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El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y otros cuerpos legales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (4813-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2007.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El objetivo principal de la iniciativa es corregir algunos efectos no previstos que ha traído consigo la aplicación de la ley Nº 20.033, denominada "Ley de Rentas Municipales II". Para ello, se proponen enmiendas a la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, incluyéndose nuevos inmuebles en la exención de contribuciones y precisándose el marco de aplicación de sobretasas respecto de determinados bienes raíces; y al decreto ley Nº 3.063, sobre rentas municipales, fijándose nuevos criterios para el cobro de permisos de extracción de residuos sólidos y otras regulaciones en materia de derechos de aseo y de publicidad en la vía pública. Asimismo, se modifica el procedimiento para enterar y distribuir los recursos del Fondo Común Municipal; se establece una nueva modalidad destinada a autorizar labores en horas extraordinarias, y se facilita el convenio de pago por deudas de los municipios respecto de su aporte al Fondo Común Municipal.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular, en virtud del acuerdo de la Sala adoptado el 2 de octubre pasado, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag).
En cuanto a la discusión en particular, efectuó una serie de modificaciones a la iniciativa despachada por la Honorable Cámara de Diputados, todas ellas acordadas en forma unánime y consignadas en el informe.
Cabe destacar que el número 2 del artículo 2º, el artículo 3º y el artículo segundo transitorio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren el voto favorable de 22 señores Senadores.
Conforme al acuerdo de los Comités, ratificado por la Corporación el 4 del mes en curso, si el proyecto fuere aprobado en general deberá también ser analizado, durante la discusión particular, por la Comisión de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda asistir a la sesión la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Claudia Serrano Madrid.
--Se autoriza.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate, que tuvo su origen en el Ejecutivo, apunta a subsanar ciertos efectos provocados por la aplicación de la Ley de Rentas Municipales II, que ha impedido, en algunos casos, incrementar las finanzas del sector.
El proyecto incursiona principalmente en tres grandes temas vinculados al municipio, cuales son incrementar sus recursos en áreas deficitarias desde el punto de vista del rendimiento de los ingresos; proponer beneficios de carácter social, con un doble propósito: favorecer al segmento más pobre de la población, con relación a su vivienda, y facilitar las obligaciones de los contribuyentes en el pago de los tributos y derechos municipales, y, por último, establecer un mecanismo para evitar futuros endeudamientos del municipio por su aporte al Fondo Común Municipal.
El texto se estructura en tres artículos permanentes, que se ocupan de los aspectos mencionados.
El primero de ellos plantea enmiendas a la Ley sobre Impuesto Territorial, con dos finalidades: incluir en la exención del impuesto, total o parcialmente, a diversos bienes raíces cuyos propietarios no fueron considerados en la Ley de Rentas Municipales II, e introducir precisiones en la regulación de la sobretasa del 100 por ciento del mismo impuesto aplicable a inmuebles situados en áreas urbanas que correspondan a sitios no edificados con urbanización, inmuebles abandonados y pozos lastreros.
En seguida, el proyecto modifica la Ley sobre Rentas Municipales, en materia de permisos de extracción de residuos sólidos, de derechos de aseo, de patentes municipales y de deudas de los municipios por aporte al Fondo Común Municipal.
En el primer aspecto, innova, pues dispone que el servicio municipal de extracción de residuos sólidos puede aplicar un cobro diferenciado, sobre la base de criterios ambientales, condiciones de accesibilidad o frecuencia de retiro.
Respecto de las tarifas de aseo, también introduce una enmienda novedosa, pues permite a los municipios incorporar en el pliego tarifario el aseo de los bienes nacionales de uso público de la comuna y, al igual que en el caso anterior, aplicar criterios ambientales para fijar cobros diferenciados. Debemos incluir en este orden de materias la declaración escueta que hace la iniciativa en el sentido de facultar a los municipios para percibir derechos por los permisos de instalación de publicidad en la vía pública o que sea vista u oída desde ella.
En cuanto a la patente municipal, establece mecanismos que liberan al contribuyente de efectuar declaraciones para su pago y traslada dicho trámite al sector institucional, con lo que además se logra un mayor control de los ingresos municipales. Como saben Sus Señorías, cada contribuyente debe entregar su balance a la municipalidad. Con la modificación, ello no va a ser necesario, pues el Servicio de Impuestos Internos enviará una nómina con el capital propio de cada empresa.
Finalmente, en este acápite, el proyecto contiene paliativos para aligerar las deudas del municipio por aporte al Fondo Común Municipal, también con modalidades de control efectuadas por las instituciones interesadas, como son la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Servicio de Tesorerías.
La última norma permanente de la iniciativa introduce enmiendas a la ley Nº 19.104, sobre reajuste de remuneraciones del sector público, las que tienen por objeto evitar el trámite burocrático que deben practicar los alcaldes para exceder la limitación de 40 horas extraordinarias por funcionario.
En la actualidad, para ese efecto, el jefe comunal ha de ser autorizado en forma previa por decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda. El proyecto propone que, en el caso de los empleados municipales, tal prolongación de actividades se declare derechamente mediante decreto alcaldicio. Con ello ya no se pediría permiso a dicha Secretaría de Estado para pagar horas extraordinarias por sobre el máximo permitido.
Esas son, a grandes rasgos, las tres áreas que aborda la iniciativa en debate.
Contiene, además, dos disposiciones transitorias: la primera se refiere a la vigencia de la ley y la segunda -la más importante- faculta al Servicio de Tesorerías para celebrar, por una sola vez, convenios con los municipios para el pago de las deudas que mantengan por concepto de aportes al Fondo Común Municipal.
Señor Presidente , la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización analizó en detalle el proyecto y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, pues está consciente de las limitaciones que afectan a los municipios. El texto propuesto constituye una herramienta que atenúa las dificultades que pesan sobre la gestión municipal en las diversas tareas que los gobiernos locales están llamados a cumplir.
Esperamos que la Sala apruebe la iniciativa solo en general y pedimos que esta vaya a las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, para su más pronto despacho en particular.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA .-
Señor Presidente , una vez más, el Senado está llamado a discutir sobre un asunto no resuelto: el financiamiento de las municipalidades, o sea, los recursos con que los municipios deben contar para llevar adelante el gobierno comunal, ese que se encuentra más cerca de la gente, ese al que en especial los más modestos recurren para buscar una solución a sus problemas.
Sin lugar a dudas, el proyecto se origina en las falencias que dejó la aplicación de la ya famosa y antigua Ley de Rentas Municipales II.
Tengo en mi poder un cuadro que muestra el efecto financiero de dicha normativa -publicada, si mal no recuerdo, el año 2005-, que pretendía mejorar de manera sustancial las finanzas municipales. Mediante ella se estimaban ingresos por más de 58 mil millones de pesos, pero, en definitiva, solo se obtuvieron 37 mil millones como recursos nuevos, distintos, frescos para los municipios. Indudablemente, tal cantidad se encuentra lejos de lo esperado tanto por el Gobierno de entonces como por quienes aprobaron la referida ley.
Sobre el particular, deseo recordar aquí que esa Administración desconoció un acuerdo con la Oposición e impuso su planteamiento respecto de la Ley de Rentas II, la que, con el paso del tiempo, tenemos que revisar a fin de procurar mayores ingresos para las municipalidades.
Lamentablemente, tal como llegó de la Cámara de Diputados, el proyecto no contempla recursos nuevos ni determina ningún aumento de fondos, debido a que las normas que buscaban tal objetivo no fueron aprobadas allí. Por eso el Gobierno intenta ahora mejorar la situación en el Senado.
¿Cómo se pretende obtener dineros frescos para los municipios?
Primero está lo relacionado con la exención del pago de los derechos de aseo. La mencionada ley eximió del cobro de tales derechos a las viviendas que tuvieran un valor de hasta -si mi memoria no me engaña- 225 UTM (alrededor de 7 millones de pesos). Eso significó que el conjunto de los municipios del país percibiera 1.930 millones de pesos menos de ingresos.
Además, a través de otra fórmula, se busca volver a la norma anterior a la dictación de la Ley de Rentas II, que permitía que los municipios tuvieran autonomía y libertad para cobrar derechos por extracción de áridos. Porque, luego de que esa disposición fuera modificada sustancialmente, el sector municipal obtuvo menores ingresos por 1.500 millones de pesos.
Otra posibilidad, quizá la más significativa, es revisar la facultad del municipio, introducida en la Ley de Rentas II, para cobrar los derechos de publicidad solo cuando la propaganda en un bien nacional de uso público sea instalada por una empresa de giro publicitario. Ello implicó 7.500 millones de pesos menos para las arcas del sector.
En resumen, las municipalidades han dejado de percibir 10.930 millones de pesos en esos tres ítems, lo cual, sin duda, les ha generado dificultades financieras y presupuestarias bastantes profundas.
Señor Presidente , no puedo dejar de mencionar que en este último tiempo, además, ha habido mayores gastos por el aumento en las remuneraciones de los alcaldes (más de 3 mil millones de pesos), de los concejales (más de 4.700 millones de pesos) y, también, de los jueces de policía local (más de 2 mil millones de pesos).
Por lo tanto, lo que en un momento se estimó como un gran aporte de recursos frescos para los municipios se ha transformado para la mayoría de ellos en una situación -yo diría- compleja, delicada, pues tal solución hizo que sus presupuestos quedaran absolutamente acotados.
La mejor demostración de ello se observó cuando, una vez que el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley sobre reajuste del sector público -hace dos o tres semanas-, que dispuso un incremento de remuneraciones de 6,9 por ciento para los funcionarios fiscales, el conjunto de los alcaldes, a través de sus distintas organizaciones y en forma individual, señaló que esa decisión del Gobierno y del Parlamento los coloca en una situación imposible, porque muchos de ellos tendrán que dejar de invertir una cantidad importante de recursos para pagar dicho reajuste. El alcalde de Valparaíso , incluso, manifestó que si concede tal aumento infringirá la norma legal que prohíbe que el gasto en remuneraciones exceda el 35 por ciento de los ingresos propios.
En consecuencia, señor Presidente , resulta oportuno, una vez más, requerir al Gobierno para resolver el problema de fondo: el financiamiento municipal.
Puede existir la mejor voluntad para que los municipios recuperen la facultad anterior respecto del cobro de derechos de publicidad, pero una serie de juicios y resoluciones judiciales -incluso, en la Corte Suprema- ponen en riesgo el ejercicio de tal prerrogativa. Lo mismo sucede con lo relativo a la extracción de áridos.
Con todo, no se resolvería el asunto de fondo: el financiamiento del sector.
Este proyecto contiene aspectos de carácter administrativo y de transparencia que son absolutamente positivos.
También trata de superar las dificultades que enfrentan los municipios para concretar sus aportes al Fondo Común Municipal; desburocratiza normas vinculadas al capital que los contribuyentes deben declarar ante aquellos, y resuelve de manera adecuada lo tocante a los sitios eriazos, que generaba un inconveniente mayor en las zonas en expansión urbana.
Por lo tanto, todo lo vinculado a aspectos administrativos y a precisiones de carácter legislativo se soluciona en buena forma en esta iniciativa.
Sin embargo, el tema de fondo -el financiamiento municipal- sigue siendo una tarea pendiente, por cuanto aún no recibimos una propuesta del Ejecutivo sobre la materia. Por consiguiente, los municipios continuarán en una situación difícil, la cual quedó de manifiesto -reitero- con el conflicto generado en el sector a raíz de la aprobación del reajuste de remuneraciones otorgado recientemente a los funcionarios públicos.
Señor Presidente, si bien votaremos a favor la idea de legislar, sin duda discutiremos -hay diferentes opiniones al respecto al interior de nuestra bancada- cada uno de los puntos que puedan significar mayores recursos para las municipalidades, intentando, para ello, reponer normas anteriores a la dictación de la Ley de Rentas II.
Insisto en que el aporte fiscal que se entrega a los municipios, mediante el Fondo Común Municipal, es verdaderamente exiguo. El Gobierno muchas veces presenta iniciativas, refrendadas luego en el Parlamento, para beneficiar a la comunidad, pero termina perjudicando el presupuesto municipal al no entregar ninguna compensación. Ello ha implicado que dicho sector hoy día siga con las dificultades que todos conocemos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, con la aprobación de la Ley de Rentas II muchos esperaban resultados que al parecer no se han materializado.
La verdad es que, al aumentar la carga tributaria a un grupo de chilenos mediante el alza de las contribuciones, lo que hicimos fue asestarle un gran golpe económico a la clase media. Y el resultado que pensábamos obtener no se logró.
Me parece francamente increíble que todo lo que se anunció aquí por quienes enviaron el proyecto pertinente, en la práctica, no se haya cumplido.
En segundo lugar, considero que la ley no se aplicó bien. Según ciertos estudios y experiencias conocidas, en ciudades caras y en balnearios de primer nivel del país las contribuciones se mantuvieron o bajaron, mientras en poblados apartados subieron.
En tercer término, aunque la iniciativa busca corregir tal situación, pienso que fue muy injusta la aplicación del impuesto territorial en el caso de los sitios eriazos, pues las contribuciones aumentaron de manera considerable. Ello, porque se interpretó como tal todo lugar que no tuviera construcción. Sin embargo, todos entendemos que sitio erizo es aquel que carece de cierre perimetral e iluminación y donde no existe nada, lo que se presta para que se junten delincuentes y se perpetren asaltos.
No obstante, aquí se calificó como sitio eriazo un lugar que está cerrado, un lugar con portón y murallas. Hay personas que no construyen porque carecen de recursos para ello, pero tienen cercado su sitio. Y a ellas se las castigó aumentándoles las contribuciones.
Entonces, en mi opinión, el proyecto respectivo se concibió mal y la ley se aplicó peor, pues los resultados fueron extraordinariamente graves.
En el futuro, el Estado de Chile, que cuenta con más recursos que nunca, debiera estudiar la rebaja de contribuciones y no su alza, pues la más afectada es la clase media. Hoy, si uno pregunta a este sector de la población cuál es la mayor carga que soporta frente al Fisco, nos responde que es el pago del impuesto territorial. Por tanto, el Estado debiera aportar más a los gastos municipales, tomando en cuenta el superávit que tiene en todo orden.
Espero, señor Presidente, que se corrija este problema.
Ahora, el cobro del derecho por extracción de áridos y otros materiales desde una propiedad privada me parece abiertamente inconstitucional.
Por cierto, corresponde pagar por los servicios recibidos. ¿Pero qué estaría cancelando una persona que extrae áridos en su propiedad? ¿Cuál es la contraprestación municipal?
Esto es exagerar las cosas al límite. Con ello de nuevo golpeamos a las pymes, a los más chicos. Y, como ocurre generalmente, los más grandes quedan libres de todo pago o se las arreglan para enterar sus impuestos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER .-
Señor Presidente , parece que no todos recordamos de la misma forma el debate de la Ley de Rentas II. Lo que se propuso en ese entonces no fue lo que finalmente se aprobó. Es decir, hubo una iniciativa que tenía cierto propósito, pero, por falta de acuerdo político no se logró el acuerdo necesario para respaldar ciertos impulsos.
Pongo un ejemplo.
Cuando se planteó que los campos deportivos -en un concepto muy amplio, que incluía a campos de golf y clubes de polo- pagaran contribuciones, quedó un área bastante ambigua. Y algunos se escandalizaron. De hecho, ciertas comunidades de inmigrantes -por cierto, muy respetables- se opusieron a que los estadios de los cuales formaban parte estuvieran afectos a tal gravamen.
Todo ello, sin duda, restó recursos significativos a las arcas municipales y fue parte del debate.
Yo comparto que existen aspectos que se pueden perfeccionar. Y ese es el sentido de esta iniciativa de ley.
Quiero señalar otro ejemplo respecto de algo que no está presente en el proyecto y que espero se incluya en el curso de la discusión.
Yo represento en esta Corporación, al igual que otro señor Senador, a la Región de O´Higgins, que está compuesta de 33 comunas. En la provincia de Cachapoal está la comuna de Las Cabras, donde existe una central hidroeléctrica tremendamente importante para el país, de propiedad de una empresa privada. La zona de inundación del embalse es muy grande y se conoce como "Lago Rapel". Y también pertenece a la generadora. Esta empresa, que tiene un impacto enorme en los usos de suelo de la referida comuna y de otras, paga cero peso por concepto de contribuciones. ¡Cero peso!
Eso resulta por completo inaceptable. Porque, obviamente, la actividad económica que se origina con la utilización de esos suelos produce una ganancia millonaria.
Hay otras situaciones muy similares en la Séptima Región. Es el caso de Colbún, donde también se usan amplias superficies.
Por eso, pido que establezcamos, en el transcurso del debate de este proyecto, ciertos criterios básicos con relación al impuesto territorial. Es absurdo que grandes empresas que utilizan extensas áreas de suelo en las comunas no paguen tal gravamen. Cuando aquellas pertenecían al Estado, años atrás, quizá era comprensible que no se les cobrara. Pero hoy resulta inaceptable como principio.
Señor Presidente , por su intermedio, solicito a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo que se estudie el punto, porque no creo que algún parlamentario justifique en esta Sala que un pequeño negocio deba cancelar contribuciones y que una gran empresa, sea en el lago Rapel o en Colbún, no lo haga. Es absurdo que se encuentre exenta.
Adicionalmente -y no quiero ofender a nadie con lo que voy a señalar-, hay algunos alcaldes a quienes les gusta llorar y decir que les falta mucha plata. ¡Como si el dinero fuera de ellos!
Honestamente, me molesta la forma como abordan el debate. Porque no todos los municipios son iguales: algunos tienen muchos recursos; otros, medianos recursos, y los demás, pocos recursos.
Esos ediles suelen reclamar que deben traspasar fondos para educación. Bueno, si no quieren llevarla a cabo, que entreguen esa tarea a otro organismo. Sin embargo, siguen haciéndose cargo de los establecimientos de enseñanza, pues, por los costos políticos que ello implica, no tienen la fortaleza de cerrar colegios inviables en zonas rurales donde sí hay otras alternativas
Lo que uno pide a los alcaldes, señor Presidente, es que sean eficientes en la administración de los recursos de todos los chilenos.
Ahora bien, el proyecto que nos ocupa tiene como propósito rectificar un problema en materia de extracción de basura, medida que considero relevante. También busca mejorar lo relativo a los cobros de derechos de publicidad, algo que es necesario. Asimismo, genera un mecanismo más automático para la integración de los dineros al Fondo Común Municipal, propuesta que resulta imprescindible.
¡Porque -digamos las cosas como son- es una vergüenza que algunos municipios no hagan los aportes a dicho Fondo cuando corresponde! Es inaceptable, al igual que la conducta de esos alcaldes que no pagan las imposiciones de los trabajadores. Y quienes no enteran los dineros pertinentes perjudican a otras municipalidades.
Finalmente, quiero señalar un matiz de diferencia con el juicio que emitió -si no me equivoco- el Senador señor Pérez , quien se refirió a los sitios eriazos.
Una cosa son los sitios eriazos que deben cercarse para no ser ocupados por delincuentes, lo cual es bueno; otra, son aquellos en que los dueños no pueden construir por falta de recursos, lo que resulta entendible, y una distinta radica en el uso de esos terrenos para especular financieramente, situación que se produce en muchas ciudades grandes del país.
Por lo tanto, tenemos tres situaciones diferentes.
Y comparto la idea de que tenga que pagarse una doble o triple tasa de tributación por parte de quienes especulan financieramente con predios ubicados en centros urbanos importantes en que no se construye.
Además, se debe tratar de terminar con la ridícula situación que se da en los municipios de comunas rurales, los que, en convenio con el Servicio de Impuestos Internos, cobran contribuciones por terrenos vacíos de 300 ó 400 metros cuadrados y cuyo valor es casi nulo desde el punto de vista fiscal.
Resulta absurdo dicho cobro. Y, al respecto, me hago parte de lo planteado. Pero no considero bueno evitar el pago de una sobretasa respecto de aquellas propiedades ubicadas en grandes ciudades que solo se usan como capital de respaldo para la obtención de créditos o para la especulación financiera.
Entiendo que se debe perfeccionar la norma sobre el particular. Al respecto hay unidad de criterios, y comparto la necesidad de rectificación.
Señor Presidente , este es un proyecto muy importante. Queremos despacharlo cuanto antes. Sin embargo, pido al Ejecutivo que presente una indicación para determinar el pago de impuesto territorial por terrenos actualmente inundados -antes eran agrícolas y solo a veces pagaban contribuciones por los fines productivos que tenían sus dueños- que se utilizan por empresas generadoras de electricidad, como sucede en la Sexta Región, donde parlamentarios de todos los colores políticos lo hemos planteado una y otra vez por el tremendo impacto que ellas causan en la zona.
Cito como ejemplo la Sexta Región, pero en la Séptima la situación es muy parecida. Imagino que en la Octava ocurre algo similar con el Alto Biobío.
Tales circunstancias se deben corregir o complementar en la iniciativa que nos ocupa, la que vamos a aprobar en general.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , solo quiero hacer un comentario general, porque se trata de un buen proyecto que avanza en la solución de problemas prácticos y concretos de los municipios.
Dicha iniciativa aumenta los recursos -aunque no de manera sensible- o la capacidad de recaudación de las municipalidades en las materias mencionadas aquí, particularmente las relativas al pago de patentes por concepto de publicidad y al cobro de retiro de residuos sólidos, en lo cual cometimos un error en la Ley de Rentas Municipales II.
Pero el problema principal, como se ha manifestado acá -en especial por el Senador señor Pérez , con quien tiendo a coincidir-, no está resuelto: el financiamiento del sistema municipal chileno.
En consecuencia, aquí estamos dando un paso pequeño, significativo, pero no suficiente para asegurar un financiamiento más acorde con las enormes exigencias que hoy hacemos a los municipios. Acabamos de aprobar un proyecto que grava de manera sensible la obtención de recursos económicos por ellos.
Por eso, se debe enfrentar el problema de una vez por todas. Ya se trató de hacer en la Ley de Rentas II, lo que, como recordó el Senador señor Letelier , generó grandes dificultades, pues la falta de acuerdo político impidió avanzar en una iniciativa de esa naturaleza.
También se mencionó en la discusión de aquella oportunidad que íbamos a gravar demasiado a la clase media de nuestro país. Hasta el momento nadie me ha podido explicar exactamente en qué consiste tal concepto. Sería bueno no referirse genéricamente a dicho estrato social como si todos los pertenecientes a él fueran iguales. Es decir, un profesor primario es semejante a un pequeño, mediano o gran empresario, en circunstancias de que son muy distintos; tienen visiones diferentes y extracciones sociales disímiles. No son lo mismo.
Debemos ser más precisos al hablar de la clase media, sobre todo cuando la utilizamos con fines estrictamente electorales.
Lo que sucedió con la Ley de Rentas II fue que, a propósito de la llamada clase media, los municipios, en vez de recibir 96 mil millones de pesos, solo obtuvieron 48 ó 52 mil millones. Vale decir, nosotros mismos fuimos responsables de desfinanciar estratégicamente el sistema municipal.
Dicho cuerpo legal se estudió bien y el debate fue acotado en todas las Comisiones donde se trabajó. Pero al final no hubo acuerdo político. Ello significó no rectificar de manera específica una política que hubiera permitido mejorar efectivamente el sistema de recaudación de los municipios.
Espero que con el proyecto en análisis sentemos las bases para volver a conversar entre nosotros y el Gobierno sobre la resolución del problema. Porque ahora resulta que, a propósito de las mayores recaudaciones que tendrán las municipalidades por las normativas que estamos aprobando, particularmente la relacionada con la subvención preferencial, el 90 por ciento de los municipios que estaban dispuestos a entregar mañana mismo las escuelas a su cargo hoy quieren continuar con ellas.
Eso se debe básicamente a que el proyecto de subvenci��n preferencial entregará una cantidad enorme de recursos -¡enorme!-, como nunca antes en la historia de Chile tuvo el sistema público de educación, en particular la municipalizada. El 70 por ciento de lo acordado aquí irá a los establecimientos municipales, y el 30 por ciento, a los particulares subvencionados.
Ojalá los municipios inviertan en educación. Para eso vamos a aprobar la iniciativa en análisis. Pero me temo que, por ese súbito entusiasmo de aquellos por quedarse con los colegios que antes algunos querían entregar al Estado central y otros a una entidad regional, los recursos se destinen a suplir sus enormes déficits.
Entonces, de una vez por todas actuemos con seriedad para enfrentar una cuestión estratégica, de fondo, que afecta a las municipalidades, y asumamos el grado de responsabilidad que nos corresponde. Porque, si no queremos incrementar en 50 ó 52 por ciento el déficit de ellas -en ese orden pareciera estar el porcentaje antes de la aprobación del proyecto de subvención preferencial-, deberemos aumentar sus recursos a través de algunas patentes municipales.
Aquí se avanza de manera significativa en algunos temas. Por ejemplo, van a pagar mayores multas los dueños de sitios eriazos en que no se construya. Eso me parece bien. Pero con seguridad será una cantidad muy ínfima de recursos. Los municipios no se enriquecerán con ese tipo de medidas que hemos aprobado por unanimidad.
Por lo tanto -y con esto concluyo, señor Presidente -, quiero llamar la atención por la deuda que tenemos con el sistema municipal, particularmente el Parlamento y la clase política, como afirman algunos sociólogos de última hora. Vale decir, debemos reponer aquí una discusión en serio sobre la forma de financiar a una de las instituciones básicas de la democracia chilena y, tal vez, una de las más importantes que tiene el ciudadano para enfrentar una mejor calidad de vida: el municipio.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, he oído con cierta sorpresa a algunos parlamentarios decir -obviamente con la mejor buena fe- que se trata de un buen proyecto de ley.
En verdad, a mi juicio, nadie debería hacer tal afirmación, pues la iniciativa que nos ocupa pretende enderezar a los curcunchos que dejó la Ley de Rentas II. En sí misma, más allá del esfuerzo de sus autores, no será capaz de cambiar la vida de los municipios, porque solo "intenta" superar algunos déficits o vacíos de ese cuerpo legal.
Sin embargo, señor Presidente , considero positivo que en materia legislativa exista historia, que haya memoria, porque me sorprende que esta discusión la hagamos como si no se hubiera debatido durante cuatro años la que fue la Ley de Rentas II.
En dicha normativa -debo hacerlo presente una vez más- no hubo unanimidad. Fue tremendamente discutida. Muchos de nuestros votos fueron negativos, pero -es bueno señalarlo- en su momento hubo un acuerdo político. Y no es que no lo haya habido igualmente para enfrentar el problema del endeudamiento municipal. Porque sí existió, pero fue desconocido por el Gobierno, lo cual es muy distinto.
Dicho acuerdo político consistía en pedir aportes a la sufrida clase media, ya que -no sé si es un fenómeno sociológico o sicológico; no sé como explicarlo- habría una contraprestación del Estado cercana a los 140 mil millones de pesos en esa instancia. Finalmente, por rivalidades ideológicas y discusiones en el oficialismo, el Ministro del ramo señaló que no podía acoger esa solicitud y volvimos a fojas cero, luego de lo cual se aprobó la parchadísima Ley de Rentas II.
En consecuencia, muchos de los problemas que hoy se intenta arreglar se resolvían en el proyecto original. Por ejemplo, lo referente a los sitios de los campos deportivos tuvo una larga discusión. Se hizo una distinción entre el casino y lo que es el recinto deportivo propiamente tal. También se trató el tema de la basura, respecto del cual, según me anotan, en este momento hay una indicación latente -dicen que viene del Ejecutivo- con la finalidad de bajar el avalúo fiscal de las propiedades susceptibles de pagar la extracción de la basura.
También hay referencia al nivel de las contribuciones de los sectores medios.
Todo ello tenía una contraprestación que consistía en un aporte del Estado. Y, al final, quedó esa parte y no la otra. Y como la ley es mala, obviamente hoy tenemos municipios desfinanciados, desprovistos y, en algunos momentos, con gente desesperada.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de esa situación. No es que no haya habido un acuerdo político. Él existió. A través de dicho acuerdo se pretendía endilgar o dar un nuevo rumbo a las municipalidades de Chile, para que pudieran tener los recursos adecuados y cumplir así las durísimas y apasionantes tareas a que actualmente se ven enfrentadas. Pero, al no haber contraprestación, obviamente quedan en una situación muy difícil y, más bien, dramática.
Entiendo los esfuerzos de la señora Subsecretaria -ya que el Estado no entregó los recursos- por tratar de obtenerlos de alguna parte. Y ahí vamos con el lastre; ver si en la basura se puede rasguñar algo. Comprendo su noble tarea, porque se da cuenta de que los municipios tienen un desfinanciamiento brutal.
En ese sentido, no tengo inconveniente en aprobar en general el proyecto. Pero, en lo personal, me parece que muchas de sus disposiciones no van en el sentido correcto.
No obstante, aunque sean campanadas de agonía, debería dejarse constancia de que aquí estamos viendo el sucesivo entierro de los municipios en Chile, pues, en lugar de buscar una operación de salvataje definitivo, serio, mediante un acuerdo relevante, se parcha la deficiencia y los forados que vienen del pasado.
Por eso, señor Presidente , para colocar los puntos sobre las verdaderas íes de la historia, quiero hacer presente que aquí estamos ante una profecía muy anunciada que hoy día se está cumpliendo. Si Sus Señorías leen la Versión Taquigráfica, comprobarán que se señaló que esto iba a ocurrir, casi en el mismo contexto en que se está dando ahora. Tal vez sea algo dramático revisar y averiguar cómo sucedieron los hechos. ¡Pero así fueron!
El Gobierno, en su momento, habrá tenido razones para desestimar el acuerdo suscrito. No pienso que este -más allá del esfuerzo de sus actores- hubiera solucionado los problemas de los municipios, que, lamentablemente, se seguirán arrastrando en el tiempo de no mediar una cirugía mayor y no puros "parches curita" como estamos viendo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , a propósito de algunas intervenciones, deseo poner énfasis en lo que acaba de señalar el Senador señor Coloma , en el sentido de que muchas de las inquietudes que surgen tienen que ver con que las materias que trata el proyecto de ley en análisis fueron modificadas en su momento, dentro de un contexto completamente distinto.
Hubo un acuerdo político que, finalmente, fue desconocido. Por eso, muchos de los hechos que ahora aparecen contradictorios o inconexos tienen una explicación. Pero esta no es de responsabilidad nuestra, porque nosotros no incumplimos dicho acuerdo.
Respecto de la iniciativa, quiero suscribir las inquietudes planteadas por el Senador señor Pérez Varela, y subrayar dos o tres comentarios que me parecen importantes.
Primero, aquí se aumentan las exenciones al impuesto territorial. Y si uno las analiza individualmente parecen justificarse, por lo menos, a primera vista. Sin embargo, el sistema o el mecanismo que se está siguiendo no es sano. Porque empezamos con una situación casuística, a través de la cual se van incorporando entidades, lo que al final abre un espacio para la presión, para el lobby mal entendido, y estos proyectos de ley pueden terminar convirtiéndose en conceptos normativos misceláneos guiados por los criterios de la coyuntura y la presión del momento. Y no me parece que esto sea aceptable en una norma de esta naturaleza.
Segundo, deseo manifestar mi sorpresa al saber que el Ejecutivo intenta reducir el monto de los avalúos de las propiedades hoy día exentas de los derechos de aseo. Las que están bajo las 225 unidades tributarias mensuales -lo que corresponde a una cifra superior a los 7 millones 300 mil pesos- están liberadas de pago. Y según entiendo -así venía en el texto que llegó de la Cámara de Diputados-, se quiere rebajar a 100 UTM; es decir, a poco más de 3 millones 250 mil pesos.
Considero justo el propósito de buscar recursos adicionales para los municipios. Pero no me parece adecuado hacerlo a costa de la gente más pobre. Porque eso es lo que significa: personas con viviendas avaluadas entre 3 millones 250 mil y 7 millones 320 mil pesos empezarán a pagar derechos de aseo, en circunstancias de que, obviamente, se trata de un sector de ingresos muy bajos, de acuerdo con las condiciones y el valor de sus propiedades
Por lo tanto, se trata de financiar a los municipios sobre la base de un sector de la población que no está en condiciones holgadas para pagar.
Si fijamos un criterio, debemos mantenerlo. Por eso, si el Ejecutivo presenta esa norma, no la vamos a apoyar.
Y, por último, señor Presidente , quiero plantear un tema conceptual.
Entre las múltiples normas del proyecto se incorpora el cobro por derechos de publicidad. Hoy día, solo las empresas publicitarias que desarrollan actividades en un municipio los pagan. Y la iniciativa amplía esa obligación a toda propaganda que pueda ser vista u oída desde la vía pública, independientemente de que haya una empresa de por medio.
El problema conceptual es que los derechos municipales suponen una contraprestación, y aquí no hay ninguna. Alguien que pone en su propiedad privada un aviso no está recibiendo de parte del municipio ningún servicio, beneficio o aporte. Por lo tanto, no se ve cuál es la lógica de tal norma.
En definitiva, se está creando un impuesto, lo cual rompe el criterio de lo que son los derechos municipales y la justificación de su cobro.
Por consiguiente, debemos tener especial cuidado sobre esta materia. Pienso que no se pueden romper los criterios inspiradores de las normas -por lo menos en el ámbito del Derecho Administrativo Municipal- que han regido estos conceptos por décadas, sobre todo si es para lograr dos o tres pesos más para los municipios.
Pienso que los problemas de fondo de ellos no los vamos a resolver de esta manera. Al revés, al cambiar los conceptos, podemos crear inconvenientes que se multipliquen en el tiempo al desaparecer la base conceptual que ha inspirado la organización de los derechos municipales en Chile.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-
La señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo me ha pedido la palabra.
¿Habría acuerdo en la Sala para que intervenga?
Así se acuerda.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria.
La señora SERRANO (Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo).-
Señor Presidente , estoy de acuerdo con algunos de los comentarios formulados por Senadores de la Alianza y, por cierto, de la Concertación, quienes han advertido que con el proyecto no estamos dando una respuesta integral y sustantiva al problema de las finanzas municipales, teniendo en cuenta las crecientes necesidades de mejores prestaciones y de servicios de calidad para los ciudadanos. Porque, al final, el criterio es saber cuál es la calidad de servicio que pueden prestar los municipios en una demanda cada vez más exigente.
Sin embargo, no comparto el juicio de que estas modificaciones a la Ley de Rentas II sean un simple "parche curita".
Dicho cuerpo legal pretendió allegar recursos por alrededor de 58 mil millones de pesos, pero -como se mencionó denantes- solo capturó 37 mil millones. Y acá pretendemos corregir algunas materias cercenadas, omitidas o descuidadas en la discusión legislativa llevada a cabo cuando se tramitó la Ley de Rentas II, particularmente en lo relacionado con derechos de aseo, cobro de patentes por pozos lastreros y otras regulaciones, por ejemplo, en cuanto a publicidad en la vía pública.
El debate surgido -como señaló el Senador señor Núñez - respecto a materias sustantivas de financiamiento municipal desde una mirada más integral está pendiente, y el Ejecutivo recoge el guante para presentar al Senado una visión reformadora, atenta.
Pero el motivo de mi intervención no es repetir los objetivos de este proyecto -ya comentados y bien informados por el Honorable señor Sabag -, sino exponer que ello forma parte de un conjunto de medidas legislativas que Sus Señorías conocen.
Entre ellas, la modificación al Fondo Común Municipal y a sus porcentajes de eficiencia y emergencia, para que su componente pase a ser totalmente redistributivo y no existan criterios de discrecionalidad por parte del Ejecutivo. Este se resta de la adopción de decisiones a efectos de entregar todos los recursos al componente distributivo.
Cabe recordar que, de acuerdo con lo anunciado en el Mensaje del 21 de mayo pasado, la Presidenta de la República efectuó un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal por 13 mil millones de pesos.
Asimismo -como se ha señalado-, hay que tener presente el paquete de medidas destinado a aumentar los recursos municipales a través del mecanismo de educación municipal, entendiéndose en él el incremento de 15 por ciento en la unidad de subvención, la subvención escolar preferencial, etcétera.
Deseo relevar en particular que por primera vez contamos con 100 millones de dólares exclusivamente dirigidos a los municipios en materias de educación.
Por último, no quisiera olvidar la importancia de un proyecto en trámite en el Senado, que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal.
No será una ley ni un mecanismo el que resuelva el conjunto complejo de asuntos que tienen que ver con las finanzas y la modernización de la organización municipal.
Esta iniciativa quizás es pequeña -como se dijo-, pero en la vida cotidiana de un municipio el perder, por ejemplo, 50 millones de pesos de recaudación por concepto de derechos de publicidad o extracción de áridos desde pozos lastreros puede representar un daño mortal.
Eso es lo que viene a corregir el proyecto, y esperamos que a lo menos contribuya a mejorar las finanzas municipales con un presupuesto no inferior a 10 mil millones de pesos.
Deseo que Sus Señorías lo consideren en el conjunto de las medidas que tenemos en curso. Y, en nombre del Ejecutivo , recogemos el guante respecto de una tarea pendiente en cuanto a llevar a cabo una reforma mayor o a fijar una mirada más integral acerca de un sistema de financiamiento municipal asociado a las crecientes y complejas necesidades de respuesta de los municipios a los requerimientos de la ciudadanía.
Muchas gracias
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 23 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Correspondería fijar plazo para presentar indicaciones, para lo cual propongo el día 4 de enero.
El señor SABAG.-
De acuerdo. ¿Y, entonces, la iniciativa se enviará a Comisiones unidas?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-
Así es.
--Se fija como plazo para formular indicaciones el viernes 4 de enero de 2008, y el proyecto pasa a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas.
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