?REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 117ª, en miércoles 17 de diciembre de 2008
(Ordinaria, de 10.39 a 14.04 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco, y Ceroni Fuentes, don Guillermo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA


ÍNDICE GENERAL

I. Asistencia
II. Apertura de la sesión
III. Actas
IV. Cuenta
Archivo de proyectos13
Prórroga de plazo a comisión investigadora para informar13
Integración de comisión especial por deuda histórica a profesores14
V. Orden del Día. 
Prórroga de incentivo al desarrollo económico de las regiones de Aisén y Magallanes, y de la provincia de Palena; y entrega de recursos provenientes de concesión de Zona Franca de Punta Arenas a gobernación de Magallanes y de la Antártica. Primer trámite constitucional15
Tratado de libre comercio entre Chile y Australia. Primer trámite constitucional
VI. Proyectos de acuerdo. 
Plan extraordinario de empleos a través de subsidios a la forestación39
Aumento de valor de becas otorgadas a estudiantes de zonas extremas41
VII. Incidentes. 
Alcances sobre renuncia de parlamentarios al Partido Demócrata Cristiano4
Alcances sobre precios de las gasolinas
Medidas en favor de productores lecheros. Oficios
Información sobre posibles diagnósticos errados por reacción adversa a vacuna contra la poliomielitis. Oficio
Información sobre adquisición de inhaladores. Oficio
Cierre temporal anticipado de aeropuerto de Valdivia y asignación de recursos insuficientes para su reparación. Oficios
Recursos para dragado de río Valdivia y mantención de camino rural en comuna de La Mariquina. Oficios
Antecedentes sobre entrada en funcionamiento de túnel San Cristóbal. Oficios
Información sobre resultado de estudio relativo a la red asistencial de la zona norte. Oficio
Información sobre normas aplicables a instituciones bancarias relativas a cierre de cuentas corrientes. Oficio
Preocupación por filmación televisiva de allanamientos efectuados por las policías. Oficio
Antecedentes sobre criterios aplicados en asignación de fondos a proyectos culturales. Oficio
Rebaja de tarifas del transporte público de pasajeros en Región de Valparaíso. Oficios
Modificación de normativa sobre acceso a costas de mar, ríos y lagos. Oficio
Petición de corte de pinos en inmediación de aeródromo de Pucón. Oficios55
Inclusión de comunas de Lonquimay y Melipeuco en beneficios otorgados a zonas extremas. Oficio
Realización de exploración y explotación minera sin estudio de impacto ambiental en Valle del Elquí. Oficios56
Complacencia por masiva participación de comunidad en carnaval de Talcahuano. Oficios
Explotación ilegal de recursos pesqueros en Región de Atacama. Oficios58
VIII. Documentos de la Cuenta. 
1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea sobre la Participación de la República de Chile en la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina”. (Boletín N° 5853-10)
2. Primer informe de la Comisión de Zonas Extremas recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que “prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y de Magallanes y de la provincia de Palena, y modifica la ley de zonas francas contenida en el D.F.L. N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda. (Boletín N° 6264-27)
3. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia de “discusión inmediata”, que “prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aysén y de Magallanes y de la provincia de Palena, y modifica la ley de zonas francas contenida en el D.F.L. N° 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda. (Boletín N° 6264-27)
4.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo, con urgencia “suma”, aprobatorio del “Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia”, sus Anexos y Cartas Complementarias, suscritos en Canberra, el 30 de julio de 2008. (Boletín N° 6220-10)
5.Certificado de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de acuerdo, con urgencia “suma”, aprobatorio del “Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia”, sus Anexos y Cartas Complementarias, suscritos en Canberra, el 30 de julio de 2008. (Boletín 
N° 6220-10)
6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, Ceroni, Hales, Insunza, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena, que “modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales”. (Boletín N° 6274-19)
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hales, Accorsi, 
Insunza, Jaramillo, Nuñez, Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Tohá, doña Carolina, que “introduce modificaciones para el acceso gratuito a materias de arbitraje obligatorio”. (Boletín N° 6275-07)
8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hales, Accorsi, 
Insunza, Jaramillo, Núñez, Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Tohá, doña Carolina, que “introduce modificaciones para el acceso gratuito a materias de arbitraje obligatorio”. (Boletín N° 6275-07)
9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, Accorsi, Insulza, Jiménez, Quintana, Tuma, y de las diputadas señoras Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena, que “introduce modificaciones al D. L. 
N° 211, sobre protección de la libre competencia”. (Boletín N° 6276-03)
10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Tohá, doña Carolina, que “modifica impedimento sobre segundas nupcias”. (Boletín N° 6277-18)
11. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hales, Accorsi, 
Insunza, Nuñez, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Tohá, doña Carolina, que “incorpora la contaminación lumínica a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente”. (Boletín N° 6278-12)
12. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, Ceroni, Insunza, Jaramillo, Jiménez, Nuñez, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena, que “establece multa en caso de aplicación ilegítima y temeraria del N° 7 del artículo 160, del Código del Trabajo”. (Boletín N° 6279-13)
13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, Ceroni, Insunza, Jiménez, Nuñez, Quintana, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que “establece la protección de la creación en Internet”. (Boletín N° 6280-19)
14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores González, Accorsi, Jaramillo, Jiménez, Quintana, Tuma, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que “incorpora normas sobre casos de interrupción de servicios continuos a la ley del consumidor”. (Boletín N° 6281-03)
15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hales, Accorsi, 
Jaramillo, Jiménez, Núñez, Quintana, Tuma, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta, y Tohá, doña Carolina, que “establece la auto designación de curador en previsión de una futura discapacidad”. (Boletín 
N° 6282-07)
16. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hales, Accorsi, 
Ceroni, Jaramillo, Jiménez, Núñez, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Vidal, doña Ximena, que “establece la obligatoriedad del tratamiento médico en casos de reincidencia en el manejo bajo estado de ebriedad”. (Boletín N° 6283-15)
17. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hales, Jaramillo y Núñez, que “establece una auditoría energética en las instalaciones del Congreso Nacional”. (Boletín N° 6287-07)
18.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Burgos; Correa; Duarte; Encina; Forni; Hales; Montes; Sepúlveda, don Roberto y de la Diputada señora Turres, doña Marisol, que “modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que autoriza el cierre de calles y pasajes por necesidades de seguridad ciudadana”. (Boletín N° 6289-25)
IX. Otros documentos de la Cuenta. 
1. Licencia médica.
Licencia médica acompañada por el diputado señor Martínez por la cual acredita que deberá permanecer en reposo, por un plazo de 6 días, a contar del 9 de diciembre en curso. 
2. Oficios.
Oficios de la Comisión de Defensa Nacional por los cuales solicita el archivo de los siguientes proyectos: 
a) “Sobre objeción de conciencia al Servicio Militar obligatorio y creación del servicio ciudadano alternativo”. BOLETÍN N° 4249-02, y 
b) “Introduce la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio Militar”. BOLETÍN N° 4235-02. 
5.Oficio de la “Comisión investigadora encargada de analizar diversas materias relacionadas con el Crédito BID Transantiago y gestiones de las autoridades vinculadas al financiamiento del sistema de transportes” por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar, en 7 días, el plazo para emitir su informe, por cuanto aún se encuentra recopilando antecedentes sobre la materia.
Contraloría General de la República:
Diputado Sepúlveda don Roberto, duplicidad de funciones de funcionarios a contrata y contratados a honorarios en Ministerio de salud. (57951 al 6938).
Diputado Martínez y Jarpa, concesión de activos municipales ubicados en las Termas de Chillán. (58664 al 5713, 5734 y 5758).
Diputado Hernández, uso de auto fiscal en acto oficial en Osorno. (58429 al 7642).
Ministerio de Interior:
Diputado Díaz don Marcelo, uso y asignación de viviendas fiscales en Región de Coquimbo. (17664 al 7822).
Diputado Díaz don Marcelo, aumento de dotación de Carabineros asignada a Andacollo. 
Diputado Díaz don Marcelo, planta de osmosis inversa en comuna de La Higuera. 
Diputado García-Huidobro, uso de automóvil fiscal. 
Diputado De Urresti, represión a funcionarios públicos de Valdivia. 
Diputado Espinoza don Fidel, incorporación de Plan Cuadrante de 2009.a Puerto Varas. 
Diputado Espinoza don Fidel, detención del señor que indica el día 5 de agosto de 2008, en Puerto Varas. 
Diputado Espinoza don Fidel, cargo de médico en Carabineros de Chile de la Región de Los Lagos. 
Diputada Pascal, proyecto APR en población Santa Rosa de Melipilla. 
Diputado De Urresti, proyecto de electrificación rural de Tres Chiflones en Corral. 
Diputado Alinco, viáticos fiscales por parte de prefecto de Investigaciones de la XI Región de Aysén.
Diputado Alinco, solicita renuncia de Subsecretario de Redes Asistenciales. 
Diputado Accorsi, crédito a empresarios del transporte capitalino, para la instalación de filtros en buses del Transantiago y camiones. 
Diputado Melero, camino Lo Echevers. 
Diputado Robles, dotación de carabineros y de policías de investigaciones para provincia de Huasco. 
Ministerio de Hacienda:
Diputado Jarpa, construcción de silos de acopio para los pequeños agricultores de la VIII Región del Biobío. 
Diputado Sule, políticas implementadas para fomentar el desarrollo juvenil. 
Ministerio de Defensa Nacional:
Diputado Sule, políticas implementadas para fomentar el desarrollo juvenil. 
Ministerio de Agricultura:
Diputado Chahuán, situación de agricultores que indica. (1260 al 8019).
Diputado Rossi, sitios Nºs 1, 2 y 3 de Polloquere por intervención geotérmica y fiscalización faenas mineras Empresa Quibórax. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
Diputado Jaramillo, construcción Alero en Terminal de Buses de Río Bueno. 
Ministerio Secretaría General de Gobierno:
Diputado Monsalve, señal de televisión pública al valle de Licura, en la comuna de Contulmo y en el sector de Tirúa sur.
Ministerio de Planificación y Cooperación:
Diputado Salaberry, puntajes Ficha de Protección Social en comunas de Macul, La Granja y San Joaquín. 
Diputado García Huidobro, visitas de Ministros durante los últimos cuatro años, y especialmente durante los últimos dos meses. 
Diputado Bobadilla, regulaciones al Transporte Ferroviario de Carga. 
Metro de Santiago:
Diputada Vidal, solución a problemas de seguridad, higiene en Línea 5. 
Municipalidad de Antofagasta:
Diputado Araya, juicios pendientes en la que es parte la I. Municipalidad de Antofagasta.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: 
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio 
--Alinco Bustos, René 
--Alvarado Andrade, Claudio
--Pérez San Martín, Lily
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--EnríquezOminami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Estay Peñaloza, Enrique
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Rubilar Barahona, Karla
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernández, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Mariso
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistieron, además, los ministros secretario general de la Presidencia, señor José Antonio Viera Gallo, y de Relaciones Exteriores (s), señor Alberto Van Klaveren.
Concurrió, también, el senador Mariano RuizEsquide.-


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 112ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 113ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, le solicito requerir la autorización de los señores diputados para que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones sesione en forma simultánea con la Sala.
Esta petición obedece a un acuerdo de los miembros de la Comisión para tratar un proyecto de ley respecto del cual nos urge avanzar. Estamos votando algunas indicaciones para enviarlo a la Sala, y tenemos ad portas otras iniciativas que estudiar. 
Esas son las razones que justifican la solicitud. Ruego a la Sala acceder a ella.
El señor ENCINA (Presidente).- ¿A qué hora, señor diputado?
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, la idea es sesionar simultáneamente con la Sala, entre las 11.00 y las 13.00 horas de hoy.
El señor ENCINA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor Venegas?
No hay acuerdo.


ARCHIVO DE PROYECTOS.

El señor ENCINA (Presidente).- La Comisión de Defensa Nacional solicita el acuerdo de la Sala para archivar los siguientes proyectos: 
a) “Sobre objeción de conciencia al Servicio Militar obligatorio y creación del servicio ciudadano alternativo”, boletín 
Nº 424902, y
b) El que “introduce la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio Militar”, boletín Nº 423502. 
¿Habría acuerdo?
Acordado.


PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA INFORMAR.

El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Investigadora encargada de analizar diversas materias relacionadas con el Crédito BID Transantiago y gestiones de las autoridades vinculadas al financiamiento del sistema de transportes para prorrogar en siete días el plazo para emitir su informe, por cuanto aún se encuentra recopilando antecedentes sobre la materia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL POR DEUDA HISTÓRICA A PROFESORES.

El señor ENCINA (Presidente).- Propongo integrar la Comisión Especial de Deudas Históricas con los siguientes diputados: señores Gonzalo Arenas, Eugenio Bauer, Francisco Chahuán, Andrés Egaña, Rodrigo González, Jorge Insunza, Carlos Montes, José Miguel Ortiz, José Pérez, Manuel Rojas, Mario Venegas, y señoras Karla Rubilar y Alejandra Sepúlveda.
La Comisión se constituirá hoy a las 14.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, Reglamento. 
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, existe un problema de incumplimiento del Reglamento respecto de la integración de la Comisión Investigadora del rol fiscalizador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el cumplimiento de la convención internacional Cites, y sobre el eventual tráfico de especies protegidas. 
Ha pasado mucho tiempo desde que se acordó la creación de dicha Comisión y parece que no ha habido interés en los Comités para tratar esta materia.
Por lo tanto, pido a la Mesa que, en uso de sus facultades, proponga a la Sala los nombres de los integrantes de la mencionada Comisión. 
El señor ENCINA (Presidente).- Tengo la impresión de que ya se integró dicha Comisión, señor diputado. Verificaré la información y si eso no es efectivo, la Mesa hará la respectiva propuesta, de acuerdo con la facultad que le otorga el Reglamento.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, mi bancada acordó no autorizar a comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala. Sin embargo, los tres diputados de mi sector presentes en la Sala dieron su autorización a la Comisión de Obras Públicas para sesionar exclusivamente con el objeto de tratar el proyecto que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.
Por lo tanto, en el entendido de que la Comisión sesionará sólo para tratar la citada materia y por esta vez, retiro mi negativa a dicha autorización.
El señor ENCINA (Presidente).- Señora diputada, no sólo usted no dio la unanimidad de la Sala. El diputado señor René Manuel García y otros colegas tampoco dieron su autorización. 
En todo caso, recabo una vez más el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Obras Públicas sesione simultáneamente con la Sala para despachar un proyecto de suma urgencia.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.


V. ORDEN DEL DÍA


PRÓRROGA DE INCENTIVO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS REGIONES DE AISÉN Y MAGALLANES, Y DE LA PROVINCIA DE PALENA; Y ENTREGA DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONCESIÓN DE ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS A GOBERNACIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. Primer trámite constitucional.

El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que prorroga los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y de Magallanes y la provincia de Palena y modifica la ley de zonas francas contenida en el DFL Nº 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, con urgencia calificada de discusión inmediata.
Diputados informantes de las Comisiones de Zonas Extremas y de Hacienda son la señora Carolina Goic y el señor Rodrigo Álvarez, respectivamente.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 626427, sesión 115ª, en 11 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Informes de las comisiones de Zonas Extremas y de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, respectivamente, de este boletín de sesiones.
El señor ENCINA (Presidente).- Propongo a la Sala, luego de escuchar ambos informes, dar la palabra a cuatro diputados e inmediatamente después votar el proyecto para que el Senado lo pueda tratar durante el transcurso de la mañana.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Zonas Extremas.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto originado en un mensaje de la Presidenta de la República, mediante el cual se prorrogan los incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y de Magallanes y de la provincia de Palena, y se modifica la ley sobre Zonas Francas, contenida en el decreto con fuerza de ley 
Nº 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda.
En cuanto a las constancias reglamentarias, informo que esta iniciativa no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado y que, de acuerdo con el Reglamento de la Corporación, sus dos artículos debieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Antes de referirme al fondo del proyecto, quiero expresar mi reconocimiento a los colegas de la Comisión de Hacienda y a los de la Comisión de Zonas Extremas, por la celeridad con que tramitaron la iniciativa, gracias a lo cual hoy podemos discutirla en la Sala.
En cuanto al fondo, puedo informar que los objetivos fundamentales del proyecto son dos:
En primer lugar, extender los beneficios y prorrogar la vigencia de la Ley Nº 19.606, más conocida como ley Austral, que establece incentivos para el desarrollo económico de las regiones de Aisén y de Magallanes y de la provincia de Palena.
Dicho incentivo consiste en un crédito tributario que beneficiará a los contribuyentes que realicen inversiones en la zona por un monto superior a las 2.000 UTM. Ese beneficio rige hasta el 31 de diciembre del presente año, en tanto que la recuperación del crédito pude hacerse hasta el 2030.
Lo que busca el presente proyecto es, por una parte, extender la vigencia del incentivo hasta el 31 de diciembre del 2011 y, por otra, rebajar a 1.500 UTM el monto mínimo de inversión que se exige para acceder al beneficio. En todo caso, se mantiene una excepción para las inversiones en ciertas comunas que se detallan en la ley Austral, donde el monto mínimo para acceder al incentivo es de 1.000 UTM.
En segundo lugar, el proyecto agrega un artículo 35 nuevo al decreto con fuerza de ley Nº 341, de 1977, sobre zonas francas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2001, del Ministerio de Hacienda, para que a partir de 2009 los pagos efectuados por la concesionaria de la administración de la Zona Franca de Punta Arenas se destinen al gobierno regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Esta segunda modificación se debe a que la norma vigente no establece quiénes son los beneficiarios de los recursos que se obtienen de la concesión de la administración de esa zona franca, contrariamente a lo que sucede con la ley Nº 18.846, que creó la Sociedad Anónima Zofri S.A., donde sí se indica expresamente el monto y la forma en que se deben distribuir los recursos que se obtengan por concesión de la administración de la Zona Franca de Iquique.
La iniciativa en debate incluye una norma que permite que sea la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la cual se encuentran los recintos francos, la beneficiaria de los recursos que se obtengan por la concesión. En concreto, los recursos que provengan de esa fuente irán al programa de inversión del gobierno regional de Magallanes.
En otro orden de cosas, debo advertir que, de acuerdo con la normativa vigente, las materias de que trata esta iniciativa son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.
En conformidad con el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuesto, la prórroga de la ley Nº 19.606 implicará un costo fiscal aproximado de 16.000 millones de pesos anuales, por la menor recaudación tributaria, mientras que la destinación de los recursos derivados del contrato de la Zona Franca tendrá un costo estimado anual de 900 millones de pesos, con cargo a la partida Tesoro Público
En cuanto a la discusión general del proyecto, sólo quiero señalar que esta iniciativa se separa de un proyecto más amplio que también incluía una modificación a las normas sobre bonificación a la mano de obra y otra al decreto con fuerza de ley Nº 15, sobre bonificación a la inversión. Pero como durante la tramitación de la ley de Presupuestos prorrogamos por todo el próximo año tanto la bonificación a la mano de obra como la que beneficia a la inversión, fue necesario presentar este proyecto para prorrogar la vigencia de la ley Austral y modificar la ley sobre Zonas Francas.
Finalmente, informo que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Zonas Extremas. En cuanto a la votación particular, los dos artículos de la iniciativa contaron con el voto favorable de todos los diputados presentes, salvo el del diputado René Alinco, quien se abstuvo en la votación ambas disposiciones.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez, informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, después del completo informe rendido por la diputada Goic en nombre de la Comisión de Zonas Extremas, seré muy breve para informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, el respaldo unánime de sus miembros a la aprobación de esta iniciativa.
A la sesión en que tratamos este proyecto asistieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y la diputada Carolina Goic.
Asimismo, en representación del Ministerio de Hacienda, concurrieron la asesora Tamara Agnic y el abogado Adrián Fuentes.
Sometidas a votación las dos disposiciones que debían ser conocidas por la Comisión de Hacienda, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes.
Por petición expresa del Presidente de la Comisión, diputado Eugenio Tuma, se plantearon una serie de consultas al Ejecutivo, por escrito y oralmente, para que comparara los efectos que podrían provocar en Arica e Iquique medidas actualmente vigentes en Magallanes, lo cual también fue respaldado por unanimidad en la Comisión.
Como señalé, los dos artículos que contiene el proyecto fueron aprobados por unanimidad, para lo cual se tuvo a la vista un informe financiero detallado que indica el costo fiscal que supone la aprobación de la iniciativa.
Así, las normas del artículo 1º supondrán una menor recaudación fiscal de 16.000 millones de pesos anuales, debido a la prórroga del beneficio tributario de la ley Nº 19.606. Por su parte, el efecto de radicación de los fondos provenientes de la entrega en concesión de la Zona Franca de Punta Arenas en la Región de Magallanes, como siempre se había prometido, tendrá un costo de 900 millones de pesos anuales.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone a la Sala que dé su aprobación unánime a este proyecto de ley.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Si le parece a la Sala, entregaremos tres minutos a cada uno de los diputados que se inscribieron para intervenir en el debate. Inmediatamente después de ello, votaremos la iniciativa.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, obviamente, en atención a la región en que vivo y que represento en esta Corporación, votaré a favor de esta iniciativa. Sin embargo, no puedo dejar pasar la ocasión para hacer presente que no sólo las comunas que menciona la ley Austral viven situaciones de aislamiento extremo Cochamó, por ejemplo que represento en esta Corporación, que es una comuna que incluso está más aislada que Hualaihué, la cual, por estar en la provincia de Palena, goza de los beneficios de la ley Austral. Sin embargo, es mucho más fácil acceder a cualquier rincón de Hualaihué que a Cochamó, porque no hay caminos que comuniquen a esta comuna con el resto de la región, aunque a algunos sólo les faltan unos pocos kilómetros para conectarse.
Ahí viven cientos de familias que pasan gran parte del año aisladas, pues la única forma de llegar hasta ellas es a caballo o, cuando el clima lo permite, navegando a través del estuario del Reloncaví.
Por eso, estimo que el concepto de zonas extremas no debería aplicarse sólo en consideración a la ubicación geográfica de las provincias o comunas, sino también a la situación de aislamiento en que se encuentran muchas zonas del país y sus habitantes, como quienes viven en Paso El León, ubicado en el sector cordillerano de Cochamó. Para llegar hasta ellos se necesitan varios días a caballo o dar la vuelta por Argentina.
En zonas como ésa, por ejemplo, desde marzo o abril hasta septiembre u octubre los adultos mayores no reciben sus pensiones, porque nadie se las puede llevar, y si ellos fueran a buscarla a Puerto Montt, gastarían la totalidad de su ingreso.
Por lo tanto, no puedo dejar pasar esta ocasión para hacer presente la situación de extremo aislamiento en que se encuentra esa comuna, y que quiero trabajar para que encontremos la forma de incorporarla a los beneficios de que gozan las zonas extremas, no obstante pertenecer a la provincia de Llanquihue. Es un territorio maravilloso que tiene un potencial turístico increíble, pero que es imposible explotar por la falta de caminos y servicios de suministros básicos, como electricidad, agua potable y alcantarillado.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, aunque estamos discutiendo un proyecto que debería ser despachado rápidamente, no puedo dejar de formular varios comentarios porque, a mi juicio, el Gobierno ha sido extremadamente inconsecuente entre lo que señala en el mensaje y su actuación en la realidad.
Este proyecto nace a raíz de otro mensaje del Ejecutivo, de julio del presente año, pero que ahora nos enfrentamos a la obligación de despacharlo inmediatamente, porque, de lo contrario, el Senado no lo podrá tramitar durante este año y, al final, si no se transforma en un cuerpo legal antes del 31 de diciembre de 2008, una parte especial de este proyecto, que se relaciona con la denominada ley Austral, no extenderá los beneficios ni prorrogará la vigencia de la ley Nº 19.606.
Digo que el Gobierno ha sido inconsecuente porque ha hecho caso omiso del sentir de los distintos gremios de las zonas extremas y también de los parlamentarios que las representamos, tanto del norte como del sur, quienes, en forma transversal en lo político, hemos señalado la necesidad de mantener algunas normativas que el Gobierno quiere modificar sustancialmente a través de este proyecto, como la relacionada con la bonificación a la contratación de mano de obra, más conocida como decreto ley Nº 889.
Hoy, más que nunca, debido al escenario de aumento en el desempleo que podríamos vivir durante el próximo año, se hace necesario mantenerlo en los mismos términos en que ha venido operando desde hace muchos años, porque está comprobado su buen resultado. Sin embargo, el Gobierno insiste en hacer una degradación a lo largo de los años, para que finalmente termine, en circunstancias de que se trata de un beneficio muy bien valorado y con comprobados buenos resultados en las regiones en que se ha implementado.
Respecto de la bonificación a la pequeña inversión, si bien en la ley de Presupuestos se aumentaron sustancialmente los recursos, se debe realizar una serie de cambios, tanto en el reglamento como en la ley. Por ejemplo, en el reglamento, se debe considerar el otorgamiento de un puntaje adicional para que quienes no hayan sido beneficiados con la bonificación en años anteriores tengan un puntaje mayor en relación con los nuevos postulantes. Hoy compiten de igual a igual, lo cual no puede ocurrir, por lo que es necesario realizar los cambios reglamentarios que se necesitan.
También hay que introducir cambios en la ley, como permitir que se acojan a este beneficio dentro del año calendario y no en las fechas que estipula la ley de presentación de los proyectos y de asignación de los recursos, que lleva a confusión. Desde las propias regiones se ha planteado a la Dirección de Presupuestos y al Ministerio de Hacienda que se realicen esos cambios; sin embargo, ello no ha ocurrido.
En las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo en la Comisión de Zonas Extremas, desde junio hemos planteado estos temas, pero el Gobierno no ha mostrado disposición de avanzar en ellos.
Además, he afirmado que el Gobierno ha sido inconsecuente porque no ha escuchado el sentimiento de las regiones en relación con la misma ley Austral. Hemos manifestado la necesidad de disminuir el límite mínimo de inversión de 2 mil a mil unidades tributarias mensuales para que los respectivos contribuyentes accedan a los créditos tributarios. Al final, sólo se bajó a 1.500 UTM, lo que no soluciona el grave problema de competencias y focalización de los proyectos, de manera de hacer mejor uso de la inversión.
El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, ha terminado su tiempo. 
El señor GALILEA.- Señor Presidente, pido que se me conceda un par de minutos adicionales, porque éste es un tema relevante para mi zona y quiero dejar claramente expresado en la Sala lo que piensan las regiones extremas.
El señor ENCINA (Presidente).- Si la Sala lo autoriza, no hay inconveniente.
¿Habría acuerdo para que intervenga por dos minutos más el diputado Pablo Galilea y los restantes diputados?
Acordado.
Puede continuar, señor diputado.
El señor GALILEA.- Gracias, señor Presidente.
En relación con el artículo que modifica la norma sobre zonas francas, me parece que se produce una discriminación, y como estamos legislando con apuro para no quedarnos sin ley, no se accedió a la solicitud de los representantes de la Región de Aisén respecto de los recursos que recauda el Estado por el cobro de la administración de la zona franca en la Región de Magallanes.
Planteamos que los recursos provenientes de la zona de extensión de la zona franca, en este caso, de Aisén y de la provincia de Palena, queden en esa región y en esa provincia, tal como ocurre con la Región de Magallanes. ¡Eso es justicia y equidad! 
Lo que hoy sucede es que todos los recursos que se recaudan a través de la extensión de la zona franca quedan en la Región de Magallanes, en circunstancias de que eso no corresponde. Si bien actualmente para la provincia de Palena y la Región de Aisén no significan recursos muy importantes, sin duda implica una señal de equidad y de trato igualitario entre las regiones extremas. Pero hoy esos fondos sólo quedan en la Región de Magallanes. Éste es un tema de la mayor relevancia para esa región y esa provincia, pero el Ejecutivo no ha escuchado nuestra voz.
Finalmente, me referiré a una indicación que presenté junto al diputado Alinco para crear conciencia en el Ejecutivo de la necesidad de que las zonas extremas, especialmente la Región de Aisén, cuenten con una beca para los estudiantes de educación superior, demanda que hemos planteado en reiteradas ocasiones, pero aún el Gobierno no escucha la voz de Aisén. Ésta es la única región de Chile que no dispone de instituciones de educación superior que sean una alternativa real para sus jóvenes, por lo que éstos se ven obligados a emigrar a otras regiones, lo que significa un fuerte impacto económico para las familias, muchas de las cuales no cuentan con los recursos necesarios, lo que hace que la aspiración de que sus hijos alcancen la educación superior se vea frustrada.
Por lo tanto, el Estado debe hacer un mayor esfuerzo para entregar más y mejores becas a los jóvenes de Aisén, a fin de que puedan disfrutar de condiciones igualitarias en relación con el resto de los jóvenes del país.
He dicho. 
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto muy relevante para la Región de Magallanes.
En primer lugar, prorroga la vigencia de la ley Austral, norma sobre la que todos coincidimos en que ha sido el mejor instrumento para apalancar inversiones, pues permite entregar claridad a muchos inversionistas que esperaban esta señal para concretar proyectos. 
Además, hay que reconocer que con esta iniciativa la Presidenta de la República cumple el compromiso que manifestó en la zona, en el sentido de dar continuidad a esta herramienta. 
En segundo lugar, garantiza que los recursos que se recaudan por la concesión de la zona franca ingresen al presupuesto regional y puedan ser utilizados en programas y proyectos específicos en la zona, lo que representa una buena noticia que viene a zanjar una discusión que se ha dado públicamente en este último tiempo, en que se han dicho muchas cosas.
Al respecto, doy a conocer en esta Sala que recibí respuesta a una solicitud reiterada de información que realicé al ministro de Hacienda con el objeto de conocer el destino de esos recursos. En ella se me informa que se instruyó al intendente para que los recursos que se generaran, tanto por el pago inicial como anual de la concesión, debían ingresar a rentas generales de la nación. Se requería una modificación legal la que hoy estamos discutiendo para que esos recursos ingresaran nuevamente al presupuesto regional.
Reconozco la disposición del ministro de Hacienda para acoger la propuesta que le formulara, en orden a incorporar esta modificación a la ley de Zonas Francas en la tramitación de este proyecto, porque, a menos de un mes de haber conocido su respuesta formal, zanjamos el tema en un proyecto de ley que el Congreso Nacional despachará espero en esta semana. La iniciativa salvaguarda los intereses de los magallánicos.
También me interesa hacer expresa mención de un compromiso del director de Presupuestos. El proyecto se refiere a los recursos que se generarán a partir del 2009, lo que implica que los ya generados por concepto del flujo del 28 por ciento de los ingresos brutos quedan, en cierto sentido, “en deuda” para la región. En todo caso ayer, en la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda, el director de Presupuestos se comprometió formalmente a su incorporación en el presupuesto de inversión regional durante el próximo año, separando la situación del flujo de recursos de aquella que contempla el pago inicial, de 3.905 millones, que todavía están pendiente por un tema legal; pero, una vez que esto se resuelva, espero que la diferencia que se genere sea incorporada a los recursos de inversión regional.
Como diputada, hoy siento que he cumplido mi tarea en la defensa de los intereses de la región. Dejo a los actores locales la responsabilidad de llevar a cabo la discusión respecto de cuál debe ser el mejor destino para estos recursos. Espero que esa discusión se realice en forma amplia para que los beneficios de este proyecto lleguen a todas las familias de Magallanes.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, lamento que se nos limite el tiempo, porque las zonas extremas también forman parte de Chile.
Quiero dar las razones de mi abstención en la Comisión.
Por mucho tiempo, la Comisión pidió que asistiera el ministro de Hacienda, pero, lamentablemente, hasta ahora no hemos podido contar con su presencia, ya que siempre ha enviado a un representante. Incluso, ahora debería estar presente en esta sesión para escuchar los planteamientos de los diputados que representamos las zonas extremas, que necesitan apoyo y estos proyectos son beneficiosos.
Pero quiero plantear lo mismo que señalé en la Comisión. Mi duda es saber a quiénes llegan estos beneficios económicos. En la Región de Aisén, por años los beneficios económicos llegaron a los grandes y poderosos. ¿Qué pasa con los pequeños y medianos empresarios? ¿Qué pasa con el microempresario? Lamentablemente, los reglamentos para llevar a cabo programas de apoyo no favorecen a los que tienen menos. 
En consecuencia, mi solicitud es que este tipo de proyectos que conceden beneficios a las zonas extremas que son necesarios, también lleguen a los pequeños y medianos empresarios y a quienes quieren iniciar una actividad productiva.
Como decía el diputado Pablo Galilea, presentamos una indicación que, al parecer, no tiene nada que ver con la idea matriz de este proyecto referido a las zonas extremas y a la zona franca. No obstante, el problema educacional en Aisén requiere de un apoyo especial. 
Por eso formulamos indicación al proyecto, porque la educación no debe significar un gasto para el Estado, sino que una inversión que ayuda al desarrollo de las regiones y de la sociedad.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, quiero manifestar el apoyo absoluto al proyecto por la importancia que significa para nuestra región.
El artículo 1º tiene por objeto extender los beneficios del Plan Austral en forma temporal.
El proyecto sobre el Plan Austral fue aprobado en forma rápida por la Cámara de Diputados hace casi diez años y ha producido efectos muy beneficiosos para Magallanes. Prueba de ello fue la inauguración de un transbordador con un costo de cientos de millones de pesos, que va a unir Porvenir con Punta Arenas, con todos los beneficios que ello significa para los habitantes de Tierra del Fuego. Este artículo extiende temporalmente esos beneficios, incluso, alineándolos con otras leyes de excepción, como la norma que regula la situación que vive Arica. 
En tal sentido, el proyecto tiene todo mi respaldo, incluida la posibilidad de que inversiones un poco menores que las que originalmente se consideraban, puedan acogerse a este beneficio. La reducción es desde 2.000 a 1.500 UTM.
En segundo lugar, está la radicación, por la vía legal, de ciertos fondos de la zona franca de Punta Arenas para la Región de Magallanes. 
El proceso de licitación de la Zona Franca fue mal llevado. Incluso, en su momento, fueron citadas a la Comisión de Hacienda las autoridades respectivas para que explicaran esa situación. En tal proceso mal llevado, existía una promesa concreta a los habitantes de Magallanes, en orden a que estos recursos que provienen del uso del espacio físico adscrito a la Zona Franca, finalmente, iban a ser radicados en Magallanes. Pero ese compromiso no se había cumplido.
Por ello, quiero hacer un reconocimiento especial no tengo ningún problema y me parece de justicia hacerlo a mi compañera de distrito, diputada señora Carolina Goic, quien ha sido la que más ha luchado en los últimos meses para conseguir esta radicación legal. Actitudes como esa constituyen una verdadera defensa de los intereses de Magallanes. Este diputado y algunos consejeros regionales, respaldamos esa acción decidida de la diputada Goic, que ha permitido que esto quede radicado y definido en una norma legal y no sólo tenga una base contractual.
Debo reconocer que ambas disposiciones son muy buenas para Magallanes. Por eso, anuncio mi voto favorable al proyecto y espero que mi bancada también lo vote en la misma forma.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.
En votación general.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi O. Enrique; Dittborn C. Julio; Monckeberg B. Cristián; Sepúlveda O. Alejandra; Aguiló M. Sergio; Duarte L. Gonzalo; Monckeberg D. Nicolás; Silber R. Gabriel; Alinco B. René; Encina M. Francisco; Montes C. Carlos; Súnico G. Raúl; Pérez S. Lily; Errázuriz E. Maximiano; Moreira B. Iván; Tarud D. Jorge; Álvarez Z. Rodrigo; Estay P. Enrique; Norambuena F. Iván; Tuma Z. Eugenio; Araya G. Pedro; Fuentealba V. Renán; Núñez L. Marco Antonio; Turres F. Marisol; Arenas H. Gonzalo; Galilea C. Pablo; Ojeda U. Sergio; Ulloa A. Jorge; Ascencio M. Gabriel; Girardi B. Guido; Olivares Z. Carlos; Valcarce B. Ximena; Barros M. Ramón; Goic B. Carolina; Ortiz N. José Miguel; Valenzuela V. Esteban; Becker A. Germán; González T. Rodrigo; Palma F. Osvaldo; Vallespín L. Patricio; Bertolino R. Mario; Hales D. Patricio; Paredes F. Iván; Vargas L. Alfonso; Bobadilla M. Sergio; Hernández H. Javier; Pascal A. Denise; Venegas C. Mario; Cardemil H. Alberto; Jaramillo B. Enrique; Pérez A. José; Venegas R. Samuel; Ceroni F. Guillermo; Jiménez F. Tucapel; Quintana L. Jaime; Verdugo S. Germán; Correa D. Sergio; Leal L. Antonio; Recondo L. Carlos; Vidal L. Ximena; Chahuán C. Francisco; Lobos K. Juan; Rojas M. Manuel; Von Mühlenbrock Z. Gastón; 
Delmastro N. Roberto; Martínez L. Rosauro; Rossi C. Fulvio; Ward E. Felipe; Díaz D. Marcelo; Melero A. Patricio; Rubilar B. Karla
El señor ENCINA (Presidente).- Informo a la Sala que la Mesa ha declarado inadmisible la indicación presentada por los diputados señores Alinco y Galilea para aumentar la asignación mensual por alumno correspondiente a la beca a estudiantes de escasos recursos y que residen en zonas extremas; ya que se trata de una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, de conformidad a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, en esencia, nuestra indicación no debe ser considerada inadmisible, ya que el proyecto tiene relación con los beneficios que se otorgarán a las zonas extremas. Lo único que pretendemos es que, de una vez por todas, se tome conciencia sobre las necesidades que aquejan a esas localidades, concretamente a Aisén. No estamos pidiendo limosna ni favores; simplemente, queremos ser considerados como el resto de los chilenos. Los aiseninos necesitamos que se nos dé una oportunidad.
Por eso, con el diputado Pablo Galilea vamos a presentar cuando corresponda un proyecto de acuerdo para que, de una vez por todas, se cree la Beca Aisén para los estudiantes de enseñanza superior.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Se ha pedido votación separada de ambos artículos del proyecto. 
En votación el artículo 1º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo O. René; Eluchans U. Edmundo; Melero A. Patricio; Sepúlveda O. Alejandra; Aguiló M. Sergio; Encina M. Francisco; Monckeberg B. Cristián; Silber R. Gabriel; Alinco B. René; Errázuriz E. Maximiano; Montes C. Carlos; Súnico G. Raúl; Pérez S. Lily; Espinosa M. Marcos; Moreira B. Iván; Tarud D. Jorge; Álvarez Z. Rodrigo; Estay P. Enrique; Norambuena F. Iván; Tuma Z. Eugenio; Araya G. Pedro; Fuentealba V. Renán; Núñez L. Marco Antonio; Turres F. Marisol; Ascencio M. Gabriel; Galilea C. Pablo; Ojeda U. Sergio; Ulloa A. Jorge; Barros M. Ramón; Girardi B. Guido; Olivares Z. Carlos; Valcarce B. Ximena; Becker A. Germán; Goic B. Carolina; Ortiz N. José Miguel; Valenzuela V. Esteban; Bertolino R. Mario; González T. Rodrigo; Palma F. Osvaldo; Vallespín L. Patricio; Bobadilla M. Sergio; Hales D. Patricio; Paredes F. Iván; Vargas L. Alfonso; Cardemil H. Alberto; Hernández H. Javier; Pascal A. Denise; Venegas C. Mario; Ceroni F. Guillermo; Jaramillo B. Enrique; Pérez A. José; Venegas R. Samuel; Correa D. Sergio; Jarpa W. Carlos Abel; Quintana L. Jaime; Verdugo S. Germán; Chahuán C. Francisco; Jiménez F. Tucapel; Recondo L. Carlos; Vidal L. Ximena; Delmastro N. Roberto; Leal L. Antonio; Rojas M. Manuel; Von Mühlenbrock Z. Gastón; Dittborn C. Julio; Lobos K. Juan; Rubilar B. Karla; Ward E. Felipe; Duarte L. Gonzalo; Martínez L. Rosauro; Saa D. María Antonieta.
El señor ENCINA (Presidente).- En votación el artículo 2º del proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 10 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi O. Enrique; Aedo O. René; Alinco B. René; Álvarez Z. Rodrigo; Araya G. Pedro; Arenas H. Gonzalo; Ascencio M. Gabriel; Barros M. Ramón; Bobadilla M. Sergio; Cardemil H. Alberto; Ceroni F. Guillermo; Chahuán C. Francisco; Correa D. Sergio; Díaz D. Marcelo; Dittborn C. Julio; Duarte L. Gonzalo; Eluchans U. Edmundo; Encina M. Francisco; Espinosa M. Marcos; Estay P. Enrique; Fuentealba V. Renán; Girardi B. Guido; Goic B. Carolina; González T. Rodrigo; Hales D. Patricio; Hernández H. Javier; Jaramillo B. Enrique; Jarpa W. Carlos Abel; Jiménez F. Tucapel; Leal L. Antonio; León R. Roberto; Lobos K. Juan; Melero A. Patricio; Monsalve B. Manuel; Montes C. Carlos; Moreira B. Iván; Norambuena F. Iván; Núñez L. Marco Antonio; Ojeda U. Sergio; Olivares Z. Carlos; Ortiz N. José Miguel; Palma F. Osvaldo; Paredes F. Iván; Pascal A. Denise; Pérez A. José; Pérez S. Lily; Quintana L. Jaime; Recondo L. Carlos; Rojas M. Manuel; Saa D. María Antonieta; Sepúlveda O. Alejandra; Silber R. Gabriel; Súnico G. Raúl; Tarud D. Jorge; Tuma Z. Eugenio; Turres F. Marisol; Ulloa A. Jorge; Valenzuela V. Esteban; Vallespín L. Patricio; Venegas C. Mario; Venegas R. Samuel; Vidal L. Ximena; Von Mühlenbrock Z. Gastón; Ward E. Felipe.
Se abstuvieron los diputados señores:
Becker A. Germán; Bertolino R. Mario; Delmastro N. Roberto; Errázuriz E. 
Maximiano; Galilea C. Pablo; Monckeberg B. Cristián; Rubilar B. Karla; Valcarce B. Ximena; Vargas L. Alfonso; Verdugo S. Germán.
El señor ENCINA (Presidente).- Despachado el proyecto.


TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y AUSTRALIA. Primer trámite constitucional.

El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Chile y Australia.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Marcelo Díaz.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 4423-11, sesión 139ª, en 6 de marzo de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 1. 
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e integración Latinoamericana, y certificado de la Comisión de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente, de este boletín de sesiones.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Australia, sus anexos y cartas complementarias, suscritos en Canberra, el 30 de julio de 2008. 
De acuerdo a la información entregada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Australia es un país desarrollado con un ingreso per cápita de US$ 37.000 (PPP), con una población de 20.600.000 personas y con un vasto territorio y generosos recursos naturales. 
Australia y Chile tienen muchos aspectos en común, tales como apertura comercial al mundo y estrategias de desarrollo sustentadas en las exportaciones; estructuras productivas similares, integración al Asia-Pacífico y la convicción de que la apertura comercial, el crecimiento económico y los estándares de vida están fuertemente ligados.
Asimismo, el Foro Apec ha sido fundamental en el encuentro entre Australia y Chile, siendo Australia miembro fundador de ese Foro.
Destaca el hecho de que nuestros países trabajan en forma conjunta en el seno de la Organización Mundial de Comercio, en temas tales como el foro promotor de la liberalización agrícola.
Australia ha celebrado tratados de libre comercio con Nueva Zelanda, Estados Unidos de Norteamérica, Tailandia y Singapur. 
Por nuestra parte, el crecimiento de la economía nacional ha tenido en el sector externo el eje de su dinamismo, de tal forma que la suscripción de acuerdos comerciales nos vincula en la actualidad con el 80 por ciento, aproximadamente, de la población mundial.
En dicho contexto, el Asia Pacífico se ha constituido en una prioridad para la política comercial del país, que se ha manifestado en nuestra integración al foro Apec y en el hecho de que durante 2007 más del 40 por ciento de nuestras exportaciones tuvieron como destino el Asia Pacífico.
Asimismo, con igual propósito, nuestro país ha suscrito una serie de acuerdos comerciales con las economías del Asia Pacífico. Así, contamos con el Acuerdo de Asociación entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei Darussalam, conocido como P4, junto al TLC entre Chile y Corea, el TLC con la República Popular China, el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica con Japón y el Acuerdo de Alcance Parcial con la India.
Chile es el segundo socio comercial de Australia en Latinoamérica, luego de México.
El intercambio comercial en 2007 creció un 170 por ciento respecto de 2003, con un saldo favorable a Chile de 62 millones de dólares.
Hoy operan en Chile cerca de 120 compañías australianas, predominantemente vinculadas al sector minero y energético, muchas de las cuales han instalado en Chile sus sedes regionales para el resto de América Latina. La inversión australiana en Chile acumulada a la fecha alcanza un total de 2.680 millones de dólares, y la inversión chilena en Australia, 743 millones de dólares.
En Australia viven cerca de 50.000 inmigrantes chilenos, razón por la cual se estima que el Tratado cuya aprobación se propone, tiene, además, el potencial de facilitar la presencia económica, cultural y política de nuestros compatriotas en ese país.
El mensaje señala que, como resultado de la aplicación de la apertura negociada, se vislumbran oportunidades en las exportaciones de hortalizas y frutas en conserva o deshidratadas, jugos, confites, vinos, vino espumoso, entre otros. También promoverá la simplificación de regulaciones, estandarización de procedimientos de importación y exportación entre ambos países.
El TLC también abrirá oportunidades en el campo de la cooperación y las inversiones conjuntas que hoy están fuertemente concentradas en la minería hacia otras áreas, como la agricultura, vitivinicultura, acuícola, forestal, sector energético, ciencia y tecnología, entre otras.
También se estima de gran importancia aprovechar la experiencia australiana en innovación tecnológica, así como las oportunidades que brindan sus universidades. 
Otra área potencial para ser desarrollada como consecuencia del TLC son las alianzas entre privados de cara a terceros mercados. Chile puede ofrecer a Australia líneas de productos complementarias y/o mayores volúmenes para abastecer en conjunto los grandes mercados asiáticos.
Asimismo, nuestra red de acuerdos en América Latina hace de Chile un sitio atractivo para las inversiones australianas que deseen ingresar en la región.
En cuanto a su estructura, el TLC consta de un preámbulo, veintitrés capítulos, veinte anexos, tres listas de medidas disconformes en servicios e inversiones y cuatro cartas complementarias.
En el preámbulo, se acuerda reforzar los lazos de amistad y cooperación entre los dos países, continuar expandiendo el comercio y la relación bilateral y el fortalecimiento y consolidación del sistema multilateral de comercio establecido por la Organización Mundial del Comercio, OMC.
En el Tratado, las Partes establecen una zona de libre comercio y confirman sus compromisos bilaterales en el marco de la OMC y otros acuerdos bilaterales.
Asimismo, en materia de acceso a mercado, cada parte reconoce a la otra un trato no menos favorable que el otorgado en circunstancias similares a sus nacionales o residentes.
En virtud de este tratado, Chile obtuvo de Australia un 91 por ciento de los productos en desgravación inmediata, de tal forma que un 99 por ciento del valor de nuestras exportaciones a Australia entrará con arancel cero al momento de la entrada en vigencia del TLC. 
En particular, los productos agrícolas gozarán de acceso inmediato para casi la totalidad de ellos.
Cabe destacar que no existen productos excluidos de la cobertura del TLC. En efecto, todos ellos serán desgravados totalmente, ya sea de manera inmediata o en el lapso de seis años.
Entre los productos beneficiados por la desgravación inmediata se encuentran los embutidos de carne bovina, pollo y cerdo; conservas de durazno, damasco y cerezas, entre otros.
Dentro de los productos que quedarán desgravados a seis años se cuentan uvas frescas y pasas, y confecciones como los pantalones de algodón denim y los trajes de vestir de lana o pelo fino.
Por su parte, Australia obtuvo de Chile un 87 por ciento de los productos con acceso inmediato, de tal forma que el 99 por ciento del valor de sus exportaciones ingresará al mercado chileno con arancel cero desde la entrada en vigencia del TLC. 
En cuanto a los productos sin desgravación inmediata, el arancel del azúcar llegará a cero por ciento en el año 2012. Por su parte, el trigo y la harina de trigo se desgravarán en siete etapas, que van desde la entrada en vigencia del TLC hasta el año 2015. 
Los productos lácteos con excepción de algunos quesos, arroz, fructosa químicamente pura, entre otros, quedaron en la categoría más larga, que es de seis años.
Tanto la lista de Australia como la de Chile consideran desgravaciones a seis años, las cuales tienen dos modalidades: la categoría “6 años lineal” y la categoría “6 años textiles”. Esta última establece que durante los cinco primeros años de vigencia del TLC se aplica el arancel nación más favorecida para los productos y que, al final del sexto año, se desgrava totalmente el arancel del producto.
En cuanto a reglas de origen, se establecen normas que permiten que nuestros productos sean catalogados como originarios y que de esa manera se beneficien del trato preferencial que establece el TLC. 
El capítulo contiene, además, normas respecto del proceso de certificación y verificación de origen y administración aduanera. Asimismo, existe un anexo con las reglas de origen específicas para cada producto.
Tener la certificación de origen implica para la mercancía respectiva un tratamiento aduanero preferencial por parte de la administración aduanera de la parte importadora.
En materia de procedimientos aduaneros, éstos se simplifican y se compartirá la información de la normativa pertinente para facilitar el comercio bilateral. Además, se identifican puntos de contacto entre ambas aduanas, para facilitar la comunicación.
Es necesario destacar que las Partes asumen la tarea de trabajar a fin de disponer de los medios electrónicos para practicar el comercio sin papeles.
En cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias, se reafirman los compromisos suscritos en la OMC y se establece un punto de contacto para sostener consultas técnicas, coordinar cooperación y asistencia técnica. La idea es mantener un alto nivel de control en esta materia y facilitar, al mismo tiempo, la solución de los conflictos de esa naturaleza que puedan surgir, fundamentalmente mediante el uso del punto de contacto.
Se persigue eliminar los obstáculos técnicos al comercio; para ello las Partes deberán publicar y notificar sus normas nacionales a la OMC, como también al punto de contacto de la otra Parte.
Para facilitar la implementación de este capítulo, se crea un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, integrado por representantes de cada Parte, que en el caso de Chile, será coordinado por la Direcon.
En lo concerniente al capítulo relativo a defensa comercial, el texto mantiene los derechos y obligaciones de ambos países en conformidad con la normativa respectiva de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en materia de antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias globales.
Por otro lado, el TLC establece normas sobre comercio transfronterizo de servicios.
Para ello, se tuvo como referente los respectivos capítulos de servicios contenidos en acuerdos bilaterales suscritos anteriormente desde el enfoque de lista negativa, incluyendo casi la totalidad de los sectores de servicios, salvo excepciones determinadas.
Adicionalmente, se crean reglas específicas relativas a los servicios profesionales, cuyo objetivo es fijar las bases para aumentar la transparencia y un mayor intercambio sobre esta materia, lo que comprende apoyar iniciativas en materia de reconocimiento mutuo, lideradas por grupos de profesionales.
En materia de inversión, el tratado reemplaza el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca a las Inversiones entre Chile y Australia, vigente desde noviembre de 1999. El capítulo de Inversiones es más comprensivo, ya que se adquieren compromisos respecto de todos los sectores de la economía, salvo algunas excepciones que los países identifican en las listas de medidas disconformes, señaladas en los anexos I y II.
Las reglas del capítulo son aplicables tanto a las inversiones en bienes como en servicios. Entre las principales disciplinas de protección acordadas destacan la de trato nacional y la de nación más favorecida. 
En cuanto a expropiaciones, el TLC garantiza a los inversionistas del otro país una compensación justa y adecuada en el caso de que éstas se dispongan en conformidad a las normas del TLC y al derecho interno del Estado.
Asimismo, se dispone un sistema especial de solución de controversias relacionadas con inversiones, el que se inicia mediante el sistema de consultas, las cuales, de no resultar, pueden dar paso a un arbitraje.
Las Partes liberalizan todos los sectores de la economía relacionados con la inversión, salvo excepciones expresas, contenidas en la “lista negativa”.
En cuanto a las telecomunicaciones, se negoció el acceso a las redes de telecomunicaciones, abarcando la telefonía fija y móvil.
Respecto de los servicios financieros, consolida la regulación existente y permite el establecimiento de los prestadores de servicios financieros de la otra Parte de conformidad con la legislación de cada Estado. Asimismo, una vez establecidos, se otorga a los proveedores de la otra Parte el mismo tratamiento otorgado a los nacionales de cada Parte.
Acerca de la entrada temporal, los compromisos contenidos en este capítulo tienen como finalidad facilitar el movimiento de personas naturales a través de las fronteras, con la intención de hacer más accesibles los negocios bilaterales, tanto en materia de servicios como de inversiones.
En cuanto a política de competencia, se acordó un capítulo no sujeto a solución de controversias, en virtud del cual se asegura que las prácticas anticompetitivas no menoscaben los beneficios derivados de la liberalización comercial. 
A través del capítulo de Contratación Pública se obtuvo acceso de nuestros proveedores a las compras que realice el gobierno australiano y viceversa. A la vez, se negociaron mejoras en las disciplinas de contratación pública, tales como transparencia en los procedimientos de publicación y adjudicación de las licitaciones, sin que ello reste flexibilidad a los procedimientos internos vigentes. Se tendrá acceso a las compras de las entidades del gobierno central australiano, sus seis estados y dos territorios, además de un número importante de otras entidades públicas. Por su parte, Chile garantiza el acceso de proveedores australianos a las compras de sus entidades a nivel del gobierno central, gobiernos regionales, gobernaciones así como de las municipalidades y algunas empresas portuarias. 
Este es el tercer acuerdo comercial suscrito por Chile que contiene un capítulo específico de Comercio Electrónico. La finalidad de este capítulo es promover el comercio electrónico entre las Partes y el uso más global de este tipo de comercio.
Éste es el primer acuerdo que incluye normas específicas relativas a la autentificación, derechos del consumidor, protección de datos personales y comercio sin papel.
Respecto de la propiedad intelectual, se recalca la importancia de sistemas de propiedad intelectual equilibrados, donde se protejan los intereses legítimos de los titulares de derechos y también de los usuarios y de la sociedad en general.
Se dispone que las autoridades aduaneras podrán dictar la suspensión del despacho de bienes que infrinjan derechos de propiedad intelectual.
Destaca también el reconocimiento de indicaciones geográficas chilenas. Sobre el particular, se considera que el pisco chileno que se produce en mi región ayudará al posicionamiento de este producto en el mercado australiano, de lo cual me alegro mucho.
En materia de cooperación, se establece un marco jurídico y una institucionalidad para desarrollar intercambios y alianzas estratégicas en sectores relevantes para el desarrollo nacional, tales como ciencia, agricultura incluida la industria vitivinícola, producción y procesamiento de alimentos, minería, energía, pequeñas y medianas empresas, turismo, educación, desarrollo de capital humano y colaboración cultural.
En el mismo capítulo se hace mención específica a la cooperación en materias laborales y medioambientales. Respecto de este último punto, se dispone que la cooperación deberá reflejar los compromisos de ambas Partes en orden a fortalecer la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sustentable, junto con el fortalecimiento de las relaciones de comercio e inversión entre ambas. Por su parte, en materia laboral, se estipula que la cooperación estará basada en el concepto de trabajo decente y especialmente en los principios de la Declaración de la OIT, relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998).
En cuanto a la transparencia, se consigna la obligación de las Partes de publicar sus leyes y regulaciones que se refieran a asuntos comprendidos en el Acuerdo, notificar cualquier medida vigente o en proyecto que pueda afectar los intereses de la otra Parte, de conformidad con el Acuerdo, y suministrar información y responder las preguntas relativas a tales medidas.
El capítulo sobre Asuntos Institucionales señala como entidad encargada de su administración al “Comité Conjunto del Tratado de Libre Comercio”, integrado por funcionarios de gobierno de ambas Partes. Su función, en general, es velar por la operación y aplicación del TLC, considerar y adoptar cualquier enmienda a este Acuerdo y facilitar la prevención y solución de las controversias surgidas bajo el mismo.
El tratado fija un mecanismo para la solución de las controversias entre las Partes que se refieran a su aplicación; el que consta de tres etapas: consultas, remisión del asunto al Comité Conjunto del Tratado de Libre Comercio y el arbitraje. No obstante, la Parte reclamante puede optar por prescindir de la segunda etapa, pasando directamente de las consultas al arbitraje. 
Adicionalmente, el mecanismo incluye una cláusula de elección de foro, mediante la cual la Parte reclamante puede elegir el procedimiento de solución de controversias previsto en este TLC o el disponible en el Acuerdo de la OMC.
En general, este procedimiento se aplica a las disposiciones de todos los capítulos comprendidos en el TLC, salvo aquellos que están expresamente excluidos.
Durante el estudio de este instrumento internacional, la Comisión escuchó al ministro de Relaciones Exteriores, don Alejandro Foxley, quien destacó la importancia de este Tratado para nuestro acercamiento al Asia Pacífico.
Aseveró que este Acuerdo es más ambicioso que los anteriores en algunas áreas, tales como servicios, cooperación técnica y algunas otras que están definidas en el proyecto. Agregó que la fase siguiente natural entre Australia y Chile no es tanto el comercio, porque no es tan importante, sino la compuesta por dos fases: la primera, el mercado del Asia Pacífico y cómo lo trabajamos en conjunto, y la segunda, las inversiones.
Por su parte, el director general de Relaciones Económicas Internacionales subrogante, don Rodrigo Contreras, se refirió al tratado en términos análogos a los contenidos en el mensaje respectivo.
En cuanto a las entidades del sector privado, la Comisión invitó a exponer sobre este tratado a los representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); del Comité Empresarial Chile-Australia; de la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex); de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), y de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Todos ellos se refirieron en términos positivos a la suscripción de este Tratado.
La CPC, el Comité Empresarial Chile-Australia y la Sofofa entregaron opiniones escritas sobre el Tratado, coincidiendo en los siguientes puntos:
Con este TLC, Chile consolida su presencia en el Asia-Pacífico, por lo que cuenta con instrumentos para convertirse en plataforma de negocios entre Asia y América Latina.
Este Acuerdo abre oportunidades de inversiones en áreas diferentes a la minería, tarea que queda para el sector privado.
Los compromisos de cooperación permitirán a estudiantes y científicos chilenos aprovechar el intercambio académico y científico-tecnológico con Australia.
Es un desafío para nuestro país diversificar las exportaciones de bienes y servicios al mercado australiano.
Por su parte, la Asoex manifestó la necesidad de flexibilizar la autorización para el ingreso de la uva chilena al mercado australiano, debido a los altos costos asociados al traslado y estadía de funcionarios del Ministerio de Agricultura de ese país a Chile.
En consideración a los antecedentes referidos, la Comisión decidió, por la unanimidad indicada en las constancias reglamentarias, recomendar a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, en los mismos términos del mensaje.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor 
Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Australia, sus anexos y cartas complementarias, suscritos en Canberra, el 30 de julio de 2008.
Debido a la urgencia calificada de “suma”, el Tratado fue analizado ayer por la Comisión de Hacienda en forma urgente. Además, se acordó que el informe se emitiera en forma verbal.
Aprovecho la oportunidad de saludar al ministro de Relaciones Exteriores subrogante, don Alberto Van Klaveren, quien tuvo la gentileza de entregarnos algunos antecedentes respecto de los cuales existían dudas, en particular, de quien habla. El Acuerdo fue tratado por la Comisión con la asistencia de su presidente, el diputado Eugenio Tuma, y de los diputados señores René Aedo, Roberto Delmastro, Julio Dittborn, Gonzalo Duarte, Carlos Montes, José Miguel Ortiz, Raúl Súnico, Gastón Von Mühlenbrock y quien habla.
Los antecedentes del proyecto de acuerdo fueron dados a conocer por la jefa del Departamento Asia-Oceanía, señora Constanza Alegría, y por el señor Patricio Balmaceda, asesor, ambos de la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo diputado informante acaba de emitir su informe, dispuso en éste que el Tratado contiene disposiciones que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, como ocurre con las normas contenidas en su anexo 3B, sobre eliminación de derechos de aduana, sección 1, lista de Australia, y sección 2, lista de Chile.
Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisadas las disposiciones pertinentes y, sometido a votación el artículo único del proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión técnica, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia, que va más allá de los asuntos económicos y de los beneficios arancelarios que se otorgan a ambos países, fomenta el intercambio de bienes y servicios y las alianzas económicas, disciplina regulaciones, estandariza procedimientos cuarentenarios y aduaneros y permite acceder a compras gubernamentales, a servicios aéreos, la solución de controversias, a la homologación de estándares industriales, entre otros avances.
Australia es el quinto inversionista extranjero en Chile y se espera que la mayor certeza jurídica que entrega este acuerdo a las inversiones australianas se traduzca en un mayor impulso para el ingreso de capitales australianos a nuestro país.
En este contexto, se pueden desarrollar alianzas muy innovadoras con Australia, más allá de los modelos de negocio tradicionales, combinando, por ejemplo, las fortalezas de ambos países en investigación y desarrollo. Asimismo, se consideran nuevos procesos productivos, uso de tecnologías y cadenas de abastecimiento para crear nuevos negocios.
El gran logro para la Comisión de Hacienda es el futuro cercano. Los antecedentes entregados por el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor Marcelo Díaz, nos dieron la fuerza necesaria para argumentar sobre lo que significa este Tratado en lo que respecta a los beneficios que reportará en el futuro cercano.
La extensa red de acuerdos comerciales que Chile ha suscrito le permitirá convertirse en una plataforma de entrada a nuestro continente de las naciones de la región Asia-Pacífico. Ya tenemos una entrada con el Acuerdo del P4, en este caso, a los mercados latinoamericanos. 
Sin duda, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Australia, país con una vasta experiencia en el comercio con Asia, consolida a Chile como un importante articulador de los flujos comerciales y de inversión entre ambas regiones.
Este Tratado abrirá oportunidades en el campo de la cooperación y de las inversiones conjuntas, que hoy están fuertemente concentradas en la minería. Esto nos llevará a otras áreas como la agricultura, la vitivinicultura, la acuicultura y la innovación asociada a nuestros recursos naturales, así como también a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que hoy son de primer orden, y a servicios de consultoría, ingeniería, educación y turismo.
Cabe agregar que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Australia es uno de los más ambiciosos que haya firmado nuestro país, respecto del cual no hubo controversias ni diferencias de apreciación en las distintas ideas vertidas en la Comisión de Hacienda. Hubo sí acuerdo unánime para considerarlo muy positivo.
Y digo que este Tratado es uno de los más ambiciosos firmados por nuestro país, porque cubre todos los bienes, estableciendo dos momentos para la eliminación de aranceles a las importaciones, para la mayoría de ellos en forma inmediata el 91 por ciento, y para los restantes, en seis años.
En la primera categoría se encuentra el 91 por ciento de los productos que representan el 99 por ciento de nuestras exportaciones a ese país y que todavía son mínimas.
En la segunda categoría, se eliminan los aranceles para los pocos productos que no fueron considerados en la primera fase de la desgravación. Entre estos últimos, se encuentran aquellos en los que Chile presenta una mayor sensibilidad y respecto de los cuales los diputados de las zonas rurales pueden sentirse tranquilos, porque también hubo bastante sensibilidad respecto del trigo, de la harina de trigo y del azúcar. 
Asimismo, al ser un acuerdo amplio, además de los bienes, el comercio, más allá del comercio de bienes, se encuentra el comercio de servicios, inversiones y compras entre los gobiernos.
En el ámbito de los bienes, se considera que se verán especialmente beneficiadas las exportaciones de hortalizas y frutas en conservas o deshidratadas, jugos, confites y vino espumoso, como lo señaló el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es bueno recordar que estos bienes son muy importantes, al igual que otros productos como embalajes, etiquetados, plásticos, productos elaborados en madera y proveedores para la minería y la industria del salmón.
Como manifesté, es un tema interesante y con resultados en un futuro cercano.
A pesar de la rapidez con que el proyecto de acuerdo se trató en la Comisión, hubo muchas consultas respecto de algunas instituciones que están importando productos desde Australia. Es el caso del carbón, se consultó si era uno de los productos a los cuales se aplicaría arancel cero de inmediato. Curiosamente, este producto es uno de los que se verán beneficiados con arancel cero. Además, tiene la cualidad especial de que en términos medioambientales, es menos dañino que el colombiano, que también es una fuente energética utilizada en nuestro país.
Finalmente, en el aspecto financiero, el Tratado implica un costo fiscal anual, por concepto de aranceles e IVA a las importaciones, de alrededor de 17,1 millones de dólares, elevándose progresivamente, hasta alcanzar los 17,2 millones en régimen, en 2015. Ojalá se pueda lograr, de aquí al 2015, la integración de este proyecto futurista, como es el Tratado de Libre Comercio con Australia.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud.
El señor TARUD.- Señor Presidente, sólo para manifestar que me complace mucho la celebración de este Acuerdo.
Este Tratado viene a materializar una antigua idea enmarcada dentro del llamado P5, es decir, la intención de los socios de la Apec de lograr un acuerdo de libre comercio con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. 
Pero, cabe señalar que el entonces primer ministro de Australia, John Howard, era muy reacio a abrirse a tratados de libre comercio. Sin embargo, el cambio de gobierno en Australia a uno de tendencia laborista ha permitido una apertura que es muy importante para nosotros, porque significa que para Australia nos pasamos a constituir en una plataforma dentro de América Latina para su comercio e inversiones.
Australia envía cerca del 60 por ciento de sus exportaciones a Asia, lo que la ha convertido en un muy buen joint venture para comerciar en conjunto con los exportadores chilenos.
Por lo tanto, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia va a votar a favor este Acuerdo.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, diputados Marcelo Díaz y Enrique Jaramillo, respectivamente, por los completos y exhaustivos informes que han rendido.
Estamos en presencia de un Tratado de última generación suscrito entre Chile y Australia. Este país posee una de las economías más desarrolladas del mundo y ocupa un área muy importante del continente asiático. Por las simetrías con nuestro país, se ha transformado en un socio político, comercial y estratégico de gran importancia en los distintos foros, como la Apec y la OMC, por nombrar algunos.
Tanto Chile como Australia tienen una apertura comercial hacia el mundo y buscan estrategias de desarrollo sustentadas en las exportaciones y en la diversificación de sus manufacturas. Asimismo, ambas economías buscan ampliar los ámbitos de los tratados de libre comercio no sólo para el intercambio de bienes, sino también de otros aspectos, como se señaló en los informes que escuchamos, que dicen relación con la propiedad industrial, con el intercambio de servicios, etcétera.
Me parece coherente la posición de nuestra Cancillería, en particular, la estrategia política seguida por Chile en materia de inserción en el Asia Pacífico. Un país, como el nuestro, con una costa de más de 7 mil kilómetros en el Océano Pacífico, obviamente, tiene como vocación sustancial privilegiar esta área en los aspectos comercial y político. 
Chile ha dado el paso que faltaba: trató de incluir a Australia cuando se firmó el P4 el acuerdo de asociación entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei Darussalam, pero dicho país no estuvo en condiciones de hacerlo en esa oportunidad. Hoy, el acuerdo P4, por iniciativa de Chile, se amplia para incorporar a Perú, Australia y Estados Unidos.
Por lo tanto, como país, debemos congratularnos de tener una política consistente, persistente y coherente, con una estrategia que apunta a insertarnos en esa región del mundo.
Este acuerdo de libre comercio no sólo hace vislumbrar oportunidades para nuestras exportaciones agrícolas, sino también para sectores dedicados a la agroindustria, al embalaje y etiquetado de plástico, etcétera.
El tratado incluye disposiciones en materia de inversiones, que abren oportunidades para otras áreas, no sólo para la minería, como son los sectores agrícolas, vitivinícolas, acuícolas, forestales y energéticos.
Este Tratado de Libre Comercio promueva el intercambio de bienes y servicios, la simplificación de regulaciones, la estandarización de procedimientos sanitarios cuarentenarios y aduaneros, el acceso de nuestras empresas a las compras que hace el gobierno australiano, etcétera.
El Tratado también será extraordinariamente importante para nuestras pequeñas y medianas empresas que pueden postular a nuevos nichos de mercado. Asimismo, generará oportunidades en el área del transporte y de los servicios aéreos, como para la homologación de estándares industriales, entre otros avances.
El tratado genera también posibilidades de desarrollar alianzas innovadoras entre pequeñas y medianas empresas de ambos países, más allá de los modelos tradicionales de negocios, combinando las fortalezas de ambas partes en la investigación y desarrollo de nuevos procesos productivos, uso de tecnología y cadenas de abastecimientos para crear nuevos negocios.
Por último, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que presido, pudimos constatar que no hubo ningún representante de entidades gremiales ni de sectores exportadores que se manifestara en contra del Tratado; por el contrario, es uno de los pocos tratados que ha concitado un consenso unánime para lograr su aprobación e implementación, a más tardar, en enero de este año.
En atención a las consideraciones expuestas, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana va a dar su aprobación al Tratado de Libre Comercio con Australia.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 
Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, quiero expresar mi adhesión y mi conformidad con este Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Chile y Australia, suscrito en Canberra, el 30 de octubre de 2008.
Este Tratado se enmarca dentro de la política de libre comercio que ha aplicado nuestro país con las principales economías del mundo, en especial con los países del Asia Pacífico y, por lo mismo, tendrá un efecto positivo para nuestra economía. Además, brindará un mayor bienestar a las personas, como consecuencia de un mejor intercambio de bienes y servicios.
Este Acuerdo resultará muy especial, porque le entregará a Chile la posibilidad de aprender de una economía que tiene ciertas similitudes con la nuestra, ya que Australia se ha desarrollado sobre la base de un equilibrio entre la explotación eficiente de los recursos naturales y una creciente inversión en innovación tecnológica, poniendo énfasis en la calidad de su educación.
En muchos aspectos, tenemos mucho que aprender de esa economía, porque Australia es la sexta nación del mundo en extensión. Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados su territorio es similar al de Brasil; es decir, es diez veces el territorio chileno. Su población, que alcanza a alrededor de 20 millones de personas, es relativamente escasa en relación con su territorio, debido a la escasa tasa de natalidad que registra. Esta situación ha llevado a Australia a implementar políticas inmigratorias. Como consecuencia de ello, 50 mil chilenos viven en ese país.
Australia es un país desarrollado. Su PIB alcanza a 801 mil millones de dólares, y exhibe un ingreso per cápita de 35 mil dólares. Se estima que alcanzará a los 60 mil dólares en 2013.
Durante los últimos años, la economía australiana duplicó sus exportaciones gracias a que el PIB creció un 18 por ciento al año. En el transcurso de 2007, sus exportaciones sumaron 139 mil millones de dólares. Australia basa sus exportaciones en los recursos naturales, pero ha desarrollado su industria, lo que ha aumentado el valor agregado de sus productos. Ello le ha permitido mejorar su economía y su posición en las cadenas globales de valor, compitiendo eficientemente en los mercados mundiales y favoreciendo la calidad de vida de sus habitantes.
Chile ha firmado tratados de libre comercio con otros países del Asia-Pacífico como Corea, Singapur, Brunei, Nueva Zelandia, China y Japón, y está estudiando rubricar otros con Vietnam y Malasia.
El beneficio económico que obtendrá Chile, a partir de la firma del Tratado se relaciona con una mayor apertura del comercio de bienes y servicios, así como otros no cuantificados, vinculados con el comercio de servicios e inversiones recíprocas, de modo de facilitar los trámites y las compras públicas.
Cabe señalar que, después de México, Chile es el segundo socio comercial de Australia en Latinoamérica. Más de 120 compañías australianas han instalado en nuestro país sus sedes regionales para América Latina Destacan las empresas del sector minero y energético.
Las inversiones de Australia en Chile son de gran envergadura. De hecho, es el quinto mayor inversionista extranjero en nuestro país. Por eso, el Tratado tiene un efecto muy importante en el intercambio comercial y en la inversión entre ambos países.
También cabe destacar los acuerdos alcanzados con Australia en el ámbito educacional y de innovación tecnológica, en particular el orientado a mejorar la calidad de los profesionales chilenos de la educación. Se han entregado 500 becas anuales para perfeccionar el idioma inglés o para continuar estudios de magíster o doctorados.
Las relaciones entre Chile y Australia datan de 1945. A pesar de la distancia geográfica existente entre ambos países, la globalización, las comunicaciones y la inmigración de chilenos a Australia han contribuido a mejorarlas en forma paulatina. 
Entre 1994 y 2007, el intercambio comercial entre Chile y Australia se triplicó. Es así como de 131 millones subió a 502 millones de dólares, lo que significa que el intercambio comercial creció a una tasa de 11 por ciento anual. Durante el primer semestre de 2008, el intercambio comercial llegó a 420 millones de dólares, revelando un aumento cercano al 98 por ciento en relación con el mismo semestre del año anterior.
Desde 1994, los envíos a Australia no han representado más del 0,5 por ciento del total de envíos chilenos al resto del mundo. Sin embargo, el primer semestre de este año, el peso relativo de las exportaciones chilenas a Australia registró un 0,8 por ciento.
En cuanto a las importaciones, en 1994, llegaron a 95 millones de dólares; en cambio, en 2007, alcanzaron los 216 millones de dólares. En general, en materia de intercambio, se aprecia un superávit en la balanza comercial favorable a Chile de 194 millones de dólares.
En suma, se trata de un proyecto de acuerdo muy importante. A pesar de las grandes distancias que separan a nuestro país de Australia existe gran complementariedad entre sus industrias. Asimismo, en ambos casos, el tipo de desarrollo económico se basa en las exportaciones y en el desarrollo minero y vitivinícola.
Por lo tanto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, hace muchos años, se propuso la firma de un Tratado de Libre Comercio con Australia.
En esa misma época, se planteó acordar un tratado de esas características con Nueva Zelandia, el cual se aprobó. Los gremios agrícolas se oponían fuertemente a la firma de cualquier tipo de acuerdo comercial, porque los aranceles en esa área alcanzaban a 12 por ciento. Una desgravación inmediata de los productos agrícolas traería consigo un gran descalabro, pues se trataba de dos potencias agrícolas mundiales que compiten con Chile en todos los mercados internacionales. 
Pero, transcurrido algún tiempo, los aranceles agrícolas bajaron fuertemente, hasta llegar a uno parejo de 6 por ciento, lo que contribuyó a que se firmara un Acuerdo de libre comercio con Nueva Zelandia y abrió la posibilidad de celebrar otro con Australia. Repito que se trata de dos países que crearon mucha controversia en el ámbito agrario; pero hoy la realidad es otra.
Hace algunos años viajé a Australia acompañado del diputado Guillermo Ceroni y de productores agrícolas de las provincias de Linares y de Ñuble, a fin de recorrer las zonas agrícolas de ese país, principalmente las arroceras. Quedamos gratamente impresionados con la tecnología utilizada allí y la eficiencia de los agricultores. Como se sabe, Australia es uno de los principales productores de arroz del mundo y exporta casi toda su producción a Japón. No recuerdo que Chile haya importado arroz desde ese país, pues habitualmente lo hace desde Vietnam, Tailandia, Uruguay y Argentina. En realidad, pudimos comprobar la extraordinaria eficiencia de los productores de arroz, de hecho, el promedio del rendimiento por quintal es de cien quintales; en cambio, en Chile, a pesar de la tecnología incorporada y de los avances logrados en la materia, el rendimiento no supera los cuarenta quintales. Es decir, Australia exhibe condiciones inmejorables que pueden ser aprovechadas y que se están aprovechando. Muchos de los agricultores que nos acompañaron en esa gira firmaron convenios con sus pares australianos, a fin de traer semillas de última generación y aplicar nuevas tecnologías en sus campos para tener mayor eficiencia y, en efecto, lo lograron. La idea es que todos los arroceros nacionales aprovechen esas condiciones. Lo señalo porque conozco la materia, pues represento a Parral, zona eminentemente arrocera.
El Tratado de Libre Comercio con Australia establece una desgravación paulatina y a largo plazo para los productos agrícolas sensibles como el trigo, el azúcar y el arroz. Por lo tanto, no veo inconveniente en aprobar ese capítulo. Es cierto que los productos lácteos representan un problema que no es menor; sin embargo, a pesar de que las mayores dificultades se vinculan con Nueva Zelandia, éstas se han dado por superadas. 
Repito que no veo inconveniente en aprobar el Tratado de Libre Comercio con Australia. Es cierto que, además del sector agrícola, hay otros aspectos. Hace un instante, se hacía mención a los numerosos chilenos que están en tránsito o viviendo en una Australia gigantesca; es muy grande la cantidad de muchachos jóvenes que van a trabajar allá en la fruta. El hecho de contar con un tratado de libre comercio ayuda también a que un mayor número de jóvenes pueda trasladarse a ese país a realizar labores especialmente agrícolas.
De manera que, después de muchos años, en buena hora salió este Tratado, entre otras cosas, porque hoy los aranceles en nuestro país, por ser tan bajos, no representan mayor peligro para cualquier tratado de libre comercio.
El único tratado con el cual hemos tenido que bregar durante muchos años ha sido el del Mercosur. Fue aprobado por esta Cámara, hace años, y nos ha traído fuertes dolores de cabeza. Lamentablemente, el Gobierno jamás ha querido revisarlo. Pero, eso forma parte del pasado y no veo inconvenientes en aprobar este Tratado de Libre Comercio con Australia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Chile y de Australia es muy completo y tiene muchas aristas relacionadas con el intercambio comercial que existe en la actualidad entre Chile y Australia. 
Hay que hacer notar que este intercambio, de acuerdo con las cifras que nos ha entregado la Direcom, ha mostrado un gran dinamismo. Desde 1994 hasta el 2007, se ha triplicado, de 131,7 millones de dólares, en 1994, subió a 502 millones de dólares, en 2007. Esto significa que, en promedio, el intercambio ha crecido a un ritmo cercano al 11 por ciento anual.
El primer semestre de 2008, el intercambio alcanzaba 420 millones de dólares, lo que revela un aumento cercano al 98 por ciento, respecto al primer semestre del año anterior.
En relación con el período que va de 1994 a 2007, se observa que las exportaciones se incrementaron de 36,1 millones de dólares a 286,1 millones de dólares. En otras palabras, como señala el informe de la Direcom, las exportaciones chilenas hacia Australia crecieron a un ritmo de 17,3 por ciento anual.
El primer semestre del 2008, las exportaciones llegaron a 308,9 millones de dólares, cifra tres veces mayor a la del primer semestre de 2007 e, incluso, superior en 8 por ciento al total de las exportaciones realizadas durante ese año.
Las exportaciones a Australia, desde 1994, no representan más del 0,5 por ciento del total de envíos chilenos al resto del mundo, lo que significa que hay un nicho de mercado inmenso, prácticamente, sin explotar.
Durante el primer semestre de este año, el precio relativo de las exportaciones a Australia aumentó a 0,8 por ciento, en circunstancias de que durante el mismo período del año anterior, esa cifra sólo había llegado a 0,3 por ciento. O sea, hay un crecimiento sustancial en nuestras exportaciones a Australia. 
Las importaciones desde Australia, en 1994, ascendían a 95,6 millones de dólares; en tanto que durante el 2007, registraron un monto total de 216,5 millones de dólares. En consecuencia, el crecimiento promedio anual en este lapso ha sido de 6,5 por ciento.
En el último período, el primer semestre del 2008, se puede observar un detrimento en las importaciones cercano al 4 por ciento; es decir, de 114,5 millones de dólares versus los 119,1 millones de dólares del primer semestre del año anterior.
Durante el primer semestre de 2008, se aprecia también un superávit favorable a Chile en la balanza comercial de 194,4 millones de dólares. No obstante, esta situación, de acuerdo con el informe, contrasta con años anteriores. Por ejemplo, en 1994, se registró un déficit comercial de 59,5 millones de dólares, manteniéndose dicho déficit por todo el período analizado, con excepción del 2003 y 2007, en que el saldo positivo alcanzó a 10,3 millones de dólares y a 69,7 millones de dólares, respectivamente.
Las exportaciones hacia Australia se concentran en el sector industrial, con 65 por ciento en total, y en el sector minero, con 32 por ciento. 
En el sector industrial destacan, particularmente, las industrias de la celulosa, del hierro y del acero; la alimenticia, la forestal y la química. 
Las exportaciones del sector agrícola se han incrementado, desde 2004, aunque aún permanecen en niveles bajos, alcanzando sólo 0,3 por ciento del total.
El sector minero representa cerca de un tercio de las exportaciones a Australia, las que prácticamente están compuestas por las de cobre.
Los tres sectores económicos han exhibido un constante crecimiento, de 1994 a la fecha. Este fenómeno es aún más notorio en el caso del sector industrial.
Por otra parte, en la reunión sostenida ayer por la Comisión de Hacienda, hice notar mis aprensiones respecto del sector agrícola que, a veces, no es muy bien defendido o es el último vagón del tren. Al respecto, se me aseguró que se han tomado las medidas pertinentes para que no sufra los impactos de la desgravación durante los primeros años, dejándose para el final el trigo y los productos lácteos.
En este sentido, hicimos ver también nuestra preocupación acerca del seguimiento de los tratados comerciales.
Por eso, vamos a pedir la realización de una sesión especial para discutir a fondo esta materia. Sé que se han evacuado informes al respecto; pero nos interesa poder llegar al fondo del asunto y saber cuál es el nivel de seguimiento de los tratados que hemos firmado con distintos países. Somos partidarios de la apertura; pero también es importante hacer una evaluación de éstos, así como de la resolución de controversias. En esa sesión, esperamos conocer el punto de vista del Ejecutivo sobre las formas de apoyar a los sectores más vulnerables, como lo fue en su momento el textil.
Este Tratado es extenso y, de acuerdo con los informes que presentó el ministro Foxley en la Comisión de Relaciones Exteriores, apunta, en el fondo, a lograr un acercamiento con el mercado del Asia-Pacífico e incrementar las inversiones.
Para terminar, esperamos que este Tratado implique un aumento del intercambio comercial, por cierto, con un mayor nivel de flujo para nuestro país, pero con la debida cautela y protección de nuestro sector agrícola.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores se dice que, en lo que respecta al comercio electrónico, éste es el tercer acuerdo comercial suscrito por Chile que contiene un capítulo específico sobre la materia.
Por eso, quiero que el ministro subrogante me informe en detalle no alcancé a hacerle la pregunta ayer, en la Comisión de Hacienda sobre qué implicancias o consecuencias prácticas tiene este capítulo, porque no alcanzo a comprenderlas después de leer los tres párrafos que el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores destina a esta materia.
He dicho. 
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores subrogante, señor Van Klaveren.
El señor VAN KLAVEREN (ministro de Relaciones Exteriores subrogante).- Señor Presidente, en efecto, el comercio electrónico está siendo objeto de negociaciones en el ámbito comercial, básicamente, por la importancia que está alcanzando y dada la necesidad de establecer una regulación mucho mayor que la existente en la actualidad.
En el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos de América, aprobado por el Congreso Nacional hace algunos años, se incluían varias disposiciones relativas al comercio electrónico. En este Acuerdo se va un poco más allá, incluyendo disciplinas que permiten autenticar documentos, normas de protección en favor del consumidor y también algunas disposiciones sobre protección de datos, que ya estuvieron presentes en otros acuerdos. Al respecto, traigo a la memoria el acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Esta materia se regula, básicamente, para evitar que, por la vía del comercio electrónico, se adopten políticas que invaliden prácticas del comercio tradicional.
Diría que es un acuerdo de carácter gradual. Se trata de ir regulando, paso a paso, y de conformidad con las directivas que van surgiendo en el ámbito del Apec, donde el comercio electrónico es un tema importante, y de la Ocde, instancia que lo considera parte integrante de las negociaciones de adhesión.
Gracias, señor Presidente.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, aprovechando la presencia del ministro de Relaciones Exteriores subrogante, deseo hacerle una consulta.
Tengo entendido que, de resultar aprobado este proyecto de acuerdo, se logrará una apertura comercial que alcanzará al 80 por ciento de los consumidores a nivel mundial. Es una información que he rescatado de los informes pertinentes.
Por lo tanto, deseo que el ministro me diga si es efectivo. Si no puede responderme ahora, que la considere como una petición formulada mediante oficio.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores subrogante.
El señor VAN KLAVEREN (ministro de Relaciones Exteriores subrogante).- Señor Presidente, sin perjuicio de que, en mi opinión, el tema amerita entregar un informe por escrito y, de paso, expresar nuestra total disposición a participar en una sesión especial de la Cámara sobre el funcionamiento de los acuerdos de libre comercio, sus resultados y alcances, con el mayor gusto voy a dar respuesta a la consulta del honorable diputado señor Jaramillo.
A través de esta red se concretarán acuerdos de carácter preferencial con bastante más del 80 por ciento del comercio bilateral.
He dicho. 
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Cerrado el debate.
Señores diputados, en el tercer lugar de la Tabla figura un proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.
Se encuentra presente la diputada señora Ximena Vidal, informante de la iniciativa. Sin embargo, en vista de que restan sólo siete minutos para el término del Orden del Día, el proyecto quedará pendiente para una próxima sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, deseo hacer una consulta reglamentaria.
Por segunda vez, durante lo que va corrido de esta semana, la Sala no ha tratado un proyecto sobre derechos humanos que figuraba en Tabla. En efecto, ayer ocurrió con la iniciativa de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas y hoy con el proyecto sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas, que es sumamente importante para sus familiares.
Por eso, quiero expresar mi malestar porque, muchas veces, proyectos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía quedan rezagados y no se conocen en la Sala. No niego la importancia de los dos proyectos tratados en la sesión, pero le pido a la Mesa que priorice esa importante iniciativa y que la incluya en el primer lugar de la Tabla de la próxima sesión.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, debido a que su señoría se encontraba en una comisión, no escuchó la explicación que acabo de dar.
Reitero que se encuentra presente la diputada señora Ximena Vidal, informante de la iniciativa a la que se refirió su señoría; pero, dado que quedan pocos minutos para el término del Orden del Día, se acordó dejarla pendiente para la sesión del martes 6 de enero.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor CERONI (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Chile y de Australia, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 diputados en ejercicio.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi O. Enrique; Aedo O. René; Aguiló M. Sergio; Alinco B. René; Allende B. Isabel; Álvarez Z. Rodrigo; Araya G. Pedro; Arenas H. Gonzalo; Ascencio M. Gabriel; Barros M. Ramón; Bobadilla M. Sergio; Burgos V. Jorge; Ceroni F. Guillermo; Chahuán C. Francisco; Correa D. Sergio; Cristi M. María Angélica; Delmastro N. Roberto; Díaz D. Marcelo; Dittborn C. Julio; Duarte L. Gonzalo; Eluchans U. Edmundo; Errázuriz E. Maximiano; Escobar R. Alvaro; Espinosa M. Marcos; Forni L. Marcelo; Fuentealba V. Renán; Galilea C. Pablo; GarcíaHuidobro S. Alejandro; Girardi B. Guido; González T. Rodrigo; Hales D. Patricio; Hernández H. Javier; Insunza G. Jorge; Jaramillo B. Enrique; Jarpa W. Carlos Abel; Jiménez F. Tucapel; Leal L. Antonio; León R. Roberto; Lobos K. Juan; Martínez L. Rosauro; Melero A. Patricio; Monckeberg B. Cristián; Monckeberg D. Nicolás; Montes C. Carlos; Mulet M. Jaime; Muñoz D. Adriana; Nogueira F. Claudia; Norambuena F. Iván; Núñez L. Marco Antonio; Ojeda U. Sergio; Olivares Z. Carlos; Ortiz N. José Miguel; Pacheco R. Clemira; Palma F. Osvaldo; Pascal A. Denise; Pérez A. José; Pérez S. Lily; Quintana L. Jaime; Recondo L. Carlos; Robles P. Alberto; Rojas M. Manuel; Rossi C. Fulvio; Rubilar B. Karla; Saa D. María Antonieta; Sabag V. Jorge; Saffirio S. Eduardo; Salaberry S. Felipe; Schilling R. Marcelo; Silber R. Gabriel; Sule F. Alejandro; Súnico G. Raúl; Tarud D. Jorge; Tohá M. Carolina; Tuma Z. Eugenio; Turres F. Marisol; Uriarte H. Gonzalo; Valcarce B. Ximena; Valenzuela V. Esteban; Vallespín L. Patricio; Vargas L. Alfonso; Venegas C. Mario; Venegas R. Samuel; Verdugo S. Germán; Vidal L. Ximena; Von Mühlenbrock Z. Gastón; Walker P. Patricio; Ward E. Felipe
Se abstuvo el diputado señor Díaz D. Eduardo.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEOS A TRAVÉS DE SUBSIDIOS A LA FORESTACIÓN.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 687, de los diputados señores Delmastro, García, Tuma, Pérez, Jaramillo, Dittborn, Aedo, Rojas y Von Mühlenbrock y de la señora Sepúlveda, doña Alejandra, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitas a S.E. la Presidenta de la República que instruya al ministro de Hacienda estudiar la factibilidad de implementar, por espacio de uno o dos años, o hasta cuando la situación de crisis económica lo haga aconsejable, un fondo extraordinario y adicional al actual presupuesto, destinado a la bonificación de plantaciones forestales que se realicen en las diferentes regiones del país, al objeto de absorber el máximo de mano de obra disponible en las comunas más afectadas por el desempleo durante los meses de invierno. Este plan extraordinario deberá estar dirigido en forma especial a la forestación en terrenos disponibles y aptos para forestar, pertenecientes a pequeños y medianos propietarios. 
Del mismo modo, estudiar la posibilidad de aumentar los fondos disponibles para la bonificación del manejo del bosque nativo, acorde a la nueva ley de Fomento del Bosque Nativo, con el fin de absorber la mano de obra rural en las zonas más afectadas por el desempleo.”.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, un tema de mucha preocupación en nuestro país es el relativo a la crisis económica que está afectando al mundo entero, especialmente a los países que son socios comerciales de Chile.
Debemos recordar que esta situación se originó en Estados Unidos con la crisis subprime, es decir, la cesación de pago de los créditos hipotecarios, lo que afectó en forma muy significativa la construcción de viviendas en ese país, que ha sido nuestro socio comercial forestal más importante de los últimos años.
Dicho sector forestal representa prácticamente 5 mil millones de dólares en exportaciones, concentrando gran parte de las exportaciones de productos sólidos forestales en el mercado estadounidense.
Esa situación desencadenó una crisis en cadena en todo el mundo y, evidentemente, nuestro país acusó el golpe en forma muy temprana, porque afectó al sector exportador relacionado con la construcción de viviendas. Es un hecho que ya se están observando importantes cifras de desempleo a nivel nacional, las que se iniciaron en el sector forestal. Lo más probable es que durante el 2009 este problema se agrave aún más, especialmente en las zonas rurales.
Por otro lado, es sabido que la forestación es una actividad que absorbe mucha mano de obra, precisamente durante los meses en que el desempleo aumenta, debido a problemas climáticos. En consecuencia, la forestación es una herramienta que podría absorber mano de obra y evitar la cesantía, que, seguramente, se incrementará el próximo año debido a la crisis económica.
Cuando hace treinta años, el gobierno chileno dictó el famoso decreto ley 701, sobre Fomento Forestal, destinó una importante cantidad de millones de dólares para bonificar las plantaciones de los privados, que pudieron forestar más de 2 millones de hectáreas, generando una interesante riqueza para el país. Además, se crearon fuentes de trabajo permanentes y, como dije, una cantidad enorme de recursos económicos como consecuencia de las exportaciones.
En síntesis, mediante este proyecto de acuerdo le pedimos al Ejecutivo que estudie la posibilidad de crear un fondo especial, adicional al Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el próximo año, con el objetivo de incentivar la forestación, especialmente en las comunas donde se está produciendo mayor cesantía, y así mitigar el efecto devastador que produce en las personas el hecho de estar sin trabajo.
Además, le pedimos que estudie la posibilidad de aumentar los fondos disponibles para bonificar el manejo del bosque nativo, que estaría en concordancia con la nueva ley de fomento de dicho recurso y permitiría absorber mano de obra, especialmente en las zonas rurales.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Enrique Jaramillo, para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me alegro de estar entre los patrocinadores del proyecto de acuerdo elaborado por el diputado Roberto Delmastro, quien, además de ser diputado por uno de los distritos de la hermosa Región de Los Ríos, también es ingeniero forestal.
Con mucha visión de futuro, hemos conversado la forma en que se podría paliar en nuestra zona la crisis económica y financiera que nos afectará en algún momento, ya que el mundo entero la está sufriendo y, por supuesto, no estamos ajenos a ella.
Reitero que el proyecto tiene nombre y apellido, y me alegro de que, en conjunto intentemos paliar la cesantía en nuestra zona, la Región de Los Ríos, en donde todos los años se producen cupos de empleos llamados los Conaf, que se podrían complementar con las herramientas que entrega el proyecto de acuerdo en discusión.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo O. René; Aguiló M. Sergio; Alinco B. René; Alvarado A. Claudio; Álvarez Z. Rodrigo; Araya G. Pedro; Arenas H. Gonzalo; Barros M. Ramón; Bobadilla M. Sergio; Cardemil H. Alberto; Chahuán C. Francisco; Correa D. Sergio; Cristi M. María Angélica; Delmastro N. Roberto; Duarte L. Gonzalo; Galilea C. Pablo; GarcíaHuidobro S. Alejandro; Girardi B. Guido; González T. Rodrigo; Hernández H. Javier; Jaramillo B. Enrique; Jiménez F. Tucapel; Leal L. Antonio; León R. Roberto; Lobos K. Juan; Martínez L. Rosauro; Melero A. Patricio; Muñoz D. Adriana; Nogueira F. Claudia; Ojeda U. Sergio; Ortiz N. José Miguel; Pascal A. Denise; Paya M. Darío; Pérez A. José; Recondo L. Carlos; Robles P. Alberto; Rojas M. Manuel; Sabag V. Jorge; Salaberry S. Felipe; Schilling R. Marcelo; Súnico G. Raúl; Tuma Z. Eugenio; Turres F. Marisol; Uriarte H. Gonzalo; Vallespín L. Patricio; Verdugo S. Germán; Vidal L. Ximena; Von Mühlenbrock Z. Gastón


AUMENTO DE VALOR DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DE ZONAS EXTREMAS.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para tramitar, sobre Tabla, el proyecto de acuerdo Nº 688.
Acordado.
El señor Prosecretario le dará lectura.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 688, de los señores Alinco, Duarte, Araya, Quintana, Palma, Galilea y Espinosa, don Marcos, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Pedir a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley o el patrocinio de una indicación al proyecto de ley Boletín 626427, sobre beneficios para zonas extremas, para aumentar el valor de las becas que se otorgan a los estudiantes de escasos recursos de zonas extremas”.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, todos los diputados están conscientes de las necesidades que tienen la zonas extremas.
Concretamente, la Región de Aisén es una de las pocas o la única del país que no tiene una universidad de verdad. En consecuencia, el costo de la educación de un joven de nuestra región es superior al de la de los estudiantes del resto del país.
En la actualidad, se otorga una beca que alcanza apenas a 70 mil pesos mensuales que no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas de nuestros estudiantes.
Por lo tanto, solicito a los diputados presentes que apoyen el proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo tome conciencia del problema y envíe un proyecto de ley o formule una indicación para aumentar el monto de las becas que tanto necesitan los estudiantes de la Región de Aisén.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea, para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, resulta muy difícil, en general, para los parlamentarios de Aisén hacer entender al gobierno central esta necesidad que, seguramente, no tienen los santiaguinos ni los estudiantes de muchas otras regiones del país.
Acaban de rendir la PSU más de 1.500 estudiantes de Aisén. Este año se licenciaron 1.100 estudiantes. La gran mayoría de ellos pertenece a familias de clase media y no tienen posibilidad alguna de acceder a las universidades si no reciben la ayuda del Estado. Existe una beca de zonas extremas, cuyo monto es de poco más de 60 mil pesos, y si bien es una cantidad que debemos valorar, resulta extremadamente insuficiente para cubrir el costo que implica mantener a un joven en la universidad.
Por lo mismo, los dos senadores y los dos diputados de la zona presentamos una moción a la ministra de Educación para que la patrocinara. Fue muy bien recibida e, incluso, nos felicitó.
La ministra se fijó un plazo para entregarnos una respuesta, pero la verdad es que no hemos tenido la acogida que esperábamos; es decir, que patrocinara la beca que hemos denominado Patagonia Aisén, que podría aumentar el monto de las becas a estudiantes de zonas extremas y, sobre todo, su número, que es insuficiente. Calculamos que en marzo del próximo año habrá más de 300 jóvenes que quedarán con la frustración de no llegar a la universidad porque son vulnerables y no se están atendiendo debidamente sus necesidades.
Por lo mismo, también planteamos que la Región de Aisén y el país, en general, tienen la oportunidad de obtener los ingresos que les permitan invertir en capital humano y en educación, mediante el cobro de derechos por aprovechamiento de los recursos hídricos. En la actualidad, Chile tiene la esperanza de que se construyan centrales hidroeléctricas en Aisén. Es una necesidad que tiene el país y los recursos están en esa región. Dicho cobro permitiría solventar las becas de la educación superior.
Por lo tanto, no sólo hemos entregado propuestas, sino que también hemos realizado un trabajo, en conjunto con organizaciones ciudadanas que lamentablemente no han tenido la acogida del Gobierno.
Esperamos que este proyecto de acuerdo, que se agrega a otro que presentamos con el diputado Alinco hace pocos meses y que fue aprobado por la Sala, tenga una favorable acogida, porque los jóvenes de Aisén necesitan la atención del Gobierno, pues su situación es absolutamente distinta de la del resto del país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/


VII. INCIDENTES


ALCANCES SOBRE RENUNCIA DE PARLAMENTARIOS AL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del PRI Independientes.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares.
El señor OLIVARES.- Señor Presidente, en enero de este año, junto a un grupo de camaradas, renunciamos al partido en el que militamos durante gran parte de nuestras vidas.
Lo hicimos absolutamente convencidos de que estábamos siendo consecuentes con nuestros principios y valores y con la debida fidelidad con los que menos tienen y que habían cifrado sus esperanzas en la acción política. Aquella colectividad no estaba desarrollando aquellos principios y valores.
Fueron muchos los hechos que nos llevaron a tomar esa decisión que se desencadenó después de que nos negamos a la entrega de recursos del Estado a los empresarios del fracasado plan Transantiago. Todos sabemos que es la peor política pública que se ha llevado adelante y que le ha costado a la gente los más increíbles sacrificios, y a Chile una incalculable cantidad de dinero que cae a un tonel sin fondo.
En esa oportunidad, se nos amenazó y se nos dijo que por sobre el compromiso que debíamos tener con quienes nos eligieron estaba la disciplina partidaria. Quienes detentaban el poder en esa colectividad elaboraron un documento infame que pretendía obligarnos a actuar de determinada manera en el Congreso Nacional. Quienes no acataran debían atenerse a las consecuencias, que no eran otras que perder los cupos parlamentarios. 
Entendimos, entonces, que ese partido se ponía al servicio del poder y no al de las grandes mayorías, y decidimos dar el paso necesario para construir una alternativa política que se centrara en la interpretación de los sueños y anhelos de los trabajadores de la clase media. Decidimos inscribir a nivel nacional el Partido Regionalista de los Independientes, y después de pocos meses de ese logro, participamos en las elecciones municipales de octubre, en las que obtuvimos un gran triunfo y la certeza de que miles y miles de compatriotas compartían nuestras ideas.
Nuestros planteamientos son claros e intransables. Queremos corregir el modelo económico neoliberal, esencialmente injusto, que ha permitido la concentración económica más brutal que se haya conocido en nuestro país y una distribución del ingreso tan injusta, como la que existe en los países más pobres del planeta.
Queremos que las funciones pública y política, en general, se impregnen de transparencia y que se destierren para siempre los hechos de corrupción que nos han golpeado tan duramente. Queremos que, de una vez por todas, llegue la reconciliación a nuestro país para que podamos unirnos como hermanos de una misma causa. Queremos la inclusión política para que todos puedan participar en las instituciones de la república en igualdad de condiciones y de acuerdo al grado de representación respectiva. Queremos, simplemente, identificarnos con el alma de nuestro pueblo y trabajar para que se materialicen sus anhelos y esperanzas.
Es en este contexto que surgen llamados para que volvamos al antiguo partido al que pertenecíamos y lo hace una persona que ha sido uno de nuestros principales detractores y que nos quería imponer condiciones inaceptables para continuar en aquella tienda política. Luego, dice que el llamado no es con nombres y apellidos; pero yo le digo que todos los que han abandonado ese partido tienen nombres y apellidos y que se fueron, precisamente, porque se les trató como si no los tuvieran.
Es claro que nuestro camino está señalado: iremos donde está la gente para resolver con ellos los desafíos que nos impone el futuro. Tenemos la mística, tenemos la fuerza y tenemos las ganas para hacer de Chile un gran país y, lo que es más importante, tenemos las ideas y la gente para acometer esa tarea que la historia y las grandes mayorías nos demandan en esta hora.
He dicho.


ALCANCES SOBRE PRECIOS DE LAS GASOLINAS.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, quiero decir algo que es bien obvio: todos los chilenos hoy estamos muy contentos con los bajos precios de la bencina. Resultan muy gratos estos precios porque se acerca el verano y los chilenos vamos a usar más los automóviles.
Sin embargo, quiero advertirle a la ciudadanía que la rebaja tributaria que el Gobierno propuso el año pasado no es permanente, porque depende del promedio del precio internacional del petróleo de los últimos doce meses.
Entonces, como el promedio de ese tiempo está por sobre los 85 dólares el barril, el impuesto es muy bajo: aproximadamente 130 pesos por litro. Pero, como el precio internacional del petróleo está alrededor de 40 ó 45 dólares el barril, a medida que pasen los meses este promedio va a ir bajando. La mala noticia es que cuando el promedio baje de 85 dólares, entonces el impuesto va a empezar a subir, y la gente se va a extrañar, porque si el precio internacional del crudo sigue bajo, ¿por qué va a aumentar el precio a público? Porque la rebaja tributaria que se hizo en su momento no es definitiva, sino que depende del precio internacional del petróleo; es más alta mientras mayor es el precio del petróleo, pero en la medida en que éste baje, la rebaja va a ir disminuyendo. Y cuando el precio promedio sea inferior a 60 dólares el barril, cuestión que yo creo que ocurrirá a mediados del próximo año, entonces, volveremos al impuesto específico de los combustibles más alto del mundo para un país en desarrollo como Chile, de aproximadamente 250 pesos el litro. 
De tal manera que hay que decirles a los chilenos que gocen este período, especialmente en verano, porque esto va a revertirse si no presionamos con fuerza para que el Gobierno haga una rebaja tributaria como corresponde, definitiva, al precio de las bencinas, que lo disminuya para siempre y no sólo transitoriamente, como ocurre con la que tenemos hoy y que dura mientras el precio del petróleo es alto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, ¿solicitará el envío de algún oficio?
El señor DITTBORN.- No, señor Presidente. 


MEDIDAS EN FAVOR DE PRODUCTORES LECHEROS. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en los últimos días hemos apreciado que los efectos de la crisis mundial están apareciendo con gran fuerza en diversas actividades económicas de Chile. Por ello, debe ser prioritario el rol del Estado para ir paliando dichos efectos y, sobre todo, tratar, dentro de lo posible, de adelantarse a los impactos negativos que esta crisis va teniendo sobre las distintas áreas del desarrollo económico del país.
La opinión pública ha sido testigo de una serie de manifestaciones realizadas en ciudades del sur por las diferentes organizaciones que agrupan a los productores de leche, los que podemos clasificar como pequeños y medianos empresarios; es decir, parte de las pymes chilenas, cuyo producto es adquirido por las grandes empresas que procesan y llegan con la leche y sus derivados al mercado nacional y que fijan los precios de acuerdo al momento económico nacional e internacional.
Las protestas se fundamentaron en una disminución sostenida en los precios pagados por las empresas e, incluso, en el no pago oportuno de lo ya entregado. Es más, hay antecedentes respecto de que algunas empresas están cancelando sólo el Iva y no la leche, y dichos pagos quedan diferidos quizás para cuando. Ambos hechos están teniendo un impacto muy negativo en la actividad, porque no se están cubriendo los costos de producción, y por la falta de dinero las empresas comienzan a su vez a fallar en sus compromisos económicos, incluido el pago de los sueldos.
Eso, además, hace pensar en la inminencia de las reducciones de personal, uno de los factores de mayor gravedad ante una crisis económica de las características de la que ya estamos viviendo en Chile. Seguir afirmando que esto no nos afecta o aún no llega al país es claramente un engaño y un atentado a la inteligencia de los chilenos. 
Incluso, hay lecherías que ya están siendo rematadas y sabemos que importantes productores se encuentran planificando el cambio de su actividad económica hacia otros rubros. 
La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, se reunió con cerca de 40 dirigentes de los productores, quienes quedaron conformes con las medidas que la autoridad consensuó con ellos, las cuales van en tres ejes: apoyo en lo económico vía Corfo, con flexibilización de créditos estatales; inyección de recursos a través de la banca y repactaciones, además del control de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis, y aumento en los programas de alimentación complementaria del Ministerio de Salud, acelerando las compras públicas para la adquisición de leche. 
A eso deberíamos agregar una profunda revisión de las normativas sobre la importación de lácteos, considerando los proteccionismos y subsidios que otorgan numerosos países, lo cual es una competencia desleal para con la industria lechera nacional.
Es bueno lo acordado, pero debemos concretarlo con suma urgencia y en su totalidad. El compromiso ministerial debe comenzar a cumplirse ahora. Cada día que pasa es un día que se retrocede y se daña una industria que ha sido muy importante para el desarrollo del país. 
Ya se ha ido en auxilio de otras actividades, como los salmoneros, lo que me parece muy bueno, pero ahora los productores de leche no pueden esperar. Si a los salmoneros muchos de ellos empresarios extranjeros se les aprobó un aporte financiero superior a 450 millones de dólares, pienso que, con mayor razón y justicia, el Gobierno debe apoyar con todos los recursos necesarios a los productores de la industria láctea.
No estoy en desacuerdo con lo realizado por las salmoneras y valoro la prontitud con que actuó el Gobierno en esa materia, sólo quiero que con los pequeños y medianos productores de leche se proceda en la misma forma, sobre todo porque ellos trabajan en sus terrenos, arriesgan sus capitales y no reciben concesiones estatales para producir un elemento tan vital en la alimentación de los seres humanos.
Según datos de la Odepa, entre 2000 y 2006 los precios promedio anuales giraron en torno a los 101 pesos por litro en 2002, que fue el más bajo, y a los 122 pesos por litro en 2005, el más alto. En 2007, el promedio anual fue de 177 pesos por litro y en varios meses se superaron los 200 pesos, lo que se extendió hasta el presente año, justo antes de las bajas efectivas en las empresas.
Hoy se están anunciando precios de 150 pesos por litro y el costo promedio de producción alcanza a los 190 pesos.
Otro aspecto no menor es que en nuestra zona dejarían de circular alrededor 40 mil millones de pesos, hecho que impacta a la totalidad de las actividades económicas de la región.
Hago un llamado a la nueva ministra del Trabajo a que tenga presente al sector lechero. Hay que defender los empleos y, sobre todo, se debe pensar que ésta es una industria que siempre va a tener demanda de sus productos. Si se terminan estos empresarios agrícolas empezaremos a depender de los mercados externos, lo que, por supuesto, es dañino para nuestra balanza de pagos y, sobre todo, para el empleo agrícola.
Existe una comisión pro empleo creada por la Presidenta de la República. A sus integrantes les digo: el agro, no sólo la producción lechera, puede y debe ser una fuente extraordinariamente potente en cuanto a generación de empleos. 
En el mundo faltan alimentos. Transformemos esta crisis en una oportunidad. Para los productores de leche hoy la ayuda es urgente. 
A la señora ministra de Agricultura, a quien citamos a la Comisión de Agricultura para el 6 de enero próximo, le digo que espero que ese día llegue con las soluciones en marcha y no con las promesas de los proyectos. En esa oportunidad debemos evaluar cómo se está solucionando la crisis y no la forma en que se abordará. 
Insisto: no hay tiempo que perder. Si no se actúa rápido, se perderán miles de puestos de trabajo y un material genético de las vacas productoras de leche que ha costado años en consolidarse y el cual no puede recuperarse de un día para otro. 
Por lo expuesto, solicito oficiar a la ministra de Agricultura y al ministro del Interior, éste último en su calidad de presidente de la comisión pro empleo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, abordaré exactamente la misma materia señalada por el colega Hernández. 
No repetiré el diagnóstico hecho por el señor diputado respecto del sector lechero, con el cual coincido plenamente. Plantearé algunas medidas concretas que esperamos que el Gobierno adopte para hacer frente a esta crisis que, lamentablemente como aquí se dijo, también es parte de la que están enfrentando casi todos los sectores productivos del país, debido a la crisis económica-financiera mundial.
Pero son dos los problemas que están afectando hoy al sector de la producción lechera: 
Por una parte, la fuerte baja de los precios que la industria procesadora paga a los productores lecheros, cuyos costos son superiores, al punto que incluso los más eficientes, los más productivos, no alcanzan a cubrir sus costos con el precio que les ofrece la industria procesadora. Por otra parte, los altos costos que debieron enfrentar el año pasado los productores, dada el alza de precios que afectó a los insumos durante esa temporada, lo cual significó que la producción del alimento para los animales resultara extraordinariamente cara.
Ante este escenario, ¿qué medidas se deberían adoptar para enfrentar en forma efectiva esos dos tipos de problemas?
En primer lugar, lo que señaló mi colega el diputado señor Hernández, esto es, la creación de un fondo de garantía similar al que se anunció para enfrentar la crisis de la industria del salmón. Un fondo de ese tipo permitiría que los bancos utilizaran el aval del Estado para abrir líneas de crédito, en particular de capital de trabajo, para que los productores lecheros puedan superar esta situación de crisis por la que están pasando, la cual los tiene produciendo con costos superiores a los precios que hoy les paga el mercado.
Esto es lo que le solicitamos al Gobierno: que a través de la Corfo, por ejemplo, cree un fondo similar al que creó para la industria salmonera, pero esta vez para garantizar a la industria productora de leche.
En segundo lugar, se podría revisar, particularmente en beneficio de los pequeños productores, la política de acopios lecheros, que fue exitosa en algún momento, pero que hoy presenta grandes problemas. Uno de ellos es que a los productores pequeños les pagan un precio menor que a los grandes productores y, además, les cobran cuarenta pesos por litro, aproximadamente, para financiar los costos de operación del acopio, diferencia que constituye un castigo muy grande para los productores pequeños.
Por lo tanto, debe revisarse la política de acopio e implementar, por ejemplo, una política de asociatividad menor que permita que tres o cuatro pequeños productores puedan contar con un estanque común y evitar así esos enormes costos operacionales que los castigan muy duramente.
Me parece que el Indap debería asumir una labor proactiva y proponer un programa de asociatividad de esas características para los pequeños productores, quienes podrían asociarse en torno a pequeños estanques, para tres o cuatro productores, sin utilizar los servicios de los acopios.
Considero que los pequeños productores necesitan un plan especial de alimentación suplementaria, que también debería liderar el Indap, que les permita disponer de recursos para sembrar ahora, aprovechando la baja de los insumos.
La situación actual es completamente distinta a la que los productores vivieron el año pasado, porque ahora podrían sembrar cultivos suplementarios con insumos baratos, lo cual les permitiría enfrentar de mejor forma la crisis de precios que están sufriendo.
Solicito que se oficie a la ministra de Agricultura para que tome debida nota de las medidas que he propuesto, que espero puedan ser implementadas a la brevedad, para que los productores lecheros, en particular los de las regiones del sur, puedan hacer frente a la crisis.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Roberto Delmastro.


INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES DIAGNÓSTICOS ERRADOS POR REACCIÓN ADVERSA A VACUNA CONTRA LA POLIOMIELITIS. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Informo a la Sala que el Comité de Renovación Nacional ha cedido cinco minutos de su tiempo a los diputados de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente, el 7 de noviembre de 2000, en el hospital Sótero del Río, nació Lucas Pérez Rodríguez. En enero de 2001 recibió la dosis correspondiente de la vacuna para prevenir la poliomielitis, frente a lo cual presentó una reacción adversa que le provocó daño neurológico importante.
En esa oportunidad la autoridad médica del hospital mal diagnosticó los síntomas que presentó el lactante, por lo que éste no recibió el tratamiento adecuado. Si no me equivoco, se le diagnosticó una enfermedad conocida como Werding-Hoffman y, en consecuencia, no recibió el tratamiento que le hubiese permitido salir de la situación de crisis en la que se encontraba. Sin embargo, al año siguiente la autoridad epidemiológica reconoció que el daño que había sufrido el niño se debió a una reacción adversa a la vacuna.
A petición de la familia de Lucas Pérez Rodríguez, solicito que se oficie al ministro de Salud para que nos informe si existen otros casos similares de mal diagnóstico de reacciones adversas a la aplicación de dicha vacuna.
Esta familia espera que lo que le sucedió a su hijo sea conocido por la opinión pública, dado que, a la luz de otros antecedentes que ha recibido, es posible que haya más casos de diagnósticos errados de las autoridades de Salud u otros en los que no se han entregado los diagnósticos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Juan Lobos y Raúl Súnico.


INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE INHALADORES. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, hace algunos años, el Ministerio de Salud realizó una compra masiva de inhaladores a la empresa Glaxo, prestigioso laboratorio internacional que fabrica productos de alta calidad.
Se compraron inhaladores Sereven y Seretide, cuyo principio activo, básicamente, es salmeterol y salmeterol más fluticasona. Esos son sus componentes.
La compra fue tan grande que hasta el día de hoy existan remanentes, los cuales han debido ser desechados en diversos hospitales, dado que los productos ya vencieron en cantidades cuyo valor oscila entre 60 y 80 millones de pesos.
Por ese motivo, solicito que se oficio al ministro de Salud para que nos informe detalladamente cuál fue el mecanismo a través del cual se realizó esa compra; si fue una compra directa o hubo licitación; el costo total de la compra, el costo unitario de cada uno de los tipos de inhaladores adquiridos, y la justificación técnica que pesó al momento de realizar la compra, puesto que esos medicamentos se usan sólo para el asma grave y no son los que indican los facultativos en el común de los casos. Además, que nos informe cómo se distribuyeron los inhaladores en los distintos servicios de salud, hospitales, CDT, CRS y en los diferentes municipios, con el correspondiente detalle.
También pido que nos entregue el detalle por hospital, CDT, CRS y por municipio del stock que queda en cada uno de los establecimientos, con la fecha de vencimiento del producto, su cantidad y el monto de dinero que involucra ese material vencido que ha sido desechado.
He dicho. 
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión que los diputados que así lo indican.


CIERRE TEMPORAL ANTICIPADO DE AEROPUERTO DE VALDIVIA Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS INSUFICIENTES PARA SU REPARACIÓN. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. 
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, hace al menos seis meses se anunció el cierre provisorio del aeropuerto Pichoy, de Valdivia, con el objeto de reparar la pista y remodelar el edificio.
Efectivamente, esas obras se van a realizar a partir del 1 de enero y durarán cuatro meses, con lo cual esa maravillosa ciudad y la zona de la Región de Los Ríos quedarán sin servicio aéreo durante toda la época estival y de turismo.
El anunció llevó a que LAN Chile reprogramara todos sus vuelos a partir de esa fecha, razón por la cual no realizará vuelos en la zona de Valdivia, aunque la licitación de las dos obras reparación de la pista y remodelación del edificio recién está en etapa de consulta a los contratistas, cuestión que no se resolverá en enero. Es decir, en ese mes el aeropuerto estará operativo, porque la Dirección de Aeronáutica Civil no lo cerrará mientras no comiencen las obras, pero los vuelos no se realizarán porque LAN Chile ya lo dispuso así y no puede revertir el itinerario planificado.
Por lo tanto, pido una explicación al Ministerio de Obras Públicas acerca de esa increíble descoordinación. Vamos a perder un mes de buen tiempo para realizar obras de construcción, tanto en la pista como en el edificio, pero tampoco van a operar los aviones, porque así lo programó LAN Chile. No hubo coordinación entre la Dirección General de Aeronáutica Civil, la línea aérea y las autoridades locales para cerrar el aeropuerto sólo cuando comenzaran las obras. Se cerrará en una fecha determinada, pero los trabajos se iniciarán treinta días después.
Además, he recibido de parte del seremi de Obras Públicas de la Región de Los Ríos el presupuesto para cada una de esas dos faenas. 
Para reparación de la pista, se contemplan sólo 2.278.000 pesos. ¿Qué se puede reparar en una pista aérea con ese monto? Sinceramente, es difícil de entender.
En cambio, para la remodelación del edificio del aeropuerto se han destinado 60 millones de pesos, una cifra relativamente concordante con la envergadura de la obra. Pero no existe esa correspondencia entre el presupuesto asignado a la reparación de la pista con los trabajos que se pretende ejecutar. ¿Qué arreglos se pueden hacer con poco más de 2 millones de pesos en una pista de aterrizaje de gran envergadura? Espero que se trate de un simple error de digitación, porque parece increíble.
Pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al seremi correspondiente de la Región de Los Ríos a fin de que me aclaren esas dudas, con copia al intendente regional y al alcalde de Valdivia.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo señalan.


RECURSOS PARA DRAGADO DE RÍO VALDIVIA Y MANTENCIÓN DE CAMINO RURAL EN COMUNA DE LA MARIQUINA. Oficio.

El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas respecto de un problema que parece ser permanente en mi región: la falta de dragado del río Valdivia. Éste es uno de los pocos ríos navegables que quedan en Chile. En la época de la colonia la mayoría de nuestros ríos como el Maule, el Biobío, el Toltén y muchos otros eran navegables; pero, por razones de mal cuidado del medio ambiente, se embancaron y actualmente no son navegables para embarcaciones de gran calado, excepto el Valdivia.
Esto ha estado pendiente en la zona desde hace treinta años, por lo menos o quizás desde el terremoto que asoló a Valdivia, ya que no se ha realizado el dragado del río para la navegación y el cuidado de esta hermosura natural, cuya mantención no implica costo adicional es decir, no le cuesta un peso más al Estado, salvo en lo referido al calado.
Con tal objetivo, en los astilleros de Valdivia se construyó la draga Ernesto Pinto Larraguirre para la mantención del río, la que ha estado paralizada durante años, con su personal permanente, porque no se dispone de presupuesto para su funcionamiento. 
En los últimos diez o quince años, todos los ministros de Obras Públicas se han comprometido a presupuestar el dragado y la mantención permanente del río Valdivia. Si esta tarea se hiciera todos los años, saldría más barata que si se realizara cada diez o veinte años.
Gracias a una iniciativa del alcalde de Valdivia y a la gestión de la Armada, se adquirió el submarino O’Brien, que había sido dado de baja, y hoy espera en el puerto de Corral para ser remontado a la ciudad de Valdivia, a fin de transformarlo en un museo naval permanente, único en Chile, lo cual no ha sido posible a causa de los problemas de dragado, que obliga a esperar la marea alta para que pueda llegar a la ciudad. Obviamente, todo eso da cuenta de una mala administración de esa vía fluvial tan importante para nuestro país
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para solicitarle que plantee un programa permanente de dragado y mantención de este río, con copias al intendente regional y al alcalde de Valdivia.
Por otra parte, pido oficiar al mismo secretario de Estado, con el objeto de solicitarle que provea los fondos para la mantención de un camino rural entre Pelchuquín y Esperanza, que es utilizado como vía de comunicación de un sector altamente productivo de leche, carne y cereales.
Se trata de aproximadamente 4,5 kilómetros de camino, al cual sólo se le ha hecho mantención, sin recargue de ripio, que lo requiere con urgencia, porque, de lo contrario, en invierno se cortará y no se podrá transportar la producción de una gran cantidad de productores de leche, de carne y de cereales de la zona, que constituyen la economía local de San José de la Mariquina. Esto lo estamos pidiendo desde hace dos años, a lo menos.
Espero que el ministro de Obras Públicas responda de manera clara y concisa, porque los ministerios, generalmente, contestan asuntos que no se relacionan con el motivo de las consultas y de esa forma se dilatan las respuestas y las soluciones a los problemas. Además, pido que se envíen copias de mi intervención al intendente de la Región de Los Ríos y al alcalde de Mariquina.
He dicho. 
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


ANTECEDENTES SOBRE ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO PLENO DE TÚNEL SAN CRISTÓBAL. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, hoy los diarios La Tercera y El Mercurio informan que entrará en pleno funcionamiento el túnel San Cristóbal.
El Mercurio señala: “El túnel San Cristóbal está listo para abrir este sábado, desde Américo Vespucio hacia el barrio Pedro de Valdivia Norte, en Providencia (sentido norte-sur), pero la decisión final dependerá de la respuesta del alcalde Cristián Labbé a algunas peticiones del Ministerio de Obras Públicas.
“La comisión interministerial del MOP, Vivienda y Transportes se reunió ayer en la tarde, y mostraron su disposición a abrir la ruta concesionada.
“Sólo hay dos puntos que resolver con la municipalidad: mantener la prohibición de doblar a la izquierda en la avenida El Cerro hacia Los Conquistadores y mantener un solo sentido de la calle local Los Hidalgos hacia el norte.”.
Como diputado del distrito, hace algún tiempo estuve en el Ministerio de Obras Públicas con quien a la sazón era el ministro, don Eduardo Bitrán, quien me señaló, al igual que a los concejales y a los vecinos de Pedro de Valdivia Norte, que el túnel, en el sentido que se pretende inaugurar el sábado, no podía entrar en funcionamiento mientras no estuviera lista la Costanera Sur, que aún no se empieza; la salida del túnel por Lo Saldes, que aún no se empieza, y otras obras de mitigación, entre las cuales hay algunas que ya están consumadas y otras que se encuentran pendientes, como el famoso puente ubicado frente al monumental edificio del señor Paulmann, que aún está en construcción.
Quiero saber en qué momento el aparato del Estado Ministerios de Vivienda, de Obras Públicas y de Transporte cambió de criterio y tomó la decisión de que el túnel entre en pleno vigor sin estar terminadas estas importantes obras. Incluso, en unas simulaciones que nos mostraron indicaban que, en la actual situación vial, al interior del túnel se van a producir enormes tacos. Presumo que hay una razón técnica porque una decisión de esta naturaleza sólo debe tomarse por razones técnicas para que se haya decidido que no se producirá ese evento. En consecuencia, con las obras que se han realizado hasta hoy, el túnel podrá funcionar a toda hora en ambos sentidos.
Sin embargo, lo mínimo que se puede hacer es informar a los vecinos del sector en qué momento, sin necesidad de hacer estas obras, el túnel va a poder funcionar plenamente. Presumo, de buena fe, que la razón del funcionamiento del túnel en estas condiciones no tiene que ver con las multas que habría que pagar a la concesionaria por el retraso. Espero que esa no sea la razón. Creo que debe existir claridad al respecto. Lo menos que uno puede pedir es transparencia, que se nos diga en qué momento esto se solucionó.
Pido oficiar al ministro de Obras Públicas a fin de que me conteste algunas consultas, y que se envíen copias a los concejales de la municipalidad de Providencia señora Carolina Leitao y señores Pedro Vicuña y Rodrigo García Márquez, así como al presidente del Comité de Defensa Pedro de Valdivia Norte, señor Juan Luis Moure.
En un país moderno podría pedir una respuesta urgente antes del sábado. Lo voy a hacer; voy a pedir que me contesten antes del sábado, aun cuando estoy seguro de que es relativamente teórico que eso suceda en las burocracias permanentes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


INFORMACIÓN SOBRE RESULTADO DE ESTUDIO RELATIVO A LA RED ASISTENCIAL DE LA ZONA NORTE. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Salud para que, en el más breve plazo, se informe a la Cámara de Diputados sobre el resultado de los estudios realizados por la Universidad de La Frontera, iniciados a principios del año 2008, sobre la red asistencial de la zona norte. 
Los resultados de dicho estudio han sido ampliamente esperados, por cuanto ellos se materializarían en la construcción de un hospital para la zona norte, proyecto de macro infraestructura que, desde el punto de vista de la demanda, se justifica plenamente.
Para ello, se requiere a la brevedad contar con el resultado de este estudio. Entiendo que están los plazos vencidos para su entrega.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


INFORMACIÓN SOBRE NORMAS APLICABLES A INSTITUCIONES BANCARIAS RELATIVAS A CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES. Oficio.

El señor SILBER.- Señor Presidente, a través de los medios de comunicación se ha informado tengo alguna experiencia sobre el particular sobre un número importante de reclamos a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por cuentacorrentistas, sólo el año pasado ascenderían a 1.800 que dicen relación con los inconvenientes o retrasos que sufren cuando deciden cerrar sus cuentas, ya que las instituciones bancarias tendrían como política interna un retraso o una restricción al momento de materializar dicho cierre, lo cual irrogaría un perjuicio patrimonial a las personas que manifiestan unilateralmente el cierre de sus cuentas. Se trata de un derecho que están ejerciendo las personas, la voluntad de no perseverar en dicho contrato por concepto de cargos y otros intereses y se les perjudica con este retraso.
En consecuencia, pido que se oficie al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para que informe sobre el número de casos denunciados, las acciones tomadas por parte de dicha entidad y si existe alguna circular interna que establezca normas de claridad y transparencia respecto de cómo se materializa dicha renuncia y las sanciones aplicadas a las instituciones que hayan vulnerado esta prerrogativa que tienen los consumidores.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en los términos señalados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los parlamentarios que así lo indican.


PREOCUPACIÓN POR FILMACIÓN TELEVISIVA DE ALLANAMIENTOS EFECTUADOS POR LAS POLICÍAS. Oficio.

El señor SILBER.- Señor Presidente, el Colegio Médico ha jugado un importante rol, incluso ha pedido un sumario administrativo, por la actuación de un médico cirujano que habría filmado a un paciente en estado crítico en el hospital La Calera.
Cabe felicitar a quienes tuvieron una reacción oportuna sobre esta situación, por cuanto se ha menoscabado la honra y la dignidad de un paciente y su derecho a mantener privacidad, pero quiero saber cuáles son las políticas que aplican Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones al permitir que programas de televisión participen en procedimientos policiales con el fin de realizar realities. Muchas veces las personas que intervienen son imputados, quienes también tienen derechos que se deben respetar e, incluso, terceros ajenos al proceso. He visto como se producen allanamientos en casas particulares con acceso de los medios de comunicación, lo cual vulnera también los derechos de las personas, más aún, cuando dichos canales siempre muestran hechos que ocurren en poblaciones de mucha pobreza. Nunca he visto que se haya filmado un allanamiento en La Dehesa o en el sector oriente de Santiago, lo que es discriminatorio y constituye un menoscabo bastante grave a la dignidad de las personas.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Defensa para que informe a esta Cámara sobre los instructivos que usan Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para actuar en conjunto con los canales de televisión. A mi juicio, esto sólo sirve para ventilar hechos propios de la investigación y que no necesariamente deben ser de conocimiento público, menos cuando se realizan a través de los medios de comunicación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


ANTECEDENTES SOBRE CRITERIOS APLICADOS EN ASIGNACIÓN DE FONDOS A PROYECTOS CULTURALES. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el permanente apoyo, promoción y difusión de las manifestaciones de la cultura como corresponde a un Estado liberal y democrático que cree y defiende la libertad de expresión y de conciencia, ha sido el ejercicio continuo de los gobiernos de la Concertación y seguirá siendo el acento principal para integrar las artes al desarrollo del país.
Son muchos los ciudadanos que han podido obtener financiamiento para llevar a la práctica sus trabajos en las más variadas disciplinas del quehacer artístico. Un financiamiento estatal a la creación de las artes es lo que de alguna manera ha intentado cambiarle la cara a la cultura en Chile, aun cuando este financiamiento sea todavía insuficiente para dar oportunidades a una proporción mayor de artistas, creadores y realizadores de nuestro medio. Sabemos que los recursos financieros son siempre menores a las necesidades reales.
Por esto, el Consejo Nacional del Libro y la Cultura, que ya cumple 14 años facilitando la concreción de proyectos con financiamiento y que fue una especie de semilla de la actual institucionalidad cultural del Estado, se ha transformado en una herramienta de gran importancia para el fomento de las artes literarias y del pensamiento en Chile.
Durante 2007 fueron financiados 395 proyectos. No obstante, en nuestra calidad de fiscalizadores, hemos recibido antecedentes de postulantes a dicho concurso que han cuestionado los criterios que se han utilizado para la asignación de fondos. Además, señalan haber recibido respuestas poco satisfactorias acerca de las razones por las cuales fueron dejados fuera de la selección de proyectos creativos, a pesar de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos.
Efectivamente, los criterios para evaluar los proyectos son susceptibles de cuestionar, pero hay que respetarlos. La transparencia es a la política lo que la cultura a la sociedad; por eso, es necesario que las adjudicaciones de los fondos de los concursos se hagan con la mayor nitidez, simplicidad y limpieza de procedimientos posibles, pues al no existir claridad en las pautas de evaluación o haber cambios en las reglas del juego, manifestados a través del uso de demasiada discrecionalidad, se puede desembocar en prácticas indeseables de asignaciones arbitrarias de fondos o, sencillamente, en abrirle un espacio a la descomposición de los concursos y, de paso, cerrárselos a la probidad que debe primar en ellos. Es necesario evitar que eso ocurra.
Cuando perfeccionamos la institucionalidad cultural para ampliar la cobertura de financiamiento a las artes, también se debe mejorar la forma de relacionarse y comunicarse con los miles de postulantes que no ganan los concursos, para que existan líneas de comunicación adecuadas que se hagan cargo de los reclamos.
Una irregularidad en este campo no sólo perjudica a los creadores y artistas injustamente excluidos, sino que también echa por tierra el propósito de dotar a Chile de una institucionalidad cultural. Debemos hacernos cargo de los reclamos sobre presuntas anomalías.
Solicito que se oficie a la ministra del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, a fin de que informe sobre la nómina y composición de un grupo de evaluadores e indique las pautas de valoración que se utilizaron para la asignación del Fondo Nacional del Libro y la Lectura de 2007 y los antecedentes y la nómina de los proyectos desestimados o excluidos de dicho fondo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.


REBAJA DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, hoy se anunció la baja del precio de los combustibles, el diésel y el gas licuado, lo que constituye una gran noticia para todos los hogares chilenos, para nuestras familias y para toda la comunidad.
El precio del diésel ha sido invocado para una permanente alza de las tarifas de la locomoción colectiva. En la Región Metropolitana, los usuarios pagan tarifas muy inferiores a las que pagamos quienes vivimos en la Región de Valparaíso, donde existe un programa de transporte denominado TransValparaíso, que fija sus tarifas mediante un polinomio, en el que uno de los factores fundamentales es, precisamente, el precio de los combustibles. Sin embargo, dicho polinomio no ha sido reformado de acuerdo con la baja de los precios de los combustibles. Con dirigentes vecinales de la comunidad hemos acudido al intendente regional, para solicitar la baja de las tarifas del TransValparaíso, de manera de nivelarlas a las de la Región Metropolitana, y reformular el polinomio de cálculo del valor de las tarifas.
Junto con hacer un llamado a los empresarios de taxis colectivos y de buses interurbanos que no tienen regulación de tarifas a que responsablemente las bajen, esperamos que las tarifas fijadas de acuerdo con determinadas normas se rebajen en el más breve plazo, ojalá en diciembre.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente y al seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, para que adecuen el polinomio, aplicando las normas de cálculo y, consecuentemente, bajen las tarifas del transporte colectivo para todos los usuarios de la región.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Raúl Súnico, Enrique Jaramillo, Jaime Quintana, Alberto Robles y Marcelo Díaz.


MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE ACCESO A COSTAS DE MAR, RÍOS Y LAGOS. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, estamos casi en verano, momento de vacaciones, cuando las estaciones del calendario nos indican que vivimos el momento propicio para visitar hermosos lugares de nuestro territorio, especialmente los lagos, ríos y costa marítima del sur.
Durante años he luchado por una nueva ley de playas, es decir, que se promulgue una legislación acorde con el siglo XXI, con un país desarrollado, que dé a los ciudadanos la posibilidad de sentirse realmente parte de su país.
En esta época, cuando queremos visitar hermosos lugares de agrado, nos encontramos con que no podemos acceder a nuestros ríos ni lagos del sur.
El 14 de diciembre pasado, la ministra de Bienes Nacionales anunció que mediante la figura de servidumbre legal, podría asegurarse el acceso y lograr el efecto esperado. Lamentablemente, también expresó que hay casos aunque pocos que incluso llegan a la justicia.
En los lagos Ranco, Panguipulli, Calafquén; en el río Bueno, en San Pedro, están cerrados los accesos a los hermosos lugares de playa que allí debiéramos tener todos.
Solicito que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, para que envíe cuanto antes los proyectos que faciliten el turismo y el bienestar de todos los chilenos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Jaime 
Quintana, Rodrigo González, Raúl Súnico, Alberto Robles, y de quien preside.


PETICIÓN DE CORTE DE PINOS EN INMEDIACIÓN DE AERÓDROMO DE PUCÓN. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, hace un rato se planteaban los problemas de la comunidad de Valdivia por el cierre temporal del aeropuerto Pichoy, debido a la mantención y revisión de sus instalaciones.
La misma preocupación manifestó el diputado Enrique Jaramillo al interior de nuestra bancada, porque eso significa dejar aislada a una parte importante de los habitantes de la Región de Los Ríos y de la Región de Los Lagos.
Una situación similar se vive hoy en los dos aeródromos de la Región de La Araucanía: el Maquehue, que pronto deberá cerrar sus operaciones para dar paso a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, con un estándar muy superior al actual, para cuya construcción se han dado todos los plazos y se han cumplido todos los requisitos, en el sector de Pelales, comuna de Freire.
Otro caso similar se vive en Pucón, donde hace varios años se construyó un aeródromo que cumple todas las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y que ha realizado operaciones incluso con aviones Boeing 737. Sin embargo, ahora está cerrado, por una razón bastante absurda: hay una enorme cantidad de pinos que no se han podido cortar, lo que afecta las condiciones de seguridad exigidas por Aeronáutica Civil.
Solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que la Dirección de Aeropuertos haga los estudios necesarios pendientes a resolver el problema del aeropuerto de Pucón, que es tan necesario para la comunidad.
Asimismo, que se oficie a la alcaldesa de Pucón, con copia de mi intervención, a fin de que adopte las medidas pertinentes sobre la materia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.


INCLUSIÓN DE COMUNAS DE LONQUIMAY Y MELIPEUCO EN BENEFICIOS OTORGADOS A ZONAS EXTREMAS. Oficio.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, acabamos de aprobar un proyecto que prorroga los beneficios y la vigencia de la ley austral y modifica las zonas francas, para beneficiar a comunas de zonas extremas o territorios especiales. 
En el distrito que represento se incorporaron hace un año dos comunas: Lonquimay y Melipeuco, y en esa iniciativa no figura beneficio alguno para ellas.
Por lo tanto, pido que se me informe de qué forma esas comunas, que ya fueron incorporadas en igualdad de condiciones a la zona sur austral y a la Antártica chilena, pueden verse beneficiadas con la modificación de la ley de zonas extremas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indicamos.


REALIZACIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN VALLE DEL ELQUI. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, el viernes 12 de diciembre me reuní con vecinos de la localidad de Cochiguaz, del Valle del Elqui, quienes me manifestaron su inquietud por el desarrollo de faenas mineras en el sector y por el impacto que ya se aprecia en el entorno natural, sobre todo en el paisaje.
En efecto, según la información de que dispongo, dos grandes compañías transnacionales estarían desarrollando exploraciones mineras: en Cochiguaz, la minera Teck Cominco; y en Alcohuaz, la minera Pan Pacific Copper. Recientemente, la primera solicitó el paso de sus concesiones de la condición de exploración a la de explotación.
El impacto de los trabajos ya se está haciendo sentir. Lo aprecié en un conjunto de fotografías que me mostraron y que dan cuenta de las transformaciones que se aprecian a simple vista en el sector. De hecho, Teck Cominco reconoció, por ejemplo, que había extraído agua del estero El Cepo, pese a no contar con autorización para ello, es decir, comenzaron a cometerse los habituales errores que causan efecto ambiental y por los cuales sólo se ofrecen disculpas.
Como se sabe, el valle del Elqui es una zona de alto valor cultural, científico y ambiental. Allí están emplazados centros astronómicos de envergadura mundial, que requieren ciertas condiciones naturales para el desarrollo de la ciencia. El decreto Nº 355, de 1993, establece la protección del sector de Cochiguaz.
En atención a lo expuesto, pido oficiar a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que informe sobre los antecedentes de que dispone acerca de las faenas mineras señaladas y las autorizaciones con que cuentan las transnacionales.
Asimismo, para que en el ejercicio de sus funciones, disponga la realización de una visita de inspección a la zona, a la que sea invitada la comunidad y los dirigentes sociales de la comunidad involucrada. Por cierto, que también me gustaría formar parte de ella.
Esto último es muy importante, porque no hay estudios, evaluación ni declaración de impacto ambiental, pero la actividad de esas mineras ya está concitando efectos ambientales adversos.
Las autoridades deben hacerse presente en Alcohuaz y en Cochiguaz, concretamente en el valle de Ingahuaz, para constatar en terreno la situación con los dirigentes sociales, con los vecinos y adoptar las medidas correspondientes para preservar esa zona de alto valor social, cultural y científico.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.


COMPLACENCIA POR MASIVA PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD EN CARNAVAL DE TALCAHUANO. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, hace pocos días disfrutamos de uno de los eventos anuales más importantes de la comuna puerto, ese que ya tiene vocación centenaria: el carnaval de Talcahuano. Los grupos juveniles, las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, los estudiantes y en general todas las fuerzas vivas de la comuna se manifestaron, como cada fin de año, en un espectáculo de colores y música que está en el imaginario colectivo de los choreros. 
Como pocas veces se ha visto, cerca de cien mil personas repletaron las calles de la ciudad durante el cierre de esta celebración, recordando aquellos tiempos cuando Talcahuano rebozaba vida y orgullosa identidad. 
Durante los seis días de carnaval, las farándulas desplegaron sus cortes cargadas de personajes de ensueño, recorriendo con ellos cada rincón de la comuna. En cada recorrido fueron escoltadas por una multitud encantada que salió a su paso, sorprendida por las creaciones de las murgas y los ritmos de las comparsas. 
Este año, más de 1.500 personas dieron vida a los personajes de las farándulas, representando a ocho sectores del puerto. “Naruto”, del Club Deportivo Estrella de la Población Esmeralda, fue el preferido de los niños, quienes pudieron ver de cerca los personajes de esta famosa serie animada. Mientras, “Barbie y Los Cascanueces”, creada por la Agrupación Juvenil Cerro San Francisco, cautivaba a las niñitas que soñaban con ser princesas. “La Aldea de Pinocho”, de la Junta de Vecinos de la Población Libertad, trajo buenos recuerdos a los más grandecitos que crecieron con ese cuento del niño de madera. Más atrás “El Imperio del Sol Naciente”, murga organizada por la Junta de Vecinos de la Población Partal, competía con otro imperio, “Los Vikingos”, del Cerro Buena Vista, mi cerro. 
En alusión a las fiestas que se avecinan, la Agrupación Artístico Cultural de Carnaval Los Lobos, participó con “Santa Claus y su Mágica Navidad”, seguidos por un Homero vestido de cowboy, que encabezada la murga “Los Simpsons y la Fantasía del Viejo Oeste”, a cargo del Club Deportivo Olimpia. 
El “Homenaje a Nuestros Viejos Lobos de Mar”, de Caleta Tumbes, impresionó con la creatividad de sus diseños y la belleza de los disfraces. Finalmente, se llevó todos los aplausos del público y el premio del jurado, que los invistió como ganadores de la competencia. 
Marcando el compás de cada farándula, las comparsas participaron agregándole música al desfile. Esta vez fueron los adultos mayores los que pusieron toda su alegría para hacer bailar a esos personajes: “La alegría de Macondo”, del Club Rejuvenecer de Medio Camino; “Las Reinas de La Cumbia” de la Agrupación La Casa de Todos también perteneciente a ese sector, y “Los Años Dorados de México”, del Club Los Años Dorados de Los Lobos. 
También los niños hicieron música en las calles del puerto. Participaron con las comparsas “Los Ancianitos”, de la Escuela de Lenguaje Nuevas Palabras; “La Estudiantina”, de la Escuela Los Lobos F1224, y “Los Tumbinos”, de la Escuela F495 de Tumbes. 
También este año las reinas fueron elogiadas por su belleza y simpatía. Once representantes de la comuna concursaron por la corona del Carnaval, que finalmente quedó en posesión de Nataly Pasmiño Astete, joven de tan sólo 16 años que representó a la Organización Juvenil de Secundarios. A ella la acompañaba la Reina del Mar, Carla Moraga Valverde, de la Universidad Tecnológica Inacap, y la Reina de las Flores, Romi Ellis Campos, representante de la Agrupación de Los Cerros de la Península de Tumbes. 
Con tantos ingredientes, este carnaval se convirtió este año en una tremenda fiesta en la que participaron miles de choreros, sea como espectadores, dando vida a los personajes o entregando música. La gente se tomó las calles con colores y danzas, trayendo a la memoria, a todos quienes somos parte de esa comuna, esos tiempos en que sentíamos el orgullo de ser de Talcahuano. Hay aires de cambio en el puerto. 
Solicito que se envíe copia íntegra de mi intervención al señor alcalde de la comuna de Talcahuano, don Gastón Saavedra Chandía y a todas las instituciones que participaron en ese carnaval.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se procederá de la manera solicitada, con la adhesión de los diputados señores Marcelo Díaz, Alberto Robles y de quien habla.

EXPLOTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS PESQUEROS EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, quiero agradecer la buena disposición del subsecretario de Pesca por habernos recibido ayer, junto a uno de los dirigentes de los pescadores de la Región de Atacama, don Miguel Ávalos, para plantearle un tema realmente importante que afecta a nuestra región.
Hace algunos días, llegó una cantidad muy importante de barcos industriales a la zona, los cuales han estado realizando faenas de pesca en el lugar. En ese sentido, hice algunas averiguaciones que planteé al subsecretario de Pesca.
El 11 de diciembre de 2008, dicho subsecretario firmó el oficio ordinario Nº 3.217, que permitía a los barcos Ventisquero, King Bay, Chirilingo, Don Mauro, Gardar, Malleco, Tridento y Don Edmundo realizar pesca de investigación del jurel desde la Tercera a la Décima Regiones.
Sin embargo, la gente de Atacama está realmente asombrada con la instalación de algunos barcos que no estaban contemplados en esa resolución y se encontraban pescando en la zona e, incluso, interviniendo dentro de las 5 millas exclusivas de los pescadores artesanales. Están capturando jurel, en circunstancias de que su cuota de extracción está absolutamente ocupada para la Región de Atacama en 2008.
Por eso, quiero saber qué están pescando los barcos Lonco, San José, Bronco, Tricahue, Marchihue, Guanalle 5, don Julio, don Edmundo, Toltén, Chelcho, Vichuquén, don Telesforo, Alejandría, María José, Pehuenco y Rapa Nui en la Región de Atacama, ya que no cuentan con la debida autorización. ¿Quién los autorizó? ¿Bajo qué decreto lo hicieron? ¿Qué han hecho la Dirección del Territorio Marítimo, Directemar, y el Ministerio de Economía en ese sentido? En verdad, la instalación de esos barcos pesqueros industriales constituye un problema muy serio, ya que en la región no había pesca industrial de jurel ni de anchoveta desde hace siete años.
Me parece absolutamente inaceptable que esos barcos aparezcan para depredar los peces, ya que ha costado mucho mantener una biomasa de jurel y de anchoveta en la zona. Normalmente, las cuotas asignadas a la pesca industrial y artesanal han sido obtenidas por los barcos de la región. De hecho, hay capacidad suficiente para que la cuota sea tomada completamente por los pescadores artesanales. Lo ocurrido durante este tiempo ha sido bastante grave e, incluso, ha producido mucha molestia a los pescadores artesanales, quienes han salido a defender el sustento de sus hogares.
Solicito que se oficie al ministro de Economía y al director general de la Directemar, a fin de que informen sobre lo que esos barcos han hecho en la Región de Atacama y cuáles son las medidas que han adoptado al respecto.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Si le parece a su señoría, sugiero oficiar también al ministro de Defensa.
El señor ROBLES.- Muy bien, señor Presidente.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.


Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.04 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.


VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA


Moción de los diputados señores González, Ceroni, Hales, Insunza, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena.
Modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales. (Boletín N° 6274-19)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que, el artículo 14 de la ley 19.733 dispone el depósito legal obligatorio de toda publicación impresa, cualesquiera sea su naturaleza, en la Biblioteca Nacional, con el fin de resguardar el patrimonio bibliográfico nacional.
2. Que, junto con establecer el depósito legal de las producciones bibliográficas y periódicas, consagra igualmente la obligación de remitir al archivo de la Biblioteca, las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales.
3. Que, respecto de las primeras creaciones, su forma de depósito y los plazos previstos para ello se encuentran determinados. Así, todo libro, revista o periódico será enviado a la Biblioteca Nacional en su ejemplar impreso, sin perjuicio de los convenios que puedan establecerse respecto de las publicaciones periódicas para establecer modalidades de depósito legal mixto, sustituyendo el número de ejemplares en papel, por microfilms y/o soportes electrónicos.
4. Ahora, dicha norma no hace referencias a la forma como ha de efectuarse el depósito de las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales, ni que han de comprenderse dentro de cada una de estas categorías.
5. En la práctica, dicha falencia se ha solucionado generalmente por la voluntad de los creadores, quienes acompañan copias de sus registros, pero sin formalidad alguna, ni sometidos a procedimientos de resguardo tanto respecto de la integridad de la creación, como respecto de la calidad o formato de los soportes de dichas obras.
6. Que, por lo anterior, y con el objeto de contribuir a definir la obligación de depósito existente, y fomentar en definitiva, la mantención y custodia de la creación sonora y audiovisual, mediante el presente proyecto de ley, se pretende establecer la obligación de los autores o productores del material creado de acompañar copias de sus creaciones, en sus formatos originales.
7. Con el mismo objeto anterior, se precisa la extensión de la obligación tanto a los creadores de material audiovisual en general, como respecto de los creadores o productores de material cinematográfico, todos quienes deberán cumplir con la obligación de depósito en el plazo de 30 días ya dispuesto por la norma.
8. Adicionalmente, y con el objeto de fomentar la custodia adecuada de tales creaciones, se dispone la posibilidad de que la obligación de depósito de material cinematográfico o fílmico pueda cumplirse mediante el depósito en la Cineteca Nacional, institución pública especializada en su custodia.
9. Lo anterior, sin perjuicio de entregar la posibilidad a que los encargados del depósito puedan celebrar convenios con órganos especializados respecto de cada formato de creación. Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este
H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Introducese la siguiente modificación al artículo 14 de la Ley 19.733:
1. Incorpórese al inciso cuarto después de la frase “grabaciones sonoras o producciones audiovisuales” las palabras “fílmicas o cinematográficas”, precedida de una coma (,).
2. Agréguese al inciso cuarto, antes del punto aparte (.) y después de la frase “dos ejemplares cada una”, la frase “, en su formato original”.
3. Incorpórese los siguientes incisos finales:
a) “Tratándose de creaciones cinematográficas, la obligación se entenderá cumplida, al depositarse las copias en la “Cineteca Nacional”.
b) “Sin perjuicio de lo anterior, la dirección de archivos podrá suscribir convenios para la custodia del material depositado, con organismos públicos especializados.”.


Moción de los diputados señores Hales, Accorsi, Insunza, Jaramillo, Nuñez, Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Tohá, doña Carolina.
Introduce modificaciones para el acceso gratuito a materias de arbitraje obligatorio. (Boletín N° 6275-07)”

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que, el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales dispone:
“Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes:
1° La liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita civil, y la de las comunidades;
2° La partición de bienes;
3° Las cuestiones a que diere lugar la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales y los demás juicios sobre cuentas;
4° Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad anónima, o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los asociados de una participación, en el caso del artículo 415 del Código de Comercio;
5° Los demás que determinen las leyes.
2. Que, sabemos que el carácter imperativo de la disposición se justifica en la necesidad de extraer del ámbito de competencia de los tribunales ordinarios de justicia aquellas materias que pueden ser resueltas de manera menos controversial y por órganos auxiliares.
3.Sin embargo lo anterior, la imperatividad de la norma genera una consecuencia no prevista inicialmente por los redactores de la misma, y que se radica fundamentalmente en la imposibilidad que las personas de escasos recursos tienen para acceder a un árbitro, generalmente abogado, para solucionar sus conflictos derivados de aquellas controversias objeto de arbitraje forzoso.
4.Que, si bien la propia norma citada ha procurado soslayar en parte este problema, mediante la disposición establecida en el inciso final del artículo citado, al disponer que “Los interesados, de común acuerdo, pueden también solicitar al juez que conoce el procedimiento sobre la separación judicial, la declaración de nulidad del matrimonio o el divorcio, que liquide la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubo entre los cónyuges.”, dicha disposición no se extiende a un caso de casi necesaria ocurrencia en toda familia, esto es, la partición de bienes.
5. Que, para el caso de la partición de bienes, la ley no ha previsto un procedimiento de remedio de la misma para personas de escasos recursos económicos, los que generalmente deben costear por si mismos los honorarios del árbitro designado, toda vez que las Corporaciones de Asistencia Judicial no se encuentran habilitadas para llevar arbitrajes.
6. Que, considerando lo anterior, creemos que es posible perfeccionar el sistema ampliando el rango de cobertura del beneficio del privilegio de pobreza consagrado para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas de escasos recursos, para los casos de arbitraje obligatorio como el citado; o en su defecto, permitir que entidades dedicadas a la defensa jurídica gratuita puedan asumir los arbitrajes referidos a requerimiento judicial.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Incorpórese el siguiente nuevo inciso final al artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales:
“Para el caso dispuesto en el número 5 precedente, y tratándose de personas que actúen o puedan actuar amparadas por el privilegio de pobreza, podrá solicitarse al juez el nombramiento del árbitro, quien podrá designar para ello a instituciones dedicadas a la defensa jurídica gratuita.”


Moción de los diputados señores Hales, Accorsi, Insunza, Jaramillo, Núñez, Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Tohá, doña Carolina.
Introduce modificaciones al DL 211 sobre protección de la libre competencia. (Boletín N° 6276-03)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que, en la actualidad el artículo 21 del DL 211 establece la forma como han de practicarse las notificaciones a las partes en los procesos por infracciones a la libre competencia.
2. Que, sin perjuicio de estar dicha norma contenida en la regulación particular efectuada del proceso contencioso generado a solicitud de parte o de la Fiscalía Nacional Económica, de los artículos 19 y siguientes de tal cuerpo normativo, su aplicación se ha extendido igualmente a los procedimientos no contencioso, al proceso de dictación de instrucciones generales, así como a las solicitudes de informe que se plantean en virtud de leyes especiales.
3.Que, dicha aplicación ha sido sustentada por el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el que en uso de sus facultades económicas ha regulado la materia a través del Auto Acordado N° 8, del 28 de mayo de 2006, el que al efecto dispone:
“En los procesos contenciosos que se sigan ante este Tribunal, con posterioridad a la providencia que recaiga sobre la última contestación del traslado conferido del requerimiento o demanda interpuesta; y, en los procesos no contenciosos, una vez presentada la respectiva consulta o solicitud, se efectuará una audiencia ante el Secretario Abogado del Tribunal para que las partes o intervinientes en general, representados por sus respectivos apoderados, puedan, de común acuerdo, reemplazar la forma de practicar las notificaciones por carta certificada, por otro medio seguro de notificación”.
4. Que, en virtud de lo anterior, las partes comúnmente acuerdan disponer como forma de notificación la práctica de está mediante correo electrónico, desistiéndose de recibir la correspondiente notificación mediante carta certificada.
5.Que, sin perjuicio de lo anterior, el auto acordado dictado por el Honorable Tribunal al efecto, no dispone el plazo desde el cual ha de entenderse practicada la respectiva notificación, cuando está se practique por medios electrónicos, toda vez que la norma conductora sólo establece que:
“Se entenderá practicada la notificación por carta certificada, el quinto día hábil contado desde la fecha de recepción de la misma por el respectivo servicio de correos.”
Sin que la norma haga referencia a la notificación por medios electrónicos, ni que la disposición relativa al servicio de correos pueda ser aplicada al sistema de notificación acordado.
6.Que, por lo anterior, los diputados que suscriben, vienen en plantear la modificación necesaria para incorporar disposiciones clarificadoras de la forma de notificación por medios electrónicos y el plazo desde el cual debe éste comenzar a computarse.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H.
Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 21 del Dfl N° 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211 de 1973.
1) Suprímase la expresión “por carta certificada” del inciso tercero.
2) Incorpórese al inciso tercero, antes del punto aparte (.), lo siguiente: “, o desde la certificación de entrega electrónica.”


Moción de los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Tohá, doña Carolina.
Modifica impedimento sobre segundas nupcias. (Boletín N°6277-18)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que, el artículo 128 del Código Civil establece que “cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o (no habiendo señales de preñez) antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad”
“Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración, y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer”.
2. Que, por otra parte, el artículo 129 establece que “El oficial del Registro Civil correspondiente no permitirá el matrimonio de la mujer sin que por parte de ésta se justifique no estar comprendida en el impedimento del artículo precedente”.
3. Que, el fundamento de este impedimento es evitar la confusión de paternidades.
Que, cuando el artículo 128, habla de “matrimonio disuelto o declarado nulo”, incurre en una incorrección pues el matrimonio nulo también está disuelto, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley sobre Matrimonio Civil. Habría bastado con que se hubiera dicho matrimonio disuelto.
4. Que, es corriente la situación que plantea el artículo 128, especialmente en el caso de la mujer que anula su matrimonio. Es frecuente que haya tramitado la nulidad para casarse de nuevo y, sólo en ese momento el Oficial del Registro Civil le advierte que no puede hacerlo hasta que transcurran los 270 días contados desde la fecha en quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad. La situación se remedia, pidiendo autorización judicial que se otorga previo informe del médico legista que acredita que la mujer no se encuentra embarazada.
5. Que, sin embargo lo anterior, la actual concepción del trámite judicial hace inoficiosa la actuación del órgano jurisdiccional por el procedimiento al que debe acudirse, y la falta de regulación del mismo.
6. Que, por otra parte, ante el incumplimiento de lo dispuesto, se establece como sanción, en el artículo 130 inciso 2° del mismo Código que, “Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido”.
7. Que, adicionalmente, tanto la mujer como el Oficial Civil que autoriza el matrimonio incurren en responsabilidad penal, de acuerdo a los artículos 384 y 388 del Código Penal, respectivamente.
8. Que, por lo anterior, se hace necesario no sólo concordar la normativa general del Código Civil, con las reformas introducidas por la ley 19.947, sino que se vuelve imprescindible establecer un procedimiento adecuado para la rápida y efectiva tramitación de la solicitud de autorización, ya sea en un procedimiento ad  hoc iniciado por la mujer, o sea en el procedimiento mismo de disolución del vínculo matrimonial que da origen al impedimento.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H.
Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese al artículo 128 del Código Civil, a continuación del punto aparte (.), el que pasa a ser coma (,), lo siguiente:
“salvo autorización dada por el Juez de Familia correspondiente, en única audiencia, sin oposición de parte, bastando para la acreditación de no haber señales de preñez, la declaración de médico u obstetra competente, sin perjuicio de la autorización dada por la sentencia que declara la disolución del matrimonio.”


Moción de los diputados señores Hales, Accorsi, Insunza, Nuñez, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Tohá, doña Carolina.
Incorpora la contaminación lumínica a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente. (Boletín N° 6278-12)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que, el año 1998, mediante D.S. N° 686, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. (D.O. de 2 de agosto de 1999), se establecieron una serie de normas para la emisión de luminosidad en determinadas ciudades de nuestro país.
2.Que, dentro de los fundamentos dados para la dictación de tal normativa se tuvo especialmente en cuenta, “la calidad astronómica de los cielos de las regiones II, III y IV”, lo que “constituye un valioso patrimonio ambiental y cultural reconocido a nivel internacional como el mejor existente en el hemisferio sur para desarrollar la actividad de observación astronómica, permitiendo a esta zona del país albergar varios observatorios astronómicos, como los de Cerro Tololo, La Silla, Las Campanas y Páranla”.
Lo anterior, llevó a “la necesidad de proteger la calidad ambiental de los cielos señalados amenazada por la contaminación lumínica producida por las luces de la ciudad y de la actividad minera e industrial de las regiones señaladas.”.
4. Que, sin perjuicio de lo establecido en la citada disposición, en la actualidad las empresas o proyectos no consideran dentro de su evaluación de impacto ambiental, los efectos que las emisiones luminosas pueden traer para el desarrollo de las astronómicas, ni la protección del patrimonio cultural y turístico que ello significa.
5. Que, lo anterior se debe, fundamentalmente, al hecho que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, no considera dentro los efectos, características o circunstancias que pueden generar los proyectos o actividades que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, aquellos que puedan generar efectos sobre la luminosidad de una ciudad o zona geográfica, y por lo tanto, tampoco se le impone el deber de disponer de medidas de mitigación para tal clase de contaminación.
6. Que, considerando los criterios ya expuestos sobre las características de nuestro cielo y el potencial de desarrollo que tiene, tanto para la investigación científica, como para el desarrollo turístico, creemos necesario disponer la obligatoriedad de que cada proyecto que pueda generar consecuencias en la luminosidad de una zona caracterizada por el desarrollo astronómico, deba someterse a un estudio de impacto ambiental, al tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley ya citada.
Por lo tanto,
Los diputados que suscribe vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Incorpórese una nueva letra g) al artículo 11 de la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente:
“g) Contaminación lumínica en zonas de desarrollo astronómico.”.


Moción de los diputados señores González, Ceroni, Insunza, Jaramillo, Jiménez, Nuñez, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena.
Establece multa en caso de aplicación ilegítima y temeraria del N° 7 del artículo 160, del Código del Trabajo. (Boletín N° 6279-13)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que, la legislación laboral es y ha sido como una normativa tutelar, destinada a morigerar la desigual posición existente entre empleadores y trabajadores, con el objeto de garantizar un catálogo de derecho mínimo a ser respetado en la prestación y contratación de servicios bajo subordinación y dependencia.
2. Que, hemos visto que el desarrollo de tal normativa ha avanzado en torno a imponer mayores restricciones a los empleadores y ampliar el catálogo de derechos de los trabajadores.
3. Que, dentro del catálogo de derechos y obligaciones correlativas, establecidas se encuentra la necesidad de justificar el despido del trabajador, en alguna de las causales que taxativamente señala la norma.
4. Que, en tal contexto, en la actualidad se ha constituido como una práctica común para los empleadores la utilización de la causal contenida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, “el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato” para el despido de trabajadores, en casos injustificados, en atención a la amplitud de la misma.
5. Que, lo anterior, unido a la lentitud y demora propia de un proceso judicial la aplicación indebida de la causal se constituye en un abuso del derecho, y una afectación de las garantías del trabajador, pues este, al verse sin un trabajo estable, y por ende afectado por la precariedad económica, va a estar propenso a acceder a un acuerdo antes que a esperar años para conseguir una indemnización.
6. Que, por ello, casi con plena seguridad el empleador tiene claro que se llegará a un acuerdo con el trabajador, por un monto claramente inferior a lo que el trabajador habría percibido siendo despedido por necesidades de la empresa.
7. Que, frente a tal situación, el estatuto laboral no contempla una fórmula eficaz para su efectiva sanción, salvo el aumento de la indemnización por años de servicio establecida en el artículo 168 letra c) del mismo.
8.Que, considerando los hechos antes descritos, dicho aumento es difícil que legue a producirse, pues una vez que las partes han arribado a un avenimiento, se suele modificar la causal de despido por la de “mutuo acuerdo de las partes”, con lo que se burla la disposición señalada.
9. Que, por lo anterior, creemos es tiempo de avanzar en torno a sancionar a quienes hacen un uso abusivo de la norma de los procesos judiciales vulnerando el espíritu de la norma y la intención del legislador al establecerla, por ello es que creemos que un remedio eficaz para evitar un uso ilegitimo de la causal de despido antes señalada, es la imposición de una multa ejemplar para desincentivar su utilización.
Por lo tanto,
Los diputados que suscribe vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 168 del Código del Trabajo, del siguiente tenor:
“Finalmente, y tratándose de despidos efectuados al amparo del numeral 7 del artículo 160, en los que se hubiere determinado judicialmente que la aplicación de la misma por parte del empleador, ha sido manifiestamente temeraria y falta de fundamento, éste se verá obligado al pago de una multa a beneficio fiscal, la que será impuesta por la sentencia que se dicte al efecto.” 


Moción de los diputados señores González, Ceroni, Insunza, Jiménez, Núñez, Quintana, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena.
Establece la protección de la creación en Internet. (Boletín N° 6280-19)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que, en la actualidad, más de 1,5 millones de chilenos son clientes de Internet (entendiéndose por tales aquellas personas que tienen suscrito algún contrato que los liga con empresas que presten dicho servicio) y más de 6 millones son usuarios de ella (es decir, la utilizan o frecuentan más de una vez al mes).
2. Que, la anterior situación, mucho más que un fenómeno social, constituye un auténtico cambio para la difusión de la cultura, y una oportunidad extraordinaria para el acceso a la misma. Gracias a esto, es posible conseguir que las redes digitales se conviertan en un verdadero medio de distribución de bienes inmateriales, sobre todo en el ámbito cultural, en beneficio del consumidor.
3. Que, por otra parte, las condiciones de creación de las obras nunca antes se habían visto tan amenazadas. El 2007 se intercambiaron y descargaron cientos de millones de archivos ilegales o “piratas” de obras musicales y audiovisuales.
Tal fenómeno desestabiliza profundamente la economía de la creación, basada en inversiones de investigación, producción y promoción, indispensables para la propia existencia de la red.
3. Que, además de sus consecuencias sobre los soportes físicos tradicionales, hoy la cultura de la piratería constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la oferta de creaciones intelectuales en nuestro país.
El sistema de ventas digitales inmateriales de música, cine y programas audiovisuales, que deberán reemplazar a las ventas de soportes físicos (Cd o Dvd), sigue siendo muy bajo en comparación con otros países e incluso casi desconocido para la mayoría de los internautas nacionales.
4.Que, si bien ya existen sanciones para este comportamiento, basadas en el delito de violación de la propiedad intelectual, éstas parecen no estar adaptadas, así como tampoco lo está el procedimiento judicial, a los casos de piratería ordinaria, cometido a gran escala por varios millones de internautas, a menudo inconscientes del carácter reprochable de sus actos. Por ello, los titulares de los derechos se muestran reticentes a emprender la vía judicial de la que disponen, lo que hace que únicamente se recurra a ella en casos puntuales.
5. Que, el presente proyecto de ley tiene como objetivo contribuir con el marco jurídico indispensable para el desarrollo de las nuevas redes de comunicación, de la oferta legal de música, películas, obras y programas audiovisuales, e incluso de obras literarias.
6. Que, en tal sentido, propendemos sanciones innovadoras para combatir la piratería en la red, iniciando así una reeducación del internauta y colaborando con la incorporación del reproche cultural de la descarga de contenidos ilegales desde la red.
Por lo tanto,
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórese un nuevo inciso final al artículo 81 bis de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, del siguiente tenor:
“Las personas o abonados que descarguen de Internet archivos que infrinjan las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las demás penas señaladas, estarán sujetos a la suspensión de su conexión a la red, de entre tres meses y un año.”.


Moción de los diputados señores González, Accorsi, Jaramillo, Jiménez, Quintana, Tuma, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana.
Incorpora normas sobre casos de interrupción de servicios continuos a la ley del consumidor. (Boletín N° 6281-03)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1. Que en la actualidad la normativa dispuesta en la ley 19.496 sobre protección del consumidor, establece una serie de regulaciones tendientes a garantizar el respeto de los derechos los consumidores.
2. Que, entre tales derechos, se establece en el artículo 19, que “El consumidor tendrá derecho a la reposición del producto o, en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del precio que haya pagado en exceso, cuando la cantidad o el contenido neto de un producto sea inferior al indicado en el envase o empaque.”
3. Que, si bien, lo dispuesto en el artículo 19 de la ley en comento, dispone de un catálogo adecuado de protección de los derechos de los consumidores, tal normativa no resulta aplicable a importantes ámbitos del consumo diario de los ciudadanos.
4. Que, en tal sentido, se han omitido todos aquellos servicios de suministro continuo prestados en el domicilio del consumidor, los que si bien son regidos por sus respectivas leyes sectoriales, estás también omiten pronunciarse con la suficiente especificidad sobre la materia, u olvidan el papel central que el consumidor representa y la protección que debe brindársele.
5. Que, la anterior referencia se extiende tanto a los servicios regulados, como serían los de suministro eléctrico, sanitario o telefónico, como a aquellos no contemplados en leyes específicas en atención a su novel aparición, como serían los servicios de televisión por cable o digital, o la Internet dedicada.
6.Que, reconocemos que aquellos servicios prestados continuamente en el domicilio del consumidor tienen particularidades que los diferencian de los bienes o servicios contratados en casas comerciales o prestadores ordinarios de servicios, es por ello, que nuestro planteamiento reconoce los distintos elementos que componen tal prestación, a saber:
i) El costo fijo por el servicio;
ii) El consumo propiamente tal por el mismo.
Es por lo anterior, que se propone incorporar como derecho del consumidor, la obligación del proveedor del servicio, de descontar proporcionalmente del costo fijo del servicio respectivo, el valor equivalente a la duración de la interrupción.
Ahora bien, para el caso de que dicha interrupción se extienda más allá de 72 horas, sin que el servicio fuese repuesto por el prestatario del mismo, se faculta al consumidor para solicitar la indemnización correspondiente de acuerdo a las reglas generales, sin perjuicio de acreditar el daño causado por la interrupción y el nexo causal entre ambos.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Incorpórese un nuevo artículo 19 bis a la ley 19.496, del siguiente tenor:
“Artículo 19 bis. En caso de interrupción de servicios continuos que fuesen prestados en el domicilio del consumidor, la compañía deberá descontar del cargo fijo mensual la cantidad proporcional al periodo de interrupción del servicio.
Lo anterior, se entenderá sin perjuicio del derecho del consumidor para reclamar la indemnización correspondiente en caso de que la interrupción supere las 72 horas.”


Moción de los diputados señores Hales, Accorsi, Jaramillo, Jiménez, Núñez, Quintana, Tuma, y de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta, y Tohá, doña Carolina.
Establece la auto designación de curador en previsión de una futura discapacidad. (Boletín N° 6282-07)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Considerando:
1. Que, el artículo 338 del Código Civil define las tutelas y las curadurías o curatelas, como “cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a si mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hayan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida”.
El Código, como bien señala Claro Solar conservó en este concepto la clásica definición dada por las Partidas, la que a decir del autor, “(...) no expresa, sin embargo, una idea completa de la tutela y curaduría pues sólo da a entender de un modo indirecto el objeto que con ellas se persigue de dar protección a aquellos que carecen del protector que la ley les señala, el padre de familia o el marido. Además, sólo parece referirse, por esto mismo, a los menores de edad, y no a los mayores de edad que por prodigalidad o demencia han sido puestos en interdicción o que son sordomudos que no pueden darse a entender por escrito”. Como vemos, la institución en estudio, no tiene un origen actual o creada a partir de las necesidades y capacidades actuales de amparo y protección de los derechos del incapaz, sino que por el contrario, como bien lo señala Claro Sola, tiene un lejano origen.
En cuanto a su naturaleza jurídica, la tutela y curatela suelen definirse como un cargo civil, es decir, aquellos impuestos por la autoridad para fines privados, pero que no puede ser libremente renunciado por la persona designada y del que sólo puede excusarse por causa legal, dejando de servir el cargo sólo una vez que ha sido relevado de él.
En el anterior sentido, para Claro Solar, ésta institución se enarbola como parte del orden público, pues su objeto es velar por la persona y los intereses de los incapaces, por ello es que, la tutela y la curaduría son, por lo mismo, instituciones de orden público, aunque sean de derecho privado.”
Concordamos con la interpretación anterior en cuanto a la naturaleza jurídica de la institución, precisamente porque el sentido de ellas es completar la voluntad de los incapaces y constituirse como el órgano de representación adecuado para proteger sus intereses, lo que redunda no sólo en un beneficio para el incapaz, sino que para todos aquellos que se vinculen a él, dando certeza a sus actuaciones y consolidando las relaciones.
Las tutelares y curadurías pueden ser generales y especiales:
Se denominan tutelas y curadurías generales, de acuerdo al artículo 340 del Código Civil, aquellas que se extienden no sólo a los bienes, sino a la personas de los individuos sometidos a ellas.
“Al expresar, por lo tanto, el Código que la tutela y las curadurías generales se extienden no sólo a los bienes sino a la persona de los individuos sometidos a ellas, ha querido acentuar, el concepto de que toda especie de guarda tiene por objeto la protección de los incapaces que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, no existiendo bajo este punto de vista diferencia entre el tutor y el curador; y que a uno y otro está encomendado también el cuidado en la persona en cuanto este cuidado sea necesario a la condición del pupilo” .
Sin perjuicio de que Claro Solar sostenga la indiferencia de la nomenclatura utilizada, los artículos 341 y 342 del Código Civil, establecen que es la edad del incapaz la determinante para la designación del tutor o curador. Así, la primera disposición establece que “están sujetos a tutela los impúberes.” y la siguiente, “.están sujetos a curaduría general los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes; y los sordos y sordomudos que no puedan darse a entender claramente”.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que si bien, la tutela es una sola, pues se da únicamente a la persona y bienes del impúber, mientras que las curadurías son de diversas clases. Así, además de las curadurías generales concedidas a los menores adultos, los pródigos y dementes sujetos a interdicción y los sordos y sordomudos que no puedan darse a entender claramente, existen los llamados curadores adjuntos, los curadores especiales y los curadores de bienes.
Por otra parte y atendiendo a la manera como se constituyen o son deferidas, las tutelas o curadurías, de acuerdo al artículo 353 Código Civil, pueden ser testamentarias, legitimas o dativas.
Son testamentarias, las que se constituyen por el acto testamentario.
Son legítimas, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge del pupilo.
Son dativas, las que confiere el magistrado.
Este orden, como señalan Claro Solar, no es caprichoso, pues la guarda testamentaria tiene preferencia sobre las otras dos; faltando está, tiene lugar la legitima; y sólo por defecto de ambas, se recurre a la dativa.
Como hemos visto, las tutelas y curatelas tienen un origen remoto y en general prescinden de la voluntad de la persona que ha de ser sometida a ellas, respetando sí la voluntad de la persona que designa curador por sobre toda otra forma de designación como es el caso de la guarda testamentaria que prefiere a la legitima y a la dativa.
Que, en el orden de materias que nos convoca, creemos necesario incorporar una nueva forma de generar la institución de la curaduría, reconociendo la fuerza de la voluntad de la persona que se auto designa un curador en previsión de una incapacidad futura.
Por ello, es que proponemos incorporar dentro de las formas como se constituyen la guarda, la voluntad de la persona que en previsión de una incapacidad futura decide definir la persona que será la encargada de la custodia de su persona y bienes.
Por lo tanto,
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Crease un nuevo artículo 353 bis en el Código Civil, del siguiente tenor:
“Artículo 353 bis. Toda persona en previsión de una incapacidad futura podrá auto designarse mediante escritura pública a una o más personas mayores de edad como sus curadores generales para tomar las decisiones sobre actos que le conciernan, en caso de hallarse privadas del discernimiento necesario.
En dicho acto, podría también disponer directivas anticipadas sobre su persona, bienes y salud, así como designar curadores sustitutos.”. 


Moción de los diputados señores Hales, Accorsi, Ceroni, Jaramillo, Jiménez, Núñez, Quintana, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana; Saa, doña María Antonieta, y Vidal, doña Ximena.
“Establece la obligatoriedad del tratamiento médico en casos de reincidencia en el manejo bajo estado de ebriedad”. (Boletín N° 6283-15)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1.Que, según la propia jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia han señalado, “El delito de manejo en estado de ebriedad, pertenece a aquélla categoría de delitos que en doctrina se denominan delitos de peligro abstracto, o sea, aquellos en que el legislador no requiere la producción de un resultado exterior para sancionarlos, sino que le basta únicamente la ejecución de una acción a la que se le reconoce eficacia para causar, por lo general, la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico”. Ct apelaciones la serena rol 1952007, 22092007.
2.Que en tal sentido, el bien jurídico protegido por el legislador al sancionar como delito el manejo en estado de ebriedad, ha sido en términos generales la seguridad de la población, por los peligros que representa el actuar inconsciente de un conductor cuya condiciones físicas no son aptas para el control del vehículo.
3. Que, por lo anterior, es que el legislador ha estimado prudente establecer no sólo la tipificación de un delito abstracto, sino que también ha procurado el establecimiento de sanciones ejemplares que disuadan a otros conductores de tales conductas.
4. Que, no obstante lo anterior, y las consistentes políticas públicas tendientes a generar responsabilidad en el consumo de alcohol entre la población, de acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional para el Consumo de Estupefacientes “Conace”, entre los años 1994 y 2004, el consumo habitual de alcohol en la población aumento más de un 18 por ciento, lo que representa una variación estadísticamente significativa.
5. Que, según los mismos datos entregados por el Conace, de quienes declaran haber consumido alcohol en los últimos 30 días, unas 320.000 personas, “reconocen que a causa del alcohol se han expuesto a daños en su integridad física, como estar a punto de chocar en auto o tener algún otro tipo de accidente”.
6. Que, lo anterior, se refleja de manera dramática en cada oportunidad representativa de una festividad, ocasiones en donde los índices de accidentes asociados al consumo de alcohol aumentan exponencialmente, derivado del consumo irresponsable del mismo, asociado a la conducción vehicular.
7. Que, por otra parte, vemos que nuestra normativa específica destinada a sancionar esta clase de conductas puede llegar a imponer severas sanciones a los sujetos activos de las mismas, con penas que van desde la suspensión de la licencia de conducir, hasta el presidio.
8.Que, lo anterior, si bien ayuda a sancionar ejemplarmente, como ya hemos señalado, yerra en una consideración fundamental, en aquella relativa al carácter patológico del consumo de alcohol o drogas, y a la dependencia pasiva del sujeto activo del tipo penal.
Si bien, las actuales disposiciones tanto de derecho penal sustantivo, como procedimental les disponen de herramientas para revertir el carácter patológico del consumo de alcohol, radicando potestades en el juez de garantía para la imposición de medidas accesorias, dichas medidas además de ser facultativas, muchas veces se negocian con el sujeto activo, sin que medie su voluntad para someterse a tratamientos médicos o psicológicos para modificar su conducta.
Que, por lo anterior, es que creemos necesario modificar sutilmente la normativa actual, con el objeto de disponer que el juez de garantía, para poder conceder la suspensión condicional del procedimiento o alguna otra salida alternativa, imponga en carácter obligatorio el sometimiento a tratamiento médico o psicológico, para aquel que habiendo cometido el delito de manejo en estado de ebriedad, tenga antecedentes previos de consumo.
Con lo anterior, se busca asociar la protección social del tipo de peligro abstracto de manejo en estado de ebriedad con el reconocimiento del carácter patológico del consumo, indiciario en casos de reincidencia.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H. Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único. Incorpórese el siguiente nuevo inciso sexto al artículo 196F de la Ley 18.290, Ley de Tránsito, pasando el actual sexto a ser séptimo y así sucesivamente:
“Tratándose de los delitos contemplados en el artículo 196 E, el juez deberá siempre imponer la medida dispuesta en la letra c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, cuando el imputado tuviere antecedentes previos de consumo de alcohol.”


Moción de los diputados señores Hales, Jaramillo y Núñez.
Establece una auditoría energética en las instalaciones del Congreso Nacional. (Boletín N° 6287-07)

“Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados
Considerando:
1.Que, las distintas crisis energéticas sufridas por nuestro país en los últimos decenios y en particular la derivada del abastecimiento de gas desde Argentina, han dejado en evidencia la dependencia energética de nuestro país.
2. Que, la necesidad de revisar el uso eficiente de los recursos energéticos se ha transformado en un deber de todos los agentes productivos, prestadores de servicios y organismos públicos, el revisar sus políticas energéticas, en tomo a la racionalización de su uso y su optimización.
3. Que, dentro de los mecanismos para examinar el uso de los recursos y dar respuestas propositivas tendientes al ahorro y optimización, las auditorías energéticas se enarbolan como una de los más usados a nivel internacional.
La auditoría energética tiene por objeto analizar los distintos factores que determinan el consumo de las distintas formas de energía, obtener un conocimiento detallado del consumo y los factores que afectan el uso de la energía.
En ella, se identifican, evalúan y ordenan las distintas oportunidades de ahorro de energía, en función de su rentabilidad económica, social y ambiental, dando como resultado una política de gestión energética, de formación del personal y la implementación de medidas de ahorro de energía, a través de buenas prácticas energéticas.
4.Que, en cuanto a la ejecución material de la auditoria, el análisis se centra en el consumo energético por conceptos tales como alumbrado, calefacción, aire acondicionado, ventilación, así como las demás actividades o aplicaciones que demanden un gasto en energía, y sus resultados se plasman en recomendaciones concretas sobre la adopción de conductas en el personal, el reemplazo de material eléctrico obsoleto o con un alto consumo de energía, así como las adaptaciones en infraestructura necesarias para maximizar el uso de la energía, en todas sus formas de manifestación.
5.Que, en Chile, las auditorías energéticas han sido impulsadas por el plan de seguridad energética desarrollado por el Ministerio de Minería y Energía, y el programa País de Eficiencia Energética, bajo cuyo alero ya se efectúo una primera auditoria en las dependencias del emblemático edificio de Teatinos 120, que alberga las instalaciones del Ministerio de Hacienda, Minería y Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Dirección de Presupuestos, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional del Consumidor y la Subsecretaría de Pesca, entre otras instituciones.
6. Que en tal sentido, las legislaciones orgánicas no han incorporado dentro de sus catálogos normativos, disposiciones tendientes a adicionar regulaciones ambientales o energéticas. Por ello, es que resulta ejemplificador para los restantes organismos y empresas tanto públicas como privadas, que disposiciones relativas al uso eficiente y racional de los recursos se incorporen a cuerpos normativos tradicionalmente destinados a regular actividades orgánicas formales.
7. Que, por lo anterior, los diputados que suscriben, estiman indispensables incorporar de forma imperativa la obligación que los reglamentos de las Cámaras contemplen disposiciones relativas al uso eficiente de los recursos energéticos.
Por lo tanto, los diputados que suscriben vienen a someter a la consideración de este H.
Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Incorpórese al inciso segundo del artículo 2° de la Ley 18.918, Orgánica del Congreso Nacional, a continuación del punto seguido luego de la frase “para la tramitación de un proyecto de ley.”, lo siguiente:
“Tal reglamento, deberá igualmente contener las disposiciones tendientes al uso eficiente de los recursos energéticos en las instalaciones del Congreso Nacional.”


Moción de los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Burgos; Correa; Duarte; Encina; Forni; Hales; Montes; Sepúlveda, don Roberto y de la diputada señora Turres, doña Marisol.
“Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que autoriza el cierre de calles y pasajes por necesidades de seguridad ciudadana”. (Boletín N° 628925)

“Considerando que:
1° La seguridad ciudadana es una tarea que involucra y compromete a toda la población que, en conjunto con las fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las instituciones que se encuentran legal y constitucionalmente, facultadas para su preservación e incremento, debe ser promovida y estimulada.
2° Es deber del Estado incentivar y colaborar en la incorporación de las personas en las tareas de seguridad ciudadana, impulsando la creación de legislaciones que permitan la participación activa de los vecinos y los municipios en la recuperación, preservación o mejoramiento de espacios públicos que se vean afectados por la delincuencia u otras amenazas a la seguridad de los habitantes en sus barrios y vecindades.
3° Una de las respuestas comunitarias de los residentes de una calle o pasaje para mejorar sus condiciones de seguridad es el cierre o la adopción de controles de acceso a ellos, realizando esta acción en forma espontánea, inorgánica y al margen de cualquier regulación.
4° En opinión de los vecinos, sus organizaciones y las Municipalidades el cierre o control de acceso a calles y pasajes es una medida efectiva que determina una mayor seguridad y tranquilidad para las personas.
5° El cierre o control de acceso, no obstante su buena inspiración, muchas veces produce efectos no deseados, pero que final y contrariamente incluso atentan contra la seguridad de los propios vecinos.
6° Que la necesidad del cierre de pasajes y calles, en algunos casos ha tratado de ser regulado y ordenado por los Municipios, muchas veces sin ningún criterio técnico; exponiendo a otros vecinos a una mayor inseguridad por las dificultades de tránsito que provocan o produciendo simplemente el desplazamiento de la delincuencia a otros barrios cercanos.
7° La falta de una regulación objetiva y precisa o, cuando la hay, circunscrita sólo a un sector geográfico o comuna, da lugar a confusiones entre los vecinos, ya sean domiciliados, residentes o transeúntes; que no logran diferenciar la propiedad privada con lo que es de dominio público como lo son las calles y pasajes. Incubándose de esta forma conflictos e incertidumbres que afectan la certeza del patrimonio público; como también, a los mismos vecinos olvidándose que la única razón que justifica la medida es la seguridad y tranquilidad de ellos mismos.
8° El cierre o el establecimiento de controles de acceso no puede impedir el desarrollo de actividades lícitas y aquellas de indiscutible beneficio social.
9° El párrafo primero de la letra c) ,del artículo 5° ,de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que es una atribución esencial de las municipalidades administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, entre los que se encuentran las calles y pasajes.
10° Se debe admitir la flexibilidad necesaria para que cada Municipalidad pondere las características especiales de cada calle o pasaje, en función de los requerimientos de seguridad ciudadana específicos y los efectos de la autorización concedida, en el marco de una regulación general que resguarde los derechos ciudadanos precaviéndose a la vez discriminaciones arbitrarias en su concesión, renovación o revocación.
Venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Para introducir las siguientes modificaciones en la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades:
1.Para incorporar como nuevos incisos 2° , 3° y 4° , de la letra c), del artículo 5°, los siguientes:
“En el ejercicio de esta atribución las municipalidades podrán autorizar, por un plazo no inferior a uno ni superior a cuatro años, el cierre o medidas de control de acceso de calles y pasajes, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos. La autorización requerirá el acuerdo del respectivo concejo municipal previo informe técnico de la unidad municipal encargada de la función de tránsito y transporte público y siempre que no se entorpezca la libre circulación de vías estructurantes o de servicio, ya sean comunales, intercomunales u otras similares.
El decreto que contenga la autorización deberá ser fundado especificando claramente el lugar en que deberán instalarse los dispositivos de cierre o control, si comprende restricciones a vehículos, peatones o a ambos, los horarios en que podrá ser restringido el tránsito; asimismo, deberá señalar las consideraciones de seguridad ciudadana que motivan su dictación. La autorización podrá ser revocada, antes de la expiración del plazo para el que fue concedida, con acuerdo de los dos tercios del concejo.
Las Municipalidades, para otorgar la autorización establecida en el inciso anterior deberán dictar una ordenanza local que contendrá, a lo menos, lo siguiente: procedimiento de las solicitudes, medidas para garantizar la circulación de los residentes, de las personas autorizadas por ellos mismos, de los vehículos de emergencia y de servicios públicos, el porcentaje de beneficiarios que deben concurrir a la solicitud, el que no podrá ser inferior al 90% de los vecinos, residentes u ocupantes de los inmuebles cuyas puertas de ingreso o salida queden ubicadas al interior de la calle o pasaje que se pretende cerrar o controlar su acceso, los mecanismos de financiamiento de la construcción y mantenimiento de las obras necesarias, las personas u organización vecinal responsable de la correcta utilización de la autorización, la prohibición de instalar carteles o señales que indiquen que se trata de una propiedad privada o particular y contemplar la renovación de la autorización si persisten las razones contenidas en el decreto fundado que motivo su concesión y así lo acuerda el Concejo. De igual forma deberá establecer la imposibilidad de conceder la señalada autorización cuando esta, atente o impida el ejercicio de un giro o actividad gravada con patente municipal y que esta última se encuentre vigente o de aquellas actividades exentas a que se refiere el artículo 27 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
2. Para incorporar una nueva letra q), en el inciso 1°, del artículo 65, del siguiente tenor:
“q) Otorgar la autorización a que se refieren los incisos 2°, 3° y 4° de la letra c) del artículo 5°.”
3. Para incorporar el siguiente artículo transitorio:
“Artículo transitorio: Los permisos, autorizaciones o cualquier situación de hecho que conlleven actualmente el cierre o medidas de control de acceso de calles y pasajes, deberán adecuarse o regularizar su situación en el plazo de dos años contados desde la dictación de la ordenanza contemplada e: el inciso cuarto de la letra c) del artículo 5°”