REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
Sesión 74ª, en martes 9 de septiembre de 2008
(Especial, de 15.01 a 17.19 horas)
Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco, 
y Ceroni Fuentes, don Guillermo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Objeto de la sesión. 
Análisis sobre cumplimiento de mandato legal del ministro del Interior. Proyectos de acuerdo7
VI.Documentos de la Cuenta. 
1.Moción de los diputados señores Sunico, Díaz, don Marcelo; Kast, 
Monsalve, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana, que “facilita el ejercicio de la acción para decretar obligación de alimentos a favor de adultos mayores”. (boletín N° 607918)38
2.Moción de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “prohíbe a establecimientos comerciales la entrega de bolsas no biodegradables para transporte de mercaderías”. (boletín N° 608012)39


I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (115)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Schilling Rodríguez, Marcelo
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Cubillos Sigall, Marcela
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--EnríquezOminami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Sule Fernández, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valcarce Becerra, Ximena
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio VieraGallo. 
Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma. 


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 15.01 horas.
El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 69ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 70ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.


V. OBJETO DE LA SESIÓN


ANÁLISIS SOBRE CUMPLIMIENTO DE MANDATO LEGAL DEL MINISTRO DEL INTERIOR. Proyectos de acuerdo. 

El señor ENCINA (Presidente).- Esta sesión, que ha sido citada a petición escrita formulada por 41 diputados y diputadas, tiene por objeto analizar si el ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma, ha dado cumplimiento al mandato legal por el cual se le impone la obligación de dictar normas y acciones orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social dentro de todo el territorio de la República. 
A esta sesión ha sido citado el ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma, quien envió las disculpas del caso.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor 
Gonzalo Arenas, por 7 minutos y medio.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, debemos señalar nuestra profunda decepción por la falta de importancia que el ministro del Interior ha otorgado al clima de violencia que hoy impera en La Araucanía y, además, por las sospechas que hay respecto del vínculo de grupos violentistas con personeros de Gobierno. Por eso, consideramos una falta de respeto su ausencia en la Sala, puesto que sabía de la citación a esta sesión especial con dos semanas de anticipación. Estimamos que dicha autoridad, después de los últimos atentados que han aparecido en la prensa, viajó a Temuco sólo para producir un impacto mediático, ya que no hay ninguna solución de fondo al respecto.
Además, desde el inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet, el Ejecutivo y sus autoridades políticas han tenido una ambigüedad inexcusable en la condena a la violencia que durante el último tiempo ha habido en la Región de La Araucanía. Ella se ha manifestado desde que Andrés Zaldívar era ministro del Interior y en distintas acciones muy concretas.
Primero, el Gobierno apoyó y patrocinó el proyecto que trataba de indultar a personas condenadas por delitos terroristas cometidos en La Araucanía.
Segundo, el Gobierno tenía contratados en los programas de empleos de emergencia del Ministerio del Interior a personas que estaban prófugas de la justicia.
Tercero, altos personeros del Gobierno han hecho anuncios públicos respecto de no aplicar la ley antiterrorista, exculpando en forma previa a los posibles responsables de estos hechos de violencia.
Cuarto, personal del Ministerio del Interior ha tenido negociaciones directas con prófugos de la justicia, buscados por cometer atentados terroristas en La Araucanía. Eso ha sido en la lógica de buscar una solución política con miembros descolgados del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, para lo cual personeros de dicho Ministerio han ejercido presiones indebidas tanto a los tribunales de garantía de la provincia de Malleco como a los fiscales locales y regionales de La Araucanía y, además, a los altos mandos de Carabineros, para facilitar una solución política y, por lo tanto, para que estos temas no se vean ni se resuelvan en el ámbito de los tribunales de justicia. 
Asimismo, tenemos fundadas sospechas de que existe una verdadera red de protección a violentistas que participan en hechos de esta naturaleza y de que personas de ese tipo se encuentran infiltradas en varias instituciones públicas, específicamente en el gobierno regional de La Araucanía, en la Municipalidad de Ercilla y, además, en el propio Ministerio del Interior, que mantiene relaciones de dudosa legalidad con varias personas que, según los servicios de inteligencia del Gobierno, están vinculadas con organismos de carácter paramilitar.
Además, una política constante del Ministerio del Interior ha sido bajar el perfil a los hechos de violencia que se han producido en La Araucanía, negando el carácter paramilitar y de guerrilla que el propio fiscal regional ha señalado que existe. Más aún, ninguna labor de inteligencia pública hoy puede darnos cuenta de la investigación realizada al último ataque perpetrado en las comunas de Lumaco y de Vilcún, ambos cometidos por el mismo grupo paramilitar y dirigidos por una misma persona, con acento extranjero y preparación e indumentaria paramilitares. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha podido o no ha querido investigar.
De igual forma, está más que clara la denuncia del senador Espina en cuanto a los vínculos de miembros de las Farc con personeros del Ministerio del Interior, hecho que aún no ha sido aclarado. Aquí hay una responsabilidad política que incluso la Presidenta Bachelet ha querido negar, pero que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Por ello, considerábamos esencial que el ministro del Interior diera la cara, que no se escondiera, como lo está haciendo, y no mostrara su falta de responsabilidad para con los ciudadanos de toda la Región de La Araucanía.
Por eso, solicitamos un informe completo sobre todas las labores de inteligencia realizadas por la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, respecto del financiamiento con recursos extranjeros de grupos paramilitares en Chile. Además, pedimos la creación de una fuerza de tarea especial de inteligencia policial, con el fin de determinar cómo se están efectuando las labores de investigación de dichos grupos. También solicitamos la entrega de toda la información respecto de los últimos ataques cometidos por ellos, dirigidos por un extranjero, en Lumaco y Vilcún.
Del mismo modo, requerimos al ministro del Interior, más allá de hacer viajes muy publicitados y de establecer puntos de prensa en la Región de La Araucanía, la adopción de medidas concretas, porque la mayoría de los atentados se comete en Ercilla. La tenencia de Carabineros de dicha comuna, que cuenta con siete carabineros y un solo vehículo desde 2000 a la fecha, es de madera y fue construida en un lugar donde se han cometido los atentados incendiarios.
Por eso, insisto, consideramos que el ministro del Interior ha sido negligente, ha faltado a la verdad y, además, no ha cumplido con sus obligaciones de mantener el orden público en la Región de La Araucanía, razón por la cual condenamos su inasistencia a esta sesión.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Hago presente a los señores diputados que la sesión pasada fue suspendida por el lamentable fallecimiento del diputado señor Pedro Álvarez Salamanca.
A petición de algunos señores diputados, leeré la carta enviada por el ministro del Interior, que señala:
“Por medio de la presente, solicito a usted excusar mi inasistencia a participar en la sesión especial citada para el día martes 9 de septiembre, destinada a analizar si el suscrito ha dado cumplimiento al mandato legal por el cual se le impone la obligación de dictar normas y acciones orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social dentro de todo el territorio de la República. Lo anterior, puesto que en tal fecha, por encargo de la señora Presidenta de la República, debo asistir a los actos de conmemoración del 120º aniversario de la incorporación de Rapa Nui al territorio chileno que tendrá lugar en esa isla.” Firmado, Edmundo Pérez Yoma.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, es deber general del Estado así lo señala nuestra Constitución Política todo lo relativo al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. 
Los recientes eventos ocurridos en La Araucanía dan cuenta de graves falencias, por lo menos, en materia de inteligencia y, lo que es más grave, de voluntad política para perseguir los delitos que allí se cometen, según los criterios que establece la ley vigente y que, además, otorga herramientas especiales y clarísimas al Ministerio del Interior.
Lamento la ausencia del ministro; sobre todo porque fue él quien, el 28 de agosto, dijo que había grupos de gente, ex frentistas, ex lautaristas, organizados en torno a la CAM, Coordinadora AraucoMalleco, y que se habían constituido en una agrupación que estaba produciendo muchos problemas.
La primera pregunta que surge es: ¿qué función está cumpliendo la Agencia Nacional de Inteligencia? Participo en esa comisión, y nunca se nos ha informado nada al respecto. Está presente en la Sala su Presidente, diputado Fuentealba, quien ha sido testigo de que he estado a punto de manifestar mi exclusión de ella por inoperante e ineficiente. Más aún, cuando hay pruebas…
El señor FUENTEALBA.- No de la Comisión, sino de la dirección.
El señor BERTOLINO.- De la dirección, no de la Comisión. Que quede muy claro; acojo la rectificación del diputado Fuentealba.
Segunda pregunta, ¿por qué el ministro Pérez Yoma el 28 de agosto se refirió a lo que muchos preguntamos en esa Comisión y que hasta hoy no había sido respondido, argumentándose que no existe información? Desde 1992, los procesos judiciales han demostrado, clara y abiertamente, que existe agrupación ilícita para cometer actos terroristas, con nombres, con apellidos, con direcciones y con declaraciones voluntarias de quienes han participado en los hechos. 
Por otro lado, la intendenta de La Araucanía, señora Nora Barrientos, califica de aventurados los juicios de la fiscalía, desautorizando al Ministerio Público, ente independiente, cuya función es investigar. ¿Qué se está tapando, señor Presidente? Para mí, resulta más o menos fácil saber qué se está tapando, si nos remitimos a una publicación en la cual se habla, por ejemplo, de la relación de los últimos cuarenta años del Partido Comunista con las Farc. Un distinguido y alto dirigente de ese partido señala que hace mucho tiempo, más de cuarenta años que tienen una relación de fraternidad y solidaridad revolucionaria con las Farc. Así definió el miembro del Comité Central, Jorge 
Insunza, el vínculo que existe entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
A fines de los 90, el señor Reyes, el segundo de las Farc, quien murió en la incursión a Ecuador, vino por última vez a Chile. Se sabe que muchos otros han venido, alrededor de cinco veces, durante los gobiernos de la Concertación, y han contado con su protección. Pues bien, la respuesta que se dio fue que vino en calidad de constructor de una salida que permitiera avanzar en la construcción de la paz. ¿De qué paz? ¿De la paz de la Novena Región?
Aquí hay pruebas evidentes y fidedignas de que existen actos terroristas porque. Si no es acto terrorista llegar en horas de la noche, atacar un predio, sacar encañonados a sus moradores y propietarios fuera de sus casas y prenderles fuego como también a sus galpones de producción agrícola, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Acaso jugar a la escondida? ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha aclarado?
Entonces, ha llegado el momento de que la Cámara le ponga coto a esta situación porque, desgraciadamente, vemos que un sector importante del bloque gobernante está haciendo la vista gorda. Y cuando se hace la vista gorda en este tipo de problemas, todos sabemos cómo empiezan, pero nadie sabe cómo terminan. Ésa es la misión de la Agencia Nacional de Inteligencia y del Ministerio del Interior. 
Lamento profundamente la ausencia del titular de esa cartera, no obstante haber sido citado, de haberse postergado una sesión y de existir efectivamente motivos atendibles para no asistir. Habría sido mucho más importante que hoy el ministro del Interior hubiera estado aquí o, en su defecto, que el Gobierno estuviera bien representado por otro ministro del mismo rango o por un subsecretario.
Cuando anteayer el senador Espina hizo una denuncia, el subsecretario del Interior dijo que era una forma irresponsable de enfrentar el caso. ¿Acaso no es ser más irresponsable tener todas las pruebas y antecedentes en la justicia más de 70 atentados, incluso, con muertes y no haber tomado las medidas del caso? ¿Qué es lo más grave? ¿Por qué no se adoptan las medidas pertinentes? ¿A quién se pretende proteger? ¿Quiénes son los que están relacionados?
Se ha sabido que en la Moneda hay un funcionario que tenía algunas relaciones o, por lo menos, ideas que propendían a esta causa en la cual, desgraciada o afortunadamente, nada tienen que ver los mapuches, a quienes se está utilizando en algo en que ellos no participan ni comparten. 
Pero, ¿qué ha dicho el ministro Vidal? Que no tiene responsabilidad porque ha cambiado de parecer. Brillante excusa. ¿Qué les decimos a las personas que han sufrido atentados? ¿Qué les decimos a quienes claman justicia, pero ven que ésta existe para un solo lado y no para todos los chilenos? ¿Qué les decimos a quienes con estas acciones desprestigian a la justicia, más de lo que ya puede estarlo por otros motivos?
El 5 julio de 2005 el Senado aprobó unánimemente un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el cual se incluye información proveniente de varios sitios o páginas web en las que figura la vinculación que existe entre las Farc, el Ejército de Liberación Colombiano, el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con enlaces de instrucción básica sobre guerrillas, manual del guerrillero urbano, inteligencia de combate, manual de terrorismo y guerrilla urbana. 
Esta información fue enviada al gobierno de Lagos. De hecho, el ex canciller y ex senador Silva Cimma señaló que el Estado estaba incumpliendo manifiestamente sus obligaciones constitucionales y legales. Por un lado, no estaba asegurando el orden público y, por otro, no garantizaba el imperio del derecho. Esto fue en 2005 y ya estamos en 2008. Desde 1992 se sabía que existía asociación ilícita. ¿Qué se está esperando?
Por eso, solicito que suspendamos esta sesión y que celebremos una reunión de Comités para analizar seriamente si procede que sigamos tratando este tema tan importante sin la presencia de quien debería estar aquí.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No, señor Presidente!
El señor PALMA.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA.- Señor Presidente, solicito reunión de Comités.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, sólo para señalar que cuando en la reunión de la Comisión de Régimen Interno se propuso que no se realizara la presente sesión, fueron los diputados de la Alianza los que insistieron en llevarla a efecto sin la presencia del ministro del Interior.
Clarifico el asunto para evitar equívocos al respecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor ENCINA (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ENCINA (Presidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, siembra vientos y cosecha tempestades. Hace casi siete años que soy parlamentario y no había escuchado en una sesión especial dos exordios tan brutalmente infundados e injuriosos.
Insistir en la ausencia de un ministro que ha dado explicaciones, que estaba dispuesto a venir a la primera sesión fijada, la que no se realizó por el motivo que todos conocemos, y que hoy pidió postergación de esta reunión porque debía asistir, a propósito de pueblos originarios, a la celebración del 120º aniversario de la anexión de Isla de Pascua, me parece que es tratar de crear condiciones para crispar aún más la política en Chile.
Si ese es el objetivo, y no se trepida en nada si se trata de inventar derechamente de que en la Novena Región, hay guerrilla, bueno, inventémoslo.
Si se trata de decir, sin prueba alguna, que el Gobierno está infiltrado por grupos terroristas vinculados, supuestamente, a acciones en la Novena Región, bueno, inventémoslo.
Si se trata de plantear, sin prueba, que hay una red de protección en el Gobierno que ampara a quienes cometen estos delitos, pues inventémoslo. Porque si se tuviera alguna prueba y se considerara que el Gobierno, el Ministerio Público o quien sea no hace nada al respecto, plantearía el asunto en los tribunales. No me quedaría en la declaración sin fundamento, con la que simplemente se intenta crear una situación inexistente.
Respecto del ejercicio de acciones para perseguir responsabilidades en delitos cometidos en la Novena Región que puedan tener algún fundamento en grupos que reivindican cuestiones étnicas, más allá de que todas no hayan obtenido resultados con inmediatez, puedo sostener que se han ejercido y que, Investigaciones ha realizado todas las acciones preventivas.
Si alguien echa de menos acciones propias de la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, haré una pequeña clase procesal a los diputados que intervinieron en los primeros minutos.
A la hora de formular declaraciones, sería bueno que los diputados estudiaran la modificación introducida por la ley Nº 19.806, de 2002. Su artículo 10 preceptúa lo siguiente: “Las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley en la ley antiterrorista se iniciarán de oficio por el Ministerio Público o por denuncia o querella, de acuerdo con las normas generales”.
En consecuencia, si el Ministerio Público estima que hay un hecho terrorista, no tiene que pedirle al Ministerio del Interior o a la gobernación que ejerza la acción. Lo puede hacer por sí y ante sí.
Entonces, a la hora de venir a decir las cosas acá, lo menos que se puede pedir es que estudien un poquito la vigencia de las leyes. Mal que mal, son obras de los parlamentarios.
En materia de inteligencia, se puede asegurar que es mejor y necesario que la aplicación de las normas de inteligencia den más resultado desde el punto de vista preventivo. Está bien, me parece lícito. Pero no es posible establecer que estamos en presencia de elementos de inteligencia que no han sido considerados, porque un candidato a Presidente de la República con algunos senadores viajaron a Colombia, se pasearon con el ministro de Defensa están en su derecho, sobrevolaron la zona del conflicto y, eventualmente, ese secretario de Estado, que ya les habría dado un dato sobre un mail encontrado en el computador de un señor de las Farc, lo habría entregado oficialmente al Gobierno chileno.
Aparentemente, uno de los receptores de esta segunda información que comentó el ministro, al contrario del candidato presidencial y del senador Allamand, el senador Espina, sufre de incontinencia verbal y no se aguantó, y fue donde el fiscal. Después de eso, dijo a los periodistas: Tengo este dato, y no han hecho nada.
¿Quién les dijo que no se había hecho nada? ¡Qué manera de trabajar los datos sobre inteligencia! ¡Por favor! Si la ciudadanía establece que ellos van a gobernar en unos años más puede ser, es legítimo, y los encargados de inteligencia van a trabajar así tales temas, ¡Dios nos libre!
Esta sesión, a partir de las consideraciones expresadas por quienes hicieron uso del tiempo preliminar, carece de justificación, salvo la de desacreditar gratuitamente al ministro del Interior, aprovechando, además, que no está. Ése es el mejor de los mundos: crear una situación inexistente.
En democracia, en eso estaremos todos de acuerdo, para la prevención y represión del delito organizado y de las acciones ilícitas, incluso de terroristas, cuyo objetivo es subvertir el orden público, se requiere actuar con las armas del estado de derecho.
Si hay algún nostálgico de los allanamientos generalizados o de la CNI, que lo diga. Pero en democracia el delito se debe combatir con las armas que otorga el estado de derecho. No hay otro camino. Y hacerlo con prudencia e inteligencia; no buscando ventajas menores a la hora de intentar demostrar lo que no existe en el país.
Si dijera que en Chile existe una zona que está en manos de la guerrilla y que el gobierno está infiltrado por ella, estaría mintiendo y creando una condición que más temprano que tarde, me pegará en la cara.
He dicho.
Aplausos.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente, hace sólo diez días, durante un recorrido por el distrito en la Región de La Araucanía, me correspondió visitar, junto al diputado Quintana, la comunidad Antonio Callupán, ubicada en el sector El Manzano de la comuna de Lautaro.
La visita fue a propósito de la inauguración de una sede comunitaria y bajo un intenso temporal de viento y lluvia. Sin embargo, pese a la adversidad del clima, se había reunido más de un centenar de comuneros o peñis, como se les dice en la zona. Tal vez para sorpresa de muchos que no conocen la zona, la ceremonia se inició formalmente con la entonación de nuestro himno patrio y bajo el flamear de nuestra bandera tricolor.
Nada de contramanifestaciones ni mínimas muestras de rechazo o violencia. Muy por el contrario, existía un ambiente de total cordialidad y de boca de su dirigente, Máximo Patricio Carranza, expresiones de respeto por las autoridades presentes y hacia el Estado chileno. Esta realidad impera en la inmensidad de La Araucanía, es decir, un campesinado con un mestizaje indígena mayor que en otros lugares del país, pero, al final del día, se sienten tan chilenos como nosotros y con iguales derechos y deberes.
Nada más equivocado y alejado de la incorporación o inclusión como le gusta decir al Gobierno de estos sufridos compatriotas al progreso y desarrollo económico, social y cultural que las medidas populistas llevadas a cabo torpemente bajo los últimos gobiernos de la Concertación. En la práctica, es de justicia reconocerlo por doloroso que sea, no se ha conseguido más que un trato sesgado y discriminatorio no sólo para estas minorías, sino también para una región entera; pero, especialmente hacia quienes llevan apellidos mapuches o indígenas.
Se les mira muy a la distancia y despreciativamente como si se tratara de seres primitivos a quienes hay que conservarlos como una especie en extinción, por lo que hay que asegurarles el mínimo de la sustentación. Y, obviamente, para el Gobierno ahora es muy importante conquistarlos políticamente, lo que, sin duda, se consigue mediante el asistencialismo barato e inorgánico; pero sin ningún propósito claro de superación real de sus malos índices educacionales, laborales, económicos y de alcoholismo. En definitiva, se han dirigido políticas que no han logrado más que mantenerlos al margen del progreso, en una isla seudocultural que el Gobierno ha llamado la multiculturalidad. Es una falacia, una invención gramsciana de la intelectualidad de Izquierda, que niega que nuestra cultura sea una sola, sin perjuicio de que comprenda una diversidad de expresiones, pero, en el fondo, corresponde a una sola: la cultura chilena, la cultura nacional.
De este modo, se está desplazando o disfrazando la lucha de clases por una lucha cultural o de pueblos, es decir, una aberración salvaje que no consigue más que resaltar el resentimiento, el odio, el encono racial entre chilenos, entre ser indio y no serlo, cuando el mestizaje en el país recorre siglos y penetra hasta el más recóndito lugar del territorio.
Lo que se ha hecho con un sector de la población de chilenos, ávida por solucionar sus más vitales necesidades, como es el campesinado en general de nuestra Región de La Araucanía, es introducir un elemento divisor; favoreciendo a unos y castigando o, al menos, omitiendo a otros, por la simple casualidad de tener o no un apellido mapuche. Una lucha entre huincas y mapuches o entre blancos e indios, lo que constituye una barbaridad, pues nuestra nacionalidad chilena la hemos forjado en conjunto, colonos y no colonos y bajo una misma bandera.
Bien decía nuestro historiador y Premio Nacional de Historia, Sergio Villalobos, en una entrevista publicada en “El Mercurio”: “En Chile, indígenas puros propiamente no existen. Los pueblos originarios que existen ahora no son originarios, sino sus descendientes, como lo somos todos, es decir, un pueblo mestizo, con la diversidad propia de la especie humana, pero con un pasado común y, más importante aún, una comunión de intereses, como en algún momento, alguien dijo: una unidad de destino en lo universal.
Entonces, ¿qué sentido tiene que, en lugar de hacer una homologación de derechos y beneficios para los chilenos más vulnerables, los habitantes rurales de La Araucanía, región con los peores índices sociales, clavar artificialmente una contradicción vital, racial y una expectativa exagerada de regalías, como ha ocurrido con la entrega inorgánica de miles de hectáreas de tierra que terminan siendo abandonadas, debido a la acuciante carencia de recursos de sus nuevos ocupantes y a la ausencia total de asistencia técnica de incentivo productivo y de comercialización?
En pocas palabras, se distribuye pobreza; porque quienes han sido beneficiados con la compra de tierras siguen tan pobres como antes. Aún más, en reiterados casos el Gobierno ha incurrido en el irracional y criminal absurdo de premiar con tierras a quienes han sido perpetradores o cómplices de actos de violencia, creando así un pésimo precedente y un caldo de cultivo perfecto para agitadores, incluso como se ha reconocido en los últimos días con vinculaciones a grupos extremistas internacionales, que produzcan un clima de violencia y de conflicto que no se condice con el sentimiento de respeto de la inmensa mayoría de quienes viven en la ruralidad de nuestra región.
No es posible que ante hechos de tan inusitada violencia, como los que han ocurrido en nuestra región en los últimos años ataques incendiarios, destrucción de la propiedad privada, atentados contra la integridad física y amenaza a la vida de las personas cometidos por grupos de encapuchados que han demostrado alta preparación y coordinación, según revelan antecedentes del Ministerio Público, y que, tal como se sospechaba desde hace tiempo, se trata de personas o grupos ajenos al pueblo araucano: ex subversivos con formación militar y financiamiento internacional, contactados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, el Gobierno adopte una actitud complaciente, cuando se ha sobrepasado con creces el marco del estado de derecho, dejando que los hechos transcurran. Pero peor aún, minimizar al máximo estos incidentes a los cuales se suele calificar de simples actos propios de delincuentes y descartando de plano, como lo hizo recientemente el gobernador de Cautín, que no se trata de hechos de connotación terrorista. A mi juicio, constituye una burla grotesca precisamente porque no es al Ejecutivo al que le corresponde calificar los delitos. El Gobierno ha sido totalmente timorato en el tema y ha dado señales confusas. Pareciera ser que no dimensiona la gravedad de los hechos y condesciende con supuestos actos reivindicatorios cuando se está vulnerando de manera flagrante el derecho de propiedad.
Quienes vivimos en la zona y somos sus representantes no terminamos de entender qué esperan las autoridades de Gobierno para actuar cuando se atemorizan a las víctimas, a los testigos, a los fiscales; cuando se agrede de obra a nuestros carabineros que no hacen sino cumplir con las resoluciones judiciales. 
Me consta que ellos sólo anhelan otra destinación ubicada fuera de los territorios denominados en conflicto, porque ante el más mínimo enfrentamiento corren el riesgo de ser dados de baja y encausados. Todos sabemos que son grupos minoritarios ideologizados. Entonces, ¿por qué tanta permisividad, dejando que sean sobrepasadas las estructuras del Estado, dándoles el gusto a sus activistas, como alguno de ellos más de alguna vez me lo ha reconocido?
En una editorial de La Tercera, se hacía la siguiente pregunta, ¿qué ocurriría si en Santiago hubieran incidentes violentos como los registrados el último tiempo en La 
Araucanía? La misma pregunta nos formulamos hoy, así como la gran mayoría de quienes viven en La Araucanía. Bien me comentaba un amigo, esta es la región del salto o del abismo; porque, así como nos tratan y se dan las cosas, pareciera ser que la continuidad de Chile, entre la Octava y Décima regiones, se encuentra interrumpida. Por lo mismo, es la región con los peores niveles de inversión, de empleo, de remuneraciones, de rendimiento escolar y para qué continuar si el Gobierno tiene conocimiento de ello.
Bueno sería saber, aprovechando la realización de esta sesión especial y para que esto, en definitiva, no sólo quede en palabras y tenga algún sentido, si existe la voluntad real del Gobierno de reformular su política indígena. Como en el comienzo de mi intervención decía: abordar la dimensión social del problema, que no sólo no ha sido resuelto, sino que me atrevo a decir que ha empeorado. Si bien ha habido avances en materias específicas, lo reconozco, como en electrificación rural, programas de salud, residencias y becas, subyacen otras carencias en materias tan o más importantes aún, como la conectividad, que los niños y jóvenes que viven en la ruralidad reciban una educación de calidad que les abra un abanico de opciones y oportunidades que hoy, claramente, no tienen; la declaración de ciertos espacios territoriales como especiales, pero que se traduzcan en acciones concretas, no en simples declaraciones, encuentros y diálogos que, en la práctica, significan poco o nada. O sea, necesitamos un proyecto global de integración, inversión y desarrollo en forma urgente.
Por otro lado, sería positivo contar con la información oficial del Gobierno de si hará uso o no de todos los instrumentos legales de que dispone para combatir los actos de violencia y de quebrantamiento de la ley, de común ocurrencia en nuestra región.
Si bien valoro la reciente visita del señor ministro del Interior a la zona a propósito del atentado que afectara a un agricultor de Vilcún, comuna que represento, no basta con recorrer las humeantes ruinas o escuchar a una de sus víctimas, pues no se trata de un hecho único o aislado, sino de una sucesión de actos terroristas que hacen de La Araucanía una región de alta inseguridad. Los actos mediáticos, como la visita del señor ministro, de nada sirven si no van acompañados de acciones concretas de prevención, control y sanción para los responsables. El señor ministro debería haberse reunido con quienes somos los actores regionales, es decir, con alcaldes, parlamentarios, integrantes de la mesa de agricultores, comuneros, fiscal regional y jefes policiales. Ésa habría sido una buena forma de comenzar a encarar el problema, pues habría constituido una señal potente para el Ministerio Público, institución encargada de perseguir y acusar a los responsables, pero que bien sabemos se siente frenada e inhibida.
Estamos en presencia de acciones gravísimas, como incendios y estragos, entre otras, que han afectado la propiedad privada y la integridad física de las personas. Se trata de acciones cometidas, según se encuentra acreditado, por grupos al margen de la ley, organizados para la comisión de delitos y con la finalidad de producir, sin lugar a dudas, a lo menos en parte de la población, como sucede, el temor justificado de ser víctimas de tales ilícitos. ¿Qué significa esto en concreto? Que estamos en presencia de conductas terroristas.
Así las cosas, no logro entender por qué la autoridad de Gobierno no hace uso de los recursos que la ley le otorga, incluida la ley antiterrorista. Debe entenderse que ésta no se aplicará contra mapuches, indígenas o descendientes de tales, sino contra grupos organizados cuyo objetivo es perpetrar acciones que la ley tipifica como conductas terroristas. Según lo investigado, se trata de grupos integrados por personas ajenas a la supuesta etnia en conflicto y que son, por lo demás, quienes dirigen y financian dichas acciones.
Por último, debo señalar que la ausencia del señor ministro en esta sesión especial demuestra la más completa indiferencia del Gobierno por solucionar los problemas de nuestra querida Araucanía.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 
Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, una cosa es hablar de lo que sucede en La Araucanía y otra es vivir en la zona. Algunos personeros de Gobierno malinterpretan las intenciones de la sesiones especiales. A través de ésta se quiere recabar información respecto de lo que sucede en la Novena Región. Aquí nadie está culpando a nadie. Lo que llama la atención es que los responsables de los cientos de atentados perpetrados en la zona no hayan sido pesquisados. 
Quiero saber si el peso de las pruebas aplicadas por los fiscales de La Araucanía es diferente del aplicado por sus homólogos de Santiago. Lo pregunto porque nunca son atrapados quienes queman campos, casas, camiones, bosques y sementeras de trigo.
Hace algún tiempo, cuando fueron quemados un par de camiones, la orden de investigar recayó en Carabineros. Tres días después de emanada esa orden los culpables fueron detenidos, uno en Osorno, otro en La Serena y un tercero en Puerto Montt. Sin embargo ello no deja de resultar curioso, cuando la orden de investigar recae en la Policía de Investigaciones nunca se detiene a los culpables. 
Todos los diputados que representamos distritos de La Araucanía queremos que los hechos se investiguen, para evitar escuchar comentarios de pasillo o “bajo cuerda” respecto de quiénes serían los culpables. Si son aprehendidas las personas que han cometido estos ilícitos, deben recibir el castigo que merecen. 
Aquí no interesa quién gana más puntos políticos, sino que el Gobierno utilice las herramientas que tiene a mano para capturar a estos terroristas. Ése es el fondo del problema. Se ha criticado al ministro Pérez Yoma y al senador Espina, a éste último, por subirse al avión del Presidente de Colombia. Sin embargo, sucede que tenemos mala memoria, pues este tema ya fue denunciado hace ocho o diez años por el entonces senador Pérez Walker. En lugar de pelear entre nosotros, ¿por qué no solicitamos al ex senador que entregue los antecedentes que posee sobre el particular?
Como consecuencia de la perpetración de actos terroristas en La Araucanía, esa región se ha convertido en la más pobre del país. Es más, hace cuatro o cinco años que no hay inversión extranjera en la zona, en circunstancias de que tiene todas las posibilidades para salir adelante si cuenta con fuentes de trabajo y tranquilidad para resurgir.
El mejor capital de la Novena Región es su gente. De dos mil comunidades indígenas, cuarenta tienen antecedentes violentistas. En Santiago, hace unos días, tres sujetos asaltaron un banco. ¡Sin embargo, en Santiago viven 6 millones de habitantes! ¡Así las cosas, no es necesario preocuparse de la capital! ¿Hay negligencia o no existen las herramientas para enfrentar el problema? 
Algunos parlamentarios han servido el cargo de subsecretarios, por lo que saben cómo funciona el Gobierno por dentro. Les pregunto, ¿es posible conocer la procedencia de casquillos de bala o balas encontradas y las fuerzas que las ocupan? ¡Claro que sí! Entonces, pedimos del Gobierno voluntad para investigar estos hechos, de modo que la gente que los provoca no moleste más a La Araucanía.
Hace unos días, junto con el diputado Quintana, participé en un foro sobre este tema. Por otro lado, he sostenido conversaciones con los diputados Estay, Becker, Arenas y Saffirio. Todos hemos llegado a la misma conclusión: el problema de La Araucanía es que se da limosnas a la gente, es decir, no cuentan con las condiciones mínimas para trabajar. 
Lo que diré a continuación, no es justo que suceda y lo saben todos los diputados de la zona: recién en septiembre se están entregando las ayudas prometidas como consecuencia de la sequía vivida en enero, febrero y marzo. ¡Si seguimos así, las ayudas prometidas para paliar los efectos de las inundaciones se recibirán en marzo, cuando vuelva a vivirse un episodio de sequía! 
Nos preocupa el trato que recibe la gente que vive en La Araucanía. Es cierto que se han comprado tierras para el pueblo mapuche, pero esa es la parte fácil del problema. ¿Dónde están los insumos, las maquinarias, las asesorías técnicas y de comercialización para que las personas surjan? ¡Nada de eso se ha implementado! Ahora se anunció la entrega de dineros ilimitados para ayudar a la gente que sufrió inundaciones. Sin embargo, ¿de qué sirve esa medida si restan 15 días para que se ponga fin a la temporada de siembras? Esos recursos debieron haberse entregado entre marzo y julio. ¡Andamos con el paso cambiado!
Los parlamentarios que representamos zonas de La Araucanía solicitamos al Gobierno que active los sistemas de inteligencia para averiguar la procedencia de los grupos que cometen los delitos señalados. Hace unos días se detuvo a dos ciudadanos franceses. Los defendieron todos. Dijeron que los pobres andaban filmando.
Y, cosa rara, cada vez que hay algo, primero sale en la televisión extranjera, filmada por reporteros extranjeros que andan metidos en ciertas comunidades. Así, estigmatizan al pueblo mapuche.
¡Claro que ha habido actos terroristas, pero no sabemos quiénes son los culpables! ¡Si esto viene desde hace muchos años y no nos vamos a quedar callados!
Lo que exigimos todos los parlamentarios de la zona es que haya claridad. ¡Saber quiénes son las personas que están en esto! El Gobierno tiene las herramientas. Esto no es ataque a la Concertación ni al ministro Pérez Yoma, sino a la gente que está gobernando, que puede ser cualquiera de la coalición gobernante, que tiene la obligación de dar tranquilidad al país, a la zona.
No estamos discutiendo aquí sobre la ausencia del ministro Pérez Yoma. Él mandó una excusa. Pero, me gustaría ver claridad, precisión, acciones que se van a tomar, como equipamiento a las fuerzas de orden que están ahí.
Todos sabemos lo que está pasando en La Araucanía, pero no tenemos certeza sobre cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno para aclarar lo que ocurre. Eso está preocupando.
¿Valdrá la pena, entonces, continuar una sesión si la pelea va a ser entre la Concertación y la Alianza, y las cosas van a seguir igual? A mi juicio, tendría que haber un acuerdo entre Concertación, Alianza y Gobierno para que se aclaren los hechos. Ése es el cuento.
Les digo de todo corazón que esto no es aprovechamiento político. ¿Por qué no esperamos que llegue el ministro Pérez Yoma él está a cargo de los sistemas de seguridad y hacemos la sesión cuando esté presente para escuchar de su boca las soluciones?
Podemos echarle la culpa al senador 
Espina, a la Presidenta Bachelet, pero las cosas van a seguir igual. Todos queremos que se revierta, pero se sigue estigmatizando al pueblo mapuche. A ellos los conozco. En comunas de mi distrito, como Curarrehue, el 80 por ciento de la población es indígena y jamás ha habido un acto de violencia. En Toltén, lo mismo. Entonces, si son cuarenta focos de terroristas, centremos ahí la fuerza. ¡Veamos qué hacemos, cómo abordamos el problema, por el bien de la Araucanía, para que salga de la pobreza, por la tranquilidad de su gente!
De verdad, por su intermedio, señor Presidente, de buena leche le digo al ministro VieraGallo que no conduce a nada pelear entre nosotros, porque podríamos sacarnos los ojos unos a otros, pero estos focos de violencia, que queremos que se acaben, van a continuar. No soy mal pensado y no me cabe duda de que el Gobierno también quiere lo mismo. A lo mejor, falta un poco de fuerza, de voluntad. 
Por su intermedio, señor Presidente, quiero darle un dato al señor ministro VieraGallo. Si cree que esa gente vota por la Concertación, está muy equivocado. Hablo de los terroristas en general; no de alguna persona en particular. Esa gente es de utraizquierda, más allá del Partido Comunista. Entonces, no va a ganar ni un voto. Si son mil las personas que violentan a La Araucanía, hay novecientas mil entre ellos, las comunidades mapuches que quieren trabajar.
Ése es el reconocimiento que queremos. Comprometer aquí al ministro VieraGallo que diga al ministro Pérez Yoma que se hagan acciones. No es tan difícil. Tienen las armas legales, los servicios de inteligencia, gente que les da datos, que saben dónde están los violentistas. ¿No le llama la atención que le hayan disparado a una micro que llevaba obreros forestales y después su dueño se desista de las acciones porque lo amenazaron? No sé cómo se llamará en jerga jurídica someter a la gente por la fuerza de las armas. Allá se llama matonaje.
Contamos con todo para tener una región pujante, comunidades tranquilas que quieren insumos para trabajar. Repudiamos con la fuerza más grande los actos terroristas que están acabando con la Región de La Araucanía, que es una de las más lindas del país y con un tremendo potencial.
Ojalá, señor ministro, por su intermedio, señor Presidente, el Gobierno tome una decisión y tengamos una Araucanía tranquila y comunidades a las cuales se les dé lo que corresponde para que puedan surgir.
Me duele profundamente cuando se habla de comunidades pobres y que se va a hacer agricultura de sustentación. O sea, ¿esa gente no tiene derecho a surgir? ¿No tiene derecho a pensar un poco más arriba? Esa gente consume diez quintales de trigo, dos sacos de porotos y diez sacos de papa al año ¿eso es lo que tiene que producir, porque se tiene que sustentar? No estoy de acuerdo con eso. Debemos darle las herramientas para que se dediquen a la agricultura productiva; de lo contrario, nunca va a salir de la pobreza y, lo que es peor, del terrorismo que tiene sumida a la región de La Araucanía en la nula inversión, cuando debería haber miles de personas invirtiendo en todos los rubros: agrícola, turismo, etcétera.
Señor ministro, por su intermedio, señor Presidente, denos el beneficio de la duda y, por favor, comprométase ante la Cámara para hacer los esfuerzos más grandes a fin de terminar con este flagelo que está acabando a la Novena Región.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio VieraGallo.
El señor VIERAGALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, sin duda, el tema que se analiza esta tarde es de vital importancia para la vida del país y, muy en particular, para la Región de La Araucanía.
Reitero las disculpas del ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma, quien se encuentra en Isla de Pascua cumpliendo funciones propias de su cartera.
Me parece que lo dicho por el diputado René Manuel García es algo justo, y deberíamos considerarlo como un parámetro.
Aquí se mezclan problemas. Uno radica en la relación que debe tener la sociedad chilena con sus pueblos originarios. No comparto las expresiones del diputado Enrique Estay, en cuanto a que hay una sola cultura y raza chilena, un solo pueblo homogéneo. La nacionalidad chilena está compuesta de muchas vertientes y, cuando se dictó la ley indígena, hace más de diez años, todo el Congreso votó a favor del reconocimiento de las peculiaridades de las distintas etnias que componen dicha nacionalidad. La más numerosa, la principal por su historia, es la mapuche, pero la sociedad chilena no ha sabido convivir como corresponde con sus pueblos originarios.
En el gobierno de Ricardo Lagos, el ex presidente Aylwin estuvo a cargo de una comisión especial para tratar el tema, la que evacuó un informe muy interesante llamado “Sobre la verdad histórica.” Ahí uno logra comprender la dimensión de los problemas, de la violencia, de la injusticia que se ha cometido históricamente, desde La Colonia y también durante la República, con los distintos pueblos originarios y, en particular, con el pueblo mapuche.
De ahí que podemos afirmar que la sociedad chilena tiene una deuda social, cultural e histórica con esos pueblos, y ha sido voluntad de los gobiernos de la Concertación y debería ser de toda la sociedad chilena saldarla, pagarla, lograr que Chile tenga una relación con esos pueblos como la de Nueva Zelanda con la minoría maorí; o sea, de respeto, de valoración de sus diferencias y, al mismo tiempo, dar todas las facilidades para su desarrollo e integración, incluso, a nivel político, como lo demuestran la existencia de parlamentarios de origen maorí en ese país.
Nosotros estamos años luz de eso, pero hemos avanzado desde la dictación de la ley Indígena. 
La segunda legislación que dictamos fue la del borde costero principalmente lafkenche, que fue algo que esa entidad reconoció como algo importante.
El tercer paso significativo, que nos costó dieciocho años de debate, fue la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que en este momento se encuentra en Ginebra para que se deposite y pueda ser promulgado y publicado en el Diario Oficial de Chile.
O sea, todas las fuerzas políticas hemos logrado llegar a un cierto consenso de cómo debemos movernos, como Estado, para que los derechos de los pueblos originarios sean respetados y tengan todas las oportunidades para mantener su identidad y, al mismo tiempo, desarrollarse como corresponde.
Sin embargo, de la dictación de leyes a la implementación de políticas y cambios culturales efectivos hay un buen trecho. En esto, reconocemos que ha habido dificultades y deficiencias. Por eso, el actual Gobierno hizo una evaluación de la política indígena y ha dado una nueva orientación, que plasmó en un libro que lleva el nombre ReConocer, que contiene las materias que deben implementarse en todos los campos. Al mismo tiempo, se dispuso que en cada ministerio haya alguien o una oficina que se preocupe de la dimensión indígena de la política de la cartera respectiva.
No se trata de encerrar a los pueblos indígenas en un círculo de sólo añoranza de una vida que tuvieron en el pasado, sino que de entender que en el mundo global y en la sociedad de mañana todos tienen derecho a participar sin necesidad de renunciar a su identidad. Así como nosotros queremos participar de la globalización siendo chilenos, sin necesidad de adoptar patrones culturales que vayan en contra de nuestra identidad, los pueblos originarios tienen pleno derecho a seguir siendo lo que son, progresando e integrándose en la sociedad moderna.
Dicho eso, es evidente que las dificultades que han suscitado los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía últimamente, son reales y preocupan a la sociedad chilena y al Gobierno. 
Tratemos de ser lo más objetivos posible al momento de dimensionar esos hechos, no para decir que son insignificantes, pero tampoco para magnificarlos, como si en Chile hubiese una especie de guerrilla larvada en una parte muy importante del territorio. 
El grado de violencia que existe es menor al que hubo en algún momento en gobiernos anteriores. Sin embargo, esos hechos son repudiables y sus responsables deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Con todo, debe hacerse una clara separación entre grupos extremistas, que tienen una cierta lógica, y la inmensa mayoría del pueblo mapuche, que tiene una visión diferente, de convivencia pacífica y de progreso dentro de la sociedad. 
Es preocupación del Gobierno trabajar para producir esa separación. Lo peor que podría suceder es que esos grupos, considerados minoritarios y extremos, alcanzaran un enorme arraigo dentro del mundo indígena, y al final el pueblo mapuche los considerara como “la vanguardia política” de un camino que estimamos equivocado y que no conduce a ninguna parte.
Para lograr ese objetivo, además de las medidas policiales, que son importantes y que el ministro señor Pérez Yoma adoptó cuando visitó sorpresivamente la Región de La Araucanía, es fundamental introducir una distinción entre esos grupos extremos y la realidad social de la inmensa mayoría del pueblo mapuche.
Si ustedes, como imagino lo habrán hecho, entran a YouTube o a los distintos sitios de Internet que utilizan algunos de esos grupos más extremos, van a encontrar que ellos normalmente hablan en nombre del pueblo mapuche, como si fueran sus legítimos representantes. 
Hacemos un flaco favor a esa zona si expresamos que La Araucanía entera está incendiada, porque es exactamente lo que ellos quieren, ya que les damos una representatividad que en la práctica no tienen. De ahí que lo principal es aplacar los problemas sociales, económicos, culturales e históricos que la sociedad chilena tiene con los pueblos originarios y, al mismo tiempo, realizar una labor policial como corresponde, dentro del estado de derecho, con esos grupos minoritarios extremos. 
Dentro de ellos hay que distinguir, porque no todos son exactamente lo mismo. Muchas veces escuchamos discursos extremos de estudiantes universitarios de hogares mapuches, que tienen quizás el primer contacto de una generación joven con niveles de conocimiento mayor y un sentimiento más claro de las injusticias sufridas por sus familias, sus ancestros y su pueblo, por lo que muchas veces adoptan un lenguaje que no es el más adecuado. Pero de ahí a sostener que ese muchacho, que participa en un movimiento estudiantil, es necesariamente “un violentista”, hay un trecho muy grande. Por eso, no hay que dejarse atrapar por los lenguajes o los discursos que escuchamos. 
Recuerdo que como Presidente de la Cámara de Diputados recibí a Aucán Huilcamán, el werkén del Consejo de Todas las Tierras. Él vino con una bandera del pueblo mapuche y pidió estoy hablando del año 91, si mal no recuerdo, que en esta Corporación se izara la bandera de Chile y también la bandera del pueblo mapuche. Tuvimos una larga conversación y, obviamente, no se izó. Después, he estado con él varias veces… Pero nadie puede sostener que porque Aucán Huilcamán tiene ese discurso, pertenece a un grupo “terrorista”. Por ello, hay que distinguir bien las cosas; hay que precisar los problemas y enfrentar cada tema en su justa dimensión.
Voy a referirme a otro punto. En el mundo internacional, con el avance de la globalización, se ha ido desarrollando un pensamiento sobre los derechos de los pueblos originarios en el mundo. Esto es después del proceso de descolonización, por ahí por los años 70 u 80 en adelante, en los últimos 20 años. Es decir, el mundo va reconociendo la realidad de esos pueblos a nivel internacional en una forma y en un lenguaje que es completamente lejano al modo de pensar común de la clase dirigente chilena llamémosla así, cualquiera que sea su orientación.
Me tocó estar en el foro de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, y escuchar lo que dicen los pueblos de África, de Asia, de América Latina. Ellos tienen una visión que es recogida en el mundo de las Naciones Unidas y que no es tan fácil de asumir a nivel de los estados nacionales.
Fruto de eso, hay un desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional; quedó atrás la época del Convenio 169 de la OIT, que acabamos de ratificar, y ahora tenemos, recientemente, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, que no es una convención obligatoria jurídicamente, pero que el Estado de Chile suscribió, al igual que otros 140 estados. Prácticamente es una orientación política hacia donde deben marchar las naciones para lograr un trato más adecuado con sus minorías étnicas.
Ese desarrollo, que tiene una profunda conexión con cierta elite profesional indígena que se forma gracias a la acción de los gobiernos de la Concertación en las universidades chilenas y que después estudia en el extranjero, esa manera de ver las cosas, es bastante disímil de lo que es el sentido común del mundo político chileno.
En eso, Chile está más atrasado que otros países, como México, que ha logrado un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios bastante más cercano a esa exigencia de desarrollo internacional.
En definitiva, el problema es extremadamente complejo y multifacético, especialmente en una época de globalización. No sólo está la realidad mapuche, sino también la rapa nui y la de las otras etnias, especialmente en el norte de Chile. 
¿Qué deberían hacer el Gobierno y el Estado?
En primer lugar, impulsar políticas coherentes con el grado de conciencia que hay en la sociedad y en esas etnias respecto a un nuevo trato, a un trato justo, no discriminatorio y, por lo tanto, abrirse a la pluralidad, con el perdón del diputado Estay, a la multiculturalidad, que no es un invento de la Izquierda, sino que es algo que incluso los senadores de la oposición están dispuestos a aceptar, ya que han presentado un proyecto de reforma constitucional para reconocer la diversidad cultural de los pueblos que componen la nación chilena.
Más allá de las polémicas de Villalobos y de los demás historiadores, no cabe duda de que en Chile hay distintas raíces culturales y diversas etnias.
En segundo lugar, implementar bien esas políticas, que sólo tendrán frutos a mediano y largo plazos, porque son problemas ancestrales, cuyas causas de injusticia son difíciles de erradicar de la noche a la mañana.
En tercer lugar, no meter todo en un mismo saco.
En cuarto lugar, en caso de acciones violentas, para hacer imperar el orden hay que aplicar la ley como corresponde. Ésa es una decisión no sólo del ministro del Interior, sino que también tienen que actuar los fiscales, los jueces, la institucionalidad, en conformidad con las normas del estado de derecho. En caso de violencia policial, como desgraciadamente ocurrió cuando murió el joven Catrileo, debe sancionarse al policía que fue más allá de lo que legítimamente debió haber sido la acción represiva en curso, porque, de lo contrario, se generan nuevas injusticias, que encienden mayores rebeldías, lo que se transforma en un círculo vicioso de violencia sinfín.
De ahí que el ministro del Interior esté empeñado en hacer más eficaz la acción de inteligencia y la función preventiva de las policías.
En lo que se refiere a la investigación de los delitos, ésa es tarea de la fiscalía regional, cuyos fiscales, tienen que instruir a las policías, de tal manera que cuando capturen a presuntos responsables, tengan las pruebas suficientes para mantener su imputación de delito cuando tengan que ir a la audiencia de detención ante el juez de garantía.
Felizmente, diría que, en general, distintos actores de la sociedad chilena han ido tomando conciencia de la dificultad de estos problemas y han buscado, junto con el Gobierno, soluciones adecuadas para cada uno de esos niveles.
Lo que falta es que, con la misma fuerza con que pide, y con razón, el imperio pleno de la ley en La Araucanía, el Congreso Nacional también debería empeñarse de verdad en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que es lo que va faltando como símbolo respecto de esta necesidad de cambio jurídico.
También deberíamos empeñarnos, me imagino que será tarea del próximo gobierno, en una evaluación de la aplicación de la ley Indígena, que lleva más de diez años de promulgada, para introducirle todas las mejorías necesarias, con el objeto de que la Conadi sea más eficaz.
Por su parte, el gobierno ha mandado a la Cámara el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, al cual le hemos hecho presente urgencia. Queremos que se discuta y, si hay mayoría, se despache rápidamente.
Dentro del documento ReConocer está también la idea de dar derechos políticos especiales a las minorías étnicas. Ya se presentó una iniciativa pionera cuando era diputado Francisco Huenchimilla, en lo que curiosamente coincidieron los diputados Cardemil, García y otros de Renovación Nacional y de la Concertación, quienes presentaron un proyecto de ley para establecer cupos determinados de diputados de origen indígena.
Hay que reflotar esas ideas y abordar el tema en todas sus dimensiones.
Termino asegurándoles que, en lo que se refiere al orden público, el gobierno tiene la más decidida y constante voluntad de hacerlo imperar en La Araucanía, dentro de las normas del derecho.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en lo que no hay dos voces al interior de esta Sala es que todos repudiamos los hechos de violencia cometidos en el último tiempo en el sur del país.
Sin embargo, hay diferencias muy sustantivas en la forma de aproximarse a ese análisis. A algunos les incomoda hablar de una sociedad pluriétnica, por lo que sostienen que aquí somos todos iguales. Eso no tiene nada que ver con lo que pasa en el continente y en la importante ceremonia en que está participando el ministro del Interior, el 120º aniversario de la anexión de Rapa Nui al territorio continental.
Además, el concepto de seguridad que manejamos no es el mismo. ¡Qué duda cabe de que la seguridad es un valor fundamental en las sociedades democráticas! Las personas participan activamente en la vida social con la esperanza de que sus derechos y libertades van a ser debida y efectivamente protegidos. No obstante, seguridad pública en democracia no tiene nada que ver con las lógicas militares o autoritarias. No sé si eso es lo que añora el diputado Estay. En el mundo democrático, la seguridad tiene que ver con mantener la tranquilidad y la paz social, pero con apego a los derechos fundamentales. Ese es un tema esencial.
Comparto lo que han señalado aquí algunos colegas, incluso de Oposición, en cuanto a que hay problemas con políticas públicas mal enfocadas. Definitivamente, algunas no han tenido el impacto que se pretendía. Muchas veces a los pueblos originarios se les intenta apoyar con las mismas políticas que se aplican de manera automática a todos los chilenos, especialmente de los sectores de menores recursos, el 40 por ciento más pobre, donde claramente están los pueblos originarios.
Hay un problema de tierras, que es absolutamente relevante. Si tomamos cualquier título de merced, nos vamos a encontrar con que la tierra que hoy está en poder de los mapuches no tiene nada que ver con la que estaba en su poder en los tiempos de la erradicación y mucho antes también, por lo que el Estado tiene que hacerse cargo de eso.
El ministro VieraGallo recién señaló que hay que avanzar en cuanto al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la OIT es un paso importante del Congreso, pero fue difícil su aprobación. No nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo había parlamentarios, especialmente senadores, que insistían en poner una cláusula restrictiva a ese Convenio, en circunstancias de que sabían que con eso corría el serio riesgo de no ser ratificado finalmente y recogido en Ginebra. En consecuencia, Chile habría hecho un papelón internacional en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios.
Tengo confianza en que hoy estamos más cerca que antes de llegar a un reconocimiento constitucional como corresponde, en términos originales, no con sustitutos o sucedáneos. Un reconocimiento constitucional de pueblo, no de etnia ni de población, porque eso significaría reducir más aún, como lo intentó hacer el gobierno militar, a los pueblos originarios, especialmente a las comunidades. Lo que se busca es un reconocimiento constitucional con todas sus letras, que guarde relación con los tratados internacionales que Chile ha suscrito sobre la materia.
Tengo hartas coincidencias con lo planteado por el diputado René Manuel García, porque da un real apoyo a los temas de los pueblos originarios. No obstante, no puedo estar de acuerdo con una afirmación que hace de que es deber de la coalición gobernante preocuparse de la seguridad pública.
Le digo fraternalmente al diputado René Manuel García, por intermedio del señor Presidente, que eso no se sostiene, porque la Constitución Política señala en el inciso quinto de su artículo 1º: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia;...” Además, esta obligación establece el imperativo de velar por los elementos constituyentes del Estado, ya sea su territorio, población o los órganos que ejercen el poder. Los obligados a ello son el Estado y los particulares, de manera que todos, desde las diversas dimensiones, estamos compelidos a conservar la seguridad de nuestro país.
Es importante que entendamos que el Estado es el responsable; éste no es un tema del gobierno de turno o del ministro del Interior. Por eso, la citación a esta sesión no está suficientemente bien planteada, dice: “analizar si el Ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Yoma, ha dado cumplimiento al mandato legal por el cual se le impone la obligación de dictar normas y acciones orientadas a mantener el orden público…” ¡Por favor! No sé qué asesor propuso esa redacción, pero lo concreto es que desde el punto de vista de las instituciones del Estado, la obligación de conservar la seguridad y el orden público interno recae en varios órganos.
En primer lugar, en el Ejecutivo, que debe elaborar políticas públicas de seguridad y ejecutar aquellas acciones que la ley le permite. Es posible que en algunas de ellas el Gobierno haya incurrido en deficiencias y que en otras haya tenido más aciertos, pero no se pueden hacer acusaciones ni asignar responsabilidades al voleo.
En segundo lugar, en el Congreso Nacional, que también tiene obligaciones en la conservación de la seguridad y el orden público. Debe cumplirlas a través de la elaboración de leyes orientadas a resguardar a la población. Pregunto, ¿nos hemos hecho cargo de esa obligación en estos 17 años? ¿Cuántas leyes que favorecen a los pueblos originarios hemos aprobado en ese lapso? El ministro Viera Gallo mencionó la relativa al borde costero. Y antes de esa, ¿cuál? Podemos mencionar la ley Indígena, de 1993, pero nada más, porque no hay otras normativas especiales para los pueblos originarios.
Es bien fácil dispararle al Ejecutivo, asignarle toda la responsabilidad y no asumir las propias, pero lo cierto es que éste es un tema de Estado. Así lo establece la Constitución.
Otro responsable de mantener la seguridad y el orden público es el Poder Judicial, al que le cabe un rol destacadísimo a través del conocimiento de las causas civiles y criminales, y el Ministerio Público, órgano constitucional encargado de la investigación criminal. Otros obligados son los servicios policiales: Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y seguridad ciudadana. No obstante, uno ve que parlamentarios de la Oposición concurren a programas de televisión y responsabilizan sólo al Gobierno, a la Presidenta.
En todo caso, nosotros también tenemos críticas a la actuación del Ejecutivo. Así, por ejemplo, comparto con el diputado Estay que había sido necesario dialogar más con el ministro Pérez Yoma. No tenía ninguna necesidad de visitar casi clandestinamente a La Araucanía, como lo hizo finalmente para reunirse con un par de estamentos, básicamente con la intendenta y los gobernadores. Para eso, mejor habría sido que organizara una videoconferencia.
Efectivamente, faltó diálogo en esa visita. Pero de ahí a plantear que todo es responsabilidad del Gobierno… Es muy fácil plantearse en esos términos, pero las chilenas y chilenos han evolucionado y saben a quiénes corresponden las responsabilidades.
Bajo este modelo de seguridad, y en conformidad con lo que dispone el decreto con fuerza de ley Nº 7.712, de 1927, al Ministerio del Interior le corresponde mantener la seguridad, la tranquilidad y el orden público, lo que se concreta a través de tres líneas de acción: la elaboración de políticas públicas de seguridad y orden público, el ejercicio de las acciones legales que le corresponden y la coordinación con los otros poderes públicos.
Reitero que es posible que en alguna de esas áreas haya deficiencias. Quizás a algunos no les gusta la forma en que está funcionando un servicio, o piensan que la coordinación entre el Ministerio del Interior y las fiscalías no es óptima. Puede haber algo de eso. Pero de ahí a sostener que la responsabilidad de lo que sucede es del Gobierno, del Ministerio del Interior… ¡Por favor!
Creo que con opiniones como ésa se hace un flaco favor no sólo a la gente que, como el señor Jorge Luchsinger y otros, ha sido víctima de atentados, sino que al país y a la Región de La Araucanía. Son delicadísimos y ahuyentan la inversión los trascendidos como el que algunos atribuyen al senador Espina, en cuanto a que se habría encontrado un mensaje de correo en el computador del segundo hombre de las Farc, Raúl Reyes, en el que se haría alusión a la necesidad o a la petición de grupos mapuches para ser instruidos por las Farc.
En un programa de televisión le preguntaron al senador Espina si esa información la había obtenido en la visita que hizo a Colombia con el candidato presidencial Sebastián Piñera. El senador, en una actitud que considero correcta, no entregó antecedentes, pero el daño que ya se hizo es muy grave, porque se estigmatizó a toda la Región de La Araucanía.
La voz oficial en estos temas es la del subsecretario Felipe Harboe, quien fue muy claro para desmentir categóricamente esa información, pero, ¿quién repara el daño causado?
¡Es fácil tirar denuncias al voleo, como se hizo en este caso!
Sin perjuicio de lo anterior, si el senador Espina hubiese obtenido esa información durante la visita que hizo a Colombia con el candidato Sebastián Piñera, legítimamente cabe preguntarse con qué personas se reúne el candidato presidencial de Renovación Nacional cuando sale al extranjero, como para obtenerla.
Para terminar, simplemente reitero que estamos ante un asunto bien delicado y que si bien en el transcurso de los últimos meses el Ministerio del Interior ha interpuesto 31 querellas, entre ellas, 6 por infracción a la ley de drogas, 4 por secuestro, 9 por infracción a la ley de Control de Armas, 6 por robo, 2 por homicidio y 2 por amenazas, es legítimo que haya quienes piensen que eso es insuficiente.
Lo relevante es que haya conciencia en cuanto a que el tema es demasiado complejo como para abordarlo sólo como la responsabilidad de un ministerio. Y aún más importante es que no se siga estigmatizando a priori a las comunidades mapuches, porque a veces los tribunales nos han sorprendido con sus fallos, como ocurrió hace dos años respecto de la quema de un camión en Ercilla, hecho que el diputado Mario Venegas debe recordar perfectamente bien, ya que lo enfrentamos juntos. En aquella ocasión se intentó acusar a un grupo de mapuches, pero finalmente la justicia determinó que no eran mapuches los responsables de lo ocurrido.
Considero que la delicado del asunto nos obliga a asumirlo con profunda responsabilidad. Me parece que aún no nos hacemos cargo de que vivimos en un país pluriétnico, lo cual es básico para una mejor convivencia.
Naturalmente, comparto lo que señaló el ministro Viera Gallo en cuanto a que hay que mejorar el accionar de las instituciones policiales, dotarlas de todos los dispositivos y mecanismos que se puedan poner a su alcance y fortalecer sus recursos humanos para una mejor persecución criminal.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, es lamentable tratar un tema tan importante para el país con tan sólo el 10 por ciento de los diputados presentes en la Sala y con un ministro que entra a escuchar las intervenciones de un par de diputados, responde y se va.
No es la forma de debatir una cuestión tan delicada.
Considero que no se han hecho todos los esfuerzos necesarios para sentar las bases de la paz social en nuestra región, en el marco de lo que errada y majaderamente ciertos personeros adictos a las cámaras y algunos medios de comunicación irresponsables insisten en denominar, incluso en sus editoriales y titulares, como “Problema mapuche”, “Conflicto mapuche”, “Violencia mapuche” e, incluso, “Terrorismo mapuche”.
Los mapuches, lejos de ser un problema, son una solución; son una ventaja comparativa para nuestra región y en general para nuestro país.
El asunto que nos ocupa tiene connotaciones nacionales e internacionales de suma importancia, pero no lo calificaría como problema. Lo que sí constituye un problema es el nivel de ignorancia con que se trata.
Son situaciones que no se resuelven aplicando discriminatoriamente la legislación Antiterrorista. No puede ser que en La Araucanía la quema de un bien tenga una pena distinta a la que se aplica por el mismo hecho en Santiago, por ejemplo, cuando las barras bravas incendian los tablones del Estadio Nacional. Tampoco se resuelve con fuerzas especiales de Carabineros. Al contrario, citando lo que ha sostenido permanentemente el general Cheyre, diré que es tejiendo redes de confianza mutuas y dando respuestas adecuadas y oportunas a los temas de fondo que se deben enfrentar en este asunto que tanto nos preocupa.
¿Y cuáles son los temas de fondo?
En primer lugar, la usurpación histórica, de la que han dejado constancia muchos estudios, de aguas y de tierras en la región, las cuales están muy circunscritas y se conocen.
En segundo lugar, la desruralización inducida durante las últimas décadas, porque en nuestro país se subvenciona al eucalipto, pero no al mapuche. Hace 20 años el 40 por ciento de la población vivía en la ruralidad, hoy ya vamos en 13,6 por ciento y el Gobierno apunta a llegar al 6 por ciento. Con ese objetivo todas las políticas públicas para los mapuches no pasan de ser fuegos artificiales.
En tercer lugar, la discriminación.
Por último, la opresión política y cultural.
Todo eso se está convirtiendo en un caldo de cultivo tremendamente peligroso.
Además, y en esto miro a alguno de los colegas presentes, para mejorar la paz social es tremendamente importante conseguir que los dineros que la ley destina al pueblo mapuche lleguen directamente a su bolsillo, no como ocurre actualmente, en que la Conadi y el programa Orígenes son aprovechados por una red de operadores e intermediarios políticos.
Por otro lado, también cabe hacer un llamado al sector privado, para que impulse políticas efectivas de buena vecindad, por la vía de reparar caminos, devolver las aguas que tragan sus plantaciones, fomentar el apoyo a postas de salud y escuelas, etcétera. En resumen, se trata de que el sector privado aporte al desarrollo de su entorno natural y humano y no se dedique sólo a sacar las riquezas del territorio mapuche, al extremo de expulsar a este pueblo originario de sus tierras, como ocurre con la desruralización.
Tampoco cabe tolerar la conducta de quienes pretende apagar el fuego con bencina y estigmatizan al mapuche con declaraciones apresuradas y muchas veces injuriosas. No es militarizando el territorio mapuche como se avanza hacia la concreción de la paz social y al aumento de las inversiones en la región. Los carabineros que hoy están destinados a servir como verdaderos guardias forestales privados son pagados por todos los chilenos y restados de los barrios y campos donde se les necesita para proteger la vida y los bienes de pobladores y campesinos.
Finalmente, considero necesario que cierta prensa y determinadas personas destierren el uso de conceptos profundamente equivocados y a veces directamente injuriosos, como los que mencioné: violencia mapuche, conflicto mapuche, terrorismo mapuche. Hemos leído sus editoriales y es lamentable constatar que nadie se sorprende con ellas. No existe tal conflicto, al menos no en esos términos, y menos aún terrorismo ejecutado por nuestro pueblo mapuche, cuyas prioridades, igual que las de todos los chilenos, es trabajar para sacar adelante a su familia. Su demanda fundamental es el respeto de la sociedad y soluciones a la profunda crisis que vive su pequeña agricultura.
Llamo al ministro del Interior, señor 
Edmundo Pérez Yoma, que no asistió a esta sesión, y al ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio VieraGallo, que sólo estuvo presente durante algunos minutos, a implementar medidas de confianza mutua y a llevar a cabo lo que se ha señalado en esta sesión. 
Es importante que se sepa que esto ya fue acordado en forma unánime, en estos mismos términos, por la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano. Es conveniente recordarles este hecho a los diputados de Oposición y de Gobierno. En ese foro se encontraban presentes diputados del PAN mexicano, representantes de Chiapas, el senador presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias, etcétera, quienes criticaban el lenguaje utilizado en nuestros países y se mostraban asombrados por el trato, la estigmatización y la oferta de soluciones simplistas, porque se intentan aplicar sólo criterios de orden público en situaciones dramáticas de conflicto social, que nacen de la pobreza y en las que las responsabilidades son compartidas.
Algunos quieren sólo la aplicación del palo y mano dura; otros se han aprovechado de las políticas públicas, porque se las llevan para la casa y traen a sus operadores políticos.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, las explicaciones del ministro VieraGallo reafirman la tremenda confusión del Gobierno respecto de lo que estamos discutiendo en esta oportunidad.
El análisis del ministro cae en la lógica propia de la Concertación: creer que estos grupos violentistas representan al pueblo mapuche o son una manifestación de sus problemas sociales. Pero ello no es así. Esto no tiene relación con las legítimas demandas y causa del pueblo mapuche que, por supuesto, apoyamos. De hecho, soy el primero en apoyar su reconocimiento constitucional y la entrega de cuotas especiales para que se elijan parlamentarios mapuches. 
Simplemente, se trata de grupos terroristas descolgados del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que han utilizado algunos espacios de ruralidad en La Araucanía en los que habitan comunidades a las que han infiltrado. De eso se trata. Por ello, el gran error del Gobierno es ser ambiguo en su respuesta a la violencia que se produce en la región. A pesar de la evidencia de que existen grupos paramilitares organizados, seguimos escuchando declaraciones como la de marzo de 2005 en mi mano tengo una copia de la publicación periodística, en que las autoridades descartan el rebrote de grupos violentistas. 
Además, exculpan a priori a determinadas personas que participan en estos ilícitos. La propia Presidenta de la República ha dicho que el Gobierno no volverá a aplicar la ley antiterrorista, según se expresa en el diario El Mercurio del 29 de abril de 2006. En forma más reciente, el 22 de agosto de 2008, también en El Mercurio señala que la intendenta de la Región de La Araucanía ha dicho que la ley antiterrorista no se aplica por decisión presidencial.
El Gobierno ha entrado en la lógica de buscar una solución política a la violencia en La Araucanía, porque considera que quienes participan en esos hechos representan al pueblo mapuche, lo que no es efectivo. Por esa razón, se niegan a ver la realidad y a reconocer que existe al menos un grupo paramilitar organizado en la región, que atacó a un empresario forestal en la comuna de Lumaco y que también cometió atentados en Vilcún. Utilizan la misma orgánica y táctica y tienen el mismo líder.
Por eso, son increíbles las declaraciones del Gobierno cuando niega la existencia de este tipo de grupos, en circunstancias de que el diario La Tercera del 19 de agosto de 2008 indica que el Ministerio Público indaga vínculos con subversivos en ataques en La Araucanía. Es más, el fiscal nacional no descarta la aplicación de la ley antiterrorista, tal como se señala en El Mercurio de 18 de enero de 2008.
También la prensa informa que el Gobierno hizo presente la urgencia suma a un proyecto que otorga la libertad a mapuches, a personas que estaban condenadas por delitos terroristas. Se trata de una iniciativa presentada por el senador Alejandro Navarro. Otra noticia expresa: “Capturan a seis ex miristas prófugos cuando realizaban documental financiado por el Fondart”. Se trata del Fondart administrado por el gobierno de la Novena Región de La Araucanía, en que también estaban involucrados la encargada de cultura y un asesor político directo de la municipalidad de Ercilla. 
Efectivamente, esas personas fueron detenidas por Carabineros, ¿qué ocurrió después? Se acabaron los ataques. Efectivamente, en las cercanías al lugar en que vivían en la comuna de Ercilla, la cual pertenece al distrito que represento y, por lo tanto, conozco; no como el ministro VieraGallo, que sólo sabe del tema porque lo ha leído en libros y editoriales, donde se produjeron cinco o seis atentados a principios de año, que terminaron con camiones quemados en el cruce Chamichaco, no hubo más atentados. ¿Qué nos indica eso? Que no eran cometidos por mapuches que vivieran cerca del lugar, sino por esas personas cuyas casas estaban a menos de cien metros de ahí, descolgadas del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¡Después de que los atraparon, se acabaron los ataques!
Entonces, ¿qué podemos pensar? Simplemente, que la política del Gobierno es débil y no sabe hacia dónde focalizar. Además, cuando afirmamos que dentro de ciertos organismos públicos existe un círculo de protección, lo hacemos porque resulta difícil pensar otra cosa, ya que a Carabineros nunca le ha resultado un operativo en las comunidades conflictivas de la comuna de Ercilla, puesto que las personas que son perseguidas están en conocimiento de su realización seis horas antes. En el último enfrentamiento, cuando varios policías fueron heridos con perdigones, la comunidad a la que ingresó Carabineros sabía a las tres de la madrugada del día anterior la hora y el lugar en que iban a entrar. ¿Qué podemos pensar? ¿Que los carabineros son tan inútiles que fueron incapaces de realizar un operativo de inteligencia en secreto? ¿O que simplemente hay personas que les avisan a los prófugos de la justicia que se van a ejecutar esos operativos? Por eso afirmamos que hay personas infiltradas en el gobierno regional.
Además, me interesa agregar aunque no voy revelar la fuente que, cuando era ministro del Interior don Andrés Zaldívar, él llamaba al fiscal de la Fiscalía Local de Collipulli para que corriera las audiencias cuando se trataba de llevar al tribunal a prófugos procesados por atentados a la familia de René Urban en Ercilla. ¡El propio ministro del Interior llamaba a los fiscales para cambiar la fecha de las audiencias! ¿Por qué? Porque esas personas prófugas tenían reuniones en el Ministerio del Interior con funcionarios de esa cartera. ¿Qué se conversaba? Que se iba a tramitar un proyecto que indultaba a personas acusadas por delitos terroristas.
Hubo negociaciones políticas. El Gobierno intentó llegar a acuerdos políticos en relación con la violencia en La Araucanía, pero no lo quieren reconocer. Por eso, en el Juzgado de Garantía Local de Collipulli cambia el juez cada cinco meses. ¿Por qué? Porque las autoridades los tienen amenazados: si ponen mano dura, se les acaba su carrera judicial. Por esa razón se producen situaciones inexplicables, como el último caso que conoció el juez de garantía de Collipulli, cuando Carabineros llevó a tribunales a una persona que estaba prófuga de la justicia porque no cumplió una pena dictada por los tribunales. ¿Qué resolvió el juez de garantía en esa oportunidad? ¡Lo dejó en libertad, porque, según dijo, había cumplido su pena mientras estaba prófugo! ¿Quién puede creer estas situaciones?
La Fiscalía Local de Collipulli tiene dos fiscales desde los inicios de la aplicación de la reforma procesal penal en la provincia de Malleco, nunca se ha aumentado su número. Uno de ellos, además de edicarse a perseguir a quienes cometen delitos comunes, debe investigar los ataques terroristas, porque fue designado como fiscal con dedicación preferente a tales causas. ¿Qué capacidad investigadora puede tener? Y cuando uno pregunta por los resultados, responde: “¡Qué resultados quiere si aquí no existe ninguna labor de inteligencia! No tengo antecedentes para detener a nadie”. Entonces, se forma un verdadero círculo de la impunidad, en que todos miran para la muralla y un ministro visita la región cuando se producen grandes atentados, para aparecer en la prensa y hacer algunos gestos públicos, pero después no pasa nada. No importa, porque nada puede afectar políticamente un caudal de votos determinado en esa región para los gobiernos de la Concertación. He ahí la causa de nuestra indignación. 
¿Cómo es posible que funcionarios públicos de la Conadi patrocinen o, al menos, toleren la ocupación violenta de predios y tramiten, en forma más rápida, la entrega de tierras a esas comunidades que realizan acciones violentas? Traigo a colación un caso: ¿Qué ocurre con la comunidad Temucuicui, de Ercilla, que ha aparecido en los últimos días en la prensa? Que un grupo pequeño, que no supera las treinta personas el listado ha sido reconocido por el Ministerio Público ha atacado más de veinticinco veces al agricultor René Urban. ¿Y qué dice la Conadi? Que le puede comprar el campo a ese grupo. Debo reconocer que la gran mayoría de la comunidad de Temucuicui es pacífica y lo demuestra el hecho de que hoy están divididos. Existe una dirigencia, patrocinada por su lonco, don Juan Catrillanca, que es pacífico y lo único que quiere es cumplir la ley y sacar adelante a su comunidad.
Por otro lado, está el grupo de Jorge Huenchullán, que son treinta personas que formaron una directiva separada. Si la Conadi compra las tierras se las va a entregar a ellos. Por lo tanto, ¿aquí se está privilegiando a quienes realizan hechos violentos o a la gran mayoría del pueblo mapuche, que es pacífico y de trabajo? Eso es lo que no entiende el ministro VieraGallo, cuando cree que está negociando con los representantes del pueblo mapuche. Pero eso es falso, porque está negociando con personas descolgadas del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lo único que hacen es utilizar y abusar de la legítima causa del pueblo mapuche para cometer actos de violencia en La Araucanía.
Por eso, me atrevo a decir aquí que en La Araucanía no existe estado de derecho y que allí tampoco funcionan los tribunales de garantía y el Ministerio Público. Por eso, el año 2006, debido a la incapacidad para conseguir resultados, se pidió a la Corte Suprema la destitución del fiscal regional.
Esto no es más que un grito de desesperación para que las autoridades correspondientes tomen en serio el tema y busquen una solución y no lleguen a la zona solamente para ser el centro de la prensa para después dejar el problema igual o peor a como estaba.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, soy diputado por la zona norte de la Región de La Araucanía, la provincia de Malleco. No estoy de paso allí, porque ahí nací, fui criado y formé una familia.
El colega Gonzalo Arenas puede tener buenas intenciones, pero con estas acusaciones alarmistas le está haciendo un tremendo daño a la región y a la provincia. Es más, me sorprende que una persona que tiene formación jurídica se refiera con tanta liviandad a un tema de suyo complejo.
No soy abogado, pero entiendo que cada poder del Estado tiene funciones específicas, separadas y autónomas. A quienes les corresponde establecer si hay delito y calificar su magnitud es a los tribunales de justicia y no al Poder Legislativo. El diputado Arenas ha dicho que en la región no hay estado de derecho. Además, condenó a unos funcionarios de la Municipalidad de Ercilla porque fueron detenidos hecho objetivo, pero no han sido condenados porque están en proceso y aún no se ha probado su vinculación con los delitos respecto de los cuales el diputado los ha señalado como responsables. Es más, expresó que una vez que los detuvieron, se acabaron los delitos. ¡Perdón! Si un hombre que se ha formado en el derecho tiene esa liviandad para acercarse a la administración de justicia, ¿qué queda para el resto?
El diputado Arenas ha manifestado, además, que en Collipulli los fiscales son amenazados para que no cumplan su función; de lo contrario, estaría en peligro su carrera judicial. ¡Grave acusación! Por eso, pido formalmente que este hecho sea investigado por las autoridades que corresponda o que el diputado Arenas pruebe aquello.
En segundo lugar, me preocupa que en sus dos intervenciones el diputado Arenas haya hecho alusión a versiones de inteligencia del Gobierno, lo que demuestra que le llega información de los Servicios de Inteligencia. Si eso es así, pido formalmente que se investigue, porque entiendo que las labores de Inteligencia son patrimonio exclusivo de la acción del Estado y sólo pueden ser conocidas por aquellos que tienen la facultad legal para hacer uso de esa información y de actuar de una manera determinada. Por ello, debe explicar de dónde sacó la información. Además, me gustaría saber si se atrevería a hacer esas afirmaciones sin el fuero parlamentario de que goza en este hemiciclo.
A mi juicio, el colega Arenas trata de dar a conocer una situación alarmante, pero que deja mal la imagen de la región, lo que no significa que yo no esté preocupado por lo que ocurre en la zona y lo he señalado en reiteradas ocasiones a cuanta autoridad de Gobierno he podido. El diputado ha dicho, por ejemplo, que la tenencia de la comuna de Ercilla es de madera y sólo cuenta con siete funcionarios, lo que es una realidad, pero omite dar a conocer que al interior de las comunidades hay un fuerte contingente policial que está cuidando predios particulares por orden expresa de los tribunales de justicia. Por eso, quienes pertenecen a las comunidades se quejan del hostigamiento y la militarización imperante en la zona. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Unos como él, acusan que en la zona hay una suerte de falta de imperio de la ley. Responsablemente, debo decir que no es así. Si van a la zona, se darán cuenta de que la gente no tiene necesidad de esconderse de las flechas o de algo parecido para hacer una caricatura, sino que allí se vive normalmente. Reconozco que hay hechos graves que hay que investigar, pero se debe hacer conforme al estado de derecho.
Otros, se mueven en el otro sentido y señalan que allí existe una militarización tan tremenda que no se puede vivir. Incluso, en Temucuicui y en otras comunidades han señalado que su vida y la de sus hijos se ha trastocado a un nivel imposible de mantener. Eso, porque es enorme la cantidad de efectivos que se ha destinado a la zona para proteger los predios particulares del señor René Urban, del señor Figueroa, de Forestales, etcétera, lo que, a mi juicio, está bien, porque se dio cumplimiento a una orden que emanó de los tribunales para garantizar un derecho que está consagrado en nuestra legislación.
No deben continuar acciones irresponsables, como la del senador Espina, que hace aseveraciones que después resultan infundadas, pero que ya se dieron a conocer por todos los medios, en cuanto a que habría grupos paramilitares entrenados con descolgados de grupos subversivos que tendrían vínculos con las Farc. Esa es una acusación muy grave. Reconozco que ha habido problemas, pero quiero reivindicar aquí a la inmensa mayoría del pueblo mapuche, constituido por personas decentes y honestas y no elementos subversivos, como se les quiere caricaturizar aquí y en eso coincido con el diputado Arenas. 
Por ello, sólo pido que seamos más responsables al plantear temas de esta envergadura.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, en mi condición de diputado de un distrito de la Región de La Araucanía, quiero opinar sobre el tema que nos ocupa en esta sesión especial.
Aquí se ha planteado una situación que no guarda relación con la realidad que vivimos quienes nacimos y fuimos criados en la Región.
En primer lugar, debo ser categórico para decir que en La Araucanía impera el estado de derecho y existe el orden que las instituciones de la República mantienen. Esto no tiene que ver con los desórdenes que algunos individuos, unos pocos de la etnia mapuche muy pocos y otros ajenos a ella, desarrollan como actividades para satisfacer su ego, sus frustraciones, sus rencores, sus resentimientos sociales, sus ganancias pírricas y algunos idearios añejos que no tienen nada que ver con el orden que la República de Chile tiene respecto del conjunto de la sociedad. Indudablemente, ha contribuido a ello la ineficiencia de algunas instituciones, como la Conadi. Dicha institución ha equivocado el rumbo desde hace mucho tiempo en La Araucanía. La Conadi, que surgió para tratar de pagar en parte la inmensa deuda histórica que se mantiene con los pueblos originarios y que nadie puede discutir, ha ido cayendo poco a poco en la politiquería, en el cambio permanente de directores y en satisfacer los apetitos de uno u otro partido, ya que, finalmente, no han sido los mejores los que han estado a cargo de pagar esa gigantesca deuda a los mapuches.
Desde hace bastantes años la Conadi ha ido entregando muchas satisfacciones a algunas de las 2.200 comunidades de La Araucanía, a raíz de los reclamos no siempre correctos de sus habitantes y sin que éstos se pongan a la fila de los subsidios, y privilegiando la compra directa de tierras. Ello ha originado el descontento de algunas comunidades, que sí han cumplido con la ley Indígena y están legítimamente en la fila de aquellos que recibirán esos beneficios. Ello también ha hecho pensar a algunos mapuches que resulta más útil esperar tranquilamente a ser favorecidos con el subsidio para comprar tierras o quemar neumáticos y unirse a esos vándalos, responsables de la quema de camiones y casas patronales que hay en algunos fundos. Entonces, la Conadi, como institución del Estado, no ha cumplido. Por eso, hago un llamado de atención a quienes la dirigen.
El 95 por ciento de los mapuches de La Araucanía son trabajadores pacíficos, honestos y están ajenos a la violencia. Lo digo porque aparte del traje y de los zapatos que hoy llevo puestos, durante los fines de semana me he enlodado las botas y sentado en las rucas de los mapuches para conversar con aquellos que de verdad sienten los dramas de esa etnia. Una situación distinta viven los mapuches que tienen teléfonos celulares y camionetas todo terreno, los cuales pululan entre las comunidades indígenas para alimentarse de las necesidades del heroico pueblo araucano y satisfacer necesidades personales. Algunos de ellos son consejeros de la Conadi y otros dirigentes de consejos, que visten buenos chalecos. Ellos van por el mundo pregonando las necesidades de las etnias y recibiendo jugosos dineros de las distintas ONG del mundo. Pero la realidad de los pueblos originarios es otra. Los parlamentarios de la Novena Región de La Araucanía conocemos muy bien lo que les sucede. Asimismo, debo reconocer que gran parte de los dineros destinados a satisfacer las necesidades de los pueblos mapuches y a pagar la deuda histórica, se quedan en las arcas de algunas consultoras. Por último, estoy en absoluto desacuerdo con lo manifestado por el senador Alberto Espina. No puede ser que en forma aventurera y absolutamente pueril, trate de obtener ganancias electorales con lo que ha señalado en algunos medios de comunicación.
A fin de cuentas, las acciones violentas para obtener ganancias egoístas las realizan unos pocos. De manera que aspiro a que la ciudadanía los reconozca y que los órganos de seguridad del Estado sean capaces de identificarlos y castigarlos como corresponde.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario. 
El señor ENCINA (Presidente).- Continúa la sesión.
Corresponde votar los proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 640. 
El señor LOYOLA (Secretario).- El proyecto de acuerdo está suscrito por los diputados señores Díaz, don Eduardo; Ascencio, Mulet, Estay, Venegas, don Mario, y Ojeda, y en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al señor ministro del Interior, solicitándole:
1) Inducir, dentro del ámbito de su competencia, a la moderación en el uso del lenguaje en referencia al pueblo mapuche, evitando de raíz que un errado uso de aquél genere una errónea visión, a escala nacional e internacional, respecto del accionar del Estado chileno y de la realidad de la Región de La Araucanía que, a la larga, perjudica al país, a todos los habitantes de esta última y, en particular, a este noble pueblo;
2) Establecer y fomentar políticas de Estado dirigidas a fomentar la buena vecindad del sector privado con el campesino mapuche y no mapuche, y
3) Impulsar y coordinar las políticas de Estado que sean necesarias para que los dineros que la ley destina al campesino mapuche lleguen a éste sin pasar por intermediarios, de modo de focalizar directamente en sus destinatarios estos recursos.”
El señor ENCINA (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso;Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo.
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 641.
El señor LOYOLA (Secretario).- El proyecto de acuerdo está suscrito por los diputados señores Arenas, Estay, Moreira, 
Bobadilla, Urrutia y Alvarado, y en su parte resolutiva dice lo siguiente:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar que se apruebe el siguiente proyecto de acuerdo:
Pedir al ministro del Interior que entregue a esta Cámara de Diputados todos los antecedentes relativos a posibles recursos extranjeros para financiar acciones vinculadas a los hechos de violencia surgidos en La Araucanía y que se encuentran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, y la creación de un grupo especial de inteligencia policial que se encargue en forma exclusiva de la investigación de la violencia en La Araucanía.
Además, que entregue toda la información relativa a la existencia de un grupo de carácter paramilitar que opera en la zona y cuya participación de encuentra acreditada en los ataques en las comunas de Lumaco y Vilcún.
Por último, que el ministro del Interior cumpla con su mandato constitucional de resguardar la seguridad interior del Estado, ya que en las condiciones de violencia e inseguridad en que viven en la actualidad algunas comunas de la Novena Región demuestran de manera evidente que ese Ministerio se encuentra no cumpliendo la ley, con el perjuicio que ello ocasiona a la ciudadanía, al estado de derecho y a la imagen internacional de nuestro país que, más allá de los intentos del Gobierno por bajar el perfil a una situación con serios rasgos de terrorismo organizado, resulta grave y atentatorio a la Constitución y a las leyes.”
El señor ENCINA (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 642.
El señor LOYOLA (Secretario).- Este proyecto de acuerdo está suscrito por los diputados señores Ascencio, Duarte, Ojeda, Venegas, don Mario, y Meza, y en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Invitar al Fiscal Nacional, Sabas 
Chahuán Sarrás y al Fiscal Regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic Romero, para que informen a la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta Corporación acerca de las medidas concretas que se han adoptado respecto de las situaciones de violencia en que se han visto involucradas, supuestamente, personas de la etnia mapuche y que han causado alarma pública”.
El señor ENCINA (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Votó por la negativa el diputado señor Cardemil Herrera Alberto.
Se abstuvieron los diputados señores:
Díaz del Río Eduardo, Hales Dib Patricio; Leal Labrín Antonio; Núñez Lozano Marco Antonio; Quintan Leal Jaime; Saa Díaz 
María Antonieta.
El señor ENCINA (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 643. 
El señor LOYOLA (Secretario).- El proyecto de acuerdo está suscrito por los diputados señores Chahuán, Galilea, García, Becker, Vargas, Palma, Errázuriz y Delmastro, y en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a la Agencia Nacional de Inteligencia para que, preferentemente, se aboque a la situación de inseguridad de La Araucanía, colaborando de preferencia con los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público en la provisión de los antecedentes necesarios para la persecución criminal de los delitos que allí han tenido lugar, sin excluir aquéllos de naturaleza terrorista, en el marco de un debido proceso y de respeto a las garantías constitucionales vigentes, solicitando, asimismo, que instruya al ministro del Interior, intendentes y gobernadores para que aborden de manera prioritaria su colaboración con la justicia y el Ministerio Público, a propósito de las causas e investigaciones que llevan a cabo en este ámbito, además de reforzar toda sus líneas de acción para resguardar la seguridad, tranquilidad y orden público del país.”
El señor ENCINA (Presidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Palma Flores Osvaldo; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
Se abstuvieron los diputados señores:
Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja Alberto; Sule Fernández Alejandro. Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
El señor ENCINA (Presidente).- Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 17.19 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones Subrogante.


VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

Moción de los diputados señores Sunico, Díaz, don Marcelo; Kast, Monsalve, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Muñoz, doña Adriana.
Facilita el ejercicio de la acción para decretar obligación de alimentos en favor de adultos mayores”. (boletín N° 607918)

“1. Fundamentos. En las políticas públicas de nuestro país la tercera edad ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades para efectos de lograr una efectiva protección de sus derechos y una integración real de estas personas a nuestra sociedad. En este sentido, en el año 2002 el Presidente de la República de la época, Ricardo Lagos Escobar, promulgó la ley que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor con el objeto de “velar por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las leyes le reconoce”.
La regulación de nuestro sistema, en materia de alimentos, a partir de la reforma introducida por la ley núm. 19.585, establece en su art. 321 que se deben alimentos a los ascendientes (entre otros beneficiados), entendiéndose que lo normal en materia de alimentos es la reciprocidad; es decir, que “si una persona tiene derecho a reclamar alimentos a otra, está también obligado a proporcionárselos, si esta última la necesitare”.
Es por eso que en relación a la función del Servicio Nacional del Adulto Mayor, de velar por la protección ante el abandono e indigencia del adulto mayor, el Estado muchas veces interviene subsidariamente y no tiene la capacidad para hacerse cargo del abandono e indigencia en que viven este importante grupo de personas. En este punto, debemos enfatizar que existe un deber de asistencia, auxilio y socorro respecto de los descendientes directos de la persona que ha ayudado al mantenimiento y educación de aquéllos, y que se encuentran en situación de socorrerlos económicamente. En nuestro ordenamiento jurídico existen antecedentes en materia sucesoria, en el evento de la no asistencia o socorro a ascendientes de parte de sus descendientes directos. Estos antecedentes se encuentran tanto en materia de sucesión intestada como en sucesión testamentaria. Así, el Código Civil en el artículo 968 establece una serie de indignidades en materia sucesoria, aplicables tanto en sucesión intestada como testamentaría, que impiden que los eventuales asignatarios a título intestado o testamentario reciban la correspondiente asignación por causa de muerte, en virtud de no haber tenido en vida del testador, un comportamiento acorde con la liberalidad de la cual serían objeto; en otras palabras, no existe la reciprocidad necesaria en el comportamiento del asignatario respecto del causante, mientras éste se encontraba vivo. En este sentido, el numeral tercero de la norma citada precedentemente establece la indignidad para suceder respecto de quien no socorrió al causante cuando éste se encontraba en estado de demencia o destitución. A este respecto, debemos señalar que el legislador con la palabra “destitución” se refiere a personas que se encuentran en una situación económica de precariedad extrema, como lo referido en la ley Nº 19.828, sobre el abandono e indigencia. A su vez, en materia de sucesión testamentaria, el testador puede dejar sin todo o parte de su legítima a un legitimario por causas establecidas en la propia ley. Así, el Código Civil en su artículo 208 dispone una causal de desheredamiento, prácticamente idéntica a la causal de indignidad vista anteriormente. En efecto, dispone como causal de desheredamiento el no haber socorrido al causante en estado de demencia o destitución.
2. Ideas matrices. El objeto del presente proyecto de ley es facilitar el ejercicio de la acción para obtener el cumplimiento de la obligación alimenticia a favor de personas de la tercera edad que se encuentren en situación de abandono o indigencia, por parte de sus descendientes del grado más próximo en la línea directa y que se encuentren en condiciones económicas de auxiliarlos. Lo anterior se justifica en la imposibilidad material de ejercer personalmente la acción, atendido el grave deterioro de salud del adulto mayor, de ahí que se permita que cualquiera a su nombre pueda ejercer la acción en su favor. Se establece, además, la responsabilidad solidaria en el evento que exista más de un descendiente directo en el grado más próximo de la línea colateral y, a su vez, se establecerá la posibilidad, de que uno o más obligados a la carga alimenticia puedan excepcionarse de ésta, acreditando que el beneficiario de la obligación alimenticia no cumplió con su respectiva obligación respecto del correspondiente descendiente directo.
De esta manera, se logrará una protección más efectiva respecto de los adultos mayores que se encuentran en estado de necesidad con relación a que sus descendientes están en condiciones de socorrerlos económicamente.
Es sobre la base de los antecedentes antes señalados que venimos en proponer el siguiente proyecto de ley.
Proyecto de ley
Art. Único. Agréguense los siguientes incisos segundo y tercero nuevos en el artículo 223 del Código Civil, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:
“El adulto mayor, que se encuentre en estado de abandono o indigencia, o cualquiera a su nombre, podrá exigir el cumplimiento de la obligación alimenticia respecto de sus descendientes directos de grado más próximo que tenga los medios económicos para otorgarlos, de conformidad con las reglas generales. En el evento de ser más de uno los obligados, lo estarán en forma solidaria.
Sin perjuicio de lo señalado, cada uno de los obligados podrá oponer la excepción correspondiente al incumplimiento alimenticio por parte del adulto mayor, respecto del actual obligado, en el momento en que aquél era alimentante de éste”.


Moción de la diputada señora Goic, doña Carolina.
Prohíbe a establecimientos comerciales la entrega de bolsas no biodegradables para transporte de mercaderías. (boletín N° 608012)

“La entrega de bolsas plásticas por los establecimientos comerciales a sus clientes para el transporte de las mercaderías adquiridas en ellos tiene un importante impacto negativo para el ambiente. Las bolsas de plástico, al ser desechadas, permanecen en el medio por decenas o cientos de años, invadiendo nuestros espacios urbanos y rurales y, en ocasiones, la muerte de animales.
En los últimos años en diversidad de países se ha enfrentado este tema mediante la adopción de exigentes normativas respecto de las características de biodegradabilidad de las bolsas para el transporte de mercancías. En algunos de ellos se ha optado por la sanción del uso de bolsas plásticas tradicionales y, en otro, se han establecido incentivos para el uso de bolsas de materiales biodegradables. 
En nuestro país no existen normas a este respecto. No obstante, se ha ido generando una clara conciencia de los problemas ambientales que genera el uso de las bolsas plásticas, lo que ha llevado a varias empresas de comercio a utilizar bolsas biodegradables. Ejemplo de ello es el compromiso adquirido este año en la Región de Magallanes por importantes supermercados y otros establecimientos. Además, en la citada región austral, se ha llevado adelante una campaña para promover bolsas ecológicas reutilizables, la que ha concitado un amplio respaldo.
Creemos que es necesario en Chile avanzar en la regulación legal de la protección ambiental en relación con la utilización bolsas plásticas por los establecimientos comerciales para el transporte por parte de los clientes de las mercaderías adquiridas en ellos, estableciendo la prohibición del uso, para estos efectos, de bolsas no biodegradables.
Es necesario, para garantizar una adecuada protección ambiental que se establezcan normas técnicas respecto de las características que debieran tener las bolsas para ser consideradas como biodegradables.
Asimismo, a los fabricantes y distribuidores de bolsas para el transporte de mercaderías deberá exigírseles la certificación de biodegradabilidad de sus productos en conformidad a las respectivas normas técnicas.
El proyecto de ley que entraría en vigencia doce meses después su publicación, a efectos de permitir las adecuaciones necesarias a los fabricantes y distribuidores de bolsas, como a los establecimientos comerciales, establece sanciones para quienes infrinjan sus disposiciones.
Por tanto, y en virtud de las facultades que la Constitución Política de la República nos confiere, venimos en presentar el siguiente


PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. Prohíbese a los establecimientos comerciales la entrega a sus clientes de bolsas para transporte de las mercaderías adquiridas en ellos que no sean biodegradables.
Artículo 2°. Mediante reglamento se establecerán las normas técnicas que fijen las características que deberán tener las bolsas biodegradables que entreguen dichos establecimientos a sus clientes para el transporte de mercaderías.
Artículo 3°. A los fabricantes y distribuidores de bolsas para el transporte de mercaderías se les exigirá la certificación de biodegradabilidad de sus productos en conformidad a las respectivas normas técnicas.
Las bolsas biodegradables certificadas deberán contener en lugar visible una leyenda que así lo indique, cuyas características se definirán reglamentariamente.
Artículo 4°. La infracción a lo dispuesto en el artículo 1° por parte de los establecimientos comerciales se sancionará con una multa de una Unidad Tributaria Mensual, por cada bolsa entregada a los clientes cuya biodegradabilidad no haya sido certificada.
La multa se triplicará en caso de que la bolsa entregada a los clientes indique su biodegradabilidad sin ajustarse a las normas técnicas o de certificación.
Artículo 5°. Los fabricantes y distribuidores de bolsas para el transporte de mercaderías, que suministren como bolsas biodegradables productos que no se ajusten a las normas técnicas o sin la debida certificación, serán sancionados con una multa de treinta a sesenta Unidades Tributarias Mensuales y con el comiso de dichas bolsas.
Artículo 6°. La presente ley entrará en vigencia a contar del primer día del decimosegundo mes siguiente a la de su publicación”.