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El señor CERONI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG .-
Señor Presidente , apoyaré el informe de mayoría de la Comisión investigadora, que se abocó durante varios meses a estudiar la existencia de posibles irregularidades ocurridas con ocasión de pagos extras por concepto de honorarios, en virtud de asesorías efectuadas por diversos profesionales a Gendarmería de Chile entre los años 1990 y 2006, por varias razones.
En primer lugar, por prudencia. No se puede involucrar en esas irregularidades a cientos de profesionales, algunos de los cuales hoy ocupan cargos políticos relevantes, como los ministros de Estado , que de buena fe prestaron servicios a Gendarmería, por el sólo hecho de que otras personas no cumplieron con su cometido o recibieron favores políticos, como señala el informe de minoría.
En segundo lugar, después de escuchar todos los testimonios no he llegado a una convicción seria, en uno u otro sentido, de si se prestaron las asesorías o no.
Se ha señalado que aquí no hemos podido llegar a una verdad más de fondo, por cuanto existe desorden administrativo, faltan registros y respaldos de los informes de los profesionales, y se da una serie de otros vacíos administrativos que impiden llegar a una convicción seria y tan grave como la de que Gendarmería se transformó en una caja pagadora de favores políticos, como señala el informe de minoría. Eso sería algo muy delicado. Pero ello tampoco puede llevar a la convicción contraria, cual es que no se prestaron las asesorías, porque no están los informes. Perfectamente, la asesoría de un profesional, como la del actual senador Gómez , pudo ser verbal y entregada en reuniones, de lo cual no quedó constancia.
Por lo tanto, respetando la presunción contraria de que aquí ha habido una caja pagadora de favores políticos, creo que el principio que debe regir y que figura en nuestro ordenamiento jurídico es el de la buena fe; es decir, que se presume inocente, a menos que se pruebe lo contrario. No podemos condenar a una persona por la presunción de que aquí ha habido irregularidades políticas.
Quiero recordar que en 2003 se hicieron famosos los acuerdos Insulza-Longueira que, en síntesis, pretendían emitir un reproche respecto de una práctica que se aplicaba en nuestra administración pública de mejorar algunos sueldos mediante asesorías, como los ocurridos en el caso MOP-Gate y otros. Esta práctica no sólo se dio en los gobiernos de la Concertación, ya que se hacía desde hace mucho tiempo en la administración pública. En los acuerdos Insulza-Longueira se llegó al convencimiento de que existía la práctica de mejorar las remuneraciones de quienes ejercían funciones críticas. En consecuencia, desde esa fecha en adelante, resultaba reprochable ese tipo de prácticas.
Por su parte, después de esos acuerdos, el Congreso Nacional hizo un esfuerzo para sanear esa situación de hecho que se daba en la administración pública, dado que los sueldos de sus funcionarios eran muy bajos. Se trataba de un problema del que teníamos que hacernos cargo como país, con el objeto de transparentar el servicio público.
Quiero reivindicar ese acuerdo, porque, incluso en la hipótesis de que se hubiese probado fehacientemente que Gendarmería fue una caja pagadora, hubo un acuerdo político para sanear esta situación hasta 2003. Después de esa fecha, esas actuaciones debieran tener una sanción, para lo cual debiéramos perfeccionar el Estatuto Administrativo.
Al respecto, me hago eco de lo dicho por el diputado informante , en el sentido de que pedimos a la Presidenta de la República y al Ejecutivo el envío de un proyecto a la brevedad al Congreso para mejorar la transparencia en la Administración Pública respecto de todas las asesorías que se prestan a las diversas reparticiones, con el objeto que sea exigible un informe final y procedimientos que ameriten la necesidad de esos informes, para que no se cumpla la predicción de que éstas se transformarán en cajas pagadoras de favores políticos, como señala el informe de minoría.
Finalmente, quiero hacer mención a un aspecto procedimental de las comisiones investigadoras. Si rechazamos el informe, la Comisión Investigadora va a carecer de un trabajo final después de haber trabajado durante seis o siete meses. Por lo tanto, como lo discutimos en la Comisión, creo necesario que operemos como lo hacen las cortes de apelaciones, los tribunales superiores de justicia, en el sentido de que si se rechaza el informe de mayoría, de pleno derecho tiene validez el de minoría. Este aspecto se debiera considerar respecto de las futuras comisiones investigadoras.
He dicho.
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