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- rdf:value = " PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY Nº 19.968, SOBRE TRIBUNALES DE LA FAMILIA. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor BUSTOS ( Presidente ).-
Corresponde pronunciarse sobre la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, respecto del proyecto que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia.
Recuerdo a la Sala que en la sesión de ayer se acordó posponer para hoy la votación del informe de la Comisión Mixta, con la finalidad de que el ministro de Justicia aclarara las dudas sobre contratación de personal y aumento de jueces.
Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, formé parte de la Comisión Mixta y hay un tema que me gustaría que también se consultara al ministro .
Como todos sabemos, el proyecto aumenta el número de jueces y de funcionarios de los tribunales de familia.
El caso de Puente Alto debe ser similar al de muchas otras comunas y distritos en cuanto a la falta de espacio físico para la nueva dotación. Aquí se aumenta el número de jueces de seis a diez, y el número de funcionarios de 21 a 41, pero no hay espacio físico dónde construir.
Llamé al subsecretario, don Jorge Frei , para informarle de la situación. Él me dijo que iba a consultar con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero hasta ahora no he obtenido respuesta.
En esas circunstancias, no sacamos nada con que estén disponibles los recursos para construir si no hay espacio físico para hacerlo, de manera de ampliar tanto las salas para los jueces como los espacios para los funcionarios.
Todos los tribunales de familia están atestados con los actuales funcionarios; algunos tienen espacio para ampliarse, pero otros, como Puente Alto, no lo poseen.
Me gustaría que también se abordara ese tema.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MALDONADO ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente, voy a hacer una presentación general sobre la materia.
El proyecto que está culminando su tramitación, como ustedes saben, ha pasado en dos oportunidades por esta Cámara: en su primer trámite constitucional y, luego, para conocer las modificaciones del Senado, oportunidad en que esta honorable Sala estimó pertinente aprobar la gran mayoría de ellas y rechazar algunas para que se consensuaran los contenidos finales de los artículos en la Comisión Mixta. Se constituyó dicha instancia, trató los puntos sometidos a su conocimiento y el proyecto volvió para su aprobación final y despacho.
El propósito fundamental del proyecto es el fortalecimiento de la justicia de familia y apunta en dos direcciones.
Por un lado, contiene un conjunto de modificaciones procedimentales que buscan agilizar las causas y remover los obstáculos, dificultades o factores que han influido para que tengan una tramitación lenta, una cierta sobrecarga y, en algunos casos, la saturación de los tribunales especializados.
Las reformas procedimentales son varias. Detallaré las principales, que se arrastran desde el principio de la tramitación del proyecto. Voy a dar un último barniz general sobre su contenido para después contestar las consultas que pueda haber.
En primer lugar, se establece la obligatoriedad de asistencia letrada para precisar de mejor manera cuál es el asunto jurídico sometido a la decisión del tribunal.
Por mucho que estos sean tribunales de familia, finalmente, en cuanto tales, su misión es establecer cómo se aplica en cada caso concreto la ley vigente sobre la materia y, por lo tanto, es necesario que la controversia jurídica se precise ante estos, con el objeto de que la intervención profesional, costosa, sea acotada a aquello que realmente se necesita. Se trata de evitar que el tribunal se transforme o degenere su naturaleza en una suerte de orientación jurídica o de consultorio de problemáticas de familia que excedan el ámbito jurídico, como lamentablemente venía ocurriendo a propósito de la muy bien intencionada, pero defectuosa en sus efectos, decisión de permitir que las personas concurrieran a estos tribunales sin asistencia jurídica; es decir, sin abogados. Las audiencias se prolongaban y los resultados eran más difusos.
En segundo lugar, en el marco de modificaciones procedimentales, se fortalece el principio de concentración y de continuidad de las audiencias para mejorar la eficiencia en su agendamiento. Uno de los desafíos que presenta la justicia oral en el mundo, y también en nuestro país, que está iniciando esta experiencia, es el agendamiento de audiencias. La justicia oral, en cuanto a la inmediación del juez, o sea, a su presencia directa, a su contacto directo con las partes, requiere necesariamente de un sistema muy eficiente, muy profesional, de agendamiento, para que el tribunal realice la mayor cantidad de audiencias en el menor tiempo posible. Si eso no se ordena eficientemente, es imposible que, por muchos jueces que se destinen, el sistema oral responda en los tiempos necesarios a las demandas de la ciudadanía.
Eso, afortunadamente, lo hemos apreciado en países desarrollados, en que las audiencias, incluso, duran a veces sólo minutos. En Estados Unidos, por ejemplo, he visto que el agendamiento no es porque ese país no tenga plata para poner más jueces, sino porque el sistema supone la mayor cantidad de audiencias posibles en cada jornada, las que se desarrollan con la máxima celeridad.
Por eso, entonces, se refuerzan jurídicamente ciertos principios de concentración y de continuidad que apuntan a mejorar el sistema de agendamiento de audiencias en los tribunales.
Adicionalmente, en las modificaciones orgánicas, en la misma dirección, se incorpora un importante número de profesionales que van a permitir trabajar de mejor manera la gestión interna de estos tribunales.
Luego, se establece la admisibilidad; es decir, un examen previo donde el tribunal va a determinar si la materia que se está sometiendo a su conocimiento tiene efectivamente relevancia jurídica y es de su competencia.
Y quizás lo más relevante, junto con la asistencia de abogados a las partes, es la mediación en carácter de previa y obligatoria para las materias que más frecuentemente se litigan ante estos tribunales, que son el derecho a alimento, el cuidado personal -conocido, en términos generales, como la tuición de los hijos- y la relación directa y regular también conocida como el derecho de visitas.
Es decir, estos aspectos fundamentales, concernientes a la relación de los padres con sus hijos en el caso de separación, como la contribución a la mantención de los mismos, cuál de los padres los cuida personalmente y cómo el otro ejerce su derecho a seguir teniendo relación directa y regular con ellos, a través del sistema de visitas, serán sometidos a un sistema de mediación en carácter de previo y obligatorio una vez que entre en vigencia la ley.
Con esto se persigue atender a la particular naturaleza del conflicto de familia que, como sabemos, dice relación quizá con los ámbitos más íntimos y de los afectos de las personas, y donde una controversia ante un tribunal suele ser bastante desgastadora y afecta a las partes, independiente de a quien el tribunal le dé la razón. Eso termina transformando el juicio en motivo de mayor deterioro de la relación familiar, por las descalificaciones que se hacen durante la controversia en el tribunal, afectando principalmente -y eso es lo que a todos nos preocupa-, a los hijos, que sin tener responsabilidad alguna se ven enfrentados a esa lamentable situación.
En consecuencia, la mediación ofrece una mucha mejor posibilidad de respuesta a los conflictos, ya que profesionales especializados buscan puntos de encuentro para que las partes lleguen a acuerdos sobre alimentos, tuición y visitas. Debo agregar que las mediaciones son gratuitas.
En seguida, las modificaciones procedimentales, que persiguen remover los principales factores que dificultaban el funcionamiento del sistema, se complementan con reformas orgánicas, de manera de fortalecer el soporte material de la justicia de familia.
Como todo sistema de justicia, el de familia requiere un soporte material que le permita funcionar adecuadamente. Para tal efecto, el proyecto aumenta el número de jueces de familia de 258 a 289, es decir, lo incrementa en 36 por ciento, y el de funcionarios, de 1.067 a 1.707, es decir, se aumenta sobre el 60 por ciento. Creo que nunca antes un proyecto de ley incrementó tanto, en términos porcentuales, el número de funcionarios de una repartición pública.
Además, se profesionaliza y especializa la gestión de los tribunales a través de la creación de más cargos de jefes de unidad de servicios, destinados a profesionales, y de jefes de unidad de causas y de la creación de unidades de cumplimiento.
Asimismo, se establece un incentivo al retiro de los funcionarios de más edad y un mecanismo para llenar las vacantes que tales retiros generen, prefiriendo para ello a los funcionarios que aún no han sido destinados.
He hecho un breve resumen del proyecto y quedo a disposición de la Sala para satisfacer las inquietudes que surgieron en la sesión de ayer.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Para hacer sus consultas, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS .-
Señor Presidente, agradezco el buen resumen de los objetivos del proyecto que hizo el ministro , que son loables y que debieran tender a solucionar los inconvenientes que se han presentando en los tribunales de familia durante estos dos años y medio desde su puesta en marcha. No cabe duda de que el trabajo de la Cámara de Diputados, del Senado y del Ministerio de Justicia debiera obrar en esa lógica.
Una de las inquietudes que motivó que la Mesa suspendiera la votación del proyecto para hoy dice relación con un correo electrónico que recibimos varios diputados y senadores y que hace referencia a la situación de 150 personas que fueron contratadas durante estos años, al parecer desde la calle, para mejorar -debo entender- el funcionamiento de los tribunales de familia. Estas personas adquirieron experticia, pero incluso así, según nos plantean, el proyecto las deja en indefensión absoluta, porque no tendrán la posibilidad de ser traspasadas a la planta de la nueva judicatura. Las vacantes que ellas dejen serán eventualmente ocupadas por funcionarios de planta que van a repostular. Tienen derecho a hacerlo, pero no necesariamente vienen del mundo de los tribunales de familia o de menores; es más, han postulado a otras judicaturas y, por razones que no son del caso analizar, no les ha ido bien en los concursos.
Entonces, la pregunta es qué pasará con esos 150 funcionarios. ¿Siempre supieron que su participación en la judicatura de familia era transitoria, feble y que no estaba sujeta a la posibilidad de continuar en los tribunales? ¿Existe la posibilidad de que ingresen en el futuro? Lo pregunto, porque es de toda lógica colaborar para que las plantas administrativas de los nuevos tribunales se integren con personas con experticia en el área y no con funcionarios sin experiencia y que vienen de otras áreas, más allá del respeto a las carreras funcionarias. Entonces, ¿cómo hacemos una mixtura? ¿Qué va a pasar con estas personas?
Esa es la inquietud que los diputados Alvarado, Jaramillo, Ortiz y quien habla planteamos en la sesión de ayer.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, me sumo a la inquietud planteada por el diputado señor Burgos . Además deseo saber, dada la capacidad de la infraestructura que alberga a los tribunales de familia, qué significa para la Corporación Administrativa del Poder Judicial el aumento del número de jueces. ¿Tendrán las dependencias que actualmente ocupan los juzgados de familia la capacidad para albergar a estos jueces o habrá que buscar nuevos espacios para ubicarlos?
Lo pregunto porque, por ejemplo, en Puerto Montt tenemos arrendado, desde hace un año, un espacio para los tribunales laborales, atendido el aumento de jueces especializados. Está con su letrero, fue acondicionado al efecto y se sigue pagando el arriendo hasta la fecha; sin embargo, ahí está sin ser ocupado y los recursos se siguen perdiendo.
Por eso, insisto, quiero saber qué pasará con la actual capacidad de la infraestructura que alberga a los tribunales de familia.
He dicho.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, en la sesión de ayer planteé dos temas muy específicos. Uno, referido a lo que señaló mi colega y amigo Jorge Burgos , sobre el correo electrónico que nos enviaron esas personas contratadas en los tribunales de familia y que quedarán sin empleo. En lo personal me afecta, porque algunas son de la Octava Región, con quienes me entrevisté la semana pasada.
En seguida, me referí a las tres visitas que realicé, sin prensa, para imponerme en terreno del funcionamiento de los tribunales de familia en mi ciudad de Concepción, ubicados en la esquina de Freire con Colo Colo , en el edificio del ex diario El Sur. Advertí que la carga de trabajo era inmensa y que resultaba imposible ser más expedito en la tramitación, a pesar del esfuerzo de jueces y de funcionarios de la planta técnica.
Planteé lo anterior en la Sala durante el trámite correspondiente del proyecto. Además, en Incidentes de otra sesión solicité el envío de un oficio bien fundamentado al ministro de Justicia , que hoy se encuentra en la Sala, porque me reuní con el personal y con la asociación de funcionarios respectiva, lo que me permitió informarme sobre la carga de trabajo del personal, el número de personas y todas las materias que estamos analizando.
Me contestó el subsecretario, porque el ministro en ese instante estaba de vacaciones. Le digo muy francamente que no entendí la contestación, ya que, en el fondo, no me dice absolutamente nada, porque tal como me lo planteó el ministro , se suponía que esto iba al Senado para un amén.
En el artículo 4º bis se habla de una dotación adicional de tres jueces para el juzgado de familia de Concepción, lo que tiene que ver con el artículo 115.
Debo aclarar que comparto la consulta del diputado Jorge Burgos , pero quiero saber cuándo comenzarán a operar esos tres jueces y si van a estar trabajando físicamente en el edificio de Colo Colo con Freire. Esto es vital para mí.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , también adhiero a la consulta que se formuló respecto de esos 150 funcionarios que mencionó el diputado Burgos .
Además, deseo plantear un tema que me preocupa, cual es que algunas capitales de provincia quedaron sin juzgados de familias.
Al igual que el diputado José Miguel Ortiz , quien habla también visitó los tribunales en forma solidaria y fraterna para consultar a los funcionarios sobre el particular. Ellos me manifestaron que están colapsados, porque solamente existen tribunales de garantía y laborales.
Por lo tanto, quiero una respuesta futura, pero cercana, acerca de qué posibilidades hay de crear tribunales de familia en las capitales de provincia que no los tienen.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MALDONADO ( ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , en primer lugar, me referiré a la inquietud planteada por el diputado Burgos, y según entiendo compartida por diversos señores diputados, sobre la situación de los funcionarios a contrata que ingresaron desde la entrada en vigencia del sistema hasta esta fecha y cuál es su situación a propósito de la aprobación del proyecto que amplía en forma sustantiva, en un porcentaje superior al 60 por ciento, el número de cupos para la planta de estos tribunales.
La situación es la siguiente. El proyecto no dispone prioridad o derecho preferente para esos funcionarios, pero tampoco establece ninguna discriminación en su contra. Es decir, esos funcionarios podrán optar a cualquiera de esos 600 cupos adicionales en las mismas condiciones que otras personas que también están en el Poder Judicial a contrata o de quienes desean ascender.
Esa es la situación.
Reitero, no hubiera sido ecuánime respecto de los demás funcionarios establecer una preferencia para personas que llevan poco tiempo en el Poder Judicial , en circunstancias de que otros llevan muchos más años a contrata y tienen el legítimo derecho a postular cuando se amplían las plantas y se crean nuevos cupos.
En consecuencia, hemos querido que postulen en igualdad de condiciones quienes les han hecho presente a ustedes esa inquietud, así como el resto de los funcionarios del Poder Judicial.
En todo caso, el sentido común señala que las personas con experiencia y que han hecho bien esa labor tendrían más posibilidades de que les vaya bien en esas postulaciones, pero optamos por no establecer ninguna preferencia en forma legal. Tengo dudas de que hubiera sido factible hacerlo; pero, por razones de equidad, consideramos que no era pertinente establecer preferencias. Además, para decirlo en forma directa y franca, la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial de Chile nos planteó formalmente que se hiciera de esa manera, o sea, que no hubiera ni preferencias ni discriminaciones, con el objeto de que todos pudieran postular en igualdad de condiciones.
La diputada señora Turres hizo una consulta sobre la infraestructura.
A propósito de esta ampliación del número de jueces y de funcionarios, el Poder Judicial ha hecho presente al Ministerio de Hacienda la necesidad de implementar cierta infraestructura y equipamiento para este importante número de jueces y de funcionarios que se agregan.
Este tema se está analizando técnicamente entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda. No obstante, no es fácil ponerse de acuerdo sobre la materia, porque la necesidad de infraestructura está relacionada con los estándares; es decir, los que señalan la cantidad de metros cuadrados que se necesitan para los funcionarios o la calidad y costo de la habilitación por metro cuadrado. Muchas veces es un poco árido precisar determinado estándar, ya que quien necesita la implementación material no siempre ve las cosas de la misma manera que quien las financia.
En este caso, el Poder Judicial ha hecho presentes sus planteamientos, los que se analizarán en las instancias que correspondan.
Asimismo, la diputada señora Marisol Turres y el diputado señor José Miguel Ortiz preguntaron si los nuevos jueces van a funcionar en los mismos inmuebles, lo que no tiene que ver con la implementación material, pero sí con un estándar de funcionamiento de los tribunales.
Esas situaciones se verán caso a caso, porque algunos inmuebles tienen más posibilidades que otros. No tengo la respuesta específica de lo que sucede en cada ciudad, pero esto es parte de la evaluación que ha hecho la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de las necesidades de financiamiento que se ha planteado Hacienda.
Hay otro tema que es bien técnico, pido disculpas por ello, pero que a algunos señores diputados puede interesar: el de los jueces por salas.
Desde que se instauró el sistema de oralidad en Chile, con la reforma procesal penal, ha habido un debate muy amistoso y respetuoso entre el Poder Judicial y otros órganos del Estado acerca de si es necesario establecer una sala por juez o si basta con fijar un determinado número de salas en proporción con el número de jueces, porque por muchas audiencias que necesiten realizar, el sentido común y la lógica nos indican que ningún juez va a pasar todo el día en la sala de audiencia, porque su trabajo no es sólo ése, ya que también debe dictar sentencias, por ejemplo, y otro tipo de resoluciones.
Por lo tanto, se considera suficiente establecer 70 por ciento de salas en relación con el número de jueces, lo que podría funcionar perfectamente con un sistema eficiente de agendamiento de audiencias. No obstante, me parece muy respetable la posición del Poder Judicial , que ha planteado permanentemente que necesitan una sala por juez.
Lo anterior genera una presión en cuanto a si son adecuados los inmuebles para recibir el número adicional de jueces, pero insisto en que su financiamiento se resolverá entre el Poder Judicial y Hacienda.
El diputado señor Enrique Jaramillo planteó el problema de las capitales provinciales que han quedado sin tribunales especializados.
En verdad, su instalación se propone sobre la base de dos parámetros:
En primer lugar, sobre el ingreso de causas de esa especialidad en una comuna o territorio jurisdiccional determinado; pero también se tiene presente, esto a veces no es tan nítido y genera un poco de perplejidad, la existencia de otros tribunales especializados en la misma localidad, porque capturan la competencia que antes era de los juzgados de letras.
En la medida en que en una ciudad existan más tribunales especializados, suele ser menos urgente la creación de más juzgados de ese tipo, aunque sean relativos a otras materias, porque los de letras tendrán menos carga de trabajo.
Los factores a considerar son carga de trabajo por materia y existencia o no de tribunales especializados. Sobre esos dos factores, quiero dar la seguridad de que en una forma estrictamente matemática se determina dónde se crean tribunales, sin descartar que sea necesario hacerlo en el futuro.
Los límites en esta materia se ponen considerando carga de trabajo y existencia de tribunales especializados; se ponderan los factores y eso arroja los lugares donde es necesario establecer nuevos tribunales.
Evidentemente, vamos a estar observando el funcionamiento de la ley, al igual como lo hemos hecho con todas las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, pidiendo audiencia a las comisiones especializadas e informando sobre el funcionamiento y las falencias. También lo haremos en materia de dotación de tribunales y de jueces.
El señor ULLOA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
En votación el informe de la Comisión mixta recaído en el proyecto de ley que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que creó los tribunales de familia.
Para la aprobación del informe se requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ULLOA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
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