RESGUARDO DE DERECHOS LABORALES Y LIBRE COMPETENCIA EN PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL ESTADO. Modificación de la ley Nº 19.886. Tercer trámite constitucional.
RESGUARDO DE DERECHOS LABORALES Y LIBRE COMPETENCIA EN PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL ESTADO. Modificación de la ley Nº 19.886. Tercer trámite constitucional. El señor WALKER ( Presidente ).- En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, de origen en moción, que modifica la ley Nº 19.886, asegurando la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado, con urgencia calificada de suma. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 3620-05, sesión 97ª, en 7 de noviembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor WALKER ( Presidente ).- Señores diputados, se ha solicitado, en conformidad al Reglamento, votar proyecto a proyecto. En consecuencia, les solicito que estén presentes en la Sala, porque, una vez que hablen todos los inscritos, procederemos a la votación. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor URRUTIA .- Señor Presidente, tengo entendido que hay comisiones que están sesionando en paralelo con la Sala y, si se procede en los términos explicados, se interrumpe su trabajo. ¿Por qué no se vota al final del Orden del Día como lo hemos hecho siempre? El señor WALKER ( Presidente ).- Señor diputado , si convence a su bancada, lo podemos hacer así. Comenzando con la discusión del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente , el proyecto demuestra cómo una negociación juiciosa también genera un resultado que, junto con ser ecléctico y justo, cautela los legítimos intereses de los trabajadores. Tampoco se convierte en un dogal ominoso para la pequeña y mediana empresa, porque derechamente establece algunos estándares al respeto laboral que deben primar en las empresas que van a licitar prestación de servicios con el Estado. En ese sentido, nos referimos a pequeñas y medianas empresas que, obviamente, van a requerir de cierto grado de flexibilización al momento de cumplir con todas las normas. El Senado mantuvo intactas las ideas matrices aprobadas por esta Cámara. En el artículo único del proyecto, sustituye su número 1 en el siguiente sentido. A través de la letra a), agrega al final del inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.886, después del punto aparte, la siguiente oración: “Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”. Por supuesto, debe tratarse de una condena efectiva y no de una mera denuncia.” A través de la su letra b), que también modifica el artículo 4º de la ley Nº 19.886, se mantiene también el resguardo para los trabajadores, no obstante agrega un grado de flexibilidad a la norma en favor de las pymes. Dice así: “b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los incisos segundo a séptimo a ser cuarto a noveno, respectivamente: “En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.”. Con la modificación, muchas pequeñas empresas que se encuentran en un estado de morosidad respecto de las obligaciones para con sus trabajadores, van a poder participar en la licitación, lo que es muy importante, porque -hay que decirlo claramente-, muchas veces estas licitaciones constituyen la tabla de salvación para un pequeño empresario que tiene que seguir subsistiendo y dando trabajo. También va a ser un incentivo para los trabajadores que allí laboran, porque van a mantener su fuente de empleo. Asimismo, en la redacción del Senado se introduce un incentivo para que la empresa mejore las condiciones de pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, lo que le va a permitir participar en licitaciones con un mejor puntaje. El Senado también sustituye la letra b) del número 2 del artículo único del proyecto que introduce modificaciones al artículo 6º de la ley Nº 19.886, por la que sigue: “b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: “Asimismo, en los contratos de prestación de servicios para establecimientos escolares y preescolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deberán contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero.”. Como los contratos son por diez meses, muchas veces, en enero y febrero estas trabajadoras quedan sin recibir una remuneración. Por ello, esta norma me parece de suma justicia y algo que todos estábamos esperando, principalmente, por aquellas personas que sufridamente se desempeñan en los establecimientos escolares y preescolares. Finalmente, en la letra a) del número 3 del artículo único, que modifica al artículo 11 de la misma ley, se incorpora la siguiente oración: “Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.” En virtud de esta norma, los jefes de servicio deben garantizar el cumplimiento laboral de parte de las empresas contratadas; les hace responsable de custodiarlas a fin de que realmente puedan hacerse efectivos estos impedimentos para que, por una parte, estas empresas cumplan con la legislación laboral, sigan dando empleo, pero respetando los derechos de los trabajadores. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista va a votar favorablemente las modificaciones del Senado. Se trata de una iniciativa que viene a rectificar una situación de evidente injusticia. Hay un conjunto de empresas que prestan servicios al Estado, al interior de las cuales se producen prácticas antisindicales, se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores, se pagan salarios mínimos; muchas veces, quedan pendientes saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones provisionales. En definitiva, constituyen un espacio para el trabajo precario. El ejemplo más emblemático lo constituye la situación de treinta y tres mil mujeres que trabajan como manipuladoras de alimentos a través de empresas contratadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, para prestar el servicio de manipulación de alimentos en los establecimientos escolares y preescolares. Tiene que ver con mujeres que, si bien prestan servicios al Estado, tienen una condición laboral precaria, porque son contratadas por diez meses del año, quedando los meses de enero y febrero sin ingresos y sin previsión. Además, se les contrata con el sueldo mínimo y, muchas veces, al interior de la empresa se realizan prácticas antisindicales para causar temor a estas trabajadoras e impedir su sindicalización. Pero esto se viene a rectificar con estas disposiciones. En el último tiempo, se ha generado en el país un punto de vista muy emblemático, respecto de la necesidad de que exista el sueldo ético y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. El proyecto originado en moción, que sufrió modificaciones en el Senado y que hoy se discuten en la Cámara de Diputados, contribuye a fortalecer los derechos de los trabajadores. En primer lugar, va a impedir que aquellas empresas que han sido sancionadas por prácticas antisindicales o vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores, puedan ser contratadas por el Estado para la prestación de servicios. La medida me parece de enorme relevancia, ya que parecía inconcebible que al interior de empresas que estaban trabajando para el propio Estado hubiera prácticas antisindicales. En segundo lugar, viene a proteger las remuneraciones y el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Aquellas empresas que tengan saldos insolutos de remuneraciones o deudas previsionales y que sean contratadas para prestar servicios al Estado, deberán regularizar sus estados de pago antes de cumplir la mitad de su contrato o en un período máximo de seis meses. Si no demuestran que han cumplido en forma efectiva con esa obligación, el Estado deberá poner término al contrato y llamar a una nueva licitación. Además, va a premiar a aquellas empresas que hagan un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales y de empleo de los trabajadores, a través de un sistema que les permita obtener un mayor puntaje cuando postulen a la licitación para ser contratadas por el Estado. Sin duda, lo más importante de estas modificaciones se refiere a los contratos de empresas que prestan servicios en establecimientos escolares y preescolares, ya que los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deberán contemplar el pago de las remuneraciones por los meses de enero y febrero. Esto va a terminar con una situación de trabajo precario que hoy afecta a treinta y tres mil mujeres. En este ámbito, debo reconocer que el proyecto ha tenido un motor fundamental, que han sido las dirigentas del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de Chile, quienes, con esfuerzo, sacrificio, mucho valor y valentía, se han sindicalizado y han iniciado esta lucha necesaria y justa que hoy tiene expresión en el Congreso Nacional. Ellas han sido el motor fundamental para dar agilidad y para colocar en la agenda del Gobierno y del Congreso esta moción. Hoy, sin duda, ese sacrificio, esfuerzo y valentía, se van a ver recompensados con el -espero- respaldo unánime que le va a dar esta Cámara a esta moción para hacer justicia a treinta y tres mil mujeres. Por eso, quiero saludar a las dirigentas de sindicatos que hoy nos acompañan, entre ellas, la señora Irene Caprinao, que representa al Sindicato de Manipuladoras de la empresa Osiris, de Lota; Ana Osses, presidenta del Sindicato de Manipuladoras de la empresa Hendaya, provincia de Arauco; a Lidia González y a Margarita Paredes Delgado, junto a otras dirigentas de Valdivia. Asimismo, agradezco al Gobierno, porque el lunes recién pasado ellas tuvieron una reunión con el ministro José Antonio Viera-Gallo , oportunidad en que consiguieron que el Gobierno le pusiera al proyecto una urgencia calificada de “suma”, lo que va a hacer que en el país exista más justicia para treinta y tres mil mujeres trabajadoras, quienes van a tener mejores condiciones laborales. Por ello, estoy seguro de que esta iniciativa va a tener el respaldo unánime de la Cámara de Diputados. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para limitar el tiempo de las intervenciones, ya que hay una gran cantidad de inscritos para hacer uso de la palabra. ¿Habría acuerdo? El señor DUARTE.- No, señor Presidente. El señor WALKER ( Presidente ).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, cuando hay buenas noticias para los trabajadores lo conveniente es darnos el tiempo necesario para intercambiar opiniones al respecto. Quiero destacar que ésta es una muy buena noticia para todos los trabajadores subcontratados que prestan servicios a las empresas públicas. En definitiva, este proyecto de ley es la respuesta a prácticas que habíamos estado denunciando desde hacía mucho tiempo y que eran motivo de preocupación en la Cámara de Diputados. Quiero recordar, por ejemplo, que el tema relacionado con las manipuladoras de alimentos fue motivo de un proyecto de acuerdo, en agosto del año pasado, suscrito por un conjunto de parlamentarios, entre los que puedo mencionar al diputado Tuma , a la diputada Carolina Goic y a quien habla, que reconocía las injusticias cometidas en esta modalidad de subcontratación por parte del Estado y que terminaban agravando las condiciones laborales de los trabajadores. Ello con el objeto de disminuir los costos de la prestación de servicios a las empresas estatales. Quiero llamar la atención también, en el contexto de la discusión de este proyecto, sobre una demanda representada y sentida durante mucho tiempo por todos los trabajadores de las empresas de aseo. Todas las empresas que prestan servicios de extracción de basura a las municipalidades operan por tres, cuatro o cinco años, y después deben participar en una nueva licitación, porque los municipios también tratan de disminuir los costos de ese servicio. Pero quienes pagan ese menor costo son los trabajadores, que pierden su antigüedad en la empresa y ven reducidos sus salarios, para que ésta pueda competir con otras en condiciones de igualdad. Por eso, me alegro por la presentación de esta iniciativa que reconoce y premia a las empresas que, junto con prestar su oferta, mejoran las condiciones de empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Es decir, lo que se sanciona claramente es la precarización del trabajo y de las remuneraciones, como mecanismo para adjudicarse las licitaciones públicas de la Administración del Estado. En este sentido, considero extraordinariamente importante este proyecto de ley, porque creo que el Estado se debe convertir en el ariete que vaya mejorando las condiciones laborales y dar el ejemplo en este aspecto. Pero quiero llamar la atención sobre aquellos trabajadores que están en condiciones tanto o más precarias que los subcontratados, que hoy se desempeñan al interior de la Administración Pública. Me refiero a los trabajadores a honorarios, que se han mantenido en esa situación por años y años. Algunos llevan décadas sin poder acceder a previsión y sin estabilidad laboral. Por eso, es muy relevante que en esta oportunidad manifestemos nuestra preocupación sobre la materia y nuestro interés por que su situación cambie en forma radical. Si bien es cierto que las modificaciones del Senado son correctas, habríamos preferido que algunas hubieran sido mucho más radicales, como la relacionada con la exclusión de algunas empresas. El proyecto aprobado por la Cámara en el primer trámite constitucional establecía que quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del contrato, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, registren saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, así como aquellas empresas condenadas por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años. Esto fue modificado en forma sustantiva por el Senado, que estableció que estas empresas también podrán participar en las licitaciones, pero les da un plazo -por decirlo así- para que paguen las deudas que puedan tener con sus trabajadores en materia de remuneraciones o de cotizaciones de seguridad social. En verdad, éste es un tema discutible. Me gustaba más la norma aprobada por la Cámara. En todo caso, es un paso en la dirección correcta al establecer que la empresa contratante, en este caso, la empresa estatal, podrá exigir a la empresa contratada que proceda a pagar, durante los primeros meses, las deudas que tiene con sus trabajadores. Creo que es mejor que lo que existe hoy. Vamos a aprobar las modificaciones del Senado, porque creemos que mejoran claramente la protección de los trabajadores e incrementan los niveles de una competencia justa y equitativa, porque ésta no puede fundarse en el atropello de los derechos de los trabajadores, sino en la eficiencia, la eficacia y la tecnología. No se puede abaratar el costo de la prestación de servicios en desmedro de las condiciones laborales más precarias y remuneraciones más bajas, porque ello atenta claramente contra la calidad y la equidad que debemos garantizar a nuestros trabajadores. En nombre de la bancada demócratacristiana, expreso nuestro respaldo a las modificaciones del Senado y saludo el hecho de que haya quedado resuelto un problema que, como ya lo expresé, veníamos planteando al Ejecutivo desde agosto de 2006 -fecha de presentación de la iniciativa de la diputada Carolina Goic - y que dice relación con el problema que afectaba a las manipuladoras de alimentos. Por eso, anunciamos nuestro voto favorable a las modificaciones. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, creo que estamos ante un proyecto de ley, originado en moción, de extraordinaria importancia porque resguarda los derechos laborales de los trabajadores, especialmente de aquellos que, indirectamente, prestan servicios al Estado. Creo que el Estado debería ser el empleador que mejor cumpliera y garantizara el respeto de los derechos laborales. Este proyecto de ley avanza en esa dirección y, por eso, les digo a los parlamentarios que participaron en la presentación de la moción y a los que colaboraron para mejorarla y perfeccionarla que, en efecto, se establecen obstáculos a los empresarios inescrupulosos que vulneran las normas laborales y que tienen todo un historial de incumplimientos, con el objeto de que no puedan participar en las licitaciones públicas y prestar servicios al Estado. Creo que el Senado ha hecho correcciones muy oportunas y justas, porque hay muchos pequeños empresarios, es decir, pymes, que prestan servicios al Estado a través del sistema Chile Compra, después de adjudicarse una licitación y de haber cumplido con todas y cada una de las disposiciones del contrato. Pero quien no cumple los contratos es el Estado, es decir, algún organismo, ministerio o repartición pública que no le paga oportunamente al contratista. ¿Qué ocurre? Que el contratista, que ha girado documentos a sus proveedores, no puede cubrirlos; entonces, se los protestan y van a Dicom. Y ocurre que los organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, tienen la obligación de poner término al contrato suscrito con un contratista que ha ido a parar a Dicom, pero sin considerar que ello se debe a que el propio Ministerio de Obras Públicas no cumplió con pagar oportunamente sus obligaciones. El proyecto sanciona a quienes no cumplan con los trabajadores; pero muchos no pueden hacerlo porque, a su vez, los organismos públicos no les pagan oportunamente. La corrección que hace el Senado es justa, al establecer que se permitirá que postulen, siempre que se pongan al día en el pago de las deudas previsionales y laborales durante el primer período de la ejecución de la obra adjudicada. Ahora, si no se adjudican una nueva licitación, lo más probable es que esas pymes desaparezcan. Y esto es muy cierto: a los trabajadores se les adeudan 319 mil millones de pesos, por concepto de deudas previsionales, porque las empresas en las cuales laboraban desaparecieron. Yo prefiero que esas empresas sigan prestando servicios, que continúen con su razón social y que tengan la posibilidad de ponerse al día en el pago de los derechos laborales que no habían podido enterar, de manera que los trabajadores puedan recuperar los recursos correspondientes a sus cotizaciones previsionales y sigan cumpliendo con sus faenas. Considero que el Senado introdujo modificaciones muy acertadas, lo que celebro porque también ayudan mucho a las pymes, que han caído en incumplimiento, lo que, muchas veces -como digo-, no se debe a una voluntad expresa de los empresarios, sino al impedimento que les pone el Estado cuando no cumplen en forma oportuna sus obligaciones. El proyecto tiene otro aspecto digno de aplaudir: el reconocimiento del Estado de numerosas actividades que se le están prestando permanentemente. Los trabajadores que laboran en esas actividades no tienen contratos permanentes de trabajo. Ocurre, por ejemplo, con las manipuladoras de alimentos que prestan servicios a los proveedores de alimentos del Ministerio de Educación o de la Junaeb. Todos los años, las mismas empresas, a los mismos trabajadores, les renuevan sus contratos de marzo a diciembre de cada año, pero los dejan sin trabajo en enero y febrero, quedando sin remuneraciones ni cobertura previsional ni de salud. No puede ser posible que el propio Estado cree condiciones para que, a través de la precarización de las condiciones laborales, determinadas empresas le sigan prestando servicios, percibiendo utilidades los 12 meses del año, mientras sus trabajadores están privados de remuneración durante dos meses, tomando en cuenta que los mismos trabajadores son los que les siguen prestando servicios. Me alegra esta modificación y felicito al Ministerio del Trabajo por impulsar esta justa medida. Quizás más adelante se pueda imitar en otros servicios. Lamento que las manipuladoras de alimentos no tengan la certeza de que durante enero y febrero del próximo año gozarán de este beneficio, porque los contratos de licitación ya se firmaron y no se pueden modificar con efecto retroactivo. Sin embargo, comprometo mis esfuerzos para trabajar con otros parlamentarios ante el Ministerio de Hacienda, buscando alguna fórmula que permita anticipar o modificar esos contratos en beneficio de los trabajadores, para que tengan contratos permanentes durante los 12 meses del año. Por último, aplaudo también la tercera idea que consagra el proyecto, en el sentido de establecer que las garantías dejadas por las empresas hasta 60 días después de terminada la obra, asegurarán el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. La bancada del Partido por la Democracia apoyará este gran proyecto en beneficio de los trabajadores. He dicho. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Para que todos los diputados que quieran intervenir en el proyecto puedan hacerlo, solicito que pida la unanimidad de la Sala para que reduzcamos a 3 ó 4 minutos las intervenciones. El señor WALKER ( Presidente ).- ¿Hay acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Fidel Espinoza? No hay acuerdo. El señor TUMA.- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor TUMA.- Señor Presidente , solicito que acordemos una hora para votar este proyecto o que votemos todos los proyectos al final del debate. No sabemos a qué hora va a terminar el debate de este proyecto, entonces, debiéramos asegurar la asistencia de todos los señores diputados para aprobar la iniciativa al término de la discusión. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente , según entiendo, votaremos los proyectos al término del debate de cada uno de ellos, de manera que cuando hayan intervenido todos los diputados inscritos, se votará. Le solicito que convoque a reunión de Comités. El señor WALKER ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , es muy importante discutir esta mañana un proyecto tan anhelado por miles de mujeres trabajadoras que, a lo largo de Chile, se desempeñan como manipuladoras de alimentos y por miles de hombres y mujeres que trabajan en empresas que prestan servicios al Estado. La iniciativa incorpora, en primer lugar, una clara garantía para los derechos de los trabajadores y trabajadoras al establecer el impedimento del Estado de contratar servicios a empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales en los dos últimos años anteriores a la suscripción de los contratos. Es tremendamente importante que las normas laborales en nuestro país sean exigibles para las empresas, pero también que el Estado dé cumplimiento a las normas de resguardo de los derechos de los trabajadores. Igualmente importante es que en los contratos debe haber protección para los derechos previsionales de las personas que laboran con el Estado. No es posible que se siga produciendo un fraude con el pago de los derechos previsionales, con las imposiciones de muchas personas que trabajan o prestan servicios para el Estado, a las cuales no se les pagan esos derechos. Son dos aspectos sumamente importantes del proyecto. Quiero rendir un justo homenaje a las manipuladoras de alimentos, a los sindicatos de manipuladoras de Lota y de Valdivia, distrito que represento en esta Cámara de Diputados. Al Sindicato Regional de Manipuladoras de Valdivia, a las señoras Cecilia Nuñez y Jacqueline Lara; al Sindicato Interempresas de Manipuladoras de Valdivia, a las señoras Nelly Rodríguez , Sandra Alvarado , Paola Altamirano , María Teresa Mendoza. Son esas mujeres, esas organizaciones de trabajadoras, las que durante años y años han estado bregando por que a las manipuladoras de alimentos se les reconozcan efectivamente sus derechos, como a cualquier ciudadano de nuestro país, de tener contratos anuales. Me tocó recorrer muchos establecimientos y conocer muchas manipuladoras de alimentos, que llevan veinte y hasta treinta años trabajando en este oficio y a las que cada año les finiquitan sus contratos en diciembre y las envían a sus casas en enero y febrero, dejándolas en la incertidumbre de si serán o no llamadas de nuevo en marzo. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país, no puede ocurrir en un país que aspira a la protección social. Por eso, me enorgullezco de que hoy podamos votar este proyecto. Además, porque tenemos una Presidenta mujer, una Presidenta socialista que comprometió su palabra de que los contratos se iban a regularizar. Hoy, estamos cumpliendo ese cometido. Ése es un reconocimiento a nuestro Gobierno, es un reconocimiento al derecho de las mujeres, especialmente al de aquellas que vivían en la incertidumbre, año tras año, de tener que ganarse la vida durante enero y febrero como pudieran, porque su contrato no les regía esos meses. Hoy, a través del proyecto en análisis, eso se va a regularizar, lo que permitirá que esas mujeres, como manipuladoras de alimentos, tengan contrato durante todo el año, con derecho a vacaciones, con derecho a acceder a beneficios, con la posibilidad de contar con salud y educación para sus hijos. En definitiva, se reconocen sus derechos y se les hace justicia a más de 33 mil mujeres de nuestro país que sufrían condiciones laborales indignas. Esta será una buena noticia para miles de mujeres de las comunas de San José de la Mariquina, de Lanco, de Máfil, de Corral, de Panguipulli, de Valdivia y de todas las comunas a lo largo del país, quienes comprobarán que el Gobierno y sus legisladores están trabajando para mejorar sus derechos. Hago un llamado a que las empresas desde ya adecuen sus trabajos, de manera de empezar en 2008 con modificaciones que permitan a las manipuladoras de alimentos gozar de vacaciones como cualquier ciudadano de nuestro país y tener tranquilidad laboral. Vaya para ellas un gran abrazo. Termino mis palabras señalando que cuando el Congreso Nacional cumple sus objetivos, cuando el Ejecutivo recoge las iniciativas y las impulsa -en este caso, la suma urgencia al proyecto, como solicitamos al ministro Viera-Gallo el lunes pasado y que se está concretando hoy jueves-, se dignifica el trabajo parlamentario y se amplían las posibilidades de que el Congreso Nacional termine con las inequidades. Asimismo, deseo manifestar mi alegría por la organización sindical de las trabajadoras, porque gracias a esos sindicatos que hoy nos acompañan en las tribunas, que viajaron toda la noche y han estado decenas de veces en Santiago y en Valparaíso, hemos podido avanzar en esta iniciativa. Que esta organización sea un ejemplo para los trabajadores y las trabajadoras de Chile y vean que organizados se consiguen muchas cosas. También quiero saludar al ministro del Trabajo y a la ministra del Sernam , gracias a cuyo esfuerzo hoy estamos en condiciones de votar este proyecto. Sin duda, dignificará a las 33 mil mujeres manipuladoras de alimento que, día a día, preparan el almuerzo a miles de niños a lo largo de todo Chile. La bancada del Partido Socialista, que ha impulsado este proyecto, de manera unánime votará a favor de la iniciativa. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, como lo mencionaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto es de gran importancia para los trabajadores. Contiene algunas normas novedosas y otras largamente esperadas. Las novedosas se refieren a que el Estado decide, por primera vez, impedir que las empresas que no cumplen con los derechos de los trabajadores puedan participar en las licitaciones en que el Estado llama para proveerse de bienes y servicios. Nos parece bien que así sea. Sin embargo, hay un pequeño cambio que introdujo el Senado, en el cual también concordamos. Se refiere a las empresas medianas y pequeñas, a las que se les permite participar en estas licitaciones, siempre y cuando regularicen su situación de morosidad dentro de la primera mitad del período de ejecución del contrato que se ganen eventualmente con el Estado, con un tope de seis meses de plazo. Es decir, la legislación que estamos analizando ha sido severa con las empresas grandes y ha permitido un grado de flexibilidad con las empresas medianas y pequeñas. De esta forma, se compatibilizan dos objetivos. Por una parte, que las empresas cumplan fielmente con los derechos de los trabajadores, y por otra, que las pequeñas y medianas empresas, que permanentemente tienen graves problemas de subsistencia, puedan participar en esas licitaciones, ganarlas y salir de sus problemas en un plazo prudente. El segundo punto que se plantea en este proyecto se refiere a una norma largamente esperada. Resulta increíble que en un país como Chile no hayamos dado antes con esa solución. Se trata de una norma protectora de las remuneraciones de las trabajadoras que se desempeñan como manipuladoras de alimentos en establecimientos escolares, las que hasta hoy todavía no reciben remuneración en los meses de verano por estar de vacaciones los escolares. Nos alegramos por esta modificación propuesta por el Senado, la celebramos y anuncio el voto favorable de la UDI y, sin duda, de la Alianza por Chile en su totalidad. Por último, quiero comentar un aspecto que me impactó mucho, que debiera ser materia de un mensaje del Ejecutivo. Se trata del incumplimiento de la legislación laboral en el sector salud por parte del Estado. En la Comisión de Trabajo, escuchamos hace algunos días a dirigentas del sector salud de todo el país. Fue impresionante oírlas quejarse por el incumplimiento de la legislación laboral especialmente en los hospitales públicos de salud. Las trabajadoras mencionaron normas concretas. Por ejemplo, no cumplen con la norma de tener guarderías o jardines infantiles al contratar a más de veinte trabajadoras. Esa norma del Código del Trabajo está vigente desde hace muchísimos años para las empresas privadas. Sin embargo, las empresas públicas no la están cumpliendo, en circunstancias de que están obligadas a ello. Por eso, vamos a pedir formalmente que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social actúe como investigadora del cumplimiento de los derechos de los trabajadores del sector salud. Éste es uno de los muchos ejemplos que da cuenta de que no se está cumpliendo con la legislación laboral. En suma, celebramos como quedó redactado el proyecto con las modificaciones introducidas por el Senado y pedimos la creación de una comisión investigadora para que verifique el cumplimiento de la legislación laboral, específicamente en el sector salud estatal. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , quiero expresar los fundamentos que me llevan a aprobar este proyecto de ley, que resuelve cuestiones bien fundamentales, muy a tono con el esfuerzo en que está empeñada la Presidenta de la República y su Gobierno, en particular en el sentido de ir mejorando sustantivamente las condiciones laborales. En esa perspectiva, es fundamental que el Estado vaya a la vanguardia de este proceso y establezca estándares mínimos de cumplimiento laboral a las empresas que quieran participar y obtener licitaciones del Estado. Me parece que el proyecto refleja un resultado bastante equilibrado que nos permite ir en esa dirección y, al mismo tiempo, generar condiciones para que las pequeñas empresas puedan ser parte creciente de negociación y contratación con el Estado. Lo más adecuado y pertinente es que se establezca un impedimento a la empresa condenada por prácticas antisindicales para contratar con el Estado o participar en esas licitaciones. Dada la información entregada por la Dirección del Trabajo, no estamos afectando a la pequeña empresa, sino a las que normalmente concentran a más de cincuenta trabajadores. Genéricamente, es ahí donde se presenta ese tipo de situaciones. Por lo demás, estamos hablando de condenas de prácticas antisindicales, ni siquiera de procesamiento por las mismas. Se mantiene un resguardo fundamental a los trabajadores al restringir la participación de las empresas con el Estado en el caso de no tener al día el pago de sus remuneraciones e imposiciones. Esto también es fundamental. Siempre he sostenido que cuando un empresario declara y no paga la remuneración acordada, es como meterle la mano en el bolsillo al trabajador, porque esos dineros le pertenecen. El Estado entrega una obligación, una responsabilidad, una carga al empleador para que retenga y pague. Por lo tanto, es correcto y legítimo que haya una sanción para aquellos que declaren y no paguen las cotizaciones previsionales, y que una de esas sanciones sea no poder participar en las licitaciones ni contratar con el Estado. Además, se ha establecido un plazo de seis meses para regularizar esa situación. Eso permite flexibilidad y en alguna medida cautela las preocupaciones que pudieren tener muchas pequeñas empresas. También es positivo que las modificaciones del Senado no impliquen sólo castigo, sino que también hayan incentivos, tales como la obtención de mejor puntuación para participar en los procesos de licitación a las empresas que mejoren las condiciones de remuneración. En definitiva, todas estas normas representan una mejora objetiva, real y tangible en un impulso por ofrecer mayores y mejores estándares en el cumplimiento laboral. Por último, quiero enfatizar en un punto bien fundamental mencionado por el diputado Manuel Monsalve. Vaya mi reconocimiento al Gobierno por acoger el planteamiento que le formulamos el lunes pasado, en el sentido de fijar urgencia a este proyecto que estamos discutiendo en este momento. Asimismo, a los diputados Alfonso de Urresti, Manuel Monsalve y Fidel Espinoza, quienes trabajaron fuertemente para que este proyecto saliera adelante. He nombrado sólo a estos parlamentarios, pero sé que otros han participado en esto. Por ejemplo, el diputado Fulvio Rossi , cuando se discutió el presupuesto, planteó que para nosotros es fundamental que esto se resuelva el 2008. Tanto es así, que esta posición se recogió en el protocolo que se firmó con el ministro de Hacienda. Por lo tanto, entendemos que esto está resuelto para el 2008 por la vía del compromiso político con el Gobierno. El proyecto resuelve el problema de manera estructural y definitiva. La futura ley garantizará que las manipuladoras de alimentos tengan contratos que cubran los meses de verano. En el futuro, sus contratos no serán precarios, porque son jefas de hogar y deben llevar el sustento a sus casas durante los meses de enero y febrero. De manera que el proyecto hace justicia a más de 33 mil mujeres responsables de sus familias y que tienen derecho a tener contratos decentes. Por eso, para mí es motivo de enorme satisfacción anunciar que apoyaré las modificaciones del Senado, sin perjuicio de reiterar mi reconocimiento a los diputados de la Concertación por la forma en que se avanzó en esta materia y saludar muy especialmente a las manipuladoras de alimentos de Valdivia y Arauco , que estuvieron el lunes pasado en La Moneda, se encuentran en las tribunas y que serán las beneficiadas por el proyecto. He dicho. El señor WALKER ( Presidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , qué duda cabe que hoy es un día especial para muchos trabajadores y trabajadoras que, siendo contratados y contratadas por empresas que prestan servicios al Estado, tienen condiciones de empleo precario, lo cual es absolutamente inaceptable. Esta situación la conocí en forma directa en una reunión con un grupo de manipuladoras de alimentos en Puerto Montt. Primero tenían miedo de organizarse, pero les conté el ejemplo de gente de la Octava Región y de Valdivia. Desde mi oficina se les prestó asesoría para que se organizaran en sindicatos, porque es la única manera de estar unidas. Pero tenían temor, porque saben que con el sistema de contratación que las rige, a las manipuladoras que estuvieran sindicalizadas tal vez no se les renovarían sus contratos en marzo. Así, se inhibían a luchar por una causa súper justa. La pertinencia y los beneficios del proyecto son claros. Por fin, se terminará con el empleo precario de 33 mil manipuladoras de alimentos, que hoy ni siquiera tienen los derechos mínimos de los demás trabajadores, como dijo el diputado De Urresti. En general, además de las vacaciones, otros que son frutos de luchas históricas. Por eso, quiero pedir al Gobierno -creo que todos los colegas me apoyarán- que genere un mecanismo que permita destinar los recursos necesarios para que en enero y febrero de 2008 las manipuladoras de alimentos también sean objeto del beneficio de que se trata, ya que la futura ley se promulgará después. El Ministerio de Hacienda puede destinar los recursos del caso. De hecho, hace un rato, el director Nacional de Presupuestos me decía que no estaban considerados; que era complicado hacerlo en este momento. Pero, que si se pedía, se podía proveerlos. No quiero que se haga ahora, para no retrasar el despacho del proyecto. Pero pido a los parlamentarios que quieran suscribir un proyecto de acuerdo para que se destinen recursos, por parte del Gobierno, para que las manipuladoras de alimentos reciban el beneficio en enero y febrero de 2008. Para terminar, sólo quiero señalar que en este tipo de iniciativas queda claro que el trabajo corporativo, constructivo entre el Congreso Nacional y el Gobierno rinde frutos. Es fácil criticar y decir que los parlamentarios no nos preocupamos de los problemas de la gente. ¡Por Dios que no es cierto eso! Siempre estamos dispuestos para ello, pero, a veces, también hay que decirlo, no tenemos la requerida complicidad del Gobierno. En este caso, en atención a que para la Presidenta Bachelet es prioritaria la protección social de los trabajadores, tuvimos el apoyo del Gobierno, el que, además, le puso suma urgencia al proyecto para considerar las modificaciones del Senado. Seguramente, los medios no reconocerán el trabajo mancomunado entre el Gobierno y el Congreso, porque a ellos les interesan otras noticias. Pero debieran destacar el hecho de que con el proyecto se beneficiará a más de 33 mil manipuladoras de alimentos que, a pesar de prestar servicios a empresas del Estado y, en consecuencia, ser pagados con plata de todos los chilenos, tienen contratos precarios. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nos motiva el proyecto del debate, respecto del cual hoy nos corresponde analizar las modificaciones del Senado. Quiero hacer un reconocimiento a la autora de la iniciativa, mi colega Adriana Muñoz , quien, por motivos de salud, no puede estar presente hoy. Ella me invitó a trabajar en esta materia. El anhelado proyecto ha sido trabajado durante años. Hay que decirlo: día a día se nos consultaba a los parlamentarios, por lo menos a los que contamos con la confianza de quienes laboran en establecimientos escolares y representan a más de 30 mil manipuladoras de alimentos. Ellas, según me consta, en Paillaco, Panguipulli , Río Bueno, La Unión, Ranco , Futrono , Los Lagos, se reunían y llegaron a formar sindicatos, que duraron muy poco por la presión de los malos empleadores. Por eso, muchas veces tuvieron que abandonar sus trabajos. El temor a perderlos hizo que desapareciera su organización. Pese a todo, en mi distrito les pedí que tuvieran confianza, porque tarde o temprano, el proyecto que se requería, con el apoyo de todos, podría ser ley de la República. No se diga que todos estaban de acuerdo en legislar al respecto. Es más, varios parlamentarios demoraron la iniciativa y las manipuladoras de alimentos no entendían el porqué. La verdad hay que decirla. Cuando se trata de proyectos que inciden en el ámbito laboral, muchos colegas se niegan a legislar. No soy uno de ellos. Por eso, el proyecto no sólo recoge observaciones de las manipuladoras de alimentos, sino de todo el mundo laboral, porque son varias las empresas privadas proveedoras de bienes y servicios al Estado que no cumplen la normativa laboral, en el sentido de tener al días las imposiciones de sus trabajadores, de respetar los feriados legales, de pagar las horas extraordinarias, etcétera. Además, estas empresas realizan prácticas antisindicales. Por su parte, las entidades públicas que cumplen sus compromisos con los proveedores lamentan que ellos no procedan de igual forma con sus trabajadores. Esto provoca que el fisco también pierda en materia tributaria. El hecho de no cumplir con la normativa laboral permite a los malos proveedores reducir sus costos y, por tanto, postular a las licitaciones en mejores condiciones. En consecuencia, quedan fuera de la licitación los buenos empleadores, quienes, por respetar dicha normativa, ven aumentados sus costos, lo que les impide competir en igualdad de condiciones. El proyecto modificado por el Senado no producirá el efecto que todos quisiéramos, cual es que los diez meses de trabajo también sean correspondidos con las vacaciones respectivas. Además, el hecho de que falten dos meses no da continuidad a la cotización previsional, lo que constituye un daño previsional enorme para los trabajadores. El Senado no consideró ese hecho. Tenemos una tarea pendiente. Espero que los colegas que hoy aprobarán las modificaciones del Senado asuman un compromiso en orden a que, de una vez por todas, el trabajo de las manipuladoras de alimentos no sea temporal sino definitivo. En nombre de la bancada del Partido por la Democracia, felicito a los autores del proyecto. Estamos comenzando a trabajar por aquellas personas que han tenido que lamentar falencias y estrechez económica y que, muchas veces, han temido perder su fuente laboral. Éste es el comienzo de la justicia que debe imperar en el trabajo de las manipuladoras de alimentos. Muchas de ellas son jefas de hogar y siempre han debido soportar que sean miradas en menos por ser mujeres. A partir de esta futura ley cambiará la situación. Adriana Muñoz , desde este hemiciclo te hago llegar el saludo de tus colegas por esta gran iniciativa en la que trabajaste, que hoy nos da ánimo y deseos de seguir legislando en pro de hacer justicia en favor de los más desposeídos. Las manipuladoras de alimentos tienen el mismo derecho que todos los trabajadores de Chile están logrando en este Gobierno. Hay posibilidades de seguir avanzando en esta materia y las modificaciones del Senado dan una esperanza. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sólo para anunciar el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente a las modificaciones del Senado a este proyecto, que nos parece de gran importancia para el bienestar de muchos trabajadores, toda vez que da mayor estabilidad en sus relaciones contractuales y laborales y permite un mejor futuro para ellos y sus familias. Quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, nuevamente vemos que es imprescindible mejorar las prácticas laborales en que está involucrado el Estado. Reiteramos que, en nuestra opinión, en no pocas ocasiones el Estado ha sido un mal empleador o un mal contratante de servicios. Lo hemos manifestado cuando tratamos materias como el reajuste del sector público o las prácticas de las asociaciones de funcionarios y cuando discutimos diversas iniciativas legales, como aquella que establece que los ingresos que reciben los funcionarios pasen a ser no imponibles y no tributables. Por lo tanto, con las modificaciones del Senado se corrige una deficiencia del Estado como empleador. Pero queda mucho más por analizar. En segundo lugar, es importante aclarar que este proyecto modificado por el Senado, particularmente en lo relacionado con las manipuladoras de alimentos y categorías similares, fue largamente pedido por diputados de todas las bancadas. Recuerdo que durante la discusión del presupuesto de un año anterior, los diputados Lorenzini , Ortiz , Von Mühlenbrock , el entonces diputado Escalona y otros insistieron ante la Comisión Mixta de Presupuestos en la necesidad de solucionar el drama de las manipuladoras de alimentos y de trabajadores de otras categorías laborales similares, quienes veían afectadas sus fuentes laborales, su seguridad, su bienestar y la posibilidad de mantener a sus hijos durante los meses de verano. Por lo expuesto, reitero que nuestra bancada votará favorablemente las modificaciones del Senado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI .- Señor Presidente, estamos tratando las modificaciones del Senado a un proyecto que ha hecho que nos olvidemos un poco de los avatares de la política y de las diferencias de óptica que podamos tener y nos dediquemos a legislar en temas de la ciudadanía. Lo dijeron los diputados Álvarez y Jaramillo. Es una materia que cuenta con el respaldo de todas las bancadas. Quiero destacar dos temas específicos. En primer lugar, respaldo la propuesta del diputado Vallespín. Es cierto que las modificaciones del Senado solucionarán el drama que sufren las manipuladoras de alimentos especialmente en las zonas rurales, quienes, al igual que los temporeros, no reciben remuneración durante enero y febrero. Pero, ¿por qué no partimos ya? ¿Por qué esperar hasta el próximo año? El diputado Vallespín ha propuesto presentar un proyecto de acuerdo para hacer esta solicitud a la Presidenta de la República. Además, en ese sentido, haremos las gestiones correspondientes para que el ministro de Hacienda , que es quien pone el billete, disponga los mecanismos para que se provean los fondos -no son tantos los que se requieren- que permitan que este beneficio empiece a operar a partir de enero y febrero de 2008, y no esperar hasta la publicación de la ley. Me parece que la propuesta del diputado Vallespín contará con el respaldo unánime de todas las bancadas y consideramos que también debería ser aceptada por el Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, no se ha mencionado algo que tiene mucha importancia. La última modificación del Senado es de mucha relevancia. Sucede que en muchas comunas, luego de que las empresas terminan los trabajos y finalizan los contratos, los municipios van a revisar y encuentran problemas. Ahí empiezan los inconvenientes. Las empresas discuten: “que los resuelvo, que no los resuelvo”, etcétera. Pasan sesenta días y ¿qué sucede? Las garantías que entregaron esas empresas caducaron. Aunque después se considere que deben cumplir con las obligaciones laborales, no hay garantías para cumplirlas. Las empresas quiebran o se desarman. Al final, nos quedamos con un derecho sin respaldo económico. Por eso, el Senado, que a veces trabaja bien y se mete en la cosa detallista, ha hecho una modificación que me parece absolutamente pertinente. Dice: “Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.”. Recordemos lo que pasó con Inverlink. ¿Dónde estaban las garantías? Vencidas y guardadas en una caja fuerte. Nadie las había revisado ni auditado. Esto es de vital importancia porque no sólo basta con dar derechos. Lo que hay que hacer -uno lo aprende de los abogados- es garantizar que los derechos posteriormente se cumplan. Por eso, esta indicación del Senado me parece absolutamente pertinente. No basta con que los jefes de servicio expresen argumentos como que lo olvidaron, no entendieron, no supieron dónde quedó o que se pasó el tiempo, o bien que intenten escudarse en las vacaciones. Ahora serán responsables. Por lo tanto, deberán tener mucho cuidado, llevar un registro y, cada cierto tiempo, verificar que los trabajos u obras contratados cuenten con garantías vigentes. Si los trabajos se atrasan o, como suele ocurrir, se otorgan ampliaciones de plazo -estas cosas funcionan así-, se cobra un poquito más, pero muchas veces se olvida renovar las garantías correspondientes. Por lo tanto, existen dos conceptos básicos. En primer lugar, el expresado por el diputado Vallespín, que comparto, en el sentido de aplicar, a partir de enero y febrero de 2008, las compensaciones adecuadas. En segundo lugar, los jefes de servicio y los señores alcaldes deberán tener mucho cuidado, porque la referida modificación del Senado significará que el día de mañana se podrá perseguir su responsabilidad, a lo cual estaremos muy atentos. En consecuencia, el llamado a los jefes de servicio es a hacerse responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas, porque inciden en el cumplimiento de derechos laborales y sociales de los trabajadores contratados. De esa forma, si el día de mañana existen problemas, a lo menos se podrá echar mano a ellas para compensar en forma debida a trabajadores que cumplen su labor y no tienen responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de la empresa. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , me alegro de que la Derecha y la Izquierda, unidas, según lo escuchado en esta oportunidad, lleguen al acuerdo transversal que se necesita para proteger en mejor forma a los trabajadores. Ese ambiente de acuerdo político se vincula en forma directa con la comisión creada por la Presidenta Bachelet para aunar esfuerzos en ese sentido. Espero que se ponga el pie en el acelerador y los Comités acuerden poner en tabla el proyecto sobre acoso laboral, aprobado en general y particular en la Comisión de Trabajo, para avanzar y hacer realidad la agenda laboral pendiente. Deseo formular un comentario en relación con la intervención del diputado señor Álvarez. El Estado, en su condición de empleador, se hace cargo de sus debilidades, como queda demostrado mediante la iniciativa legal en discusión. Por lo tanto, espero que los privados también lo hagan, porque en esa materia están al debe. Al respecto, diputados miembros de la Comisión de Trabajo y de diferentes comisiones investigadoras creadas en la Cámara, hemos sido testigos de los abusos cometidos por empleadores inescrupulosos. Bien por el proyecto en estudio que, como expresaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, apunta en el sentido correcto porque implementa mejores herramientas, se orienta en pro de empleos más decentes y contribuye a la existencia de menos precariedad laboral. Se debe apoyar la productividad para que el país continúe en la senda competitiva, que abre más mercados y, por lo tanto, significa más trabajos para chilenos y chilenas. Pero no se debe hacer sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. No es justo que ellos dejen de percibir sus cotizaciones previsionales, porque en el futuro no podrán contar con jubilaciones dignas. Falta mucho por avanzar en materia de justicia laboral, pero se están dando pasos importantes, como lo demuestra el proyecto en estudio, cuya aprobación esperamos hoy. Deseo recalcar que las dos ideas aprobadas por la Cámara en el primer trámite constitucional se mantuvieron intactas en el Senado. En efecto, se mantiene el impedimento de contratar con empresas condenadas por prácticas antisindicales en los últimos dos años anteriores a la licitación. Es preciso recalcar que se trata de empresas condenadas y no de las sujetas a meras denuncias o procesos pendientes. Esa norma no afecta a la pequeña empresa, pues, de conformidad con los antecedentes que obran en poder de la Dirección del Trabajo, esas prácticas se concentran en empresas de cincuenta trabajadores o más. Sin embargo, los pequeños empresarios también deben colaborar y cumplir con sus obligaciones laborales. El Senado mantuvo el resguardo a los trabajadores aprobado por la Cámara de Diputados, restringiendo la participación de las respectivas empresas en caso de no tener al día sus pagos de remuneraciones e imposiciones. Sin embargo, por unanimidad, agregó una norma de flexibilidad en favor de las empresas pequeñas, que consiste en permitir su participación en tanto regularicen su situación de morosidad dentro de la primera mitad del período de ejecución del contrato, con un tope de seis meses de plazo. Es decir, se trata de buscar el equilibrio necesario, no de coartar las posibilidades productivas, pero resguardando a trabajadores y trabajadoras. La norma del Senado mantiene, con una redacción perfeccionada, el incentivo para que las empresas mejoren sus condiciones remuneracionales, lo que redundará en la obtención de un mejor puntaje en el proceso de licitación. Finalmente, el Senado incorporó una norma nueva en materia de responsabilidad de los jefes de servicio, haciéndolos responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas, a fin de que, en caso de ser necesario, no exista impedimento legal alguno para hacerlas efectivas. Es decir, mediante dicha modificación se pide el compromiso de las personas involucradas en los procesos productivos y laborales del país, en especial cuando son prestados por los servicios del Estado. En virtud de lo expresado, anuncio mi voto a favor de las modificaciones del Senado. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente , a juicio de nuestra bancada, que tomó esta causa como propia, es tremendamente significativo el hecho de que, a pocos días de la conmemoración del centenario de la masacre de la escuela Santa María , que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, la Cámara se encuentre discutiendo en su tercer trámite constitucional una iniciativa legal que apunta a la forma de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, en especial de las trabajadoras. Se encuentran en las tribunas dirigentas que representan a más de 30 mil mujeres trabajadoras, quienes en su mayoría son esforzadas jefas de hogar que, con mucho trabajo y voluntad, sacan adelante a sus familias. Lamentablemente, como consecuencia de las injusticias existentes en el ámbito laboral, ellas tienen contratos a plazo fijo, porque, al parecer, algunos creen que en enero y febrero no comen, no pagan arriendo ni tienen gasto alguno. Incertidumbre laboral, injusticia, una forma de maltrato. Qué bueno que hoy estemos discutiendo este tema cuando el país ve con preocupación la disputa entre la Dirección Nacional del Trabajo y Codelco. Esperamos que la ley de subcontratación sirva, se cumpla realmente y no haya dobles discursos, porque las empresas del Estado deben, más que ninguna, cumplir con la ley, especialmente cuando se habla de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Y si estamos hablando de empresas del Estado, con mayor razón debemos hacernos cargo de aquéllas que proveen de servicios a sus instituciones. En el caso de las amigas manipuladoras, hablamos de la Junaeb. Pero este proyecto de ley va mucho más allá. De hecho, contiene medidas muy claras contra el maltrato laboral, las prácticas antisindicales o cualquiera otra infracción de los derechos laborales, porque excluye de los procesos de licitación a aquellas malas empresas que hayan sido condenadas por esas contravenciones. Y este punto es fundamental, porque hoy la bancada del Partido Socialista está ad portas de presentar una agenda laboral que fortalece la negociación colectiva. Estamos ciertos de que más allá de cambios en el ámbito laboral, en la medida en que tengamos sindicatos fuertes, organizados, sin duda las condiciones de los trabajadores van a mejorar. En dicha agenda hemos trabajado intensamente con Arturo Martínez , presidente de la CUT. Como decía el diputado Díaz , con el proyecto no solamente se quiere sancionar, sino también establecer incentivos a las buenas empresas, a aquellas que tienen buenas prácticas laborales, que exhiben mejores condiciones de empleo y remuneraciones. Eso les da un puntaje especial y es bueno que el Estado los premie. Además, encara un problema muy serio que tienen muchos trabajadores y trabajadoras y que dice relación con los saldos insolutos en sus remuneraciones y cotizaciones previsionales. Todos sabemos que son parte del sueldo, pero muchas veces se adeudan; incluso, las empresas las descuentan, pero no se enteran; no benefician a los trabajadores. En adelante, los primeros pagos de las empresas serán para que respondan de sus deudas con los trabajadores, repito, de saldos salariales insolutos o de cotizaciones previsionales. Ésa también es una medida que garantiza más protección para nuestros trabajadores y trabajadoras. El proyecto avanza en la dirección correcta, pero sí debemos buscar la fórmula que se ha planteado, en el sentido de entregar recursos a las empresas que han ganado licitaciones recientemente para que la ley empiece a regir hoy y no cuando se haga una nueva licitación, porque pueden pasar dos o tres años, y durante enero y febrero las manipuladoras de alimentos también tienen que comer, pagar arriendo e incurrir en gastos. Ésta es la manera de avanzar, trabajando en conjunto. Felicito, sinceramente, a las dirigentas de las manipuladoras de alimentos de todo Chile, que se fueron agrupando. En algunos lugares estaban organizadas, como en Iquique; en otros se empezaron a organizar e hicieron posible, con su fuerza, con su apoyo a los parlamentarios que trabajamos en esto, que el proyecto se concrete y que exista la voluntad del gobierno de entregar los recursos para que ellas, y también los trabajadores de otras empresas que prestan servicios al Estado, tengan condiciones más dignas de vida. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente , no podía dejar de intervenir en la discusión de este proyecto de ley por varias razones. En otros momentos, hemos alzado nuestra voz en este hemiciclo para hacer ver la injusticia que representaba el hecho de que las manipuladoras, a lo largo del país, se quedaran durante enero y febrero sin remuneraciones, con todos los daños que está de más indicar. Además, en mi condición de miembro de la Comisión especial de Pymes de la Cámara de Diputados, que conformamos varios diputados, siempre hemos estado preocupados por el tema de las pequeñas empresas, o de menor tamaño, muchas de las cuales establecen relaciones de negocios con el Estado. En ese sentido, a mi juicio, el proyecto apunta en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si estamos legislando y desde el gobierno se están enviando distintos cuerpos legales destinados a generar mejores condiciones laborales para el conjunto de trabajadores del país, una cuestión de toda lógica es que el primero que se obligue sea el propio Estado y, por tanto, el aparato público. En este caso, se norma la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado por la vía de las licitaciones. Aquí tenemos una herramienta muy adecuada para que, a través de la celebración de contratos entre el Estado y determinadas empresas, se impongan condiciones que apunten a corregir situaciones de injusticias, como las mencionadas. Celebro muy especialmente la condición específica de la vigencia de los contratos de las manipuladoras durante enero y febrero, con lo cual se resuelve una injusticia evidente. No es posible que un empresario que incumple sus obligaciones con los trabajadores, u otras de cualquier naturaleza, compita en las mismas condiciones con quienes las cumplen a la hora de proveer servicios o bienes del Estado. Las indicaciones o correcciones introducidas por el Senado mejoran claramente el proyecto original y, por esa razón, anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que todos debemos poner de relieve este proyecto, porque el Estado es quien debe destacarse, más que nadie, en la protección de los derechos de los trabajadores. Debe ser el ejemplo en el cumplimiento de las normas que el mismo se da para los efectos de proteger los derechos laborales. Con esta iniciativa, que regula los contratos del Estado con empresas que le prestan servicios o le proveen de bienes, tenemos la gran posibilidad de dar esa señal clara. En cuanto a los requisitos de dichas empresas, me parece que también se puede aplicar una serie de exigencias para contratar con ellas. Me parece muy bien el planteamiento de la Cámara de Diputados, en cuanto a establecer cuáles son las empresas que deben quedar excluidas de la posibilidad de contratar con el Estado cuando se llame a una licitación para la prestación de un servicio determinado. Si bien la Cámara pretendió excluir a las que registren saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores en años anteriores, la modificación del Senado es más adecuada, porque se propone que queden excluidos de los procesos de licitación a los empresarios que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores. De igual forma, nos propone, para el caso de empresas que hayan obtenido la licitación y que registren saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones previsionales, que los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones. Me parece mucho más eficaz, realista y positiva la modificación, porque estamos obligando a las empresas a saldar remuneraciones y cotizaciones previsionales impagas. Deseo destacar en forma muy especial el hecho de que en la prestación de servicios para establecimientos preescolares y escolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deban contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero. En la actualidad ellas no reciben remuneración durante estos meses, situación tremendamente injusta. La Presidenta Bachelet manifestó su preocupación por el tema durante su campaña. Recuerdo que en una reunión con un grupo de parlamentarios en la Región del Maule planteó la urgencia de terminar con tal injusticia. Esta es la gran oportunidad de hacerlo, en la medida en que despachemos el proyecto y se convierta en ley, para que nunca más se cometa la injusticia de no pagarles remuneraciones a las manipuladoras en enero y febrero, creándoles un problema angustioso durante esos meses, amén de que tampoco se les enteraban sus cotizaciones previsionales, con lo cual se las perjudicaba para toda su vida. El proyecto es muy positivo y con mucho entusiasmo lo votaré a favor. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , deseo saludar a las dirigentas de las manipuladores de alimentos del sur de Chile, que han viajado por muchas horas, como decía el diputado De Urresti , para estar presentes en la discusión final de un proyecto que han anhelado por muchos años y que termina con la nefasta discriminación contra la mujer trabajadora. Digo nefasta discriminación contra la mujer trabajadora, porque no es posible que un mismo establecimiento educacional existan trabajadores de primera y de segunda categoría. Las de primera categoría, esforzadas por cierto, tenían contratos anuales y, las de segunda, contratos de 10 meses, lo que las dejaba absolutamente desprotegidas para enfrentar los meses de enero y febrero. Me refiero a las manipuladoras de alimentos de todo Chile, que hoy podrán sentirse más felices cuando se apruebe mayoritariamente el proyecto. No tengo dudas de que la Cámara de Diputados aprobará por amplia mayoría el proyecto, que modifica la normativa general en materia de adquisición de bienes y servicios por el Estado, de manera de exigir a sus proveedores el pleno cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social, protegiendo más eficazmente los derechos de las manipuladoras de alimentos. El sábado, en Frutillar, tuve la fortuna de reunirme con casi cien manipuladoras. Querían saber cómo iba el trabajo y el apoyo al proyecto. Durante esa reunión, conversé telefónicamente con el diputado señor Rossi sobre la posibilidad de despachar el proyecto esta semana. Nuestro jefe de bancada hizo las gestiones y aquí estamos, a punto de aprobar una iniciativa que obligará a que todas las manipuladoras de alimentos de establecimientos escolares, esas 33 mil mujeres esforzadas en su gran mayoría, tengan contratos como se merecen, de 12 meses, que les permitan, como a cualquier trabajador, enfermarse. Actualmente, si se enferman durante los meses de enero y febrero, por no tener contrato, quedan prácticamente desprotegidas. Desde esta Sala, envió un saludo a todas las manipuladoras no sólo de las comunas del distrito que represento, Fresia , Los Muermos , Puerto Varas, Llanquihue, Río Negro, Puyehue, Puerto Octay y Purranque, sino también a todas las de Puerto Montt y de Chiloé, que hoy están felices al enterarse de la gran noticia: la aprobación de un proyecto de ley que hace más justicia. Sin embargo, quedan temas pendientes, como un reglamento que rija el diario quehacer de las manipuladoras de alimentos de los establecimientos escolares. Ellas tienen preocupaciones; todavía se sienten discriminadas, por ejemplo, con la tramitación de sus licencias médicas, las cuales deben entregar personalmente, a pesar de encontrarse enfermas, cuestión que nos parece improcedente y que atenta contra sus derechos. Otra preocupación es la falta de una norma que fije la cantidad de escolares que debe atender cada manipuladora. Hoy la relación es una por cada 80 alumnos y se pretende subir a 150 ó 200. Estas preocupaciones deben ser satisfechas por los órganos del Estado, de manera que el mejoramiento de sus condiciones laborales, que son fundamentales para el desarrollo del sistema educacional, sea real. Por eso, le pido a la ministra de Educación o a quien corresponda, que vele por satisfacer estas preocupaciones. Por otra parte, quiero saber qué va a pasar con las empresas que ya obtuvieron la licitación y esta protección a los derechos de los trabajadores que hoy aprobaremos. Pienso que como están en etapa de formalización de contratos, estas modificaciones deben ser incorporadas, de manera que no tengamos manipuladoras con un régimen laboral distinto. Me alegro que se contemple excluir a los malos patrones; excluir a los empresarios que no buscan el bien común, sino llenarse los bolsillos de dinero, violentando los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, excluir de los procesos de licitación o de adquisición directa a las empresas que tengan antecedentes laborales negativos, constituye un paso fundamental para ir terminando con estas prácticas, que en pleno 2007 todavía se dan. Cuando aprobamos este tipo de proyectos, estamos contribuyendo a la equidad que tanto anhela nuestra sociedad; cuando las 33 mil manipuladoras de alimentos lleguen hoy a descansar a sus hogares, podrán sentirse satisfechas porque su lucha ha sido bien encaminada y han dado hoy un paso fundamental en el Congreso en la búsqueda de equidad. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente , es indudable que en los últimos años hemos ido avanzando en materia laboral, para que nuestros trabajadores tengan un poco más de tranquilidad, seguridad y estabilidad en sus fuentes laborales. Sin embargo, todavía falta mucho para que exista un mayor acercamiento, comprensión y entendimiento entre los empresarios y los trabajadores, así como para que los primeros solidaricen con los segundos. Tenemos buenos y malos empresarios; ojalá que los malos vayan mejorando para que nuestros trabajadores tengan un buen rendimiento y las empresas mejores resultados en sus operaciones. Estamos debatiendo en esa oportunidad la situación de las manipuladoras de alimentos que prestan servicios al Estado a través de empresas que ganan ese tipo de licitaciones. En el proyecto de ley en discusión quedará claramente estipulado que las empresas que tengan cotizaciones pendientes con sus trabajadoras, que no son pocas, no podrán participar en esas licitaciones para entregar esos servicios, lo que es muy importante. Por otra parte, no sólo las manipuladoras de alimentos quedan sin ingresos durante enero y febrero. No nos olvidemos que muchos profesores que trabajaban en establecimientos particulares y que tenían contratos de marzo a diciembre corrían igual suerte. Ha ido mejorando la situación de los trabajadores que se encuentran en esas situaciones, pero todavía quedan algunos que tienen que ir de vacaciones donde algún familiar porque no cuentan con ingresos durante esos dos difíciles meses, lo que les impide cumplir con sus familias, pagar el dividendo y los consumos de agua, luz y gas, lo que debemos corregir. No cabe duda alguna de que las empresas que prestan servicios al Estado pueden pagar esos dos meses a sus trabajadores, porque los recursos están contemplados en la licitación que ganaron. Sin embargo, considero que, como Estado, tenemos que predicar con el ejemplo e ir dando señales importantes respecto de los trabajadores de confianza que prestan servicios importantes en ministerios, gobernaciones, intendencias, quienes no tienen derecho a beneficios previsionales, porque sirven esos cargos durante muchos años mediante contratos a honorarios. También nos preocupa la subcontratación en los organismos del Estado, como sucede en el Banco del Estado y en algunos ministerios, donde empresas externas pagan a sus trabajadores que laboran en esos organismos la mitad, la tercera o la cuarta parte de lo que están recibiendo los funcionarios de planta, a pesar de que realizan un trabajo similar. Esta inequidad hay que abordarla con altura de miras y corregirla en forma urgente. En cuanto al tema que nos preocupa, el de nuestras manipuladoras de alimentos, me alegro que estemos tramitando este proyecto de ley, ya que es imperioso que ellas tengan la seguridad de que su trabajo será remunerado durante los doce meses del año. De manera que los radicales apoyaremos con entusiasmo el proyecto, para que las manipuladoras y sus familias tengan la garantía de que contarán con ingresos durante los doce meses del año. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla. El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, no deseo que quede la impresión de que sólo un sector apoya el proyecto, sino que también quiero dejar establecido que la bancada de la Unión Demócrata Independiente apoya el proyecto con mucho entusiasmo, porque creemos que pone claridad y lleva luz a donde no la hay. Lo mejor que puede suceder es que el Estado sea el primero en dar señales claras para que se respeten los derechos y las garantías de los trabajadores, lo que logra al privilegiar en las licitaciones públicas a las empresas que cumplen con la normativa legal vigente que otorga derechos y beneficios a los trabajadores. Por lo anterior, el proyecto debe ser aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, porque, como dije, el Estado debe privilegiar a los buenos empresarios, en lugar de convertirse en cómplice de los que no cumplen con la normativa laboral vigente. Muchas veces, la labor de las manipuladoras es ignorada, a pesar de que cumplen un rol importantísimo dentro de los establecimientos educacionales, como es proporcionar alimentos a nuestros niños. En consecuencia, considero que garantizarles sus sueldos por el año completo será un acto de justicia y traerá claridad en este tema, que es de trascendencia para miles de personas en nuestro país. Como diputado de la Unión Demócrata Independiente, y me atrevo a decirlo, en nombre de la UDI, anuncio que apoyaremos entusiastamente el proyecto, porque hace justicia a las manipuladoras de alimentos y privilegia a las empresas que cumplen con los derechos que les otorga la ley a sus trabajadores. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, con este proyecto se termina una larga historia de abusos en contra de las manipuladoras de alimentos. Resulta insólito que, a pesar de que esas empresas no pagan los sueldos de sus trabajadoras durante enero y febrero, de que realizan actividades antisindicales y de todas las denuncias que se realizan al respecto, sigan ganando las licitaciones a que llama el Estado. Por eso es muy importante la disposición del proyecto que establece que todas las empresas que han sido condenadas por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, no podrán presentarse a una licitación. En verdad, no se trata de empresas pequeñas, pues operan a lo largo del país. Las mismas empresas que están en mi región, Valparaíso , cometen abusos en las regiones del Libertador General Bernardo O´Higgins, de La Araucanía, y otras, con las manipuladoras de alimentos que desarrollan una labor fundamental en materia educacional. Por eso, es fundamental establecer que deben pagar a sus trabajadoras los meses de enero y febrero, reconocer sus derechos de sindicalización, de seguridad y de previsión social. Hemos ganado algunos juicios a esas empresas en los tribunales de justicia de Valparaíso, pero han sido casos muy excepcionales. En consecuencia, es importante el establecimiento de una ley que haga justicia a las manipuladoras de alimentos, de manera que vamos a dar nuestro pleno apoyo a las modificaciones del Senado, porque la aplicación de las normas establecidas en este cuerpo legal permitirá terminar con los abusos de que son objeto de parte de las empresas que las contratan para la prestación de servicios en establecimientos escolares y preescolares. He dicho. El señor LORENZINI ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , la iniciativa sobre la cual han recaído las modificaciones del Senado es fundamental, porque desde hace años que hemos insistido, a través de la presentación y aprobación de varios proyectos de acuerdo y la incorporación del tema en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, como lo explicó muy bien mi colega Rodrigo Álvarez , en la necesidad de cortar, de una vez por todas, con el círculo perverso que se genera cuando el Estado suscribe contratos con empresas que lo proveen de bienes y servicios que no cumplen con los derechos de sus trabajadores. Debido a eso, los buenos empresarios, que están al día en el pago de las cotizaciones y que se preocupan de ellos, quedan en desigualdad de condiciones para participar en los procesos de licitación con las empresas que no cumplen. Por otra parte, es importante que se efectúen fiscalizaciones permanentes a esas empresas, con el objeto de asegurar que las garantías respectivas están vigentes y evitar que surjan sorpresas a futuro. Es importante que el Estado dé una señal fuerte en ese sentido, como lo está haciendo con la tramitación de esta iniciativa, la cual debería haberse tratado y aprobado hace varios años. Sin embargo, más vale tarde que nunca. Lo esencial es que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, con el objeto de evitar que las empresas incurran en prácticas que atenten en contra de los derechos y las garantías de los trabajadores, mediante la aplicación de tolerancia cero en la fiscalización. Las disposiciones contenidas en la iniciativa aseguran la protección de este grupo de trabajadores, lo que constituye un ansiado sueño de las manipuladoras de alimentos. De hecho, en más de alguna de las visitas que efectuamos a nuestros respectivos distritos nos ha tocado reunirnos con manipuladoras de alimentos que, con mucho dolor y con el sentimiento de quienes han entregado su corazón y su cariño al cuidado de los pequeños estudiantes de nuestras regiones, nos han señalado que no reciben remuneraciones durante enero y febrero; que en algunos casos los subcontratistas no cumplen con el pago de sus cotizaciones provisionales o que las dejan sin trabajo antes del término de sus contratos. Con el objeto de poner término a la situación que afecta a esas trabajadoras, las modificaciones introducidas por el Senado establecen que en los contratos de prestación de servicios para los establecimientos educacionales escolares y preescolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimento deberán contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero, lo que viene a hacer justicia, porque se garantiza que percibirán remuneraciones durante todo el año. Por lo tanto, debemos incentivar la elaboración y el envío a tramitación de más mociones y proyectos como el que asegura la protección de los trabajadores de la libre competencia en la provisión de bienes y servicios para la administración del Estado, puesto que constituye una señal clara y potente para los subcontratistas, al establecer que las empresas que no cumplan con los derechos de sus trabajadores quedarán excluidas de participar en licitaciones importantes. Por lo tanto, si bien todavía falta perfeccionar varios aspectos, la UDI apoyará con mucha fuerza y entusiasmo las enmiendas introducidas por el Senado, porque estamos seguros de que permitirán que a partir de hoy las manipuladoras de alimentos tengan un mejor futuro. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente , en los últimos días los temas laborales en el país han cobrado mayor fuerza, razón por la cual esta iniciativa, que modifica la ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, constituye un paso en la dirección correcta. En relación con lo señalado, ayer y anteayer hemos observado con preocupación el debate que se ha generado a raíz de los efectos que ha causado la ley de subcontratación, lo que motivó que la Dirección del Trabajo, de conformidad con la interpretación que efectuó de ese cuerpo legal, ordenara a Codelco contratar en su planta a cerca de cinco mil trabajadores y trabajadoras y que esa empresa del Estado, como es de público conocimiento, recurriera a los tribunales de justicia por la vía del recurso de protección, puesto que estima inadecuada esa interpretación. Las modificaciones introducidas por el Senado constituyen un avance significativo en materia de respeto a los derechos de los trabajadores por parte de las empresas contratistas, puesto que, como lo han señalado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, favorece especialmente a las manipuladoras de alimentos que prestan servicios en los establecimientos escolares y preescolares. Hace diez años tengo el honor de representar a uno de los distritos pertenecientes a la Región de Atacama, de la cual soy oriundo, y en cada recorrido que he efectuado por sus distintas zonas, durante las visitas a algunos de sus colegios, en las que he conversado con profesores y alumnos, las manipuladoras de alimentos de esos establecimientos se me han acercado para preguntarme hasta cuándo deberán seguir soportando la situación de injusticia que las afecta, debido a que sus contratos duran solamente hasta diciembre, de modo que en enero y febrero no perciben remuneraciones y carecen de protección social, con excepción de las pocas que en algunas oportunidades prestan servicio en los campamentos escolares de verano. Resulta indignante que durante tanto tiempo esas trabajadoras hayan debido soportar tan injustos atropellos a sus derechos, en circunstancias de que, en reiteradas ocasiones, aprobamos proyectos de acuerdo para solicitar, al menos a los Presidentes de la República que hemos tenido en los últimos diez años, que se corrija esa situación por la vía de una propuesta legislativa. Sin embargo, no fuimos escuchados. Quiero felicitar a los autores de este proyecto, cuyas modificaciones introducidas por el Senado estamos debatiendo. Si mal no recuerdo, es fruto de una moción de quienes tuvieron la capacidad de interpretar como corresponde la Constitución Política y, por la vía de la moción, establecer obligaciones y efectuar las correcciones pertinentes, con el objeto de asegurar la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado. En el caso de las trabajadoras indirectas de las empresas contratistas de la Junaeb, que son miles, y algunos hombres, en justicia merecen ser beneficiados. El Senado mediante sus propuestas perfecciona el proyecto. Sin duda, la Cámara tiene que aprobarlo y, al parecer, todo avanza en ese sentido, lo que me alegra mucho, porque a veces, y hay que decirlo, en temas de naturaleza laboral como éste, que impone obligaciones a la empresas contratistas que a la vez son mandantes del Estado, y del Ministerio de Educación en el caso de la Junaeb, muchas veces no existe unanimidad en el Parlamento. Pero hoy se ve una buena disposición, quizás porque la plata va a salir del Fisco. Ojalá se vea la misma disposición cuando los recursos tengan que salir de las empresas privadas, en situaciones similares, para corregir injusticias tan grandes. Me preocupa un aspecto, aunque es muy importante aprobar el proyecto. ¿Qué pasa con la gente que lleva 20 años en esta situación? Conozco muchos casos. A principios de este año una manipuladora, a quien conozco, me decía que llevaba 20 años trabajando desde marzo a diciembre, y ahora siendo una mujer adulta, sin la agilidad que tenía hace 20 años, fue discriminada brutalmente por la nueva empresa concesionaria que entrega la alimentación en mi región y no le renovaron el contrato, con la injusticia de no tener vacaciones. Le señalaron que no podía seguir trabajando porque estaba muy vieja o muy gorda -la verdad es que no recuerdo bien-; que no les servía. Esta persona, con el precario sistema previsional que se deriva de las injustas condiciones de contratación, optó por jubilar. Ya había pasado los 60 años de edad. Pero la jubilación que obtuvo después de 20 años de trabajo como manipuladora, con el ingreso mínimo y los vacíos correspondientes a los meses de verano, creo que en el nuevo sistema le correspondieron 11 ó 12 mil pesos mensuales. Eso fue lo que en definitiva obtuvo después de 20 años de trabajo. No me he olvidado de esa señora, porque insistí en una intervención en esta Cámara para que se estudiara la discriminación de la cual había sido objeto. No obtuve ningún resultado positivo. Al menos me desahogué, pero no ayudé a esa señora y se cometió esa injusticia. Veinte años en esa situación. ¿Cuántas otras habrá por todo Chile desde que la Junaeb optó por el sistema de privatizar la alimentación y a sus funcionarios durante el régimen militar? Entonces, aquí hay responsabilidades hacia atrás. Ya veremos de qué manera corregimos esas injusticias cometidas en contra de miles de mujeres trabajadoras. Seguramente, con la reforma previsional podremos hacerlo. El proyecto hace justicia al menos en este aspecto que he querido recalcar. Me he detenido en las trabajadoras de mi región, de Vallenar, de Huasco, de Freirina, de los sectores rurales de Tierra Amarilla, de Caldera, de todos los rincones de la región, porque donde hay una escuela hay una manipuladora. Estas personas a la vez tienen relación directa con la comunidad escolar e indirectamente son parte del proceso educativo, en especial de las escuelas más pequeñas. Incluso, muchas veces enseñan a alimentarse a los pequeños en los comedores, donde los atienden en el desayuno o sólo en el almuerzo, de acuerdo con la vulnerabilidad del establecimiento educacional. Termino mis palabras felicitando a los autores del proyecto, por la forma inteligente en que buscaron legislar, pues asumieron atribuciones parlamentarias para solucionar un problema que otros creíamos que sólo se podía hacer por la vía del mensaje. Además, nos alegramos de que en la Corporación tenga un amplio respaldo. Creo que las manipuladoras y algunos manipuladores, que son los menos, tienen algo que celebrar después de muchos años. Así como lo hizo cuando aprobó la ley de subcontratación, la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso Nacional, está dando un paso importantísimo en la búsqueda de la justicia social. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate. Se insertará el discurso del diputado señor Rodrigo González. En votación las modificaciones del Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER ( Presidente ).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto. Se enviará el oficio respectivo a su excelencia la Presidenta de la República para su promulgación.