fico a los combustibles. No ma�ana, sino hoy. Lo podemos hacer ahora. No se trata de dar una mera "manito" a la clase media, sino de darle la mano, ayudarla de frent�n. Porque a la gente con recursos no le importa el aumento. Por su parte, los m�s humildes caminan o andan en micros; tienen efectos menores o simplemente reciben subsidio. Pero la clase media se encuentra al garete. Creo que lleg� la hora de que entreguemos se�ales concretas. Ojal� que esta hubiese sido una de verdad, y no a medias. Votaremos a favor, pero de nuevo con la insatisfacci�n de que seguimos dejando las cosas a mitad de camino, sin llegar a la meta por haber perdido el rumbo. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Longueira. El se�or LONGUEIRA.- Se�or Presidente, en primer lugar, quiero referirme a la urgencia de "discusi�n inmediata" asignada al proyecto. Ello es una demostraci�n m�s de la improvisaci�n de tener que votar algo que era evidente que iba a ocurrir. Los informes aparecidos en la prensa, los estudios respecto al aumento del precio del petr�leo no son una novedad. Y eso nos obliga a pronunciarnos a favor. Sin embargo, como se ha dicho reiteradamente en las intervenciones, no constituye la soluci�n de fondo al problema. Hay un punto que nadie ha destacado y que deseo mencionar. El Fisco ha tenido una doble recaudaci�n. Por cierto, una muy importante es a trav�s del IVA. Por el solo hecho de que aumenten los precios percibe ingresos muy significativos. Pero, paralelamente, en los dos �ltimos a�os ha tenido una recaudaci�n excepcional, producto del cambio de la malla energ�tica del pa�s, al suplir el gas de Argentina por petr�leo. Hoy pr�cticamente ninguna central t�rmica en Chile est� funcionando con gas de ese pa�s. Todas ellas funcionan hoy con un sistema distinto, porque ya no son abastecidas de gas. Y ese traspaso energ�tico ha significado durante estos �ltimos a�os un incremento enorme en los metros c�bicos de consumo de petr�leo. Ello ha implicado otra recaudaci�n extraordinaria para el Fisco, que por cierto no estaba considerada. El se�or SABAG.- Se devuelve ese IVA. Las empresas lo recuperan. El se�or LONGUEIRA.- No estoy hablando del IVA, sino del aumento en el consumo de petr�leo. En consecuencia, hay una doble recaudaci�n por el incremento del consumo. Ya se ha mencionado el crecimiento del parque automotriz. El efecto en el ingreso del erario es indudable. Por lo tanto, el informe financiero debiera no solo entregar el gasto que implica el proyecto -es bastante obvio se�alar que su costo es de 200 millones de d�lares, porque esa es la cantidad que se propone aportar-, sino que tambi�n tendr�a que indicar a cu�nto ha llegado la mayor recaudaci�n. Y no tengo ninguna duda en decir que este a�o ha resultado considerablemente superior a esa suma por efectos de mayor recaudaci�n del IVA y consumo de metros c�bicos de derivados del petr�leo, el cual, en el fondo, es lo que consume hoy d�a el pa�s, principalmente por la crisis de la malla energ�tica y, adem�s, por el crecimiento del parque automotriz. Por eso, se�or Presidente, deseo manifestar que esta es la �ltima vez que concurro con mi voto favorable a este tipo de soluci�n. En mi opini�n, el Senado tiene que hacer presente al Ejecutivo lo que hemos venido sosteniendo reiteradamente a trav�s de distintas propuestas y en diferentes discusiones, en cuanto a que la soluci�n de fondo radica en establecer un impuesto espec�fico menor o uno espec�fico vol�til en funci�n del precio. En verdad, carece de todo sentido que el Fisco obtenga una recaudaci�n extraordinaria, muy cuantiosa, a costa de que todos los chilenos estemos sufriendo el aumento del precio del petr�leo, lo cual genera -ya se ha mencionado en otras intervenciones- un efecto directo en la clase media y especialmente en los sectores m�s pobres que el a�o pasado vieron subir la inflaci�n a 7,8 por ciento. Esto en gran medida se debe a los efectos que ha tenido en la industria nacional el costo de producci�n al haber cambiado la malla energ�tica del pa�s. A ello, debe agregarse el impacto que ha provocado en el mundo el aumento del precio de los combustibles. Pero no parece coherente que ello ocurra con el Fisco que tiene las holguras que hoy d�a todos conocemos. Cuando uno planteaba hace algunos a�os la posibilidad de rebajar impuestos, el planteamiento inmediato era sobre qu� se pretend�a reducir en el gasto social. Afortunadamente, ahora, cuando se sugiere la necesidad de rebajar tributos, parecer�a de mal gusto argumentar lo que se desea achicar. Porque lo �nico que compartimos en general es que el Fisco no puede gastar todos los recursos que recauda y que debe ahorrarlos en el extranjero. Porque existe una recaudaci�n fiscal enorme. Por lo anterior, considero que hoy d�a es posible estudiar una soluci�n de fondo. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, lamentablemente, la constante y excesiva alza del precio del petr�leo implica que los combustibles suban tambi�n en forma permanente. En nuestro pa�s, a trav�s de la ley N� 20.063, del a�o 2005, se cre� el Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles Derivados del Petr�leo, el cual en la actualidad se encuentra reducido a solo 13,2 millones de d�lares, que son absolutamente insuficientes para las enormes subidas de precio que ha experimentado el petr�leo en el �ltimo tiempo. Por eso, el Ejecutivo ahora est� pidiendo la autorizaci�n de 200 millones de d�lares para incrementar dicho Fondo, lo que significa que va a bajar a lo menos en 40 pesos el precio del litro de cada una de las bencinas. Esperamos que tambi�n se rebaje el del petr�leo. Eso es muy bueno porque actualmente tenemos una presi�n de inflaci�n que casi llega al 8 por ciento. Una de las maneras de reducirla es que los derivados del petr�leo bajen; que la locomoci�n colectiva tenga un menor costo; que el traslado de las diversas mercanc�as no se descargue despu�s en el precio de los productos que consumen las personas. Por lo tanto, es una muy buena medida la que est� adoptando el Gobierno. Y por ello, ciertamente, aprobaremos el proyecto Sin embargo -como se ha dicho aqu�-, aquella es una "soluci�n de parche". Es importante enfrentar de manera definitiva los aumentos del impuesto espec�fico. Al respecto, recuerdo un caso puntual: se destinaron 300 millones de d�lares para pagar las pensiones a los jubilados. Y esa cifra, seguramente, ya se ha excedido en demas�a. Creo que hoy d�a, con la cantidad de recursos que recibe el Fisco, es posible revisar definitivamente aquel gravamen. El Ministro se�al� que se halla en condiciones de conversar sobre esta materia. Pero yo no escuch� -y se los digo a los Senadores se�ores Arancibia y Larra�n- que �l hubiese expresado que en marzo el Ejecutivo enviar�a un proyecto. El se�or PROKURICA.- As� lo se�al�, se�or Senador. El se�or SABAG.- Si ello es efectivo, espero que un funcionario de Gobierno pueda ratificar esa informaci�n, porque no recuerdo que el se�or Ministro haya manifestado que remitir�a una iniciativa ese mes. �Esto es muy importante, se�or Ministro, porque se lo van a cobrar si usted lo se�al� en esa forma! Estoy interesado en que se env�e dicho proyecto, porque ser� la soluci�n definitiva al problema. Se�or Presidente, llego hasta aqu� en mi intervenci�n, ya que la se�ora Ministra de Cultura est� esperando que se trate una iniciativa que le interesa. Por supuesto, votar� a favor del proyecto. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, en primer lugar, tambi�n lamento que no hayamos tenido la oportunidad de discutir m�s latamente, adem�s de la posibilidad de rebajar el impuesto espec�fico a las gasolinas, la pol�tica petrol�fera del pa�s. Porque los 200 millones de d�lares est�n destinados, fundamentalmente, a enfrentar las fluctuaciones de los precios del petr�leo no en cualquier lugar. En opini�n de la ENAP, sufrimos ese aumento seg�n el valor del petr�leo en el Golfo de M�xico. Y desconocemos las razones t�cnicas para no utilizar otros par�metros m�s baratos. En segundo t�rmino, cabe se�alar que el Fondo de Estabilizaci�n est� destinado adem�s a enfrentar los mecanismos de refinaci�n del petr�leo. Esto es algo que tambi�n nos afecta, porque la ENAP tom� la decisi�n de considerar los precios de refinaci�n en la zona del Caribe, no siendo los m�s baratos. En consecuencia, me parece que deber�amos revisar en alg�n instante nuestra pol�tica petrol�fera, por cuanto, curiosamente, aunque Chile no tiene petr�leo, es un pa�s petrol�fero. En efecto, a trav�s de aquella empresa, cuenta con inversiones en Ecuador y Egipto, y se apresta a abrir pozos en Ir�n y Venezuela, donde existe alg�n tipo de convenios, y hay posibilidades de que explote, tambi�n mediante la ENAP, pozos petrol�feros. �Qu� beneficios trae a nuestro pa�s el hecho de que una empresa como esa -por cierto, apoyo su pol�tica- est� invirtiendo no solo en la exploraci�n, sino tambi�n en la producci�n de petr�leo en distintas naciones? Hasta el momento, ninguno. Por el contrario, estamos pagando precios de petr�leo m�s altos que la propia bencina que la ENAP vende en una de sus filiales en Per�. All� el precio de la gasolina de 95 octanos es mucho m�s barato que en Chile. Entonces, aqu� hay una contradicci�n. El se�or COLOMA.- �Por los impuestos! El se�or N��EZ.- Por cierto, se debe a eso. En consecuencia, considero que este asunto debi� ser materia de discusi�n a prop�sito de los recursos que se entregan nuevamente al Fondo de Estabilizaci�n. Ser�a bueno contar con la presencia del Ministro de Miner�a o del propio Vicepresidente de la ENAP para tener la posibilidad de debatir en la Sala y no solo en la Comisi�n de Miner�a -que hasta el momento presido- una pol�tica que, siendo positiva, no necesariamente trae beneficios directos al pa�s. Votar� a favor de la iniciativa. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Coloma. El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, me referir� en forma muy breve a tres aspectos vinculados a esta iniciativa, que me parecen relevantes. En primer lugar -lo han dicho varios se�ores Senadores, lo acaba de manifestar quien me antecedi� y yo no resisto la ocasi�n de reiterarlo-, cuando uno ve que la ENAP u otros act�an como refiner�a de terceros y el mismo producto en otro pa�s donde hay influencia chilena vale 20 � 30 por ciento menos, hay que tener talento para preguntar por qu� ocurre eso. La explicaci�n es una sola: en el supuesto de que el litro de combustible cueste 700 pesos, el costo real es 400 pesos. Los 300 pesos restantes se traducen en puro tributo, sea por la v�a del impuesto espec�fico o del IVA. Por lo tanto, creo que lleg� el minuto en que uno debe hacer una reflexi�n en may�scula. No tratar de ir, ante la coyuntura de que la bencina subi� un poco, y no tratar de ir ante la coyuntura de que de repente subi� un poco m�s la bencina, a armar el Fondo, que esencialmente previene las fluctuaciones sin solucionar el fondo del problema. �Es razonable que en un pa�s que camina hacia el desarrollo y que requiere de energ�a, pague por cada litro de combustible 300 pesos por la v�a del impuesto? Yo creo que eso no es razonable. Y es una cuesti�n muy crucial que hay que reiterar y discutir. Adem�s -y esta es mi segunda reflexi�n-, el problema que aborda la iniciativa tiene que ver con el escenario que est�n enfrentando algunos sectores del pa�s. En el caso del sector agr�cola, la situaci�n es superdram�tica, porque a la disminuci�n del valor del d�lar y el aumento de la inflaci�n se suma el alza en el precio del combustible, producto bastante importante en el agro y, en la zona que yo represento, tambi�n para algunos grupos de pescadores que lo usan masivamente como fuente de producci�n. Se plantea una l�gica de hacer sentir que se cumple con la entrega de 200 millones de d�lares, mientras se recaudan 2 mil millones. Y eso es, por decir lo menos, una ayuda muy esmirriada, que no se condice con el grado de necesidad que se observa en nuestro pa�s. Por �ltimo, existe un tema de fondo -lo traigo a colaci�n aprovechando la presencia del se�or Ministro de Hacienda-, que es la enorme cantidad de impuestos especiales que hay en el pa�s. Tenemos el impuesto espec�fico a los combustibles, a los alcoholes, a las bebidas analcoh�licas, en fin, distintos tributos que gravan arbitrariamente l�gicas de producci�n. Y este es un asunto que en alg�n momento tambi�n deberemos abordar. Porque se ha analizado siempre desde la perspectiva fiscal, pero no a partir del consumidor, del ciudadano, de la persona com�n y corriente que necesita y usa esta clase de productos. Por eso, ojal� que esta sea la �ltima vez que tengamos que decidir casi, yo dir�a, con la pistola en la sien respecto de lo que nos viene a decir el se�or Ministro: "O se aprueba el proyecto, o el litro de bencina vale 40 pesos m�s el pr�ximo lunes". Claro, entiendo que estamos ante una situaci�n de coyuntura, no obstante, espero que esta sea la �ltima oportunidad que enfrentamos el problema con esa l�gica, porque se requiere una visi�n m�s razonable, de mediano y largo plazo, que permita determinar qu� tipo de pa�s estamos construyendo, qu� tipo de carga impositiva se necesita, qu� tipo de incentivos se est�n generando para las zonas m�s complejas. Ahora no hay alternativa, porque, obviamente, tenemos que apoyar el proyecto. Ojal� esta sea la �ltima ocasi�n que debamos actuar con "discusi�n inmediata", al filo de la hora o pasado el Orden del D�a, sabiendo que si no se da el voto favorable el lunes siguiente ocurrir�n una serie de tragedias. A m� me gustar�a hacer las cosas con un poquito m�s de profundidad. Voto que s�. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, los impuestos espec�ficos recaudan para el Fisco aproximadamente 1.600 millones de d�lares. Y lo que hace el proyecto es inyectar 200 millones, o sea, la octava parte de esos ingresos. De tal manera que, si bien constituye una ayuda, debemos tener claro que hay un perjuicio de siete octavas partes con respecto a los impuestos espec�ficos. As� que se trata de un beneficio bastante peque�o en relaci�n con la enorme carga que impone el Fisco por el uso de los combustibles. En segundo lugar, existe una tremenda asimetr�a en el tratamiento del di�sel versus el que se da a la gasolina. Ello, obviamente, produce graves ineficiencias en el patr�n de consumo de la gente. Cuando se pone un impuesto de 6 UF para un combustible y uno de apenas 1,5 UF para otro, se genera todo tipo de ineficiencias, no solo en la producci�n, sino tambi�n en el consumo. Aunque nosotros vamos a votar a favor de la presente iniciativa, confiamos en que esta ser� la �ltima vez que se inyecta dinero al Fondo de Estabilizaci�n de Precios del Petr�leo. Porque un fondo de estabilizaci�n tiene sentido cuando el precio del crudo est� fluctuando, pero exhibe un promedio relativamente estable. Sin embargo, cuando se halla permanentemente en alza, ya no estamos ante un fondo de estabilizaci�n, sino ante un fondo de subsidio. Tengamos claro que nunca vamos a recuperar ni un peso de las platas que se pongan. Por lo tanto, creemos que, a estas alturas, el mecanismo deber�a ser revisado y, en realidad, reemplazado por una rebaja en el impuesto, que no solo signifique una disminuci�n en el monto total de lo recaudado, sino que adem�s introduzca mayor equidad en la distribuci�n relativa del impuesto espec�fico entre los distintos combustibles, para reducir las ineficiencias que se generan tanto en el consumo como en la producci�n. Votamos a favor, se�or Presidente, esperando que esta sea la �ltima oportunidad que debamos pronunciarnos sobre este tipo de iniciativas. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general y en particular el proyecto (31 votos favorables), y queda concluida su tramitaci�n legislativa. Votaron las se�oras Alvear y Matthei y los se�ores Allamand, Arancibia, �vila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, Garc�a, G�mez, Horvath, Kuschel, Larra�n, Letelier, Longueira, Mu�oz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, N��ez, Ominami, Orpis, P�rez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag y V�squez. DESIGNACI�N DE DO�A CECILIA GARC�A-HUIDOBRO FREIFRAU ZU KNYPHAUSEN Y DON HUGO PIROVICH BATTIZA COMO DIRECTORES DE CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como miembros del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a la se�ora Cecilia Garc�a-Huidobro Freifrau Zu Knyphausen y al se�or Hugo Antonio Pirovich Battiza, con informe de la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a. --Los antecedentes sobre el oficio (S 1037-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Se da cuenta en sesi�n 79�, en 8 de enero de 2008. Informe de Comisi�n: Educaci�n, sesi�n 82�, en 15 de enero de 2008. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- La Comisi�n de Educaci�n recibi� en audiencia a las personas propuestas por el Ejecutivo y, luego de examinar los antecedentes pertinentes, informa a la Sala, por la unanimidad de sus integrantes presentes (Senadores se�ores Cantero, Chadwick, N��ez y Ruiz-Esquide), que se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jur�dico. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si no hay objeci�n, se aprobar� la solicitud. --Se aprueba y quedan designados como Directores del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la se�ora Cecilia Garc�a-Huidobro y el se�or Hugo Pirovich. La se�ora URRUTIA (Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).- Doy mis agradecimientos al Senado, se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Como ya no tenemos qu�rum en la Sala, los proyectos de acuerdo del Tiempo de Votaciones quedan para la pr�xima semana. VI. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )-----------------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministros de Econom�a y de Energ�a, a fin de que informen sobre las medidas espec�ficas que est�n contemplando para DISMINUCI�N DE COSTOS DE ENERG�A EN REGI�N DE AIS�N, y a la se�oras Ministras de Salud y Presidenta de la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente y al se�or Presidente de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades, con el objeto de que se sirvan proporcionar antecedentes respecto de SITUACI�N DE RELLENOS SANITARIOS EN EL PA�S. De la se�ora MATTHEI: Al se�or Intendente de la Cuarta Regi�n, solicit�ndole que adopte medidas para solucionar el problema generado por RUIDOS MOLESTOS PROVOCADOS POR EMPRESA "ELEKTRA 6 S.A." EN COMUNA DE MONTE PATRIA. Del se�or NOVOA. Al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidi�ndole que se�ale el n�mero de MODIFICACIONES DE RECORRIDO SOLICITADAS POR ALCALDES Y ACEPTADAS POR EL MINISTERIO. Del se�or OMINAMI: A la se�ora Superintendenta de AFP, para que estudie la posibilidad de suspender APLICACI�N DE NUEVA TABLA DE EXPECTATIVAS DE VIDA. )------------------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Socialista. Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. MEDIDAS PARA ENFRENTAR AGOTAMIENTO DE ACU�FERO COPIAP�. OFICIO El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, hace unos meses intervine en esta parte de la sesi�n para denunciar la grave situaci�n que vivimos en la Regi�n de Atacama ante el agotamiento del acu�fero de Copiap� y de los peligros que pod�a enfrentar el acu�fero del Huasco ante su eventual sobreexplotaci�n por el otorgamiento en demas�a de derechos de aprovechamiento de aguas, especialmente subterr�neas. Y entiendo que esa situaci�n no solo es propia de la Tercera Regi�n de Atacama, sino que tambi�n se encuentra en otras del pa�s, en particular en las del Norte y del Norte Chico. En el caso de la cuenca del r�o Copiap�, la realidad actual es calamitosa. La sequ�a que afecta desde hace a�os a la zona ha impedido la recarga del acu�fero. El nivel del embalse Lautaro es francamente lamentable. Los datos son elocuentes. El informe fluviom�trico de diciembre de 2007 correspondiente al r�o Copiap� en la zona de La Puerta se�ala que el caudal promedio del a�o 2007 no super� el metro y medio c�bico por segundo, en circunstancias de que el promedio hist�rico del caudal es del orden de 2,5 metros c�bicos por segundo. El embalse Lautaro posee una capacidad de 35 millones de metros c�bicos. El promedio hist�rico de volumen ha rondado los 12 millones de metros c�bicos. Sin embargo, durante el 2007 fue inferior a los 5 millones de metros c�bicos de volumen embalsado, y en los meses de febrero, marzo y abril de ese a�o el embalse simplemente estuvo seco. Seg�n algunos estudios preliminares, el balance de la cuenca del Copiap� en relaci�n con el ingreso y salida de agua indica que ella presenta un d�ficit de 1.635 litros por segundo, el cual se origina a ra�z de que la extracci�n de agua supera por lejos la recarga del acu�fero. Cabe hacer presente que en la cuenca se han otorgado derechos de aprovechamiento equivalentes a 20 mil litros por segundo, de los cuales se utilizar�an efectivamente 6.166. Es decir, si se hiciera uso de la totalidad de los derechos concedidos, la situaci�n del acu�fero ser�a aun mucho m�s grave. La dram�tica realidad que he descrito se ve agravada todav�a m�s por la inexistencia de un estudio que permita evaluar la explotaci�n m�xima sustentable del acu�fero de Copiap� a trav�s de una modelaci�n hidrogeol�gica que posibilitar�a adoptar pol�ticas y medidas administrativas acerca del uso del recurso y, en especial, sobre el otorgamiento de derechos de aprovechamiento y declaraci�n de zonas de restricci�n y prohibici�n. A mayor abundamiento, debo destacar que en reciente reuni�n con integrantes de la comunidad de aguas subterr�neas del sector bajo del r�o Copiap�, me he impuesto de que la Direcci�n Regional de Aguas no lleva a cabo mensualmente la tarea de medici�n y estudio de los pozos de registro, tal como lo exige la ley. Por tanto, no se cuenta con informaci�n actualizada sobre las fluctuaciones de las aguas subterr�neas de la cuenca. Es m�s, de acuerdo con lo establecido en los art�culos 4� y 6� transitorios de la ley 20.017, que modific� el C�digo de Aguas, se est� en proceso de regularizaci�n de un conjunto de derechos de aprovechamiento, que ejercer�n mayor presi�n sobre la capacidad del acu�fero del r�o Copiap�, haciendo a�n m�s grave la situaci�n. Como ya lo he se�alado en este Hemiciclo, estamos frente a la posibilidad cierta de que la cuenca de Copiap� no d� abasto no solo para el desarrollo de la agricultura y la miner�a, sino tambi�n para el consumo humano, lo cual nos pone en una situaci�n m�s dram�tica. Ante esta realidad, no solo es urgente emprender un estudio sobre el acu�fero del r�o Copiap� -como ya expres�-, sino que tambi�n es fundamental modificar sustantivamente nuestro C�digo de Aguas, para que este distinga el uso y aprovechamiento de los recursos h�dricos de acuerdo con las zonas geogr�ficas del pa�s. Se trata de establecer un r�gimen jur�dico especial respecto de las aguas en zonas �ridas y semi�ridas. Asimismo, es necesario estatuir en nuestro C�digo un sistema que permita al Estado recuperar los derechos de agua que no sean utilizados por los concesionarios. En tal sentido, debo expresar que las normas que aprobamos en relaci�n con el pago de una patente por el no uso de los derechos de agua no es una buena soluci�n, ya que estimula el alumbramiento artificial e innecesario del agua para el efecto de no pagar la patente. Es m�s, muchos concesionarios, una vez alumbrados estos derechos que no utilizar�n, los venden a terceros a precios cada vez m�s exorbitantes. Actualmente, el valor del metro c�bico por segundo de agua, en la parte baja y media del r�o Copiap�, asciende a 50 mil d�lares. �A ese monto se est� vendiendo! Tambi�n es preciso otorgar mayores facultades a la Direcci�n General de Aguas para que lleve a cabo su labor reguladora y fiscalizadora. No es admisible que una Regi�n como Atacama solo cuente con un par de funcionarios dedicados a labores de fiscalizaci�n. En virtud de lo expuesto, y tal como lo hice en sesi�n del 10 de julio de 2007, solicito que se oficie en mi nombre al se�or Director Nacional de Aguas para que tenga a bien disponer: Primero, un estudio sobre enmiendas al C�digo de Aguas en cuanto al establecimiento de un r�gimen jur�dico especial para recursos h�dricos en las zonas �ridas y semi�ridas del pa�s. Segundo, un estudio que permita modificar el C�digo de Aguas a objeto de que los derechos de agua otorgados y no utilizados por el concesionario vuelvan a dominio estatal. Tercero, la asignaci�n de m�s personal a la Direcci�n de Aguas de la Regi�n de Atacama para llevar a cabo labores de fiscalizaci�n, y Cuarto, que el estudio de pozos de registro del acu�fero de Copiap� se efect�e mensualmente tal como lo establece la ley. Solicito que en mi intervenci�n se incorporen una serie de cuadros que indican la situaci�n que est� afectando actualmente al r�o Copiap�. Asimismo, dispongo de otros estudios relacionados con el r�o Huasco, todos los cuales se�alan que de no existir una intervenci�n seria, cierta y eficaz por parte de las autoridades del Estado, dentro de pocos a�os nos veremos envueltos en una situaci�n que ya ha afectado a otros pa�ses, particularmente de �frica, como es el hecho de que un r�o pueda definitivamente secarse y ni siquiera logre entregar agua potable para consumo humano. �Y est� comenzando a suceder en nuestro pa�s! Est� ocurriendo en r�os tan importantes como el Loa -hist�ricamente, desde la llegada de los espa�oles, nunca se hab�a sabido que se hubiese secado-, el r�o Camarones y, en general, en toda la zona norte. Y esto se debe no solo porque estamos afectados por el llamado "calentamiento global", sino tambi�n porque tenemos un C�digo de Aguas francamente dilapidador de nuestros recursos acu�feros. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En el tiempo que resta al Comit� Socialista, tiene la palabra el Honorable se�or Naranjo. SOLIDARIDAD CON J�VENES CHILENOS ENJUICIADOS EN ESPA�A El se�or NARANJO.- Se�or Presidente, me correspondi� asistir los d�as 6 y 7 del presente, en mi calidad de Presidente de la Comisi�n de Derechos Humanos del Senado y, adem�s, como observador externo, al juicio efectuado en la ciudad de Barcelona contra dos j�venes chilenos: �lex Cisterna Am�stica y Rodrigo Lanza Huidobro. A ambos compatriotas se les acusa de agresi�n y atentado contra la autoridad, delitos por los cuales la Fiscal�a solicita once a�os de prisi�n y un mill�n de euros de indemnizaci�n para la familia del afectado. Con mi presencia, buscaba continuar expresando mi apoyo y solidaridad con estos j�venes, como lo he venido haciendo desde que fueron detenidos. Se�or Presidente, si alguna vez tuve dudas acerca de su inocencia y del proceso a que han sido sometidos, estas quedaron absolutamente despejadas al estar presente en el juicio, al haber constatado la falta de pruebas reales y la parcialidad con la que han actuado los magistrados. Espa�a es un pa�s democr�tico donde existe el Estado de Derecho; pero, al mismo tiempo, creo que su Poder Judicial no es infalible. Est� constituido por seres humanos que deben impartir justicia y se hallan expuestos a cometer errores o verse influenciados por la presi�n de la opini�n p�blica. Y eso explica lo que est� ocurriendo en el caso espec�fico de Rodrigo Lanza y �lex Cisterna. Debo decir que, desde un comienzo, la Guardia Urbana, organismo al cual pertenece el oficial agredido que hoy se encuentra en estado vegetal, busc� un chivo expiatorio, a alguien con quien vengarse, a qui�n responsabilizar. Porque un hecho tan lamentable y condenable como el ocurrido a ese funcionario policial, no pod�a quedar impune. Y qu� mejor que culpar a estos tres j�venes latinoamericanos -dos chilenos y un argentino-, a los cuales despectivamente se les se�ala como "sudacas". Dig�moslo claramente: el deseo de venganza de la Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona ten�a como objetivo entregar un mensaje ejemplarizador a los denominados "okupas" y a los j�venes latinos. Y para alcanzar dicho objetivo, se ha llegado al extremo de sacrificar la m�s elemental voluntad de alcanzar la verdad y hacer justicia. Importa m�s condenar a estos tres j�venes que buscar a los verdaderos culpables. Podr�a nombrar una serie de situaciones que avalan esta afirmaci�n. Ellas han quedado absolutamente demostradas durante el juicio, sin que a los fiscales y magistrados parezca importarles. Primero, estos j�venes fueron detenidos sin que la polic�a transmitiera el correspondiente parte al Colegio de Abogados dentro del plazo establecido en la ley espa�ola. Ya ah� existe un vicio. Segundo, fueron maltratados y torturados f�sica y psicol�gicamente, tal como ha quedado demostrado en el proceso. Incluso, �lex y Rodrigo presentaron una acci�n judicial en contra de los jefes policiales que los detuvieron. Tercero, se les ha negado la libertad provisional y han debido permanecer m�s de dos a�os en prisi�n, lo que no sucedi� con los otros seis acusados europeos. Debo advertir que las informaciones de estos �ltimos d�as se�alan que el magistrado consider� otorgar la libertad provisional a �lex Cisternas y al ciudadano argentino. Sin embargo, todav�a se encuentra detenido Rodrigo Lanza. Cuarto, se han eliminado pruebas claves en el lugar de los hechos. Partamos expresando que la defensa de nuestros compatriotas solicit� que declarara en el juicio el ex alcalde de Barcelona se�or Joan Clos, pues �l sostuvo el mismo d�a del suceso que, seg�n informaci�n recibida de la Guardia Urbana, el polic�a afectado hab�a recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de una casa donde se desarrollaba una fiesta por parte de los "okupas". Sin embargo, tanto la fiscal como el magistrado se han negado una y otra vez a requerir la presencia de ese ex alcalde. Se ha llegado al extremo de que los peritos forenses dijeron que elaboraron su informe a partir del parte policial y que nunca tuvieron acceso al herido. La norma internacional determina que los informes de ese tipo solo pueden efectuarse a partir de la revisi�n del lesionado y del lugar de los hechos. Se�or Presidente, en el lugar de los hechos fueron borradas todas las pruebas. La Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona dio luz verde para que desaparecieran todos los objetos que pod�an servir de prueba para demostrar la inocencia de nuestros dos compatriotas y del ciudadano argentino. Curiosamente, se efectu� una limpieza profunda de todo el sitio del suceso. Debo agregar que, durante el desarrollo del juicio, cuatro de siete peritos -entre ellos, m�dicos forenses, neurocirujanos, catedr�ticos de la especialidad- descartaron la ca�da hacia atr�s del polic�a fruto de la piedra lanzada, seg�n la investigaci�n, por uno de nuestros compatriotas. Por el contrario, todos los informes indican que la lesi�n que el polic�a presentaba en la cabeza solo pod�a ser consecuencia del impacto de un objeto proveniente de un edificio o desde una altura considerable. De otro lado, frente a tales realidades indesmentibles, uno puede decir a ciencia cierta que nuestros compatriotas no han tenido un debido proceso en Espa�a. En tal sentido, considero muy importante en esta hora no solo valorar el papel y la preocupaci�n de nuestras autoridades: el embajador, el c�nsul y todos aquellos que nos representan en el extranjero. Opino que, por lo delicado de la situaci�n, ante hechos de esa �ndole, que son la antesala de la comisi�n de la aberraci�n jur�dica de culpar por un delito que no cometieron a tres personas del todo inocentes, las autoridades de Chile y todos los que nos hallamos preocupados por lo sucedido no debemos bajar la guardia. Si bien todav�a queda la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Espa�a, creo que en este momento, m�s que nunca, por las distorsiones habidas y por la poca claridad que ha tenido el proceso judicial, es relevante -y por eso quise intervenir- la solidaridad con esos compatriotas, ya que corren el riesgo -insisto- de ser acusados injustamente por los hechos descritos. Por cierto, el atentado contra aquel polic�a de la ciudad de Barcelona es, desde todo punto de vista, condenable. Sin embargo, no parece correcto ni justo que, ante la necesidad de encontrar un culpable -porque un delito de tal naturaleza no puede quedar impune en Barcelona, por la debilidad en que se dejar�a a las fuerzas policiales-, tres personas (dos compatriotas nuestros y un argentino) sean sancionadas por un hecho que no cometieron. En consecuencia, expreso una vez m�s mi solidaridad, mi preocupaci�n y mi compromiso de seguir atento al caso en comento. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Me referir� a diversas materias, se�or Presidente. INQUIETUD ANTE TRASLADO DE DO�A PATRICIA TRONCOSO A HOSPITAL Y C�RCEL DE CHILL�N. OFICIOS Se�or Presidente, pido que se oficie a la se�ora Ministra de Salud y al se�or Ministro de Justicia para que informen sobre las condiciones del hospital de Chill�n para recibir a Patricia Troncoso, quien ya cumple cien d�as en huelga de hambre. Por la delicada situaci�n de salud en que se encuentra, su traslado ha significado un elevado riesgo vital. Al respecto, quiero que dicha Secretaria de Estado nos se�ale si fue consultada acerca de tal determinaci�n, si se comunic� la medida a la familia y si el referido hospital satisface los requerimientos m�dicos indispensables para una atenci�n de urgencia que permita garantizar la integridad f�sica de Patricia Troncoso. Asimismo, solicito que el Ministro de Justicia nos informe sobre los motivos del traslado y nos indique si se ajusta al procedimiento penitenciario el env�o de esa persona, quien cumple una condena muy injusta -como lo he denunciado en este Hemiciclo de manera reiterada-, a la c�rcel de Chill�n. Las condiciones del hospital de Temuco, conforme a las averiguaciones que hemos realizado, son mejores desde el punto de vista del tratamiento, y particularmente para enfrentar una eventual situaci�n compleja de sobrevivencia. --Se anuncia el env�o de los oficios correspondientes, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. ACCESO DE COMUNEROS MAPUCHES A BENEFICIOS INTRAPENITENCIARIOS. OFICIOS Se�or Presidente, solicito que el Ministro de Justicia informe detalladamente si tom� conocimiento de las solicitudes formuladas por diversos comuneros mapuches en cuanto a las condiciones existentes al interior de los penales de Angol y Lautaro, particularmente, y de la Novena Regi�n, en general, y a la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios. Reitero que en el caso espec�fico de los comuneros que participaron en una huelga de hambre tenemos resoluciones de la Comisi�n Econ�mica Social de las Naciones Unidas. Rodolfo Stavenhagen, observador que visit� Chile, pidi� formalmente al Gobierno el otorgamiento de una amnist�a. Y desde junio de 2007 se espera una contestaci�n. Por eso, quiero que se oficie tambi�n a la Presidencia de la Rep�blica al objeto de que se�ale si dar� respuesta a la petici�n de las Naciones Unidas y, particularmente, al citado Relator Especial. --Se anuncia el env�o de los oficios pertinentes, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. REPAROS A DECLARACIONES INTERPRETATIVAS EN PROYECTO QUE APRUEBA CONVENIO N� 169 DE LA OIT. OFICIO Se�or Presidente, solicito que se oficie al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT con el objeto de que informe acerca de un instrumento sometido a la ratificaci�n del Senado de la Rep�blica. Me refiero al Convenio N� 169 de dicha Organizaci�n, respecto del cual se anunci� el env�o de declaraciones interpretativas. La OIT debe responder al requerimiento -me sumo a �l- que sobre el particular han hecho diversas instituciones, entre ellas la CUT, organizaciones ind�genas y diversas ONG. Enviamos cartas a Cleopatra Doumbia-Henry y a Juan Somav�a en el sentido de que la Organizaci�n Internacional del Trabajo debe aclarar si es pertinente la formulaci�n de declaraciones interpretativas. Nosotros tenemos la convicci�n -por resoluciones anteriores, espec�ficamente en los casos de Dinamarca y Guatemala- de que tal mecanismo ser� rechazado. Podemos pasar un bochorno extraordinariamente grave, considerando que la totalidad de las agrupaciones ind�genas y de pueblos originarios de Chile han rechazado la aprobaci�n de declaraciones de aquella �ndole. El proyecto de acuerdo pertinente se encuentra en estado de tabla, pero la discusi�n y votaci�n, seg�n entiendo, quedar�n para marzo. En todo caso, me parece oportuno que el Senado suspenda su tramitaci�n mientras no tenga una respuesta oficial de la OIT, en especial del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, m�xime si, conforme a los estudios previos realizados, las declaraciones interpretativas no son procedentes y, por el contrario, se encuentran fuera de la legalidad que rige a la OIT. A mi juicio, podr�amos cometer un desaguisado tremendo al aprobar el Convenio N� 169 con declaraciones inhabilitantes. Sin duda, los contenidos de ellas lesionan los importantes avances hechos para la incorporaci�n mundial de Chile en materia de respeto a los pueblos originarios. Ojal� que nuestro Parlamento apruebe el citado instrumento sin ning�n tipo de declaraci�n adicional o reserva y cumpla as� la legislaci�n internacional. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre de Su Se�or�a, conforme al Reglamento. )---------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 19:45. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n